En este capítulo se analiza cómo los gobiernos de los países socios y los socios para el desarrollo aplican un enfoque que abarca a toda la sociedad en su planificación y supervisión de los avances en las prioridades de desarrollo, incluyendo en qué medida involucran a una amplia gama de partes interesadas y fomentan un entorno favorable para las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Asimismo, evalúa los avances logrados respecto al compromiso de no dejar a nadie atrás mediante un examen de cómo los gobiernos y los socios para el desarrollo consultan y priorizan a los colectivos de población vulnerable y marginada, y si los países disponen de los datos y la capacidad estadística necesarios para hacer un seguimiento de estas iniciativas en la práctica.
Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz – Informe de avances 2026
Resumen
En general, tanto los gobiernos de los países socios como los socios para el desarrollo involucran a una amplia gama de partes interesadas nacionales a la hora de formular sus políticas de desarrollo. En promedio, el 90 % de los gobiernos de los países socios implicaron al sector privado, las OSC, los gobiernos subnacionales, los parlamentos y los socios para el desarrollo en la elaboración de sus planes nacionales de desarrollo. Los socios para el desarrollo involucraron a los gobiernos de los países socios en más del 90 % de sus estrategias; sin embargo, según las OSC, estos esfuerzos no siempre se traducen en procesos inclusivos o sustantivos, ya que la calidad de las consultas y la aplicación de sus resultados podrían mejorarse. Los contextos nacionales también influyen en la medida en que se puede aplicar un enfoque que abarque a toda la sociedad. En contextos de fragilidad extrema, las limitaciones de capacidad pueden impedir una participación efectiva y amplia.
Las percepciones de las OSC, los socios para el desarrollo y los gobiernos de los países socios sobre el entorno favorable para las OSC en sus respectivos países difieren de manera considerable, sobre todo en lo que respecta a su espacio de diálogo y al marco jurídico y regulador. En casi el 75 % de los países socios, las OSC indican que las consultas organizadas por los socios para el desarrollo son de baja calidad. Las OSC señalan que la financiación de la cooperación al desarrollo refleja en gran medida las prioridades de los socios y que estas no siempre coinciden con las suyas. Destacan la necesidad de que los socios para el desarrollo realicen una labor de promoción más coherente ante los gobiernos con el fin de mejorar el entorno favorable. Por su parte, los socios para el desarrollo remarcan la necesidad de que las OSC refuercen la eficacia y la inclusividad de sus mecanismos de coordinación.
Con el objetivo de impulsar el desarrollo inclusivo y cumplir su compromiso de no dejar a nadie atrás, los gobiernos de los países socios y los socios para el desarrollo afirman que dan prioridad a determinados grupos de población, como las mujeres y las niñas, los jóvenes y los niños, las personas más pobres y las personas con discapacidad. Sin embargo, la interacción con los colectivos más vulnerables, marginados y a los que resulta más difícil llegar, como las personas mayores, los desplazados internos y las personas LGBTIQ+, es más reducida, por lo que existe un mayor riesgo de que se pasen por alto sus necesidades. A fin de garantizar plenamente que no se deja a nadie atrás, los países socios y sus socios para el desarrollo podrían promover el desarrollo de capacidades de las organizaciones que defienden los derechos de estos grupos y establecer con ellas alianzas equitativas.
La escasa disponibilidad de datos en la mayoría de los contextos constituye el mayor obstáculo a la plena aplicación del compromiso de no dejar a nadie atrás. La mayoría de los gobiernos de los países socios y sus socios para el desarrollo recurren a evaluaciones basadas en datos a la hora de adoptar decisiones y llegar a los grupos de población que sufren discriminación. Sin embargo, solo el 12 % de los países socios indica que la disponibilidad de datos es alta o muy alta, y los datos desglosados por situación migratoria, origen étnico y condición indígena suelen ser los que con mayor frecuencia no están disponibles. El pleno cumplimiento del compromiso de no dejar a nadie atrás requiere contar con datos de mejor calidad y más desglosados, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar los sistemas estadísticos (como se destaca en el Capítulo 3).
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible encomienda a los gobiernos de los países socios que involucren a una gran variedad de partes interesadas en sus procesos de elaboración de políticas y en sus diálogos (UN, 2015[1]). Además, una participación multilateral amplia e inclusiva es crucial para garantizar que las iniciativas de cooperación al desarrollo lleguen a todo el mundo, tal y como reafirma el compromiso de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás (UN, 2017[2]). A fin de evaluar si este enfoque que abarca a toda la sociedad está presente y contribuye a un desarrollo eficaz, es necesario examinar tanto la variedad de actores implicados, incluidas las OSC1, como la calidad de su participación. Si bien un enfoque de toda la sociedad implica a numerosas partes interesadas, como los parlamentos, el sector privado y los gobiernos subnacionales, el análisis de este capítulo se centra en las opiniones pormenorizadas de las OSC, recogidas a través de la evaluación del entorno favorable para las OSC realizada por el marco de monitoreo de la Alianza Global, que aportan información contextual sobre la calidad en la aplicación de los principios de inclusión de la sociedad en su conjunto por parte de los países socios y los socios para el desarrollo. En este capítulo se evalúa la calidad de la colaboración con las OSC y el entorno en el que estas desarrollan su labor, así como la forma en que los gobiernos de los países socios y los socios para el desarrollo contribuyen a no dejar a nadie atrás mediante la determinación de las prioridades y la utilización de datos desglosados con vistas a identificar, definir y realizar un seguimiento de las personas con mayor riesgo de quedarse atrás. Se plantea si los resultados de las consultas dirigidas por los países socios tienen en cuenta las aportaciones de las OSC a la hora de elaborar políticas. ¿Están los socios para el desarrollo consultando a los gobiernos de los países socios sobre sus estrategias nacionales? Y, en caso contrario, ¿por qué no? ¿Y con qué grupos de población suelen colaborar más los gobiernos de los países socios y los socios para el desarrollo?
El capítulo comienza examinando en qué medida colaboran las partes interesadas en la elaboración de los planes de desarrollo y las estrategias nacionales de los socios para el desarrollo, así como en los procesos de seguimiento (Sección 2.1). La Sección 2.2 aborda el entorno propicio para la sociedad civil, mientras que la Sección 2.3 evalúa el desempeño de los países socios y los socios para el desarrollo en lo que respecta a no dejar a nadie atrás. Por último, en la Sección 2.4 se analiza el uso y la calidad de las evaluaciones basadas en datos con el fin de identificar a los colectivos más vulnerables por parte de los países socios y los socios para el desarrollo.
Los gobiernos de los países socios involucran a numerosos grupos de partes interesadas en la elaboración de los planes nacionales de desarrollo2. Si bien los gobiernos de los países socios son los principales responsables de establecer las prioridades de desarrollo de sus países, llevar a cabo consultas inclusivas con las partes interesadas nacionales para definir dichas prioridades es clave a la hora de garantizar la apropiación nacional (GPEDC, 2016[3]). Tal y como se observa en la Figura 2.1, más del 90 % de los gobiernos de los países socios contaron con la participación del sector privado, las OSC, los gobiernos subnacionales y los parlamentos, así como de los socios para el desarrollo, durante la elaboración de sus planes nacionales de desarrollo. Los sindicatos y las organizaciones filantrópicas nacionales participaron en menor medida.
