En este capítulo se presentan las primeras conclusiones de la Evaluación de los Principios de Kampala sobre cómo las partes interesadas están contribuyendo a reforzar un entorno que favorezca la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo en los países socios. En él se ofrecen datos sobre la situación de las políticas pertinentes, la prevalencia y el carácter inclusivo de los diálogos, la calidad de la colaboración con el sector privado, así como los retos que plantea una alianza eficaz y las posibles soluciones que permitan superarlos.
Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz – Informe de avances 2026
Resumen
Las conclusiones de la Evaluación de los Principios de Kampala (EPK), realizada por primera vez en la ronda de monitoreo 2023-2026 de la Alianza Global, muestran que tanto los gobiernos de los países socios como los socios para el desarrollo están invirtiendo en el refuerzo de las políticas encaminadas a orientar la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo.
Las partes interesadas suelen coincidir en que la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo está contribuyendo a mejorar los resultados en este ámbito, aunque las opiniones difieren en cuanto al grado en que está aportando valor donde más se necesita. Las opiniones de los socios para el desarrollo al respecto son muy positivas, mientras que las de los grupos de interesados que trabajan a nivel más local o de base, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y las pequeñas empresas, son menos optimistas. Un mayor empeño puede garantizar que la participación del sector privado beneficie a las personas más necesitadas, por ejemplo, con una mejor adaptación de las medidas a los colectivos prioritarios, como las poblaciones vulnerables y marginadas.
Los diálogos pueden ayudar a las partes interesadas a ponerse de acuerdo sobre las prioridades, identificar soluciones a las dificultades y establecer vínculos; tanto los gobiernos de los países socios como los socios para el desarrollo están realizando esfuerzos notables por organizar diálogos sobre la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo. No obstante, los gobiernos de los países socios tienen margen para hacer que sean más inclusivos y tengan mayor repercusión, sobre todo con el fin de fomentar la confianza entre las partes interesadas. Cabe destacar que los gobiernos de los países socios rara vez consideran que se les consulta de manera amplia sobre las actividades de colaboración con el sector privado que llevan a cabo los socios para el desarrollo.
Los gobiernos de los países socios obtienen muy buenos resultados en algunos indicadores de calidad de la participación, como, por ejemplo, la armonización de la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo con las normas nacionales e internacionales pertinentes. Sin embargo, algunos carecen de mecanismos de reclamación y solo la mitad mide y publica los resultados de esa participación. Los socios para el desarrollo se han esforzado por ajustarse a dichas normas, crear mecanismos de reclamación, medir y publicar los resultados, así como llevar a cabo evaluaciones de diligencia debida, con un desempeño especialmente positivo por parte de los bancos multilaterales de desarrollo.
Los actores del sector privado señalan importantes dificultades a la hora de colaborar con los socios de desarrollo en proyectos y programas de cooperación, y mencionan los engorrosos trámites de los proveedores, por ejemplo, en lo que respecta a las solicitudes de financiación, como un obstáculo significativo para estas alianzas. No obstante, el sector privado apunta que su participación en la cooperación al desarrollo está reforzando su capacidad de mejorar los resultados en materia de desarrollo; y así lo indican las pequeñas empresas en el 83 % de los países socios y las grandes empresas en el 94 %.
En un contexto de escasez de recursos para el desarrollo, se ha prestado cada vez más atención al papel del sector privado1 en la cooperación en este ámbito, en vista de su potencial para contribuir a la consecución de resultados tangibles en los países socios. Sin embargo, lograr una colaboración eficaz entre los gobiernos de los países socios, las empresas, los socios para el desarrollo y otros actores supone un reto, debido a factores como la falta de confianza, las limitaciones de capacidad y las diferencias en cuanto a prioridades, mandatos y perfiles de riesgo/rentabilidad. Los Principios de Kampala relativos a la participación eficaz del sector privado (PSP) en la cooperación para el desarrollo, respaldados por la Alianza Global en 2019, se elaboraron con el fin de orientar a todos los actores sobre cómo pueden contribuir a que dicha participación sea más eficaz (GPEDC, 2019[1]). La Evaluación de los Principios de Kampala (EPK), introducida como parte integrante del marco de monitoreo de la Alianza Global en ronda de 2023-2026, ofrece información sobre en qué medida se han establecido los pilares necesarios para una participación efectiva del sector privado en la cooperación al desarrollo. Las conclusiones de la EPK pueden ayudar a los responsables de la toma de decisiones a cumplir con el importante objetivo de movilizar financiación privada al arrojar luz sobre cómo establecer colaboraciones que aprovechen al máximo los recursos públicos internacionales a la hora de involucrar al sector privado. Por lo tanto, las conclusiones de la EPK sobre la calidad de la participación del sector privado en las alianzas de cooperación para el desarrollo constituyen un complemento relevante de los datos sobre la cantidad de financiación privada que se moviliza con este fin (OECD, 2025[2]). La EPK aporta información sobre si los recursos de la cooperación al desarrollo que se destinan a los países socios se están utilizando para reforzar un entorno favorable que permita potenciar las contribuciones del sector privado nacional al desarrollo sostenible.
