A pesar de los importantes avances en la cobertura de atención durante la última década, las grandes brechas de calidad en América Latina y el Caribe siguen generando mortalidad evitable, ineficiencia y desigualdad. Este capítulo examina los arreglos de política e institucionales para la calidad de la atención sanitaria en 19 países a lo largo de seis dominios: gobernanza, garantía externa, atención basada en evidencia, capacidad de la fuerza de trabajo, seguridad del paciente, y atención integrada y centrada en las personas. Si bien muchos países han establecido las bases fundamentales de la gobernanza de la calidad, pocos han construido los sistemas de aprendizaje necesarios para transformar el cumplimiento en mejores resultados. Las grandes diferencias entre países sugieren una atención aguda y crónica organizada de manera desigual, en la que la prevención suele tener un mejor desempeño que el tratamiento. Los sistemas de medición, las herramientas de seguridad del paciente y los incentivos están cada vez más presentes, pero todavía no se utilizan de forma rutinaria para orientar los protocolos, el pago o la rendición de cuentas. La atención centrada en las personas e integrada sigue siendo el área menos desarrollada. Las acciones prioritarias incluyen fortalecer la gobernanza, la calidad de la fuerza de trabajo, la seguridad del paciente, la notificación pública de información, el financiamiento vinculado a la calidad, el monitoreo de la equidad y una infraestructura digital interoperable.
Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026
Resumen
La cobertura universal de salud (CUS) ha avanzado a pasos agigantados en América Latina y el Caribe, junto con expansiones históricas en el gasto en salud, aunque las mejoras en salud han sido a menudo desiguales y modestas (Dmytraczenko and Almeida, 2015[1]). El índice regional de cobertura de servicios esenciales aumentó de 66 en 2000 a 80 en 2019, antes de retroceder a 74 en 2021, lo que refleja tanto el progreso como las fragilidades persistentes (WHO, 2021[2]).
Sin embargo, ampliar la cobertura por sí sola no basta para lograr mejores resultados de salud. Traducir la cobertura nominal en mejores resultados requiere una atención de alta calidad, definida por la Organización Mundial de la Salud y la OCDE como una atención que sea efectiva, segura, centrada en las personas, oportuna, equitativa, integrada y eficiente (OECD/WHO/World Bank Group, 2018[3]). La calidad no solo se refiere a si las personas pueden acceder a los servicios, sino también a si estos se organizan y prestan de manera que contribuyan a mejores resultados.
La calidad de la atención se ha convertido en el desafío central para los sistemas de salud en América Latina y el Caribe (ALC). Las persistentes brechas de calidad siguen debilitando la promesa de la cobertura sanitaria universal, contribuyendo a muertes evitables, desperdicio de recursos, mayores desigualdades en salud y socavando la confianza (Kruk et al., 2018[4]). Muchas de estas brechas de calidad reflejan cómo se organiza la atención en sistemas de salud fragmentados y segmentados, donde las diferencias en el acceso y la calidad entre grupos de ingresos, territorios y poblaciones socavan tanto la confianza en las instituciones como la equidad de la atención (Roberti et al., 2024[5]). Las persistentes debilidades en la coordinación de la atención y la supervisión regulatoria, la medición limitada de los resultados clínicos y la experiencia del paciente, y el uso insuficiente de datos para la mejora restringen aún más la prestación de atención de alta calidad (OECD/The World Bank, 2023[6]; Lorenzoni et al., 2019[7]). En el caso de enfermedades crónicas, multimorbilidad y episodios agudos que requieren transiciones entre niveles de atención, la calidad depende cada vez más no solo de lo que ocurre dentro de cada centro, sino también de la continuidad a lo largo del recorrido del paciente, respaldada por derivaciones eficaces, intercambio de información, atención multidisciplinaria y una clara rendición de cuentas.
Una atención de alta calidad también impulsa la eficiencia y la optimización de los recursos. En entornos con restricciones presupuestarias, mejorar la calidad de la atención aumenta el retorno de la inversión en salud al alinear la práctica con la evidencia, prevenir complicaciones y reducir la variabilidad injustificada que no guarda relación con las necesidades del paciente. Por lo tanto, mejorar la calidad es un objetivo tanto sanitario como fiscal: al alinear la atención más estrechamente con la evidencia y reducir los daños evitables, los sistemas de salud pueden mejorar los resultados, aumentar el valor obtenido del gasto existente y liberar recursos para abordar las necesidades no satisfechas (OECD, 2017[8]).
Muchos países de la región han establecido bases importantes para la garantía de calidad, incluidos marcos regulatorios, estándares, políticas de calidad y responsabilidades institucionales. La siguiente fase es más exigente: requiere conectar estos elementos de manera más eficaz para que la medición oriente la acción, la regulación apoye la implementación y la financiación y la rendición de cuentas refuercen una mejor atención, en lugar de operar como mecanismos separados. Los países no parten del mismo punto, y su posición puede diferir según las áreas del sistema. Algunos aún están consolidando los mecanismos básicos de gobernanza y garantía de calidad, mientras que otros pueden centrarse cada vez más en la implementación, el aprendizaje organizacional, la rendición de cuentas y el uso más sistemático de la información y los incentivos de calidad.
Este capítulo examina estas cuestiones combinando resultados de calidad comparables internacionalmente con un análisis de las políticas, las instituciones y los mecanismos de implementación que configuran la prestación de atención de alta calidad, centrándose en las implicaciones para las intervenciones y la mejora del desempeño del sistema. El análisis considera la gobernanza, la garantía de calidad profesional y de los servicios, la evaluación de tecnologías sanitarias, la medición y la seguridad del paciente, los incentivos financieros y la atención integrada y centrada en las personas. Al vincular el desempeño observado con la arquitectura política subyacente, el capítulo identifica opciones de acción para apoyar el desarrollo de sistemas de salud más resilientes, equitativos y de alto rendimiento, capaces de responder a las necesidades sanitarias cambiantes de la región y fortalecer la confianza en las instituciones públicas.
El análisis no solo examina qué mecanismos de calidad han adoptado los países, sino también hasta qué punto estos mecanismos conforman un sistema coherente capaz de traducir los estándares, la medición y la supervisión en una mejor atención y mejores resultados. La comparación entre países con diferentes puntos de partida también ofrece oportunidades para la evaluación comparativa y el aprendizaje entre pares dentro de la región, al tiempo que se aprovecha la experiencia de la OCDE para identificar cómo los sistemas de calidad más consolidados conectan la gobernanza, la implementación y la mejora continua.
Evaluar la calidad de la atención entre países ha sido históricamente difícil en América Latina y el Caribe debido a sistemas de información en salud fragmentados, prácticas de reporte desiguales y la limitada disponibilidad de datos comparables. Los análisis anteriores del desempeño de los sistemas de salud en la región a menudo se basaban en estadísticas de mortalidad, estudios a nivel de establecimientos o datos administrativos específicos de cada país, lo que limitaba la posibilidad de una comparación sistemática entre países. Sin embargo, durante las últimas dos décadas se han logrado avances importantes. Muchos países han fortalecido los sistemas rutinarios de información en salud, ampliado los registros digitales de salud y mejorado el reporte de datos hospitalarios, de mortalidad y de utilización de servicios. Al mismo tiempo, las crecientes inversiones en capacidades de inteligencia sanitaria y el uso secundario de los datos de salud han permitido un monitoreo más consistente del desempeño de los sistemas de salud. Estos avances han mejorado significativamente la disponibilidad de indicadores comparables internacionalmente sobre la calidad de la atención sanitaria, haciendo cada vez más posible evaluar los resultados, los procesos de atención y las experiencias de los pacientes entre países. Si bien estos indicadores aportan información valiosa sobre el estado de la calidad de la atención en la región, su interpretación debe considerar también las diferencias en los sistemas de datos, las prácticas de reporte y la organización de los sistemas de salud entre países (Kruk et al., 2018[4]).
Los esfuerzos internacionales para medir y comparar la calidad de la atención sanitaria se han fortalecido mediante el desarrollo de marcos conceptuales e indicadores estandarizados. El marco de Calidad y Resultados de la Atención Sanitaria (HCQO, por sus siglas en inglés) de la OCDE ofrece un enfoque estructurado para evaluar el desempeño de los sistemas de salud entre países, organizando los indicadores en dimensiones clave de la calidad, incluidas la efectividad, la seguridad y el carácter centrado en las personas y en niveles de atención como la atención primaria, la atención hospitalaria y la salud pública (OECD, 2024[9]). El marco enfatiza el uso de indicadores comparables internacionalmente para monitorear qué tan bien los sistemas de salud previenen enfermedades, brindan un tratamiento efectivo y minimizan el daño a los pacientes. Dentro de este enfoque, los indicadores pueden captar distintas etapas de los procesos y resultados de la atención, desde las intervenciones preventivas hasta los resultados del tratamiento y los resultados de salud. Al proporcionar un marco común de medición, los indicadores HCQO apoyan la comparación entre países y ayudan a identificar las áreas en las que los sistemas de salud tienen un buen desempeño o en las que podría ser necesaria una mayor mejora.
Un panorama multidimensional de la calidad de la atención sanitaria en América Latina y el Caribe
Sobre la base del marco HCQO de la OCDE, el capítulo de datos sobre calidad de la atención de Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026 (Capítulo 7) presenta un conjunto de indicadores que cubren dimensiones clave de la calidad de la atención sanitaria en la región. Comienza con indicadores de mortalidad evitable, una medida global de la capacidad del sistema de salud para minimizar las muertes por causas que no deberían ocurrir con políticas de salud pública efectivas y una atención sanitaria oportuna, distinguiendo entre causas prevenibles que pueden reducirse mediante la prevención a nivel poblacional y causas tratables que dependen más directamente del desempeño y la calidad de los servicios de salud. En segundo lugar, el capítulo evidencia el desempeño de la prevención en salud mediante indicadores de cobertura de vacunación. Estos indicadores evalúan el alcance y la efectividad de los programas de inmunización infantil, incluida la cobertura de difteria, tétanos y tos ferina (DTP3), vacunas que contienen el componente del sarampión, y hepatitis B, que en conjunto captan componentes esenciales de la atención preventiva y la protección de la población frente a enfermedades transmisibles. Las hospitalizaciones evitables por afecciones crónicas como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia cardíaca congestiva y la diabetes ofrecen información sobre la efectividad y accesibilidad de la atención primaria para prevenir complicaciones que requieren tratamiento hospitalario. Los indicadores de letalidad intrahospitalaria tras un infarto agudo de miocardio y un accidente cerebrovascular evalúan la calidad y la oportunidad de la atención hospitalaria aguda para las principales emergencias cardiovasculares. Como complemento de la evaluación del desempeño de la atención aguda, el capítulo presenta indicadores de atención del cáncer, incluida la mortalidad por cáncer tratable y la supervivencia a 5 años para los cánceres infantiles. Además, indicadores de seguridad del paciente y prescripción segura que examinan tanto las bases de política para la seguridad del paciente, incluida la alineación con el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente de la OMS, como los patrones de consumo de antimicrobianos, que ofrecen señales sobre las prácticas de prescripción y los posibles riesgos relacionados con el daño asociado a los medicamentos.
Tabla 1.1 y Tabla 1.2 presentan un resumen de los indicadores de calidad de la atención comparables internacionalmente para los países de América Latina y el Caribe. Las cifras ofrecen una panorámica sintética del desempeño relativo entre países y dimensiones de la atención, lo que permite identificar patrones generales en toda la región.
Nota: Todos los indicadores presentan valores para 2024 o el último año disponible, excepto la mortalidad por causas evitables, cuyo último año es 2023. Las especificaciones de los indicadores, las aclaraciones y las notas para una mayor interpretación pueden encontrarse en sus respectivas secciones del Capítulo 7. Los promedios de la OCDE y de ALC son promedios simples calculados con un mínimo de 7 países disponibles. El número de países en los promedios de cada indicador puede variar. Para más especificaciones, consulte la sección correspondiente del Capítulo 7. La escala de color se construye con base en el promedio de ALC. Las celdas más grises son progresivamente peores que el promedio, mientras que las celdas más verdes son progresivamente mejores que el promedio.
Fuente: Véase el Capítulo 7.
Si bien cada uno de estos indicadores se examina en detalle en el Capítulo 7, observarlos de manera agregada permite discernir patrones y conocimientos generales. Los indicadores que reflejan los resultados de salud y la calidad de la atención aguda muestran una variación considerablemente mayor entre países. La mortalidad por causas tratables (muertes que deberían evitarse con una atención sanitaria oportuna y efectiva) varía marcadamente en toda la región, oscilando entre alrededor de 62 muertes por cada 100 000 habitantes en Chile y más de 230 por cada 100 000 en Guyana. Esta diferencia de casi cuatro veces sugiere disparidades sustanciales en la capacidad de los sistemas de salud para diagnosticar, tratar y manejar afecciones que deberían ser susceptibles de atención médica. Dicha variación puede reflejar diferencias en el acceso a un tratamiento oportuno, la disponibilidad de servicios especializados y factores más amplios de calidad del sistema de salud, incluida la capacidad de la fuerza de trabajo, la infraestructura y la coordinación de la atención. En contraste, los servicios preventivos tienden a tener un desempeño relativamente bueno en muchos países de ALC. La cobertura promedio de los programas básicos de inmunización infantil, incluidas la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP3), las vacunas que contienen el componente del sarampión (MCV1 y MCV2) y la hepatitis B, se mantiene alta en varios países, lo que refleja la prioridad de larga data otorgada a los programas de vacunación y el sólido legado de las iniciativas nacionales de inmunización en toda la región.
Los indicadores relacionados con la seguridad del paciente y la prescripción segura sugieren que muchos países de la región todavía están fortaleciendo las bases institucionales para una atención más segura. El grado en que los países cumplen los criterios de política y gobernanza establecidos en el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021‑2030 de la OMS varía considerablemente, lo que indica diferencias en la madurez de los marcos de seguridad del paciente, los sistemas de reporte y las estrategias nacionales orientadas a reducir el daño evitable en la atención sanitaria. Fortalecer la gobernanza de la seguridad del paciente, promover sistemas de salud que aprenden y mejorar el monitoreo del uso de medicamentos se reconocen cada vez más como elementos centrales de los sistemas de salud de alta calidad (WHO, 2024[10]).
Tasa estandarizada por edad y sexo por cada 100 admisiones
1. Pacientes de 45 años y más. 2. Pacientes de 15 años y más.
Notas: Todos los indicadores presentan valores para 2024 o el último año disponible. Las especificaciones de los indicadores, las aclaraciones y las notas para una mayor interpretación pueden encontrarse en sus respectivas secciones del Capítulo 7. Los promedios de la OCDE y de ALC son promedios simples calculados con un mínimo de 7 países disponibles. El número de países en los promedios de cada indicador puede variar. Para más especificaciones, consulte la sección correspondiente del Capítulo 7. La escala de color se construye con base en el promedio de ALC. Las celdas más grises son progresivamente peores que el promedio, mientras que las celdas más verdes son progresivamente mejores que el promedio.
Fuente: Véase el Capítulo 7.
