En este capítulo se analizan la calidad y el uso de los principales sistemas del sector público que sustentan la apropiación por parte de los países socios de las iniciativas de desarrollo: los planes de desarrollo y los marcos de resultados nacionales, los sistemas de gestión de las finanzas públicas y los sistemas de gestión de la información. Se adopta un planteamiento que refleja compromisos distintos, pero interrelacionados, de los gobiernos de los países socios y de los socios para el desarrollo. Los países socios asumen el liderazgo en el establecimiento y mantenimiento de sistemas y procesos de alta calidad, mientras que se espera que los socios para el desarrollo se adapten a dichos sistemas y los refuercen utilizándolos en sus operaciones en los países. En este capítulo también se señalan los principales retos a los que se enfrentan tanto los gobiernos de los países socios como los socios para el desarrollo a la hora de mejorar y utilizar estos sistemas.
Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz – Informe de avances 2026
Resumen
Casi todos los gobiernos de los países socios cuentan con un plan nacional de desarrollo, y el 91 % de ellos incluye prioridades de desarrollo, metas e indicadores de resultados. Los países socios señalan que ha mejorado la coordinación entre los planes sectoriales y los nacionales y que han reforzado su recurso a los sistemas estadísticos nacionales. Sin embargo, siguen existiendo deficiencias en la supervisión de los avances y en la transparencia presupuestaria.
El uso de los marcos de resultados nacionales (indicador 17.15.1 de los ODS) por parte de los socios para el desarrollo se ha estancado en el 64 % desde 2018. Aunque sus objetivos coinciden en gran medida con los de los países socios, hacen un uso limitado de los sistemas estadísticos y de los indicadores de resultados nacionales (un 54 % y un 46 %, respectivamente), debido sobre todo a las dudas sobre la calidad de los sistemas estadísticos. Los gobiernos de los países socios tienen margen para reforzar estos sistemas mediante políticas más sólidas y herramientas innovadoras que permitan mejorar la calidad y la eficiencia de los datos. Los socios para el desarrollo pueden contribuir a ello destinando más fondos a los sistemas estadísticos básicos y coordinando su financiación con la de otros socios para evitar la fragmentación.
La calidad de los sistemas de gestión de las finanzas públicas (GFP) de los países ha mejorado en lo que respecta a los plazos del proceso legislativo de aprobación del presupuesto y a la cobertura de la auditoría interna, pero es necesario realizar esfuerzos significativos por consolidar la transparencia de las adquisiciones/contrataciones públicas y los presupuestos. El uso que hacen los socios para el desarrollo de los sistemas de GFP continúa siendo moderado, pues, en 2026, solo el 51 % de los fondos destinados al desarrollo se desembolsaron al sector público mediante estos sistemas. Esta cifra refleja un uso especialmente bajo y en descenso de los sistemas de adquisiciones/contrataciones públicas nacionales, que pasó del 50 % en 2018 al 34 % en 2026. El uso también varía de un país a otro y entre los socios para el desarrollo, debido a las condiciones propias de cada país y a las preferencias y limitaciones de los proveedores. Para avanzar será necesario que los gobiernos y los socios para el desarrollo mantengan un diálogo y adopten medidas conjuntas, tanto a nivel nacional como mundial, ya que también se requieren ajustes en las políticas de los proveedores con el fin de hacer frente a las rigideces institucionales que impiden un mayor uso.
Se han implantado sistemas de gestión de la información (SGI) en 34 de los 44 países socios evaluados, pero sus gobiernos se enfrentan a dificultades a la hora de mantenerlos en pleno funcionamiento y de utilizar la información obtenida para elaborar previsiones presupuestarias y de gasto. Los socios para el desarrollo no presentan información a los SGI en el 25 % de los países en los que operan, y las tasas de presentación de información son más bajas en los países en situación de fragilidad extrema y en los de renta baja. A fin de resolver estas cuestiones será necesario emprender iniciativas que garanticen que los sistemas se mantengan de forma sostenible, estén conectados con otros procesos gubernamentales y se basen en el envío regular de datos por parte de los socios para el desarrollo.
El fortalecimiento de la gobernanza y el desempeño de las instituciones esenciales del sector público es esencial para que los gobiernos puedan gestionar los recursos con eficacia y acelerar la consecución de resultados en materia de desarrollo. Los gobiernos de los países socios desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar que sus planes de desarrollo y sus marcos de resultados nacionales, que establecen la visión general de las prioridades de desarrollo de los países, sean de alta calidad y se elaboren mediante enfoques inclusivos y que abarquen a toda la sociedad, como se analiza en el Capítulo 2. Este capítulo comienza con un análisis de los planes nacionales de desarrollo de los países socios y de la inclusión en ellos de indicadores que permitan medir los resultados (Sección 3.1). Los socios para el desarrollo pueden reforzar esta apropiación del proceso de desarrollo mediante una alineación con estos marcos y sistemas dirigidos por los propios países y su aprovechamiento, contribuyendo así a consolidarlos en la práctica. Esta expectativa se refleja en el indicador 17.15.1 de los ODS (Grado de utilización de los marcos de resultados y de las herramientas de planificación de los propios países por los proveedores de cooperación para el desarrollo), cuyos resultados de monitoreo se presentan en la Sección 3.2. Dos elementos clave de los sistemas nacionales de gestión y ejecución eficaz de la cooperación al desarrollo son unos sistemas sólidos de gestión de las finanzas públicas (GFP), respaldados por sistemas de gestión de la información (SGI) operativos que proporcionen a los gobiernos de los países socios una visión completa y actualizada de toda la financiación internacional para el desarrollo que llega al país, no solo la AOD, así como de los fondos destinados al sector público. En este capítulo también se evalúan la calidad y el uso de estos dos elementos clave de los sistemas de los países socios: la GFP se examina en la Sección 3.3 y los SGI en la Sección 3.4. Los avances en el uso de los sistemas nacionales también están relacionados con prácticas más amplias, como el grado de desvinculación de la ayuda (véase el Recuadro 3.2).
Casi todos los países socios han elaborado planes nacionales de desarrollo, y muchos de ellos son de carácter integral. Las estrategias nacionales de desarrollo describen cómo los gobiernos fijan sus prioridades y definen los resultados que pretenden alcanzar, reforzando así la apropiación nacional. Casi todos los países que participan en el monitoreo (43 de 441) indican que cuentan con planes nacionales de desarrollo. La mayoría de estos planes son integrales, es decir, incluyen prioridades, metas e indicadores de resultados (Figura 3.1). El 88 % de los países socios incluyen metas e indicadores de resultados asociados en sus estrategias nacionales, lo que refleja el claro énfasis de los gobiernos de dichos países en la definición de resultados concretos en materia de desarrollo. Pero se incluyen en menor medida en las estrategias sectoriales (el 12 % de los países socios). Además, cuatro de los cinco países que optaron por cumplimentar el cuestionario adaptado a la fragilidad2 llevaron a cabo evaluaciones nacionales de fragilidad que fundamentaron la elaboración de sus planes nacionales de desarrollo. En los cuatro países, los gobiernos coordinaron la identificación de las prioridades establecidas en sus planes nacionales de desarrollo con los homólogos encargados de la acción humanitaria y la paz o la seguridad en la Administración, lo que refleja un proceso coordinado en la formulación de los planes en estos contextos.
Porcentaje de países que cuentan con los elementos clave en sus estrategias nacionales de desarrollo, según el nivel de calidad
Nota: Los porcentajes se han calculado a partir de la información facilitada por los gobiernos de 44 países socios sobre sus estrategias nacionales de desarrollo. La categoría "sin evaluar" se refiere a un país que no informó sobre su plan nacional de desarrollo, tal y como se detalla en la primera nota final.
