El nuevo informe de la OCDE señala que los países siguen llevando a cabo reformas destinadas a modificar sus leyes, sus instituciones y sus políticas con el fin de reducir los riesgos de corrupción. Sin embargo, la aplicación práctica de estas reformas sigue siendo un desafío importante.
En la edición de 2026 de sus Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, la OCDE analiza los sistemas nacionales de integridad en 62 países de todo el mundo, centrando su examen en siete áreas temáticas: las estrategias adoptadas en materia de integridad y lucha contra la corrupción, el cabildeo, los conflictos de interés, la financiación de la vida política, la transparencia de la información pública, la integridad de los sistemas disciplinarios aplicables a los funcionarios y la integridad en los sistemas judiciales.
Basándose en los datos de los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (PII), la OCDE evalúa en este informe los puntos fuertes y débiles de los sistemas de integridad de los países analizados, y destaca tanto los avances logrados como la aplicación desigual de las medidas de integridad en muchos de ellos. Asimismo, examina determinadas herramientas para mitigar riesgos de corrupción emergentes relacionados con la prevención del fraude, la integridad en la contratación pública y el crimen organizado, y formula recomendaciones para fortalecer los sistemas nacionales de integridad y reforzar los marcos anticorrupción.
Los datos de la OCDE muestran que, en conjunto, la brecha media entre la solidez de la normativa sobre integridad (63 %) y su implementación (44 %) en los países de la OCDE asciende a 19 puntos porcentuales, frente a 26 puntos porcentuales en los países socios. Esta brecha pone de manifiesto que existe margen de mejora; además, solo uno de cada cuatro países miembros de la OCDE —y aproximadamente la mitad de los países no miembros— realiza el seguimiento de la implementación de sus estrategias anticorrupción.
“Unos mecanismos de protección sólidos en materia de integridad y lucha contra la corrupción son fundamentales para una acción pública eficaz, un uso eficiente de los recursos públicos y un entorno seguro para las empresas y propicio para la inversión”, afirmó el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann. “Los países deben redoblar sus esfuerzos para llevar a cabo sus reformas y subsanar las deficiencias de los marcos vigentes, a fin de responder a las expectativas de los ciudadanos, que exigen servicios públicos eficaces y fiables, al tiempo que se enfrentan a la creciente amenaza que representa la delincuencia organizada. Para ello, pueden aprovechar herramientas innovadoras como la IA y asociar más estrechamente a las empresas y a la sociedad civil a sus acciones.”
El refuerzo de la integridad en los sistemas de justicia constituye uno de los principales ámbitos en los que es posible lograr mejoras. Aunque la mayoría de los países han establecido mecanismos de gestión de los conflictos de interés destinados a jueces y fiscales, estos servidores públicos solo presentan sistemáticamente las declaraciones de intereses requeridas en menos de un tercio de los países de la OCDE. El informe propone centrar la supervisión de los conflictos de intereses en los cargos de mayor riesgo y endurecer las obligaciones de declaración de intereses.
También señala que, junto con las medidas dirigidas al sector público, los países están estableciendo cada vez más objetivos estratégicos específicos para combatir la corrupción en el sector privado. Si bien se trata de una evolución positiva, esta debería ir acompañada de medidas adicionales para proteger otros ámbitos vulnerables, como las empresas públicas y las asociaciones público-privadas.
El informe también pone de relieve que los países recurren cada vez más a los datos y a las tecnologías digitales para mejorar la aplicación de sus estrategias y reforzar la integridad pública. Entre los ejemplos destacan el creciente uso del aprendizaje automático y del análisis de datos para mejorar la gestión de riesgos y las actividades de control, así como un mayor uso de herramientas de inteligencia artificial para detectar fraudes, usos indebidos de recursos públicos y otras irregularidades.
El informe se presentó en el marco del Foro Global 2026 de la OCDE sobre Anticorrupción e Integridad, que ofrece a responsables públicos y otras partes interesadas un espacio para debatir cómo las políticas de integridad y lucha contra la corrupción, tradicionalmente concebidas como salvaguardas, también pueden actuar como motores de desempeño, resiliencia e innovación. A partir de experiencias del sector público y privado, el Foro analiza el modo en que una aplicación rigurosa, una buena gobernanza y sistemas de integridad ágiles y basados en datos pueden prevenir el fraude, mejorar la toma de decisiones y fomentar entornos en los que prosperen prácticas empresariales éticas y un crecimiento resiliente. Los debates se centrarán en estrategias innovadoras para mostrar cómo la lucha contra la corrupción puede contribuir directamente a la eficiencia económica, la confianza de los inversores y la creación de valor a largo plazo para todos.
Consulte aquí más información sobre el informe, incluidas las principales conclusiones y los gráficos (este enlace puede utilizarse en artículos de prensa).
Las consultas de los medios de comunicación deben dirigirse a Lawrence Speer de la Oficina de Medios de la OCDE (+33 1 45 24 97 00).
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