Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026: Argentina
Índice
En 2023, Argentina adoptó su Estrategia Nacional de Integridad (ENI) mediante el Decreto n.º 591/2023. Partiendo del anterior Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023, la estrategia incluye cinco directrices generales, cada una de ellas acompañada de un conjunto de actividades priorizadas. La coordinación y supervisión de la implementación de la ENI están a cargo de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Secretaría de Gestión y Empleo Público.
La Agencia de Acceso a la Información Pública es el organismo institucional encargado de velar por el derecho de acceso a la información pública establecido en la Ley n.º 27 275. La Oficina Anticorrupción se encarga de recibir y verificar las declaraciones de conflicto de intereses de los funcionarios públicos, mientras que el Consejo de la Magistratura verifica las declaraciones de los órganos superiores del poder judicial. El Decreto n.º 1172/2003 establece las normativas sobre cabildeo y se aplica a los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. No existe una función de control sobre las actividades de cabildeo ni un registro público de cabilderos. La Justicia Nacional Electoral es un organismo independiente encargado de supervisar el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. El Consejo de la Magistratura se encarga de formular recomendaciones sobre el nombramiento y promoción de los jueces. La Fiscalía General tiene la responsabilidad de presentar una lista de candidatos preseleccionados para los puestos de fiscal.
Nota: Datos de 2025 y 2020, o del último año disponible.
Fuente: Base de datos de indicadores de integridad pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026).
En el enlace a continuación, se muestran datos sobre dónde el sistema de integridad de Argentina es más sólido y sobre dónde podría mejorar (en inglés):
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible.
Fuente: Base de datos de indicadores de integridad pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026).
Argentina cumple el 60 % de los criterios normativos relativos a la solidez del marco estratégico y el 63 % de los criterios prácticos, en comparación con el promedio de países de la OCDE, que es del 38 % y del 32 %, respectivamente.
La Estrategia Nacional de Integridad (ENI) de Argentina se elaboró a partir de los datos de la estrategia anterior y de las lecciones extraídas de ella. Aunque el proceso de redacción incluyó una consulta con instituciones de integridad claves, la estrategia no fue sometida a un proceso de consulta pública, a diferencia de la anterior. La "Mesa Nacional de Integridad y Transparencia" se creó mediante el Decreto n.º 592/2021 con el objetivo de formular recomendaciones y establecer prioridades en materia de integridad pública, así como para informar sobre el desarrollo de la Estrategia. La Mesa está integrada por la Oficina Anticorrupción, la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Fiscalía General de la Nación. Las iniciativas de la ENI se recopilan en una base de datos en línea que sirve como plan de acción. La base de datos identifica las principales organizaciones encargadas de la implementación de cada objetivo. La Oficina Anticorrupción tiene como mandato publicar cada año un informe de seguimiento de la estrategia. El informe de 2023 está disponible en línea e incluye la tasa de implementación de las actividades. En el plan de acción, no figura ninguna actividad de evaluación final.
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible.
Fuente: Base de datos de indicadores de integridad pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026).
Argentina cumple el 40 % de los criterios normativos sobre cabildeo y el 0 % de los criterios prácticos, en comparación con el promedio de países de la OCDE, que es del 43 % y del 38 %, respectivamente.
El Decreto n.º 1172/2003 de Argentina establece una definición legal para las actividades de cabildeo e indica qué actores se consideran cabilderos; esto es aplicable a las entidades que operan bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. La Resolución n.º 7/2022 de la Oficina Anticorrupción establece periodos de enfriamiento para los funcionarios públicos e incluye la obligación de declarar las actividades privadas realizadas hasta tres años antes de asumir el cargo público y durante un año después de dejar el mismo. Sin embargo, no existen tales periodos de enfriamiento para los cabilderos que acceden a cargos públicos. La Ley n.º 27 739/2024 estableció en 2024 un registro de beneficiarios finales de entidades corporativas. Sin embargo, solo determinadas autoridades públicas pueden acceder al registro, por lo que el público no puede consultarlo.
El marco normativo no establece sanciones por incumplimientos específicos de las normas de transparencia e integridad en el ejercicio de cabildeo, y no existe ninguna función de control en el Gobierno central que se encargue de velar por la transparencia de las actividades de cabildeo. Argentina tampoco cuenta con un registro de cabildeo que permita mejorar la transparencia en torno a las actividades de influencia mediante la divulgación de información tal como los ámbitos de intervención, los tipos de actividades de cabildeo, así como los presupuestos y gastos relacionados.
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible.
Fuente: Base de datos de indicadores de integridad pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026).