Los indicadores de la atención hospitalaria aguda apuntan a marcadas diferencias en la capacidad de los sistemas de salud de la región para brindar un tratamiento oportuno y efectivo de las principales emergencias cardiovasculares (Tabla 1.2). La variación en las tasas de letalidad tras un infarto agudo de miocardio y un accidente cerebrovascular sugiere un desempeño desigual en la respuesta de emergencia, las vías clínicas y la gestión hospitalaria, incluido el acceso a un diagnóstico rápido, un tratamiento especializado y una atención coordinada. Al mismo tiempo, también pueden relacionarse con discrepancias internas en las prácticas de codificación diagnóstica. La evidencia entre países indica que un mejor desempeño en estas áreas suele asociarse con modelos organizados de prestación de servicios, como las redes integradas de atención cardíaca y del accidente cerebrovascular, las unidades especializadas y el monitoreo sistemático de la calidad, lo que pone de relieve el papel de la organización y la gobernanza del sistema en la configuración de los resultados (OECD, 2025[11]). Estas iniciativas, junto con una iniciativa para estandarizar los códigos diagnósticos, se están priorizando actualmente en países como Perú, en un esfuerzo por fortalecer las vías clínicas y los tiempos de respuesta de emergencia. Los indicadores reflejan tanto la calidad de la atención dentro de los hospitales como la organización del proceso de atención al paciente, incluyendo el reconocimiento oportuno, la derivación y el traslado al nivel de atención adecuado.
Las tasas de admisión por afecciones sensibles a la atención ambulatoria ilustran además las diferencias en la forma en que los sistemas de salud manejan las enfermedades crónicas fuera del entorno hospitalario. La amplia variación entre países refleja diferencias en la efectividad, la accesibilidad y la continuidad de la atención primaria, en particular en la prevención y el manejo de afecciones como la insuficiencia cardíaca congestiva, la diabetes, el asma y la EPOC. Las tasas de admisión más bajas pueden señalar un mejor desempeño de la atención primaria, incluido un diagnóstico oportuno, un seguimiento regular y un tratamiento adecuado; sin embargo, también pueden reflejar una capacidad hospitalaria limitada o barreras de acceso en algunos contextos. Al analizarse junto con los resultados de atención aguda y los indicadores sistémicos más amplios, estos patrones ponen de relieve que la calidad depende tanto de la atención prestada en los centros individuales como de la continuidad asistencial a medida que los pacientes transitan entre proveedores y niveles de atención. No obstante, la interpretación debe tener en cuenta las diferencias en cuanto a acceso, capacidad hospitalaria, codificación e integridad de los datos.
La interpretación de estas medidas requiere una consideración cuidadosa de las características del sistema de salud y de la disponibilidad de datos entre países
Las diferencias observadas a menudo reflejan no solo la calidad de la atención brindada, sino también la variación en el acceso, el reporte y los sistemas de datos. Las diferencias en la codificación diagnóstica, las prácticas de admisión, las vías de referencia, la gravedad de los casos al momento de la admisión y la completitud del reporte hospitalario pueden influir en los resultados entre países. Por ejemplo, las diferencias en las tasas de letalidad pueden verse influidas no solo por la calidad de la atención clínica, sino también por los patrones de referencia, los retrasos en el acceso al tratamiento y las variaciones en la gravedad de los casos al momento de la admisión. Comprender estos factores contextuales es, por tanto, esencial al comparar los indicadores de calidad de la atención entre países y al identificar prioridades para la acción de política.
Una limitación importante sigue siendo el gran número de valores faltantes entre países e indicadores. El conjunto de países incluidos en la Tabla 1.2 representa un subconjunto de países de la región con sistemas de información en salud relativamente más sólidos y datos disponibles para la comparación internacional. En muchos países, la recopilación y el reporte rutinarios de medidas de desempeño siguen siendo incompletos o fragmentados entre los subsistemas del sistema de salud. Como resultado, los indicadores disponibles ofrecen solo una visión parcial de la calidad de la atención prestada en toda la región.
Además, interpretar los indicadores de calidad de la atención en América Latina y el Caribe requiere especial cautela, ya que el desempeño del sistema de salud suele estar configurado tanto por las restricciones de acceso como por las diferencias de calidad. Por ejemplo, las bajas tasas de admisión hospitalaria por afecciones crónicas pueden reflejar un manejo efectivo de la enfermedad en la atención primaria, pero también pueden señalar un acceso limitado a los servicios hospitalarios. Por estas razones, analizar únicamente los indicadores de resultados y de utilización de servicios puede no captar plenamente los factores subyacentes que determinan la calidad de la atención sanitaria en la región.
Para comprender mejor los patrones de estos datos, es necesario, por tanto, complementar los indicadores cuantitativos con información sobre las políticas del sistema de salud, los arreglos de gobernanza y las estrategias de mejora de la calidad. La siguiente sección se basa en los resultados de una encuesta de políticas realizada en 19 países de América Latina y el Caribe para examinar los marcos institucionales, los sistemas de monitoreo y los instrumentos de política que los países han adoptado para fortalecer la calidad de la atención. Este examen más profundo de las políticas de calidad de la atención aporta un contexto importante para interpretar los indicadores presentados anteriormente y ofrece información sobre las palancas de política disponibles para mejorar la calidad de la atención sanitaria en toda la región.
Las políticas para promover la calidad de la atención buscan asegurar que los servicios sean efectivos, seguros y centrados en la persona. La calidad sigue siendo una preocupación incluso en sistemas con amplia cobertura, dado que el acceso por sí solo no garantiza que la atención se preste de maneras que logren consistentemente los resultados deseados o cumplan con estándares aceptables. Para mejorar los resultados de salud al tiempo que se hace un mejor uso de los recursos limitados, los países necesitan estrategias nacionales claras de calidad de la atención que traduzcan la cobertura y la inversión en servicios más seguros, más efectivos y más receptivos (OECD/WHO/World Bank Group, 2018[3]).
La encuesta conjunta realizada en 2025 por el Banco Mundial, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo, descrita en el Box 1.1, ofrece un panorama actualizado de las estrategias nacionales de calidad de la atención, los arreglos institucionales y los enfoques de implementación en la región. Para ello, la encuesta examinó 23 mecanismos de política que los países utilizan para definir estándares, organizar la gobernanza de la calidad, establecer y hacer cumplir estándares, apoyar la mejora profesional y organizacional, monitorear y reportar el desempeño, fortalecer la seguridad del paciente, y promover la atención centrada en las personas e integrada. Estos mecanismos pueden agruparse en seis grandes áreas de política:
Gobernanza y rendición de cuentas, que establecen el liderazgo, la supervisión y la orientación de todo el sistema para la calidad de la atención. Esto incluye la gobernanza clínica; la notificación pública de información; el financiamiento basado en el desempeño.
Regulación y garantía externa, que establecen los requisitos mínimos para una atención segura y aceptable y evalúan si los proveedores los cumplen. Esto incluye la habilitación de los proveedores de atención sanitaria; la acreditación; la inspección de las instituciones para verificar los estándares mínimos de seguridad.
Atención basada en evidencia y gobernanza de la tecnología, que promueven una atención más efectiva y consistente al alinear las decisiones y la práctica con la evidencia. Esto incluye el apoyo a la decisión clínica; los estándares, vías y protocolos clínicos; la evaluación de tecnologías sanitarias.
Capacidad de la fuerza de trabajo y mejora de los servicios, que fortalecen la competencia profesional y apoyan la mejora de la calidad en los equipos clínicos y las organizaciones. Esto incluye la formación y la supervisión; la auditoría clínica y la retroalimentación; las revisiones de morbilidad y mortalidad; los ciclos de mejora colaborativos y basados en equipos.
Seguridad del paciente y práctica clínica segura, que buscan reducir el daño prevenible e incorporar procesos de atención más seguros en la prestación rutinaria de servicios. Esto incluye la regulación de medicamentos; los protocolos de seguridad; las listas de verificación de seguridad; el reporte de eventos adversos.
Atención centrada en las personas e integrada, que buscan hacer que la atención responda mejor a las necesidades, preferencias y capacidades de las personas, al tiempo que mejoran la continuidad entre entornos. Esto incluye la participación y el empoderamiento comunitarios formalizados; la alfabetización en salud; la toma de decisiones compartida; el apoyo entre pares y los grupos de pacientes expertos; la retroalimentación de los pacientes y la experiencia de la atención; las herramientas de autogestión del paciente.
La Encuesta de Políticas de Calidad de la Atención de Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026 de la OCDE se administró en línea entre octubre de 2025 y febrero de 2026 a funcionarios de los Ministerios de Salud que participan en Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026. Doce países respondieron directamente la encuesta: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
La encuesta recopiló información sobre los principales arreglos institucionales y de política para apoyar la calidad de la atención. Abarcó: el marco general de política para la calidad de la atención; los arreglos legales y regulatorios; la planificación de la fuerza de trabajo y la certificación y recertificación profesional; la acreditación y otros mecanismos externos de evaluación de la calidad; las guías de práctica clínica; la evaluación de tecnologías sanitarias y la regulación de los dispositivos médicos, los hemoderivados y los productos farmacéuticos; la auditoría y la revisión del desempeño; los incentivos financieros para mejorar la calidad de la atención; la seguridad del paciente, la mala praxis médica y el control de infecciones; y los mecanismos para que los pacientes influyan en la calidad de la atención sanitaria, incluida la medición de la experiencia del paciente. Una segunda sección de la encuesta recopiló información sobre la disponibilidad de fuentes de datos e indicadores de salud seleccionados a nivel nacional o subnacional.
Se compiló información adicional para la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá. Para estos países, la información fue recopilada por la OCDE utilizando fuentes públicas y entrevistas con funcionarios nacionales, en lugar de mediante la respuesta directa a la encuesta por parte de los funcionarios de los Ministerios de Salud. Como tal, estos perfiles de país tienen un estatus diferente al de las respuestas directas a la encuesta. Reflejan, según el mejor conocimiento de la Secretaría, la información pública más reciente disponible sobre los temas abordados. La encuesta y la lista de fuentes utilizadas para los perfiles de país compilados por la OCDE se presentan en el anexo del informe.
Por último, en noviembre de 2025 se celebró un taller presencial en Buenos Aires, Argentina, que reunió a representantes de seis Ministerios de Salud de América Latina para validar las respuestas de la encuesta y discutir en profundidad su interpretación.
Figura 1.1 mapea el estado de implementación de los mecanismos de calidad de la atención en 19 países de América Latina y el Caribe. Apunta a un patrón de institucionalización relativamente sólida de las bases regulatorias y de seguridad, junto con un desarrollo más limitado de los mecanismos que apoyan una gobernanza orientada al aprendizaje y centrada en el paciente.
A lo largo de las seis áreas de política, la encuesta sugiere que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han logrado un progreso consistente en las funciones fundamentales de regulación y garantía externa. La habilitación de proveedores y la regulación de medicamentos se reportan como implementadas en 17 de los 19 países evaluados, lo que indica que la mayoría de los sistemas han establecido las reglas básicas necesarias para autorizar a los proveedores y regular los insumos centrales de la atención. Por el contrario, la acreditación se reporta vigente en solo 9 países, lo que evidencia una posible desconexión entre las políticas y la implementación. Un patrón similar surge en la seguridad del paciente y la práctica clínica segura. Varios países han ido más allá de la regulación básica para adoptar herramientas concretas de reducción del daño, pero la implementación sigue siendo desigual: las listas de verificación de seguridad quirúrgica se reportan como implementadas, o en proceso de implementación, en 12 de 19 países; los sistemas de reporte de eventos adversos están implementados en 11 países; y los protocolos de seguridad están vigentes en 9 países, con otros 5 que reportan que están en proceso de implementación. Esta distribución es coherente con la experiencia internacional, donde los esfuerzos nacionales de calidad suelen comenzar con controles regulatorios e instrumentos de seguridad del paciente antes de evolucionar hacia sistemas más maduros de medición, aprendizaje y mejora continua (WHO, 2017[12]).
El panorama es más heterogéneo en las áreas de política que dependen del aprendizaje institucional, el uso activo de la evidencia y una mayor participación de los pacientes. En gobernanza y rendición de cuentas, la notificación pública de información está implementada en 13 países, pero sigue planificada en cinco: Brasil, Costa Rica, Haití, Nicaragua y Santa Lucía, mientras que el financiamiento basado en el desempeño se reporta en solo cuatro, lo que indica que el uso estratégico de los incentivos todavía dista de ser sistemático. En capacidad de la fuerza de trabajo y mejora de los servicios, la formación y la supervisión son relativamente comunes (14 de 19 países), pero los mecanismos que dependen de la reflexión y la retroalimentación rutinarias están menos consistentemente incorporados: la auditoría clínica y la retroalimentación se reportan como implementadas en 11 países, y los ciclos de mejora colaborativos en 9, lo que sugiere que muchos sistemas todavía tienen una capacidad limitada para convertir la información en mejora continua. Un gradiente similar aparece en la atención basada en evidencia y la gobernanza de la tecnología. Los estándares, vías y protocolos clínicos y la evaluación de tecnologías sanitarias se reportan cada uno en 13 países, pero el apoyo a la decisión clínica está implementado en solo 6, con otros 10 todavía en proceso, lo que apunta a una brecha importante entre establecer estándares e incorporarlos en la práctica cotidiana. El área menos desarrollada sigue siendo la atención centrada en las personas e integrada. Si bien los mecanismos de participación y empoderamiento comunitarios están presentes en 12 países, las herramientas más operativas que incorporan directamente a los pacientes en las decisiones y la mejora de la calidad siguen siendo limitadas.
Al examinar los 23 mecanismos de política que aparecen en la Figura 1.1, se obtiene una indicación sencilla de los diferentes puntos de partida de los países. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Granada, México, Panamá, Paraguay y Perú notifican la implementación total o parcial de al menos 11 de los mecanismos evaluados, lo que sugiere una base de implementación más consolidada desde la cual se puede dirigir la atención, cada vez más, hacia una aplicación coherente, el aprendizaje y la rendición de cuentas. Belice, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Santa Lucía aún están consolidando un conjunto más amplio de estos mecanismos, mientras que Costa Rica, con 10 mecanismos implementados o en fase de implementación, se sitúa cerca del límite entre estos dos grandes grupos. Esta distinción resulta especialmente evidente en el caso de los mecanismos que trascienden los fundamentos básicos del sistema para avanzar hacia la garantía externa, la gestión rutinaria de la seguridad y la participación del paciente: la acreditación está vigente en 7 de los 10 países del primer grupo, frente a 1 de los 8 del segundo; los protocolos de seguridad se notifican en los 10 países del primer grupo, frente a 3 de los 8 del segundo; y los mecanismos de retroalimentación de los pacientes existen en 7 países del primer grupo, frente a ninguno del segundo. Al mismo tiempo, las variaciones internas de cada país en las distintas áreas de política, ilustradas por los mecanismos de acreditación y seguridad del paciente comparativamente consolidados de Costa Rica, refuerzan la importancia de considerar estas situaciones como puntos de partida diferentes, y no como categorías fijas de los sistemas nacionales de calidad. Entre los países con datos disponibles, la mortalidad tratable media también es menor en el primer grupo (alrededor de 106 muertes por cada 100.000 habitantes) que en el segundo (141 muertes), si bien esta asociación descriptiva no debe interpretarse como prueba de una relación causal.
El resto de este capítulo examina con mayor profundidad estas seis áreas de política, pasando de las bases de todo el sistema y las políticas nacionales de calidad a los mecanismos utilizados para mejorar la atención en la práctica y a las políticas a nivel de servicio. Comienza con la gobernanza y la rendición de cuentas, incluidas las políticas nacionales, los marcos legales y regulatorios, y las instituciones responsables de la calidad de la atención. Luego se ocupa de la regulación y la garantía externa, abarcando la garantía de calidad de los profesionales de la salud y de los servicios de salud, así como la acreditación y los mecanismos de evaluación externa relacionados. A continuación, el capítulo examina la atención basada en evidencia y la gobernanza de la tecnología, incluidas las guías de práctica clínica, la evaluación de tecnologías sanitarias y la garantía de seguridad de los productos farmacéuticos, los hemoderivados y los dispositivos médicos, antes de abordar la capacidad de la fuerza de trabajo y la mejora de los servicios mediante indicadores, auditoría, notificación pública de información y otros mecanismos de revisión del desempeño. Esta área de política se complementa también con incentivos financieros y reformas de compra para apoyar una mejor atención, un área que sigue siendo menos desarrollada en muchos países de la región pero que es cada vez más importante para los sistemas de calidad maduros. A continuación, el capítulo profundiza en las políticas de seguridad del paciente y de mala praxis médica, y finaliza con la atención centrada en las personas e integrada. En conjunto, estas secciones trazan la vía que va de la política a la implementación para avanzar hacia una atención que sea segura, efectiva y centrada en las personas.
