Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz – Informe de avances 2026

7. Del monitoreo a la formulación de políticas mediante la reflexión, el diálogo y la acción

Resumen

En este capítulo se analiza cómo los países socios y las partes interesadas en el desarrollo aprovecharon la fase de reflexión, diálogo y acción de la cuarta ronda de monitoreo de la Alianza Global para traducir sus conclusiones en políticas. A partir de los procesos de diálogo con los países, se identifican los retos comunes en materia de eficacia, se destacan las medidas políticas propuestas con el fin de aumentar la eficacia de la cooperación al desarrollo y se describe cómo se llevará a cabo su seguimiento.

Conclusiones principales

• En marzo de 2026, 22 de los 44 países socios participantes habían dirigido y organizado de manera satisfactoria diálogos nacionales de acción como parte de la fase de reflexión, diálogo y acción. En general, se debatieron cinco ámbitos clave que requieren mejoras: 1) la armonización con la planificación nacional y los marcos de resultados nacionales; 2) los sistemas estadísticos nacionales, los sistemas de gestión de la información (SGI) y la transparencia en la cooperación al desarrollo; 3) la previsibilidad y la integración presupuestaria; 4) el recurso a los sistemas de gestión de las finanzas públicas (GFP); y 5) la participación inclusiva de los actores no estatales. En todos estos ámbitos, los gobiernos de los países socios, los socios para el desarrollo y, en muchos países, otros actores del desarrollo se comprometieron a adoptar medidas encaminadas a mejorarlos.

• Como reflejo de las diversas realidades de cada país, los resultados del diálogo y las medidas políticas acordadas abarcaron un amplio espectro, que iba desde cambios procedimentales graduales hasta reformas más estructurales destinadas a integrar los compromisos en materia de eficacia en los sistemas nacionales de gobernanza. En varios casos, los resultados de los diálogos se vieron determinados de manera estratégica por transiciones macroeconómicas más amplias en el panorama nacional de la financiación del desarrollo. Además, dado que cada país presenta un contexto político y un panorama de cooperación al desarrollo particulares, la traducción de los datos de monitoreo en acciones políticas se llevó a cabo mediante procesos adaptados a cada uno de ellos.

• Varios países socios han logrado pasar de la fase de reflexión a cambios concretos en las prácticas de presentación de informes, el uso de los sistemas y las dinámicas de coordinación. Aunque el alcance de estas reformas varía, numerosos gobiernos de los países socios han comenzado a integrar con mayor solidez los compromisos de eficacia en sus marcos nacionales de planificación, presupuestación y coordinación. Esta integración estructural refleja el objetivo general de institucionalizar los principios de la eficacia del desarrollo mucho más allá del ámbito del ciclo de monitoreo de la Alianza Global.

• Surgieron diversos planteamientos para institucionalizar los mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento con el fin de que los actores del desarrollo pudieran realizar un análisis conjunto de los avances en los compromisos en materia de eficacia. Entre ellos figuraba el establecimiento o el refuerzo de los mecanismos formales de rendición de cuentas, en respuesta directa a las importantes deficiencias detectadas en los datos de monitoreo actuales. Aunque las partes interesadas de la mayoría de los países participantes manifestaron la firme voluntad de reforzar los mecanismos de rendición de cuentas mutua, el grado de formalización varía de manera considerable. En lugar de crear estructuras totalmente nuevas, las partes interesadas de algunos países socios acordaron analizar los compromisos adquiridos durante el diálogo a través de los mecanismos de coordinación de políticas ya existentes.

La parte II de este informe analiza la fase de reflexión, diálogo y acción de la cuarta ronda de monitoreo de la Alianza Global y examina cómo los países socios y las partes interesadas en el desarrollo están utilizando los resultados del ejercicio con el fin de orientar las respuestas políticas. Este capítulo ofrece una visión general de esta fase final del ejercicio de monitoreo y describe cómo se ha llevado a cabo mediante procesos de diálogo multilaterales dirigidos por los propios países. Además, presenta un análisis comparativo entre países de las respuestas políticas derivadas de estos diálogos, en el que se identifican prioridades de reforma y patrones comunes en los compromisos contraídos con vistas a aumentar la eficacia de la cooperación al desarrollo. Por último, se centra en concreto en los mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento de los compromisos adquiridos a lo largo de la fase de reflexión, diálogo y acción. El Capítulo 8 se centra en cada uno de los países que han llevado a cabo esta fase final del monitoreo y ofrece un resumen, país por país, de los procesos de diálogo y sus resultados.

7.1. La nueva fase de reflexión, diálogo y acción lleva a los países a pasar del monitoreo a la respuesta política

La fase de "reflexión, diálogo y acción" es una novedad de la cuarta ronda de monitoreo de la Alianza Global, diseñada con el objetivo de vincular de forma sistemática los resultados del monitoreo con las respuestas políticas de los países. Acordada en la Cumbre de la Cooperación Eficaz al Desarrollo de 2022, celebrada en Ginebra (GPEDC, 2022[1]), esta fase final permite a los países utilizar los datos con el fin de reforzar la rendición de cuentas, fundamentar el diálogo sobre políticas, consolidar las alianzas entre múltiples partes interesadas y emprender acciones conjuntas destinadas a mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo en los países socios. Esta fase, concebida como una oportunidad para la rendición de cuentas, el aprendizaje conjunto y la responsabilidad compartida, más que como un mero ejercicio de presentación de informes, pretende generar de manera activa la confianza mediante el refuerzo de la seguridad en la voluntad y las capacidades de los socios, así como consolidar la apropiación nacional. En un contexto en el que los recursos de cooperación al desarrollo son objeto de un escrutinio cada vez mayor, ofrece una plataforma que permite aumentar la repercusión del apoyo de los socios para el desarrollo. En definitiva, la fase de reflexión, diálogo y acción busca fomentar una confianza renovada y alianzas más eficaces, basadas en la responsabilidad compartida de lograr resultados sostenibles.

En marzo de 2026, 22 de los 44 países socios participantes habían dirigido y organizado con éxito estos diálogos nacionales de acción1. Estos países (Bangladesh, Bután, Burkina Faso, Camboya, Colombia, Filipinas, Gambia, Honduras, Indonesia, Lesoto, Mozambique, Nepal, Nigeria, Pakistán, la República Democrática del Congo, la República Democrática Popular Lao, la República Dominicana, Sierra Leona, Somalia, Uganda, Yemen y Zambia) aprovecharon los resultados del monitoreo con el objetivo de reflexionar sobre los avances logrados, identificar prioridades y promover alianzas para el desarrollo más eficaces. Además, en el momento de redactar este informe, otros 10 países han indicado que tienen previsto celebrar un diálogo nacional sobre los resultados. Salvo que se indique lo contrario, los países socios a los que se hace referencia en la Parte II del presente informe son los 22 países que llevaron a cabo un diálogo sobre los resultados. El Recuadro 7.1 describe el proceso que se siguió.

Recuadro 7.1. ¿Cómo se desarrolló el proceso durante la fase de reflexión, diálogo y acción?

El proceso solía consistir en una serie de reuniones correlativas de reflexión técnica con grupos específicos de partes interesadas, seguidas de diálogos multilaterales consolidados de alto nivel, cuyo objetivo era alcanzar un acuerdo político sobre las medidas y reformas prioritarias. Las autoridades nacionales organizaron diálogos nacionales inclusivos que reunieron a los socios para el desarrollo y una amplia gama de partes interesadas con el fin de examinar las conclusiones y convenir medidas de seguimiento en consonancia con las prioridades nacionales, al tiempo que, en algunos países, se adaptó además la participación a los retos específicos de los contextos frágiles. Los socios para el desarrollo y, en mayor o menor medida, las organizaciones de la sociedad civil participaron en la revisión de los resultados. Los actores del sector privado, incluidas las asociaciones empresariales y los sindicatos, se involucraron en la mayoría de los casos, mientras que las instituciones filantrópicas y académicas lo hicieron de forma más selectiva.

Cabe destacar que ocho de los países participantes se enfrentan a una situación de fragilidad extrema, lo que puede plantear ciertas dificultades a la hora de organizar un diálogo verdaderamente multilateral y, en ocasiones, de celebrar reuniones presenciales. En estos entornos tan complejos, Burkina Faso y Yemen utilizaron procesos distintos para adaptarse a las circunstancias locales, a la par que mantenían los principios básicos de un diálogo inclusivo y basado en datos que diera lugar a resultados aplicables. Yemen consultó a los socios para el desarrollo, a la sociedad civil y al sector privado en intercambios específicos con cada grupo de interés, celebrados en el marco de procesos más amplios de gobernanza y coordinación de la cooperación al desarrollo. Esto propició una serie de reformas que ya se han aplicado en gran medida. Burkina Faso consultó a las partes interesadas a nivel técnico y recopiló en un informe gubernamental las recomendaciones políticas formuladas por cada grupo de partes interesadas.

