Los arreglos de financiamiento de los sistemas de salud pueden clasificarse en términos generales según su naturaleza obligatoria o voluntaria. Los países que financian predominantemente la atención sanitaria mediante esquemas gubernamentales brindan cobertura de atención a las personas con base en su residencia. En otros casos, los sistemas que se financian con esquemas de seguro obligatorio de salud (ya sea a través de entidades públicas o privadas) vinculados al pago de contribuciones sociales o primas de seguro de salud brindan cobertura de atención con base en la afiliación. Además de estos, una proporción variable del gasto en atención sanitaria consiste en los pagos de bolsillo de los hogares —ya sea como pagos independientes o como parte de arreglos de copago—, así como en diversas formas de esquemas de pago voluntario, como el seguro voluntario de salud. En la región de ALC, la sustancial fragmentación de los sistemas de salud a menudo da lugar a la coexistencia de esquemas de financiamiento y, en algunos casos, a su superposición. Existe una heterogeneidad sustancial en los arreglos de financiamiento en ALC, donde están presentes en la región la mayoría de los modelos estándar de financiamiento público (Lorenzoni et al., 2019[1]).
La Figura 6.3 reporta el gasto en salud financiado por los esquemas gubernamentales y de seguro obligatorio de salud como proporción del PIB en 2024 (o el último año disponible), el pico de la COVID-19 en 2021 y en 2015. Cuba continuó asignando la mayor proporción del PIB al gasto público en salud, con un 7,8%, a pesar de una marcada caída desde el 12,6% en 2021. Haití se mantuvo en la parte inferior, con un 0,6%, mientras que Guyana y Venezuela también estuvieron por debajo del 2% del PIB. En promedio, el gasto público en salud en ALC se mantuvo en general sin cambios entre 2015 y 2024, en alrededor del 3,8% del PIB, tras aumentar temporalmente al 4,5% en 2021. En contraste, el promedio de la OCDE aumentó del 6,5% del PIB en 2015 al 7,0% en 2024, lo que implica una brecha más amplia con ALC. El gasto en general se disparó durante la pandemia y luego retrocedió, aunque en algunos países —incluidos Paraguay, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Uruguay y Chile— los esfuerzos de gasto público en salud se mantuvieron claramente por encima de los niveles previos a la COVID.
Los esquemas gubernamentales y de seguro obligatorio de salud siguieron siendo la principal fuente de financiamiento de la salud en 2024, representando el 57% del gasto corriente en salud en promedio en ALC (Figura 6.4). Esto sigue estando muy por debajo del promedio de la OCDE del 75%. Proporciones más altas indican que una parte mayor del gasto en salud se financia mediante esquemas obligatorios y mancomunados en lugar de pagos voluntarios o de bolsillo y, por tanto, señalan una cobertura de base más amplia de las necesidades de salud. Entre 2015 y 2024, el promedio regional aumentó solo ligeramente, del 56% al 57%, lo que dejó la brecha con el promedio de la OCDE prácticamente sin cambios. En 2024, solo Cuba y Colombia alcanzaron o superaron el promedio de la OCDE, mientras que Surinam, Uruguay, Costa Rica y Guyana también estuvieron entre los países con las mayores proporciones de financiamiento obligatorio. En el otro extremo del rango, Haití, Venezuela, Guatemala y Honduras continuaron dependiendo mucho más del gasto voluntario y de bolsillo. Los mayores aumentos desde 2015 se observaron en Saint Kitts y Nevis, Guyana, Santa Lucía, Jamaica y Surinam, mientras que Panamá, Cuba, Argentina y Barbados registraron los mayores descensos. En el caso de Colombia, los indicadores relativamente favorables de protección financiera en la región no deberían interpretarse como una evaluación integral del desempeño del sistema de salud. Persisten desafíos en la sostenibilidad financiera, el acceso efectivo, las desigualdades territoriales y la oportunidad en la prestación de servicios.
Varios factores —incluidos el tipo de sistema vigente, el espacio fiscal disponible, y la prioridad política y de política otorgada a la salud— determinan el tamaño de los fondos públicos asignados a la salud. Las prioridades presupuestarias relativas también pueden variar de un año a otro como resultado de la toma de decisiones políticas y de las condiciones económicas. En 2024, el gasto en salud de los esquemas gubernamentales y de seguro obligatorio representó el 13,2% del gasto público total en ALC, en comparación con el 15,5% en los países de la OCDE (Figura 6.5). Costa Rica destinó la mayor proporción de su presupuesto público a la salud, con un 24,9%, seguida de Paraguay, Uruguay, Cuba y Panamá, todos cerca o por encima del 20%. En el otro extremo del espectro, Venezuela, Haití, Dominica, Saint Kitts y Nevis, Granada, Guyana, Barbados y San Vicente y las Granadinas asignaron menos del 8% del gasto público a la salud. Entre 2015 y 2024, el promedio regional se mantuvo casi sin cambios, mientras que el promedio de la OCDE aumentó modestamente. Los mayores aumentos en la región se observaron en Paraguay, Chile, Jamaica, Trinidad y Tobago, Perú y Bolivia, mientras que los mayores descensos se registraron en Dominica, Costa Rica y Guyana (Figura 6.5).
