Como se reportó en la sección anterior, los altos niveles de gasto de bolsillo (GDB) en la región presentan un desafío no solo para los gobiernos que buscan mejorar el acceso, sino también para las personas, los hogares y las comunidades. Un alto gasto de bolsillo significa que los hogares financian directamente una parte sustancial de la atención cuando la necesitan, lo que puede empujarlos a la pobreza o a dificultades financieras. A nivel mundial, la incidencia del gasto catastrófico en salud —definido como pagos de bolsillo iguales o superiores al 10% del ingreso o el consumo del hogar— ha aumentado con el tiempo, alcanzando el 11,7% en 2010, equivalente a 808 millones de personas (Flores et al., 2018[1]).
La Figura 6.9 muestra los pagos de bolsillo en salud como proporción del gasto de consumo final de los hogares. En promedio, el gasto de bolsillo representó el 3,4% del consumo final de los hogares en ALC en 2024, o el último año disponible, similar al promedio de la OCDE del 3,2%. Sin embargo, hay una variación sustancial entre países. El gasto de bolsillo representó menos del 2% del consumo final de los hogares en Venezuela, Guyana, Colombia, Haití, Antigua y Barbuda, la República Dominicana, Belice y San Vicente y las Granadinas, pero superó el 4,5% en Honduras, Surinam, Paraguay, Saint Kitts y Nevis, Chile y Panamá. Entre 2015 y 2024, la carga del gasto de bolsillo en relación con el consumo de los hogares aumentó en varios países, incluidos Panamá, Chile, Brasil, Guatemala y Surinam, mientras que cayó en otros como Antigua y Barbuda, la República Dominicana, Santa Lucía, Ecuador y Haití. Estos promedios, sin embargo, se calculan a nivel nacional y no proporcionan información sobre cómo se distribuye la carga dentro de los países; una proporción nacional relativamente moderada puede ocultar desigualdades sustanciales, con los hogares de bajo ingreso enfrentando proporciones de gasto de bolsillo mucho más altas y un mayor riesgo de dificultades financieras que los hogares en mejor situación.
La Figura 6.10 muestra los esquemas de pago voluntario de atención sanitaria como proporción del gasto de consumo final de los hogares. En promedio en ALC, estos esquemas absorbieron alrededor del 1,0% del consumo final de los hogares en 2024, o el último año disponible, muy cerca del promedio de la OCDE. La proporción fue cercana a cero en Cuba y por debajo del 0,3% en Guyana, Dominica y San Vicente y las Granadinas, pero superó el 2% en Argentina y Bahamas, alcanzando el 4,6% en Brasil. Entre 2015 y 2024, la carga de los pagos voluntarios cayó marcadamente en Haití y Surinam, y también disminuyó en Uruguay y Guyana, pero aumentó notablemente en Argentina, Bahamas, Jamaica, Panamá y Brasil. Al igual que con el gasto de bolsillo, estas cifras son promedios nacionales y no muestran cómo se distribuye la carga entre los grupos de ingreso, lo cual es importante dado que los esquemas voluntarios suelen concentrarse entre los hogares en mejor situación y pueden contribuir a la segmentación del sistema.
En conjunto, los pagos de bolsillo y los esquemas voluntarios de atención sanitaria absorbieron alrededor del 5,7% del gasto de consumo final de los hogares en ALC en 2024, o el último año disponible, por encima del promedio de la OCDE de aproximadamente el 4,2%. La carga combinada varía ampliamente, desde alrededor del 2% o menos en Guyana y Venezuela hasta más del 8% en Brasil, Chile y Panamá. En algunos países, proporciones de gasto de bolsillo relativamente moderadas coexisten con altos pagos voluntarios, como en Brasil, Bahamas y Argentina, lo que sugiere un mayor prepago pero también una mayor segmentación. En otros, un alto gasto de bolsillo con una cobertura voluntaria más limitada, como en Panamá, Chile, Guatemala y Honduras, señala una mayor dependencia de los pagos directos en el punto de uso. Al igual que con cada indicador por separado, estas cifras son promedios nacionales y no captan cómo se distribuye la carga entre los grupos de ingreso. Para asegurar un acceso y una cobertura adecuados para todos los grupos, los gobiernos necesitan fortalecer la protección financiera de modo que los pagos de bolsillo y los esquemas voluntarios de atención sanitaria no absorban una proporción excesiva de los recursos de los hogares (OMS, 2018[2]). Una alta dependencia de estos esquemas de pago, junto con arreglos de financiamiento fragmentados, limita la mancomunación y la solidaridad y a menudo refuerza la segmentación entre los grupos poblacionales.