Debido a que cada país presenta un contexto político y un panorama de cooperación al desarrollo particulares, la traducción de los datos de monitoreo en acciones políticas se llevó a cabo mediante procesos adaptados a cada uno de ellos (véanse ejemplos en el Recuadro 7.2). A consecuencia de estas diferencias, la fase de reflexión, diálogo y acción adoptó diferentes formas tanto en su ejecución como en el seguimiento. En lugar de considerar esta fase como un trámite puntual, muchos gobiernos integraron los diálogos en las plataformas de coordinación existentes o en los procesos de políticas en curso entre el gobierno y otras partes interesadas. Estos enfoques tenían como objetivo específico reforzar dichos mecanismos nacionales de coordinación, reconocer su función a la hora de armonizar las acciones de los socios para el desarrollo con las prioridades nacionales, facilitar un diálogo periódico sobre políticas y apoyar el seguimiento de los compromisos contraídos. Los resultados del monitoreo se incorporaron con frecuencia a los debates generales sobre políticas que ya estaban en marcha, lo que puso de manifiesto que la relación entre los datos, el diálogo y el ajuste de las políticas constituye un ciclo continuo de aprendizaje y rendición de cuentas. Aunque en algunos países los debates traspasaron el ámbito estricto del marco de monitoreo de la Alianza Global para abordar cuestiones que iban más allá de la agenda en materia de eficacia del desarrollo, todos los resultados de los diálogos y las medidas acordadas continúan manteniendo un firme arraigo en los contextos particulares de cada país.

El sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo desempeñó un papel de apoyo que hizo posibles estos diálogos sobre medidas nacionales. Además de la asistencia técnica prestada en la sede por el Equipo Conjunto de Apoyo de la OCDE y el PNUD a lo largo de todo el ejercicio de monitoreo, las oficinas nacionales del PNUD promovieron o coorganizaron muchos de los diálogos a petición de los países socios. Además, gracias a los fondos canalizados desde la sede del PNUD, las oficinas nacionales del PNUD proporcionaron financiación inicial a 19 países socios con el fin de apoyar la organización sustantiva y operacional de la fase final del monitoreo, parte de la cual aún estaba pendiente en el momento de redactar este informe. Los coordinadores residentes o sus oficinas prestaron apoyo en 15 diálogos ofreciendo asistencia mediante discursos de apertura o actuando como coorganizadores junto con las autoridades nacionales.

Se puede obtener más información sobre los objetivos y el proceso de la fase de reflexión, diálogo y acción en la nota orientativa disponible en la página web de la Alianza Global, en https://www.effectivecooperation.org/book-page/action_dialogue_guidance.

7.2. Los países están pasando de las dificultades en materia de eficacia a la acción en cinco ámbitos clave

El análisis que se presenta en este capítulo se basa en los resultados del monitoreo, así como en datos complementarios de los países, junto con los documentos finales y los informes resumidos elaborados en el marco de estos procesos de diálogo. Además, se ha contado con la participación presencial de los autores en dos de estos procesos de diálogo, así como con su participación virtual en los diálogos de seis países.

De la fase de reflexión, diálogo y acción del ejercicio de monitoreo surgieron una amplia gama de prioridades, compromisos y resultados. En esta sección se examinan estos resultados en cinco ámbitos clave identificados mediante el análisis de los procesos de diálogo concluidos en marzo de 2026 en los 22 países que aprovecharon esta fase final para elaborar recomendaciones prácticas a través de diálogos inclusivos y dirigidos por los países:

• Armonización con la planificación nacional y los marcos de resultados del país.

• Mejora de los sistemas estadísticos nacionales, los sistemas de gestión de la información (SGI) y la transparencia en la cooperación al desarrollo.

• Aumento de la previsibilidad y la integración presupuestaria.

• Incremento del recurso a los sistemas de gestión de las finanzas públicas (GFP).

• Fomento de la participación inclusiva de los actores no estatales.

En los apartados siguientes se detallan los compromisos específicos de los países que se han asumido con el objetivo de impulsar estas mejoras sistémicas y traducir los datos de monitoreo en cambios de comportamiento concretos.

Ámbito clave 1: Armonización con la planificación nacional y los marcos de resultados del país

La escasa armonización de los socios para el desarrollo con las prioridades nacionales de los países socios se reveló como una preocupación fundamental. Cuando las intervenciones de los socios para el desarrollo se basan en marcos de resultados o sistemas de monitoreo paralelos, fragmentan las iniciativas de planificación nacional, dan lugar a iniciativas que se solapan y aumentan los costos de transacción al duplicar los requisitos de presentación de información (Capítulo 3). En consecuencia, numerosos países socios y socios para el desarrollo reiteraron su compromiso de recurrir en mayor medida a los marcos e indicadores nacionales de resultados a la hora de diseñar y ejecutar las intervenciones de cooperación al desarrollo.

Con el fin de pasar a la acción, muchos gobiernos de los países socios se comprometieron a mejorar sus marcos nacionales de resultados. Los participantes en el diálogo señalaron una serie de retos estructurales que pueden dificultar una mayor armonización de los socios para el desarrollo con las prioridades nacionales y los marcos de resultados. Por ejemplo, en los debates celebrados en varios países socios se puso de relieve que la fragmentación de los marcos de resultados entre numerosas estrategias sectoriales y socios para el desarrollo exigía la creación de un repositorio unificado y accesible en el que se consolidaran todos los indicadores nacionales de resultados. En respuesta a ello, los países socios se comprometieron a definir indicadores claros, mejorar la disponibilidad de datos e integrar estos marcos de forma más sistemática en los procesos nacionales generales de planificación y monitoreo. La necesidad de este tipo de iniciativas específicas quedó documentada en Bangladesh, Burkina Faso, Camboya, Filipinas, Gambia, Honduras, Mozambique, Nigeria, la República Dominicana, Sierra Leona, Somalia, Uganda y Zambia. Por ejemplo, en Uganda, el Gobierno se comprometió a establecer un marco conjunto de rendición de cuentas y resultados como piedra angular de su arquitectura nacional de colaboración. El objetivo es establecer un mecanismo transparente y sistemático de seguimiento de los compromisos, fortalecer la rendición de cuentas mutua y consolidar el papel del Gobierno, los socios para el desarrollo, la sociedad civil y el sector privado a la hora de impulsar la eficacia del desarrollo. Se puede obtener más información al respecto en la sección dedicada a Uganda en el Capítulo 8.

A su vez, los socios para el desarrollo de la mayoría de los países en los que se mantuvo un diálogo acordaron mejorar la armonización con los marcos de resultados nacionales durante el diseño y la ejecución de sus intervenciones. Durante los diálogos, los socios para el desarrollo hicieron hincapié en que unos indicadores más claros, una mayor disponibilidad de datos y unos sistemas nacionales de monitoreo más sólidos les facilitarían recurrir a estos marcos nacionales para el diseño de proyectos y la presentación de información. En Nigeria, por ejemplo, las partes interesadas convinieron que, para 2027, al menos el 80 % de los indicadores de los proyectos de los socios para el desarrollo deberían basarse en marcos nacionales de resultados. Este compromiso responde de manera directa a las conclusiones del ejercicio de monitoreo realizado en el país, según las cuales, aunque en la actualidad los objetivos de los proyectos de casi todos los socios para el desarrollo están alineados con los objetivos nacionales, solo una proporción mucho menor de los indicadores subyacentes lo está. El propósito de alcanzar esta meta es conectar de forma sistemática los programas de los socios para el desarrollo con los sistemas nacionales y reducir la proliferación de marcos paralelos de presentación de información. Se pueden obtener más detalles al respecto en la sección dedicada a Nigeria en el Capítulo 8.

En general, los resultados del diálogo apuntan a un nuevo énfasis en el refuerzo de los marcos nacionales de planificación y de resultados como punto de referencia central en la cooperación al desarrollo. En última instancia, una actuación coordinada tanto de los gobiernos de los países socios como de los socios para el desarrollo puede impulsar una mejora significativa. Al aumentar el uso de indicadores definidos por los propios países, las partes interesadas pretenden minimizar la existencia de marcos paralelos y armonizar plenamente los programas de los socios para el desarrollo con las prioridades nacionales en materia de desarrollo sostenible.

