Si bien los países de América Latina y el Caribe han ampliado la cobertura y mejorado los resultados de salud en las últimas décadas, persisten brechas grandes y sostenidas por ingreso, educación, lugar de residencia, etnicidad y otras características poblacionales. Estas desigualdades se reflejan en la exposición a riesgos para la salud, el acceso a los servicios, la calidad de la atención, la protección financiera y los resultados de salud. Este capítulo examina los principales patrones de desigualdad en salud en la región y analiza cómo los países están respondiendo mediante políticas de gobernanza, financiamiento, prestación de servicios, fuerza de trabajo, salud digital, sistemas de datos y preparación ante emergencias. Sobre la base de la evidencia regional y de una encuesta realizada en 2025 a 14 países, concluye que los esfuerzos de política han avanzado más en ampliar la disponibilidad y la asequibilidad de los servicios que en abordar las condiciones necesarias para que la atención sea equitativa en la práctica. Reducir las desigualdades no solo exigirá ampliar la cobertura para cerrar las brechas de acceso pendientes, sino también mejorar la calidad, la continuidad y la capacidad de respuesta de la atención.
Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026
Resumen
En toda América Latina y el Caribe (ALC), el progreso en la cobertura y los resultados de salud durante las últimas décadas ha sido significativo, pero desigual (OECD/The World Bank, 2023[1]). Si bien muchos países han ampliado el acceso a los servicios y reducido la mortalidad, persisten grandes diferencias entre grupos poblacionales y territorios. Estas desigualdades se observan en múltiples dimensiones, incluidas la posición socioeconómica, la geografía, la etnicidad, el género, la edad, la condición migratoria, la discapacidad y la afiliación al sistema de salud, incluidos los sistemas segmentados (Atun et al., 2015[2]; Cotlear et al., 2015[3]). Como resultado, los promedios nacionales pueden ocultar brechas persistentes para grupos y lugares específicos.
Estas desigualdades importan no solo desde una perspectiva social, sino también para el desempeño de los sistemas de salud. Donde las desventajas se acumulan, la enfermedad prevenible y la mortalidad evitable permanecen concentradas, incluso cuando el contacto general con los servicios es alto, porque la cobertura efectiva puede seguir siendo desigual cuando la calidad, la continuidad o la asequibilidad de los servicios difieren entre grupos (Kruk et al., 2018[4]). Las desigualdades suelen asociarse con demoras en la atención, menor calidad de los servicios, una protección financiera más débil y mayores costos posteriores (Wagstaff et al., 2018[5]). También reducen la resiliencia del sistema: los choques como las pandemias, las crisis económicas o los eventos relacionados con el clima tienden a ampliar las brechas existentes‑ (PAHO, 2022[6]; WHO, 2025[7]).
Desigualdades e inequidades
Este capítulo distingue entre las desigualdades en salud y las inequidades en salud, términos que a veces se usan de manera intercambiable pero que cumplen propósitos analíticos diferentes. Las desigualdades en salud (o disparidades) se refieren a diferencias medidas en los resultados de salud, el uso de servicios, la calidad, la protección financiera o la exposición a riesgos para la salud entre grupos poblacionales. Las inequidades en salud son aquellas desigualdades que se consideran injustas, evitables y susceptibles de acción de política, que surgen de las condiciones sociales y de cómo se organizan los sistemas de salud y otras instituciones (WHO, 2013[8]). Los gobiernos actúan sobre las inequidades, pero dependen de la medición de las desigualdades para identificar problemas, monitorear tendencias y evaluar el progreso hacia la cobertura universal de salud (CUS) y las metas relacionadas.
Desigualdades «en qué» y «para quién»
Para organizar el análisis, el capítulo distingue qué aspectos de la salud y de los sistemas de salud son desiguales («desigualdades en qué») y qué grupos poblacionales experimentan estas diferencias («desigualdades para quién»).
Estos aspectos corresponden a dimensiones clave que se utilizan habitualmente para monitorear el progreso hacia la CUS (WHO/IBRD, 2023[9]). Están estrechamente relacionados. Las desigualdades en la exposición a riesgos para la salud y a los determinantes sociales configuran los patrones de necesidad de salud entre las poblaciones. Las desigualdades en el acceso a los servicios, la calidad de la atención y la protección financiera influyen en si esas necesidades se satisfacen de manera oportuna y efectiva. Las desigualdades en los resultados de salud reflejan los efectos acumulados de estas diferencias. En conjunto, ayudan a explicar por qué el progreso medido a nivel nacional puede no traducirse en ganancias comparables para todos los grupos, y por qué las desigualdades persistentes pueden socavar el desempeño y la resiliencia del sistema de salud.
Las categorías poblacionales consideradas en el capítulo incluyen características demográficas y socioculturales (como el género, la edad, la etnicidad y la condición migratoria), la posición socioeconómica (como el ingreso y la educación), la ubicación geográfica (incluida la variación rural, remota y subnacional) y otras agrupaciones relevantes, incluidas la discapacidad y la afiliación al sistema de salud o al seguro en los sistemas segmentados (Tabla 2.). Estas agrupaciones reflejan mecanismos distintos a través de los cuales la desventaja puede configurar la exposición a riesgos, el acceso a una atención oportuna y efectiva, y la protección frente a las dificultades financieras.
Este capítulo presenta primero hechos estilizados sobre las desigualdades en salud en ALC en dominios clave, sobre la base de la evidencia internacional y regional disponible. Luego examina cómo los países están abordando las inequidades mediante políticas e intervenciones del sistema de salud, destacando enfoques comunes, brechas y oportunidades. Este análisis se basa en la información reportada por los países a través de una encuesta regional, que documenta la existencia de políticas, arreglos institucionales y mecanismos relevantes para la equidad en salud, sin evaluar su efectividad ni la intensidad de su implementación.
La posibilidad de examinar las desigualdades en estas dimensiones depende de la disponibilidad de datos desagregados, que sigue siendo desigual en la región. Muchos países reportan habitualmente indicadores por edad, sexo y lugar de residencia. Sin embargo, la desagregación por etnicidad, condición migratoria o de discapacidad, o afiliación al sistema de salud es mucho menos común y con frecuencia se reporta en categorías que no son comparables entre países. Como resultado, algunas desigualdades son más visibles que otras, y las brechas en los datos y el reporte pueden limitar tanto el monitoreo como la acción de política. Estos aspectos se retoman más adelante en el capítulo al examinar los enfoques de los países respecto de los datos, el monitoreo y el reporte de la equidad.
Esta sección se basa en la literatura y en datos internacionales para ofrecer un contexto al foco principal del capítulo: el estado de las políticas que abordan la desigualdad. Las desigualdades en los resultados de salud y en la atención sanitaria han sido una preocupación persistente en la región y siguen siendo observables en múltiples dominios, aunque la evidencia disponible sobre las desigualdades dentro de los países permanece limitada a un conjunto relativamente reducido de grupos poblacionales.
Los hogares de mayor estatus tienen más probabilidades de beneficiarse de programas o seguros de salud financiados por el gobierno o por el empleador, que brindan un acceso privilegiado a servicios de mejor calidad que el de quienes tienen un estatus más bajo, en particular quienes están desempleados, trabajan en empleos informales o pertenecen a grupos desfavorecidos o marginados. Tales programas a veces brindan a las familias de mayor estatus una mayor protección financiera pero, en muchos países, son los hogares más ricos los que tienen altas proporciones de gasto de bolsillo, mientras que los más pobres tienen necesidades de salud no satisfechas o recurren a alternativas de bajo costo o al autotratamiento. Así, las desigualdades en los resultados de salud reflejan más que diferencias en el ingreso o los activos del hogar. También se transmiten o amplifican por las asociaciones entre el ingreso y un menor número de riesgos para la salud, un mayor acceso a una atención sanitaria de buena calidad, y la proporción del gasto de bolsillo en salud respecto del ingreso del hogar.