Muchos países señalan una mayor coherencia entre sus estrategias nacionales y sectoriales, así como un aumento en el uso de estadísticas nacionales para fundamentar su marco de resultados, pero un tercio de ellos sigue enfrentándose a importantes deficiencias en los datos. De los 37 países que participaron tanto en la ronda de 2018 como en la de 2023-2026, 25 registran mejoras en la armonización de las estrategias sectoriales y subnacionales con sus planes nacionales de desarrollo, lo que permite analizar la contribución de dichas estrategias a la consecución de los objetivos establecidos en los planes. Además, un número significativo (26) de gobiernos de los países socios observan mejoras en el uso de sus sistemas estadísticos a la hora de informar sobre los avances en los indicadores de resultados. Esto podría reflejar una mejora en la calidad de los sistemas estadísticos de muchos países, como se desprende de la iniciativa Open Data Inventory (ODIN), que indica que, en general, la calidad de estos sistemas mejoró en 162 países entre 2022 y 2024-2025 (Open Data Watch, 2024[1]). Sin embargo, los resultados de ODIN apuntan a un desempeño desigual entre los distintos países: en promedio, los países en situación de fragilidad extrema que participaron en la ronda de 2023-2026 registran niveles más bajos de cobertura y apertura de los datos que otros países (Open Data Watch, 2024[2]), en parte debido a la insuficiente asignación de recursos a sus sistemas estadísticos (OECD, 2025[3]). Un tercio de los países evaluados en este ejercicio de monitoreo, cuyos planes nacionales incluyen un marco de resultados, indican que solo disponen de datos que les permiten informar sobre menos de la mitad de los indicadores de resultados3, lo que pone de manifiesto las limitaciones de los gobiernos de los países socios para basarse en sus sistemas estadísticos nacionales. Esta conclusión subraya la necesidad de seguir reforzando los sistemas estadísticos nacionales con el fin de favorecer una supervisión más sistemática de los avances relativos a las metas e indicadores fijados, incluido el seguimiento de las intervenciones dirigidas a las poblaciones más vulnerables, tal y como se analiza en el Capítulo 2.
A pesar de las mejoras en aspectos clave de la planificación del desarrollo, es necesario seguir trabajando por reforzar la presentación de informes sobre los avances y conectar los planes con los recursos. Los informes de avances son “una herramienta de transparencia y rendición de cuentas que permite a las partes interesadas, tanto nacionales como internacionales, evaluar la eficacia de las políticas” (Ministère de l’Économie et des Finances de Madagascar, 2024[4]). Ayudan a evaluar si la aplicación de los planes nacionales avanza según lo previsto o si es necesario introducir ajustes. La mayoría de los países reconocen la importancia de supervisar los avances en relación con las prioridades establecidas en sus estrategias nacionales de desarrollo. Sin embargo, más del 25 % de los gobiernos de los países socios afirman no haber elaborado informes de avances, lo que limita el alcance de la rendición de cuentas pública que dichos informes favorecen (Figura 3.1). Además, en torno a un tercio de las estrategias nacionales de desarrollo no incluyen información sobre las decisiones relativas al gasto público o un presupuesto (Figura 3.1). Cuando las políticas contienen presupuestos, los objetivos fiscales y las prioridades de las políticas están mejor alineados, y la inclusión de información sobre el gasto público ayuda a planificar la asignación de recursos y contribuye a la prestación eficaz de los servicios públicos (OECD, 2025[5]). Los planes nacionales de desarrollo que contienen información sobre los recursos necesarios para su ejecución también permiten a los socios para el desarrollo tomar decisiones fundamentadas sobre la asignación de recursos destinados a la cooperación al desarrollo, conforme a su compromiso con la rendición de cuentas mutua. Esto se reafirmó durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (UN DESA, 2025[6]). En este contexto, los marcos nacionales de financiación integrados pueden ayudar a los países a reforzar el vínculo entre las prioridades nacionales de desarrollo y las estrategias de financiación, al ofrecer un enfoque estructurado que permite armonizar los recursos públicos y privados con los planes nacionales4. En consonancia con las conclusiones de esta sección, los datos recabados en los diálogos nacionales (Capítulo 7) señalan que la armonización con la planificación y los marcos de resultados nacionales constituye una de las cinco áreas prioritarias clave.
El uso de marcos de resultados nacionales sigue siendo desigual según el contexto
Desde 2012, los socios para el desarrollo se han comprometido en repetidas ocasiones a utilizar los marcos de resultados de los países socios. Desde la aprobación del acuerdo de la Alianza de Busan (OECD, 2011[7]), los socios para el desarrollo se han comprometido a basar su apoyo en los marcos de resultados nacionales y a evitar, en la medida de lo posible, la creación de sistemas paralelos de monitoreo y presentación de informes sobre las intervenciones en materia de desarrollo. Estos pactos se han reafirmado recientemente en el Compromiso de Sevilla, que aboga por reforzar los sistemas nacionales existentes, en lugar de crear sistemas paralelos, con el fin de fortalecer la responsabilidad colectiva y ajustarse a las agendas de desarrollo impulsadas por los propios países (UN DESA, 2025[6]), tal y como se analiza con más detalle en el Capítulo 7. En el marco de este compromiso, el monitoreo de la Alianza Global evalúa en qué medida los socios para el desarrollo utilizan los marcos de resultados de los países socios. Desde 2016, este ha sido también un indicador clave de la meta 17.15 de los ODS, relativa al respeto del margen normativo y el liderazgo de cada país (Anexo B). En los párrafos siguientes se presentan las conclusiones sobre el uso de los marcos de resultados nacionales por parte de todos los proveedores, mientras que en el Recuadro 3.1 se comparan los resultados de los socios bilaterales, que son el objeto principal de los informes sobre el indicador 17.15.1 de los ODS (Grado de utilización de los marcos de resultados y de las herramientas de planificación de los propios países por los proveedores de cooperación para el desarrollo), con los de los socios multilaterales.
Al definir sus prioridades y los resultados previstos, los gobiernos de los países socios trazan su propio camino hacia el desarrollo sostenible. Cuando los proyectos financiados a través de la cooperación al desarrollo se ajustan a estos marcos nacionales, los socios para el desarrollo ponen en práctica el principio del respeto al margen normativo y al liderazgo de cada país. El ejercicio de monitoreo de la Alianza Global es la fuente oficial de datos para evaluar los avances hacia la meta 17.15 de los ODS de “respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país”. En el marco del seguimiento y el examen de los ODS, la Alianza Global proporciona a los socios bilaterales de desarrollo, tanto del CAD como ajenos a él, datos sobre el indicador 17.15.1 de los ODS, que mide el grado de utilización de los marcos de resultados y las herramientas de planificación nacionales por parte de los proveedores de cooperación al desarrollo, tal y como se presenta en la Figura 3.2. Se incluyen los resultados de los socios multilaterales como referencia. Los socios multilaterales suelen utilizar los marcos de resultados nacionales de forma más generalizada que los socios bilaterales de desarrollo, aunque la diferencia se ha reducido entre 2018 y 2026.
ODS 17.15.1. Uso de los marcos de resultados y las herramientas de planificación nacionales por tipo de socio para el desarrollo
Nota: Promedio del porcentaje de intervenciones de los socios para el desarrollo cuyos objetivos, resultados, indicadores y datos proceden de los instrumentos de planificación de los gobiernos de los países socios, de sus marcos de resultados y de los sistemas estadísticos nacionales.
Los socios para el desarrollo continúan haciendo un uso moderado de los marcos nacionales en sus intervenciones, pero, en su mayoría, se limitan a alinearse con los objetivos nacionales, mientras que utilizan poco los indicadores de resultados o los datos de los países socios. Los socios para el desarrollo utilizan los marcos de resultados y las herramientas de planificación propios de cada país en alrededor de dos de cada tres intervenciones (64 %), un nivel que se ha estancado desde 2018 (Figura 3.3). Al igual que en resultados anteriores, el grado de alineación de los socios para el desarrollo con los objetivos de los países es elevado, ya que el 91 % de las intervenciones recién aprobadas se basan en objetivos extraídos de los planes de los gobiernos socios. La armonización es menor en lo que respecta a la medición de resultados, ya que solo alrededor de la mitad (54 %) de todas las intervenciones utilizan indicadores de resultados extraídos de los marcos de resultados de los países socios, lo que supone un descenso con respecto al 59 % registrado en 2018. El uso que hacen los socios para el desarrollo de los datos de los gobiernos de los países socios y de los sistemas estadísticos nacionales a la hora de supervisar los resultados de sus intervenciones sigue siendo muy bajo y ha disminuido desde 2018. Si se tienen en cuenta todos los tipos de socios para el desarrollo, el porcentaje global de indicadores de resultados que se supervisan mediante los sistemas estadísticos nacionales es inferior (un 46 %) al porcentaje de indicadores de resultados extraídos de los marcos de resultados nacionales. Sin embargo, algunos socios para el desarrollo, como los bancos multilaterales de desarrollo, tienden a recurrir a los sistemas estadísticos nacionales en mayor medida que los miembros del CAD y las entidades de las Naciones Unidas (Figura 3.4).
