La seguridad del paciente es una dimensión central de la calidad de la atención y una prioridad clave de política para los sistemas de salud, dada la carga sustancial de daño prevenible asociada a una atención insegura y al uso inapropiado de los medicamentos. El daño relacionado con los medicamentos, incluido el uso inapropiado de antimicrobianos, se encuentra entre las fuentes más comunes y evitables de incidentes de seguridad del paciente, y contribuye a los eventos adversos por medicamentos y a la creciente amenaza de la resistencia a los antimicrobianos. En respuesta, la Organización Mundial de la Salud ha formulado el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021‑2030 (Astier-Peña et al., 2021[1]), que exige una gobernanza más sólida, sistemas de aprendizaje y prácticas de medicación más seguras en todos los países. Esta sección reúne dos indicadores complementarios para evaluar el progreso en esta área: la medida en que los países han establecido las bases a nivel de sistema para la seguridad del paciente en consonancia con el Plan de Acción, y los patrones de consumo de antimicrobianos, que ofrecen información sobre las prácticas de prescripción y los posibles riesgos relacionados con un uso inseguro o inapropiado. En conjunto, estos indicadores ponen de relieve tanto el compromiso político con la seguridad del paciente como la forma en que se traduce en el comportamiento cotidiano de prescripción, lo que ofrece una imagen más integral de la seguridad del paciente y la prescripción segura en la región.
El Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021‑2030 establece un marco integral para fortalecer la seguridad del paciente mediante la gobernanza, los sistemas de aprendizaje, la formación de la fuerza de trabajo y la participación de los pacientes. En toda América Latina y el Caribe, el progreso en el cumplimiento de estos criterios sigue siendo desigual. Ningún país de América Latina y el Caribe cumple plenamente todos los requisitos evaluados (Figura 7.14), mientras que seis países cumplen la mayoría de los criterios y pueden considerarse como países con sistemas de seguridad del paciente en general alineados. Uruguay destaca con el mayor nivel de alineación, al cumplir 10 de los criterios evaluados, seguido de Cuba y Ecuador (ocho criterios cada uno). Un segundo grupo de países —incluidos Colombia y Costa Rica (siete criterios cada uno), así como la República Dominicana y Perú (seis criterios)— cumple varios elementos centrales, pero todavía muestra brechas, particularmente en el establecimiento de metas nacionales y la divulgación pública. La mayoría de los países cumple parcialmente los criterios del Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente, y normalmente cuenta con políticas fundamentales —como sistemas de reporte de eventos que nunca deberían ocurrir o la participación en iniciativas internacionales de seguridad—, pero carece de planes de acción nacionales integrales, de la publicación regular del desempeño en materia de seguridad del paciente o de metas explícitas para reducir el daño relacionado con los medicamentos. En el extremo inferior de la distribución, Guyana, Haití y Paraguay cumplen pocos criterios, lo que indica una infraestructura de seguridad del paciente a nivel de sistema limitada.
El consumo promedio de antimicrobianos en América Latina y el Caribe varía considerablemente entre países y grupos terapéuticos. Durante el período 2019‑2022, el consumo total osciló entre 23.9 dosis diarias definidas por cada 1 000 habitantes por día (DID) en Argentina y 22.0 DID en Colombia, hasta menos de 6 DID en Chile (5.4 DID) y Trinidad y Tobago (5.9 DID), y 2.9 DID en San Cristóbal y Nieves (Figura 7.15). En todos los países, el consumo está dominado por los betalactámicos, las penicilinas (J01C), que representan la mayor proporción de uso, alcanzando 11.8 DID en Argentina y 7.7 DID en Colombia, seguidos de los macrólidos (J01F) y las quinolonas (J01M), dos clases comúnmente asociadas a la prescripción inapropiada cuando se utilizan fuera de las indicaciones recomendadas por las guías. Los países con mayor consumo también tienden a mostrar un uso más amplio en múltiples clases de antimicrobianos, mientras que los países con menor consumo muestran patrones de prescripción más concentrados. Colombia, por ejemplo, está avanzando en la formulación de un documento de política en el marco del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para reducir el impacto de la resistencia a los antimicrobianos, que abarca tanto el uso humano como el veterinario. Estas grandes diferencias entre países probablemente reflejan una combinación de variaciones en la carga de enfermedad, el acceso a los medicamentos, las prácticas de prescripción y la supervisión regulatoria, y subrayan la importancia de fortalecer la optimización del uso de antimicrobianos y las políticas de prescripción segura para reducir la exposición innecesaria y mitigar los riesgos de la resistencia a los antimicrobianos y del daño relacionado con los medicamentos.