La Figura 2.1 presenta un panorama de las brechas en el acceso a la atención, la calidad de la atención y los resultados de salud, aproximadas mediante el uso de la atención prenatal (APN), la calidad de la APN y la tasa de mortalidad infantil (TMI). Utilizando datos de (Bancalari et al., 2025[10]), estas cifras muestran las brechas entre los grupos en mejor y peor situación. Las brechas están normalizadas, lo que elimina la diferencia media entre países y enfatiza la desigualdad relativa en lugar de la desigualdad absoluta. El valor de medir la desigualdad relativa es que mide la condición de los grupos desfavorecidos en comparación con lo que se logra para los aventajados en ese mismo país. Por ejemplo, en Perú la TMI de los más ricos fue de aproximadamente 5,7 por cada 1 000 nacidos vivos, en comparación con alrededor de 18,1 para los más pobres, una brecha relativa del 69%. En Haití, los más ricos enfrentaron una TMI de 45,1 por cada 1 000 nacidos vivos, en comparación con alrededor de 58,2 para los más pobres, una brecha relativa del 22%. Así, si bien la brecha en Perú evidencia una mayor brecha relativa entre ricos y pobres dentro de ese país, en general los peruanos enfrentan una mortalidad infantil mucho más baja que los haitianos.
Notas: Los valores reportan razones de desigualdad dentro de cada país para la educación, la riqueza y el lugar de residencia en el uso de la atención prenatal (APN) (4 o más visitas), la calidad de la APN y la mortalidad infantil. Para los resultados de APN, las brechas se calculan como uno menos las razones del grupo desfavorecido respecto del aventajado (es decir, 1 – menos educado/más educado; 1 – más pobre/más rico; 1 – rural/urbano). Los valores más grandes indican una peor cobertura o calidad entre los grupos desfavorecidos, y 0 indica igualdad. Para la mortalidad infantil, las brechas se calculan como uno menos la razón del grupo aventajado/desfavorecido (es decir, 1 – más educado/menos educado; 1 – más rico/más pobre; 1 – urbano/rural). Esto mantiene la interpretación de los valores más grandes como indicadores de una mayor brecha entre los grupos desfavorecidos y aventajados, con 0 indicando ninguna diferencia. Los años de país se refieren al año de la encuesta; las fuentes de datos incluyen las Encuestas de Demografía y Salud (DHS), las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) y la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) de Perú. Los asteriscos denotan la significancia estadística según se reporta en la fuente (*** p<0,01).
Fuente: Las razones de desigualdad se basan en las estimaciones reportadas en Bancalari et al. (2025[10]), “Health inequalities in Latin America and the Caribbean: child, adolescent, reproductive, metabolic syndrome and mental health”, https://doi.org/10.1093/ooec/odae028.
Los resultados de salud medidos por la TMI son mucho mejores para los más ricos y con mayor nivel educativo que para los más pobres y con menor nivel educativo en casi todos los países. Estas brechas también son mayores que las brechas en el acceso a la atención prenatal y a la calidad de la atención. Este resultado no es sorprendente: la mortalidad infantil se ve afectada por muchos factores más allá del acceso y la calidad de la atención sanitaria. Los hallazgos se asemejan al proverbial vaso que puede describirse como medio lleno o medio vacío. Las brechas en el acceso a la atención y en la calidad no son tan graves como las de los resultados de salud; pero las brechas siguen ahí. Así, cualquier factor asociado con el ingreso o la educación que genere mayores riesgos para los grupos desfavorecidos no está siendo compensado por el sistema de salud sino, más bien, amplificado por él.
Las brechas urbanas y rurales en el acceso a la atención sanitaria, la calidad y la TMI están menos bien medidas. No obstante, presentan una historia similar. En su mayor parte, las brechas en el acceso a la atención prenatal parecen haber sido bastante pequeñas en muchos de estos países, especialmente considerando lo dispersas que están sus poblaciones rurales. Bolivia, Colombia, Guatemala, Haití y Honduras tienen todas brechas de acceso inferiores al 20%. No obstante, al igual que con las brechas por ingreso y educación, las brechas en la mortalidad infantil siguen siendo grandes y significativas entre las áreas urbanas y rurales. Esto parece haber sido particularmente cierto en Bolivia, Guyana y Perú, donde la brecha de la TMI supera el 40%.
La cobertura se ha ampliado, pero la necesidad no satisfecha sigue siendo alta y desigual
A pesar de las mejoras en la cobertura de servicios en los años 2000, las necesidades de atención sanitaria no satisfechas —pacientes que reportan haber necesitado pero no buscado una atención apropiada— siguen siendo generalizadas y muy desiguales. Las estimaciones recientes sugieren una amplia variación en las necesidades no satisfechas en América, con un promedio del 35% y tasas que oscilan entre el 3,2% en Costa Rica y el 73% en Perú. Tres países reportan niveles superiores al 50%, y esta cifra se eleva a seis países cuando el foco se pone en el quintil de menor ingreso (PAHO, 2024[11]). Estas altas tasas se explican en parte por la transición hacia una cobertura universal exitosa y una mayor alfabetización en salud. En Perú, por ejemplo, los avances recientes hacia la cobertura de salud actual del 97% generaron una nueva conciencia sobre las necesidades de atención que todavía se están optimizando dentro del sistema (Bernal, Carpio and Klein, 2017[12]). No obstante, el fuerte aumento de las necesidades no satisfechas en la región durante la pandemia de COVID-19 sugiere que las ganancias agregadas —incluido el progreso en la reducción de las brechas entre países y dentro de ellos— siguen siendo frágiles cuando los sistemas se ven perturbados, y que los grupos desfavorecidos tienen más probabilidades de experimentar una atención diferida o no recibida durante los choques.‑
Dentro de los países, la necesidad no satisfecha y la cobertura de servicios siguen gradientes socioeconómicos claros. Por ejemplo, la cobertura de los servicios de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil (RMNCH) suele ser de 15 a 20 puntos porcentuales (p.p.) más alta entre el quintil más rico que entre el más pobre. Las mujeres con educación secundaria o superior tienen una cobertura marcadamente más alta que aquellas sin escolaridad formal, y las poblaciones urbanas reportan de manera consistente una cobertura de servicios más alta que las residentes rurales‑ (PAHO, 2024[11]).
Subyacente a este patrón hay diferencias en las barreras de acceso, en particular en lo relativo a la asequibilidad. En toda la región, alrededor de una de cada cinco personas del quintil más pobre reporta necesidades no satisfechas debido a restricciones financieras, en comparación con aproximadamente una de cada diez en el quintil más rico (PAHO, 2024[11]).
Las brechas en la cobertura efectiva y la calidad persisten incluso donde el contacto es alto
A medida que el acceso ha mejorado con el tiempo, las brechas en la calidad de la atención han surgido como una restricción importante para mejorar los resultados de salud en la región (Figura 1.2, véase el Capítulo 1). Una proporción sustancial (estimada en 50‑75%) de la mortalidad evitable en la región es atribuible a una atención de mala calidad más que a la falta de acceso‑ (Kruk et al., 2018[13]) (véase el indicador «Mortalidad evitable (prevenible y tratable)» en el Capítulo 7). Así, incluso donde el contacto con los servicios es alto, la cobertura efectiva sigue siendo desigual, reflejando deficiencias en la continuidad de la atención, la precisión diagnóstica, la adherencia al tratamiento y la capacidad de respuesta del sistema.
Estas brechas de calidad no se distribuyen de manera uniforme dentro de los países. En la salud materna, las mujeres con baja escolaridad y las del quintil de riqueza más pobre no solo tienen menos probabilidades de completar cuatro o más visitas prenatales, sino también menos probabilidades de recibir el paquete completo de servicios recomendados en comparación con las mujeres más aventajadas. Para las afecciones crónicas, las diferencias socioeconómicas en la prevalencia suelen ser moderadas, pero las desigualdades se amplían sustancialmente a lo largo de la cascada de atención, en particular en el diagnóstico, el tratamiento y el control efectivo (véase la sección «Atención integrada» en el Capítulo 1). Como resultado, los grupos desfavorecidos experimentan una atención de menor calidad y menos continua incluso en entornos donde la utilización de servicios está generalizada (Bancalari et al., 2024[14]). La evidencia limitada también sugiere que los hombres experimentan niveles más altos de mortalidad evitable que las mujeres, aunque la mala calidad probablemente explica la mayoría de las muertes evitables en ambos sexos (Vargas, Rios-Zertuche and Bauhoff, 2025[15]).
La protección financiera sigue estratificada
La protección frente al riesgo financiero ha mejorado en partes de la región, pero sigue siendo desigual y a menudo regresiva. En 2019, casi el 8% de las personas en las Américas incurrió en gastos catastróficos en salud, con tasas de gasto catastrófico de dos dígitos en algunos países. El gasto de bolsillo —a menudo impulsado por el gasto en medicamentos— ha disminuido como proporción del gasto total en salud desde 2000, pero todavía representa aproximadamente un tercio del gasto en salud a nivel regional, lo que deja a los hogares expuestos a dificultades financieras cuando necesitan atención (véanse los indicadores «Financiamiento de la atención sanitaria mediante el gasto de bolsillo de los hogares» y «Protección financiera» en el Capítulo 6).