Porcentaje de intervenciones con objetivos e indicadores de resultados extraídos de los marcos de resultados de los países y cuyo seguimiento se realiza utilizando datos procedentes de los sistemas estadísticos nacionales
Nota: El "ODS 17.15.1. Uso de marcos de resultados y herramientas de planificación del país (promedio)" (barra de la izquierda) se calcula como el promedio de los tres elementos que evalúan la alineación con los objetivos, resultados y datos, como se muestra en las barras de la derecha.
Porcentaje de intervenciones con objetivos e indicadores de resultados extraídos de los marcos de resultados de los países y cuyo seguimiento se realiza utilizando datos procedentes de los sistemas estadísticos nacionales, por tipo de socio para el desarrollo
Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de intervenciones con objetivos e indicadores de resultados extraídos de los marcos de resultados de los países y cuyo seguimiento se realiza utilizando datos procedentes de los sistemas estadísticos nacionales en el conjunto de todos los socios para el desarrollo: miembros del CAD, bancos multilaterales de desarrollo, organismos de las Naciones Unidas y otros socios para el desarrollo (socios bilaterales de desarrollo no pertenecientes al CAD, fondos verticales y otras organizaciones internacionales).
Los socios para el desarrollo en ocasiones se abstienen de ajustarse a los planes del gobierno y, en su lugar, se basan en sus propios marcos o en marcos internacionales. El 9 % de todas las intervenciones de los socios para el desarrollo no se ajustan a los objetivos definidos en los planes de los gobiernos. En estos casos, los socios para el desarrollo suelen basarse en sus propias estrategias institucionales o en planes elaborados por la comunidad internacional, o destinados a atender las necesidades de grupos de población que no se reflejan en los planes nacionales de desarrollo. Además de los objetivos identificados por la comunidad internacional, los socios para el desarrollo que operan en los países que han optado por utilizar el cuestionario adaptado a la fragilidad a veces emplean los objetivos de evaluaciones humanitarias, evaluaciones de fragilidad realizadas conjuntamente con el gobierno, planes estratégicos de resiliencia, así como de fondos fiduciarios de donantes múltiples codirigidos por el gobierno. Lo hacen, en parte, debido a restricciones administrativas, como se detalla a continuación.
En los países en situación de fragilidad extrema, los socios para el desarrollo recurren a los marcos de resultados nacionales en menor medida que en contextos no frágiles y confían mucho menos en los datos del gobierno, en parte debido a una mayor debilidad de los sistemas estadísticos nacionales. A pesar de la gran coherencia general entre los objetivos, con independencia del contexto de cada país, el uso de los indicadores de resultados de los países socios y de los datos procedentes de los sistemas estadísticos nacionales es aún más reducido en los países en situación de fragilidad extrema. Del mismo modo, el 36 % de los indicadores de resultados de las intervenciones llevadas a cabo en países socios en situación de fragilidad extrema se supervisan mediante sistemas estadísticos nacionales, mientras que este porcentaje alcanza casi el 50 % en otros países socios. En promedio, la calidad de tales sistemas en los países en situación de fragilidad extrema es inferior a la de otros países, tanto en términos de transparencia como de cobertura (Open Data Watch, 2024[2]).
Según se informa, la limitada calidad y la pertinencia de los datos restringen el uso que hacen los socios para el desarrollo de los indicadores de resultados del país y de los datos procedentes de los sistemas estadísticos nacionales. En todos los países, los socios para el desarrollo suelen justificar su escaso uso de las fuentes estadísticas nacionales a la hora de supervisar los avances de sus intervenciones alegando que, en su opinión, los datos no están disponibles, son de calidad insuficiente o están desactualizados. En algunos casos, no se recurre a fuentes de datos nacionales cuando la naturaleza o el alcance de la intervención no lo permite (por ejemplo, proyectos a pequeña escala o datos generados por el propio proyecto). Los requisitos de presentación de información de los socios también pueden condicionar el uso que hacen de las fuentes de datos estadísticos nacionales, y algunos de ellos indican que utilizan sus propios sistemas con el fin de garantizar la comparabilidad de los datos entre países. Se han identificado razones similares que explican el uso reducido de los indicadores de resultados. Cuando los socios para el desarrollo no utilizan los datos de los sistemas estadísticos nacionales con el propósito de supervisar los avances de sus intervenciones, los datos proceden sobre todo de sus propias organizaciones. Sin embargo, sí utilizan los datos procedentes del país socio (las OSC, el mundo académico u organizaciones del sector privado) en el 35 % de los proyectos en los que no se emplean los sistemas estadísticos nacionales.
Los países socios y los socios para el desarrollo pueden adoptar medidas conjuntas para mejorar el uso de los sistemas nacionales
Los gobiernos de los países socios pueden utilizar sus marcos normativos de cooperación al desarrollo con vistas a animar a los socios para el desarrollo a que adapten sus intervenciones a los instrumentos nacionales de planificación existentes. En la República Dominicana, por ejemplo, el uso de los marcos de resultados nacionales por parte de los socios para el desarrollo es elevado, pues casi todos sus objetivos están alineados con los de las herramientas de planificación del Gobierno y más del 60 % de los indicadores de resultados se han extraído de los marcos de resultados del país y pueden supervisarse mediante el sistema estadístico nacional. El marco normativo de la República Dominicana en materia de cooperación al desarrollo anima a los socios a armonizar los objetivos de sus intervenciones con los del plan nacional (República Dominicana, Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, 2016[8]). Se ha mejorado la armonización gracias al fortalecimiento de las alianzas entre el Gobierno y los socios para el desarrollo como resultado de iniciativas conjuntas de supervisión y evaluación (véase el ejemplo de la República Dominicana en el Capítulo 7). Además, el marco normativo ha establecido un indicador clave de desempeño destinado a medir “el porcentaje de iniciativas de cooperación internacional aprobadas que se ajustan a las prioridades temáticas del marco normativo nacional”.
En los países socios que han mejorado la calidad de sus sistemas estadísticos, el uso de los marcos de resultados nacionales por parte de los socios para el desarrollo es elevado o ha aumentado5. Por ejemplo, en Kenia, el uso que hacen los socios para el desarrollo de los marcos de resultados nacionales es elevado y se ha incrementado de forma significativa (del 63 % en 2018 al 75 % en 2026). Kenia ha publicado recientemente su Segunda Estrategia para el Desarrollo de las Estadísticas (Kenya National Bureau of Statistics, 2023[9]), elaborada mediante un enfoque inclusivo en el que han participado los socios para el desarrollo. Esta estrategia prevé que todos los productores de datos y estadísticas adapten sus planes en esta materia a los ámbitos prioritarios de la estrategia. Kenia es también uno de los países que está poniendo en marcha la iniciativa Data for Now, que ayuda a las oficinas nacionales de estadística a aprovechar fuentes, tecnologías y métodos innovadores con vistas a agilizar la producción y difusión de datos de mejor calidad, más oportunos y desglosados en favor del desarrollo sostenible (UN DESA, n.d.[10]).