Ámbito clave 2: Mejora de los sistemas estadísticos nacionales, los SGI y la transparencia en la cooperación al desarrollo

Durante los procesos de reflexión, diálogo y acción, se identificó como prioridad transversal la necesidad de solventar las deficiencias tanto de los sistemas estadísticos nacionales como de los sistemas de gestión de la información (SGI) con el fin de mejorar la transparencia general. Este planteamiento refleja los resultados del monitoreo expuestos en el Capítulo 3, que ponen de manifiesto la persistencia de deficiencias en los datos, la calidad desigual de las estadísticas nacionales y la infrautilización de las plataformas de gestión de la información. Aunque los sistemas nacionales de estadística y de gestión de la información funcionan como marcos independientes y diferenciados, las partes interesadas los trataron de forma sistemática como retos interrelacionados, ya que una arquitectura de la información sólida que proporcione datos fiables, oportunos y desglosados constituye la base de la rendición de cuentas, la transparencia y la coordinación eficaz de la cooperación al desarrollo. Por ejemplo, en Sierra Leona, las deficiencias en la puntualidad de los datos sobre la financiación externa han condicionado históricamente la capacidad de presupuestación del Gobierno. A fin de resolver esta situación, los socios para el desarrollo acordaron facilitar con periodicidad al Gobierno datos exhaustivos sobre la cooperación, de modo que se facilite su inclusión directa en los presupuestos nacionales y los ciclos de presentación de información (véase la sección dedicada a Sierra Leona en el Capítulo 8). Además, en muchos de estos países, los participantes en el diálogo coincidieron en general en que la escasez de datos desglosados limita los esfuerzos por llegar a las poblaciones marginadas, mientras que la debilidad de los SGI dificulta el seguimiento integral de los flujos financieros. Por consiguiente, los participantes hicieron especial hincapié en la necesidad de mejorar la presentación sistemática de información y la divulgación pública de los datos sobre el desarrollo en ambos sistemas.

Los socios para el desarrollo señalaron que la percepción de que los datos nacionales no eran actuales ni adecuados para la supervisión de intervenciones específicas, así como su necesidad de contar con indicadores estandarizados y marcos de resultados específicos de cada programa, eran factores que afectaban a su uso de los datos nacionales. En varios casos, los acuerdos también tenían como objetivo expreso mejorar la disponibilidad de datos sobre otras poblaciones vulnerables o marginadas. Los debates celebrados durante el diálogo multilateral de Indonesia, por ejemplo, enfatizaron que el uso de los sistemas estadísticos nacionales sigue siendo escaso, ya que los socios para el desarrollo suelen recurrir a plantillas propias de los donantes, datos generados por contratistas o marcos de resultados globales, en lugar de recurrir a fuentes de datos nacionales.

A fin de subsanar las deficiencias críticas de datos, numerosos gobiernos de los países socios se comprometieron a reforzar sus sistemas estadísticos nacionales. Se acordaron medidas específicas en Bangladesh, Camboya, Filipinas, Gambia, Honduras, Indonesia, Lesoto, Mozambique, Nigeria, Pakistán, la República Democrática del Congo, la República Democrática Popular Lao, la República Dominicana, Somalia y Zambia. La mayoría de estos compromisos buscan mejorar la disponibilidad y el uso de datos desglosados y, sobre todo, animar tanto a los gobiernos de los países socios como a los socios para el desarrollo a que aumenten el uso de datos desglosados por género en los procesos de planificación, presupuestación, evaluación de proyectos y toma de decisiones. Por ejemplo, en Filipinas, el Gobierno convino adoptar un amplio conjunto de medidas de refuerzo del sistema estadístico nacional. Entre ellas se incluyen la mejora de la interoperabilidad entre los sistemas estadísticos oficiales, los sistemas administrativos sectoriales y las plataformas de datos subnacionales; la incorporación generalizada del desglose de datos (por ejemplo, por sexo, edad, ubicación geográfica y otras características pertinentes) mediante métodos como el sistema de vigilancia Comunitaria2, los registros y las fuentes de datos administrativos; y la integración de indicadores desglosados en los marcos de planificación y monitoreo. Estas medidas pretenden fundamentar mejor las iniciativas de establecimiento de prioridades y mejorar el seguimiento de los resultados de desarrollo en los distintos grupos de población y lugares.

Como muestra de un planteamiento integral respecto a la reforma en materia de datos, un país socio se comprometió a elaborar y aplicar una sólida estrategia nacional de datos. En Nigeria, el Gobierno se ha comprometido a elaborar una estrategia nacional de datos cuyo objetivo es aumentar la cobertura de datos desglosados en las estadísticas nacionales del 17 % al 60 % para 2028. Consciente de que unos sistemas de datos más sólidos producen mejores resultados en las políticas, el Gobierno también acordó actualizar su estrategia nacional de desarrollo (2026-2030) con objetivos desglosados para todos los grupos vulnerables. Estas medidas constituyen una respuesta directa a las conclusiones extraídas del monitoreo realizado en el país, que indican que los socios para el desarrollo suelen pasar por alto los indicadores nacionales debido a las deficiencias en la calidad y la puntualidad de los datos. Además, el Gobierno se comprometió a aplicar plenamente la presupuestación con enfoque de género con vistas a cumplir los criterios del indicador 5.c.1 de los ODS mediante la introducción de sistemas de seguimiento y divulgación de las asignaciones presupuestarias a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (Capítulo 4).

Por su parte, se recomendó a los socios para el desarrollo en diversos contextos, o estos se comprometieron de forma expresa, a recurrir en mayor medida a los datos gubernamentales para el diseño de los proyectos, el monitoreo y la presentación de información. Los socios para el desarrollo de Bangladesh, Bután, Camboya, Filipinas, Mozambique, la República Dominicana y Uganda han firmado acuerdos que permitirán integrar mejor las estadísticas nacionales en los flujos de trabajo de sus programas. Por ejemplo, en la República Dominicana, el Gobierno señala que, aunque se dispone de datos del sistema estadístico nacional para la mayoría de los indicadores de resultados, solo el 62 % de ellos relativos a las intervenciones de los socios para el desarrollo se supervisan utilizando esos datos. A raíz de estos resultados, los socios para el desarrollo del país se comprometieron a aumentar su uso de los datos gubernamentales a la hora de diseñar sus intervenciones de desarrollo, así como a reforzar las capacidades nacionales de elaboración de estadísticas y evaluación de planes, políticas y proyectos. El compromiso de aumentar el uso de los datos públicos responde de manera directa a las conclusiones del monitoreo, que muestran que los socios para el desarrollo suelen recurrir por defecto a sus propios indicadores y fuentes de datos cuando los sistemas estadísticos nacionales o los marcos de resultados parecen incompletos. Se puede obtener más información al respecto en la sección dedicada a la República Dominicana en el Capítulo 8.

Conscientes de que disponer de información exhaustiva sobre la cooperación al desarrollo propicia una mejor planificación y la participación ciudadana, todos los países socios que acogieron los diálogos convinieron adoptar medidas de mejora de sus SGI. Se acordaron diversas medidas que abarcaban un amplio espectro operacional. En Filipinas, Indonesia, Nepal y Nigeria, los gobiernos de los países socios se han comprometido a estandarizar los formatos con el fin de garantizar que los datos de los SGI sean compatibles con los sistemas nacionales de gestión de las finanzas públicas (GFP). Otras iniciativas se centraron en ampliar las fuentes de datos; por ejemplo, las partes interesadas de Filipinas, Nigeria y Zambia resolvieron integrar en sus sistemas los parámetros de los planes nacionales de desarrollo, los indicadores de los ODS y los datos subnacionales. Honduras se comprometió a incorporar datos transversales sobre el clima, el género y las poblaciones marginadas, mientras que la República Dominicana acordó ampliar el alcance de su sistema nacional (SINACID) con vistas a incluir todos los flujos y actores de la cooperación. En el marco de una importante actualización de los sistemas, las partes interesadas de Nepal acordaron adoptar un nuevo sistema de gestión de la información sobre la financiación del desarrollo que refleje mejor la evolución de su panorama financiero. El anterior sistema de gestión de la información llevaba en funcionamiento desde 2009, con el apoyo del PNUD, Dinamarca (DANIDA) y el Reino Unido (DfID), y era necesario actualizarlo para que se ajustara a las normas vigentes en materia de comunicación de datos. La plataforma renovada lleva en funcionamiento desde principios de 2025. Introduce herramientas analíticas avanzadas y tiene por objeto reforzar la capacidad del Gobierno de informar de forma transparente al público sobre la cooperación al desarrollo.