Las dificultades financieras no se distribuyen de manera uniforme. Los hogares rurales y los grupos de menor ingreso enfrentan mayores riesgos de gasto catastrófico y empobrecedor en salud; en algunos países, la proporción de hogares rurales empujados a la pobreza debido a los costos de salud es varias veces la de los hogares urbanos.
La política pública en materia de financiamiento de la salud influye fuertemente en estos patrones al afectar quién se beneficia. Países como Perú (véase el Recuadro 2.1) y México han mantenido sistemas de salud segmentados que brindan a los trabajadores del sector formal un mejor acceso a una atención de mayor calidad que el de quienes buscan atención en establecimientos administrados por el gobierno. Países como Brasil han implementado reformas para unificar su sistema de salud e incorporar a todos dentro del mismo fondo común nacional; sin embargo, las clases de mayor ingreso del país han optado por seguros de salud privados para obtener una mejor cobertura y atención, lo que segmenta efectivamente el sistema (OECD, 2021[16]). Solo unos pocos países, como Chile, Costa Rica, Colombia y Uruguay, cuentan con programas que incorporan a toda la población en un sistema único con subsidios cruzados; aunque, incluso entonces, los beneficios y el acceso varían entre las áreas rurales y urbanas y entre las personas que contribuyen al sistema y las que están plenamente subsidiadas (Roberti et al., 2024[17]). En el caso de Colombia, el sistema está estructurado efectivamente sobre subsidios cruzados y una capacidad de recaudación relevante. Sin embargo, las inequidades persistentes no son únicamente una cuestión de cobertura financiera: las barreras territoriales, en particular entre las áreas urbanas, rurales y rurales dispersas, junto con las restricciones en la oferta de servicios, la organización institucional y las condiciones de acceso diferenciadas, siguen siendo factores determinantes clave. Los instrumentos de política recientes están abordando estas brechas, incluidos el Plan Nacional de Salud Rural, los avances en interoperabilidad, los mecanismos de pago diferencial, el fortalecimiento de la producción nacional de medicamentos y los proyectos de infraestructura hospitalaria pública en áreas rurales.
Para 2023, la cobertura de seguro en Perú había alcanzado al 97% de la población. Sin embargo, la cobertura no se traduce en igualdad de protección financiera. El Seguro Social de Salud (EsSalud), un régimen contributivo que cubre alrededor del 26% de la población, principalmente trabajadores del sector formal, brinda beneficios más amplios que el Seguro Integral de Salud (SIS), el régimen no contributivo que cubre alrededor del 62% de la población, en su mayoría grupos pobres y vulnerables. Los afiliados de EsSalud acceden a una gama completa de atención especializada y hospitalaria, incluidas intervenciones costosas, sin copagos por medicamentos, mientras que el SIS ha aplicado históricamente límites de gasto para los servicios de mayor costo más allá del paquete básico. La falta de infraestructura y una oferta insuficiente de trabajadores de la salud han restringido aún más lo que los afiliados al SIS pueden acceder en la práctica (OECD, 2025[18]).
En 2022, los pagos de bolsillo (gasto de bolsillo) representaron el 27% del gasto total en salud, 1,4 veces el promedio de la OCDE, a pesar de haber disminuido en más del 20% durante la década anterior. La Figura 2.2 muestra que los afiliados de EsSalud representan la mayor proporción del gasto de bolsillo, lo que es coherente con su mayor utilización de un régimen más integral. Para 2021, los afiliados del SIS los habían superado ligeramente, un patrón que refleja los pagos directos por servicios cubiertos dentro del paquete de beneficios pero no disponibles en los establecimientos del SIS. En otras palabras, el aumento del gasto de bolsillo entre los pobres señala una falla en la provisión de atención en los establecimientos públicos junto con mecanismos inadecuados de protección financiera. La tendencia en el gasto de bolsillo entre los afiliados del SIS sirve como línea de base para las reformas fiscales en curso de Perú. El gobierno está fortaleciendo activamente el FISSAL (el fondo de alto costo) y mejorando la cadena de suministro de medicamentos esenciales para asegurar cobertura universal para los más vulnerables.
Nota: Datos de gasto de bolsillo por régimen de seguro de la encuesta ENAHO.
Fuente: OECD (2025[18]), Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025, https://doi.org/10.1787/262a739e-es.
Los gobiernos pueden compensar la inequidad inherente a los sistemas segmentados mediante subsidios directos y cruzados apropiados. De manera algo sorprendente, el financiamiento público a menudo fluye en la dirección opuesta, favoreciendo a los grupos privilegiados. Los programas de seguro público para los empleados del sector formal pueden incurrir en déficits que finalmente se cubren con los ingresos generales. Los gobiernos a veces responden a las presiones públicas sobre el costo de la atención sanitaria para los grupos de mayor ingreso subsidiando el seguro privado y la provisión privada (OECD, 2021[16]). Estos patrones muestran cómo las estructuras de financiamiento de la salud pueden compensar o amplificar las desigualdades en el acceso a los servicios y la protección financiera.
La exposición a riesgos sanitarios y climáticos sigue fuertes gradientes socioeconómicos y territoriales
En toda América Latina y el Caribe, la exposición tanto a riesgos sanitarios como climáticos está marcadamente estratificada según líneas socioeconómicas, territoriales y étnicas. Los niños del quintil más pobre enfrentan tasas de retraso del crecimiento que superan las de los más ricos en 30 p.p. o más en Bolivia, Guatemala, Honduras y Perú, lo que refleja profundas desigualdades en la nutrición, la vivienda, la seguridad alimentaria y el acceso a agua y saneamiento seguros (véanse los indicadores «Desnutrición infantil» y «Agua y saneamiento» en el Capítulo 4). Los hogares rurales reportan de manera consistente un menor acceso a la electricidad y a la infraestructura básica que los hogares urbanos, y las poblaciones indígenas suelen tener un acceso sistemáticamente menor a agua y saneamiento mejorados que las poblaciones no indígenas. Una proporción sustancial de los residentes urbanos vive en condiciones de tugurio, donde el hacinamiento y los servicios inadecuados agravan los riesgos ambientales, infecciosos y relacionados con el clima (Libertun de Duren et al., 2022[19]; PAHO, 2019[20]). Los riesgos conductuales y relacionados con lesiones siguen gradientes similares: la prevalencia del tabaquismo y la mortalidad por accidentes de tránsito son consistentemente más altas entre los hombres que entre las mujeres, lo que pone de relieve las persistentes divisiones de género en la mortalidad prevenible. El sobrepeso y la obesidad están generalizados en toda la región, pero los patrones varían por sexo y por país, y a menudo se entrecruzan con las desigualdades socioeconómicas y territoriales (Bancalari et al., 2024[14]; PAHO, 2019[20]).
La exposición y la vulnerabilidad a los peligros climáticos interactúan con la desigualdad social. Los barrios de mayor vulnerabilidad socioeconómica tienen sistemáticamente más probabilidades de estar en riesgo de altas temperaturas, por ejemplo en ciudades como Barranquilla, Santiago y Ciudad de México (World Bank, 2025[21]). La exposición a inundaciones sigue gradientes sociales igualmente pronunciados: los residentes de los barrios en el quintil más bajo de logro educativo tienen varias veces más probabilidades de experimentar inundaciones que los del quintil más alto (Kephart et al., 2025[22]).
La carga de la contaminación del aire ambiente refleja los mismos gradientes territoriales y demográficos (Figura 2.3 y Figura 2.4). En 2019, los AVAD atribuibles al material particulado ambiental oscilaron entre menos de 5 por cada 1 000 habitantes en Paraguay y Nicaragua y más de 15 por cada 1 000 en Trinidad y Tobago y Guyana, con los hombres mostrando una carga consistentemente más alta que las mujeres en todos los países (Figura 2.3). Los niños menores de 15 años enfrentaron una carga persistente y en gran medida invariable del material particulado ambiental a lo largo de la década, con varios países registrando aumentos (Figura 2.4, panel izquierdo). Los adultos de 65 años y más experimentaron aproximadamente siete veces más AVAD por persona por material particulado ambiental que los niños a nivel regional, con solo una mejora modesta desde 2010 en la mayoría de los países (Figura 2.4, panel derecho; véase también el indicador «Riesgos ambientales y climáticos» en el Capítulo 4).