Algunos países están adoptando herramientas emergentes, como la inteligencia artificial (IA) responsable, con el objetivo de mejorar la calidad y la eficiencia de los datos y favorecer la elaboración de estadísticas oficiales. Por ejemplo, Gambia utiliza la IA generativa en la mejora de la calidad de los datos, la automatización de la clasificación y la modernización de las estadísticas oficiales (PARIS21, 2026[11]). De cara al futuro, los gobiernos de los países socios pueden estudiar el uso de la IA responsable en las estadísticas oficiales, es decir, la adopción de estas tecnologías de forma fiable, ética y sostenible (UNECE, 2025[12]). El uso de la IA puede contribuir a consolidar las capacidades de las oficinas nacionales de estadística (ONE) en tareas rutinarias como la automatización, la optimización de la integración de datos, la mejora del control de calidad y la reducción de la carga tanto del personal como de los encuestados, lo que permite que los ciclos de producción sean más rápidos y precisos (PARIS21, 2025[13]).
Al aumentar el apoyo financiero y coordinar su financiación a través de las iniciativas existentes, los socios para el desarrollo pueden acelerar el fortalecimiento de los sistemas nacionales de datos de los países socios. Los socios para el desarrollo pueden aumentar la ayuda financiera básica destinada a las ONE con el fin de mejorar los datos y las estadísticas. Esto suele ser una prioridad en los países socios, pero no es el planteamiento por el que se decantan los socios para el desarrollo, que tienden a ofrecer un apoyo puntual, relacionado con proyectos, lo que ofrece menos posibilidades de mejorar la calidad de los sistemas de datos administrativos (OECD, 2021[14]). No obstante, las iniciativas de promoción destinadas a aumentar la financiación han dado lugar recientemente a una mayor dotación de fondos para los sistemas estadísticos básicos, impulsadas por los miembros del CAD de la OCDE (PARIS21, 2025[15]). Un ejemplo de ello es la alianza de Nueva Zelanda con la Comunidad del Pacífico, gracias a la cual se creó el Centro de Datos del Pacífico (OECD, 2023[16]). La Red de Berna para la Financiación de Datos sobre el Desarrollo ofrece una plataforma en la que las ONE de los países socios y los socios para el desarrollo analizan vías que permitan mejorar la calidad y el uso de los datos y las estadísticas a través de diversos medios: acuerdos de mancomunación destinados a financiar mejoras en todo el sistema, el aumento de la financiación en los países y la coordinación de su financiación con otros socios para evitar la fragmentación (Bern Network, 2025[17]). La iniciativa de la Plataforma de Acción de Sevilla, FfD4 y el futuro de los datos: fortalecimiento de los sistemas para una financiación sostenible, hace especial hincapié en este último punto, ya que solo se puede lograr una financiación eficiente mediante la armonización de las fuentes de financiación y la mejora de la colaboración con el fin de optimizar el impacto de los fondos (Sevilla Platform for Action initiative, 2025[18]).
Unos sistemas sólidos de gestión de las finanzas públicas (GFP) son fundamentales a la hora de aplicar las políticas nacionales de desarrollo y garantizar una gestión eficaz de los recursos nacionales e internacionales. Un sistema sólido de GFP permite garantizar un uso eficaz y eficiente de las finanzas públicas nacionales e internacionales; los sistemas nacionales de GFP son el lugar donde, en la práctica, se concentran estos recursos, bajo la responsabilidad del gobierno del país socio. El apoyo de los socios para el desarrollo a la consolidación de los sistemas de GFP, mediante su utilización cuando se canalizan fondos al sector público, resulta a su vez esencial para reforzar la apropiación nacional y lograr los resultados de desarrollo sostenible. El marco de gasto público y rendición de cuentas financiera (PEFA) responde a los compromisos conjuntos asumidos por los países socios y los socios para el desarrollo con el fin de elaborar herramientas de diagnóstico acordadas mutuamente que permitan evaluar el desempeño respecto a la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (OECD, 2005[19]) y al acuerdo de la Alianza de Busan (OECD, 2011[7]). A partir de estos compromisos, el ejercicio de monitoreo de la Alianza Global evalúa los avances en el fortalecimiento de los sistemas basándose en una selección de resultados de las evaluaciones del PEFA correspondientes a cuatro ámbitos (presupuestación, adquisiciones/contrataciones públicas, presentación de informes y auditoría) que son cruciales para lograr una cooperación eficaz al desarrollo. Asimismo, evalúa en qué medida los socios para el desarrollo utilizan estos sistemas. En esta sección se resumen los resultados.
Los sistemas de GFP muestran mejoras en ámbitos clave, pero es necesario realizar esfuerzos significativos por consolidar los sistemas de adquisiciones/contrataciones públicas y la transparencia presupuestaria. De los 44 países que participan en la ronda de 2023-2026, 27 cuentan con dos evaluaciones del PEFA consecutivas y recientes disponibles6. En estos 27 países, la calidad general de los sistemas de GFP sigue siendo desigual. La mayoría (18 países) presenta una calidad media, mientras que solo 4 cuentan con sistemas de alta calidad y 5 se encuentran en la categoría de baja calidad (Figura 1.7, Capítulo 1). En consonancia con las tendencias globales, la calidad de los sistemas de GFP es menor en los países menos desarrollados (PMD) y aumenta a la par que la renta, por lo que la calidad más alta se registra en los países de renta media-alta (PRMA). Este gradiente refleja los posibles obstáculos estructurales y las dificultades de implementación a los que suelen enfrentarse los entornos de renta baja. No se dispone de evaluaciones recientes del PEFA en la mayoría de los países que presentan informes y se encuentran en situación de fragilidad extrema, una ausencia que puede indicar deficiencias subyacentes en los sistemas de GFP y una reducida capacidad de evaluarlos, o bien que se ha restado prioridad a estos ejercicios en contextos de crisis aguda o conflicto. Las tendencias a lo largo del tiempo también son dispares, ya que 11 países han registrado mejoras en la calidad de la GFP, 12 han experimentado un deterioro y 4 se han mantenido casi sin cambios, con niveles de calidad bajos o medios desde la ronda de 2018. Los patrones identificados en los datos de los informes globales del PEFA correspondientes a los 27 países muestran que entre los puntos fuertes se encuentran la puntualidad en la aprobación del presupuesto y la exhaustividad de la documentación presupuestaria anual (PEFA, 2022[20]); (Kirova, Gurazada and Allen, 2023[21]). Las adquisiciones/contrataciones públicas se mantienen como un reto importante, ya que más de la mitad de los países obtienen puntuaciones muy bajas en esta área. Según los datos relativos al PEFA, esto suele deberse al uso generalizado de métodos no competitivos, lo que repercute en la calidad y la eficiencia del gasto público. También son frecuentes las dificultades en la ejecución presupuestaria, sobre todo en lo que respecta a la capacidad de mantener los niveles de gasto previstos a lo largo del ejercicio fiscal, así como en el acceso público a la información en esta materia.
El uso de los sistemas de GFP de los países socios sigue siendo moderado, con diferencias según el tipo de proveedor y un empleo, en general, reducido de los sistemas de adquisiciones/contrataciones públicas
A pesar de los compromisos adquiridos hace tiempo, el uso que hacen los proveedores de los sistemas de GFP de los países socios no ha aumentado. La importancia de reforzar los sistemas nacionales mediante su utilización se ha reconocido de forma sistemática a lo largo de los últimos dos decenios, en el marco de la Declaración de París, el Programa de Acción de Accra, el acuerdo de la Alianza de Busan y, más recientemente, en el Compromiso de Sevilla (UN DESA, 2025[6]), así como en análisis recientes (Piatti-Fünfkirchen et al., 2021[22]); (Syquia, 2023[23])7. A pesar de estos compromisos de larga data y del reconocimiento de las ventajas que supone recurrir a los sistemas de GFP, su uso general no ha mejorado apenas con el paso del tiempo, lo que sugiere que siguen sin solucionarse algunas deficiencias persistentes. Sin embargo, al utilizar estos sistemas en lugar de crear otros paralelos, los socios para el desarrollo contribuyen a fortalecer las instituciones nacionales, lo que a su vez favorece la apropiación y la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas de desarrollo (OECD/UNDP, 2016[24]).