Se observa una menor participación de las partes interesadas nacionales en los diálogos de seguimiento que mantienen los gobiernos de los países socios sobre las prioridades y los resultados en materia de desarrollo. Los resultados muestran que el 91 % de los gobiernos de los países socios mantuvieron diálogos encaminados a debatir las prioridades y los resultados establecidos en sus planes nacionales de desarrollo. En la mayoría de los países, las partes interesadas que no participaron en la elaboración del plan nacional de desarrollo tampoco se involucraron en estos diálogos posteriores (Figura 2.1). Los gobiernos subnacionales y los sindicatos, a pesar de su amplia participación en la elaboración de los planes nacionales de desarrollo, solo se involucraron en los diálogos de seguimiento sobre las prioridades en alrededor de la mitad de los países socios.
Tres países socios informan que han creado evaluaciones conjuntas de rendición de cuentas con vistas a supervisar los avances en relación con los objetivos para lograr una cooperación eficaz al desarrollo (se analiza en el Capítulo 5). En estos países, se contó con la participación sistemática de las OSC, los representantes del sector privado y los gobiernos subnacionales durante la preparación de estas evaluaciones, así como en los diálogos conjuntos encaminados a analizar los avances de los objetivos.
Porcentaje de países socios que cuentan con un plan nacional de desarrollo en el que participa cada grupo de partes interesadas
Los enfoques para involucrar a las partes interesadas varían en cuanto a su rigor, y van desde consultas que tienen un efecto limitado en las políticas hasta planteamientos participativos más sólidos. A diferencia de las consultas, cuyo impacto en la formulación de políticas varía, los procesos participativos implican a las partes interesadas en la cocreación de prioridades y acuerdos mediante la toma de decisiones compartida, tal y como se explica con más detalle a continuación3. Los resultados muestran que el 46 % de los gobiernos de los países socios involucraron al sector privado, los gobiernos subnacionales, los socios para el desarrollo y las OSC mediante un proceso participativo (las demás partes interesadas mencionadas en la evaluación se implicaron en los procesos participativos en menor medida), mientras que la otra mitad se limitó a realizar consultas.
La mayoría de los gobiernos de los países en situación de fragilidad han contado con la participación de las OSC a la hora de elaborar evaluaciones de fragilidad que fundamenten las prioridades nacionales. Cuatro de los cinco gobiernos de los países socios que respondieron al cuestionario adaptado a la fragilidad4 (véase la Guía del lector) aportaron información sobre el grado de participación de las partes interesadas durante la realización de la evaluación de la fragilidad destinada a orientar las prioridades nacionales de desarrollo (véase el Recuadro 2.1 sobre el enfoque que abarca a toda la sociedad en las evaluaciones de riesgo y fragilidad). Los cuatro países socios indicaron que habían contado con la participación de las OSC en la elaboración de estas evaluaciones de fragilidad, mientras que en tres de ellos los gobiernos también facilitaron la participación de los socios para el desarrollo y de los gobiernos subnacionales. En dos de los cuatro países socios participaron otras partes interesadas, como el sector privado nacional, el Coordinador de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, los sindicatos, las personas con discapacidad y los desplazados internos.
Las consultas de los gobiernos de los países socios con las OSC podrían ser más significativas
Aunque los gobiernos de los países socios informan de una amplia participación de las OSC en las consultas sobre la elaboración de sus planes nacionales de desarrollo, las OSC consideran que la calidad de dichas consultas es, en general, insuficiente. Como se ha mencionado antes, las consultas de calidad consideran a las OSC como copartícipes en el diseño de la estrategia desde el principio, en lugar de involucrarlas únicamente en consultas ad hoc y ocasionales una vez redactados los planes nacionales de desarrollo. A fin de que las consultas sean significativas, la colaboración con las OSC debe ser sostenida, estructurada y coherente, de modo que esa alianza genuina se refleje en las estrategias (OECD, 2025[4]). Como se destaca en el Capítulo 7, algunos países están empezando a abordar esta cuestión mediante la creación de plataformas de coordinación destinadas a fomentar el diálogo y el intercambio de información sistemáticos. En más del 70 % de los países socios, las OSC señalan que o bien no se les consultó en absoluto, o bien que los gobiernos de dichos países llevaron a cabo consultas esporádicas de escasa calidad, es decir, sin una gran diversidad de participantes, con contenidos que no siempre fueron consensuados y un formato que apenas posibilitó un diálogo significativo.
Las OSC tienen una opinión más positiva sobre si sus aportaciones se tuvieron en cuenta como resultado de dichos procesos de consulta. En el 54 % de los países socios, las OSC consideraban que sus aportaciones influían, ya fuera de forma ocasional o sistemática, en el diseño, la aplicación y la supervisión de las políticas nacionales de desarrollo. Por ejemplo, en Moldavia, el Gobierno informó de un alto nivel de participación de las OSC en la elaboración de su plan nacional de desarrollo, y las OSC confirmaron que sus aportaciones se habían tenido en cuenta. En su plan nacional de desarrollo, el Gobierno de Moldavia señala la necesidad de “mejorar los mecanismos de cooperación entre el Estado y la sociedad civil, entre otras cosas mediante la creación de plataformas de comunicación y coordinación, la financiación directa de las organizaciones de la sociedad civil y la contratación social” (Government of the Republic of Moldova, 2020[5]).
A pesar de que, en general, los índices de consulta de los socios para el desarrollo son elevados, existen deficiencias en algunos contextos y en la calidad
Los socios para el desarrollo consultan ampliamente a los gobiernos de los países socios sobre sus estrategias nacionales. Para fomentar la apropiación nacional y el desarrollo sostenible, los socios para el desarrollo deberían involucrar a los gobiernos de los países socios en la elaboración de sus estrategias nacionales, ya sea mediante consultas o facilitando que dichos gobiernos aprueben las estrategias. Los resultados de la evaluación muestran que, en general, los socios para el desarrollo implicaron a los gobiernos en más del 90 % de sus estrategias. Al comparar a los socios multilaterales y bilaterales de desarrollo, los primeros suelen involucrar a los gobiernos de los países socios de forma más sistemática que los segundos (en el 96 % y el 82 % de las estrategias, respectivamente).
Los socios para el desarrollo suelen colaborar menos con los gobiernos de los países socios que se encuentran en situación de fragilidad o en los que los gobiernos no reconocen a determinados grupos. El 30 % de las estrategias sobre las que no se consultó a los gobiernos de los países socios (es decir, el 2,6 % del total de estrategias) se adoptaron en países en situación de fragilidad extrema. Las estructuras gubernamentales fragmentadas o sometidas a otras limitaciones podrían explicar este escaso grado de consulta a los gobiernos de los países socios. En otros contextos, es decir, en países socios que no se encuentran en situación de fragilidad extrema, los socios para el desarrollo pueden decidir centrar su cooperación al desarrollo en grupos de población no reconocidos por el gobierno del país socio, por ejemplo, respaldando los derechos de los colectivos que sufren discriminación (como los pueblos indígenas, los refugiados o las personas LGBTIQ+5). Cuando se trabaja en contextos en los que los gobiernos no reconocen a determinados grupos de población o no les conceden prioridad, los socios para el desarrollo que deseen promover una gobernanza inclusiva mediante consultas o el establecimiento de prioridades respecto a dichos grupos de población pueden necesitar evaluaciones de riesgos para financiar dicho respaldo con el fin de no dejar a nadie atrás (OECD, 2024[6]).