En este capítulo se presentan las primeras conclusiones derivadas de la aplicación de la Evaluación de los Principios de Kampala. Comienza con una breve descripción de lo que evalúa el EPK y de cómo se desarrolla el proceso de evaluación (Sección 6.1). Las cuatro secciones restantes presentan un análisis de cada uno de los cuatro parámetros clave de la evaluación (Tabla 6.1). En la Sección 6.2 se analiza en qué medida los gobiernos de los países socios y los socios para el desarrollo cuentan con políticas o estrategias que orienten la participación del sector privado, así como las características de dichas políticas, por ejemplo, si la PSP se dirige a las personas y los lugares más necesitados. En la Sección 6.3 se examina en qué medida los gobiernos de los países socios y los socios para el desarrollo están organizando diálogos relacionados con la PSP, mientras que la calidad de los proyectos y programas de PSP es el tema central de la Sección 6.4, en la que también se analizan las iniciativas tanto de los gobiernos de los países socios como de los socios para el desarrollo. Por último, en la Sección 6.5 se presentan las percepciones de las partes interesadas sobre los retos que plantea la PSP en las alianzas de cooperación para el desarrollo.
La EPK proporciona datos que permiten analizar la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo y fomentar que esta sea más eficaz. Su ámbito de actuación abarca proyectos y programas de los países socios que aportan recursos públicos internacionales a entidades del sector privado con sede en dichos países2 con el fin de satisfacer las prioridades de desarrollo. La EPK consiste en un proceso multilateral con datos facilitados por el Gobierno del país socio y por los distintos socios para el desarrollo que involucran al sector privado en su cooperación en el país. Los coordinadores de las OSC, los sindicatos y el sector privado nacional del país socio también informan en nombre de los colectivos a los que representan. Esto permite contrastar los puntos de vista de las partes interesadas sobre las buenas prácticas, los retos y las oportunidades que plantea la PSP en el ámbito del desarrollo. Al ser el único componente opcional del marco de monitoreo, la EPK fue llevada a cabo por 25 de los 44 países socios en la ronda de 2023-20263. Por lo tanto, las conclusiones de este capítulo deben interpretarse teniendo en cuenta las particularidades propias de la EPK. Por un lado, en la ronda de 2023-2026 se probó a nivel nacional por primera vez la metodología de la EPK y, por lo tanto, difiere de otros componentes del marco de monitoreo de la Alianza Global, que se han ido implementando y perfeccionando a lo largo de varias rondas. Por otra parte, el carácter voluntario de la EPK plantea la posibilidad de que exista un sesgo de selección en las conclusiones, por ejemplo, los países socios que decidieron participar podrían ser aquellos que otorgan mayor prioridad a la PSP en el ámbito de la cooperación al desarrollo en sus políticas. A pesar de esta posibilidad, se observa una distribución similar en cuanto a nivel de renta y ubicación geográfica al comparar los 25 países que optaron por realizar la EPK con el conjunto de los 44 países que participaron en la ronda de 2023-20264.
Los cinco Principios de Kampala – apropiación nacional inclusiva, resultados e impactos deseados, alianzas inclusivas, transparencia y rendición de cuentas, y no dejar a nadie atrás – fundamentan en general la metodología de la EPK. Sin embargo, la evaluación en sí se estructura en torno a cuatro parámetros clave, cada uno de los cuales corresponde a uno o varios de los Principios de Kampala (Tabla 6.1).
Fuente: AGCED (2022[3]), Guía para la evaluación de los principios de Kampala, https://www.effectivecooperation.org/book-page/annex-2-guidance-kampala-principles-assessment.
Casi dos tercios de los gobiernos de los países socios que han llevado a cabo la EPK cuentan con una política en materia de participación del sector privado en la cooperación al desarrollo, pero el grado en que definen las funciones y responsabilidades de los distintos grupos de interés es desigual. En el documento final de Nairobi de 2016 de la Alianza Global, las partes interesadas se comprometieron a “fomentar los entornos de políticas favorables para las empresas, en apoyo de prácticas empresariales responsables, incluyentes y sostenibles, y respaldar el diálogo estructurado y la alianza para promover estos enfoques” (GPEDC, 2016[4]). De los 24 gobiernos que han presentado datos a la EPK, 15 indican que cuentan con una política5 que establece cómo debe participar el sector privado en la cooperación al desarrollo para que este sea sostenible. La mayoría de estas políticas forman parte de planes o estrategias nacionales de desarrollo. Estas políticas suelen elaborarse mediante procesos inclusivos, en los que se involucra a diversos grupos de partes interesadas, como el parlamento, las OSC, los sindicatos, las organizaciones filantrópicas y el sector privado nacional, los gobiernos subnacionales y los socios para el desarrollo. Los 15 gobiernos con una política sobre cómo debe ser la PSP indicaron que involucraban al sector privado, así como a al menos otros tres grupos de partes interesadas, mientras que cuatro países socios señalaron que disponían de la participación de todos estos grupos. En los 15 países, en torno a 3 de cada 4 representantes del sector privado que respondieron al cuestionario (el 75 % en el caso de las pequeñas empresas y el 73 % en el de las grandes empresas6), así como el 85 % de los representantes de las OSC, afirmaron conocer dicha política. Además, las 15 políticas exponen los motivos para colaborar con el sector privado en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la mayoría define las funciones de los socios para el desarrollo (11), los gobiernos subnacionales (10) y el parlamento (10) en la PSP. Un porcentaje menor define la función de la sociedad civil (9), los sindicatos (8) y las organizaciones filantrópicas (5), lo que sugiere que, en general, estas políticas podrían ser más claras en cuanto a cómo se espera que determinados grupos de partes interesadas contribuyan a la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo en el país.