Estado de implementación de los mecanismos de política
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026: Encuesta de políticas de calidad de la atención.
En los 19 países evaluados, la calidad de la atención se incorpora cada vez más en la arquitectura general de la política de salud, aunque muchos países todavía están en proceso de traducir ese reconocimiento en arreglos formales de gobernanza, planes de implementación y una capacidad institucional sostenida.
El balance indica que la mayoría de los países tienen políticas o estrategias nacionales de calidad de la atención en distintas etapas de desarrollo, pero estas difieren marcadamente en alcance y madurez (Figura 1.2). La calidad se trata como un elemento transversal en las estrategias sectoriales en la mayoría de los países encuestados (14 de 19), incluidos Perú, Paraguay, México, Granada, Santa Lucía, Chile, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. Dentro de este grupo, solo un número menor parece haber avanzado hacia un modelo más operativo, lo que evidencia deficiencias en las estructuras institucionales: Perú y Chile cuentan con planes de implementación plenamente presupuestados con marcos de monitoreo, mientras que Granada tiene mandatos formales sin presupuestos dedicados ni planes presupuestados. En los países restantes; Ecuador, Argentina, Belice y Haití, la calidad se aborda mediante políticas temáticas, como la seguridad del paciente, la seguridad quirúrgica, la seguridad de los medicamentos y la acreditación hospitalaria en lugar de un único plan nacional general. Colombia ocupa una posición algo diferente: si bien las políticas relacionadas con la calidad suelen organizarse en torno a áreas temáticas, estas se sitúan dentro de una arquitectura regulatoria de calidad más amplia, en particular el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGCS) dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Nota: Respuesta a la pregunta: ¿Cómo se posicionan el departamento de calidad y la estrategia de calidad dentro de su ministerio de Salud?
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026: Encuesta de políticas de calidad de la atención.
El panorama regulatorio de la calidad de la atención en América Latina y el Caribe sigue centrado en las funciones tradicionales de rectoría del sistema de salud: la regulación de los servicios y los proveedores de salud, el establecimiento de estándares mínimos mediante la acreditación y la creación de mecanismos de garantía externa como la habilitación, y los mecanismos de gobernanza clínica.
En toda la región, la mayoría de los países reportan haber implementado políticas básicas de calidad de la atención, incluidas la acreditación de establecimientos, las guías clínicas, la prevención y el control de infecciones, y la seguridad quirúrgica, lo que indica que la arquitectura básica para asegurar estándares aceptables de atención está vigente en la mayoría de los sistemas. Sin embargo, los dominios más especializados asociados con sistemas de salud con capacidad de aprendizaje (Institute of Medicine, 2013[13]) siguen estando menos consistentemente desarrollados, como los sistemas de reporte de incidentes de seguridad del paciente, los estándares de calidad de la salud digital y la notificación pública del desempeño. Los sistemas de reporte de incidentes de seguridad del paciente, que son esenciales para pasar de una cultura de cumplimiento a una de aprendizaje y prevención, están implementados en Paraguay, Ecuador, Santa Lucía, Chile, Belice, Colombia y El Salvador, pero siguen parciales o en planificación en Perú, México, Granada, Costa Rica, Brasil y Panamá, y están ausentes en varios países. Un patrón similar se observa en los estándares de calidad de la salud digital, que están implementados en Perú, Paraguay, México, Santa Lucía, Belice, Colombia, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Nicaragua y Panamá, pero siguen planificados en Ecuador, Granada, Chile, Guatemala, Honduras y la República Dominicana. Estos dos aspectos a veces están directamente vinculados, como puede observarse en los planes de Perú para implementar un sistema interoperable de registro digital de salud que incluya la documentación de los eventos de seguridad.
Los ministerios de Salud son los principales actores nacionales
Por lo general operan a través de unidades de calidad dedicadas (p. ej. la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de México) o departamentos especializados (Ecuador, Argentina, Santa Lucía, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Haití y la República Dominicana). Paraguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá no reportan unidades de calidad dedicadas dentro del Ministerio de Salud, pero abordan la calidad a través de otras estructuras ministeriales. Estas estructuras coordinan los programas y las prioridades del ministerio nacional, con el apoyo de otros organismos nacionales, incluidos los institutos de salud pública (Perú, México), las agencias o superintendencias de calidad independientes (Colombia, Ecuador) y los pagadores de la seguridad social (Perú, Colombia), que ejercen una influencia significativa. Los consejos profesionales, como los colegios de médicos y de enfermería, también contribuyen al panorama regulatorio, en particular en Granada y Chile. Esta diversidad institucional refleja la organización de los sistemas de salud en la región, pero también pone de relieve un desafío común: la mejora de la calidad requiere no solo una institución líder nominal, sino también una coordinación efectiva entre reguladores, compradores, proveedores y organismos profesionales para que la política se traduzca en mejoras más consistentes en la atención.
Nota: Respuesta a la pregunta: «¿Cuenta su país con mecanismos regulares e institucionalizados para reconocer y difundir los éxitos en la mejora de la calidad de la atención sanitaria, incluida la identificación de buenas prácticas y de los casos atípicos positivos de alto desempeño?»
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026: Encuesta de políticas de calidad de la atención.
Una dimensión importante de la función de rectoría es su alcance tanto en la provisión pública como en la privada. En América Latina y el Caribe, los servicios de salud suelen prestarse mediante una combinación de proveedores públicos, de seguridad social y privados; sin embargo, los mecanismos nacionales de calidad no siempre se aplican de manera uniforme en todos estos sectores. Como ilustran las secciones siguientes, las brechas son especialmente evidentes en la planificación de la fuerza laboral y en la seguridad del paciente. Por consiguiente, una gobernanza nacional de calidad eficaz requiere normas, información y mecanismos de supervisión aplicables a todos los proveedores, reconociendo al mismo tiempo las diferencias en la forma en que se financian, regulan y organizan los servicios públicos y privados.
Existen mecanismos para identificar un buen desempeño, pero aprender sistemáticamente del éxito sigue siendo un desafío
Figura 1.3 sugiere que, más allá de establecer reglas y estándares para la calidad, relativamente pocos países de la región han institucionalizado mecanismos para aprender sistemáticamente del éxito. Si bien varios países reportan actividades para mostrar buenas prácticas, como foros o conferencias nacionales de calidad, estas son más comunes que los sistemas formales para identificar, documentar y difundir enfoques efectivos en todo el sistema de salud. Se reportan foros o conferencias nacionales de calidad en 9 países: Perú, Paraguay, México, Argentina, Santa Lucía, Chile, Colombia, Brasil y El Salvador. Asimismo, 9 países; Perú, Ecuador, Argentina, Granada, Santa Lucía, Brasil, El Salvador, Haití y Panamá, reportan mecanismos formales para identificar casos atípicos positivos o equipos de alto desempeño. Sin embargo, menos países parecen tener arreglos más rutinarios de intercambio de conocimiento: la publicación regular de estudios de caso de mejora de la calidad se reporta en 8 países: Paraguay, México, Ecuador, Brasil, El Salvador, Haití, Nicaragua y Panamá. En conjunto, estos hallazgos sugieren que, aunque algunos países han comenzado a reconocer y promover los esfuerzos exitosos de mejora de la calidad, la difusión y el escalamiento sistemáticos de las buenas prácticas siguen siendo desiguales. Esto es relevante porque los sistemas de calidad maduros dependen no solo de detectar el desempeño deficiente, sino también de identificar lo que funciona, recompensar la mejora y permitir que las prácticas efectivas se difundan entre organizaciones y niveles de atención.
Desde las políticas de calidad hasta la implementación y el aprendizaje
Al considerar tanto la posición que ocupa la calidad de la atención dentro de las estrategias generales de los sistemas de salud como los mecanismos institucionales disponibles para aprender de los éxitos, se observa que los países parten de situaciones diferentes en cuanto a la gobernanza de la calidad de la atención. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Santa Lucía combinan estructuras nacionales de calidad relativamente consolidadas con mecanismos institucionales de implementación, coordinación o aprendizaje; esto sugiere que la atención puede centrarse cada vez más en fortalecer la rendición de cuentas, garantizar una implementación coherente y difundir prácticas eficaces en todo el sistema de salud. Belice, Costa Rica, la República Dominicana, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay cuentan con elementos importantes de esta arquitectura, pero aún están consolidando los vínculos entre los compromisos políticos, las responsabilidades institucionales, la capacidad de implementación y el aprendizaje sistemático. Por tanto, la distinción clave no radica tanto en si los países han adoptado políticas de calidad, sino en el grado de desarrollo de todo el proceso: desde la política y la responsabilidad institucional hasta la implementación, el aprendizaje y la difusión de prácticas eficaces. Estas diferencias no son absolutas, ya que varios países del segundo grupo ya disponen de mecanismos establecidos en ámbitos específicos.
La calidad de la atención que un sistema de salud puede prestar depende en gran medida de cómo desarrolla y gobierna su fuerza de trabajo en salud. Los países necesitan no solo suficientes profesionales de la salud, sino una fuerza de trabajo cuya formación se corresponda con las necesidades de la población y cuya competencia se mantenga a lo largo de la vida profesional. Asegurar la calidad profesional no es, por tanto, simplemente una cuestión de controlar el ingreso a la práctica; requiere un enfoque de política más amplio que vincule la planificación de la fuerza de trabajo, la regulación profesional y el desarrollo continuo de competencias con la prestación de una atención segura, efectiva y centrada en las personas.
Nota: Respuesta a la pregunta: «¿Cuenta su país con una estrategia nacional integral de fuerza de trabajo en salud que aborde las brechas en el número, la distribución y la retención de médicos y enfermeras tanto a corto como a largo plazo?»
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026: Encuesta de políticas de calidad de la atención.
En varios países de la región, estas prioridades se reflejan ahora en documentos formales de política. La Estrategia Nacional de Salud 2021‑2030 de Chile sitúa los temas de fuerza de trabajo dentro de una agenda más amplia de gestión, calidad e innovación, mientras que la Política Pública del Talento Humano en Salud 2025‑2035 de Colombia establece un marco de largo plazo para fortalecer la capacidad profesional, el desarrollo continuo y la capacidad territorial en la prestación de servicios. Sin embargo, como muestra la Figura 1.4, este compromiso estratégico no se corresponde con una planificación igualmente integral de la fuerza de trabajo en salud. En muchos países, las estrategias de fuerza de trabajo no cubren de manera consistente tanto a médicos como a enfermeras, y la cobertura es aún menos completa para otros grupos profesionales. Las brechas también son más pronunciadas cuando se consideran conjuntamente los sectores público y privado. Esto es relevante no solo para la preparación en períodos de tensión del sistema, como se puso de relieve durante la pandemia de COVID-19, sino también porque la atención sanitaria en América Latina y el Caribe a menudo se presta mediante una combinación de proveedores públicos y privados. En la práctica, esto significa que las políticas de fuerza de trabajo enfocadas de manera demasiado estrecha en una parte del sistema pueden dejar brechas importantes en la garantía de calidad, la continuidad de la atención y la capacidad efectiva de los servicios.
Perú, Paraguay, Ecuador, Granada, Santa Lucía, Chile, Belice, Brasil y Haití reportan planes que abordan la distribución y el número de trabajadores de la salud en el sector público. Sin embargo, solo Granada, Belice y Costa Rica reportan un enfoque igualmente integral para el sector privado. Un segundo grupo ha establecido mecanismos de proyección y planificación, pero con una cobertura sectorial más limitada. Las políticas de proyección y planificación de la fuerza de trabajo en el sector público se reportan en Perú, Paraguay, México, Ecuador, Santa Lucía, Chile, Belice, Colombia, Brasil, Haití, Nicaragua y Panamá, mientras que solo México y Granada reportan tales mecanismos tanto para el sector público como para el privado. Por el contrario, Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y la República Dominicana no reportan políticas de proyección y planificación de la fuerza de trabajo (OECD/IDB/The World Bank, 2026[14]). Dada la naturaleza mixta de los sistemas de salud en la región, las brechas entre las estrategias de fuerza de trabajo pública y privada demuestran además la necesidad de un modelo de rectoría integral e integrado para asegurar un acceso equitativo a servicios de salud de calidad tanto en el sector público como en el privado.
La actualización continua de conocimientos y habilidades es esencial para la mejora de la calidad y la seguridad del paciente, y debe desempeñar un papel vital en el mantenimiento de la licencia. La certificación es el proceso formal mediante el cual una autoridad competente confirma que un profesional ha cumplido los requisitos de educación, formación y evaluación necesarios para ingresar a la práctica. La recertificación es el proceso periódico mediante el cual esa autoridad confirma que el profesional continúa cumpliendo los estándares requeridos para la práctica, normalmente a través del desarrollo profesional continuo y, en algunos sistemas, de una evaluación adicional. A su vez, la educación médica continua (EMC) y el desarrollo profesional continuo (DPC), junto con la formación en mejora de la calidad, son esenciales y pueden integrarse en los planes de estudio de formación previa al servicio o impartirse mediante formación en servicio y requisitos de recertificación.
En América Latina, los enfoques regulatorios de la certificación y el desarrollo profesional varían (Figura 1.5):
Certificación y recertificación: La certificación inicial para médicos es obligatoria en la mayoría de los países. La recertificación obligatoria para médicos se exige en Perú (cada 5 años), México (cada 5 años), Granada (cada 5 años), Panamá (cada 5 años), Santa Lucía (cada 2 años), Belice (anualmente) y Colombia. En varios países; Paraguay, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana, solo se requiere la certificación inicial, sin recertificación obligatoria. Argentina mantiene un sistema de recertificación voluntario. Ecuador no reporta ningún requisito formal de certificación para los médicos.
Exámenes nacionales de certificación: Los requisitos varían ampliamente. México, Granada, Santa Lucía, Belice y Panamá exigen exámenes nacionales de certificación tanto para la práctica pública como privada. Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana no cuentan con un examen nacional estandarizado para la certificación inicial. A pesar de estas diferencias, se reportan vías de certificación para médicos formados en el extranjero en Perú, México, Granada, Santa Lucía, Chile, Belice, Colombia, Costa Rica, Brasil y Panamá.
Desarrollo profesional continuo (EMC/DPC): La EMC/DPC plenamente obligatoria, con formación en mejora de la calidad integrada en los planes de estudio, existe en Paraguay, Santa Lucía y Chile. Panamá exige EMC/DPC obligatoria, pero sin integración de la mejora de la calidad. En la mayoría de los demás países, incluidos Perú, México, Ecuador, Granada, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana, la EMC/DPC se fomenta, pero no se exige legalmente para continuar ejerciendo. Belice exige únicamente EMC.
Nota: Respuesta a las preguntas: «¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor las políticas para certificar y recertificar a médicos y enfermeras en su país?» y.
«¿Existen políticas nacionales que exijan educación profesional continua (EMC/DPC) y formación en mejora de la calidad para médicos y enfermeras, y están integradas en los planes de estudio de formación?»
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026: Encuesta de políticas de calidad de la atención.