El refuerzo de los mecanismos de coordinación de las OSC podría contribuir a mejorar la calidad y la inclusividad de las consultas que los socios para el desarrollo mantienen con dichas organizaciones. Los socios para el desarrollo suelen involucrar a las OSC en la elaboración de las estrategias de sus países socios (el 72 % de las estrategias). Sin embargo, las OSC señalan que los socios para el desarrollo deben redoblar sus esfuerzos por mejorar la calidad de las consultas. En casi el 75 % de los países socios, las OSC indican que las consultas organizadas por los socios para el desarrollo durante la elaboración, la ejecución y la supervisión de sus políticas de cooperación al desarrollo eran inexistentes o bien ocasionales y selectivas, es decir, que solo participaba en ellas un número reducido de OSC elegidas por dichos socios. Al mismo tiempo, los socios para el desarrollo del 29 % de los países socios consideran que los mecanismos de coordinación de las OSC son deficientes y se limitan solo a unos pocos sectores. En el 55 % de los países socios se considera que los mecanismos de coordinación están fragmentados y no se integran en una única plataforma. El hecho de que las OSC estén mejor coordinadas o integradas en una única plataforma ayuda a que los socios para el desarrollo puedan consultarles con mayor facilidad.
Los socios para el desarrollo que han contribuido a los análisis de fragilidad se coordinan más con otros socios para el desarrollo que con los gobiernos de los países socios o con los agentes locales. Una evaluación de la fragilidad es un ejercicio inclusivo y participativo que se lleva a cabo con el objetivo de analizar las causas, las características y los factores que determinan la fragilidad de un país, así como las fuentes de resiliencia existentes en él. En los países que optaron por cumplimentar el cuestionario adaptado a la fragilidad (la República Democrática del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur y Yemen), alrededor del 60 % de los socios para el desarrollo presentes en dichos países indicaron haber realizado o contribuido a un análisis de los riesgos, las necesidades, las vulnerabilidades y las causas de la fragilidad del país. A la hora de realizar sus análisis, los socios para el desarrollo recurrieron con mayor frecuencia a otros socios para el desarrollo (en el 85 % de los análisis de riesgo y fragilidad) que a los gobiernos de los países socios (67 %) y a las partes interesadas locales (62 %). No obstante, al involucrar a las partes interesadas nacionales en sus evaluaciones de riesgos y fragilidad, los socios para el desarrollo pueden garantizar que se consideren sus necesidades concretas, asegurando así que se establezcan prioridades específicas para ellas en las estrategias posteriores de dichos socios. Los socios para el desarrollo que trabajan en contextos de fragilidad podrían ofrecer apoyo a los actores locales y nacionales, tanto estatales como no estatales, cuando proceda, con el fin de reforzar su capacidad de acción y promover una actuación más inclusiva y coherente en materia de ayuda humanitaria, desarrollo y paz, de conformidad con la Recomendación del CAD sobre el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz (OECD, 2019[7]) y las directrices prácticas para el desarrollo dirigido desde el ámbito local (OECD, 2025[4]).
La mayoría de las estrategias nacionales tienen como prioridades la prevención de conflictos, la mediación y la consolidación de la paz. Muchos socios para el desarrollo están respondiendo al llamamiento de la Recomendación sobre el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz a centrarse en dichas prioridades en sus programas. Casi todas las estrategias nacionales (93 %) de los 26 socios para el desarrollo que realizaron un análisis de riesgos o participaron en él incluyen prioridades centradas en la prevención de conflictos, mientras que a la mediación y la consolidación de la paz se les concede menor prioridad (el 76 % de las estrategias).
El contexto nacional y los mandatos de algunos socios para el desarrollo determinan la participación de las partes interesadas. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mantiene un amplio diálogo con los sindicatos a la hora de elaborar sus estrategias nacionales. Esto queda reflejado en la Estrategia de la OIT de Cooperación para el Desarrollo y en el manual sobre cooperación para el desarrollo, que hacen hincapié en la participación de los sindicatos y, de manera más general, en la promoción de políticas inclusivas de cooperación para el desarrollo (ILO, 2020[8]); (ILO, 2021[9]). Por otra parte, España señala que ha contado con la participación de las poblaciones indígenas en la elaboración del 62 % de sus estrategias nacionales (frente al promedio del 9 % en las estrategias del resto de socios para el desarrollo), lo que refleja su compromiso de prestar especial atención a las organizaciones indígenas (Ministry of Foreign Affairs, European Union and Cooperation, 2024[10]). El contexto nacional también puede explicar la forma en que los socios para el desarrollo implican a las partes interesadas. Por ejemplo, los gobiernos subnacionales participan en mayor medida en los países más descentralizados, o en aquellos en los que las prioridades de los socios para el desarrollo se centran en las iniciativas de descentralización. Este es el caso de Pakistán, así como de Mozambique, donde el 78 % de las estrategias nacionales de los socios para el desarrollo contaban con la participación de los gobiernos subnacionales, frente a un promedio del 60 % en el conjunto de los países.
La evaluación del entorno favorable para las OSC ofrece información sobre la participación de las OSC en la cooperación al desarrollo, y complementa otras fuentes de datos sobre el entorno de la sociedad civil. Como parte del ejercicio de monitoreo de la Alianza Global y a través de dicha evaluación, los gobiernos de los países socios6, las OSC y los socios para el desarrollo evalúan las condiciones clave que permiten a las OSC contribuir de manera eficaz a las iniciativas de desarrollo (tal y como se muestra en la Figura 2.2)7. La evaluación se centra en cómo los gobiernos y los socios para el desarrollo colaboran con las OSC a través de mecanismos de diálogo y apoyo financiero, así como en las propias iniciativas de las OSC en materia de eficacia del desarrollo, que se rigen por sus compromisos, como los Principios de Estambul para la Eficacia del Desarrollo de las OSC (Open Forum for CSO Development Effectiveness, 2010[11]). Además, recopila información sobre si el marco regulador favorece la participación de las OSC en los procesos de desarrollo. La evaluación del entorno favorable para las OSC no pretende ofrecer una evaluación exhaustiva del panorama general de los derechos políticos, las libertades civiles o de otro tipo; sino proporcionar información sobre los aspectos de un entorno favorable más pertinentes para la cooperación al desarrollo. Por lo tanto, los resultados deben interpretarse junto con fuentes de datos complementarias, como el CIVICUS Monitor (CIVICUS, 2025[12]) o el índice de Freedom House (Freedom House, 2025[13]), con el fin de obtener una visión más amplia de la situación de las OSC en los países socios.
Los socios para el desarrollo, los gobiernos de los países socios y las OSC tienen percepciones diferentes sobre el entorno favorable para las OSC, en particular en lo que respecta al espacio de diálogo con las OSC y al marco jurídico y regulador8. De promedio, los representantes de los gobiernos de los países socios suelen percibir el espacio de diálogo con las OSC, su eficacia y el marco jurídico y regulador de forma más positiva que las propias OSC y los socios para el desarrollo (Figura 2.2).
Puntuación media por grupo de interesados (gobiernos de los países socios, socios para el desarrollo y OSC) para cada uno de los cuatro módulos de la evaluación del entorno favorable para las OSC
Nota: El gráfico incluye datos de 34 países en los que los tres grupos de interesados presentaron información exhaustiva (en los diez países restantes, al menos uno de los grupos no presentó informes). Cada punto representa la valoración realizada por las distintas partes interesadas que han presentado datos. La puntuación media para evaluar cada módulo oscila entre 0 (“insignificante”) y 1 (“extenso”). A efectos ilustrativos, el valor mínimo del gráfico es 0,4 (“básico”).