Solo la mitad de los fondos de desarrollo se desembolsan al sector público mediante sistemas de GFP, y el uso de los sistemas de adquisiciones/contrataciones públicas es muy limitado y ha disminuido de manera significativa desde 2018. En torno a la mitad (51 %) de los fondos de desarrollo desembolsados al sector público emplean sistemas de GFP (presupuesto, auditoría, información financiera y adquisiciones/contrataciones públicas), lo que supone, de media, un ligero descenso desde 2018 (53 %) (Figura 3.5) y solo un leve incremento frente a la cifra observada en 2011. Los socios para el desarrollo tienden a recurrir en mayor medida a los procedimientos de ejecución presupuestaria y de información financiera (en el 63 % y el 56 % de la financiación destinada al sector público, respectivamente), y ambos han aumentado desde la ronda de 2018. El uso de la auditoría se mantiene en un nivel similar al de 2018. Los sistemas de adquisiciones/contrataciones públicas se utilizan poco y su utilización ha disminuido de forma significativa desde 2018 (en el 34 % de los fondos desembolsados al sector público en 2026, frente al 50 % en 2018), lo que contrasta con los avances advertidos en el uso de los sistemas de información presupuestaria y financiera. Esto podría reflejar el reconocimiento por parte de los socios para el desarrollo de que el uso de los sistemas nacionales de adquisiciones/contrataciones públicas conlleva riesgos fiduciarios y de reputación significativamente mayores (OECD, n.d.[25]); (OECD, 2023[26]), lo cual se ve agravados por el predominio de métodos de adquisiciones/contrataciones públicas no competitivos en los países socios, como han puesto de relieve las recientes evaluaciones del PEFA. Al igual que en las conclusiones de la ronda de 2018, el uso medio de los GFP por parte de los socios para el desarrollo sigue siendo mayor en los países de renta media-baja (PRMB) que en otros grupos de renta, lo que parece reflejar en gran medida su mayor dependencia de los préstamos para canalizar la financiación destinada al desarrollo en los PRMB (OECD/UNDP, 2019[27]). El uso medio de los sistemas de GFP es menor en los PMD (42 % frente al 57 % en el resto de países), aunque la diferencia en la calidad promedio de los sistemas de GFP entre los PMD y los demás grupos de países no es muy marcada, según las puntuaciones del PEFA.
Uso de los sistemas de GFP por parte de los proveedores como porcentaje de los desembolsos al sector público; tendencias por componente
Nota: El uso de los sistemas de GFP se calcula como el porcentaje medio de los desembolsos al sector público en los que se han aplicado procedimientos de auditoría, ejecución presupuestaria e información financiera, así como sistemas de adquisiciones/contrataciones públicas.
El término “ayuda ligada o vinculada” hace referencia a la AOD que se ofrece con la condición de que se utilice para adquirir bienes o servicios del proveedor de AOD o de un grupo limitado de países. El primer compromiso internacional formal de desvinculación de la ayuda se asumió mediante la Recomendación del CAD de la OCDE sobre la desvinculación de la AOD (OECD, 2001[28]). El reciente Compromiso de Sevilla, en su apartado 39 g), también destaca la necesidad de seguir avanzando en este ámbito (UN DESA, 2025[6]). Desvincular la AOD significa eliminar las barreras a la libre competencia, de modo que se dé a los beneficiarios de la AOD la libertad de acceder a bienes y servicios de prácticamente cualquier país mediante una convocatoria internacional a licitación competitiva. Cuando un donante de AOD utiliza los sistemas del país socio, la desvinculación de la AOD puede aumentar la apropiación y reforzar los sistemas nacionales. Por el contrario, cuando la ayuda está vinculada, a menudo se exige a los socios para el desarrollo que sigan sus propias normas de adquisiciones/contrataciones públicas, lo que reduce el recurso a los sistemas de GFP de los países socios. La vinculación de la AOD también puede mermar la calidad de los proyectos y aumentar su costo hasta entre un 15 % y un 30 % (OECD, 2022[29]).
El ejercicio de monitoreo de la Alianza Global indica que el porcentaje de la AOD bilateral desvinculada de los miembros del CAD ha experimentado una ligera disminución, al pasar del 82 % en 2017 al 79 % en 2024 (Figura 3.6). Estos datos se basan en la información facilitada al Sistema de Notificación de los Países Acreedores de la OCDE. La tendencia observada entre las dos rondas de monitoreo muestra ligeras fluctuaciones, pero no se aprecian avances evidentes entre 2017 y 2024. Esto apunta a un estancamiento de la tendencia positiva anterior, tras el compromiso de 2001 sobre la desvinculación de la AOD, que supuso un aumento de la desvinculación hasta 2020 (OECD, 2022[29]). Los datos correspondientes a 2024 indican que los resultados son similares con independencia del nivel de renta y de la situación de fragilidad del país socio. Si bien la mayoría de los miembros del CAD han reducido su porcentaje de ayuda desvinculada, cabe destacar que 12 países, entre ellos varios nuevos proveedores de AOD, han aumentado el suyo (Austria, Bélgica, Eslovaquia, Estados Unidos, Estonia, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Portugal, República Checa y República de Corea).
Sin embargo, lo anterior puede que no ofrezca una visión completa, ya que la “ayuda vinculada de manera informal” sigue siendo un factor a tener en cuenta. Aunque la mayoría de los miembros del CAD desvinculan formalmente su ayuda, pueden persistir obstáculos de facto a la entrada de proveedores de países en desarrollo, por ejemplo, a través de barreras informales (como el acceso a la información sobre oportunidades de contratación o el volumen y la complejidad de los contratos). Los datos de la OCDE sobre la adjudicación de contratos revelan que, aunque los proveedores de los países en desarrollo comprendidos en la Recomendación del CAD de la OCDE sobre la desvinculación de la AOD recibieron el 40 % de los contratos desvinculados en términos de cantidad durante el período 2019-2023, solo representaron el 10 % del valor total de los contratos, lo que pone de manifiesto la persistencia de barreras de entrada y los escasos avances logrados en la reorientación de las contratación pública hacia los proveedores locales, en especial en el caso de los contratos de mayor envergadura.
Porcentaje medio de ayuda desvinculada de los miembros del CAD
Fuente: OCDE (2026), Sistema de Notificación de los Países Acreedores, OECD.Stat (https://data-explorer.oecd.org/?lc=en).
En general, las tendencias en el uso de los sistemas de GFP de los países socios son dispares entre los distintos socios para el desarrollo. Al analizar los resultados de los tres grupos principales de proveedores8, se observa que el uso general de los sistemas de GFP es mayor en los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) (53 %) que en el caso de los miembros del CAD (48 %) y las entidades de las Naciones Unidas (43 %), a pesar de las diferencias en su uso de los componentes de la GFP (Figura 3.7). En cuanto al análisis de las tendencias, se advierte que el uso general de los sistemas de GFP ha disminuido desde la ronda de 2018, tanto por parte de los BMD como de los miembros del CAD; los BMD se han visto afectados por un menor recurso a los sistemas de adquisiciones/contrataciones públicas, y los miembros del CAD, por un deterioro en el uso de los sistemas de auditoría y adquisiciones/contrataciones públicas, pese a las mejoras en la ejecución presupuestaria. Estos descensos también pueden reflejar la introducción por parte de los socios para el desarrollo de normas de adquisiciones/contrataciones públicas más estrictas, lo que significa que un mayor número de sistemas de adquisiciones/contrataciones públicas de los países socios no cumplen todos sus requisitos9. Por otra parte, las entidades de las Naciones Unidas han aumentado de manera considerable su uso general de los sistemas nacionales de GFP desde la ronda de 2018, con mejoras en todos los componentes de dicha gestión debido a los grandes avances logrados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el PNUD y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)10. El UNICEF destaca por sus esfuerzos por mejorar los sistemas de GFP de los países socios y trabajar con ellos (Recuadro 3.3). Entre los demás grupos de socios para el desarrollo que no aparecen en la figura, el uso de los sistemas de GFP es elevado en el caso de los fondos verticales (77 %), lo que se debe en gran medida al elevado uso registrado por el Fondo Mundial.