Con el fin de garantizar una rendición de cuentas sostenida sobre los resultados de desarrollo, los participantes multilaterales en diversos diálogos acordaron medidas destinadas a mejorar de forma sistemática la divulgación pública y la presentación regular de información sobre la cooperación al desarrollo. Dado que la transparencia es un requisito previo al control parlamentario y la supervisión ciudadana, los participantes de 14 países (Bangladesh, Bután, Camboya, Colombia, Filipinas, Gambia, Honduras, Indonesia, Lesoto, Nigeria, la República Democrática del Congo, la República Dominicana, Somalia y Zambia) se comprometieron a elaborar informes periódicos y de acceso público, tanto en formato impreso como digital. En Nigeria, el Gobierno, los socios para el desarrollo y los actores no estatales han acordado cumplir al 100 % con la presentación trimestral de datos al sistema nacional de gestión de la información. Esta iniciativa utilizará datos contrastados del tablero de mando de la cooperación al desarrollo de Nigeria y de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) a la hora de publicar informes anuales exhaustivos. Además, los gobiernos de los países socios de Burkina Faso, Camboya, Filipinas, Honduras, Nigeria y la República Democrática Popular Lao se comprometieron a mejorar los sistemas nacionales de información con miras a promover la creación de herramientas de visualización digital que mejoren la accesibilidad pública.

A fin de mantener estas mejoras sistémicas, muchos de los participantes en el diálogo también se comprometieron a reforzar las capacidades técnicas necesarias para una gestión eficaz de los datos. A nivel gubernamental, esto implica mejorar las competencias básicas en materia de introducción y validación de datos, al tiempo que se potencian las capacidades analíticas de los socios para el desarrollo y los actores no estatales. En Bután, Burkina Faso, Camboya, Filipinas, Gambia, Honduras, Indonesia, Lesoto, Nigeria, Pakistán, la República Democrática Popular Lao, la República Dominicana, Sierra Leona y Uganda se debatió la consolidación de las capacidades en materia de datos. Por ejemplo, en Camboya, debido a que las conclusiones del monitoreo determinaron que los sistemas de GFP del país podían responder mejor a las cuestiones de género, el Gobierno se comprometió a desarrollar la capacidad interinstitucional que facilite el seguimiento presupuestario desglosado por género, mientras que los socios para el desarrollo acordaron apoyar la planificación descentralizada mediante la formación de los funcionarios provinciales en el uso de estos datos para el diseño de programas.

En conjunto, los resultados del diálogo ponen de relieve la importancia de contar con sistemas nacionales de datos más sólidos y de una mayor transparencia en la cooperación al desarrollo. Mejorar la disponibilidad, la elaboración de informes y la divulgación pública de la información sobre la cooperación al desarrollo puede ayudar a los gobiernos a planificar mejor sus intervenciones, medir los avances hacia las prioridades nacionales y supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos, al tiempo que se promueve el control parlamentario, la supervisión ciudadana y la confianza entre las partes interesadas en el ámbito del desarrollo.

Ámbito clave 3: Aumento de la previsibilidad y la integración presupuestaria

Subsanar las deficiencias persistentes en cuanto a la previsibilidad y la inclusión de los recursos destinados a la cooperación al desarrollo en los presupuestos nacionales se reveló como una prioridad crucial en la mayoría de los diálogos de acción. Los participantes de 16 países socios (Bangladesh, Burkina Faso, Camboya, Filipinas, Gambia, Honduras, Indonesia, Nigeria, Pakistán, la República Democrática del Congo, la República Democrática Popular Lao, la República Dominicana, Sierra Leona, Somalia, Uganda y Zambia) debatieron medidas específicas dirigidas a mejorar la previsibilidad, integrar los recursos en la planificación y los presupuestos nacionales y reforzar la función de supervisión de los parlamentos en estos procesos. Como se detalla en el Capítulo 3, dedicado al uso de los sistemas de gestión de las finanzas públicas, y en el Capítulo 4, sobre la elaboración de presupuestos, estos análisis responden a las conclusiones del ejercicio de monitoreo, que evidencian una falta de progreso en la previsibilidad a medio plazo, la disminución del porcentaje de cooperación al desarrollo consignada en los presupuestos nacionales y una supervisión parlamentaria reducida. Sin una mayor previsibilidad a medio plazo de la financiación, los gobiernos de los países socios padecen restricciones esenciales en su capacidad de planificar, asignar y rendir cuentas con eficacia respecto a los recursos destinados al desarrollo.

A fin de resolver las limitaciones sistémicas que afectan a la planificación fiscal, los socios del desarrollo acordaron medidas encaminadas a aumentar la previsibilidad a medio plazo de la financiación para el desarrollo. Los socios para el desarrollo de Camboya, Filipinas, Gambia, Nigeria, Pakistán, la República Democrática del Congo, la República Democrática Popular Lao, la República Dominicana, Uganda y Zambia asumieron compromisos centrados sobre todo en compartir sus planes de gasto a corto y medio plazo de forma más exhaustiva y frecuente. En Sierra Leona, por ejemplo, el Gobierno y los socios para el desarrollo convinieron mejorar la previsibilidad garantizando que la financiación de los socios se supervise con precisión a través de los SGI y se refleje con claridad en el presupuesto nacional. Este compromiso responde a la escasa previsibilidad a medio plazo de la financiación para el desarrollo en el país, dado que hasta ahora solo una minoría de socios había presentado planes de gasto a medio plazo, y aprovecha el uso generalizado de los SGI nacionales existentes a la hora de informar sobre los flujos de cooperación al desarrollo.

Con el fin de animar a los socios para el desarrollo a que hagan más previsible la financiación y sus planes de gastos, los gobiernos de 11 países se comprometieron a consignar un mayor porcentaje de los flujos de cooperación al desarrollo directamente en sus presupuestos nacionales (Bután, Filipinas, Honduras, Indonesia, Nigeria, Pakistán, la República Democrática Popular Lao, la República Dominicana, Sierra Leona, Uganda y Zambia). Estos gobiernos también acordaron fortalecer la supervisión parlamentaria de la cooperación al desarrollo. Estas medidas tienen por objeto garantizar que los socios para el desarrollo informen con regularidad sobre los desembolsos y los planes de previsión de gastos a través de los sistemas gubernamentales, lo que contribuye de manera directa a la publicación de informes consolidados para su examen parlamentario. Por ejemplo, en el momento de realizarse el ejercicio de monitoreo, los resultados específicos de Zambia revelaron que el Gobierno solo había recibido planes de previsión de gastos a medio plazo de una cuarta parte de sus socios para el desarrollo, lo que pone de manifiesto una grave falta de previsibilidad a medio plazo (el promedio de todos los países es de en torno a la mitad de todos los socios para el desarrollo que proporcionan planes de previsión de gastos). A raíz de estas conclusiones, durante la fase de reflexión, diálogo y acción llevada a cabo en Zambia, los socios para el desarrollo se comprometieron explícitamente a compartir con el Gobierno sus previsiones de gasto a medio plazo. Al mismo tiempo, el Gobierno de Zambia acordó incorporar estas previsiones al presupuesto nacional y presentar al Parlamento un informe anual consolidado sobre la cooperación al desarrollo. Estos compromisos recíprocos marcan una vía concreta y orientada a la acción que permitirá al Gobierno de Zambia planificar mejor las actividades de desarrollo y asignar los recursos, además de ofrecer una mayor transparencia a la ciudadanía al incluir en el presupuesto nacional los recursos previstos para la cooperación al desarrollo (véase la sección sobre Zambia en el Capítulo 8). En definitiva, los resultados del diálogo subrayan que superar las dificultades persistentes relacionadas con la previsibilidad y la integración presupuestaria exige una actuación sostenida, coordinada y recíproca.

Ámbito clave 4: Incremento del recurso a los sistemas de gestión de las finanzas públicas (GFP)

Abordar el uso desigual de los sistemas nacionales de GFP se reveló como otra prioridad fundamental durante los diálogos nacionales sobre los resultados del monitoreo. Hace poco, en 2025, los países socios y los socios para el desarrollo consensuaron el Compromiso de Sevilla (UN DESA, 2025[2]), en el que se renovó la determinación de reforzar los sistemas nacionales existentes en lugar de crear otros paralelos. Reforzar dichos sistemas nacionales recurriendo a ellos, en vez de perpetuar el uso de los sistemas de los socios para el desarrollo, puede afianzar la apropiación nacional (Knack, 2013[3]). Por otra parte, el escaso uso de los marcos nacionales de adquisiciones/contrataciones públicas, presupuestación y presentación de información sigue fomentando la fragmentación, perpetuando los mecanismos de ejecución paralelos y aumentando los costos de transacción para los gobiernos de los países socios. A fin de sortear estas dificultades, los gobiernos de los países socios y los socios para el desarrollo de 15 países (Bangladesh, Bután, Camboya, Filipinas, Gambia, Honduras, Indonesia, Lesoto, Mozambique, Nigeria, la República Democrática del Congo, la República Dominicana, Sierra Leona, Uganda y Yemen) acordaron medidas dirigidas a reforzar el uso de los sistemas nacionales de GFP en las adquisiciones/contrataciones públicas, la contabilidad, los desembolsos, la presentación de informes y la auditoría de los recursos destinados a la cooperación para el desarrollo.