Estos hallazgos sugieren que todavía se pone mayor énfasis en controlar el acceso al ejercicio de la medicina que en garantizar la competencia profesional a lo largo del tiempo; sin embargo, también revelan diferentes puntos de partida en el desarrollo de sistemas de garantía de calidad profesional. Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Granada, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía cuentan con mecanismos relativamente más consolidados, que combinan requisitos de acceso obligatorios con otros instrumentos adicionales, tales como la recertificación, la educación médica continua o el desarrollo profesional continuo (EMC/DPC), los exámenes nacionales o las vías de habilitación para médicos formados en el extranjero. Por su parte, Argentina, Brasil, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua aún se encuentran consolidando esta arquitectura más amplia, en la que la garantía de la competencia profesional depende en mayor medida de la certificación inicial y de mecanismos voluntarios o más limitados para mantener dicha competencia a lo largo del tiempo. Por consiguiente, la distinción no radica simplemente en la existencia de la certificación, sino en el grado de avance de los países desde un control único de acceso a la práctica profesional hacia un marco más integral que abarque el acceso, la competencia continua y la movilidad profesional. Para los países con sistemas más consolidados, el desafío consiste cada vez más en asegurar que estos mecanismos se traduzcan en una actualización efectiva de las competencias y en mejoras de la práctica clínica; para aquellos que aún están consolidando las bases, fortalecer el alcance y la exigibilidad de los mecanismos de garantía de calidad profesional sigue siendo una prioridad importante.
La acreditación es un proceso estructurado de evaluación externa de la calidad mediante el cual las organizaciones de atención sanitaria son evaluadas frente a estándares definidos de calidad y seguridad y reconocidas formalmente cuando esos estándares se cumplen. Surgida en gran medida como un mecanismo liderado por la profesión, la acreditación ha evolucionado con una mayor participación gubernamental, aunque en general sigue rindiendo cuentas a organismos rectores independientes. En la práctica, se basa en estándares específicos de la atención sanitaria y combina la autoevaluación, la revisión por pares y el reporte externo para promover la mejora continua. Su principal contribución es fortalecer las condiciones para una mejor atención al facilitar la aplicación de los estándares de calidad definidos a nivel nacional: aclara los estándares esperados, refuerza la gobernanza interna y la cultura de seguridad, y alienta a las organizaciones a monitorear el desempeño y abordar las brechas de manera sistemática. La evidencia sugiere asociaciones positivas entre la acreditación hospitalaria y la cultura de seguridad, así como con medidas de proceso y eficiencia como una menor duración de la estancia, si bien se encontró evidencia mixta para otras medidas de calidad de la atención. En general, la acreditación parece mejorar de manera más consistente los procesos organizacionales y la adherencia a los estándares. Sin embargo, los mejores resultados para los pacientes no se siguen automáticamente: estos dependen de si la acreditación se combina con una mejora efectiva de la calidad, sistemas robustos de medición y un apoyo organizacional sostenido para convertir el cumplimiento en una mejor práctica clínica (Hussein et al., 2021[15]).
En ALC, los procesos de acreditación están liderados en gran medida por los gobiernos
Los ministerios de Salud o unidades especializadas son las únicas autoridades responsables de la acreditación hospitalaria en Perú, Paraguay, Ecuador y Santa Lucía. En contraste, México, Colombia y Brasil utilizan modelos híbridos que involucran a organizaciones gubernamentales y privadas. Cabe destacar que las organizaciones privadas lideran exclusivamente el proceso en algunas provincias de Argentina (Misiones, Chubut y Mendoza), mientras que Chile y Costa Rica utilizan entidades privadas especializadas o de la seguridad social para una supervisión específica. Entre el conjunto más amplio de países encuestados, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana no cuentan con programas formales de acreditación hospitalaria.
Nota: Respuesta a las preguntas: «¿Existen estándares nacionales utilizados en el proceso de acreditación, y estos programas son voluntarios u obligatorios?»
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026: Encuesta de políticas de calidad de la atención.
Los estándares de acreditación en la región son integrales; sin embargo, la intensidad regulatoria de la acreditación entre los entornos de atención es en su mayoría inexistente o voluntaria
Perú, Paraguay, México, Ecuador y Chile evalúan la gestión clínica, la seguridad del paciente, la infraestructura, el equipamiento y los procesos administrativos. La satisfacción del paciente y la competencia del personal también son altas prioridades. Áreas emergentes como el uso de las Tecnologías de la Información (TI) están integradas en los estándares de casi todos los países, excepto Chile y Belice.
No obstante, la intensidad regulatoria de la acreditación entre los entornos de atención es en su mayoría inexistente o voluntaria (Figura 1.6). Para los hospitales solo es obligatoria en Paraguay; y voluntaria en Perú, México, Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica; no se reporta ningún programa nacional formal en Ecuador, Granada, Santa Lucía, Brasil, Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. En la atención primaria de salud, la acreditación es obligatoria en Paraguay y Panamá, mientras que es voluntaria en Perú, México y Chile; la mayoría de los demás países no reportan ningún programa formal. La atención de largo plazo sigue siendo el entorno menos regulado en términos de acreditación, con Colombia reportando requisitos obligatorios y la mayoría de los demás países sin ningún programa formal. La atención a largo plazo sigue siendo el sector menos regulado en términos de acreditación: Colombia informó de la existencia de requisitos obligatorios, mientras que la mayoría de los demás países afirmaron no tener un programa formal.
En Paraguay, la base legal de los requisitos relacionados con la acreditación se remonta a la Ley N.º 1032/1996, que creó el Sistema Nacional de Salud y estableció la acreditación y el control de calidad como parte de la organización de los servicios. Sin embargo, el impulso de política más sólido a nivel de todo el sistema llegó más tarde con la Política Nacional de Calidad en Salud 2017‑2030, que hizo obligatoria la política para todo el Sistema Nacional de Salud, y con su posterior puesta en marcha a través de la Estrategia Nacional de Gestión de la Calidad en Salud de 2021. La Resolución S.G. N.º 117/2021 asignó las responsabilidades de implementación, monitoreo y evaluación, y estableció una estructura de gobernanza más explícita para la gestión de la calidad a nivel nacional, regional y hospitalario.
Este sólido marco institucional contrasta con el desempeño más dispar del país en los indicadores de resultados de calidad de la atención. Paraguay se mantiene en el cuartil de peor desempeño de la región en mortalidad evitable en 2022 y también registra una alta letalidad intrahospitalaria dentro de los 30 días posteriores a la admisión por infarto agudo de miocardio y por accidente cerebrovascular hemorrágico. Al mismo tiempo, este contraste debe interpretarse con cautela: ha habido una mejora en la mortalidad tratable desde 2021, cuando era la tasa más alta de la región. Además, la Política Nacional de Calidad en Salud solo entró en vigor a partir de 2021, lo que significa que sus posibles efectos sobre el desempeño del sistema podrían no ser todavía plenamente visibles.
Evolución de la mortalidad tratable y prevenible en Paraguay y promedio ALC
Fuente: WHO mortality database (2026).
Distintas interpretaciones de los requisitos de acreditación
La actual Superintendencia de Salud define la acreditación como un proceso voluntario y periódico destinado a verificar el cumplimiento de niveles de calidad superiores a los requisitos mínimos obligatorios. Esto ayuda a explicar por qué Paraguay puede parecer que tiene un enfoque de acreditación "obligatorio" en algunos mapeos de política, mientras que la propia descripción pública del regulador presenta la acreditación como voluntaria. En la práctica, el sistema parece distinguir entre la categorización obligatoria y los requisitos básicos de funcionamiento, por un lado, y la acreditación voluntaria hacia estándares de calidad más altos, por el otro. Esta distinción también se refleja en las directrices de la Superintendencia, donde la categorización es obligatoria mientras que la acreditación es voluntaria. El caso de Paraguay ilustra que las políticas formales de calidad y los requisitos de acreditación no garantizan por sí solos mejores resultados. La capacidad de implementación, los desfases temporales y el uso eficaz de la información sobre calidad también son factores relevantes, por lo que los indicadores de resultados deben interpretarse teniendo en cuenta estas limitaciones.
Fuente: Superintendencia de Salud de Paraguay (1996[16]), Ley N° 1032 que crea el Sistema Nacional de Salud; Ministerio de Salud de Paraguay (2021[17]) Resolución S.c. N 117 por la cual se aprueba la estrategia nacional de gestión de la calidad en salud, del Ministerio de Salud Pública y bienestar social, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/3156632-RESOLUCIONSGN117DE2021ESTRATEGIADELACALIDADENSALUDpdf-RESOLUCIONSGN117DE2021ESTRATEGIADELACALIDADENSALUD.pdf; Superintendencia de Salud de Paraguay (2026[18]), Funciones – Superintendencia de Salud – Paraguay, https://superintendenciadesalud.gov.py/funciones/.
La región depende en gran medida de modelos de inspección para establecer una seguridad de base
En contraste con la evaluación externa e independiente frente a estándares voluntarios que abarca la acreditación, las inspecciones hacen cumplir los requisitos legales y regulatorios obligatorios. Actuando como un organismo de supervisión con mandato gubernamental, su función principal es hacer cumplir los requisitos mínimos. En este balance, 15 de los 19 países confirmaron el uso de un modelo de inspección para hacer cumplir los estándares mínimos obligatorios: Perú, Paraguay, México, Ecuador, Argentina, Granada, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.
La acreditación marca la transición del cumplimiento normativo mínimo al aseguramiento externo y continuo de la calidad
Los países de la región parten de situaciones diferentes en materia de aseguramiento externo de la calidad. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Perú han superado la etapa de inspección básica al establecer mecanismos formales de acreditación en al menos un ámbito asistencial, si bien estos difieren en cuanto a su alcance y a si la participación es obligatoria o voluntaria. En estos países, el desafío de política pública radica cada vez más en extender la acreditación a diversos ámbitos asistenciales y en garantizar que la evaluación externa impulse la mejora continua, en lugar de limitarse al mero cumplimiento de normas. Por su parte, Belice, Brasil, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Santa Lucía dependen todavía en mayor medida de los sistemas de inspección y de las normas reglamentarias mínimas, por lo que el desarrollo o la consolidación de mecanismos formales de acreditación constituye para ellos una prioridad más inmediata. La distinción radica, por tanto, entre los sistemas centrados principalmente en garantizar unos estándares mínimos y aquellos que comienzan a incorporar el aseguramiento externo y continuo de la calidad sobre dichas bases.
La institucionalización de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) es fundamental para la calidad del sistema de salud. Cuando se integra en la toma de decisiones nacional, la ETS prioriza las intervenciones de alto valor y establece las condiciones para una adopción segura y apropiada. Tras la autorización de comercialización, se requiere una vigilancia poscomercialización robusta para asegurar el uso seguro y continuo de los productos farmacéuticos y las tecnologías. En los últimos años, la vigilancia se ha ampliado para incluir productos herbales, medicinas tradicionales y complementarias, hemoderivados, productos biológicos, dispositivos médicos y vacunas (WHO, 2002[19]).
En ALC, la responsabilidad de la ETS está en gran medida centralizada dentro del gobierno
Agencias gubernamentales dedicadas realizan evaluaciones para informar las decisiones de cobertura en 13 países: Perú, Paraguay, México, Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua y Panamá. Argentina tiene un modelo mixto en el que algunas provincias han incorporado el uso de la ETS a través de agencias dedicadas y otras, como Santiago del Estero y Buenos Aires, no cuentan con agencias formales dedicadas. La ETS no está organizada formalmente en Granada, Santa Lucía, Belice, Honduras y la República Dominicana, lo que indica un área clave para el desarrollo institucional.
La ETS ayuda a determinar no solo si una tecnología es segura y efectiva, sino también si mejora la atención en relación con la práctica existente, si es asequible y si puede integrarse en la prestación rutinaria de servicios.
Alemania combina la regulación federal con la autogestión del seguro de salud obligatorio. BfArM, la autoridad federal dependiente del Ministerio de Salud, supervisa la regulación y la vigilancia poscomercialización de los medicamentos y los dispositivos médicos, incluidos el reporte de farmacovigilancia y seguridad. IQWiG, un instituto científico independiente encargado por el Ministerio o por el Comité Federal Conjunto, apoya la evaluación de la evidencia para las decisiones de reembolso. Esto vincula la ETS directamente con las normas nacionales de cobertura y de fijación de precios, lo que ayuda a asegurar que la adopción esté impulsada por la evidencia. En el caso de las aplicaciones de salud digital, la evaluación también abarca la usabilidad y la accesibilidad, incluido el apoyo a las personas con discapacidad. La vía de los medicamentos considera el beneficio para distintos grupos de pacientes, aunque las consideraciones de equidad más amplias son menos explícitas.
El modelo de ETS de Corea está integrado verticalmente. El Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS) regula tanto los medicamentos como los dispositivos médicos y supervisa la autorización de comercialización, el control de calidad y seguridad, el cumplimiento en el mercado, y la vigilancia y farmacovigilancia poscomercialización. La Agencia Nacional de Colaboración en Atención Sanitaria Basada en Evidencia, fundada por el Gobierno de Corea como una agencia independiente que colabora con el Ministerio de Salud y Bienestar, lidera la ETS, mientras que el Servicio de Revisión y Evaluación del Seguro de Salud, dependiente del ministerio, revisa las reclamaciones, gestiona los estándares de prestaciones y realiza la evaluación de la calidad. La ETS está vinculada a las decisiones nacionales de cobertura y reembolso, lo que ayuda a orientar la adopción mediante una revisión a nivel de todo el sistema. Las guías oficiales no son explícitas en cuanto a un requisito formal de evaluar los efectos diferenciales sobre los grupos vulnerables.
El modelo de ETS de España se basa en una red, en lugar de centrarse en una única agencia nacional. RedETS (Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud) reúne a siete agencias regionales y una agencia estatal bajo la coordinación del Ministerio de Sanidad, con una secretaría técnica permanente y una metodología común para apoyar las decisiones sobre la incorporación, la desinversión y el uso apropiado de las tecnologías médicas en el Sistema Nacional de Salud. La unidad de ETS a nivel estatal es la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias dentro del Instituto de Salud Carlos III. La vigilancia poscomercialización se sitúa principalmente fuera de la ETS y está liderada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es responsable de la evaluación, la autorización y el monitoreo continuo de los medicamentos, así como del control y la vigilancia de los dispositivos médicos. En materia de equidad, el marco estratégico de RedETS apoya decisiones que promuevan la equidad, la cohesión y la sostenibilidad.
Aunque sus modelos institucionales difieren, los tres países utilizan la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) para hacer que la adopción de tecnologías sea más sistemática, transparente y basada en la evidencia. Estos mecanismos ilustran el valor de vincular la evaluación con las decisiones sobre si se adoptan, cubren o reembolsan las tecnologías, y bajo qué condiciones. Asimismo, incorporan en diversa medida consideraciones de equidad y el aprendizaje posterior a la comercialización.
Fuente: Chapman (2025[20]), “Towards identifying good practices in the assessment of digital medical devices: Insights from several OECD countries”, https://doi.org/10.1787/b485ee1f-en; OECD (2005[21]), “Health Technologies and Decision Making”, https://doi.org/10.1787/9789264016224-en; OECD (2022[22]), Towards an Integrated Health Information System in Korea, https://doi.org/10.1787/c4e6c88d-en; O’Rourke, Oortwijn and Schuller (2020[23]), “The new definition of health technology assessment: A milestone in international collaboration”, https://doi.org/10.1017/S0266462320000215.
La vigilancia poscomercialización está estandarizada para productos farmacéuticos y dispositivos médicos, pero varía para los hemoderivados
Perú, Paraguay, México, Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil, Guatemala y Panamá evalúan de manera consistente los productos farmacéuticos; las evaluaciones de dispositivos médicos se realizan en Perú, Paraguay, México, Ecuador, Chile, Costa Rica, Brasil, Guatemala y Panamá. Las evaluaciones de hemoderivados son menos comunes, reportadas en Perú, México, Argentina, Costa Rica, Guatemala y Panamá. Casi todos los países que realizan evaluaciones cuentan con normas formales para evaluar el cumplimiento, asegurando que las tecnologías cumplan los requisitos de seguridad en su uso. Los vínculos directos entre los hallazgos de la ETS y las decisiones de reembolso son menos comunes.
