El marco de gobierno corporativo debe proporcionar incentivos para que las entidades propietarias y las empresas públicas tomen decisiones y gestionen sus riesgos de una manera que contribuya a la sostenibilidad y resiliencia de las empresas públicas y garantice la creación de valor a largo plazo. Cuando el estado tiene objetivos de sostenibilidad, en su calidad de propietario, debe establecer expectativas concretas y ambiciosas en materia de sostenibilidad para las empresas públicas, lo que incluye el papel del consejo de administración, la divulgación y la transparencia, y la conducta empresarial responsable. La política de propiedad debe reconocer plenamente las responsabilidades de las empresas públicas con respecto a las partes interesadas.
Existe un aumento significativo en el compromiso de los gobiernos y las empresas con la sostenibilidad y la conducta empresarial responsable. Las crisis recientes han destacado la importancia de identificar riesgos emergentes y aprovechar oportunidades para mejorar la resiliencia ante choques inesperados mediante la adopción de políticas, estrategias y prácticas generales más sostenibles y resilientes. En consecuencia, un número cada vez mayor de jurisdicciones en todo el mundo ha situado la sostenibilidad en lo más alto de sus agendas y ha adoptado compromisos de alto nivel para avanzar hacia una economía sostenible, resiliente y de emisiones netas cero o bajas en carbono, en línea con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto requiere que las empresas, incluidas las empresas públicas, respondan a un entorno regulatorio y comercial en rápida evolución, gestionen posibles riesgos y aprovechen las oportunidades asociadas con dichas vías de transición. El estado, en calidad de propietario, tiene la responsabilidad e interés de garantizar que las empresas públicas estén equipadas para adaptarse a los desarrollos y enfrentar nuevos choques. Debe proporcionar incentivos adecuados para que las empresas públicas tomen decisiones y gestionen sus riesgos y oportunidades de manera que contribuyan a su sostenibilidad y resiliencia, y aseguren la creación de valor a largo plazo. Además de las expectativas de los propietarios públicos, las empresas públicas también pueden establecer objetivos voluntarios o adoptar buenas prácticas en respuesta a las crecientes demandas de los accionistas no estatales, los participantes del mercado y otros grupos de interés.
Si bien las empresas públicas suelen desempeñar un papel central en sus economías, también parecen particularmente vulnerables a los riesgos relacionados con la sostenibilidad. Cabe destacar que, debido a la naturaleza y distribución sectorial de sus actividades y estructuras de gobernanza, incluida su alta concentración en sectores difíciles de descarbonizar, las operaciones de las empresas públicas por lo general representan una parte sustancial de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y enfrentan riesgos ambientales, de derechos humanos y de corrupción elevados. Además, las empresas públicas parecen estar bastante expuestas a riesgos físicos y de transición climáticos, incluidos los riesgos de quedar atrapadas en un entorno de uso intensivo de carbono, ya que a menudo son proveedores de infraestructura a gran escala o empresas con uso intensivo de carbono. Dichos riesgos pueden transferirse al estado en virtud de la propiedad pública, por ejemplo, mediante dividendos más bajos o más volátiles, deuda que no puede ser atendida si está garantizada implícita o explícitamente, o a través de riesgos de transición que pueden llevar a activos varados con alto contenido de carbono. La exposición a dichos riesgos puede, por lo tanto, ser un obstáculo para cumplir con compromisos nacionales e internacionales ambiciosos relacionados con la sostenibilidad, particularmente aquellos relacionados con el cambio climático. Es importante destacar que dichos riesgos también pueden afectar el desempeño a largo plazo y la creación de valor de las empresas públicas, así como el logro de los objetivos de política pública, con consecuencias directas en el presupuesto del estado y en las personas y empresas que dependen de los bienes y servicios de las empresas públicas.
Bajo las circunstancias e incentivos adecuados, las empresas públicas, incluidos los bancos públicos y otras instituciones financieras públicas, también pueden desempeñar un papel crucial en el fomento del desarrollo sostenible y la facilitación de una transición justa, incluso proporcionando o financiando alternativas bajas en carbono.