Con vistas a reforzar y utilizar los sistemas de GFP, las partes interesadas negociaron compromisos recíprocos adaptados a sus contextos institucionales concretos. En Camboya, Lesoto, Mozambique, Nigeria y Sierra Leona, los gobiernos de los países socios instaron expresamente a los socios para el desarrollo a que aumentaran el uso de los sistemas de GFP existentes. En algunos países, esto forma parte de un diálogo que se viene manteniendo desde hace tiempo con el fin de animar a los socios para el desarrollo a utilizar los sistemas nacionales. Por ejemplo, en 2019, Nigeria puso en marcha importantes reformas mediante la ampliación de la cobertura del presupuesto federal para que incluyera tanto los proyectos financiados por los socios para el desarrollo como los ingresos y gastos de las nueve mayores empresas públicas. Este cambio de política tenía por objeto mejorar la transparencia y la supervisión subsanando las deficiencias existentes en la cobertura presupuestaria y garantizando que las contribuciones de los socios para el desarrollo y las principales entidades públicas quedaran reflejadas de forma más exhaustiva en la información financiera del Gobierno (PEFA, 2019[4]). Desde entonces, se ha logrado una mejora significativa en el uso de los sistemas de GFP por parte de los socios para el desarrollo en Nigeria, que ha pasado del 28 % en 2018 al 56 % en la ronda de monitoreo 2023-2026. En otros países, entre ellos Filipinas, Honduras, Indonesia, la República Dominicana y Uganda, los gobiernos de los países socios se comprometieron a reforzar de forma proactiva sus sistemas de GFP, al tiempo que los socios para el desarrollo manifestaron su disposición a ampliar su uso en los procesos de adquisiciones/contrataciones públicas y presupuestación.

El diálogo en Uganda es un ejemplo de un enfoque recíproco que puede resultar útil para superar las barreras persistentes que dificultan el uso del sistema de GFP. A raíz de las conclusiones extraídas del monitoreo realizado en el país que señaló un uso reducido y cada vez menor de los sistemas de GFP de Uganda, a menudo atribuido a la preocupación por la capacidad de absorción de las instituciones nacionales, el Gobierno acordó adoptar medidas concretas de refuerzo de sus sistemas de GFP. Sin embargo, los socios para el desarrollo en Uganda señalaron como obstáculos persistentes las restricciones procedimentales internas y una preferencia institucional general por utilizar sus propios sistemas, lo que sugiere que un avance significativo depende tanto de los ajustes en las políticas internas de los socios para el desarrollo como de la consolidación de los sistemas de los países socios. No obstante, en respuesta a la determinación del Gobierno de Uganda de reforzar sus sistemas de GFP, los socios para el desarrollo se comprometieron a recurrir en mayor medida a los procedimientos gubernamentales de adquisiciones/contrataciones públicas y presupuestación. Este ejemplo evidencia que los compromisos recíprocos asumidos durante la fase de reflexión, diálogo y acción brindan tanto al gobierno del país socio como a los socios para el desarrollo la oportunidad de analizar los obstáculos que impiden el progreso y encontrar posibles medidas para alcanzar una solución. En este ámbito, en el que resulta especialmente difícil prosperar, la rendición de cuentas mutua y el seguimiento conjunto de los avances serán fundamentales.

En contextos frágiles, en los que el uso de los sistemas nacionales puede encontrar una mayor resistencia, los diálogos se centraron en medidas esenciales y preventivas que permitan restablecer poco a poco la confianza institucional. Por ejemplo, los resultados concretos de Yemen indicaban que los socios para el desarrollo no utilizaban en absoluto los sistemas nacionales de GFP, un dato contundente, aunque característico de la fragilidad extrema. La grave preocupación respecto a la capacidad de absorción de los sistemas nacionales, agudizada por los elevados riesgos políticos y de reputación, junto con las estrictas restricciones procedimentales impuestas por los socios para el desarrollo, han asentado el uso de mecanismos de ejecución paralelos. Con el objetivo de restablecer y reforzar la apropiación nacional a pesar de estas serias dificultades, y con el respaldo de los socios para el desarrollo, el Gobierno de Yemen dio prioridad a su reintegración en el Grupo de Socios de Yemen, un órgano de coordinación que anteriormente se había reunido sin su participación directa. Al mismo tiempo, el Gobierno del país socio acordó solicitar apoyo técnico a las instituciones financieras internacionales para reconstruir de forma sistemática sus capacidades en materia de GFP con el fin de reforzar, en última instancia, la función de supervisión del Estado en la cooperación al desarrollo (véase la sección sobre Yemen en el Capítulo 8).

En este sentido, los debates en torno a la desvinculación de la ayuda siguen siendo un tema muy delicado, lo que refleja las complejas presiones geopolíticas que, en la actualidad, impiden alcanzar un amplio consenso sobre este compromiso de larga data en materia de eficacia. A este tema, que guarda una estrecha relación con el uso de los sistemas nacionales de adquisiciones/contrataciones públicas, solo se le concedió prioridad oficial en Bangladesh, Filipinas y la República Dominicana. No está claro si el hecho de que tan pocos países hayan abordado este debate se debe a que no es una prioridad o a que los obstáculos que impiden el cambio (reales o aparentes) son demasiado importantes por el momento. Al margen de los diálogos formales, algunos socios bilaterales de desarrollo señalaron con franqueza la creciente presión que reciben de sus grupos de interés nacionales para que demuestren beneficios económicos tangibles derivados de la AOD, como la adjudicación de contratos a empresas de propiedad nacional, al tiempo que se garantiza que la cooperación al desarrollo no entra en conflicto con los objetivos generales de la política exterior y económica. Además, se apuntó que las adquisiciones/contrataciones públicas sin restricciones conllevan el riesgo político de que los contratos se adjudiquen a empresas muy competitivas de terceros países que no se ajustan a los intereses estratégicos del socio para el desarrollo, lo que podría provocar una reacción nacional negativa. Por el contrario, otros socios para el desarrollo destacaron que la falta de ayuda desligada constituye un obstáculo fundamental para una cooperación al desarrollo más eficaz que, de eliminarse, podría favorecer una transición gradual hacia un desarrollo sostenible asumido y liderado por el propio país socio. Superar estas dificultades y lograr una mayor ayuda desligada exige un diálogo constante y matizado. En Filipinas, por ejemplo, los socios para el desarrollo y el Gobierno se comprometieron a adoptar diversas medidas a este respecto. El Departamento de Finanzas de Filipinas está estudiando medidas de aumento de la transparencia en la selección de socios y los acuerdos de financiación que permitan aclarar si la financiación está vinculada a proveedores específicos. Además, los diálogos con las partes interesadas han puesto de relieve la importancia de abrir las adquisiciones/contrataciones públicas financiadas con la AOD a los proveedores locales siempre que sea posible, lo que también implicaría que el Gobierno realizara un seguimiento del porcentaje de ayuda desligada a través de los sistemas nacionales de monitoreo de la AOD.

En conjunto, los resultados del diálogo reflejan un esfuerzo concertado y compartido por aumentar poco a poco el recurso a los sistemas nacionales de gestión de las finanzas públicas, al tiempo que se abordan con pragmatismo los obstáculos que limitan su uso. Los compromisos negociados dejan claro que, para lograr avances significativos, es necesario adoptar un enfoque dual: los gobiernos de los países socios deben seguir reforzando sus sistemas nacionales, mientras que los socios para el desarrollo deben ajustar al mismo tiempo las políticas internas que en la actualidad fomentan la utilización de mecanismos de ejecución paralelos. Esto incluye reducir el uso de los sistemas de gestión financiera de los socios para el desarrollo que se sitúen al margen de los marcos nacionales de gestión de las finanzas públicas, así como la gestión de fondos fuera del presupuesto nacional, el uso de procedimientos contables y de auditoría independientes y la presentación de informes financieros específicos por proyecto que no estén integrados en los sistemas gubernamentales. Tal y como se ha analizado en el Capítulo 3, los resultados de la Alianza Global indican que el refuerzo de los sistemas de GFP no se traduce en un aumento lineal del uso de los sistemas nacionales por parte de los socios para el desarrollo. En definitiva, estos diálogos nacionales sobre los resultados del monitoreo tienen por objeto iniciar o continuar el debate sobre el uso de los sistemas de GFP. El diálogo, y las medidas que de él se deriven, brindan la oportunidad de salvar la distancia entre los retos operativos persistentes y el objetivo general de incrementar la apropiación nacional y avanzar hacia un desarrollo sostenible impulsado por los propios países.