Una gran parte (80 %) de las políticas pertinentes de los gobiernos de los países socios identifican sectores prioritarios, mientras que muchas menos determinan regiones o grupos destinatarios prioritarios. De las 15 políticas, 12 se dirigen a sectores que el gobierno considera prioritarios para la PSP. Sin embargo, solo 9 políticas identifican los grupos destinatarios, incluidas las poblaciones vulnerables y marginadas, y menos de la mitad (7) determinan las regiones prioritarias. Ahora bien, el hecho de contar con una política que identifique los sectores, las regiones y los grupos destinatarios prioritarios no parece estar relacionado con una mayor percepción por parte del gobierno de que la PSP en la cooperación al desarrollo aporta valor donde más se necesita. Esto indica que, si bien es importante articular dichas prioridades en un marco normativo, ello puede resultar insuficiente a menos que se combine con otras medidas posteriores, por ejemplo, durante la fase de diseño de los proyectos, con el fin de aumentar las posibilidades de que dicha PSP beneficie a los sectores, regiones y grupos de población previstos.
De los socios para el desarrollo que involucran al sector privado en su cooperación al desarrollo, más de tres cuartas partes cuentan con una estrategia que oriente estas actividades, aunque sus oficinas en los países no siempre están al corriente de ellas. Los socios para el desarrollo de cada uno de los 25 países socios que participaron en la EPK indicaron si cuentan con proyectos o programas de cooperación al desarrollo en los que participa el sector privado (Recuadro 6.1). Entre los proveedores que cuentan con la PSP, el 77 % afirma disponer de una estrategia que orienta estas actividades. Podría tratarse de una estrategia global, una estrategia nacional o una combinación de ambas7. Como se muestra en la Figura 6.1, estos resultados varían según el tipo de socio para el desarrollo; por ejemplo, los miembros del CAD y las entidades de las Naciones Unidas suelen disponer de una estrategia global, mientras que los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) suelen tener una estrategia específica del país. En conjunto, se observa que los proveedores invierten de forma satisfactoria en marcos normativos de PSP en la cooperación al desarrollo. Sin embargo, en algunos casos, los socios para el desarrollo cuentan con una estrategia global de la que los compañeros de sus oficinas nacionales no tienen conocimiento. Esto sugiere que algunos proveedores podrían mejorar la comunicación interna sobre sus estrategias, posiblemente como parte de iniciativas más amplias destinadas a aumentar la disposición de la organización para la participación del sector privado (Donor Committee for Enterprise Development, 2018[5]).
Los gobiernos de los 25 países socios invitaron a representantes de un total de 79 socios para el desarrollo (32 proveedores bilaterales y 47 multilaterales) a presentar sus informes a la EPK. Esto dio lugar a 507 respuestas individuales, procedentes de los coordinadores que representaban a los 79 socios para el desarrollo, a la pregunta de si el proveedor al que representaban participaba en proyectos o programas de PSP en ese país socio. El 38 % que dio una respuesta negativa no continuó con el cuestionario de la EPK, mientras que quienes confirmaron la PSP (62 %) pudieron completar el resto de preguntas de la evaluación. Los datos recabados a través de esta pregunta inicial de filtrado arrojan luz sobre los tipos de socios para el desarrollo que tienen más probabilidades de involucrar al sector privado en el marco de su cooperación al desarrollo.
¿Qué tipos de socios para el desarrollo colaboran con el sector privado?
El 62 % de los socios para el desarrollo encuestados (315 respuestas) que confirmaron que su país u organización colabora con el sector privado está compuesto por un 39 % de proveedores bilaterales y un 61 % de organizaciones multilaterales. El grupo bilateral de encuestados está compuesto casi en su totalidad por miembros del CAD; la excepción es Tailandia, único país bilateral no perteneciente al CAD que ha indicado que colabora con el sector privado. El grupo multilateral está compuesto por entidades de las Naciones Unidas, alrededor del 64 %, en torno a un 23 % de BMD e instituciones de la Unión Europea, fondos verticales y otras organizaciones internacionales. La mayoría de estos 315 encuestados afirma que recurre al sector privado en menos del 20 % de sus proyectos en el país. De los que indican que cuentan con la participación del sector privado en más del 80 % de sus proyectos, la mayoría (56 %) son entidades de las Naciones Unidas, mientras que el resto está compuesto por miembros del CAD y BMD.