En general, las OSC consideran que la calidad de sus alianzas con los socios para el desarrollo es limitada, aunque estos no siempre comparten esa opinión. La calidad de estas alianzas se evalúa en el módulo de “Cooperación al desarrollo con las OSC” (como se muestra en la Figura 2.2). Los elementos clave que garantizan una alianza eficaz entre las OSC y los socios para el desarrollo son una financiación previsible sobre la que exista información de dominio público; socios para el desarrollo que se esfuercen por llevar a cabo consultas inclusivas y coordinadas con las OSC sobre sus políticas; y que promuevan los aspectos pertinentes de un entorno favorable para las OSC en los debates con los gobiernos de los países socios (OECD, 2025[4]). Las OSC consideran que solo el 26 % de los países socios cuentan con la mayoría de estos elementos (es decir, aquellos en los que la cooperación al desarrollo entre los socios y las OSC se califica como “moderada” o “importante”). Por otra parte, según los socios para el desarrollo, esto ocurre en el 62 % de los países socios.
Las OSC consideran que los socios para el desarrollo podrían integrar más sus prioridades a la hora de confiarles la financiación. Aumentar la financiación de calidad destinada a las OSC, lo cual se ajusta a los compromisos de promover en la práctica un desarrollo dirigido desde el ámbito local, implica conceder subvenciones a largo plazo (plurianuales), previsibles y flexibles que superen los ciclos de proyectos a corto plazo (OECD, 2025[4]). Ello también supone garantizar que la financiación sea accesible para una amplia gama de OSC locales, en su calidad de actores independientes del desarrollo y de la acción humanitaria por derecho propio, así como de socios ejecutores (OECD, 2021[14]); (OECD, 2023[15]). Aún quedan deficiencias por subsanar con el fin de que los socios para el desarrollo puedan cumplir plenamente estos compromisos. En más del 80 % de los países socios, las OSC consideran que la financiación de los socios para el desarrollo es restrictiva (ya que promueve las propias prioridades de los socios a través de convocatorias de propuestas y oportunidades de financiación imprevisibles) o insuficiente; es decir, que, a pesar de ser previsible y transparente, no respalda las prioridades o iniciativas de las OSC (Figura 2.3).
Respuestas de las OSC sobre en qué medida el apoyo financiero de los socios para el desarrollo maximiza su participación sostenible (porcentaje de países)
Nota: El gráfico muestra las respuestas de las OSC sobre la calidad de la financiación de los socios para el desarrollo, desde la de baja calidad (izquierda) hasta la de alta calidad (derecha).
Las OSC esperan que los socios para el desarrollo fomenten de forma más sistemática ante los gobiernos de los países socios la mejora del entorno favorable para la sociedad civil. La atención sistemática al entorno favorable para las OSC contribuye a reforzar los marcos jurídicos y reguladores, de modo que ayuda a la sociedad civil a promover los derechos humanos, fomentar el diálogo y construir democracias pluralistas (UN Human Rights Council, 2018[16]). Según las OSC, los socios para el desarrollo solo promueven de manera activa el valor de una sociedad civil inclusiva e independiente en su diálogo con los gobiernos en un tercio de los países socios. En la mayoría de los demás países socios, las OSC reconocen que algunos socios para el desarrollo incluyen en ocasiones elementos del entorno favorable en su diálogo sobre políticas con los gobiernos de los países socios.
Aunque los gobiernos de los países socios consideran que los mecanismos de coordinación y rendición de cuentas de las OSC son eficaces en la mayoría de los países socios, los socios para el desarrollo señalan que persisten algunas deficiencias. La eficacia de estos mecanismos se evalúa en el módulo de “Eficacia de las OSC” (como se muestra en la Figura 2.2). Las OSC se han comprometido, en foros y normas internacionales, a mantener buenas prácticas organizativas de forma sostenida: funcionar de manera transparente y fomentar la rendición de cuentas mutua y la integridad en sus operaciones internas (Open Forum for CSO Development Effectiveness, 2010[11]); (Core Humanitarian Standard, 2024[17]). A partir de estos principios, los gobiernos de los países socios hacen una valoración positiva de la eficacia de las OSC en casi el 80 % de los países socios9 y señalan que las OSC suelen llevar a cabo la mayor parte de su labor de desarrollo guiándose por las normas y principios de derechos humanos, así como que suelen establecer y gestionar mecanismos de rendición de cuentas a través de plataformas representativas. Como se ha señalado antes en este capítulo, los socios para el desarrollo se muestran más críticos y apuntan que siguen existiendo deficiencias en las plataformas de coordinación dirigidas por las OSC, es decir, aquellas plataformas que solo representan a unos pocos sectores y organizaciones. Sin embargo, las OSC pueden tener opiniones divergentes y destacan la escasa financiación que los socios para el desarrollo destinan a reforzar las plataformas de rendición de cuentas impulsadas por las OSC (OECD, próximamente[18]).
Según las OSC, las protecciones jurídicas de las OSC que trabajan con colectivos vulnerables y marginados son insuficientes en muchos países. Un marco jurídico y regulador que ofrezca protección y facilite la actuación permite a las OSC contribuir de pleno a los procesos de desarrollo. Esto resulta de especial importancia para su labor con los colectivos vulnerables y marginados, ya que la protección que se les brinda permite a las OSC trabajar de manera activa por reducir la discriminación y la marginación, y promover el compromiso de no dejar a nadie atrás. Sin embargo, las OSC señalan que estas protecciones jurídicas y reguladoras solo son eficaces en una cuarta parte de los países socios y resultan insuficientes en casi la mitad de ellos. En estos países, la protección jurídica de las OSC que trabajan con poblaciones vulnerables y marginadas se considera inexistente o se aplica de forma irregular, lo que afecta a su capacidad de proteger a estos colectivos. Las OSC también indican que, en estos países, no existen o no se aplican mecanismos de recurso judicial o administrativo para las poblaciones que sufren acoso grave por parte de las autoridades públicas.
Todos los socios destacan que no dejar a nadie atrás es fundamental para una cooperación eficaz al desarrollo, y piden que se mejoren los datos y se preste mayor atención a los grupos de mayor riesgo. Ante el aumento mundial de las denuncias de discriminación y represión de los derechos humanos (UN DESA, 2025[19]) (CIVICUS, 2025[20]), los Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirmaron su compromiso de no dejar a nadie atrás en la Declaración Política de Doha de la Cumbre Social Mundial de 2025 (United Nations General Assembly, 2025[21]). En el documento final de Nairobi de la segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global (GPEDC, 2016[3]), los gobiernos de los países socios y los socios para el desarrollo destacaron que se necesitaban más y mejores datos que permitan identificar a las personas que se están quedando atrás y generar conocimiento al respecto. Asimismo, reconocieron la necesidad de continuar fomentando la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como la importancia de centrarse en los niños y los jóvenes con vistas a lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible para las generaciones actuales y futuras. Los países adherentes a la Recomendación del CAD sobre Igualdad de Género y el Empoderamiento de Todas las Mujeres y Niñas en la Cooperación para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria (incluidos en el ejercicio de monitoreo de la Alianza Global como miembros del CAD) se comprometen a emprender acciones de promoción de la igualdad de género, al tiempo que integran una perspectiva de género en todas sus actividades de cooperación al desarrollo (OECD, 2024[22]).