Notas: AVAD atribuibles al material particulado ambiental (PM2.5) por cada 1 000 habitantes, todos los grupos de edad combinados. ALC = agregado regional de América Latina y el Caribe.
Fuente: Estadísticas Ambientales de la OCDE, Mortalidad, morbilidad y costo de bienestar por la exposición a riesgos relacionados con el medio ambiente (2024).
Menores de 15 años (panel izquierdo) y de 65 años y más (panel derecho), 2019 y 2010
Notas: AVAD atribuibles al material particulado ambiental (PM2.5) por cada 1 000 habitantes menores de 15 años (panel izquierdo) y de 65 años y más (panel derecho). ALC = agregado regional de América Latina y el Caribe.
Fuente: Estadísticas Ambientales de la OCDE, Mortalidad, morbilidad y costo de bienestar por la exposición a riesgos relacionados con el medio ambiente (2024).
Los resultados de salud reflejan la desventaja acumulada entre los grupos
Las diferencias en la exposición, el acceso, la calidad y la protección financiera se reflejan en resultados de salud desiguales. La mortalidad de adultos es consistentemente más alta entre las personas con menor nivel educativo, con las lesiones contribuyendo de manera desproporcionada al exceso de mortalidad entre los adultos más jóvenes y las enfermedades no transmisibles impulsando las disparidades entre las cohortes de mayor edad (Buitrago et al., 2026[23]). Las razones de mortalidad materna varían drásticamente entre países, desde menos de 20 hasta varios cientos de muertes por cada 100 000 nacidos vivos. Las tasas de mortalidad infantil y de menores de cinco años son consistentemente más altas entre las poblaciones indígenas y afrodescendientes y entre los niños de los hogares más pobres; en varios entornos, la mortalidad de menores de cinco años entre los niños indígenas supera la de los niños no indígenas en 15‑35 muertes por cada 1 000 nacidos vivos, en algunos casos casi el doble. Las desventajas en las primeras etapas de la vida se reflejan además en tasas marcadamente más altas de retraso del crecimiento infantil y de fecundidad adolescente entre las niñas de los hogares más pobres (véanse los indicadores «Mortalidad materna», «Mortalidad infantil y neonatal» y «Mortalidad de menores de5 años» en el Capítulo 3).
Estas desigualdades se ampliaron durante la pandemia. Las tasas de mortalidad por afecciones susceptibles de atención sanitaria aumentaron aproximadamente el doble en los estados más pobres que en las unidades subnacionales más ricas, lo que subraya cómo los choques sanitarios afectan de manera desproporcionada a las poblaciones ya desfavorecidas‑ (Bernal Lara et al., 2023[24]; Pinto, Savedoff and Bauhoff, 2024[25]).
Las disparidades también se profundizan al considerar la cascada completa de atención. Las afecciones crónicas no diagnosticadas y no tratadas se concentran de manera desproporcionada entre los grupos de menor ingreso y menor nivel educativo y, en varios países, entre los hombres. Como resultado, las desigualdades en los resultados de salud reflejan no solo diferencias en la prevalencia de enfermedades, sino también brechas en la detección, la continuidad de la atención y el tratamiento efectivo, reforzando los gradientes socioeconómicos a lo largo del curso de la vida.
En el contexto de las desigualdades persistentes, esta sección examina cómo los países de América Latina y el Caribe están abordando las inequidades en salud mediante reformas de política y de sistema, como los arreglos de gobernanza, las decisiones de financiamiento, los modelos de prestación de servicios, las políticas de fuerza de trabajo y los sistemas de información. También considera la capacidad de los países para identificar, medir y monitorear las desigualdades en la atención sanitaria, lo que determina si las inequidades son visibles y se puede actuar sobre ellas. Nos centramos en las principales palancas funcionales dentro del sistema de salud y en su interfaz con otros sectores, y en cómo se relacionan con los patrones de desigualdad descritos anteriormente. A través de estas palancas, los países pueden influir en si las desventajas existentes se mitigan o se amplifican. Este análisis se basa en una encuesta de políticas de equidad en salud administrada a los ministerios de Salud de 14 países de la región: Argentina, Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y la República Dominicana. La encuesta abarcó la gobernanza, el financiamiento, la fuerza de trabajo, la salud digital, los sistemas de datos y la preparación ante emergencias, y recopiló información sobre la existencia y el estado de implementación de políticas y arreglos institucionales, sin evaluar si estos marcos legales y políticas se traducen en una acción efectiva y un impacto para las poblaciones que enfrentan las mayores barreras.
La Encuesta de Desigualdad e Inequidad en las Políticas de Atención Sanitaria de Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026 se administró en línea a los ministerios de Salud de 14 países de la región.
La encuesta documentó cómo los países de ALC abordan las inequidades en salud mediante la política, la gobernanza, el financiamiento, la prestación de servicios, la fuerza de trabajo, la salud digital, los sistemas de datos y la preparación ante emergencias, recopilando información sobre la existencia y el estado de implementación de las políticas y los arreglos institucionales.
Se recopiló información adicional para la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Para estos países, la información fue recopilada por la OCDE utilizando fuentes públicas y entrevistas con funcionarios nacionales, en lugar de mediante la cumplimentación directa de la encuesta por parte de los funcionarios de los ministerios de Salud.
Además, se recopiló información específica de algunos países que no participaron en la encuesta, con el fin de ilustrar enfoques políticos concretos y contextualizar las conclusiones comparativas del capítulo. Este material se obtuvo de fuentes públicas y autoridades nacionales únicamente con fines ilustrativos. No forma parte del conjunto de datos de la encuesta y, por lo tanto, no se refleja en las cifras y tablas basadas en la misma, que se limitan a los 14 países encuestados.
Fuente: Encuesta de Desigualdad e Inequidad en las Políticas de Atención Sanitaria de Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026.
Gobernanza y marcos legales para la equidad
Los países de la región han incorporado compromisos de equidad en sus marcos legales a través de dos instrumentos distintos, que operan mediante lógicas diferentes y alcanzan a poblaciones diferentes. El primero establece derechos integrales a la atención sanitaria, normalmente anclados en disposiciones constitucionales, que otorgan a los individuos reclamos exigibles a los servicios independientemente de su pertenencia a un grupo. Por ejemplo, en Colombia y Costa Rica, se han invocado disposiciones constitucionales en procesos judiciales para ampliar el acceso a medicamentos y tratamientos que los sistemas públicos habían restringido. Estos mecanismos judiciales no son necesariamente neutrales entre los grupos socioeconómicos, ya que tienden a ser utilizados por quienes son capaces de navegar el sistema legal. El segundo instrumento es específico por grupo, cuando los gobiernos crean programas dirigidos a poblaciones particulares como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los migrantes o las personas con discapacidad. Tales programas operan mediante derechos diferenciados u obligaciones de servicio adaptadas en lugar de reclamos universales, como en la Ley 5469 de Paraguay sobre la salud de los pueblos indígenas.
La Tabla 2.2 muestra que ambos instrumentos se utilizan en toda la región. Los instrumentos específicos que operacionalizan estos compromisos incluyen, por ejemplo, la Constitución de 1991 de Colombia (Art. 49), la Ley 100 (1993) y el Decreto 858 (2025) como parte de un modelo centrado en las personas y el territorio; la Constitución de 2008 de Ecuador (Art. 32) y la Ley Orgánica de Salud, junto con acuerdos ministeriales; y la Constitución de Belice y las leyes sectoriales (p. ej. la Public Health Act) más documentos de estrategia (BHSSP 2025‑2034). Varios países también tienen múltiples instrumentos dentro de la misma categoría (p. ej. más de una referencia estatutaria o regulatoria), lo que sugiere que los compromisos de equidad a menudo se anclan mediante marcos legales y administrativos en capas en lugar de una única ley. El marco jurídico chileno ilustra el mismo patrón estratificado. El derecho a la protección de la salud está consagrado en la Constitución y se materializa a través de diversos instrumentos legales y reglamentarios que rigen la cobertura sanitaria pública y privada.
Notas: Las celdas muestran una marca de verificación y, cuando está disponible, el último año reportado para el instrumento legal. Las celdas vacías significan que no se reportó respuesta en la encuesta. Los años provienen de la encuesta y pueden reflejar actualizaciones o enmiendas en lugar del primer año de adopción.