¿Qué indican las conclusiones de la EPK sobre los socios para el desarrollo que no colaboran con el sector privado?
El 38 % de los socios para el desarrollo encuestados (192 respuestas) indican que la organización a la que representan no participa en proyectos o programas de PSP en el país socio. Entre ellos, el 50 % son entidades de las Naciones Unidas y el 34 %, miembros del CAD. Según la información facilitada en cinco países socios por los proveedores bilaterales no pertenecientes al CAD a los que se invitó a responder a la EPK, seis de los siete (todos excepto Tailandia) indicaron que no cuentan con la participación del sector privado en su cooperación al desarrollo.
Porcentaje de participación del sector privado en las estrategias de cooperación al desarrollo en el ámbito mundial, nacional y en ambos, por tipo de proveedor
Nota: No se incluyen los siguientes socios para el desarrollo debido al escaso volumen de datos disponibles: fondos verticales, proveedores bilaterales no pertenecientes al CAD y otras organizaciones internacionales.
Las estrategias de PSP de los socios para el desarrollo, al igual que las de los gobiernos de los países socios, también tienden más a identificar sectores prioritarios en lugar de regiones o grupos destinatarios prioritarios. En cuanto a dichas prioridades, el 74 % de las estrategias de los socios para el desarrollo identifican sectores, el 69 % grupos destinatarios y el 46 % regiones. Cuando las estrategias de los proveedores definen los grupos destinatarios prioritarios, siempre incluyen las poblaciones vulnerables y marginadas. Sin embargo, esta iniciativa observada en las estrategias no parece reflejarse en los proyectos. Un análisis de más de 900 proyectos de PSP en la cooperación al desarrollo ejecutados en Bangladesh, Egipto, El Salvador y Uganda entre 2017 y 2018 reveló que la selección de los beneficiarios era reducida, sobre todo en lo que respecta al principio de no dejar a nadie atrás, ya que solo el 11 % de los proyectos se centraba de manera explícita en las comunidades rurales, el 5 % en las mujeres y el 4 % en la población pobre (GPEDC, 2019[6]). Las conclusiones de ese análisis, aunque ahora están algo desfasadas, fueron uno de los factores que motivaron la creación de los Principios de Kampala.
A pesar de los esfuerzos por identificar sectores, regiones y grupos prioritarios en las políticas y estrategias, existen opiniones divergentes sobre si la PSP está contribuyendo a garantizar que no se deja a nadie atrás
Las partes interesadas que informan a la EPK consideran que la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo aporta valor al contribuir al desarrollo de su país y que ayuda, en parte, en la consecución de resultados donde más se necesitan. La comunidad internacional ha reconocido la importancia de involucrar al sector privado en las iniciativas de desarrollo sostenible al menos desde 2015. Diez años más tarde, la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD4) reiteró la importancia de colaborar con el sector privado, al tiempo que expresó su preocupación respecto a si la actividad de este sector está dando la prioridad adecuada al impacto en el desarrollo sostenible (UN DESA, 2025[7]). Si bien se ha prestado una atención considerable a la importancia de movilizar la financiación privada para el desarrollo, el debate mundial en materia de políticas se ha centrado menos en cómo se están utilizando los recursos de la cooperación al desarrollo que se destinan a los países socios, aunque las directrices existentes, incluidas las dirigidas a los proveedores que utilizan modalidades de financiación combinada, hacen hincapié en maximizar los resultados y el impacto en el desarrollo (OECD, 2025[8]). Sin embargo, se ha prestado menos atención a si estos recursos se están utilizando con el fin de promover un entorno que permita al sector privado nacional contribuir al desarrollo sostenible. Las conclusiones de la EPK muestran que los 24 gobiernos de los países socios y prácticamente todos los socios para el desarrollo (97 %) coinciden en que en general la participación del sector privado en la cooperación está contribuyendo al desarrollo del país. Cuando se les pregunta si creen que está aportando valor donde más se necesita, las partes interesadas también están de acuerdo, al menos “en cierta medida”, cuando no totalmente (Figura 6.2). Sin embargo, la percepción al respecto varía según los distintos actores del desarrollo. Los socios para el desarrollo, que pueden desempeñar un papel influyente en el diseño de su propia PSP en los proyectos de cooperación al desarrollo, son quienes tienen una percepción más positiva de su valor. Resulta curioso que los grupos de partes interesadas que suelen trabajar más estrechamente a nivel local o de base – las OSC, los sindicatos y las pequeñas empresas – sean los que tienden a tener una percepción menos positiva respecto a que la PSP, en el marco de la cooperación al desarrollo, aporte valor donde más se necesita. Esta divergencia en la percepción podría indicar que los distintos grupos de partes interesadas tienen expectativas diferentes sobre el valor evidente de la PSP en los proyectos y programas de cooperación al desarrollo. También podría explicarse por las diferentes interpretaciones que hacen los socios para el desarrollo y los actores locales sobre quiénes son las personas y cuáles son los lugares “más necesitados”. Sin embargo, el hecho de que la EPK haya dado a conocer puntos de vista divergentes refleja uno de sus objetivos principales, que consiste en servir de base para el diálogo. En definitiva, es necesario redoblar los esfuerzos por garantizar que la participación del sector privado en el desarrollo sostenible beneficie a quienes más lo necesitan; en este sentido, los diálogos nacionales sobre las conclusiones de la EPK ofrecen un punto de partida concreto para que los distintos grupos de partes interesadas intercambien tanto opiniones compartidas como divergentes (véase el Capítulo 7).