Perú es el único país que reporta que los resultados de la ETS están vinculados a las decisiones de reembolso en tres dominios: dispositivos médicos, productos farmacéuticos y hemoderivados. Chile y Paraguay conectan la ETS con el reembolso solo para los productos farmacéuticos, mientras que todos los demás países que respondieron reportan no tener ningún vínculo.
Perú y Paraguay exigen sistemáticamente consideraciones de equidad en la ETS
Un componente clave de la ETS moderna es determinar si se considera el impacto diferencial sobre las poblaciones vulnerables durante el proceso de evaluación. Perú y Paraguay exigen sistemáticamente consideraciones de equidad, mientras que México, Ecuador, Argentina, Granada, Chile y Brasil las consideran solo ocasionalmente. Santa Lucía, Belice, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá reportan que la equidad aún no está integrada en los procesos formales de ETS.
Desde el establecimiento de la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) hasta la integración de la evaluación, la vigilancia y el reembolso
Los países también presentan puntos de partida diferentes en cuanto a la gobernanza de las tecnologías sanitarias. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú combinan una función institucionalizada de ETS con la evaluación sistemática de productos farmacéuticos y, en la mayoría de los casos, de dispositivos médicos tras su comercialización, lo que proporciona una base más sólida para garantizar la calidad de las tecnologías. Belice, la República Dominicana, El Salvador, Granada, Haití, Honduras, Nicaragua y Santa Lucía aún se encuentran consolidando uno o ambos pilares. Para los países con sistemas más consolidados, el siguiente desafío consiste cada vez más en vincular de manera más sistemática la evaluación y la vigilancia con el reembolso, el uso adecuado y las consideraciones de equidad; Perú, y en menor medida Chile y Paraguay, ejemplifican los avances en esta dirección.
Estudios de auditoría nacionales
Los estudios de auditoría nacionales son una herramienta crítica para examinar la calidad de la atención en áreas de alto riesgo donde es más probable que ocurran errores clínicos o eventos adversos. Al revisar sistemáticamente los procesos de atención, los resultados y los registros médicos, pueden revelar el daño prevenible, identificar desviaciones de la práctica recomendada y apoyar la acción correctiva a nivel de proveedor, establecimiento y sistema. Son particularmente valiosos para el seguimiento de las principales complicaciones quirúrgicas, la mortalidad relacionada con la anestesia y las muertes maternas. La revisión sistemática de los registros médicos permite a los sistemas de salud identificar el daño prevenible e implementar acciones correctivas (OECD/WHO/World Bank Group, 2018[3]).
En toda América Latina y el Caribe, los países están construyendo las bases de una infraestructura nacional de medición de la calidad, pero pocos han incorporado estas medidas en la rendición de cuentas y la gobernanza rutinarias
Se utilizan indicadores nacionales de calidad estandarizados en toda la región para hacer seguimiento de la estructura, el proceso y los resultados. Seis países; México, Santa Lucía, Colombia, Haití, Nicaragua y Panamá, reportan conjuntos integrales de indicadores nacionales, mientras que la mayoría de los demás, incluidos Perú, Paraguay, Ecuador, Argentina, Granada, Chile, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras y la República Dominicana, describen los suyos como parciales o todavía en desarrollo. Belice no reporta ningún conjunto nacional de indicadores de calidad. La amplitud de los conjuntos de indicadores nacionales no debe interpretarse, por sí sola, como una medida de la madurez del sistema de medición. Los países pueden diferir en la forma en que evalúan si sus marcos son exhaustivos, y los sistemas con conjuntos de indicadores más reducidos pueden, aun así, utilizarlos eficazmente para la presentación de informes, la evaluación comparativa o la rendición de cuentas. Lo que importa no es solo el alcance de la medición, sino también la calidad de los datos, la cobertura y su uso sistemático para la mejora.
La notificación pública del desempeño de los proveedores está plenamente implementada en Perú, Chile y Colombia, y parcialmente implementada en Paraguay, Ecuador, Granada, Brasil, El Salvador, Panamá y la República Dominicana. Se publican informes nacionales regulares de desempeño de calidad en Perú, México, Chile, El Salvador, Haití y Panamá. Los mecanismos que convierten los indicadores en acción siguen siendo desiguales: ocho países; Paraguay, Ecuador, Granada, Colombia, Brasil, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, utilizan los indicadores para la auditoría rutinaria y la retroalimentación a los proveedores; seis —Paraguay, Granada, Chile, Haití, Honduras y Panamá— los utilizan para la comparación entre establecimientos; y solo Perú y Paraguay los vinculan al pago por desempeño. El uso más común, reportado por seis países (Paraguay, México, Ecuador, Argentina, Costa Rica y Brasil), es alimentar con los indicadores las colaboraciones de aprendizaje, un enfoque menos prescriptivo que se basa en la participación voluntaria. En conjunto, muchos países en la región tienen los componentes básicos para la medición y control de calidad, pero la medición todavía no está consistentemente vinculada a la contratación, la supervisión, la presupuestación o los incentivos financieros.
Para impulsar la mejora clínica, varios países miden el impacto de las guías de práctica en los resultados de los pacientes. Once países; Paraguay, México, Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, mantienen sistemas nacionales de monitoreo para este fin; Perú y Granada utilizan un seguimiento local o regional. Ecuador, Santa Lucía, Belice, Costa Rica y Brasil no reportan sistemas formales de monitoreo. A pesar de estos esfuerzos, las barreras para una implementación efectiva de las guías incluyen recursos limitados (reportado por 16 países), mecanismos de difusión inadecuados (15 países), resistencia al cambio en la práctica clínica (11 países), falta de conocimiento (11 países) e incentivos insuficientes (13 países). Para fomentar el cumplimiento, los países están implementando sistemas de seguimiento y evaluación; no obstante, la cobertura nacional sigue siendo desigual y algunos dependen de acuerdos locales o regionales. Entre las barreras habituales figuran la escasez de recursos e infraestructura, la difusión deficiente, la resistencia a los cambios en la práctica clínica, la falta de concienciación y los incentivos insuficientes.
Guías de práctica basadas en evidencia
Las guías de práctica clínica basadas en evidencia son fundamentales para fortalecer la calidad y reducir los eventos adversos. Apoyándose en la mejor investigación disponible, ayudan a los clínicos y a los pacientes a tomar decisiones de atención apropiadas y efectivas, y estandarizan las intervenciones de alto valor para reducir la inercia clínica y la variación injustificada de la atención.
En ALC, el desarrollo y la implementación de las guías están en gran medida institucionalizados a través de grupos de expertos bajo la coordinación directa del gobierno
En Perú, Paraguay, México, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Chile, Colombia, Belice y Brasil, los ministerios de Salud o las autoridades nacionales delegadas lideran los grupos técnicos que redactan y actualizan los estándares, alineando las guías con las prioridades nacionales y las políticas de cobertura.
La mayoría de los países integran consideraciones de equidad en el diseño de las guías. Ocho países; Perú, Paraguay, México, Ecuador, Argentina, Santa Lucía, Costa Rica y Brasil, incluyen sistemáticamente recomendaciones para abordar las disparidades en el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los grupos desfavorecidos. Nueve países; Granada, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, incluyen ocasionalmente tales consideraciones. Belice reporta que la equidad no se incluye en el diseño de las guías.
Los ciclos de actualización para las principales afecciones, incluidos el cáncer y la enfermedad cardiovascular (ECV), varían en frecuencia. Paraguay reporta actualizaciones sistemáticas de las guías de práctica clínica cada 2 a 3 años tanto para el cáncer como para la ECV; Chile actualiza las guías de cáncer cada 2 a 3 años, pero no actualiza regularmente las guías de ECV. Perú, México, Argentina y Colombia actualizan las guías aproximadamente cada 4 a 5 años. Ecuador, Costa Rica, Brasil y la República Dominicana reportan que las guías no se actualizan regularmente. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá actualizan las guías solo cuando surge nueva evidencia significativa. Granada sigue un enfoque similar basado en la evidencia. El alcance de las guías de práctica clínica varía entre países. Para el cáncer, Perú, Ecuador, Argentina, Santa Lucía, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua y la República Dominicana reportan guías que incorporan una perspectiva de la trayectoria del paciente, abordando la coordinación y la integración de la atención entre establecimientos y niveles del sistema de salud. Paraguay, México, Granada, Chile, Honduras y Panamá reportan guías de cáncer que se limitan principalmente a especificaciones clínicas a nivel de establecimiento. Belice, Costa Rica y Brasil se centran de manera similar en aspectos clínicos a nivel de establecimiento. Para la enfermedad cardiovascular, la perspectiva de la trayectoria del paciente está más extendida: Perú, Paraguay, Ecuador, Argentina, Granada, Santa Lucía, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua y la República Dominicana la incorporan, mientras que México, Chile, Honduras, Panamá, Belice, Costa Rica y Brasil se centran en especificaciones a nivel de establecimiento.
A pesar de las guías de alta calidad, la implementación enfrenta barreras. Para fomentar la adherencia, los países están implementando sistemas de monitoreo y evaluación
Los recursos y la infraestructura limitados, la resistencia a los cambios en la práctica clínica y la difusión inadecuada son las barreras más comunes para la implementación de las guías (Figura 1.8). Para fomentar la adherencia, los países están implementando sistemas de monitoreo y evaluación: Paraguay, México, Argentina y Chile han establecido sistemas nacionales para hacer seguimiento del impacto de las guías de práctica en los resultados de los pacientes. Otros, como Perú y Granada, se apoyan en el monitoreo local o regional. Estos sistemas ayudan a identificar las brechas en el cumplimiento y a impulsar formación o asignación de recursos focalizadas.
Nota: Respuesta a las preguntas: «¿Cuáles son las principales barreras para la implementación de las guías de práctica en su país?» Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026: Encuesta de políticas de calidad de la atención.
Importancia de los datos de salud y la infraestructura digital
Los datos de salud y la infraestructura digital son habilitadores esenciales de la mejora de la calidad, pero su contribución depende no solo de la disponibilidad de datos, sino también de la interoperabilidad, la capacidad de enlace, el uso rutinario para la evaluación del desempeño y el acceso significativo para los pacientes. Como se muestra en el Capítulo 5, muchos países de América Latina y el Caribe han establecido sistemas digitales de datos de salud y cierta capacidad de gobernanza y monitoreo, pero persisten brechas importantes en la integración de datos entre los entornos de atención, en el uso rutinario de los datos para la mejora de la calidad y en el acceso de los pacientes a su propia información. Estas limitaciones debilitan la continuidad de la atención, restringen la medición del desempeño y reducen la capacidad de los sistemas de salud para apoyar una atención más segura, más eficiente y más centrada en las personas. Más detalles se presentan en el Capítulo 5, en las secciones sobre Disponibilidad de datos de salud y Uso y capacidades de datos de salud.
Los incentivos financieros y las reformas del pago a proveedores pueden mejorar la calidad de la atención y fomentar la integración entre niveles de atención cuando se integran en sistemas de financiamiento coherentes, habilitados por datos y de compra estratégica. Los métodos de pago configuran el comportamiento de los proveedores al influir en lo que se recompensa en la práctica: pueden alentar una mejor coordinación, prevención y continuidad de la atención, pero también pueden reforzar el volumen y la fragmentación si están mal diseñados. El trabajo de la OCDE ha enfatizado que los arreglos de compra son más efectivos cuando los incentivos financieros se vinculan a objetivos de calidad claros, a una medición confiable y a mecanismos de rendición de cuentas, de modo que el pago apoye mejores resultados y una mejor experiencia del paciente, en lugar de solo la actividad (OECD/WHO, 2023[24]).
El grado en que la calidad se integra en los sistemas de pago varía significativamente en la región
Perú y Chile ponderan la calidad por encima del 10 % de los pagos por servicios hospitalarios; Perú lo extiende a las redes integradas de atención. Santa Lucía, Chile y Brasil aplican pagos importantes vinculados a la calidad principalmente dentro de la atención primaria de salud (APS). Paraguay, México y Argentina ponderan la calidad por debajo del 10 % de los pagos en el reembolso hospitalario y de la APS. Los 12 países restantes, incluidos Colombia, Ecuador, Granada, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, no reportan la implementación de reformas de pago vinculadas a la calidad a nivel nacional, aunque esto no excluye su uso a nivel del pagador o subnacional1. En Colombia, por ejemplo, se sabe que las entidades promotoras de salud (EPS) aplican la contratación basada en el desempeño y modalidades de pago vinculadas a la calidad de manera desigual en sus redes de proveedores, incluso en ausencia de una política estandarizada a nivel nacional.
Los países despliegan varios mecanismos para impulsar el desempeño. El pago por desempeño (P4P) se utiliza en Perú, México, Santa Lucía, Chile (APS) y Brasil, vinculando las recompensas a metas de calidad. El financiamiento basado en resultados (FBR) se utiliza en Paraguay, Argentina y Brasil, atando el financiamiento a productos y resultados verificados. Los modelos mixtos incluyen los grupos relacionados con el diagnóstico (GRD) y las contribuciones obligatorias de Chile, y las subvenciones en bloque y el financiamiento basado en la adquisición de Granada. Cabe señalar que varios de estos mecanismos también pueden operar por debajo del nivel nacional a través de aseguradores individuales, gobiernos subnacionales o iniciativas programáticas específicas, de maneras que no son captadas por un instrumento de encuesta enfocado en la política nacional.
La experiencia internacional sugiere que la reforma del pago es más efectiva cuando los incentivos vinculados a la calidad se introducen como parte de un paquete más amplio en lugar de como una palanca aislada. Los incentivos financieros por sí solos fueron en general insuficientes para producir grandes cambios en el comportamiento de los proveedores. Los resultados más prometedores se asociaron con medidas complementarias como la formación, los incentivos no financieros, un mejor ajuste por riesgo, métricas de calidad más claras y una mayor certeza sobre los niveles de pago. Esto refuerza el mensaje de que la compra orientada a la calidad depende tanto del diseño y de la capacidad de implementación como de la existencia misma de los incentivos (Barber et al., 2025[25]).
Para determinar estos pagos, los sistemas de salud hacen seguimiento de una variedad de métricas e indicadores de desempeño
Los resultados de salud, como las tasas de mortalidad o de readmisión, se utilizan en Paraguay, México, Santa Lucía, Chile, Costa Rica y Brasil para determinar las asignaciones financieras. El éxito en las medidas de atención preventiva es una prioridad para Paraguay, Granada, Santa Lucía, Chile y Brasil. Además, la adherencia a las guías de práctica clínica basadas en evidencia sirve como un indicador formal de pago en Paraguay, Chile y Brasil, asegurando que los protocolos estandarizados se sigan en la práctica. Si bien es menos común, las medidas de experiencia y satisfacción del paciente se incorporan en los procesos de pago en Paraguay, Chile y Panamá.
Estos patrones señalan distintos puntos de partida en materia de compras vinculadas a la calidad. Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía han implementado mecanismos de pago vinculados a la calidad a nivel nacional, desplazando el desafío de política hacia la mejora de su diseño, medición y alineación con los objetivos de calidad. En los países restantes, donde aún no se han aplicado reformas nacionales de pago vinculado a la calidad, fortalecer las bases de medición y de compra estratégica necesarias para introducir tales incentivos sigue siendo una prioridad más inmediata.
Los siguientes ejemplos muestran cómo los indicadores de calidad pueden incorporarse a las decisiones de compra y pago, en lugar de recopilarse por separado.