La Figura 2.5 destaca qué grupos poblacionales identifican los países como aquellos que enfrentan las mayores inequidades en salud. Entre los 13 países que proporcionaron una clasificación, el ingreso es el más consistentemente priorizado (12 países), seguido del lugar de residencia (11 países). La etnicidad se prioriza en aproximadamente la mitad de los países (7), mientras que el género rara vez se prioriza (2). Colombia vincula las inequidades a la pobreza persistente y a las brechas en la protección financiera, junto con las barreras para los grupos étnicos, incluida la débil articulación con la medicina tradicional y las restricciones de infraestructura y de fuerza de trabajo en las áreas rurales dispersas. Belice destaca la limitada protección social y la vulnerabilidad rural ante los choques. Paraguay señala las barreras de protección financiera para los grupos de menor ingreso; la disponibilidad desigual de servicios fuera de las áreas urbanas; y las barreras de idioma y distancia que afectan a las comunidades étnicas. Haití y Honduras identificaron ambos la educación, vinculándola a la alfabetización en salud y al uso de servicios. El género aparece solo en la República Dominicana y Nicaragua, donde se enmarca a través de la salud materna y reproductiva y de los riesgos basados en el género. Costa Rica es el único país que identifica la discapacidad entre las tres principales inequidades, relacionada con barreras estructurales (p. ej. restricciones de transporte y de acceso).
Notas: Las celdas indican si cada grupo poblacional fue clasificado entre los tres principales grupos que enfrentan las mayores inequidades en salud. «Sí» significa que el grupo aparece en el Top 3 del país. «No» significa que el país proporcionó un Top 3 pero no clasificó a ese grupo en el Top 3, aunque todavía puede reportarse que enfrenta inequidades. «Sin respuesta» significa que no se proporcionó respuesta.
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, Encuesta de Desigualdad e Inequidad en las Políticas de Atención Sanitaria.
Políticas de financiamiento para la equidad
La Figura 2.6 muestra los mecanismos de financiamiento que los países utilizan para reducir las inequidades en el acceso a la atención. Entre los 14 países, los servicios subsidiados o gratuitos son casi universales (13 de 14).
Notas: Las celdas indican si se reportó cada mecanismo de financiamiento. «Sí» significa que el mecanismo está vigente; «No» significa que se reportó explícitamente que no está vigente; «Sin respuesta» significa que no se reportó en la encuesta.
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, Encuesta de Desigualdad e Inequidad en las Políticas de Atención Sanitaria.
Las exenciones de copago también son comunes (8 de 14), mientras que la cobertura de seguro focalizada es reportada por seis países. En contraste, los fondos para gastos catastróficos son reportados por cuatro países, y tanto las tarifas escalonadas basadas en el ingreso como las transferencias de efectivo o los vales son reportadas por solo dos países cada una. Este uso limitado de los fondos para gastos catastróficos y del apoyo directo al ingreso en la muestra de 14 países es notable a la luz de la evidencia más amplia de la OCDE que muestra que el gasto de bolsillo sigue siendo una fuente importante de dificultades financieras, en particular para los hogares más pobres (véase el Recuadro 2.3).
La protección financiera sigue siendo un problema importante de equidad en los sistemas de salud de la OCDE. En 2023, los hogares cubrieron una proporción sustancial del gasto en salud mediante pagos de bolsillo, con una variación considerable entre países.
La incidencia del gasto catastrófico en salud también difiere marcadamente entre países. Afecta de manera desproporcionada a los hogares de menor ingreso, que tienen más probabilidades de enfrentar dificultades financieras al pagar por la atención.
Fuente: Capítulo 5 en OCDE (2025[26]), Health at a Glance 2025: OECD Indicators, https://doi.org/10.1787/8f9e3f98-en.
Los países con atención subsidiada tienden a implementar esta política mediante un régimen de seguro subsidiado o mediante la provisión pública gratuita destinada a eliminar las barreras financieras para los grupos de bajo ingreso. Costa Rica describe el «Seguro por el Estado» como el canal para asegurar a las personas que carecen de ingreso suficiente, mientras que Colombia ofrece un paquete de seguro subsidiado a las personas que cumplen un estándar de elegibilidad basado en la pobreza (SISBEN). Las exenciones de copago normalmente se brindan como protecciones para grupos vulnerables específicos o servicios prioritarios y parecen reducir las barreras en el punto de atención dentro de estructuras de beneficios por lo demás estándar. Por ejemplo, Colombia reporta exenciones en el régimen subsidiado, con exenciones adicionales para grupos vulnerables específicos (p. ej. víctimas del conflicto interno y personas con certificados de discapacidad). Belice no reporta tarifas directas a los usuarios por los servicios cubiertos dentro del programa de Seguro Nacional de Salud en las regiones participantes y reporta que también emite exenciones para pacientes indigentes y emergencias. Cuando los países reportan mecanismos para reducir los gastos catastróficos en salud, tienden a referirse a arreglos dedicados para afecciones de alto costo. Perú, por ejemplo, señala que cuenta con un fondo especializado para enfermedades costosas (FISSAL) junto con la cobertura de seguro subsidiado. Por último, los pocos casos que reportan transferencias o vales (Argentina y Paraguay) indican una vía complementaria para la protección financiera, utilizando el apoyo al ingreso para facilitar el acceso, en lugar de depender únicamente de reducir los cargos a los usuarios dentro del sistema de salud. En Paraguay, esto está vinculado a Tekoporã (transferencias de efectivo para hogares en situación de pobreza), descrito como una ayuda indirecta para mitigar el gasto relacionado con la salud. Chile, identificado en el recuadro 2.3 entre los países con un gasto de bolsillo relativamente alto, ilustra cómo estos países, no obstante, están fortaleciendo la financiación sensible a la equidad: las medidas recientes incluyen la eliminación de los copagos en la provisión pública (Copago Cero), la garantía de protección financiera incorporada en el régimen de Garantías Explícitas en Salud y planes para reducir el precio de los medicamentos.
Acceso y prestación de servicios
Las políticas para llegar a las poblaciones desatendidas son ampliamente reportadas, con el mayor énfasis puesto en ampliar la disponibilidad de servicios. La expansión de la infraestructura es casi universal (13 de 14 países) y las clínicas móviles o el alcance comunitario también son comunes (11 de 14), mientras que la telesalud y las políticas de salud intercultural son reportadas cada una por 9 de 14 (Figura 2.7). En contraste, las medidas que fortalecen la capacidad de prestación culturalmente apropiada y reducen las barreras prácticas de acceso se reportan con menos frecuencia. El apoyo al transporte es reportado por 7 de 14, y el reclutamiento y la formación de personal bilingüe o comunitario son reportados cada uno por 6 de 14. Colombia vincula el acceso rural y la telesalud a instrumentos nacionales recientes, incluidos el Plan Nacional de Salud Rural (Decreto 351 de 2025) y el marco nacional de Telesalud (Ley 1 419 de 2010). Belice describe clínicas móviles y equipos de alcance comunitario que prestan atención primaria y vacunaciones en aldeas de difícil acceso (incluidas las comunidades mayas) e iniciativas de telemedicina en clínicas rurales. Paraguay ofrece ejemplos concretos como una clínica de salud móvil que atiende a múltiples comunidades indígenas (Ley N.º 5469/2015 sobre la Salud de los Pueblos Indígenas). Nicaragua enmarca el alcance comunitario a través del Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC), organizado mediante redes territoriales (SILAIS) y brigadas comunitarias. La República Dominicana enfatiza el fortalecimiento de las redes territoriales y la descentralización bajo el SNS, y vincula los planes de transformación digital (PLANDES 2030) a la reducción de las barreras geográficas de acceso.
Notas: Las celdas indican si se reportó cada política para llegar a las poblaciones desatendidas. «Sí» significa que la política está vigente; «No» significa que se reportó explícitamente que no está vigente; «Sin respuesta» significa que no se reportó en la encuesta, aunque pueden existir planes para una integración futura.
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, Encuesta de Desigualdad e Inequidad en las Políticas de Atención Sanitaria.
