La integridad es un activo estratégico para los gobiernos y las empresas. Protege a las democracias frente a la corrupción, el fraude y el mal uso de los recursos públicos, favorece el crecimiento y la competencia justa, y mejora la confianza y la participación en las instituciones públicas. Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026 evalúa las fortalezas y las deficiencias de los sistemas de integridad pública de 37 países miembros de la OCDE y 25 países socios, y concluye que, pese a los avances recientes, las medidas de integridad siguen aplicándose de forma desigual. También ofrece recomendaciones para subsanar estas deficiencias y analiza herramientas para mitigar los riesgos de corrupción asociados al fraude, la contratación pública y el crimen organizado.
Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026
Introducción
Cifras clave
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Brecha promedio entre la solidez de la normativa sobre integridad (63 %) y su implementación (44 %) en los países de la OCDE, frente a 26 puntos porcentuales en los países socios.
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países miembros de la OCDE y uno de cada dos países socios realizan seguimiento de la aplicación de su estrategia anticorrupción.
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de los países miembros de la OCDE y en menos de la mitad de los países socios, los jueces y fiscales presentan regularmente las declaraciones obligatorias sobre conflicto de intereses.
Los países miembros de la OCDE y los países socios podrían mejorar la implementación de la normativa de integridad y lucha contra la corrupción
En los países de la OCDE, la brecha promedio entre la solidez de la normativa sobre integridad (63 %) y su aplicación (44 %) asciende actualmente a 19 puntos porcentuales, frente a 26 puntos porcentuales en los países socios. Por ejemplo, solo alrededor de uno de cada cuatro países miembros de la OCDE (y aproximadamente la mitad de los países socios) realiza seguimiento de la implementación de sus estrategias anticorrupción.
Mejorar la implementación permitiría reforzar la protección de la toma de decisiones públicas y de los recursos frente a la corrupción, especialmente ante la evolución de los riesgos vinculados al fraude, la contratación pública y el crimen organizado.
Además del gobierno, las estrategias anticorrupción suelen centrarse en prevenir la corrupción en el sector privado, pero rara vez incluyen a las empresas estatales, las asociaciones público-privadas y otras áreas de alto riesgo
Adoptar un enfoque basado en el riesgo en materia anticorrupción permite a los países adoptar las medidas más eficientes para proteger las áreas más vulnerables y abordar los riesgos más perjudiciales, incluidos los relacionados con el fraude, la contratación pública y el crimen organizado. Este enfoque resulta aún más relevante en un contexto de restricciones presupuestarias.
Además del gobierno, los países miembros de la OCDE y los países socios suelen fijar objetivos estratégicos para combatir la corrupción en el sector privado. No obstante, también podrían reforzar la protección de otras áreas vulnerables, como las empresas estatales (SOE), las asociaciones público-privadas (PPP) y otras áreas de alto riesgo.
El uso de la tecnología y los datos está contribuyendo a mejorar la aplicación de las medidas, pero aún existe margen de mejora
Los países miembros de la OCDE y los países socios están utilizando datos y herramientas digitales para reforzar la integridad. Entre los ejemplos figuran el uso de aprendizaje automático y el análisis de datos para mejorar la gestión de riesgos y la auditoría, o el uso de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos y detectar fraudes.
No obstante, todavía existen oportunidades para ampliar el uso de estas herramientas y reforzar la supervisión, el cumplimiento y la rendición de cuentas. Por ejemplo, solo el 44 % de los países miembros de la OCDE utiliza una plataforma digital para facilitar la presentación y verificación de declaraciones de intereses o bienes, frente al 63 % de los países socios.
Las medidas para reforzar la integridad en los sistemas judiciales podrían fortalecerse
Un sistema judicial sólido es esencial para prevenir los abusos de poder y mantener la confianza de la ciudadanía y de las empresas. Sin embargo, aún se puede hacer más para garantizar su integridad. Por ejemplo, la mayoría de los países miembros de la OCDE, y de los países socios, cuentan con políticas en materia de conflicto de intereses aplicables a jueces y fiscales. No obstante, en menos de un tercio de los países miembros de la OCDE, y en menos de la mitad de los países socios, los jueces y fiscales presentan, regularmente, las declaraciones obligatorias sobre conflicto de intereses.
Por tanto, sigue existiendo margen para mejorar el grado de cumplimiento en la presentación de estas declaraciones y, en los países de la OCDE, equipararlo al de otras categorías de cargos públicos.
¿Qué pueden hacer los gobiernos?
Los países podrían seguir desarrollando sus compromisos para abordar los riesgos de corrupción en el sector privado y establecer objetivos estratégicos para las empresas estatales, las asociaciones público-privadas y otras áreas de alto riesgo, como la sanidad o la defensa. También deberían intensificarse los esfuerzos para prevenir el fraude y reforzar la integridad en la contratación pública, así como para fortalecer la protección frente al crimen organizado.
Mejorar los flujos de datos e integrar herramientas digitales (como la inteligencia artificial y el análisis de datos) en las actividades cotidianas de integridad es clave para reforzar la aplicación y el seguimiento. Los países miembros de la OCDE y los países socios podrían seguir mejorando la calidad de los datos, la interoperabilidad y gobernanza eficaz para fortalecer las funciones de supervisión, cumplimiento y rendición de cuentas.
Los países podrían reforzar las medidas dirigidas a promover la integridad en el sistema judicial apoyando a jueces y fiscales en la presentación de sus declaraciones sobre conflicto de intereses, reforzando el mérito y la objetividad en los procedimientos de selección y promoción, promoviendo la aplicación de normas de conducta y fortaleciendo los mecanismos de denuncia de irregularidades en el poder judicial y fiscal.