Argentina cumple el 100 % de los criterios normativos sobre conflicto de intereses y el 78 % de los criterios prácticos, en comparación con el promedio de países de la OCDE, que es del 80 % y del 45 %, respectivamente.
Las normativas, entre ellas el Código Nacional de Procedimiento Civil y Comercial, la Ley n.º 25 188 y la Ley n.º 19 549, enumeran las incompatibilidades entre las actividades públicas y privadas, definen las circunstancias y las relaciones que pueden dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para los funcionarios públicos y establecen la obligación de gestionarlas.
La Ley 25/188 establece asimismo las responsabilidades institucionales relacionadas con la presentación de declaraciones de intereses y obliga a los miembros del Gobierno, a los miembros de los órganos judiciales superiores, a los representantes legislativos, a los altos funcionarios y a los empleados que ocupan cargos de alto riesgo a presentar una declaración de intereses en un plazo de treinta días hábiles a partir de la toma de posesión de sus cargos. En la práctica, estos cargos públicos suelen cumplir con su obligación de presentar las declaraciones, aunque solo el 73 % de los miembros del poder legislativo presentó declaraciones de intereses en los últimos seis años. Las declaraciones de intereses se presentan vía electrónica y están disponibles de forma gratuita en el sitio web de la Oficina Anticorrupción (OA), con ciertas restricciones en lo que respecta a información confidencial. La OA verificó el 73 % de las declaraciones de intereses presentadas durante los últimos dos años calendario completos y ha recomendado a las autoridades competentes que impongan sanciones en todos los casos de incumplimiento de las obligaciones de declaración correspondientes a los últimos tres años.
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible.
Fuente: Base de datos de indicadores de integridad pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026).
Argentina cumple el 90 % de los criterios normativos sobre financiamiento político y el 71 % de los criterios prácticos, en comparación con el promedio de países de la OCDE, que es del 76 % y del 58 %, respectivamente.
Las normativas de Argentina sobre financiamiento político están contenidas en la Ley n.º 26 215, que prohíbe las donaciones anónimas, las contribuciones de Estados extranjeros o de empresas extranjeras, así como las contribuciones de empresas públicas. Aunque existen sanciones por el incumplimiento de las normativas sobre financiamiento político y campañas electorales, los candidatos electorales no pueden ser considerados personalmente responsables por el incumplimiento de dichas normativas. Esta ley también establece límites máximos para los gastos de campaña electoral de los partidos y para las contribuciones personales a las campañas individuales de los candidatos.
La Justicia Nacional Electoral es un organismo independiente encargado de supervisar el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Los informes financieros de los partidos políticos están disponibles públicamente en línea en un formato fácil de usar. No obstante, solo el 76 % de los partidos presentó sus cuentas anuales dentro de los plazos establecidos por la legislación nacional durante el periodo 2020-2024.
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible.
Fuente: Base de datos de indicadores de integridad pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026).
Argentina cumple el 100 % de los criterios normativos sobre información pública y el 69 % de los criterios prácticos, en comparación con el promedio de países de la OCDE, que es del 72 % y del 62 %, respectivamente.
La Ley n.º 27 275 establece que toda la información en poder del Estado se considera pública, salvo determinadas excepciones, y que toda persona tiene derecho a acceder a ella. La misma ley establece los plazos legales para tramitar solicitudes de información y dispone que los datos del Gobierno son de acceso público por defecto, salvo en los casos específicos definidos en el marco normativo.
La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) es el organismo de control encargado de la información pública y de los datos abiertos, y sus decisiones no pueden ser anuladas por ningún organismo del poder ejecutivo. La AAIP elabora un Índice de Transparencia para medir el cumplimiento de las normativas sobre información pública en toda la administración pública y otros organismos públicos. Sin embargo, no se imponen sanciones por incumplimiento, ya que la ley no otorga a la AAIP facultades sancionadoras. Argentina publica de manera proactiva versiones consolidadas de todas las leyes primarias, las propuestas legislativas del Gobierno, los presupuestos estatales, las agendas de los ministros y los datos agregados sobre las solicitudes de información. Sin embargo, las agendas de las sesiones del Gobierno y los salarios de los altos funcionarios no están disponibles al público.
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible.
Fuente: Base de datos de indicadores de integridad pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026).
Argentina cumple el 56 % de los criterios normativos sobre integridad judicial y el 48 % de los criterios prácticos, en comparación con el promedio de países de la OCDE, que es del 66 % y del 45 %, respectivamente.