Porcentaje de encuestados que están totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo con que la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo aporte valor donde más se necesita
Nota: Los encuestados podían seleccionar ''totalmente'', ''parcialmente'' o ''en desacuerdo'' cuando se les preguntó si estaban de acuerdo en que la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo estaba dando resultados donde más se necesitaba (sectores, regiones y grupos destinatarios prioritarios).
Tres cuartas partes de los gobiernos de los países socios organizan diálogos nacionales sobre la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo, y se informa de que, en general, su inclusividad es moderada. El documento final de Nairobi incluye el compromiso de promover “diálogos y alianzas entre el gobierno, el sector empresarial”, y “reconoce[r] la importancia de la colaboración para crear un ambiente favorable para el sector empresarial formal e informal en todos los países” (GPEDC, 2016[4]). Son más los gobiernos de los países socios (18 de 24) que han invertido en organizar un diálogo que en elaborar una política relativa a la PSP (15 de 24). Los diálogos pueden ayudar a las partes interesadas a ponerse de acuerdo sobre las prioridades, identificar soluciones a los retos y establecer vínculos (GPEDC, 2019[1]). Los 18 representantes gubernamentales indicaron que los diálogos que organizaron dieron lugar a una colaboración conjunta con otras partes interesadas, al menos en cierta medida. No obstante, los gobiernos de los países socios podrían hacer que los diálogos fueran más inclusivos. De los 18 gobiernos que han organizado un diálogo, todos indicaron que habían invitado al sector privado y a los socios para el desarrollo; 15 invitaron a OSC y 13 a administraciones subnacionales y sindicatos. Se invitó al parlamento a 9 diálogos y a las organizaciones filantrópicas solo a 6.
Los diálogos nacionales organizados por los gobiernos de los países socios podrían aprovecharse mejor, sobre todo para fomentar la confianza entre las partes interesadas. En promedio, los gobiernos de los países socios señalaron que intensificar el diálogo sobre la PSP con el fin de reforzar la confianza mutua resultaría de especial utilidad para superar las dificultades que plantea la colaboración. Tanto los sindicatos como las OSC expresaron opiniones similares al elegir esta medida como prioritaria a la hora de superar las dificultades que plantea la colaboración. La mayoría de los gobiernos de los países socios que han presentado informes están organizando diálogos nacionales sobre la PSP (18 de 24), lo que podría brindar la oportunidad de reorientar los objetivos de los diálogos existentes con vistas a aprovecharlos mejor para fomentar la confianza entre las partes interesadas. Un primer paso importante sería garantizar que dichos diálogos no solo sean inclusivos, sino que las partes interesadas tengan también la posibilidad de influir en los objetivos, el programa y el tema central de los debates. Los actores del sector privado participaron en los diálogos nacionales celebrados en el marco de la fase de reflexión, diálogo y acción de la ronda de 2023-2026. Entre los resultados de esos diálogos figuran los compromisos asumidos por los gobiernos, los socios para el desarrollo y los actores del sector privado de reforzar la participación de las empresas en las plataformas de coordinación de políticas y sectoriales, compartir información sobre oportunidades de financiación y alianzas con el sector privado, e involucrarlo en una etapa más temprana de la formulación de políticas. En los Capítulos 7 y 8 de este informe se ofrecen más detalles.
La mayoría de los socios para el desarrollo organizan diálogos o consultas con las partes interesadas nacionales sobre la participación del sector privado, pero los gobiernos de los países socios solo consideran que se les consulta de manera amplia en un pequeño porcentaje de los países. Los socios para el desarrollo que cuentan con una estrategia para involucrar al sector privado tienen más probabilidades que aquellos que carecen de ella de organizar también diálogos (el 72 % de los socios para el desarrollo con una estrategia encuestados organizaron un diálogo, frente a solo el 43 % de los que carecen de ella). Esto es lo que ocurre en concreto en el caso de los socios para el desarrollo que afirman contar con una estrategia relacionada con la PSP tanto mundial como nacional. Sin embargo, aunque se invitó a los gobiernos de los países socios a casi la mayoría (84 %) de los diálogos de los socios para el desarrollo, solo el 29 % de ellos indicaron que los proveedores les consultan de manera amplia sobre sus actividades de participación del sector privado en la cooperación al desarrollo. Esto sugiere que los diálogos organizados por los proveedores no siempre se utilizan para consultar a los gobiernos de los países socios sobre las actividades de PSP en el país.