Ámbito clave 5: Fomento y mejora de la participación de los actores no estatales

Aunque la participación de las partes interesadas en la planificación del desarrollo está extendida, la calidad, la inclusividad y la institucionalización de dicha participación continúan siendo muy desiguales según el contexto de cada país. Como se destaca en el Capítulo 2, dedicado al enfoque que abarca a toda la sociedad sin dejar a nadie atrás, las deficiencias en cuanto a la consulta significativa, las restricciones al espacio cívico y la escasa implicación de los colectivos vulnerables suponen obstáculos importantes para una cooperación al desarrollo eficaz. Este reto se plantea en un contexto marcado por una preocupante tendencia mundial hacia la reducción del espacio cívico (CIVICUS, 2025[5]). A partir de estas conclusiones, los participantes en el diálogo señalaron que una colaboración irregular con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), el sector privado, el mundo académico, los sindicatos y los gobiernos locales socava el carácter integral de la planificación nacional del desarrollo. Las alianzas inclusivas son fundamentales en el logro de un desarrollo sostenible a escala mundial, ya que movilizan los recursos, los conocimientos y las capacidades de diversos actores y reconocen las funciones complementarias que desempeñan en la consecución de objetivos comunes. Al reunir a una pluralidad de actores y perspectivas, las alianzas inclusivas pueden contribuir a garantizar que las iniciativas de desarrollo se adapten mejor a los contextos y las necesidades locales. Las partes interesadas señalaron que la escasa participación de diversos actores va en contra del enfoque inclusivo que abarca a toda la sociedad, acordado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (UN, 2015[6]). Además, puede hacer que la cooperación al desarrollo no llegue a los lugares o sectores donde más se necesita. Al mismo tiempo, la participación de un abanico más amplio de actores puede introducir una complejidad adicional, sobre todo en contextos caracterizados por desequilibrios de poder, un espacio cívico cada vez más reducido o instituciones frágiles, lo que exige encontrar un delicado equilibrio entre la apropiación nacional y la inclusividad. A fin de resolver esta cuestión, las partes interesadas adoptaron cinco grandes tipos de medidas durante la fase de reflexión, diálogo y acción.

En primer lugar, varios gobiernos de países socios se comprometieron a crear nuevas plataformas de coordinación inclusivas, diseñadas para fomentar el diálogo sistemático y el intercambio de información entre los actores estatales y no estatales. En Gambia, Honduras, Indonesia, Mozambique, Nigeria, Pakistán, Somalia, Uganda y Zambia, las partes interesadas reconocieron que las plataformas específicas en las que participan múltiples partes interesadas son esenciales en la planificación coherente del desarrollo. En Nigeria, por ejemplo, las partes interesadas acordaron celebrar una mesa redonda anual entre las OSC, el Gobierno y los socios para el desarrollo con el fin de fomentar la confianza y definir juntos las políticas, además de un foro multilateral de desarrollo bianual. Este foro tiene como objetivo reunir a representantes del Gobierno, el Parlamento, la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y las comunidades con el fin de codiseñar soluciones a las prioridades de desarrollo, lo que refleja un esfuerzo más amplio por institucionalizar un diálogo habitual en los marcos nacionales de toma de decisiones.

En segundo lugar, aparte de la creación de nuevas plataformas, algunos gobiernos de los países socios se comprometieron a ampliar la diversidad de los grupos de interés que participan activamente en los mecanismos de coordinación existentes. En Bangladesh, Burkina Faso, Camboya, Colombia, Honduras, la República Democrática Popular Lao y la República Dominicana estos compromisos reflejan un panorama de desarrollo en constante evolución, en el que los resultados sostenibles dependen cada vez más de diversos actores y fuentes de financiación más allá de la cooperación al desarrollo tradicional. Cabe destacar también que se observó una creciente atención a la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo, como demuestra el gran interés suscitado por la Evaluación de los Principios de Kampala, de carácter opcional, realizada en la cuarta ronda de monitoreo de la Alianza Global3. En la República Dominicana, el Gobierno y los socios para el desarrollo convinieron promover una mayor participación de la sociedad civil, las empresas, el mundo académico, los gobiernos locales y los representantes de los colectivos vulnerables en los procesos de fijación de prioridades y de rendición de cuentas mutua. Además, las partes interesadas de Camboya, Filipinas y la República Dominicana se centraron en involucrar a organizaciones que representan a poblaciones marginadas, y el Gobierno de Camboya se comprometió a integrar sus recomendaciones en las estrategias nacionales. Con el fin de mejorar de forma sistemática la colaboración con el sector privado, en Burkina Faso el Gobierno acordó reforzar la participación de las empresas en los marcos de diálogo sectorial, mientras que el Gobierno de la República Democrática Popular Lao se comprometió a revitalizar mecanismos de consulta como el Foro Empresarial Laosiano para involucrar al sector privado en una fase más temprana de la formulación de políticas. Del mismo modo, los participantes en el diálogo celebrado en Camboya hicieron hincapié en la importancia de involucrar a los actores del sector privado, junto con los socios para el desarrollo y la sociedad civil, con el fin de armonizar mejor las inversiones privadas con las prioridades nacionales.

En tercer lugar, las partes interesadas de más de la mitad de los países participantes destacaron que las estructuras formales deben traducirse en una colaboración más significativa y sustantiva de los actores no estatales. En Bangladesh, Bután, Camboya, Colombia, Filipinas, Gambia, Honduras, Indonesia, Lesoto, Mozambique, Nigeria, la República Democrática del Congo, la República Dominicana, Somalia, Uganda y Yemen los participantes en el diálogo enfatizaron que no basta con crear plataformas de diálogo. Una participación significativa requiere ir más allá de las consultas superficiales para que las partes interesadas, en particular las OSC; puedan contribuir activamente al establecimiento de prioridades, a la aplicación y al monitoreo a lo largo de todo el ciclo de las políticas. Este tipo de participación ayuda a garantizar que las plataformas de diálogo funcionen, no solo como espacios de coordinación, sino también como mecanismos de rendición de cuentas e influencia en las políticas. En Filipinas, por ejemplo, el Gobierno acordó armonizar los mecanismos de participación de las distintas partes interesadas en todas las instancias gubernamentales con el fin de promover la participación segura e inclusiva de las organizaciones de base que representan a los colectivos marginados. Esta reforma tiene por objeto integrar de forma sistemática las perspectivas de la comunidad en la formulación de políticas, al tiempo que se refuerza un entorno que favorezca la representación de la sociedad civil. Esto se basa en la experiencia de Filipinas, que ya ha utilizado el enfoque del marco nacional de financiación integrado con vistas a organizar diálogos multilaterales sobre financiación, en los que la participación de las OSC ha contribuido a garantizar que las carencias de inversión en los ODS y las prioridades de las comunidades marginadas se tuvieran en cuenta a la hora de elaborar una hoja de ruta nacional para una financiación del desarrollo más eficaz (INFF Facility, 2024[7]). Asimismo, las partes interesadas de Indonesia destacaron la necesidad fundamental de involucrar con mayor regularidad a los actores no gubernamentales en los debates cotidianos sobre las políticas de desarrollo (véase la sección dedicada a Indonesia en el Capítulo 8).

En cuarto lugar, en las conclusiones de los diálogos se abordó con frecuencia la necesidad de contar con marcos normativos sólidos que regulen las organizaciones de la sociedad civil y las entidades del sector privado con el fin de facilitar su participación activa. Los participantes de Camboya, Filipinas, Honduras, Nigeria y Pakistán debatieron medidas encaminadas a armonizar y simplificar los marcos reguladores, incluidas las normas relativas al registro, las autorizaciones, la divulgación de información financiera y la gobernanza organizativa. En Nigeria, el Gobierno convino que llevaría a cabo junto con las OSC un examen del marco jurídico que las regula y animó a los socios para el desarrollo a invertir, como mínimo, el 20 % de su financiación destinada a la sociedad civil en organizaciones dirigidas por nigerianos de aquí a 2027 con el objetivo de potenciar el papel de los actores nacionales. De forma simultánea, se dio prioridad a las iniciativas de simplificación de los procedimientos que rigen la participación del sector privado en Filipinas y la República Democrática Popular Lao al reconocerse que la participación del sector privado requiere marcos reguladores previsibles. En la República Democrática Popular Lao, el Gobierno y los socios para el desarrollo acordaron agilizar los trámites administrativos con el fin de movilizar recursos del sector privado mediante modelos de financiación combinada4. En la República Dominicana y Honduras, los gobiernos de los países socios y los actores del sector privado concertaron promover las alianzas público-privadas y la ejecución conjunta de proyectos de desarrollo.