Uso de los sistemas de GFP por parte de los proveedores, como porcentaje de los desembolsos al sector público, por tipo de proveedor
Nota: El uso de los sistemas de GFP se calcula como el porcentaje medio de los desembolsos al sector público en los que se han aplicado procedimientos de auditoría, ejecución presupuestaria e información financiera, así como sistemas de adquisiciones/contrataciones públicas. Análisis basado en los grupos de proveedores con los datos más completos. En el Anexo A se ofrecen más detalles sobre la composición de los grupos, incluidos aquellos que no se han tenido en cuenta en este análisis.
El UNICEF constituye un buen ejemplo de cómo las políticas y las iniciativas organizativas pueden traducirse en un mayor uso de los sistemas nacionales de GFP. El uso medio de los sistemas de GFP ha mejorado de manera significativa entre la ronda de monitoreo de 2018 y la de 2023-2026 (del 29 % al 64 %). En 2017, la organización presentó un marco programático global sobre las finanzas públicas para la infancia (UNICEF, 2017[30]), que crea un planteamiento de colaboración con los sistemas nacionales de presupuestación, gasto y presentación de informes. Este marco anima al personal del UNICEF a analizar, apoyar y colaborar en los procesos nacionales de GFP con el fin de mejorar la planificación, la asignación y la supervisión de los recursos públicos destinados a la infancia. El programa va acompañado de un programa mundial de aprendizaje dirigido al personal operativo y directivo de las oficinas en los países, las oficinas regionales y la sede central, cuyo objetivo consiste en fomentar las competencias en materia de análisis presupuestario y de gastos, identificar retos y soluciones relacionados con la GFP y estrechar la colaboración con los ministerios de finanzas y los sectoriales (UNICEF, n.d.[31]). Además, el conjunto de herramientas del marco de finanzas públicas para la infancia, presentado en 2021, ofrece una guía paso a paso sobre el diagnóstico y el diseño de un apoyo a los programas que se ajuste a los procedimientos nacionales (UNICEF, 2021[32]). Los datos de la región de África Oriental y Meridional muestran cómo las oficinas nacionales del UNICEF están aplicando estas herramientas con el fin de mejorar los procesos presupuestarios, reforzar el seguimiento del gasto y aumentar la transparencia en el gasto del sector social (UNICEF, 2024[33]).
Las condiciones de los países socios y las opciones de los proveedores influyen en el uso de los sistemas de GFP
El uso de los sistemas de GFP por parte de los proveedores varía de manera considerable entre los países socios y no puede explicarse solo en función de su calidad. Aunque los valores agregados parecen reflejar las fortalezas y debilidades del PEFA, con un mayor uso de los sistemas presupuestarios y un menor uso de los sistemas de adquisiciones/contrataciones públicas, los valores nacionales revelan un panorama más complejo. En algunos países con puntuaciones de PEFA elevadas, los socios para el desarrollo hacen un uso reducido de los sistemas GFP, mientras que en otros con sistemas más débiles se registra un uso relativamente mayor11. Los distintos socios para el desarrollo de un mismo país no siguen el mismo enfoque, ya que algunos utilizan los sistemas de forma generalizada, mientras que otros los utilizan lo mínimo o no los utilizan en absoluto. Parte de las diferencias en el uso que hacen los países socios de los sistemas de GFP se debe a las modalidades de ejecución elegidas por los socios para el desarrollo, instrumentos como el apoyo presupuestario y los préstamos suelen requerir, por su propia naturaleza, un mayor grado de dependencia de los sistemas nacionales (Moritz and Gurazada, 2024[34]). Además, aunque pueda existir una relación entre la calidad del sistema de GFP de un país socio y su uso por parte de los socios para el desarrollo, la correlación es muy escasa, lo que sugiere que la calidad del sistema por sí sola no se traduce en un mayor uso. Un análisis reciente realizado por bancos multilaterales de desarrollo corrobora esta conclusión. Según los análisis del Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo, las decisiones de los socios para el desarrollo de recurrir a los sistemas de GFP de los países socios no solo reflejan evaluaciones fiduciarias, sino también un conjunto más amplio de consideraciones contextuales y de gobernanza, entre las que se encuentran el estado de derecho, la gobernanza política, las condiciones macroeconómicas, los derechos humanos, la integridad percibida o los riesgos reputacionales, así como la percepción del riesgo y la tolerancia al riesgo por parte de los proveedores (Piatti-Fünfkirchen et al., 2021[22]); (Syquia, 2023[23]).
Existe una combinación de factores relacionados tanto con los países socios como con los proveedores que influyen en el uso de los sistemas nacionales de GFP. Según los socios para el desarrollo, los principales motivos del uso reducido de los sistemas de GFP se reparten casi a partes iguales entre factores relativos a los países socios (43 % de las respuestas) y factores relativos a los socios para el desarrollo (40 % de las respuestas)12. De las respuestas restantes, el 6 % se refiere al uso de sistemas de GFP subnacionales que no están incluidos en el marco de monitoreo, mientras que el 11 % se enmarca en la categoría “otros”, lo cual podría indicar problemas específicos de cada proyecto. Los factores relativos a los países socios son, sobre todo, la percepción de una capacidad de absorción insuficiente de los sistemas e instituciones (20 %), las preocupaciones por la calidad de los sistemas de GFP (13 %) y los riesgos políticos o de reputación (10 %), entre los que se incluyen la inquietud respecto a la gobernanza, la inestabilidad y el cumplimiento de los principios esenciales aplicables a los proveedores. Entre los factores relativos a los proveedores que los llevan a utilizar sus propios sistemas en lugar de los de los países socios se encuentran los obstáculos procedimentales o burocráticos (17 %) y una preferencia general por utilizar sus propios sistemas por razones no especificadas (14 %). Un 9 % adicional de las respuestas expone motivos más concretos para preferir los sistemas y procedimientos propios de los socios para el desarrollo. El motivo más citado es el cumplimiento de las políticas y normas internas que establecen el uso de procedimientos financieros y de adquisiciones/contrataciones públicas particulares de cada organismo. Entre otras razones figuran la dependencia de terceros encargados de la ejecución, que aplican sus propios enfoques; las preocupaciones en materia de gestión de riesgos y gobernanza; y los requisitos técnicos específicos de cada proyecto, en los que los proyectos especializados de adquisiciones/contrataciones públicas o de asistencia técnica requieren procesos adaptados a cada caso.
Los avances dependerán de los esfuerzos conjuntos
Se puede acelerar el avance tanto en la calidad como en el uso de los sistemas de GFP mediante el diálogo y la acción conjuntos. El acuerdo de la Alianza de Busan indicaba que, cuando el pleno uso de los sistemas nacionales no sea posible, el proveedor de cooperación al desarrollo “expondrá las razones de su decisión y dialogará con el gobierno sobre las acciones requeridas para lograrlo, incluyendo cualquier asistencia o modificación necesaria para fortalecer los sistemas” (OECD, 2011[7]). Entre los socios para el desarrollo que mencionaron preocupaciones en cuanto a la calidad, dos tercios (67 %) comunicaron que habían participado en este tipo de debates y, en la mayoría de los casos (64 %), estos habían dado lugar a acuerdos o planes de acción. Además, casi la mitad de las estrategias nacionales de los socios para el desarrollo contienen un apoyo al fortalecimiento de los sistemas de GFP, ya sea mediante la cooperación técnica o la participación en programas de GFP con múltiples donantes. Aunque se reconoce que no todos los socios para el desarrollo están en condiciones de asumir esta función en todos los contextos, se ha constatado que el uso de los sistemas de GFP es mayor entre los socios para el desarrollo que participan en el apoyo al fortalecimiento de la GFP. Los datos nacionales confirman que, cuando los socios para el desarrollo cuentan con estrategias aprobadas por el gobierno e incluyen un acuerdo sobre el uso de los sistemas de GFP, también tienden a hacer un mayor uso de dichos sistemas13. Estos son indicios alentadores de que es posible acelerar los avances tanto en la calidad como en el uso de los sistemas nacionales de GFP mediante el diálogo y la acción conjunta (véanse los ejemplos de Vietnam en el Recuadro 3.4 y de Uganda en el Capítulo 7). En los países en situación de fragilidad extrema o que operan en un espacio cívico y político muy restringido, el diálogo estructurado puede resultar menos viable, por lo que puede ser necesario recurrir a mecanismos alternativos, flexibles y adaptados al contexto con el fin de apoyar el fortalecimiento del sistema de GFP (OECD, 2023[35]). Al mismo tiempo, los avances también exigirán medidas complementarias a nivel mundial, en las que los socios para el desarrollo puedan abordar las rigideces institucionales, actualizar las directrices corporativas y crear los incentivos necesarios para facilitar un mayor uso de los sistemas nacionales de GFP.