Los gobiernos de los países socios tienen una percepción más positiva que otras partes interesadas respecto a que los diálogos sobre la participación del sector privado en la cooperación organizados por los socios para el desarrollo abordan cuestiones importantes para ellos. Tal y como se muestra en la Figura 6.3, el 58 % de los gobiernos están totalmente de acuerdo en que los diálogos organizados por los socios abordan sus prioridades, mientras que el resto solo está parcialmente de acuerdo con esta afirmación. Las opiniones de otras partes interesadas son menos positivas. Si bien el 44 % de los representantes de las grandes empresas están totalmente de acuerdo en que dichos diálogos abordaban sus prioridades, solo opina así el 31 % tanto de las pequeñas empresas como de los sindicatos y el 29 % de las OSC encuestadas. Apenas el 25 % de los representantes de las pequeñas empresas y el 19 % de los representantes de las grandes empresas están totalmente de acuerdo en que dichos diálogos dieron lugar a una colaboración conjunta con otros grupos de partes interesadas, y los representantes de las grandes empresas de dos de los países no estaban en absoluto de acuerdo con esta afirmación. Aunque este patrón puede reflejar los objetivos principales y el enfoque técnico de muchos diálogos sobre la PSP, también pone de relieve la importancia de garantizar que los planteamientos en este ámbito aborden asimismo las preocupaciones de otros grupos de partes interesadas, en especial las OSC y los sindicatos, debido al papel que desempeñan a la hora de representar los intereses de la sociedad en general.
Respuestas de las partes interesadas sobre si los diálogos sobre la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo organizados por los socios abordan cuestiones que les resultan importantes
La EPK genera conclusiones sobre varios indicadores relacionados con la calidad de la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo en los países socios (enumerados en la Tabla 6.1). En esta sección se presentan los resultados de los informes elaborados por los gobiernos de los países socios y los socios para el desarrollo sobre tres indicadores de la calidad de la participación del sector privado en la cooperación: la alineación con las normas nacionales e internacionales pertinentes; el seguimiento y la divulgación de los resultados; y la existencia de procesos o mecanismos de reclamación. Solo los socios para el desarrollo informan sobre un cuarto indicador (los procesos de diligencia debida).
Casi todos los gobiernos de los países socios (22 de 24) señalan que la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo en su país se ajusta a las normas nacionales e internacionales, como las normas medioambientales, sociales, de gobernanza y laborales. Los mecanismos de reclamación son menos habituales, ya que solo 17 de estos gobiernos afirman que existe un proceso o mecanismo a través del cual las partes interesadas puedan presentar reclamaciones sobre la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo. Además, aunque el gobierno cuente con un mecanismo de reclamación, no siempre lo conocen el resto de las partes interesadas. Por ejemplo, los encuestados de las OSC en más de la mitad de los 17 países indicaron que no conocían dicho mecanismo.
Solo la mitad de los gobiernos de los países socios indican que supervisan y recopilan datos sobre los resultados de la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo, y que los hacen públicos. El seguimiento y la presentación de los resultados de la participación del sector privado en las iniciativas de cooperación al desarrollo constituyen un importante indicador de calidad. Aunque 16 de los 24 gobiernos de los países socios indican que miden dichos resultados, solo 12 de ellos también los divulgan. Tal y como se expone en el Capítulo 3, en el que se analiza en qué grado se miden y se divulgan los resultados del desarrollo en su conjunto, en torno a la mitad de los 44 países que llevaron a cabo el ejercicio de monitoreo disponen de un informe de avances sobre sus estrategias nacionales de desarrollo y lo hacen público. Esto apunta a un ámbito en el que es necesario mejorar en el futuro, no solo con el fin de aumentar la transparencia, sino también, dada la importancia de un seguimiento sistemático de los resultados para evaluar el impacto, con vistas a determinar si la PSP se traduce en resultados para los beneficiarios previstos, incluidas las personas más necesitadas, y, al mismo tiempo, contar con mecanismos de reclamación que eviten cualquier perjuicio.