Los países socios y los socios para el desarrollo implican menos a algunos colectivos marginados y vulnerables que otros
Los gobiernos de los países socios colaboran estrechamente con las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, las niñas y los jóvenes a la hora de definir y debatir las prioridades de desarrollo, pero esta colaboración es algo menos constante cuando se trata de algunos colectivos de población vulnerable y marginada10. Garantizar que no se deja a nadie atrás significa que los gobiernos de los países socios deben esforzarse por consultar a las poblaciones vulnerables y los colectivos marginados y, cuando sea posible, diseñar estrategias conjuntas con ellos. Trabajar con estos colectivos desde el inicio del proceso de elaboración de estrategias y políticas refuerza la legitimidad de dichas estrategias, al garantizar la representación de un conjunto diverso de experiencias y realidades locales (OECD, 2025[4]). Alrededor del 84 % de los gobiernos afirman contar con la participación de las OSC que representan los derechos de las mujeres y las niñas, así como de los jóvenes y los niños (Recuadro 2.2) a la hora de formular sus planes nacionales de desarrollo o de organizar diálogos sobre las prioridades de desarrollo (Figura 2.4). De este modo, los gobiernos de los países socios cumplen con su compromiso de contribuir a “poner fin a la discriminación y la exclusión, y reducir las desigualdades y vulnerabilidades que dejan a las personas atrás” (UN Sustainable Development Group, 2022[23]). Sin embargo, la participación de los grupos de población vulnerable y marginada es, en general, menor (un 79 %), y los gobiernos de los países socios señalan que su implicación de algunos grupos, como las personas con discapacidad, es más sistemática que la de otros. Una mayor participación de todos estos grupos acelerará los avances hacia este objetivo.
Porcentaje de países socios que cuentan con una estrategia nacional de desarrollo en la que participan organizaciones que representan a cada grupo de población
Nota: Los gobiernos de los países socios informan de que han contado con la participación de grupos de población vulnerable y marginada cuando ha intervenido al menos uno de los colectivos de la siguiente lista: determinados grupos étnicos; organizaciones de derechos humanos; organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres; pueblos indígenas, minorías religiosas, organizaciones medioambientales; organizaciones LGBTIQ+; u organizaciones de personas con discapacidad.
La mayoría de los países socios colaboran con organizaciones de jóvenes y niños en la elaboración de su estrategia nacional de desarrollo. El 84 % de los gobiernos de los países socios que cuentan con una estrategia nacional de desarrollo indican haber consultado a las OSC que representan a los jóvenes y a los niños (Figura 2.4). Al hacerlo, dichos gobiernos sientan las bases para diseñar políticas que ofrezcan oportunidades a los jóvenes y satisfagan sus necesidades. Los enfoques participativos respecto a la participación son más habituales en los países africanos, donde el 55 % de los gobiernos de los países socios involucran a los jóvenes y a los niños a través de estos métodos, frente al 18 % de los gobiernos de otras regiones. Esto podría reflejar el perfil demográfico del continente, donde el 60 % de la población tiene menos de 25 años (Berlin Institute for Population and Development, 2024[24]).
Los países socios también señalan un alto nivel de colaboración con las OSC de jóvenes y niños a la hora de debatir las prioridades nacionales de desarrollo (81 %) (Figura 2.4). Además, el 97 % de los gobiernos de los países socios indican que han establecido prioridades de desarrollo específicas para los jóvenes y los niños, y el 90 % de ellos han establecido prioridades respecto a las mujeres jóvenes en particular. Algunas de las prioridades de desarrollo más habituales establecidas por los gobiernos de los países socios para la población más joven son el fomento del empleo juvenil, el apoyo a los espacios comunitarios y recreativos, y el desarrollo de competencias. Algunos países cuentan con políticas nacionales dirigidas a la juventud que determinan una visión común y unas prioridades claras en cuanto al desarrollo de los jóvenes. Entre ellas se incluyen la Política Nacional de Juventud de Malawi (2023-2028) (Malawi, Ministry of Youth and Sports, 2023[25]), la Política Nacional de Juventud de Zimbabwe (2020-2025) (Ministry of Youth, Sport, Arts and Recreation, 2020[26]) y la Política de Desarrollo Juvenil de Kenia (2019) (Ministry of Public Service, Youth and Gender, 2019[27]). Además, los países también están elaborando estrategias centradas en la participación de los jóvenes en la paz y la seguridad, como el Plan de Acción Nacional de Gambia sobre Juventud, Paz y Seguridad (UNDP, 2025[28]), que reconoce el papel de los jóvenes en la consolidación de la paz, la prevención de conflictos y el desarrollo del país.
Aunque la mayoría de los países realizan un seguimiento de las asignaciones presupuestarias destinadas a los jóvenes y los niños, se podría ampliar el desarrollo de indicadores de resultados desglosados por edades. El 86 % de los países socios informan de que cuentan con un sistema de seguimiento de las asignaciones presupuestarias destinadas a los jóvenes y los niños, lo cual es importante para traducir las prioridades en una financiación efectiva de los programas dirigidos a este colectivo. Sin embargo, el 44 % de los países socios indican que no han establecido indicadores de resultados desglosados por edad, aunque el 81 % señalan que disponen de datos que permitirían realizar este desglose en todos o algunos de los indicadores de resultados.1
1. El Capítulo 3 ofrece información sobre la calidad de los sistemas estadísticos de los países socios y las oportunidades para reforzarlos.
Los socios para el desarrollo involucran a diversos grupos de población en más de la mitad de sus estrategias nacionales. En el 60 % de las estrategias nacionales sobre las que se informó, los socios para el desarrollo contaron con la participación de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y las niñas a la hora de definir dichas estrategias. Este porcentaje es ligeramente inferior en el caso de los jóvenes (el 54 % de las estrategias nacionales) y de los grupos de población vulnerable y marginada (52 %). Cuando definen sus estrategias, los socios multilaterales de desarrollo tienden a colaborar en mayor medida con organizaciones que defienden los derechos de estos grupos que los socios bilaterales11.
La mayoría de las estrategias de los socios para el desarrollo incluyen la necesidad de apoyar a las organizaciones de mujeres, niñas y jóvenes para que se organicen y defiendan sus propios intereses, pero son menos las que lo hacen en el caso de los colectivos vulnerables y marginados. A pesar de no haber contado con la participación sistemática de las organizaciones de mujeres, niñas y de defensa de los derechos de los jóvenes y los niños en la elaboración de sus estrategias nacionales, la gran mayoría de los socios para el desarrollo destacan que dichas estrategias comprenden medidas de apoyo encaminadas a reforzar la capacidad de las mujeres y las niñas, así como de los jóvenes y los niños, para organizarse y defender sus propios intereses (el 92 % y el 81 % de las estrategias nacionales, respectivamente). Sin embargo, esas medidas no siempre van acompañadas de la financiación suficiente. Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres estiman que 1 500 millones de USD se considerarían el mínimo necesario para apoyar a los movimientos feministas (Shake the Table/The Bridgespan Group, 2022[29]). Esta estimación refleja el apoyo total procedente de todos los financiadores y modalidades de financiación. Los datos de la OCDE muestran que la AOD bilateral de los miembros del CAD destinada a promover la eficacia y la sostenibilidad de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres se ha mantenido en torno a los 500 millones de USD en los últimos años (OECD, 2025[30]). Aunque no es por completo comparable, esto sugiere que los niveles actuales de ayuda se sitúan por debajo de las necesidades estimadas. Además, menos de la mitad de las estrategias de los socios para el desarrollo (44 %) incluyen medidas de apoyo dirigidas a reforzar la capacidad de los colectivos vulnerables y marginados, a pesar de que estos ocupan un lugar prioritario en las estrategias de los socios, como se expone a continuación.