Distribución de la fuerza de trabajo y atención culturalmente apropiada
Un factor para asegurar el acceso efectivo a la atención sanitaria es la ubicación de los profesionales médicos en relación con la población. Para lograr una distribución equitativa de la fuerza de trabajo en salud, los países reportan que utilizan estrategias de distribución geográfica con más frecuencia que estrategias de retención rural. El estado de estos esfuerzos en términos de implementación también varía ampliamente (Tabla 2.3). Entre los países que reportaron el estado de la política, la distribución geográfica se describe con mayor frecuencia como parcialmente implementada (4 países), seguida de «en desarrollo» (2), «implementada activamente» (2) y «sin estrategia» (2). Para los programas de mejora de la retención rural de la fuerza de trabajo, el patrón dominante es «sin estrategia» (6 países), con menos países reportando «en desarrollo» (2) o «implementación parcial» (2). Ecuador, Nicaragua y Haití están entre los pocos que reportan una estrategia de distribución geográfica implementada activamente. Paraguay reporta una implementación parcial tanto para la distribución como para la retención rural, lo que sugiere un enfoque de fuerza de trabajo más coherente aunque no plenamente implementado. En contraste, Guatemala y Panamá reportan que no tienen ninguna de estas estrategias, y Colombia reporta una estrategia de distribución en desarrollo sin una estrategia de retención rural, lo que refleja una brecha común entre la planificación de la distribución y la retención del personal en las áreas rurales.
Aunque pocos países reportaron estrategias formales de retención rural en esta encuesta, esto puede subestimar la gama de medidas realmente en uso. Una revisión separada de seis países de la región encontró que Colombia, Costa Rica, Jamaica, Panamá y Perú habían introducido incentivos financieros para el servicio rural y remoto, el reclutamiento local y enfoques que fortalecen las competencias interculturales y orientadas a la comunidad entre los trabajadores de la salud (Carpio and Santiago Bench, 2015[27]). Esto sugiere que algunas medidas de fuerza de trabajo pueden existir sin estar formalizadas o reportadas en la encuesta como estrategias nacionales explícitas de equidad.
Notas: Las celdas indican si los países reportaron una estrategia nacional sobre distribución geográfica y retención rural de los profesionales de la salud y, cuando se proporcionó, el estado de implementación reportado. «Sin estrategia» indica que el país reportó que no hay ninguna estrategia vigente. Una marca de verificación (✓) sin estado indica que se reportó una estrategia pero no se seleccionó ninguna categoría de estado. Las celdas vacías significan que no se reportó respuesta en la encuesta.
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, Encuesta de Desigualdad e Inequidad en las Políticas de Atención Sanitaria.
Sistemas de datos, monitoreo y reporte de la equidad
Producción de datos: infraestructura digital y sistemas de información en salud
La Figura 2.8 muestra que las políticas de inclusión digital para ayudar a los grupos vulnerables no son comunes. Solo cuatro países reportan al menos una medida de inclusión (de entre conectividad subsidiada, dispositivos/quioscos, puntos de acceso comunitario o alfabetización digital). Perú reporta el uso de todas las medidas de inclusión digital mencionadas mediante regulaciones recientes de telecomunicaciones, la entrega de quioscos y equipos de TI para apoyar los registros electrónicos de salud, la ampliación del acceso a través de la Red Nacional de Telesalud y la integración de 29 Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) en esa red de telesalud. Paraguay reportó que cuenta con esfuerzos de acceso comunitario y alfabetización digital focalizada para mujeres rurales e indígenas (p. ej. el programa «Ñanduti, mujeres conectadas»). Costa Rica creó una Oficina Virtual dentro del Ministerio de Salud, realizó un piloto de quioscos en áreas de salud y desarrolló un decreto de teleconsulta para regular su uso por parte de la población, junto con acciones iniciales para apoyar la alfabetización digital.
Notas: Las celdas indican si los países señalaron medidas específicas de inclusión digital para grupos vulnerables en la encuesta. «Sí» enumera los países que reportan la medida; «No» indica que la medida se reportó explícitamente como no vigente; «Sin respuesta» indica que no se reportó.
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, Encuesta de Desigualdad e Inequidad en las Políticas de Atención Sanitaria.
Si bien todos los países reportan captar datos sociodemográficos que son útiles para medir la desigualdad, la desagregación rutinaria por equidad solo se reporta para cinco países (Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y la República Dominicana). Además, la interoperabilidad de los sistemas de datos entre los sistemas público-privado o subnacionales también es desigual (Figura 2.9; véase el indicador «Disponibilidad de datos de salud» en el Capítulo 5). Costa Rica ancla su sistema en el EDUS (Expediente Digital Único en Salud) y reporta la producción rutinaria de productos desagregados a través de la unidad de estadística de la CCSS. Paraguay describe sus sistemas de información en salud (HIS) como la columna vertebral para el reporte rutinario de servicios, pero señala que tiene una cobertura geográfica incompleta y carece de interoperabilidad. Ecuador reporta que cuenta con sistemas de datos más centralizados a nivel de la atención primaria y arreglos de datos más descentralizados para la atención hospitalaria. Chile informa sobre inversiones recientes en su infraestructura de información sanitaria que son relevantes para el seguimiento orientado a la equidad, incluyendo el lanzamiento en 2024 de una plataforma de código abierto para la recopilación, el análisis y la difusión de datos de salud, y la adopción en 2025 de un estándar de interoperabilidad para vincular registros entre sistemas y respaldar un historial clínico compartido.
Notas: Las celdas indican si los países señalaron características seleccionadas de RES/HIS en la encuesta. «Sí» enumera los países que reportan la característica; «No» indica que se reportó explícitamente como no vigente; «Sin respuesta» indica que no se reportó.
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, Encuesta de Desigualdad e Inequidad en las Políticas de Atención Sanitaria.
Al recopilar datos, solo tres países reportan recabar rutinariamente información en una amplia gama de categorías: Costa Rica, Ecuador y Argentina (Figura 2.10). Entre los demás países, Guatemala es el único que recopila explícitamente información sobre etnicidad. Varios países reportaron que solo recopilan campos administrativos estándar (sexo, edad y lugar de residencia) o que incluyen, además, una o dos categorías adicionales relacionadas con la equidad.
Países como Honduras y Haití no seleccionaron grupos poblacionales específicos en la respuesta estructurada de la encuesta, pero proporcionaron información contextual mediante respuestas abiertas. Honduras reportó que sus plataformas de vigilancia (ESAVI/EVADIE) normalmente captan la edad y el sexo, pero señala una documentación limitada sobre campos sociodemográficos más amplios o estándares de interoperabilidad, y Haití describe de manera similar la captación rutinaria de edad, sexo y geografía para la vigilancia y el reporte, pero ninguna captación rutinaria de variables como el ingreso, la educación, la discapacidad o la afiliación al seguro en los documentos revisados.
Notas: Las celdas resumen qué grupos poblacionales se reportan como captados en los sistemas de RES/HIS. Los países reportaron los grupos poblacionales en las características de RES/HIS; las celdas en blanco indican que la información no se reportó.
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, Encuesta de Desigualdad e Inequidad en las Políticas de Atención Sanitaria.
La Figura 2.11 muestra que todos los países encuestados recopilan información desagregada para el acceso y la cobertura de servicios y los resultados de salud, mientras que la recopilación de datos es más desigual para los factores de riesgo (10 países), la calidad de la atención (6 países) y la protección financiera (5 países). Argentina vincula la desagregación a una combinación de monitoreo de programas y sistemas de información sectoriales, incluido SITAM. Colombia describe la producción nacional de indicadores desagregados para el acceso y los resultados, y señala que el monitoreo de la calidad está estrechamente ligado a las evaluaciones del desempeño de las EPS y a instrumentos regulatorios relacionados, en lugar de estar sistemáticamente incorporado en el reporte rutinario de indicadores desagregados entre dominios. Costa Rica destaca el EDUS y la función estadística de la CCSS como la columna vertebral de la desagregación rutinaria, y señala que algunas métricas de equidad se derivan de datos de hogares. Paraguay fundamenta los datos desagregados en el HIS nacional, donde los indicadores se generan principalmente a partir de los registros de servicios de los establecimientos (p. ej. consultas), y señala que la cobertura incompleta y la interoperabilidad restringen una desagregación rutinaria más amplia. La República Dominicana hace referencia a la producción de indicadores bajo PLANDES 2030, mientras que Honduras y Haití describen una recopilación de datos organizada en gran medida en torno a desgloses administrativos estándar (edad, sexo y territorio), con una documentación más limitada de la desagregación rutinaria para estratificadores de equidad más amplios (p. ej. etnicidad, ingreso, discapacidad o condición migratoria).