La Constitución de Argentina establece el principio de inamovilidad de los jueces, al disponer que todos los jueces permanecerán en su cargo mientras mantengan su debida conducta y al fijar causales objetivas para su destitución. En virtud de la Ley n.º 24 937/1997 y del Decreto n.º 7/14, el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la formulación de recomendaciones sobre el nombramiento y la promoción de los jueces, lo que incluye procedimientos objetivos y basados en méritos para la selección y la promoción de todos los jueces, incluidos los miembros de la Corte Suprema (en virtud del Decreto n.º 222/2003). Sin embargo, solo es necesario que menos de la mitad de los miembros del Consejo sean jueces.
En Argentina, no existen normas específicas de conducta y comportamiento ético aplicables a los jueces, aunque la Ley n.º 25 188 y el Decreto n.º 31/99 establecen disposiciones relativas a los conflictos de intereses de los jueces. Todos los jueces deben presentar declaraciones de intereses. Aunque existe un procedimiento general de denuncia para informar sobre conductas indebidas de los jueces ante el Consejo de la Magistratura, disponible en la Resolución n.º 98/2007, en Argentina no existe un canal interno de denuncias que permita a las personas denunciar de manera confidencial o anónima conductas indebidas. Tampoco existen protecciones legales contra las represalias hacia los denunciantes.
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible.
Fuente: Base de datos de indicadores de integridad pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026).
Argentina cumple el 52 % de los criterios normativos sobre integridad de la fiscalía y el 37 % de los criterios prácticos, en comparación con el promedio de países de la OCDE, que es del 66 % y del 52 %, respectivamente.
La Ley 27 148 establece causales objetivas para la destitución de los fiscales, entre las que se incluyen el desempeño deficiente, la comisión de un delito común o la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones. Las normativas argentinas definen las circunstancias y las relaciones que pueden dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para los fiscales y establecen sanciones, pero no definen las circunstancias específicas que podrían dar lugar a la recusación de los fiscales.
La selección y la promoción de los fiscales también están regulados por la Ley n.º 27 148, que establece un proceso de selección mediante concurso público. Tras este proceso, la Fiscalía General presenta una lista de candidatos preseleccionados, de la que el Poder Ejecutivo elige a uno. El nombramiento requiere la aprobación del Senado por mayoría simple. El Fiscal General es nombrado por el Poder Ejecutivo, con el consentimiento de dos tercios de los miembros del Senado, siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto n.º 222/2003. La ley establece la posibilidad de apelar las resoluciones judiciales en caso de arbitrariedad o de infracciones graves en el procedimiento de nombramiento. No existen normas específicas de conducta y comportamiento ético para los fiscales, aunque estos están obligados a presentar una declaración patrimonial anualmente, en un plazo de 30 días desde su asunción, así como 30 días después de dejar su cargo. La tasa global de presentación de declaraciones patrimoniales por parte de los fiscales fue del 97 % durante el periodo 2021-2024. No obstante, no hay información disponible sobre el número de declaraciones verificadas por la autoridad competente. En las fiscalías no existen canales internos de denuncia para los denunciantes, y ninguna ley incluye disposiciones sobre la protección de los denunciantes.
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible.
Fuente: Base de datos de indicadores de integridad pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026).
Argentina cumple el 83 % de los criterios normativos sobre el sistema disciplinario y el 67 % de los criterios prácticos, en comparación con el promedio de países de la OCDE, que es del 66 % y del 22 %, respectivamente.
La Ley n.º 25 164 de Argentina define qué constituye una falta disciplinaria y establece un procedimiento disciplinario para los funcionarios públicos. Además, establece una serie de sanciones disciplinarias y un plazo de prescripción para cada tipo de falta disciplinaria. Las decisiones disciplinarias pueden apelarse ante un órgano judicial una vez agotadas las vías administrativas.
La Procuración del Tesoro de la Nación ofrece capacitación a los abogados que trabajan en la administración pública a través de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE), quienes se encargan de llevar a cabo investigaciones disciplinarias en cada institución. Los casos y procedimientos disciplinarios se gestionan a través de un sistema de gestión digital, aunque no es un sistema exclusivo para casos disciplinarios. No obstante, no hay información públicamente disponible sobre los procedimientos disciplinarios debido a la legislación de protección de datos.
Este material se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos aquí expuestos no reflejan necesariamente los puntos de vista oficiales de los países miembros de la OCDE.
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Kosovo: Esta designación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto jurídico, y se ajusta a la Resolución n.º 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
El libro completo está disponible en español: OCDE (2026), Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026: La integridad como ventaja estratégica, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/f112b919-es.
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