Paraguay ha introducido el financiamiento basado en resultados en siete regiones sanitarias, estableciendo metas claras y vinculando los recursos al cumplimiento de indicadores de calidad en las áreas de salud materno-infantil, hipertensión, diabetes, cánceres de la mujer, VIH/ITS y tuberculosis.
Chile emplea un sistema híbrido que integra los grupos relacionados con el diagnóstico con elementos de desempeño, aprovechando el cumplimiento de las guías clínicas y los datos de resultados para impulsar el desempeño hospitalario. Chile también opera un esquema de pago por desempeño (P4P) en la atención primaria que recompensa a los equipos de APS con bonificaciones por alcanzar metas predefinidas en los indicadores de calidad de la atención.
Perú aplica una ponderación sustancial de la calidad en hospitales y redes integradas mediante el presupuesto basado en resultados, esquemas piloto de pago por desempeño dirigidos a afecciones específicas, y la contratación por capitación en el nivel de atención primaria, lo que refleja una incorporación progresiva de los incentivos financieros en lugar de un sistema nacional consolidado.
Brasil concentra las reformas de pago en la atención primaria, utilizando el financiamiento basado en resultados para promover la atención preventiva y los resultados de salud comunitaria.
Fuente: Encuesta de Políticas de Calidad de la Atención de Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026 de la OCDE.
La seguridad del paciente es un principio central de la atención sanitaria. Si bien las complicaciones no pueden eliminarse por completo dada la complejidad clínica, las medidas sistemáticas de seguridad pueden reducir sustancialmente el daño. Los sistemas de alta calidad adoptan un «enfoque sistémico», tratando los errores como oportunidades para abordar las fallas latentes en los procesos, los protocolos y el diseño organizacional (McNab et al., 2020[26]). Al priorizar la prevención del daño evitable, los errores de medicación, las complicaciones quirúrgicas y las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS), los sistemas protegen a los pacientes y al personal y reducen las cargas financieras y psicológicas de una atención insegura (WHO, 2024[10]).
La mayoría de los países han establecido un liderazgo nacional en seguridad del paciente, pero los programas formales siguen siendo desiguales
Los ministerios de Salud lideran la seguridad del paciente en 18 de 19 países, con autoridades sanitarias regionales y locales que desempeñan un papel de apoyo en 13. Solo Panamá reporta una agencia nacional dedicada a la seguridad del paciente; todos los demás países carecen de esta capa institucional, lo que puede limitar la autoridad y la profundidad técnica disponibles para una mejora sostenida de la seguridad.
Los programas nacionales de seguridad del paciente están presentes en 12 de 19 países. Siete países; Argentina, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá, no reportan ningún programa formal. Entre los países con programas, los elementos más ampliamente adoptados son la prevención y el control de infecciones, y el uso seguro de dispositivos médicos (reportados cada uno por 12 países), seguidos de la seguridad quirúrgica (11), la seguridad de los medicamentos y la transfusión segura de sangre (11 cada uno), y el reporte y aprendizaje de los eventos adversos y la identificación del paciente (10 cada uno). La prevención de caídas, aunque menos común, es abordada por 8 países.
El reporte de eventos adversos es más sólido en el sector público, pero todavía no se utiliza sistemáticamente para el aprendizaje
El reporte de eventos adversos y errores médicos es un indicador clave de una cultura de seguridad cada vez más consolidada, aunque la implementación difiere marcadamente entre sectores. En el sector público, seis países mantienen sistemas de reporte obligatorio (Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, El Salvador y Haití), mientras que ocho operan sistemas voluntarios (México, Ecuador, Granada, Santa Lucía, Chile, Belice, Costa Rica y Brasil, con Ecuador y Brasil operando tanto canales obligatorios como voluntarios). Seis países no reportan ningún procedimiento nacional de reporte en el sector público: Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.
En el sector privado, el panorama es más débil: solo Ecuador y El Salvador exigen el reporte de eventos adversos a los proveedores privados, y cinco países ofrecen sistemas voluntarios (Paraguay, México, Ecuador, Belice y Costa Rica). Siete países no reportan ningún procedimiento nacional de reporte para el sector privado: Perú, Santa Lucía, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. Sin embargo, pueden existir estándares subnacionales dentro de las capacidades de supervisión de las agencias regulatorias. Cuando se recopilan datos de eventos adversos, su uso más común es informar las iniciativas de mejora de la calidad (9 países: Perú, Paraguay, México, Ecuador, Granada, Chile, Colombia, Brasil y El Salvador), seguido de la educación profesional (5). Sin embargo, solo cuatro países utilizan los datos reportados para la notificación pública (Paraguay, Chile, Colombia y Brasil), y solo Paraguay y Haití aplican medidas regulatorias o sanciones con base en los eventos reportados. Tres países, Paraguay, Belice y Costa Rica, reportan que los datos recopilados no se utilizan sistemáticamente. En un sentido más amplio, el uso de la información sobre eventos adversos para el aprendizaje, la notificación pública y la adopción de medidas regulatorias sigue siendo desigual.
La mayoría de los países han construido programas de prevención y control de infecciones, pero persisten brechas en la notificación pública
Los programas robustos de prevención y control de infecciones (PCI) son críticos para reducir las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS) y se priorizan en toda la región. En el sector público, 18 de 19 países reportan contar con guías de PCI (Argentina es la excepción debido a datos faltantes); hay especialistas dedicados al control de infecciones en 16, sistemas de vigilancia de infecciones intrahospitalarias en 15, comités obligatorios de control de infecciones en 16, y formación regular del personal en 17. El sector privado va modestamente a la zaga: las guías de PCI están vigentes en 13 países, la vigilancia en 12, y los especialistas en control de infecciones en 10, aunque dos países (Granada y Panamá) no reportan políticas formales de PCI para los establecimientos privados.
El uso de indicadores estandarizados de IAAS a nivel hospitalario está ampliamente extendido en el sector público. Las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) son objeto de seguimiento en 14 países, mientras que las infecciones urinarias asociadas a catéter (IUAC) son monitoreadas por 11. Las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a vía central (ITSAVC) y la neumonía asociada a ventilador (NAV) son monitoreadas cada una por 12 países. Las tasas de cumplimiento de la higiene de manos son objeto de seguimiento por 11 países, y los indicadores de uso racional de antibióticos por 8, aunque esto sigue siendo una brecha que vale la pena señalar dada la creciente resistencia a los antimicrobianos en la región. La transparencia pública de estos datos varía en la región: siete países reportan que los datos de IAAS en el sector público están estandarizados a nivel nacional y se divulgan públicamente (Paraguay, México, Ecuador, Santa Lucía, Chile, Colombia y Brasil). Cinco países; Perú, Granada, Costa Rica, El Salvador y la República Dominicana, mantienen datos estandarizados a nivel nacional, pero no los divulgan públicamente. Cinco países no reportan ningún dato estandarizado de IAAS en el sector público (Belice, Guatemala, Haití, Nicaragua y Panamá). En el sector privado, la notificación pública es menos común: cinco países publican datos estandarizados a nivel nacional (Paraguay, México, Ecuador, Colombia y Brasil), mientras que cuatro mantienen datos estandarizados a nivel nacional pero no públicos (Chile, Costa Rica, El Salvador y la República Dominicana). Seis países no reportan ningún dato estandarizado de IAAS del sector privado (Granada, Belice, Guatemala, Haití, Nicaragua y Panamá).
Solo cuatro países reportan contar con un sistema de codificación estandarizado para los incidentes de seguridad y los cuasi accidentes
Solo cuatro países (Perú, Argentina, Santa Lucía y Belice) reportan contar con un sistema de codificación estandarizado para los incidentes de seguridad y los cuasi accidentes, como SNOMED-CT o la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente de la OMS. Perú señala que sus Comités de Seguridad del Paciente utilizan actualmente un marco nacional para la notificación y el análisis de eventos adversos, con SNOMED-CT previsto para la siguiente fase. La adopción limitada de la codificación estandarizada para los cuasi accidentes es significativa: captar los eventos que casi causaron daño (pero no lo hicieron) es ampliamente reconocido como una de las herramientas más efectivas para la gestión proactiva del riesgo, y su ausencia en la mayoría de los países de ALC sugiere que los sistemas de seguridad siguen orientados hacia la investigación reactiva en lugar del aprendizaje prospectivo (Alfayez et al., 2025[27]).
La atención centrada en las personas es un rasgo distintivo de los sistemas de salud de alta calidad; supone pasar del paternalismo a la colaboración y ofrecer una atención que respeta y responde a las preferencias, necesidades y valores individuales. Este enfoque empodera a los pacientes para participar en las decisiones de atención, fortalecido por la alfabetización en salud para permitir elecciones informadas y mejorar la seguridad. Más allá de los encuentros clínicos, los sistemas bien diseñados crean oportunidades para la participación del paciente en la formulación de políticas y solicitan sistemáticamente la retroalimentación de los usuarios, aumentando la rendición de cuentas y revelando brechas sistémicas. La literatura nos dice que los elementos de la OCDE de los sistemas de salud centrados en las personas mejoran la rendición de cuentas, revelan las brechas que importan a los usuarios y ayudan a alinear los servicios más estrechamente con lo que las personas necesitan (OECD, 2021[28]). La evidencia reciente de la encuesta PaRIS de la OCDE también muestra que una atención más centrada en las personas se asocia con mejores resultados y experiencias reportados por los pacientes, en particular para las personas que viven con afecciones crónicas, lo que subraya que la colaboración con los pacientes no es solo una cuestión de receptividad, sino también un contribuyente importante a una mejor atención (OECD, 2025[29]).
Las encuestas nacionales de satisfacción están implementadas en 10 de 19 países
Los países de ALC emplean diversos mecanismos para captar la voz del paciente, con distintos niveles de institucionalización. Las encuestas nacionales de satisfacción están implementadas en 10 de 19 países (Paraguay, México, Ecuador, Granada, Santa Lucía, Chile, Belice, Colombia, Costa Rica y Brasil). La transformación digital ha facilitado el surgimiento de plataformas en línea o líneas telefónicas para quejas y sugerencias en 15 países, lo que proporciona un canal directo para la retroalimentación de los usuarios. Las estructuras más formales, como los consejos o comités consultivos de pacientes, son menos comunes, pero están activas en Paraguay, México, Chile, Brasil y Haití. Chile presenta un modelo particularmente robusto a través de la Ley 20.500, que exige Consejos de la Sociedad Civil y Consejos Consultivos de Usuarios en los hospitales y Consejos de Desarrollo Local en la atención primaria. Por el contrario, Argentina, Santa Lucía, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana reportan mecanismos nacionales de encuestas de satisfacción limitados o inexistentes, lo que indica brechas en la forma en que las opiniones de los pacientes influyen en la política.
Las organizaciones de pacientes son defensoras esenciales, aunque sus roles varían. En todos los países encuestados, excepto Belice, existen grupos que se centran en la promoción de afecciones específicas. Las organizaciones generales de defensa de los pacientes son más prominentes en México, Colombia y Brasil. Su influencia en la calidad de la atención es más fuerte donde están integradas en ciclos formales de monitoreo o de política. Por ejemplo, las organizaciones en Paraguay, Chile, Colombia y Costa Rica participan en el monitoreo y la evaluación de los servicios; los grupos en Paraguay, Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil y Panamá contribuyen directamente a la formulación de políticas. Belice no reporta organizaciones formales de pacientes, lo que limita la representación estructurada de los intereses de los pacientes.
La medición sistemática de la experiencia del paciente sigue siendo un desafío
La medición estandarizada a nivel nacional se reporta en Ecuador, Chile y Colombia. En México, Granada y Brasil, las mediciones están actualmente restringidas a regiones o establecimientos de salud específicos, en lugar de ser un requisito nacional universal. Nueve países; Paraguay, Argentina, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, reportan que la medición no está estandarizada, y Santa Lucía y Costa Rica reportan que la experiencia del paciente no se mide en absoluto. Perú emplea la metodología SERVQUAL para evaluar la satisfacción de los usuarios, centrándose en la alineación entre las expectativas y las percepciones de los pacientes.
La recopilación de datos está liderada principalmente por los ministerios de Salud (9 países) y por los proveedores individuales de servicios de salud (9 países). En algunos contextos, organismos especializados como SUSALUD en Perú o la Agencia de Aseguramiento de la Calidad en Ecuador toman la iniciativa. Las organizaciones de investigación independientes y los grupos de pacientes rara vez recopilan o reportan datos de experiencia; Paraguay es el único país que identifica a los investigadores independientes como partes interesadas clave en este proceso.
Los datos aportados por los pacientes complementan los indicadores convencionales al mostrar cómo las personas viven la atención sanitaria y cómo los sistemas de salud responden a sus necesidades. Sin embargo, su uso rutinario y estandarizado sigue siendo limitado en gran parte de la región. En América Latina, cinco países participan en la Red «Quality Evidence for Health Systems Transformation» (QuEST), una alianza mundial que promueve sistemas de salud de alta calidad, centrados en las personas y equitativos mediante una mejor medición y prácticas basadas en la evidencia. Un componente fundamental de esta iniciativa es la Encuesta «People’s Voice Survey» (PVS), una encuesta poblacional de modalidad mixta que recoge lo que las personas valoran y experimentan en los sistemas de salud.
Los resultados de 2025 en Argentina, Colombia, México, Perú y Uruguay muestran que, si bien el contacto con los servicios de salud es habitual, el acceso a una atención primaria de alta calidad sigue siendo limitado. Solo entre el 30 % y el 35 % de los adultos afirma tener un punto de atención habitual que cumpla los criterios básicos de calidad, y menos de la mitad cree firmemente que recibiría una atención de alta calidad o asequible si enfermara gravemente. Aproximadamente dos tercios recibieron algún tipo de atención preventiva durante el último año, pero la prestación de atención a los grupos de riesgo se queda rezagada: solo alrededor del 42 % de los adultos de 50 años o más afirma haberse sometido a pruebas de detección de riesgo cardiovascular. Los resultados también señalan problemas con los tiempos de espera y la continuidad, mientras que la atención de la salud mental destaca como una importante deficiencia, ya que solo alrededor de una cuarta parte de quienes informaron necesitarla recibieron la atención adecuada.
Las encuestas de la OCDE sobre indicadores comunicados por los pacientes (PaRIS) ofrecen una perspectiva diferente y más detallada. PaRIS se centra en los usuarios de la atención primaria, especialmente en las personas que padecen enfermedades crónicas, y relaciona las respuestas de los pacientes con la información procedente de sus centros de atención primaria. En los países que participan en PaRIS, el 87 % de los encuestados declaró haber tenido una experiencia positiva con la atención sanitaria y el 66 % afirmó gozar de buena salud general.
Nota: Estimaciones ponderadas. Argentina (Mendoza) N = 1 190, Colombia N = 1 237, México N = 1 002, Perú N = 1 255; Uruguay N = 1 237.
Fuente: Encuesta «People’s Voice Survey» de Quest Network 2025.
E-cohorts: ampliar la voz de la ciudadanía mediante el seguimiento longitudinal
Las cohortes electrónicas complementan la encuesta transversal «People’s Voice Survey» al realizar un seguimiento de las experiencias, las trayectorias asistenciales y los resultados a lo largo del tiempo. Implementadas en Perú y Uruguay, combinan seguimientos repetidos con datos clínicos y aportados por los pacientes para evaluar la continuidad, la capacidad de respuesta y la eficacia de la atención sanitaria. En Perú, los resultados muestran que este enfoque es viable, con una tasa de retención superior al 95 %, y que puede mejorar el control de la presión arterial, al tiempo que pone de manifiesto deficiencias persistentes en la continuidad de la atención.
Fuente: People’s Voice Survey Quest Network 2025; OCDE (2025[29]), Does Healthcare Deliver?: Results from the Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS), https://doi.org/10.1787/c8af05a5-en.