Notas: Las celdas indican si los países reportaron contar con indicadores desagregados disponibles para cada dominio de monitoreo. «Sí» significa que el país reportó la desagregación en ese dominio; «No» significa que el país reportó no tenerla; «Sin respuesta» significa que no se reportó en la encuesta. «Sí» puede reflejar una desagregación producida a partir de sistemas administrativos o de encuestas de hogares, según el país.
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, Encuesta de Desigualdad e Inequidad en las Políticas de Atención Sanitaria.
Uso de datos: monitoreo y reporte sobre las desigualdades
La Figura 2.12 resume si los países reportan producir informes regulares de equidad. En la encuesta, el reporte enfocado por tema es el formato más común (10 de 12 países), seguido del reporte enfocado por grupo (8 de 12). En contraste, menos países reportan un informe nacional de monitoreo de la desigualdad (5 de 12), y el reporte subnacional es poco frecuente (2 de 12). Ecuador cita un informe nacional de desigualdad («Informe país sobre desigualdades en salud», 2025) y lo utiliza tanto como producto nacional de monitoreo como para informar el reporte enfocado por tema. Panamá hace referencia de manera similar a un estudio nacional de equidad («Estudio Nacional de Equidad en Salud Sostenible») utilizado para el monitoreo nacional y para el reporte por tema y por grupo. Argentina reporta un reporte nacional y subnacional, señalando que los productos enfocados por tema a menudo se producen a solicitud y que el reporte enfocado por grupo se canaliza a través de instituciones como la DNAPSySC y el PNSPI. Costa Rica reporta un reporte enfocado por grupo y aclara que el INEC publica principalmente resultados en lugar de emitir informes técnicos dedicados, mientras que varias instituciones (p. ej. CONAPAM, CONAPDIS, INAMU) producen informes enfocados en grupos específicos (p. ej. género, edad, rural/urbano y discapacidad). Paraguay reporta un reporte enfocado por tema y por grupo y atribuye el reporte regular al MSPBS, centrado en el reporte rutinario de los resultados de salud.
Notas: Las celdas indican si los países cuentan con informes nacionales o subnacionales regulares sobre las desigualdades en salud; al menos una vez cada 2 años, en lugar de publicaciones ad hoc o puntuales.
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, Encuesta de Desigualdad e Inequidad en las Políticas de Atención Sanitaria.
Acción intersectorial y determinantes sociales
Todos los países que respondieron a las preguntas sobre coordinación intersectorial reportaron al menos dos mecanismos de implementación. Entre los 14 países, los acuerdos formales fueron reportados por 12, los comités o grupos de trabajo interministeriales por 12, la coordinación ad hoc por 11 y la planificación/presupuestación conjunta por 9 (Figura 2.13). En Ecuador, la acción intersectorial está vinculada a organismos interinstitucionales específicos, incluidos comités sobre violencia contra la mujer, salud materna y neonatal, y prevención del embarazo adolescente, y a la coordinación nacional en torno a la desnutrición crónica infantil («Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil»). Colombia no reportó un mecanismo específico de coordinación intersectorial, pero destacó la acción intersectorial en su Plan Nacional de Desarrollo, enmarcando explícitamente la salud como articulada con la educación, la vivienda, el agua segura, el saneamiento básico, la conectividad digital y el empleo digno. En Argentina, la respuesta a la encuesta destacó la coordinación activa entre el nivel nacional y el subnacional y señaló que la formalización a menudo ocurre mediante acuerdos e instrumentos legales específicos (leyes, resoluciones o disposiciones administrativas); también hace referencia a la coordinación con organismos indígenas y del registro civil para la implementación territorial. Costa Rica señala un único punto de entrada operativo, su Unidad de Planificación Sectorial, describiendo la participación a través de comisiones en múltiples modalidades de coordinación. Paraguay reporta tanto grupos interministeriales como instrumentos formales, citando la coordinación en torno al Sistema de Protección Social y la planificación conjunta para grandes inversiones (p. ej. entre el MOPC y el MSPBS), señalando también que la coordinación puede seguir siendo basada en proyectos en lugar de plenamente institucionalizada. Perú destaca el Consejo Nacional de Salud como un espacio de articulación entre niveles de gobierno y la sociedad civil, señalando la creación en septiembre de 2024 de una comisión de trabajo sobre determinantes sociales y el papel de los consejos subnacionales y los comités distritales en la fijación de prioridades. La República Dominicana enmarca la acción intersectorial a través de instrumentos legales y de planificación formales, mientras que Haití vincula la coordinación principalmente a la planificación multisectorial orientada a emergencias (incluida la planificación de acción del RSI y el papel de coordinación del ministerio de salud).
Notas: Las celdas indican si los países reportan cada tipo de mecanismo de coordinación intersectorial. «Sí» y «No» reflejan la respuesta de la encuesta para ese ítem; «Sin respuesta» significa que no se reportó en la encuesta.
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, Encuesta de Desigualdad e Inequidad en las Políticas de Atención Sanitaria.
Los vínculos de seguridad alimentaria/nutrición son los más frecuentemente reportados entre los programas conjuntos (9 de 14 países) que conectan la protección social y otros sectores con los objetivos de salud, seguidos de las transferencias monetarias condicionadas (5 de 14) y las plataformas de prestación integradas (4 de 14) (Figura 2.14). Paraguay hace referencia a Tekoporã (Ministerio de Desarrollo Social), describiendo condicionalidades vinculadas a acciones de salud como la vacunación y la atención prenatal, y sitúa estos esfuerzos dentro del Sistema de Protección Social (SPS); también señala que el trabajo conjunto no siempre está presente en todas las categorías. Perú cita a JUNTOS como un programa de transferencias condicionadas que promueve el acceso a la salud, la educación y la nutrición para los hogares pobres, en particular aquellos con mujeres embarazadas y niños, y destaca el Programa Nacional PAIS, descrito como un programa que entrega «caravanas» multisectoriales y paquetes de servicios coordinados que incluyen salud, seguridad alimentaria y acceso a programas sociales a través de plataformas de servicios. Ecuador señala el «Bono de los 1 000 primeros días» como un mecanismo vinculado a la nutrición y la salud en las primeras etapas de la vida. Colombia vincula la acción conjunta a Hambre Cero, descrita como una implementación coordinada entre instituciones y regiones, priorizando los territorios que enfrentan una inseguridad alimentaria más grave. Costa Rica y Belice enmarcan el vínculo nutrición-salud más a través de paquetes de servicios y orientación (p. ej. orientación dietética y materiales sobre los primeros 1 000 días en Costa Rica; e iniciativas integradas de nutrición y apoyo alimentario vinculadas al acceso a servicios en Belice), en lugar de a través de instrumentos de transferencias monetarias. Chile basa la acción intersectorial en plataformas de larga trayectoria, como el subsistema integrado de protección de la primera infancia Chile Crece Más (anteriormente Chile Crece Contigo), junto con estrategias intersectoriales que vinculan la salud con la educación y la protección social, así como medidas regulatorias sobre factores de riesgo, como la comercialización, el etiquetado y la publicidad de bebidas alcohólicas.
Notas: Las celdas indican si los países reportan programas intersectoriales conjuntos vinculados a la salud (p. ej. protección social, nutrición/seguridad alimentaria o plataformas integradas). «Sí» y «No» reflejan la respuesta de la encuesta para ese ítem; «Sin respuesta» significa que no se reportó en la encuesta.
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, Encuesta de Desigualdad e Inequidad en las Políticas de Atención Sanitaria.