Los socios para el desarrollo y los gobiernos de los países socios no tienen en cuenta de forma tan sistemática las necesidades de los colectivos a los que resulta más difícil llegar
Los gobiernos de los países socios y los socios para el desarrollo dan prioridad de forma más sistemática a determinados grupos de población frente a otros a los que resulta más difícil llegar cuando se fijan las prioridades de desarrollo. En consonancia con su compromiso de no dejar a nadie atrás, casi todos los gobiernos de los países socios y sus socios para el desarrollo fijan prioridades en cuanto a determinados grupos de población: las personas más pobres, las mujeres y las niñas, los niños y los jóvenes, y las personas con discapacidad (Figura 2.5). No obstante, tanto los socios como los países incluyen en menor medida las prioridades de desarrollo relacionadas con los grupos de población que suelen estar más marginados, son menos visibles y a los que resulta más difícil llegar, como las minorías étnicas y los pueblos indígenas, las comunidades LGBTIQ+, los refugiados, los apátridas y los desplazados internos. Esto puede explicarse, en parte, por el hecho de que algunos gobiernos de los países socios no reconocen la existencia ni la importancia de determinados colectivos y, en consecuencia, prestan menos atención al reconocimiento de sus derechos. Desde la perspectiva de los socios para el desarrollo, el reconocimiento y la priorización de estos colectivos pueden considerarse cuestiones políticamente delicadas y afectar a sus relaciones con los gobiernos de algunos países socios, lo que podría dar cuenta de su decisión de no explicitar las prioridades respecto a estos colectivos en sus estrategias nacionales.
Proporción de planes nacionales de desarrollo (países socios) y estrategias nacionales (socios para el desarrollo) que incluyen prioridades dirigidas a diversos grupos de población
Nota: Tal y como se establece en el ODS 1.2, la categoría de “población más pobre” se define como los hombres, las mujeres, los niños y las niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales de los países socios (UN, 2015[1]).
Tanto los gobiernos de los países socios como los socios para el desarrollo reconocen cada vez más las necesidades específicas de las poblaciones vulnerables al cambio climático, como demuestra el aumento de la financiación de la cooperación al desarrollo asignada a la biodiversidad y a la acción por el clima. Las necesidades específicas de las poblaciones vulnerables expuestas al cambio climático están ampliamente reconocidas tanto en los planes y estrategias de los países socios como en los de los socios para el desarrollo (Figura 2.5). La tendencia al alza en el porcentaje de los desembolsos de AOD bilateral de los miembros del CAD destinados a objetivos medioambientales mundiales, del 26 % en 2015 al 34 % en 2024, parece confirmar esta conclusión (OECD, 2026[31]). La AOD que integra tanto los objetivos climáticos como los de igualdad de género también ha ido en aumento (OECD, 2025[30]), por lo que se reconoce que las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y que su liderazgo y sus conocimientos son fundamentales en la búsqueda de soluciones eficaces. En Bután, un análisis de vulnerabilidad al cambio climático complementa las evaluaciones de peligros climáticos con el fin de comprender la magnitud del impacto del cambio climático y así orientar la planificación de la adaptación (Bhutan’s National Environment Commission/UNDP, 2022[32]). Mediante la inclusión de un índice de sensibilidad, la evaluación pone de relieve la exposición desproporcionada al cambio climático de determinados grupos de población, como, por ejemplo, las personas que se dedican a la agricultura y los hogares encabezados por mujeres.
El uso de evaluaciones basadas en datos para identificar a las personas más vulnerables es una práctica habitual entre los países socios y los socios para el desarrollo. Las evaluaciones basadas en datos ayudan a identificar quiénes corren el riesgo de quedarse atrás, de modo que las prioridades de desarrollo puedan llegar con eficacia a los más vulnerables y marginados (GPEDC, 2021[33]). La mayoría de los países socios (38 de los 43 que han facilitado información sobre este indicador) utilizan evaluaciones basadas en datos con el fin de identificar a las personas más vulnerables (véase en el Recuadro 2.3 un ejemplo de buenas prácticas de Nepal). De ellos, la mayor parte se basa en una combinación de diferentes tipos de indicadores, entre los que se incluyen los indicadores de pobreza, vulnerabilidad y marginación, lo que refleja una comprensión de la naturaleza multidimensional de la pobreza y las desigualdades. Estas evaluaciones parten en gran medida de datos a nivel nacional, combinados con otras fuentes (por ejemplo, encuestas internacionales, datos de las OSC y del sector privado). Casi todos los países socios que se sometieron a una evaluación basada en datos (37 de 38) indicaron que esta se había realizado a partir de datos desglosados hasta el nivel subnacional, lo que pone de relieve la importancia de los datos del ámbito local a la hora de identificar a los más desfavorecidos. Del mismo modo, casi todos los socios para el desarrollo (95 %) afirman haber llevado a cabo una evaluación basada en datos con vistas a identificar a las poblaciones más vulnerables a las que dirigirse en sus estrategias nacionales, y señalan que dichas evaluaciones se basan en gran medida en una combinación de datos nacionales y otras fuentes disponibles (por ejemplo, datos internacionales o datos de sus propias organizaciones). Además, la mayoría de las intervenciones de los socios para el desarrollo (85 %) reconocen la importancia de realizar análisis distributivos. Esto resulta crucial a la hora de evaluar cómo influyen los programas de desarrollo en las desigualdades, ya que permite conocer cómo perciben sus efectos los distintos grupos de población. Este tipo de análisis suele utilizarse menos en proyectos a pequeña escala de adquisiciones/contrataciones públicas, desarrollo de capacidades y asistencia técnica.
Nepal ha elaborado un marco nacional centrado en no dejar a nadie atrás que utiliza distintos niveles de datos desglosados con el propósito de analizar los avances en los indicadores relativos a las comunidades y los colectivos más desfavorecidos del país (National Planning Commission, 2022[34]). La evaluación basada en datos identifica a las personas más desfavorecidas a partir de cinco dimensiones de exclusión. Entre ellas se incluyen tres grandes dimensiones (situación socioeconómica, gobernanza, y crisis y fragilidad) en las que los aspectos de la discriminación social y las desventajas geográficas se integran como identidades sociales y geográficas. A continuación, cada una de estas dimensiones se evalúa en función de indicadores clave utilizando los datos disponibles (por ejemplo, en el caso de la situación socioeconómica se utilizan 18 indicadores desglosados por género, lugar de residencia y casta u origen étnico).
Con el fin de alcanzar un entendimiento común sobre cómo garantizar que no se deja a nadie atrás, Nepal realizó consultas específicas con los ministerios competentes, los organismos provinciales de planificación y las partes interesadas nacionales, como la sociedad civil y los representantes de los colectivos que sufren una marginación activa, los socios para el desarrollo y los grupos temáticos, con el fin de armonizar las prioridades para llegar a los más desfavorecidos.
Asimismo, el marco incluye un Marco Nacional de Resultados, cuyo objetivo es garantizar que el principio de no dejar a nadie atrás se aplique de forma efectiva en todas las políticas, intervenciones programáticas y sistemas de seguimiento y evaluación en los tres niveles de gobierno. Esto está relacionado con resultados concretos, como la identificación de los grupos excluidos y marginados, la subsanación de las deficiencias normativas que afectan a los más desfavorecidos, la puesta a disposición de datos desglosados con sistemas sólidos de monitoreo y evaluación, el fortalecimiento de los mecanismos institucionales y la garantía de la armonización de los programas, tanto de organismos gubernamentales como no gubernamentales, dirigidos a supervisar los avances en cuanto a no dejar a nadie atrás.
Fuente: Comisión Nacional de Planificación (2022[34]), Marco Nacional para No Dejar a Nadie Atrás de Nepal, https://www.dpnet.org.np/resource-detail/1849.
