Fortalecer la atención primaria de salud en ALC requiere tanto una prestación de servicios centrada en las personas como funciones de salud pública sólidas. Los trabajadores comunitarios de salud (TCS) extienden la prevención, el seguimiento y la orientación a las comunidades desatendidas, mientras que el personal de salud ambiental y ocupacional apoya las funciones regulatorias y de vigilancia (por ejemplo, el control de riesgos en el lugar de trabajo, el saneamiento y la protección más amplia de la salud ambiental). La evidencia reciente sintetiza que las intervenciones de los TCS pueden ser costo-efectivas en la atención primaria de salud, pero su desempeño depende del diseño del programa, incluidas la supervisión, la remuneración y la integración con los servicios (Van Iseghem et al., 2026[1]). En términos más amplios, los esfuerzos por cumplir las funciones esenciales de salud pública requieren capacidad de fuerza de trabajo multidisciplinaria en los sectores de salud y ajenos a la salud (OMS, 2022[2]). Las diferencias entre países en las densidades reportadas de TCS y de personal de salud ambiental y ocupacional deben interpretarse con cautela, ya que estas funciones a menudo son reguladas, empleadas y registradas por diferentes ministerios u organismos.
La disponibilidad de TCS varía marcadamente entre los países que reportan. Brasil reporta 19.1 TCS por cada 10 000 habitantes, lo que refleja la escala de la Estrategia de Salud de la Familia y su cuerpo de agentes comunitarios de salud, mientras que Honduras (7.6) y Guyana (6.6) también reportan densidades más altas (Figura 8.10). El promedio de ALC13 es de 4.7, pero algunos países reportan valores muy bajos, incluidos Paraguay (1.6) y Panamá (1.2), y Guatemala reporta 0.1 por cada 10 000. Las diferencias reflejan en parte el alcance de los programas de TCS (remunerados frente a voluntarios, a tiempo completo frente a tiempo parcial) y si los TCS se cuentan como un cuerpo distinto dentro de las estadísticas de la fuerza de trabajo en salud o se absorben en categorías más amplias de fuerza de trabajo técnica.
Los indicadores de inspectores y asociados de salud ambiental y ocupacional sugieren grandes diferencias en la capacidad regulatoria (Figura 8.11). Brasil reporta 81.4 inspectores por cada 100 000 habitantes y Uruguay 51.2, muy por encima del promedio de ALC12 de 21.4, mientras que varios países reportan menos de 6 por cada 100 000 (por ejemplo, El Salvador 5.8; Panamá 4.0; Perú 4.0; Guatemala 2.3). Debido a que estas funciones pueden ser desempeñadas por personal de diferentes ministerios y organismos, la comparabilidad entre países es sensible a los arreglos institucionales, la clasificación ocupacional y la distinción entre trabajadores con licencia y profesionalmente activos.
Las densidades reportadas de profesionales de salud e higiene ambiental y ocupacional también varían considerablemente (Figura 8.12). Nicaragua reporta 67.5 profesionales por cada 100 000 habitantes, un valor extremo en comparación con el promedio de ALC9 de 11.5, mientras que El Salvador reporta 21.4 y Brasil 5.5 (alrededor de 2021). Varios países reportan menos de 1 profesional por cada 100 000 (por ejemplo, Perú 0.7; Uruguay 0.5; Panamá 0.4). Tal dispersión probablemente refleja tanto diferencias reales en la capacidad de la fuerza de trabajo como grandes diferencias en la forma en que los países definen y registran estas ocupaciones; también puede reflejar variaciones en cuanto a si los países reportan categorías de trabajadores con licencia, profesionalmente activos o mixtas. Por lo tanto, los valores deben interpretarse con cautela.
Estos indicadores apuntan a un desafío de «doble capacidad» para ALC: (1) el alcance de cara a la comunidad (TCS) y (2) las funciones de protección de la salud pública (profesionales de salud ambiental/ocupacional) son ambos muy variables entre países. En términos de Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe, esto es importante para la credibilidad de las reformas orientadas a la APS: los TCS pueden fortalecer la continuidad y el apoyo a la autogestión, con evidencia de revisiones sistemáticas que muestra mejoras medibles en los resultados de las enfermedades crónicas en algunos contextos (Evans, White and Ha, 2023[3]). En paralelo, una capacidad adecuada de inspección y de salud ambiental sustenta la seguridad de los alimentos, el agua, los lugares de trabajo y los entornos públicos, áreas en las que los análisis entre países continúan enfatizando la centralidad (y la complejidad) de la práctica de inspección (Barnes et al., 2024[4]).