Vietnam es uno de los países que ha mejorado la calidad de sus sistemas de GFP, según una comparación de las dos evaluaciones del PEFA más recientes (2024 y 2013). Aunque la calidad general es media y aún quedan aspectos por mejorar, la evaluación del PEFA de 2024 muestra que Vietnam ha avanzado en sus reformas de la GFP, sobre todo mediante el refuerzo de la disciplina fiscal, que se refleja en la reducción de los atrasos en el pago de gastos; el fortalecimiento de la gestión de tesorería mediante unos datos de compromisos más fiables y la mejora de la transparencia presupuestaria (PEFA, 2024[36]). Asimismo, destaca una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, respaldada por un sistema de adquisiciones/contrataciones públicas más eficaz, que ha ganado en competitividad y transparencia gracias a la nueva Ley de Contratación Pública y a la plataforma de adquisiciones/contrataciones públicas del Gobierno. Durante la última década, Vietnam ha modernizado su marco de GFP con la aprobación de nuevas leyes importantes en materia de presupuestación, contabilidad, deuda, activos, inversión pública y supervisión financiera, además de una estrategia financiera de 2022 destinada a promover la eficiencia y la transparencia. Estas reformas armonizan el sistema con las buenas prácticas internacionales, como la planificación fiscal a medio plazo, la actualización de las normas contables, la información financiera del sector público y una mayor transparencia presupuestaria.
Estas reformas han contado con el apoyo de los socios para el desarrollo, en un primer momento a través de un fondo fiduciario de donantes múltiples (hasta 2016) gestionado por el Banco Mundial y, más recientemente, por medio de un programa de asistencia analítica y de asesoramiento en materia de GFP, cofinanciado por la Secretaría de Estado de Economía de Suiza y el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, y administrado por el Banco Mundial. El programa ofrece apoyo técnico en todas las funciones fundamentales de la GFP, entre las que se encuentran la gestión de tesorería, las normas contables y los procesos de inversión pública. Vietnam sigue recibiendo un apoyo constante en materia de GFP por parte de múltiples donantes, entre otros, Alemania, Suiza y la Unión Europea (UE), centrado en la administración tributaria, la información fiscal, la gestión de la deuda y el fortalecimiento de la GFP a nivel subnacional.
Estas iniciativas conjuntas, bajo el liderazgo del Gobierno, han dado lugar a mejoras en la calidad de los sistemas de Vietnam y es probable que hayan contribuido a crear un entorno que anima a los socios para el desarrollo a utilizar sistemas más sólidos. Aunque el uso de los sistemas de GFP por parte de los socios para el desarrollo ha variado a lo largo del tiempo, Vietnam sigue figurando entre los países con los niveles más altos de uso de estos sistemas en la ronda de 2023-2026 (un 79 % de la financiación desembolsada al sector público, como promedio entre los sistemas presupuestarios, de auditoría, de información financiera y de adquisiciones/contrataciones públicas).
El uso de sistemas de GFP más sólidos debe ir acompañado de sistemas de gestión de la información (SGI) eficaces para la cooperación al desarrollo. Estos proporcionan a los gobiernos de los países socios los datos que permiten adaptar la ayuda exterior a las prioridades nacionales. Los SGI pueden ofrecer una visión general de la financiación internacional para el desarrollo que llega al país, no solo la AOD, sino también los fondos destinados al sector público. La plena apropiación y la transparencia no pueden alcanzarse si esta información solo está disponible de forma retroactiva en plataformas globales. Por lo tanto, se espera que los socios para el desarrollo presenten datos al SGI y promuevan su fortalecimiento. En el marco del acuerdo de la Alianza de Busan, los gobiernos de los países socios y los socios para el desarrollo acordaron crear sistemas nacionales de gestión de la información sobre la ayuda y poner a disposición del público la información relativa a las actividades de desarrollo financiadas con fondos públicos (OECD, 2011[7]). En respuesta a este compromiso, el ejercicio de monitoreo de la Alianza Global analiza la existencia de sistemas nacionales de gestión de la información en materia de cooperación al desarrollo, entre los que se encuentran los sistemas de gestión de la información sobre la ayuda, y si los socios para el desarrollo facilitan datos a dichos sistemas.
La mayoría de los países cuentan con un SGI, pero aún no se aprovecha todo su potencial en la elaboración de las previsiones presupuestarias y de gasto. De los 44 países, la mayoría (34) indicaron que contaban con un SGI operativo y en funcionamiento que permite recopilar datos sobre la cooperación al desarrollo. La mayoría de estos sistemas (28) recopilan datos muy exhaustivos en este ámbito (Figura 3.8). Por lo general, recogen una amplia variedad de tipos de flujos e información sobre proyectos o programas, e integran las aportaciones de un gran conjunto de socios bilaterales y multilaterales, como entidades de las Naciones Unidas y BMD. Sin embargo, existen menos países que recopilan información de socios no tradicionales, por ejemplo, 15 sistemas recopilan información de ONG internacionales y 9 de fundaciones privadas. La información recopilada se utiliza ampliamente en la elaboración de informes, pero de forma menos sistemática en la preparación de presupuestos y la planificación a medio plazo. Los 34 países utilizan la información recopilada con el fin de analizar la financiación destinada al desarrollo y elaborar informes, y la mayoría de ellos indican que la utilizan a la hora de fundamentar el diálogo con los socios para el desarrollo (30) o informar a los parlamentos (28). Sin embargo, son menos los países que utilizan con sistematicidad el SGI como base en la elaboración del presupuesto nacional (26) o las previsiones de gasto a medio plazo (23). Conscientes de la importancia de los SGI en la planificación y la participación ciudadana, todos los países socios que acogieron los diálogos (véase el Capítulo 7) acordaron adoptar medidas destinadas a mejorar sus sistemas.
Número de países socios que cuentan con un SGI operativo y exhaustivo (gráfico de la izquierda) y porcentaje medio de países socios en los que los proveedores presentan datos (gráfico de la derecha)
En general, aunque la mayoría de los socios para el desarrollo envían datos a los SGI de los países socios, siguen existiendo deficiencias en la cobertura, sobre todo en contextos difíciles. Por término medio, los socios para el desarrollo no envían datos al SGI en el 25 % de los países socios en los que operan (Figura 3.8, gráfico de la derecha). Las tasas de presentación de datos son más bajas en los países en situación de fragilidad extrema y de renta baja, donde los gobiernos pueden tener una capacidad reducida para coordinar el envío de información o los socios para el desarrollo pueden dar prioridad a la respuesta ante las crisis en lugar de a esta tarea. Los patrones de presentación de datos también varían según el tipo de proveedor, ya que los BMD y los miembros del CAD suelen presentarlos en la mayoría de los países, mientras que las entidades de las Naciones Unidas lo hacen en menor medida. Cabe destacar que, aunque los proveedores no presentan datos en el 25 % de los países, cuando lo hacen, suelen cumplir los requisitos gubernamentales, facilitando la información solicitada por el gobierno en el 94 % de los países y con la frecuencia necesaria en el 84 % de los países.