La mayoría de los países socios definen indicadores de resultados desglosados, pero su desglose es desigual entre las distintas categorías socioeconómicas y demográficas debido a la escasa disponibilidad de datos, lo que dificulta el seguimiento de los avances respecto a la población más vulnerable. La mayoría de los países socios (86 %) incluyen indicadores de resultados en sus planes nacionales de desarrollo y, por lo general, desglosan dichos indicadores por sexo, zona geográfica y edad. Sin embargo, los indicadores de resultados se desglosan con menos frecuencia por grupo de renta, origen étnico, condición indígena o situación migratoria. Las directrices de vigilancia de los ODS de las Naciones Unidas reconocen que los datos desglosados son fundamentales a la hora de evaluar si los avances benefician a los más pobres y vulnerables (UN, 2015[1]). Más de la mitad de los países socios (58 %) señalan que la disponibilidad de datos y estadísticas necesarios para supervisar los avances en los indicadores de resultados relativos a la población más vulnerable es escasa, o que no se han podido evaluar dichos avances debido a la ausencia de un marco de resultados en la estrategia nacional de desarrollo. Solo el 12 % de los países socios informan de que la disponibilidad de datos es alta o muy alta. La mayoría de los gobiernos de los países socios señalan que, en todos los niveles de desglose, solo se dispone de datos relativos a algunos indicadores de resultados, mientras que es mucho menor el número de países que cuentan con datos en todos los indicadores de resultados (Figura 2.6). Además, es mayor la proporción de países que afirman disponer de datos desglosados por sexo, edad y zona geográfica para todos los indicadores de resultados que la de aquellos que indican contar con datos desglosados por situación migratoria, origen étnico o identidad indígena (Figura 2.6). Estos patrones pueden verse influidos por diferencias en la disponibilidad de datos y en la comprensión conceptual de las distintas identidades, o por cuestiones de sensibilidad política en torno a ciertas categorías de desglose. Los datos sobre sexo, edad y ubicación geográfica suelen estar recogidos en los sistemas estadísticos nacionales y se recopilan de forma habitual. Por el contrario, la disponibilidad de datos sobre el origen étnico, la condición indígena o la situación migratoria depende de que las encuestas incluyan las preguntas pertinentes, abarquen de manera adecuada a las poblaciones a las que es más difícil llegar o logren sortear con éxito las sensibilidades políticas o sociales.
Proporción de países sobre los que se dispone de datos desglosados que permitan supervisar los avances en los indicadores de resultados, por categoría de desglose
Para garantizar que no se deja a nadie atrás, se necesitan sistemas estadísticos nacionales sólidos, capaces de generar datos desglosados fiables y suficientes. A fin de subsanar las deficiencias señaladas anteriormente será necesario realizar inversiones a largo plazo dirigidas a reforzar las instituciones de estadística y la capacidad nacional de identificar los colectivos destinatarios y sus necesidades, recopilar datos y utilizarlos con el fin de analizar los avances e identificar las carencias. Esto incluye necesidades relacionadas con no dejar a nadie atrás, como la consolidación de la capacidad de realizar análisis distributivos e interseccionales; la mejora de los métodos de identificación de las poblaciones a las que es más difícil llegar; la garantía de que las encuestas y los sistemas de datos den prioridad a los grupos vulnerables; y el refuerzo de la gobernanza de los datos, la ética, la privacidad y la confianza pública, de modo que los países socios puedan generar y utilizar datos inclusivos y de alta calidad que les permitan comprender y abordar las desigualdades. Tal y como se destaca en el Capítulo 3, lograrlo exige un firme compromiso de los gobiernos de los países socios de mejorar sus sistemas estadísticos y adoptar nuevas herramientas y tecnologías (véase el ejemplo de Nigeria en el Capítulo 7). También requiere que los socios para el desarrollo aumenten su apoyo y coordinen su financiación a través de las iniciativas existentes. Entre ellas se encuentran PARIS21, que se dedica a la planificación estratégica y al desarrollo de capacidades de los sistemas nacionales de estadística; y la Red de Berna y su Centro de Intercambio de Datos sobre la Financiación para el Desarrollo, cuyo objetivo es mejorar la coordinación y la transparencia de la financiación de los datos. Además, la Carta de Datos Inclusivos de la Alianza Mundial para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible es otro ejemplo de iniciativa destinada a promover la disponibilidad y el uso de datos inclusivos y desglosados (Global Partnership for Sustainable Development Data, 2018[35]).
Bibliografía
[24] Berlin Institute for Population and Development (2024), Africa’s Future Is Young! Young People’s Priorities for Their Reproductive and Sexual Self-Determination, https://www.berlin-institut.org/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Jugendstudie_e_RZ_online_2.pdf.
[32] Bhutan’s National Environment Commission/UNDP (2022), Climate Change Vulnerability Analyses and Mapping for National Adaptation Plan (NAP) Formulation Process in Bhutan, UNDP Bhutan, https://www.undp.org/bhutan/publications/climate-change-vulnerability-analyses-and-mapping-national-adaptation-plan-nap-formulation-process-bhutan.
[20] CIVICUS (2025), 2025 State of Civil Society Report, https://publications.civicus.org/publications/2025-state-of-civil-society-report/overview/.
[12] CIVICUS (2025), People Power Under Attack 2025. A report based on data from the CIVICUS monitor, https://civicusmonitor.contentfiles.net/media/documents/GlobalFindings2025.EN.pdf.
[17] Core Humanitarian Standard (2024), Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability, https://www.corehumanitarianstandard.org/.
[13] Freedom House (2025), Freedom House Index Dashboard, https://freedomhouse.org/country/scores (accessed on 24 February 2026).
[35] Global Partnership for Sustainable Development Data (2018), Inclusive Data Charter, https://www.data4sdgs.org/initiatives/inclusive-data-charter (accessed on 8 March 2026).
[5] Government of the Republic of Moldova (2020), National Development Strategy “Moldova Europeană 2030”, Government of the Republic of Moldova, https://old.gov.md/ro/moldova2030.
[37] GPEDC (2023), 2023-2026 Monitoring Guide, Global Partnership for Effective Development Co-operation, https://effectivecooperation.org/sites/default/files/documents/Main%20Guide%20%28ENG%29.pdf.
[33] GPEDC (2021), Effectiveness Issues in Development Co-operation for Data and Statistics, Global Partnership for Effective Development Co-operation, https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-11/Issues%20Paper%20-%20Effective%20Support%20for%20Development%20Data_GPEDC_FINAL.pdf.
[3] GPEDC (2016), Nairobi Outcome Document, Global Partnership for Effective Development Co-operation, https://www.effectivecooperation.org/sites/default/files/documents/Nairobi-Outcome-Document-English.pdf.
[9] ILO (2021), Internal Governance Manual - Development Cooperation, https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@exrel/documents/publication/wcms_452076.pdf.
[8] ILO (2020), ILO Development Cooperation Strategy 2020-25, https://www.ilo.org/resource/report/gb/340/ilo-development-cooperation-strategy-2020%E2%80%9325.
[25] Malawi, Ministry of Youth and Sports (2023), Malawi’s Youth Plan, https://pachimalawi.com/wp-content/uploads/2023/11/National-Youth-Policy-2023-2028-Final.pdf.
[10] Ministry of Foreign Affairs, European Union and Cooperation (2024), Spanish Cooperation Master Plan for Sustainable Development and Global Solidarity, https://www.cooperacionespanola.es/wp-content/uploads/2024/10/Spanish-Cooperation-Master-Plan-2024-2027.pdf.
[27] Ministry of Public Service, Youth and Gender (2019), Kenya Youth Development Policy 2019, Republic of Kenya, https://www.prb.org/wp-content/uploads/2020/06/Kenya-Youth-Development-Policy-2019.pdf.
[26] Ministry of Youth, Sport, Arts and Recreation (2020), Zimbabwe’s National Youth Policy 2020-2025, Republic of Zimbabwe, https://zgc.co.zw/wp-content/uploads/2022/10/NATIONAL-YOUTH-POLICY-2020-2025.pdf.