Atención integrada
La atención integrada es central para mejorar la calidad en ALC. Organiza los servicios en un continuo; desde la prevención y la promoción de la salud hasta el tratamiento, la rehabilitación y la atención paliativa, en todos los niveles y entornos. Como estrategia para elevar la calidad, la atención integrada reduce la fragmentación, fortalece la coordinación y la cooperación entre proveedores, y alinea los servicios con las necesidades y preferencias de los pacientes, tendiendo puentes entre la atención primaria, secundaria y terciaria para evitar una prestación en silos y asegurar transiciones fluidas. La OPS ha enmarcado durante mucho tiempo las redes integradas de servicios de salud (RISS) como una expresión operativa clave de la atención primaria de salud, diseñadas para mejorar el acceso, la eficiencia y la calidad (PAHO, 2026[30]). Los indicadores de resultados presentados anteriormente son coherentes con esta preocupación: los servicios preventivos suelen arrojar resultados comparativamente buenos, mientras que los indicadores relativos a la atención de afecciones agudas y crónicas, ámbitos en los que la coordinación puede resultar importante, presentan grandes variaciones entre países. Estos patrones deben interpretarse con cautela debido a las diferencias en el acceso y en la integridad de los datos.
La transición hacia la atención integrada en ALC enfrenta profundas barreras sistémicas en los entornos hospitalario, de atención primaria de salud y de atención de largo plazo. El obstáculo más significativo y extendido es la infraestructura de datos de salud poco desarrollada, que limita el intercambio en tiempo real de la información del paciente, reportado por 17 países para la APS y 18 para los hospitales. Existe una falta generalizada de monitoreo sistemático del impacto de la integración en la calidad y los resultados (señalada en 15 países en la APS; 14 en los hospitales). Las restricciones financieras son significativas, con 16 países en la APS y 15 en los entornos hospitalarios que citan un financiamiento y unos incentivos insuficientes para la colaboración. Más allá de estos problemas estructurales, México destaca una brecha específica en el desarrollo de habilidades de gestión para los líderes de unidades médicas, mientras que Granada apunta a la fragmentación entre los sectores público y privado y a la limitada integración de los servicios de salud mental y sociales como impedimentos importantes para un continuo de atención sostenible.
A pesar de estos obstáculos, los países están avanzando en políticas para fortalecer la coordinación de la atención. Los equipos multidisciplinarios se utilizan en 15 de 19 países: Paraguay, México, Granada, Santa Lucía, Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. Once países; Paraguay, México, Granada, Chile, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y la República Dominicana cuentan con estrategias formales y protocolos de atención integrada. Los registros electrónicos de salud (RES) compartidos entre proveedores operan en Paraguay, México, Costa Rica, Brasil y Panamá. Los incentivos financieros y los sistemas de monitoreo regular para promover y evaluar la coordinación están vigentes en Peru, Paraguay, México, Chile y Brasil, con sistemas de monitoreo también reportados en El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá y la República Dominicana. Chile y Brasil también emplean programas de navegación del paciente para apoyar las transiciones entre niveles de atención.
Los países parten de situaciones diferentes en la transición de la coordinación de la atención a la integración a nivel del sistema. Paraguay, México, Chile, Costa Rica, Brasil y Panamá han comenzado a complementar los mecanismos organizativos con elementos facilitadores estructurales, tales como historias clínicas electrónicas compartidas e incentivos financieros para la coordinación. En estos países, el desafío radica cada vez más en extender estas medidas a los distintos proveedores y entornos asistenciales, así como en evaluar si mejoran la continuidad y los resultados. En otros lugares, los equipos multidisciplinarios, los protocolos y el seguimiento constituyen bases importantes, pero el fortalecimiento de la infraestructura de información y financiación necesaria para respaldar la integración en todo el sistema sigue siendo una prioridad más inmediata.
La región de América Latina y el Caribe se encuentra en una coyuntura crítica. Como ha detallado este capítulo, está surgiendo una infraestructura fundamental para la calidad de la atención, y la mayoría de los países han establecido marcos regulatorios básicos y políticas de calidad. Sin embargo, el camino desde el establecimiento de estructuras hasta el logro de resultados de alta calidad está lejos de completarse.
La política de calidad de la atención en América Latina y el Caribe ha ido más allá de las iniciativas aisladas y ahora se asienta sobre una base institucional reconocible, pero la transición de la garantía básica de calidad hacia sistemas de calidad plenamente operativos, que aprenden y están centrados en las personas sigue siendo incompleta. Es importante señalar que los países no parten del mismo punto ni ocupan una posición única en todas las dimensiones de la calidad. Un país puede contar con mecanismos de acreditación o de gobernanza tecnológica relativamente consolidados y, al mismo tiempo, estar aun consolidando la medición, la atención integrada o la compra vinculada a la calidad. La siguiente fase es más exigente. Requiere un mayor uso de datos, una retroalimentación y una transparencia más sistemáticas, un aprendizaje organizacional más profundo y una mejor alineación entre la regulación, el financiamiento y la prestación de la atención en los distintos entornos y esquemas de atención. Esto también exige abordar la calidad no solo en los centros individuales, sino a lo largo de todo el recorrido del paciente, donde la continuidad, las derivaciones, el intercambio de información y la rendición de cuentas entre los proveedores determinan cada vez más si realmente se presta una atención de alta calidad. No obstante, la manera en que los países lleven a cabo estos cambios dependerá de los cimientos ya existentes en cada ámbito de las políticas.
Los desafíos transversales de la inequidad y la debilidad de la infraestructura digital requieren una atención prioritaria. Invertir en sistemas de datos interoperables no es un aspecto técnico secundario, sino el elemento fundamental para focalizar eficazmente las intervenciones, identificar disparidades ocultas e incorporar de forma sistemática las medidas reportadas por los pacientes. Cerrar las brechas de calidad en América Latina y el Caribe depende de articular una gobernanza sólida, sistemas de datos e incentivos estratégicos, al tiempo que se asume un compromiso con la equidad tanto en el sector público como en el privado. Este enfoque es coherente con la evidencia internacional sobre sistemas de salud de alto desempeño y ofrece el marco más claro para interpretar tanto los avances logrados como las brechas pendientes.
Las grandes brechas de desempeño apuntan a una atención organizada de manera desigual
El perfil de calidad de la región no es uniformemente débil, sino desigual: algunos indicadores muestran un desempeño sólido, mientras que otros revelan brechas muy grandes en la prestación de una atención oportuna y efectiva.
Las diferencias entre países son mayores en los indicadores que dependen de vías de tratamiento organizadas y de un manejo clínico oportuno, con brechas de casi cuatro veces tanto en la mortalidad tratable como en la letalidad intrahospitalaria a 30 días tras un infarto agudo de miocardio.
Los servicios preventivos, en particular la inmunización infantil, tienden a tener un desempeño más sólido que las vías de atención aguda y crónica.
Estos indicadores siguen siendo esenciales para la comparación, pero no miden la calidad de forma aislada: las diferencias en el acceso, la capacidad hospitalaria, la codificación, las referencias y la completitud de los datos también configuran los resultados observados.
Los hallazgos institucionales ofrecen patrones que permiten formular hipótesis, pero no revelan una relación simple entre la existencia de mecanismos individuales de calidad y los resultados obtenidos. En diversos ámbitos de política, especialmente en la gobernanza de la calidad, la acreditación y la gobernanza tecnológica, los países con sistemas más consolidados tienden a registrar tasas de mortalidad tratable más bajas que aquellos que aún están afianzando dichas bases. No obstante, este patrón no es universal ni suficiente para inferir una relación de causalidad. El caso de Paraguay ilustra esta limitación con especial claridad: a pesar de contar con políticas de calidad y mecanismos institucionales comparativamente amplios, la mortalidad tratable y varios resultados de la atención aguda siguen siendo relativamente deficientes. Por el contrario, en ámbitos específicos de política, es posible obtener buenos resultados aun con sistemas menos desarrollados.
Esto sugiere que es poco probable que la mejora de los resultados dependa de un único mecanismo de calidad. Más bien, el capítulo destaca la importancia de combinar una gobernanza eficaz, rutas asistenciales organizadas, sistemas de medición fiables, competencias profesionales y capacidad para implementar políticas de manera coherente. La siguiente etapa en la mejora de la calidad no radica tanto en ampliar el repertorio de indicadores o instrumentos de política, sino en utilizarlos para identificar dónde fallan las rutas asistenciales y garantizar que los mecanismos institucionales se traduzcan en una mejor atención. La evidencia internacional apunta en la misma dirección: los sistemas de alto desempeño combinan la medición de resultados con una organización de los servicios más sólida, una revisión transparente del desempeño y mecanismos explícitos para traducir los resultados en mejora (OECD/WHO/World Bank Group, 2018[3]).
La región ha construido las bases de la gobernanza de la calidad, pero todavía no sistemas plenamente capaces de aprender
El progreso en todas las demás prioridades de calidad depende de una instancia institucional claramente responsable de la calidad, con un mandato explícito, suficiente autoridad, financiamiento y capacidad de implementación tanto en el sector público como en el privado. Si bien muchos países han establecido estos elementos fundamentales, fortalecer su alcance y su capacidad para traducir las políticas en acciones concretas sigue siendo una prioridad central.
La mayoría de los países de la región ya han establecido una arquitectura institucional básica para la calidad de la atención. La calidad es ahora ampliamente reconocida como una prioridad de política; los ministerios de Salud generalmente lideran la agenda; y las funciones regulatorias centrales están presentes en muchos sistemas. Sin embargo, existe una distinción importante entre establecer estructuras de calidad y desarrollar la trayectoria completa, desde la política y la responsabilidad institucional hasta la implementación, el aprendizaje y la rendición de cuentas.
La habilitación, la regulación de medicamentos y otras funciones básicas de rectoría están generalmente avanzadas, mientras que la acreditación, la auditoría clínica, la notificación pública, el apoyo a la decisión y la medición reportada por los pacientes están menos consistentemente incorporados en la práctica rutinaria.
La garantía de calidad de la fuerza de trabajo todavía pone mayor énfasis en el ingreso a la práctica que en la competencia a lo largo del tiempo: la certificación inicial es común, pero la recertificación, los exámenes nacionales y la EMC/DPC obligatoria están mucho menos extendidos.
La evaluación de tecnologías sanitarias y la garantía externa de calidad se están institucionalizando cada vez más, pero los vínculos con el reembolso, la equidad y los ciclos más amplios de mejora de la calidad siguen siendo un desafío.
El alcance de una gobernanza de la calidad que abarque tanto la prestación pública como la privada sigue siendo desigual. La planificación de la fuerza laboral está considerablemente más desarrollada en el sector público, mientras que la notificación de eventos adversos y la prevención y el control de infecciones están menos institucionalizados de manera sistemática entre los proveedores privados. En los sistemas de salud donde la atención se presta mediante diversas modalidades públicas y privadas, la rectoría nacional debe garantizar que los estándares fundamentales de calidad, la medición y la rendición de cuentas se extiendan a todos los sectores.
Para los países que aún están consolidando estas bases, las prioridades incluyen una gobernanza y una rendición de cuentas más claras, un aseguramiento externo de la calidad más sistemático, mecanismos más sólidos para mantener la competencia profesional a lo largo del tiempo y una capacidad institucional básica para la medición y la seguridad del paciente. Los países con sistemas más consolidados se enfrentan a un desafío diferente: garantizar que los mecanismos existentes se apliquen de manera coherente, abarquen tanto a los proveedores públicos como a los privados y a los distintos entornos asistenciales, y generen aprendizaje y rendición de cuentas, en lugar de limitarse al mero cumplimiento.
No obstante, más allá de estos diversos puntos de partida, se comparte una orientación política más amplia: trascender la regulación y los modelos voluntarios para avanzar hacia un aseguramiento de la calidad más institucionalizado. Los sistemas de calidad maduros combinan una rectoría nacional clara con planes operativos, retroalimentación regular, desarrollo profesional, evaluación externa y un mayor uso de la evidencia en la toma de decisiones, idealmente implementados de manera sistemática tanto en el sector público como en el privado, y vinculados explícitamente al financiamiento y a la notificación pública. La experiencia de la OCDE también sugiere que la calidad profesional mejora cuando los sistemas de salud modernizan el papel de los trabajadores de la salud y pasan de una autorización única hacia el desarrollo y la rendición de cuentas continuos. Países como Francia (Haute Autorité de Santé, 2025[31]), donde la certificación hospitalaria es una evaluación externa obligatoria para todos los hospitales públicos y privados, y Australia, donde los estándares nacionales de seguridad y calidad están integrados en un esquema estructurado de acreditación, ilustran cómo los estándares y la garantía externa pueden integrarse de manera más sistemática con una gobernanza de la calidad más amplia.
El puente que falta es el uso rutinario de la medición, la información de seguridad y los incentivos para la mejora
La región está avanzando en materia de medición y seguridad. Muchos países han introducido indicadores de calidad, estudios de auditoría, guías de práctica, estructuras de seguridad del paciente y, en algunos casos, reformas de pago vinculadas a la calidad. El desafío es organizar estas herramientas en un sistema de mejora.
Los indicadores nacionales de calidad, los estudios de auditoría y las guías están cada vez más presentes, pero en muchos países no se vinculan de forma rutinaria con la supervisión, la contratación, la presupuestación o el pago. Por consiguiente, la evolución consiste en pasar del establecimiento de mecanismos fiables de medición y revisión a la integración de sus resultados en la gestión cotidiana, la rendición de cuentas y la toma de decisiones.
Los sistemas de seguridad del paciente están más avanzados en la prevención y el control de infecciones que en el aprendizaje organizacional a partir del daño: el reporte de eventos adversos sigue siendo desigual, la notificación pública es limitada, y la codificación estandarizada de los incidentes y los cuasi accidentes es poco frecuente. Por tanto, la evolución va desde el establecimiento de normas de seguridad y mecanismos de notificación hasta el uso prospectivo de la información para prevenir la recurrencia y difundir prácticas eficaces.
Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía han implementado mecanismos de pago vinculados a la calidad a nivel nacional, desplazando el desafío hacia la mejora del diseño, la medición y la alineación con los objetivos de calidad. En los países restantes, por lo general se requieren bases más sólidas en materia de medición y compra estratégica antes de que los incentivos financieros puedan convertirse en una palanca eficaz para mejorar la calidad en todo el sistema. En ambos casos, la evidencia refuerza la misma conclusión: los datos y los incentivos son más eficaces cuando se integran en sistemas más amplios de gobernanza, retroalimentación y apoyo a la implementación.
La literatura más amplia sugiere que este patrón es típico de los sistemas que han ensamblado los componentes de la política de calidad, pero todavía no los circuitos de retroalimentación que los hacen efectivos (Institute of Medicine, 2013[13]). La lógica de un sistema de salud que aprende es que los indicadores, las auditorías, los reportes de incidentes, los estándares clínicos, las herramientas digitales y el pago deberían reforzarse mutuamente a través de un ciclo continuo de medición, revisión y acción. El trabajo de la OCDE sobre la reforma del pago muestra de manera similar que los incentivos financieros funcionan mejor cuando forman parte de una estrategia de compra más amplia basada en datos confiables, objetivos de calidad claros y apoyo a la implementación, en lugar de ser una palanca aislada (Lindner and Lorenzoni, 2023[32]).
La atención centrada en las personas e integrada sigue siendo la dimensión menos institucionalizada de la calidad
Cada vez más países reconocen que la calidad debe trascender los centros y episodios de atención individuales para abarcar todo el recorrido del paciente. Esto cobra especial importancia en el caso de las enfermedades crónicas, la multimorbilidad y el envejecimiento de la población, situaciones en las que los resultados dependen de la continuidad entre los distintos proveedores y niveles asistenciales. La atención integrada y centrada en las personas es fundamental para esta transición, si bien aún es posible fortalecer los mecanismos institucionales necesarios para sostenerla en toda la región.