Los países socios y los socios para el desarrollo se enfrentan a retos interrelacionados a la hora de mantener los SGI en pleno funcionamiento; con el fin de superarlos serán necesarias iniciativas coordinadas. Cuando se les pregunta por los retos más habituales a la hora de mantener su sistema operativo, los países socios suelen mencionar la falta de compatibilidad entre el SGI y otros sistemas gubernamentales. A esto se suma el hecho de que las actualizaciones del sistema suelen verse condicionadas por unos recursos financieros escasos o una voluntad política insuficiente. Este reto también puede reflejar el hecho de que muchos sistemas se diseñaron o adoptaron en un principio sin prestar suficiente atención al desarrollo de capacidades locales y a la sostenibilidad a largo plazo (Park, 2017[37]). Los socios para el desarrollo señalan que el funcionamiento parcial de los sistemas constituye un obstáculo clave para la presentación de datos, al que se añaden las dificultades que conlleva adaptarse a los formatos de datos solicitados. Además, señalan la falta de claridad sobre el uso de la información recopilada y las solicitudes irregulares de actualizaciones por parte de los países socios, lo que, en conjunto, puede reducir los incentivos para enviar datos y dificultar la atribución adecuada de responsabilidades en materia de presentación de información. A pesar de estas dificultades, en torno a tres de cada cinco gobiernos de los países socios ofrecen formación o guías de uso con el fin de ayudar a los socios para el desarrollo a elaborar sus informes. Sin embargo, menos de la mitad cuenta con planes de gestión de datos, que son esenciales para la sostenibilidad a largo plazo. Si se desea mejorar la calidad de estos sistemas, es necesaria una gestión local y su adaptación a los sistemas gubernamentales existentes, en lugar de funcionar como herramientas independientes (véase el ejemplo de Nepal en el Capítulo 7). Si bien las medidas de apoyo a los usuarios resultan útiles, la elaboración y aplicación de planes de gestión del sistema pueden contribuir a resolver los obstáculos estructurales. Los socios para el desarrollo pueden desempeñar un papel fundamental mediante el ajuste de su apoyo a las prioridades nacionales de forma coordinada. Esto debe ir acompañado de un mayor compromiso de los socios para el desarrollo con la presentación sistemática de información en los sistemas de los países socios, con el respaldo de unas directrices claras por parte de las sedes.
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[30] UNICEF (2017), UNICEF’s Engagements in Influencing Domestic Public Finance for Children (PF4C) A Global Programme Framework, http://www.unicef.org/socialpolicy/.
[31] UNICEF (n.d.), UNICEF Global Learning Programme on Public Finance for Children (PF4C), https://agora.unicef.org/course/info.php?id=33860 (accessed on 24 February 2026).
[38] World Bank Group (n.d.), World Bank Procurement Framework, https://www.worldbank.org/ext/en/what-we-do/project-procurement/framework (accessed on 18 February 2026).
← 1. La estructura administrativa de Bosnia y Herzegovina carece de una estrategia nacional de desarrollo integral que abarque todo el país. En el momento de presentar información, Bosnia y Herzegovina contaba con estrategias de desarrollo pertinentes, ya implementadas o en fase de elaboración, en los distintos niveles del gobierno, pero decidió no informar respecto a dichas estrategias.
← 2. Cinco países en situación de fragilidad optaron por llevar a cabo una versión adaptada del ejercicio de monitoreo (un cuestionario de fragilidad) para recabar los elementos que consideran pertinentes en su contexto. Estos países son la República Democrática del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. Cuatro de estos países indicaron que habían llevado a cabo una evaluación de la fragilidad con miras a definir las prioridades nacionales. En el país restante no se evaluó el grado de participación a través de otros procesos. En la Guía del lector que figura al principio de este informe se ofrece más información acerca del cuestionario de fragilidad.
← 3. Dieciséis gobiernos de países socios que informaron de que contaban con un plan nacional de desarrollo que incluye un marco de resultados indicaron que los datos para supervisar los avances relativos a los indicadores de resultados solo están disponibles para algunos (45-55 %) o unos pocos (menos del 45 %) indicadores.
← 4. Un marco nacional de financiación integrado es un enfoque impulsado por los propios países que aúna todas las fuentes de financiación en una estrategia coherente destinada a financiar las prioridades nacionales de desarrollo sostenible y los ODS. Estos marcos fueron introducidos por primera vez por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en la Agenda de Acción de Addis Abeba de 2015 y constituyen una herramienta clave para poner en práctica este marco de financiación mundial a nivel nacional mediante la armonización de las políticas, la movilización de recursos y el refuerzo de la planificación y el uso de la financiación.
← 5. Según los datos de ODIN (Open Data Watch, 2024[2]), los sistemas estadísticos nacionales de mayor calidad se asocian, en promedio, a un mayor uso de los marcos de resultados nacionales por parte de los socios para el desarrollo, aunque la correlación no es significativa en términos estadísticos.
← 6. El subconjunto de 27 países analizados está compuesto por aquellos que cuentan con una evaluación del PEFA más reciente (realizada a partir de 2018) y que no se incluyeron en el análisis de avances presentado en el Informe de avances de 2019 de la Alianza Global.
← 7. En virtud de la Declaración de París, los socios para el desarrollo se comprometieron a utilizar los sistemas y procedimientos nacionales en la mayor medida posible; en los casos en que no fuera viable el uso de dichos sistemas, se comprometieron a establecer salvaguardias y medidas adicionales que consolidaran, en lugar de socavar, los sistemas y procedimientos nacionales.
← 8. La comparación se centra en los grupos de socios para el desarrollo que presentan los informes más completos entre todos los grupos de proveedores y países socios: bancos multilaterales de desarrollo, organismos de las Naciones Unidas y miembros del CAD. Se recibieron datos de otros socios bilaterales y de otras organizaciones multilaterales, pero no eran lo suficientemente exhaustivos en todos los países como para permitir una comparación sólida entre los distintos grupos.
← 9. Los bancos multilaterales de desarrollo han reforzado sus marcos de adquisiciones/contrataciones públicas en los últimos años, entre ellos el Banco Asiático de Desarrollo (Asian Development Bank, 2021[40]) y el Banco Islámico de Desarrollo (Islamic Development Bank, 2025[41]). El Banco Mundial ha ido actualizando progresivamente dicho marco, que establece normas y requisitos obligatorios (World Bank Group, n.d.[38]). Japón también ha publicado un Manual de contratación pública respecto a los préstamos de la AOD japonesa, que incluye normas contra la corrupción y requisitos de transparencia (JICA, 2021[39]).
← 10. Entre las entidades de las Naciones Unidas, el UNICEF, el PNUD y la FAO suman, en conjunto, el 69 % de toda la financiación comunicada al sector público que sustenta el indicador sobre el uso de los sistemas de GFP. En consecuencia, las mejoras en su uso de los sistemas de GFP registradas desde la ronda de 2018 tuvieron una gran influencia en la puntuación global agregada del grupo.
← 11. Aunque los resultados totales basados en el promedio ponderado no muestran diferencias aparentes en el uso del sistema de GFP entre los países en situación de fragilidad extrema y el resto de países, se observa un panorama diferente al analizar los promedios simples de dichos países. En los países en situación de fragilidad extrema, el uso medio desciende a 0,34, frente al 0,43 registrado en el resto de contextos. Estas cifras sugieren que el promedio ponderado aumenta a causa de unos pocos socios de desarrollo que realizan desembolsos cuantiosos y hacen un uso relativamente elevado del sistema, lo que enmascara un uso global menor entre el grupo más amplio de socios que operan en estos entornos.
← 12. Según las respuestas proporcionadas por los socios para el desarrollo a la pregunta sobre los motivos principales por los que hacen un uso reducido de los sistemas de GFP.
← 13. El análisis de los datos de la OCDE procedentes del Sistema de Notificación de los Países Acreedores muestra que el porcentaje de AOD dirigida de forma explícita a la GFP en los 44 países que participan en la ronda de 2023-2026 representó alrededor del 4 % del total de los flujos de AOD hacia esos países durante el período comprendido entre 2018 y 2024, con muy pocas variaciones de un año a otro. Además, el porcentaje de AOD destinada a la GFP tiende a ser mayor en los países con puntuaciones de PEFA más altas y menor en aquellos con puntuaciones más bajas. Esto podría indicar que, si bien los donantes pueden entablar un diálogo sobre cuestiones de calidad en aquellos sistemas más débiles, dichos diálogos no se traducen automáticamente en un aumento del volumen de la AOD destinada a la GFP. En la práctica, el apoyo específico a la GFP puede ser mayor en aquellos lugares donde los sistemas están más consolidados y donde la percepción de menor riesgo fiduciario atrae inversiones más cuantiosas.