Los bancos multilaterales de desarrollo tienden a contar, en mayor medida que otros proveedores, con elementos clave de calidad en lo que respecta a la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo. La Figura 6.4 muestra en qué grado los distintos tipos de proveedores están trabajando en cada uno de los cuatro indicadores de calidad de sus proyectos y programas en los que participa el sector privado. Lo que queda claro es que los BMD obtienen mejores resultados en tres de los cuatro elementos que tanto las entidades de las Naciones Unidas como los miembros del CAD. Es probable que ello se deba a su relativa madurez y su larga trayectoria de colaboración con el sector privado (GPEDC MDB Working Group, 2019[9]). Así sucede, sobre todo, en lo que respecta al seguimiento y la divulgación de los resultados, así como a la creación de mecanismos de reclamación y, en menor medida, aunque de forma también notable, a la realización de evaluaciones de diligencia debida. Si bien los distintos tipos de proveedores actúan de formas diferentes, estas conclusiones sugieren que los BMD pueden compartir sus experiencias con otros socios para el desarrollo. Se dispone de orientaciones, en especial el conjunto de herramientas de los Principios de Kampala (GPEDC, 2023[10]), que pretenden ayudar a los socios para el desarrollo a mejorar sus enfoques en todos los aspectos relacionados con la calidad.
Porcentaje de socios para el desarrollo que cuentan con indicadores clave de calidad por tipo de proveedor
Nota: No se incluyen los siguientes socios para el desarrollo debido al escaso volumen de datos disponibles: fondos verticales, proveedores bilaterales no pertenecientes al CAD y otras organizaciones internacionales.
El sector privado de los países socios suele tener dificultades a la hora de colaborar con los socios para el desarrollo en proyectos y programas de cooperación al desarrollo, y señala que los trámites de los proveedores constituyen un obstáculo importante. La Figura ilustra esta conclusión, que indica que los representantes de las pequeñas empresas de 9 países (la mitad de los 18 encuestados) y de las grandes empresas de 12 países (la mayoría de los 17 encuestados) consideran que colaborar con socios para el desarrollo resulta difícil o algo difícil. Los encuestados del sector privado coinciden en gran medida en que los procedimientos de los proveedores relacionados con la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo son uno de los principales factores que complican las alianzas con ellos. En concreto, al sector privado le gustaría que se simplificaran los trámites para solicitar financiación a los proveedores; que se ofreciera más apoyo y asesoramiento respecto a la cumplimentación de las solicitudes de financiación; que los proveedores informaran con mayor claridad sobre las oportunidades de financiación; y que hubiera una mayor armonización entre los proveedores con el fin de agilizar los trámites que deben realizar los socios del sector privado. Estos retos se han abordado en algunos diálogos nacionales a raíz de las conclusiones de la EPK; por ejemplo, en la República Democrática Popular Lao, donde los socios para el desarrollo se comprometieron a agilizar sus procedimientos administrativos (véase el Capítulo 7).
No obstante, los procedimientos de los proveedores pueden constituir una importante garantía del sector público en lo que respecta a la forma en que el sector privado accede a los recursos destinados a la cooperación al desarrollo y los utiliza. Ahora bien, los socios para el desarrollo reconocen desde hace tiempo la necesidad de resolver estas cuestiones, por ejemplo, simplificando los procesos de presentación de propuestas y comunicando con claridad las oportunidades de participación (OECD, 2016[11]). Estas conclusiones demuestran que es necesario redoblar los esfuerzos en este ámbito, aunque se disponga de orientaciones y buenas prácticas encaminadas a ayudar a los proveedores a realizar la transición hacia formas más eficaces de colaborar con los socios del sector privado (Donor Committee for Enterprise Development, 2018[5]); (GPEDC, 2023[10]). El énfasis del sector privado en los procedimientos de los proveedores contrasta, en cierta medida, con las opiniones de los gobiernos, la sociedad civil y los sindicatos de los países socios, que son más propensos a considerar que un mayor diálogo es clave para superar las dificultades que entraña la colaboración, como se analiza a continuación.
Respuestas de los representantes del sector privado sobre la dificultad que implica participar en alianzas con socios para el desarrollo, por número de países en los que se registró cada respuesta
Nota: Elaboración a partir de las respuestas de un representante de grandes empresas de 17 países y de pequeñas empresas de 18, de los 25 países en los que se llevó a cabo la EPK.
A pesar de estos retos, las partes interesadas señalan que la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo está mejorando su capacidad de contribuir a los resultados en materia de desarrollo. Las respuestas del sector privado indican que su participación en la cooperación al desarrollo está mejorando su capacidad de contribuir a los resultados de desarrollo; así lo señalan el 83 % de las pequeñas empresas y el 94 % de las grandes empresas de los países socios. De igual modo, las OSC y los sindicatos, en el 68 % y el 69 % de los países, respectivamente, señalan que su propia capacidad de contribuir a dichos resultados está mejorando gracias a la participación del sector privado. De lo anterior se extrae una conclusión destacable: podría considerarse que el refuerzo progresivo de la capacidad de las partes interesadas nacionales para contribuir al desarrollo sostenible es una de las aportaciones más importantes de los recursos internacionales destinados al desarrollo.
Bibliografía
[5] Donor Committee for Enterprise Development (2018), Towards Strategic Private Sector Engagement: A summary of innovations and institutional change in donor agencies, https://www.enterprise-development.org/wp-content/uploads/Strategic-private-sector-engagement-summary-of-DCED-briefing-note.pdf.