Emergencias y preparación ante desastres
La Figura 2.15 indica que cuatro países (Belice, Costa Rica, Paraguay y la República Dominicana) reportan la equidad como sistemáticamente integrada en la planificación de la preparación, mientras que ocho países (Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá) reportan una integración más parcial. En Belice, la planificación de emergencias se describe como una combinación de mapeo de vulnerabilidad, preparación basada en la comunidad y comunicación de riesgos focalizada y adaptada a los grupos vulnerables. Paraguay ancla su enfoque en el Plan Nacional de Respuesta ante Emergencias con Enfoque Multiamenazas, que establece un modelo operativo para la respuesta del sector salud ante múltiples amenazas (incluidas inundaciones, brotes epidémicos, olas de calor, sequías, incendios forestales y eventos con múltiples víctimas). Costa Rica también reporta una integración sistemática y señala explícitamente la inclusión de grupos vulnerables específicos, como las personas en situación de calle, las personas privadas de libertad y las poblaciones en territorios remotos (p. ej. Alto Telire). La República Dominicana reporta de manera similar una integración sistemática, describiendo marcos de preparación basados en el riesgo y centrados en la vulnerabilidad. En contraste, Ecuador señala que su Plan de Respuesta Multiamenaza hace referencia a la equidad en términos generales pero no especifica explícitamente los grupos poblacionales. Entre los demás países que reportan una integración parcial, Guatemala y Panamá enfatizan la vulnerabilidad y las inequidades territoriales como consideraciones de planificación, mientras que Honduras, Haití y Nicaragua describen marcos de preparación que reconocen a las poblaciones vulnerables pero ofrecen un detalle más limitado sobre cómo se operacionaliza la equidad en los instrumentos rutinarios de preparación. Perú está actualizando su marco de preparación para emergencias con el fin de incorporar el mapeo de vulnerabilidades y convertir la equidad en un pilar central de sus planes de respuesta ante múltiples riesgos, priorizando así a las comunidades marginadas durante las crisis nacionales. Chile ofrece un ejemplo similar a través de su Modelo Chileno de Salud Mental en la Gestión del Riesgo de Desastres, vigente desde 2019, que integra la salud mental y el apoyo psicosocial en la preparación y respuesta ante desastres. El modelo combina la coordinación intersectorial, el fortalecimiento comunitario, el apoyo al personal de respuesta y la asistencia dirigida a grupos vulnerables específicos dentro del sistema nacional de respuesta ante desastres.
Notas: Las celdas indican que la equidad se reporta como integrada en los planes de preparación ante emergencias y desastres. «Sistemáticamente integrada» indica que la equidad se describe como un elemento rutinario de la planificación de la preparación; «Parcial u ocasionalmente considerada» indica que la equidad se menciona pero no está consistentemente incorporada entre los instrumentos o en la implementación.
Fuente: Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, Encuesta de Desigualdad e Inequidad en las Políticas de Atención Sanitaria.
Los países de América Latina y el Caribe han construido marcos reconocibles de política de equidad, pero la transición del compromiso a una implementación consistente sigue siendo el desafío central. La encuesta documenta una región donde los mandatos legales de equidad son comunes, los servicios subsidiados están generalizados y los países están ampliando el alcance comunitario, la telesalud y la coordinación intersectorial. También documenta que las condiciones institucionales necesarias para hacer efectivos estos compromisos a lo largo del tiempo son con frecuencia débiles o inexistentes: el monitoreo consistente de los grupos poblacionales y el alcance territorial sostenido. Las desigualdades en salud en la región siguen siendo una expresión directa de una desigualdad social más amplia, y la desventaja se acumula a lo largo de la trayectoria de atención, a través de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento, produciendo brechas más amplias en los resultados que en el acceso por sí solo.
La encuesta señala un patrón consistente entre los dominios de política: las respuestas más sólidas son aquellas que amplían la disponibilidad y la asequibilidad de los servicios, mientras que las medidas que abordan las condiciones más profundas necesarias para que los servicios sean equitativos en la práctica, como la adaptación cultural, la retención de la fuerza de trabajo, la inclusión digital y el monitoreo rutinario de los grupos poblacionales clave, están sistemáticamente menos desarrolladas. La atención a la equidad también es más estrecha de lo que la evidencia justifica, centrada principalmente en el ingreso y las brechas rural-urbanas, con mucha menos atención sistemática a la etnicidad, la discapacidad, la condición migratoria y el género.
Las estrategias de acceso priorizan la expansión por encima de la profundidad. La expansión de la infraestructura es reportada por 13 de 14 países, el alcance comunitario por 11 y la telesalud por 9, pero el apoyo al transporte está disponible en solo 7, el reclutamiento de personal bilingüe o comunitario en 6 y las políticas de inclusión digital en apenas 4. La distribución geográfica de la fuerza de trabajo en salud se reporta con más frecuencia que las estrategias de retención rural, y para la retención rural el patrón dominante es la ausencia total de estrategia. La salud digital está avanzando más como una agenda de modernización que como una estrategia de equidad: solo cuatro países reportan al menos una medida concreta para ayudar a los grupos vulnerables a superar las barreras relacionadas con la conectividad, los dispositivos o la alfabetización digital, y la interoperabilidad desigual limita aún más si las herramientas digitales reducen o amplían las brechas existentes.
Los países están construyendo la arquitectura básica para el monitoreo del acceso y la cobertura, pero la desagregación para la calidad de la atención es reportada por solo 6 de 14 países y para la protección financiera por solo 5. La desagregación rutinaria por etnicidad, discapacidad y condición migratoria está disponible solo en un pequeño número de países. Con un estimado de 50‑75% de la mortalidad evitable en la región vinculado a una atención de mala calidad más que a la falta de contacto, reducir las desigualdades en la salud y la atención sanitaria ahora requiere mejorar el contenido, la continuidad y el desempeño de los sistemas de salud, al tiempo que se abordan los déficits de acceso pendientes‑ (Kruk et al., 2018[13]).
En conjunto, la región ha logrado avances importantes en acercar los servicios y hacerlos más asequibles, pero ha sido menos consistente en adaptar la prestación a las barreras prácticas, culturales y organizacionales que enfrentan los grupos desatendidos. Las fortalezas comunes son reales: un amplio reconocimiento legal, la ampliación de la prestación de servicios para las poblaciones desatendidas y una creciente acción intersectorial. Las debilidades recurrentes son igualmente claras: el monitoreo incompleto de los grupos poblacionales donde las desigualdades son mayores, la insuficiente retención rural de la fuerza de trabajo en salud y la adaptación cultural de los servicios, y una inclusión digital superficial. El progreso en la siguiente fase depende menos de adoptar iniciativas de equidad adicionales que de hacer que las existentes sean más coherentes, estén mejor focalizadas y rindan cuentas.
Las respuestas de la encuesta no cubren todas las dimensiones de la equidad en salud; sin embargo, sobre la base de lo que los países reportaron, las brechas más consistentes apuntan a las siguientes prioridades:
Profundizar las estrategias de acceso para llegar efectivamente a los grupos desatendidos. Los países han establecido una amplia infraestructura y alcance comunitario, pero las medidas que abordan las barreras prácticas, culturales y organizacionales que determinan si los servicios son realmente utilizados por las poblaciones más marginadas siguen estando menos consistentemente vigentes. La encuesta capta solo un subconjunto de tales medidas, pero incluso estas muestran una brecha sistemática entre la disponibilidad y el alcance efectivo.
Extender el monitoreo a la calidad de la atención y la protección financiera, y a los grupos poblacionales clave. Los sistemas de monitoreo que captan el acceso, pero no la calidad ni la protección financiera, no pueden evaluar si las mejoras están llegando a quienes más las necesitan. La desagregación rutinaria por etnicidad, discapacidad y condición migratoria sigue siendo la brecha de datos más accionable en toda la región.
Fortalecer la retención rural de la fuerza de trabajo junto con la distribución geográfica. Las estrategias de distribución no resuelven la escasez de fuerza de trabajo en las áreas remotas. Los incentivos, las trayectorias profesionales y las condiciones de trabajo que hacen sostenibles los puestos rurales a lo largo del tiempo requieren una inversión dedicada.
Tratar la inclusión digital como una inversión en equidad. Las inversiones en salud digital deberían combinarse con medidas de inclusión concretas, como la conectividad, los dispositivos y la alfabetización digital, focalizadas en las poblaciones con menos probabilidades de beneficiarse de otro modo. El programa Ñanduti de Paraguay y la expansión de la telesalud de Perú ilustran que esto es alcanzable.
Pasar la coordinación intersectorial de los acuerdos a la acción conjunta. Las estructuras de coordinación formales están generalizadas, pero la planificación y la presupuestación conjuntas, que son los mecanismos con más probabilidades de producir una acción sostenida sobre los determinantes sociales, siguen siendo la excepción.
Integrar la equidad en la adaptación al clima y la preparación ante emergencias. Solo cuatro de 14 países incorporan la equidad de manera sistemática en la planificación de la preparación. Dado que los choques sanitarios amplían de manera consistente las desigualdades existentes, el mapeo de vulnerabilidad y los planes de respuesta focalizados para los grupos marginados deberían ser estándar, no excepcionales.
Referencias
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