En quinto lugar, las partes interesadas que participaron en diversos diálogos priorizaron la mejora del acceso de la sociedad civil y los actores del sector privado a información esencial y a oportunidades concretas de colaboración. Los participantes en el diálogo de 15 países (Bangladesh, Camboya, Colombia, Filipinas, Gambia, Honduras, Indonesia, Nigeria, Pakistán, la República Democrática Popular Lao, la República Dominicana, Sierra Leona, Uganda, Yemen y Zambia) reconocieron expresamente el papel esencial que desempeñan las OSC en la cooperación al desarrollo en ámbitos como la prestación de servicios, el intercambio de conocimiento y la supervisión de dicha cooperación. Por ejemplo, conscientes de que los actores no estatales pueden realizar aportes valiosos en la creación conjunta de soluciones de desarrollo, los gobiernos de los países socios y los socios para el desarrollo de Filipinas y la República Democrática Popular Lao se comprometieron a mejorar la divulgación pública de las oportunidades de financiación. En otro caso, el Gobierno de la República Dominicana y las OSC se comprometieron a mejorar el acceso a los datos y los canales de información con el fin de garantizar la difusión oportuna de las convocatorias de proyectos. Durante la fase de reflexión, diálogo y acción, se acordó que esto se lograría mediante el fomento de una coordinación más estrecha con el Centro Nacional para la Promoción de las Organizaciones sin Fines de Lucro y la integración de la agenda de cooperación al desarrollo en los espacios de diálogo establecidos, como el Consejo Económico y Social y los mecanismos de la UE y las OSC.

En definitiva, los resultados de este diálogo reflejan la toma de conciencia sobre la necesidad de reforzar de manera sustancial el papel de los actores no estatales en los procesos de elaboración de políticas de desarrollo. Las cinco áreas analizadas en relación con la participación de toda la sociedad sugieren que reforzar la implicación de múltiples partes interesadas consiste tanto en garantizar que los mecanismos existentes permitan una participación y una influencia significativas en las decisiones como en crear nuevas plataformas. Aunque muchos países socios ya cuentan con plataformas formales de coordinación, los nuevos compromisos revelan la ambición de dar un giro deliberado hacia una participación más inclusiva, estructurada y significativa. Cuando diversos actores participan de forma sistemática en la definición de las prioridades, la ejecución y la supervisión, de modo que se eliminen los obstáculos normativos y se amplíe el acceso a la información, es más probable que la cooperación al desarrollo refleje las realidades locales, llegue a los colectivos desfavorecidos y se beneficie de una mayor rendición de cuentas nacional. Por lo tanto, integrar ese diálogo inclusivo en los sistemas nacionales de planificación y coordinación puede contribuir a que los principios de apropiación nacional y las alianzas inclusivas se traduzcan en una cooperación al desarrollo más eficaz y adaptada a las necesidades (Bhattacharya, Khan and Altaf, 2023[8]).

A fin de aumentar la eficacia de la cooperación al desarrollo también es necesario lograr una mayor coherencia en los marcos nacionales de finanzas públicas. En las cinco áreas descritas anteriormente se observa un patrón estructural común que los resultados del monitoreo por sí solos no explican del todo. Las deficiencias persistentes en materia de integración presupuestaria, el uso de la GFP, la armonización con los marcos nacionales y la rendición de cuentas mutua no se deben solo a fallos de coordinación entre los socios para el desarrollo y los gobiernos. Reflejan también un reto más profundo: en muchos países socios, los propios sistemas de finanzas públicas, que abarcan la movilización de ingresos, la gestión del gasto público y la deuda, siguen adoleciendo de fragmentación interna y de una armonización insuficiente con respecto a las prioridades nacionales de desarrollo. Cuando la política fiscal, la asignación de gastos y la gestión de la deuda se diseñan y gestionan de forma aislada, la incoherencia resultante encarece la consecución de los resultados de desarrollo y crea condiciones estructurales que llevan a los socios para el desarrollo a eludir los sistemas nacionales en lugar de recurrir a ellos. El Recuadro 7.2 presenta dos ejemplos de países (Indonesia y la República Democrática Popular Lao) en los que el aumento de la eficacia de los marcos nacionales de finanzas públicas resulta esencial en un contexto de transición macroeconómica.

Recuadro 7.2. Cómo influyen las transiciones macroeconómicas en los resultados del diálogo

En varios casos, los resultados de los diálogos se vieron determinados de manera estratégica por transiciones macroeconómicas más amplias en el panorama nacional de la financiación del desarrollo. En la República Democrática Popular Lao, por ejemplo, la fase de diálogo se desarrolló en el contexto de su inminente graduación de la categoría de país menos desarrollado. El debate y los documentos finales muestran una vinculación explícita entre las reformas en materia de eficacia con la necesidad de pasar de un modelo impulsado por la ayuda a un marco de financiación para el desarrollo sostenible más integrado y diversificado. Esta iniciativa incluye compromisos encaminados a reforzar la movilización de recursos nacionales, mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas, agilizar los procedimientos administrativos concernientes a la AOD y renovar los sistemas nacionales de monitoreo con el fin de gestionar combinaciones cada vez más complejas de financiación pública, privada y relacionada con el clima. En este contexto, los compromisos adquiridos en el marco del diálogo apuntan a un replanteamiento más amplio de la cooperación al desarrollo, en el que la AOD se concibe cada vez más como un recurso catalizador dentro del panorama general de la financiación para el desarrollo de los países socios.

Otro ejemplo es Indonesia, que, al ser un país de renta media-alta, depende menos de la financiación en condiciones favorables y más de la asistencia técnica, las alianzas para el intercambio de conocimiento y la inversión catalizadora. En este sentido, el diálogo puso de relieve que el papel cada vez más importante de Indonesia en la cooperación Sur-Sur y triangular aumenta las expectativas en cuanto a la solidez de los sistemas nacionales, la transparencia y la inclusividad. Por lo tanto, las reformas institucionales debatidas se centraron en abordar la fragmentación de las responsabilidades institucionales entre los distintos ministerios, reforzar los mecanismos de coordinación y formalizar los acuerdos de gestión de las subvenciones, entre otras vías a través de órganos interministeriales como el Grupo de Trabajo sobre Subvenciones y el Equipo Nacional de Coordinación para la Cooperación Sur-Sur y Triangular. Por consiguiente, los resultados del diálogo hacen hincapié en mejorar la coordinación, reforzar los sistemas de información y armonizar la cooperación al desarrollo con los sistemas y las prioridades nacionales.

En el Capítulo 8 se ofrece más información sobre las iniciativas de estos países.

7.3. Los países están institucionalizando los mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento

La traducción de las conclusiones del monitoreo en ajustes concretos de las políticas depende, en última instancia, de mecanismos fiables que permitan evaluar los avances y exigir responsabilidades a las partes interesadas. Si bien los procesos de diálogo ilustran cómo los países socios están empezando a adaptar sus prácticas de cooperación al desarrollo, la eficacia de estas reformas a largo plazo depende de una supervisión sólida y periódica. El marco de monitoreo de la Alianza Global supervisa la existencia de mecanismos nacionales de responsabilidad mutua como elemento esencial de una cooperación al desarrollo eficaz. Por lo tanto, en este apartado se analizan tanto los debates generales sobre la situación de estos mecanismos como las medidas concretas adoptadas con vistas a dar seguimiento a los compromisos asumidos durante la fase de reflexión, diálogo y acción. Al reunir a las partes interesadas para examinar los datos y acordar medidas prácticas, esta fase final del ejercicio de monitoreo constituye, por sí misma, una herramienta fundamental para la rendición de cuentas.

A fin de garantizar un impacto duradero, la rendición de cuentas respecto a los compromisos asumidos en materia de eficacia del desarrollo debe mantenerse mucho más allá de la fase de reflexión, diálogo y acción. Esta atención constante se articula en torno a dos dimensiones interrelacionadas, los mecanismos generales de rendición de cuentas que se han debatido durante los diálogos y aquellos específicos diseñados para hacer un seguimiento de los compromisos adquiridos. Tal y como se detalla en el Capítulo 8 del presente informe, los ajustes resultantes en las políticas indican que varios países socios han logrado pasar de la fase de reflexión a cambios concretos en las prácticas de presentación de informes, el uso de los sistemas y las dinámicas de coordinación. Aunque el alcance de estas reformas varía, numerosos gobiernos de los países socios han comenzado a integrar con mayor solidez los compromisos de eficacia en sus marcos nacionales de planificación, presupuestación y coordinación. Esta integración estructural refleja el objetivo general de institucionalizar los principios de la eficacia del desarrollo mucho más allá del ámbito del ciclo de monitoreo de la Alianza Global.