[10] GPEDC (2023), Kampala Principles Toolkit, https://effectivecooperation.org/kampala-principle-development-partners (accessed on 26 February 2026).
[3] GPEDC (2022), Guidance for the Kampala Principles Assessment, https://www.effectivecooperation.org/book-page/annex-2-guidance-kampala-principles-assessment.
[6] GPEDC (2019), Effective Private Sector Engagement through Development Co-operation: Background for Consultations, https://effectivecooperation.org/sites/default/files/documents/PSE-Issue-Areas-Paper-for-Consultation.pdf.
[1] GPEDC (2019), Kampala Principles on Effective Private Sector Engagement in Development Co-operation, https://effectivecooperation.org/content/kampala-principles-effective-private-sector-engagement-through-development-co-operation.
[4] GPEDC (2016), Nairobi Outcome Document. Second High-Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development Cooperation, https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/11/HLM2-Outcome-Doc-Third-Draft-14-Nov-16.pdf.
[9] GPEDC MDB Working Group (2019), Multilateral Development Banks and Private Sector Engagement for Sustainable Development, https://effectivecooperation.org/content/leaving-no-one-behind-mdbs-working-together-engage-private-sector-achieve-sustainable (accessed on 12 May 2026).
[2] OECD (2025), CRS – Private: Mobilised private finance for development (dataset), http://data-explorer.oecd.org/s/n2 (accessed on 12 May 2026).
[8] OECD (2025), OECD DAC Blended Finance Guidance 2025, Best Practices in Development Co-operation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e4a13d2c-en.
[11] OECD (2016), Private Sector Engagement for Sustainable Development: Lessons from the DAC, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264266889-en.
[7] UN DESA (2025), Outcome Document of the Fourth International Conference on Financing for Development, https://financing.desa.un.org/sites/default/files/ffd4-documents/2025/Compromiso%20de%20Sevilla%20for%20action%2016%20June.pdf.
← 1. El sector privado se define como el conjunto de organizaciones que realizan actividades con fines de lucro y cuya propiedad es en su mayoría privada (es decir, que no son propiedad del Estado ni están gestionadas por él). Este término abarca a las instituciones e intermediarios financieros, las empresas multinacionales, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, los empresarios individuales y los agricultores que trabajan en los sectores formal e informal. Excluye a los actores sin fines de lucro, como las fundaciones privadas y las organizaciones de la sociedad civil (OECD, 2016[11]).
← 2. En concreto, esto incluye a las empresas del sector privado nacionales y del país socio, entre las que se encuentran las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas (mipymes) y el sector informal, así como las empresas multinacionales con sede en el país socio.
← 3. En la EPK participaron 25 países socios, pero, debido a las limitaciones de capacidad, el Gobierno de uno de ellos no facilitó datos, a pesar de su interés inicial y su compromiso de hacerlo. Por lo tanto, las conclusiones relativas al comportamiento de los gobiernos de los países socios se basan en una muestra total de 24 encuestados. Dado que otras partes interesadas de ese país sí facilitaron datos, estos se han incluido en las conclusiones relativas al comportamiento de dichos grupos de interesados.
← 4. Por ejemplo, el 40 % de los 25 países que llevaron a cabo la EPK pertenecen a la categoría de renta baja y el 32 % de los 44 países que participaron en la ronda de 2023-2026 se encuentran en esta misma categoría de renta. En los países que realizaron la EPK, la distribución en el resto de categorías de renta es muy similar a la de los 44 países participantes. En cuanto a la distribución geográfica, el 56 % de los países que realizaron la EPK se encuentran en África, mientras que entre los 44 países participantes ese porcentaje es del 50 %.
← 5. El cuestionario de la EPK utiliza los términos “política” o “estrategia” para referirse tanto a las políticas y estrategias de los gobiernos de los países socios como a las de los socios para el desarrollo. En este capítulo, a efectos de simplificación, el término “políticas” hace referencia a las políticas o estrategias de los gobiernos de los países socios y “estrategias” a las políticas o estrategias de los socios para el desarrollo.
← 6. Debido a la heterogeneidad del sector privado, la metodología de la EPK invita a que presenten informes dos coordinadores del sector privado en cada país: uno que represente a las empresas de exportación y a las multinacionales (denominadas “grandes empresas”) y otro que represente a las microempresas, pequeñas y medianas empresas (mipymes) formales e informales, incluidas las empresas sociales y las cooperativas (“pequeñas empresas”).
← 7. Los socios para el desarrollo encuestados que confirmaron la existencia de una estrategia encaminada a involucrar al sector privado en la cooperación al desarrollo indicaron dónde se podía consultar dicha estrategia, seleccionando entre las siguientes opciones (se podían dar varias respuestas): a) una sección de la estrategia específica del país o del marco de colaboración; b) una estrategia nacional independiente sobre la PSP; c) una sección de la política o estrategia global o del marco de colaboración; d) una política o estrategia global independiente sobre la PSP en la cooperación al desarrollo; u e) otra opción.