Una dieta saludable y nutricionalmente equilibrada es esencial para promover la salud y el bienestar, apoyar estilos de vida activos, prevenir la malnutrición y reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT), como las ECV, la diabetes y ciertos tipos de cáncer. Los principios de una dieta saludable son la adecuación, al proporcionar suficientes nutrientes esenciales; el equilibrio, al asegurar una ingesta energética apropiada y limitar los alimentos o bebidas con alto contenido de azúcar y grasas saturadas y trans; la moderación, al reducir el consumo de alimentos con efectos nocivos para la salud; y la diversidad, al incluir diariamente una variedad de verduras, frutas, legumbres, frutos secos y cereales integrales (WHO/FAO, 2024[1]). La región de ALC enfrenta el costo más alto del mundo de una dieta saludable, al tiempo que afronta la doble carga de la malnutrición, lo que contribuye a una pérdida anual del PIB de hasta el 16% (WFP, 2025[2]).
En 13 países de ALC, el 19.9% de la población consumió más de un refrigerio salado envasado ultraprocesado el día o la noche anterior en 2023 (Figura 4.13). Existen diferencias entre las zonas urbanas y rurales, con un mayor consumo de estos alimentos en las zonas urbanas (20.3%) en comparación con las zonas rurales (18.3%). Este patrón se observa en los 13 países de ALC, excepto en Ecuador, Nicaragua y Chile, donde el consumo en zonas rurales es 5, 3 y 1 p.p. mayor que en zonas urbanas, respectivamente. En cuanto a la prevalencia total de la población, Honduras, Guatemala y Costa Rica reportan los niveles más altos de consumo de refrigerios salados, con 27%, 35.1% y 38.9% de las personas que reportan consumir estos alimentos. En contraste, Perú, Brasil y Paraguay son los países con el menor consumo, todos por debajo del 12%.
Además, la OMS recomienda que los adultos consuman al menos 400 gramos —o cinco o más porciones— de frutas y verduras al día. En 13 países de ALC, el 9.2% de la población total reporta no haber consumido verduras ni frutas en las últimas 24 horas (Figura 4.14). En promedio, esta proporción es menor en las zonas urbanas (8.2%) que en las zonas rurales (10.4%), excepto en Bolivia, Chile, México, Paraguay y la República Dominicana. Las mayores brechas urbano-rurales se encuentran en Honduras, Nicaragua y Ecuador, donde el consumo nulo en zonas rurales supera al de zonas urbanas en 8.2, 7.7 y 5.2 p.p., respectivamente. Esto podría explicarse por el hecho de que los residentes rurales suelen tener menos acceso a alimentos saludables asequibles y a la diversidad alimentaria que los residentes de zonas urbanas, combinado con menos años de educación y niveles de ingresos más bajos (Gonçalves et al., 2023[3]).
El consumo excesivo de comida rápida se asocia con niveles más altos de tejido adiposo visceral, grasa hepática y probabilidad de presentar enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica (Odegaard et al., 2022[4]). En 2023, el 5.6% de la población de 13 países de ALC reporta haber consumido comida rápida el día o la noche anterior (Figura 4.15). El consumo de comida rápida es mayor en zonas urbanas (6.7%) que en zonas rurales (3.2%) en todos los países analizados. Las mayores diferencias se observan en Chile, Costa Rica y Paraguay, donde las brechas superan los 5 p.p. entre las poblaciones urbana y rural.
La transición nutricional de la región ha sido impulsada por el rápido desarrollo económico en muchos países de ALC durante las últimas décadas, lo que ha traído consigo importantes cambios en el estilo de vida con implicaciones directas para la salud de las personas. Las dietas se han desplazado hacia patrones más occidentalizados y un mayor acceso a productos ultraprocesados. Al mismo tiempo, la migración rural-urbana no planificada y el aumento de la inactividad física han dado lugar a un incremento del sobrepeso y la obesidad, junto con tasas persistentemente altas de retraso del crecimiento y deficiencias de micronutrientes, un fenómeno descrito como la doble carga de la malnutrición (WFP, 2025[2]). En toda la región, en 2020, 131 millones de personas no podían costear una dieta saludable, lo que afecta desproporcionadamente a quienes viven en las situaciones más vulnerables y de menor estatus socioeconómico, limitando su acceso a alimentos más nutritivos debido a precios más altos (FAO et al., 2023[5]).