En los distintos contextos nacionales, las partes interesadas rinden cuentas de los compromisos en materia de eficacia del desarrollo mediante tres enfoques operativos distintos. En primer lugar, la rendición de cuentas se lleva a cabo de forma directa a través del diálogo, en el que los participantes revisan juntos los resultados del monitoreo y acuerdan las medidas correctoras durante la fase final. En segundo lugar, se mantiene mediante plazos de seguimiento, en los que los participantes se comprometen a examinar, informar y hacer un seguimiento periódico de las medidas acordadas, ampliando así la rendición de cuentas a lo largo del tiempo. En tercer lugar, se logra mediante la rendición de cuentas institucionalizada, que integra el examen de los compromisos de eficacia en los mecanismos de coordinación existentes o recurrentes, o en los marcos formales establecidos a tal efecto, con sus correspondientes funciones, indicadores y procedimientos definidos con el fin de evaluar los avances. Si bien la mayoría de los países socios han asumido con éxito compromisos en las dos primeras áreas, son menos los que han avanzado hacia mecanismos institucionales plenamente definidos, lo que indica que la formalización sigue siendo desigual en los distintos contextos de desarrollo.

El establecimiento o el refuerzo de los mecanismos formales de rendición de cuentas se reveló como una prioridad recurrente, en respuesta directa a las importantes deficiencias detectadas en los datos de monitoreo actuales. Tal y como se detalla en el Capítulo 5, el marco de monitoreo de la Alianza Global continúa evidenciando una prevalencia limitada de mecanismos sólidos de rendición de cuentas mutua. Esta prioridad refleja asimismo cambios generales en el panorama de la cooperación al desarrollo, en el que las estructuras tradicionales de coordinación de la ayuda están evolucionando con rapidez a fin de dar cabida a una gama más amplia de actores no estatales y fuentes de financiación más allá de la AOD (UN, Inter-agency Task Force on Financing for Development, 2024[9]). En muchos casos, la intención de crear nuevos mecanismos surge del reconocimiento compartido por los gobiernos de los países socios y los socios para el desarrollo de que los marcos normativos y los espacios de consulta existentes son, en la actualidad, insuficientes a la hora de garantizar un seguimiento sistemático, inclusivo y orientado a los resultados.

Aunque las partes interesadas de la mayoría de los países participantes manifestaron la firme voluntad de reforzar los mecanismos de rendición de cuentas mutua, el grado de formalización varía de manera considerable. Los participantes de Bangladesh, Camboya, Colombia, Filipinas, Gambia, Honduras, Indonesia, Mozambique, Nigeria, la República Democrática Popular Lao, la República Dominicana, Sierra Leona, Somalia, Uganda y Zambia se plantearon lograrlo mediante evaluaciones conjuntas, exámenes estratégicos o plataformas de coordinación mejoradas. Sin embargo, la mayoría de estos compromisos se reducen por el momento a acuerdos políticos o intenciones de futuro, en lugar de constituir mecanismos institucionales plenamente definidos. Una excepción destacada es Uganda, donde el Gobierno, los socios para el desarrollo, las OSC y el sector privado alcanzaron un acuerdo formal destinado a establecer un marco conjunto de rendición de cuentas y resultados. Este marco está diseñado con el fin de servir como principal mecanismo de coordinación y cuenta con funciones específicas para cada actor, indicadores detallados, valores de referencia y objetivos. Con ello, Uganda pretende establecer un mecanismo periódico, basado en los resultados, dedicado de forma expresa a evaluar los avances en los compromisos en materia de eficacia del desarrollo.

En lugar de crear estructuras nuevas por completo, las partes interesadas de algunos países socios acordaron hacer un seguimiento de los compromisos adquiridos durante el diálogo a través de mecanismos periódicos de coordinación de políticas ya definidos. En la República Dominicana, los resultados del diálogo y del seguimiento se integrarán en el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID), el marco de coordinación establecido en el país (GPEDC, 2026[10]), y contribuirán a su fortalecimiento. En la República Democrática Popular Lao, las estructuras de coordinación vigentes, en particular el proceso de mesas redondas y sus grupos de trabajo sectoriales asociados, se reafirman como el mecanismo central de diálogo y coordinación, y constituyen la base institucional en la que se espera que se lleve a cabo el seguimiento. En Honduras, se prevé que el seguimiento se realice en el marco de un foro nacional de coordinación de múltiples partes interesadas ya existente, que se utiliza para el diálogo de cooperación al desarrollo.

Con mayor profundidad que el presente análisis, el capítulo siguiente (Capítulo 8) ofrece un resumen por países de los procesos de reflexión, diálogo y acción emprendidos por aquellos que han completado dicho proceso hasta la fecha. En el resumen de cada país se describen las siguientes cuestiones: 1) cómo se organizó el proceso de diálogo; 2) las principales dificultades del país respecto a la eficacia; 3) los resultados y los compromisos orientados a la acción propuestos por los gobiernos y las partes interesadas en el desarrollo con el fin de resolver las dificultades identificadas; y 4) una referencia al mecanismo de seguimiento para supervisar los avances en la aplicación de los compromisos adquiridos.

Bibliografía

[8] Bhattacharya, D., T. Khan and N. Altaf (2023), Unpacking ’ownership’ in development co-operation effectiveness: Perspectives of Southern recipients, UNU-WIDER, Helsinki, https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2023/336-9.

[5] CIVICUS (2025), People Power Under Attack 2025 - A report based on data from the CIVICUS monitor, https://civicusmonitor.contentfiles.net/media/documents/GlobalFindings2022.pdf.

[10] GPEDC (2026), The Dominican Republic and its Partners Chart a Participatory Path Towards More Effective Development Co-operation, https://www.effectivecooperation.org/resources/dominican-republic-and-its-partners-chart-participatory-path-towards-more-effective.

[1] GPEDC (2022), 2022 Effective Development Co-operation Summit Declaration, https://effectivecooperation.org/Summitoutcomedocument.

[7] INFF Facility (2024), Making Finance Work for People and Planet: How countries are building their sustainable finance ecosystem through integrated national financing frameworks, https://www.undp.org/publications/making-finance-work-people-and-planet-how-countries-are-building-their-sustainable-finance-ecosystem-through-integrated-national.

[3] Knack, S. (2013), Building or Bypassing Recipient Country Systems: Are Donors Defying the Paris Declaration?, World Bank, http://econ.worldbank.org.

[4] PEFA (2019), Nigeria Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Performance Assessment Report, https://www.pefa.org/node/166.

[6] UN (2015), Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, https://sdgs.un.org/2030agenda.

[2] UN DESA (2025), Outcome Document of the Fourth International Conference on Financing for Development, https://financing.desa.un.org/sites/default/files/ffd4-documents/2025/Compromiso%20de%20Sevilla%20for%20action%2016%20June.pdf.

[9] UN, Inter-agency Task Force on Financing for Development (2024), Financing for Sustainable Development Report 2024: Financing for Development at a Crossroads, United Nations, https://doi.org/10.18356/9789213588635.

Notas

← 1.  Además de los 22 países que mantuvieron algún tipo de diálogo en el que participaron, en cierta medida, actores no estatales, en otro país más, Etiopía, se produjo un diálogo entre el Gobierno y los socios bilaterales y multilaterales de desarrollo. 

← 2.  Se trata de una herramienta de recopilación de datos nacionales que recaba datos desglosados de los hogares con el fin de contribuir al diseño, la ejecución y la supervisión de la repercusión de las iniciativas de reducción de la pobreza, dirigida por la Autoridad de Estadística de Filipinas.

← 3.  La Evaluación de los Principios de Kampala (EPK) es un proceso basado en datos que se ha incorporado al marco de monitoreo de la AGCED con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo. En la ronda de monitoreo 2023-2026, 25 de los 44 países socios participaron en ella. El Capítulo 6 de la Parte I del presente informe aporta más información sobre la participación del sector privado y la EPK.

← 4.  El término “financiación combinada” se refiere al “uso estratégico de la financiación del desarrollo para movilizar fondos adicionales hacia el desarrollo sostenible en los países en desarrollo”, en el que “fondos adicionales” alude principalmente a la financiación comercial (definición de la OCDE).