Muchos países tienen alguna forma de captar las opiniones de los pacientes, como encuestas de satisfacción, mecanismos de quejas u organizaciones de pacientes, pero menos utilizan medidas estandarizadas reportadas por los pacientes o incorporan la participación del paciente en los ciclos rutinarios de política y mejora de los servicios. Se observa una práctica más sólida en la región donde la voz del paciente va más allá de las quejas y las encuestas ad hoc hacia arreglos más institucionalizados. Chile se destaca por sus estructuras formales de participación, Perú por la medición nacional regular de la satisfacción del paciente, y Colombia por integrar la información centrada en las personas en observatorios de calidad y sistemas de monitoreo más amplios.
La atención integrada muestra una evolución similar. Los equipos multidisciplinarios, los protocolos y los mecanismos de coordinación son cada vez más frecuentes, mientras que los registros compartidos, la financiación alineada y la evaluación sistemática de la continuidad siguen estando menos extendidos. Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Perú han comenzado a complementar los mecanismos organizativos con elementos facilitadores estructurales, tales como historias clínicas electrónicas compartidas o incentivos financieros para la coordinación. En otros lugares, el fortalecimiento de la infraestructura de información y financiación necesaria para respaldar la integración sigue siendo una prioridad más inmediata.
La débil infraestructura de datos y el financiamiento fragmentado siguen limitando la continuidad de la atención entre proveedores y niveles de atención.
La OCDE y la OPS destacan que los sistemas de alto rendimiento organizan la atención en torno a las personas, teniendo como elementos fundamentales la voz del paciente, la coproducción, la integración y la continuidad a lo largo de la trayectoria asistencial; asimismo, la iniciativa PaRIS vincula una atención más centrada en las personas con mejores resultados y experiencias reportados por los pacientes, especialmente en el caso de personas con enfermedades crónicas (OECD, 2025[29]). El siguiente paso consiste en fortalecer las derivaciones, la coordinación, la participación de los pacientes y el intercambio de información allí donde estas bases aún son limitadas, al tiempo que se amplían a otros proveedores los mecanismos ya consolidados y se los vincula de manera más sistemática con las mediciones reportadas por los pacientes. En toda la región, contar con sistemas de datos interoperables y una financiación mejor alineada sigue siendo fundamental para superar la fragmentación y garantizar la continuidad de la atención.
Prioridades accionables para la región
Las siguientes prioridades estratégicas ofrecen una hoja de ruta para institucionalizar la calidad en América Latina y el Caribe. No implican una clasificación única de los países: los puntos de partida difieren según las áreas de política, y un país con mecanismos relativamente consolidados en una dimensión puede ofrecer oportunidades de aprendizaje entre pares, al tiempo que sigue afianzando sus bases en otra. Para cada una de las transiciones que se describen a continuación, los puntos de partida se definen en función de los mecanismos específicos ya existentes, y no mediante una evaluación general del sistema de calidad del país.
Desde la garantía básica de la calidad hasta el aprendizaje y la rendición de cuentas
Para esta transición, los puntos de partida dependen del grado de avance de los mecanismos que sustentan la garantía de la calidad: desde el establecimiento de normas y responsabilidades institucionales hacia la implementación, la garantía externa y el aprendizaje sistemático. En los casos donde las bases aún se están consolidando, las responsabilidades en materia de calidad pueden estar dispersas, es posible que no exista acreditación, que la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) no esté formalmente institucionalizada y que las medidas de seguridad del paciente se centren principalmente en estándares básicos. Los sistemas más consolidados combinan una gobernanza nacional más clara con mecanismos que trascienden la garantía de mínimos: la acreditación formal complementa la inspección, la ETS opera junto con la vigilancia poscomercialización y los sistemas identifican cada vez más el buen desempeño y aprenden de la información sobre seguridad. El grado de avance en estos mecanismos varía según el país. Algunos ejemplos son la acreditación de la atención primaria en Paraguay y Panamá, la vinculación entre la ETS y el reembolso en Perú, y la notificación obligatoria de eventos adversos en diversos sectores en Ecuador y El Salvador.
Consolidar los mecanismos nacionales de gobernanza de la calidad. Cuando las responsabilidades en materia de calidad se encuentren dispersas, es preciso formalizar los mandatos, la autoridad, los recursos y la rendición de cuentas, incluida la supervisión de los proveedores privados. Por ejemplo, países como Guatemala y Honduras donde la calidad se aborda a través de estructuras ministeriales más amplias y sin unidades específicas dedicadas a ella, se beneficiarían en primera instancia de contar con mandatos más claros y una mejor coordinación. En los casos en que ya existan estructuras de gobernanza establecidas como en Argentina o El Salvador, entre otros, conviene fortalecer la implementación, la coordinación, el aprendizaje y la rendición de cuentas. Estos cimientos son fundamentales para el éxito de iniciativas de calidad que abarcan todo el sistema, como Salud Mesoamérica (Recuadro 1.6).
Fortalecer el aseguramiento externo de la calidad en los distintos entornos asistenciales. Los países que carecen de sistemas de acreditación formales, o que solo cuentan con mecanismos limitados, deberían institucionalizar progresivamente la garantía externa de la calidad, especialmente en la atención primaria, la prestación privada de servicios y otros ámbitos insuficientemente regulados. Esto resulta particularmente relevante para países como Brasil y la República Dominicana, donde la acreditación formal sigue siendo limitada. En los casos en que ya existen sistemas de acreditación, como en Chile o Costa Rica, la prioridad pasa a ser ampliar su alcance a diversos entornos y garantizar que la evaluación externa fomente la mejora continua, en lugar de limitarse al mero cumplimiento de normas.
Integrar la evaluación de tecnologías sanitarias en la toma de decisiones habitual. Los países que carecen de estructuras formales de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS), como Belice y Granada, deberían centrarse inicialmente en institucionalizar la capacidad de evaluación y vincularla a la toma de decisiones a nivel nacional. En aquellos lugares donde la ETS está más consolidada, como Perú o Paraguay, el desafío radica cada vez más en fortalecer los vínculos entre la evaluación, la vigilancia poscomercialización, el reembolso, el uso adecuado y la equidad.
Desarrollar sistemas de seguridad del paciente más sólidos basados en el aprendizaje. En los casos en que los programas básicos y los mecanismos de notificación aún están incompletos como en Nicaragua o la República Dominicana, establecer mecanismos fiables para notificar y aprender de los eventos adversos sigue siendo una prioridad inmediata. Allí donde los sistemas de notificación están más consolidados, incluidos Ecuador y Colombia, se debe reforzar progresivamente la codificación estandarizada, el análisis de incidentes y cuasi-incidentes, así como el uso de información sobre seguridad para fomentar el aprendizaje entre los proveedores públicos y privados.
De la calidad centrada en el centro asistencial a la calidad a lo largo de la trayectoria del paciente
Mejorar la calidad exige cada vez más trascender el desempeño de centros individuales o episodios de atención aislados, para centrarse en la experiencia y los resultados de las personas a lo largo de toda la trayectoria asistencial. Esto implica combinar la participación del paciente y la información aportada por este con mecanismos eficaces de derivación, continuidad entre proveedores y niveles asistenciales, así como con los sistemas de información y financiación necesarios para facilitar la coordinación.
El punto de partida en este ámbito varía según si la voz del paciente y la coordinación de la atención siguen limitándose principalmente a episodios concretos y centros específicos, o si se están integrando plenamente en la trayectoria del paciente. En países como Haití y Honduras, los equipos multidisciplinarios, los protocolos y los sistemas de seguimiento sientan bases importantes; sin embargo, aún es necesario reforzar el intercambio de información y los mecanismos de financiación para garantizar la continuidad entre proveedores. En aquellos lugares donde los elementos estructurales facilitadores están más desarrollados, como Brasil o México, el siguiente paso consiste en extender estos mecanismos a diversos proveedores y entornos asistenciales, así como en fortalecer la rendición de cuentas en materia de continuidad, resultados y experiencia del paciente.
Desde la recopilación de información hasta su uso para la mejora
Para esta transición, los puntos de partida dependen del grado de avance de la información sobre calidad: desde su recopilación y notificación hasta su uso habitual en la gestión, la rendición de cuentas y las decisiones de compra. En algunos sistemas, los mecanismos de medición y auditoría aún se están consolidando, y la información sobre calidad mantiene una vinculación tenue con la toma de decisiones. En otros, los indicadores y los resultados de las auditorías ya se utilizan para la retroalimentación, la evaluación comparativa o la notificación pública, mientras que los modelos de compra más avanzados vinculan el pago a los proveedores con objetivos de calidad. Estas dimensiones no evolucionan necesariamente de forma simultánea: pueden coexistir sistemas de medición relativamente desarrollados con un uso limitado de incentivos financieros, y los pagos vinculados a la calidad pueden aplicarse únicamente a servicios o esquemas específicos.
Hacer que la medición tenga mayor trascendencia. Esto sigue siendo especialmente relevante para países como Belice, que aún no cuenta con un conjunto nacional de indicadores de calidad, y Guatemala, donde los mecanismos de medición son todavía más limitados. En los lugares donde estos mecanismos están más consolidados, como Colombia o Panamá, conviene vincularlos de manera más sistemática con la supervisión, la evaluación comparativa (*benchmarking*), la notificación pública de información, la contratación y otras formas de rendición de cuentas.
Alinear la financiación con la calidad y la integración. En los casos en que aún no se han establecido mecanismos nacionales de pago vinculados a la calidad como en Colombia o Costa Rica, las prioridades incluyen fortalecer la medición, la retroalimentación a los proveedores y la capacidad de compra estratégica. Cuando dichos mecanismos ya están en funcionamiento como en Chile o Argentina, el enfoque debería orientarse cada vez más a mejorar su diseño, el ajuste por riesgo y su alineación con objetivos más amplios de calidad e integración.
Fortalecer las condiciones para la transición hacia una mejor calidad de la atención
La capacidad de la fuerza laboral, la infraestructura digital interoperable y la equidad constituyen condiciones habilitadoras para las tres transiciones. En cuanto a estas condiciones, los puntos de partida difieren de manera independiente en lugar de seguir una progresión única. En materia de garantía de la calidad de la fuerza laboral, los enfoques varían desde una prioridad centrada en el acceso al ejercicio profesional hasta combinaciones de recertificación y desarrollo profesional continuo, mientras que la planificación de la fuerza laboral a nivel de sistema, abarcando tanto el sector público como el privado, sigue estando menos desarrollada. Los cimientos digitales en la región oscilan entre sistemas de información fragmentados y modelos caracterizados por la interoperabilidad, la interconexión, la codificación estandarizada y el acceso para los pacientes. La equidad también se incorpora de manera desigual, variando desde una consideración limitada en los mecanismos de calidad hasta una integración más sistemática en las directrices, la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS), la medición y el seguimiento del desempeño.
Establecer un sistema continuo de garantía de calidad de la fuerza laboral. En los casos en que la regulación profesional se centra principalmente en el acceso al ejercicio de la profesión, conviene fortalecer la recertificación y el desarrollo profesional continuo. Esto resulta especialmente relevante en países como Ecuador o la República Dominicana, donde los mecanismos de garantía de la competencia a lo largo de la carrera profesional siguen siendo más limitados. En cambio, donde existen sistemas más consolidados como en Santa Lucía o México, el enfoque puede desplazarse hacia la vinculación más sistemática de la competencia continua con la mejora de la calidad y la planificación de la fuerza laboral en los sectores público y privado.
Fortalecer el monitoreo de la calidad con enfoque en la equidad. Cuando las consideraciones de equidad dentro de los mecanismos de calidad siguen siendo limitadas, es preciso desarrollar la capacidad para desagregar la información sobre calidad e incorporar la equidad de manera sistemática en la evaluación y la revisión del desempeño. Belice y Panamá, por ejemplo, tienen margen para fortalecer la integración de criterios de equidad en sus directrices o en los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS). Los países que cuentan con bases más sólidas en materia de medición y gobernanza, como Chile o Perú, pueden aprovechar cada vez más dichos sistemas para identificar disparidades en la calidad y los resultados, y actuar en consecuencia.
Invertir en infraestructura digital interoperable para la calidad. En los lugares donde los cimientos digitales aún están fragmentados como ocurre en países como Granada u Honduras, es prioritario establecer estándares comunes, conectividad y un intercambio de información fiable entre proveedores. Donde ya existen bases digitales más sólidas, como en Costa Rica o Panamá, el siguiente paso consiste en ampliar la vinculación de datos, el acceso de los pacientes y el uso de información digital para garantizar la continuidad asistencial, la medición y la mejora de la calidad. El sistema EDUS de Costa Rica constituye un ejemplo de acceso digital para el paciente, mientras que Argentina, Belice, Perú y Santa Lucía han implementado sistemas de codificación estandarizada para incidentes de seguridad y cuasi-incidentes.
La Iniciativa Salud Mesoamérica (ISM) muestra cómo la mejora de la calidad y la equidad pueden abordarse de manera conjunta. Puesta en marcha como una alianza público-privada liderada por los gobiernos con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios, la iniciativa se dirigió a las poblaciones más pobres de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Chiapas (México). La ISM operó a través de un modelo de financiamiento basado en resultados en el que los incentivos por desempeño se desembolsaban a los Ministerios de Salud tras la verificación del cumplimiento de las metas acordadas, que abarcaban estándares de atención materna y neonatal, prácticas obstétricas esenciales y el uso de servicios, con el respaldo de una medición independiente, indicadores comunes y asistencia técnica práctica a los establecimientos de salud de las zonas más pobres para ampliar el acceso a indicadores de calidad. Su objetivo no era solo ampliar el acceso, sino también mejorar la calidad de la atención materna e infantil en las zonas desatendidas mediante estándares comunes, medición independiente, apoyo técnico y financiamiento basado en resultados.
La ISM ilustra varias de las palancas de calidad analizadas en el capítulo: una medición y verificación rigurosas para la rendición de cuentas, el aprendizaje y la mejora, incentivos financieros vinculados a los resultados, una mayor coordinación entre los niveles de atención, equipos de mejora de la calidad dentro de los establecimientos y apoyo práctico para la implementación y el cierre de brechas. Entre las mejoras reportadas se incluyen una mejor calidad de la atención neonatal y obstétrica, un mayor uso de las prácticas esenciales de atención materna, y avances en la atención respetuosa y el uso de servicios entre las mujeres indígenas de Guatemala y Chiapas.
La lección clave es que las políticas orientadas a la equidad también pueden ser políticas de mejora de la calidad. La ISM sugiere que, cuando las reformas se centran explícitamente en las poblaciones pobres y excluidas, es posible lograr ganancias en calidad junto con reducciones en las disparidades de acceso y de desempeño de los servicios. Abordar estas disparidades de manera simultánea puede mejorar los resultados de salud. Esto ofrece un puente útil hacia el próximo capítulo sobre políticas de equidad, que examina de forma más amplia cómo los sistemas de salud de la región pueden reducir las brechas en la atención de los grupos desfavorecidos.
Fuente: Eichler et al. (2017[33]), “The Initial Prize in the Salud Mesoamerica Initiative Results-Based Aid Initiative”, https://doi.org/10.18235/0000854; Bancalari et al. (2024[34]), “Using subsidies to enhance access to maternal and newborn health care in remote villages”, https://doi.org/10.18235/0013208.
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← 1. Las respuestas a la encuesta son comunicadas directamente por funcionarios del Ministerio de Salud y reflejan principalmente al sector público. Es posible que las formas de pago implementadas por aseguradoras privadas o entidades subnacionales no queden plenamente reflejadas.