[34] National Planning Commission (2022), Nepal’s National Framework for Leave No One Behind, Government of Nepal, https://www.dpnet.org.np/resource-detail/1849.
[31] OECD (2026), Development finance for climate and environment, webpage, https://www.oecd.org/en/topics/development-finance-for-climate-and-the-environment.html (accessed on 10 March 2026).
[30] OECD (2025), Development Finance for Gender Equality (dashboard), https://www.oecd.org/en/data/dashboards/development-finance-for-gender-equality.html (accessed on 9 March 2026).
[4] OECD (2025), Guidelines for operationalising locally led development.
[22] OECD (2024), DAC Recommendation on Gender Equality and the Empowerment of All Women and Girls in Development Co-operation and Humanitarian Assistance, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5022.
[6] OECD (2024), Policy Guidance: Enabling Inclusive Governance, Best Practices in Development Co-operation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6d995bed-en.
[15] OECD (2023), Funding Civil Society in Partner Countries: Toolkit for Implementing the DAC Recommendation on Enabling Civil Society in Development Co-operation and Humanitarian Assistance, Best Practices in Development Co-operation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9ea40a9c-en.
[14] OECD (2021), DAC Recommendation on Enabling Civil Society in Development Co-operation and Humanitarian Assistance, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5021.
[7] OECD (2019), DAC Recommendation on the Humanitarian-Development-Peace Nexus, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/oecd-legal-5019.
[18] OECD (próximamente), “Report on the implementation, dissemination and continued relevance of the DAC Recommendation on Enabling Civil Society in Development Co-operation and Humanitarian Assistance”.
[11] Open Forum for CSO Development Effectiveness (2010), Istanbul CSO Development Effectiveness Principles, https://www.effectivecooperation.org/content/istanbul-principles-development-effectiveness.
[29] Shake the Table/The Bridgespan Group (2022), Lighting the Way: A Report for Philanthropy on the Power and Promise of Feminist Movements, https://www.bridgespan.org/getmedia/ffacac3d-6b29-45ca-b82c-e836af6e1cb4/full-report-philanthropy-and-feminist-movements.pdf.
[2] UN (2017), Leaving No One Behind: Equality and non-discrimination at the heart of sustainable development : a shared United Nations System framework for action, United Nations, https://digitallibrary.un.org/record/1628748?v=pdf.
[1] UN (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, https://sdgs.un.org/2030agenda.
[19] UN DESA (2025), The Sustainable Development Goals Report 2025, United Nations Department of Economic and Social Affairs, https://unstats.un.org/sdgs/report/2025/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2025.pdf.
[16] UN Human Rights Council (2018), Resolution on civil society space: engagement with international and regional organizations. Resolution adopted by the Human Rights Council on 6 July 2018, https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-38-12/.
[23] UN Sustainable Development Group (2022), Operationalizing Leaving No One Behind, https://unsdg.un.org/resources/leaving-no-one-behind-unsdg-operational-guide-un-country-teams.
[28] UNDP (2025), Gambia’s National Action Plan on Youth, Peace and Security (2025-2030), https://www.undp.org/gambia/publications/national-action-plan-youth-peace-and-security-2025-2030.
[36] UNHCR (2021), Tip sheet on applying the UNHCR age, gender and diversity policy to LGBTIQ+ persons, https://www.unhcr.org/media/tip-sheet-applying-unhcr-age-gender-and-diversity-policy-lgbtiq-persons.
[21] United Nations General Assembly (2025), Doha Political Declaration of the “World Social Summit” under the title “the Second World Summit for Social Development”, United Nations General Assembly, https://docs.un.org/en/A/RES/80/5.
← 1. El término “OSC” hace referencia a todas aquellas organizaciones no mercantiles y no estatales, ajenas a la familia, en las que las personas se organizan con el fin de defender intereses comunes en el ámbito público. Abarcan una amplia gama de organizaciones, entre las que se incluyen las OSC basadas en la afiliación, aquellas centradas en causas concretas y las dedicadas a la prestación de servicios. A lo largo de este capítulo, el término “OSC” debe entenderse como “OSC nacionales”, es decir, las OSC del país socio en el que desempeñan su actividad.
← 2. En la evaluación del monitoreo, se invita a los gobiernos de los países socios a indicar si se contó con la participación de los siguientes grupos de partes interesadas nacionales durante la elaboración de sus planes de desarrollo y en los diálogos posteriores en los que se debaten los avances en las prioridades de desarrollo: las OSC, el sector privado, los parlamentos, los socios para el desarrollo, los sindicatos, las organizaciones filantrópicas, los gobiernos subnacionales y otros actores nacionales (como las instituciones académicas).
← 3. Un proceso participativo es un proceso de colaboración con otras partes interesadas que ofrece oportunidades y mecanismos diseñados con el fin de alcanzar un consenso sobre las prioridades y los compromisos. A diferencia de los procesos consultivos, que brindan la oportunidad de aportar ideas, los procesos participativos se caracterizan por la definición conjunta de los ámbitos o los objetivos prioritarios.
← 4. Cinco países en situación de fragilidad optaron por llevar a cabo una versión adaptada del ejercicio de monitoreo (un cuestionario adaptado a la fragilidad) para recabar los datos que consideran pertinentes en su contexto. Estos países son la República Democrática del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. Cuatro de estos países indicaron que habían llevado a cabo una evaluación de la fragilidad con miras a definir las prioridades nacionales. En el país restante no se evaluó el grado de participación a través de otros procesos. En la Guía del lector que figura al principio de este informe se ofrece más información acerca del cuestionario de fragilidad.
← 5. Personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y con orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales diversas (UNHCR, 2021[36]).
← 6. Dado que los gobiernos desempeñan una función central en la coordinación del proceso de presentación de informes, es posible que algunas OSC no siempre se sientan del todo cómodas a la hora de expresar sus preocupaciones sin reservas. Esta posible dinámica no resta valor a los datos, pero debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar las conclusiones de la evaluación del entorno favorable para las OSC.
← 7. Se puede consultar más información sobre la evaluación del entorno favorable para las OSC en el Anexo B del marco de monitoreo, así como en la guía de monitoreo (GPEDC, 2023[37]).
← 8. Se recopilaron datos de todas las partes interesadas (OSC, socios para el desarrollo y gobiernos) en la evaluación del entorno favorable para las OSC realizada en 34 países socios. Los cuestionarios fueron cumplimentados por 42 gobiernos de países socios, 38 socios para el desarrollo y 37 OSC.
← 9. Es decir, cuando los gobiernos de los países socios califican el entorno favorable para las OSC como “moderado” o “importante”.
← 10. Los colectivos vulnerables y marginados son aquellos que pueden ser objeto de violaciones de los derechos humanos, que sufren discriminación estructural y que tienen dificultades para defenderse por sí mismos, por lo que necesitan una atención especial. Estos grupos pueden variar de un país a otro. Entre ellos pueden figurar organizaciones de determinados grupos étnicos; organizaciones de derechos humanos; organizaciones de defensa de los derechos de la mujer; organizaciones de pueblos indígenas, minorías religiosas, organizaciones medioambientales; organizaciones LGBTIQ+; u organizaciones de personas con discapacidad.
← 11. En el 66 % de las estrategias nacionales sobre las que informaron los socios multilaterales, se contó con la participación de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y las niñas en su definición. La cifra contrasta con el 43 % de las estrategias en el caso de los socios bilaterales. Esta diferencia también se observa en las organizaciones de jóvenes y niños (el 62 % frente al 37 % de las estrategias, respectivamente) y las organizaciones que representan a grupos de población vulnerable y marginada (el 60 % frente al 36 % de las estrategias, respectivamente).