De hecho, un número creciente de países en todo el mundo ya reconoce que las empresas públicas pueden y deben liderar con el ejemplo. Esto también se deriva de la suposición general de que el estado ejerce la propiedad de las empresas públicas en interés del público en general, que constituye sus accionistas finales. De conformidad con la Recomendación de la OCDE sobre el papel del gobierno en la promoción de la conducta empresarial responsable [OECD/LEGAL/0486], los gobiernos deben liderar con el ejemplo y tomar medidas para promover y ejemplificar la conducta empresarial responsable en su función como actores económicos y en sus actividades comerciales. En consecuencia, las empresas públicas deben estar sujetas a estándares de conducta empresarial responsable para abordar, evitar o mitigar cualquier posible impacto perjudicial en el medio ambiente y la sociedad. En ciertas circunstancias, el estado también puede decidir establecer objetivos ambientales y sociales específicos para las empresas públicas que apoyarían la agenda de sostenibilidad del gobierno, especialmente en áreas relativas a la energía, el empleo o el transporte. Dichos objetivos, si implican la prestación de servicios públicos, deben ser muy bien establecidos por ley o regulación y estar sujetos a la transparencia adecuada y divulgación respecto a sus costos y mecanismos de financiación para garantizar la igualdad de condiciones.
El estado, en calidad de propietario, debe fomentar y promover prácticas empresariales sostenibles y responsables en las empresas públicas y la creación de valor a largo plazo, en particular a través de la elaboración de políticas adecuadas relacionadas con la sostenibilidad y la integración de prácticas empresariales sostenibles y responsables dentro del marco de gobierno corporativo de las empresas públicas, incluso en sus propias políticas y prácticas de propiedad. En la práctica, el estado debe esperar que la participación de las partes interesadas sea una responsabilidad central de las empresas públicas a nivel corporativo, y también facilitar el diálogo con las partes interesadas respecto a su propia política de propiedad, para intercambiar opiniones sobre aspectos económicos, sociales o ambientales relevantes.
VII.A. Cuando el estado haya establecido objetivos de sostenibilidad, estos deben formar parte integral de la política y las prácticas de propiedad del estado.
Para garantizar la coherencia de las políticas, las políticas y prácticas de propiedad del estado deben estar alineadas con los objetivos nacionales más amplios en materia de desarrollo sostenible, incluidos los compromisos internacionales. Las entidades propietarias del estado también pueden, de manera voluntaria, decidir integrar objetivos y metas de sostenibilidad en las expectativas de los propietarios para su portafolio de las empresas públicas como parte de su función como propietarios activos.
Esto incluye desarrollar una estrategia general, que abarque un plan de acción detallado y un cronograma claro, destinado a garantizar que las empresas públicas adopten inversiones, infraestructuras y tecnologías adecuadas para apoyar la transición hacia una economía sostenible y resiliente. La estrategia debe incluir garantizar la inversión adecuada, la estructura de capital y los planes de asignación presupuestaria destinados a optimizar el uso de los recursos disponibles para el avance de los objetivos de sostenibilidad, con el fin de maximizar el valor a largo plazo para los accionistas y, en última instancia, la sociedad. Como parte de su estrategia de sostenibilidad, el propietario público puede, entre otras cosas, fomentar alianzas público-privadas e invitar a las empresas públicas a promover las innovaciones sostenibles, la economía circular, la energía renovable y la eficiencia energética, entre otros. En la medida en que el estado haya adoptado objetivos o compromisos de sostenibilidad relevantes para sus empresas públicas de propiedad total, el estado debe, según corresponda, alentar a las empresas públicas a desarrollar planes de transición climática creíbles, incluidos planes de adaptación, y esperar que tomen un papel activo en los esfuerzos de descarbonización, así como en acciones climáticas más generales, como la restauración de la naturaleza y la conservación del agua, entre otros aspectos. Es importante que el estado, en calidad de propietario, también integre los objetivos relacionados con la sostenibilidad en su estrategia de accionista e inversión a largo plazo, prestando especial atención a la exposición de su portafolio a riesgos de sostenibilidad, por ejemplo, mediante dividendos perdidos, futuras cargas de deuda o riesgos de transición que puedan generar activos varados de alta intensidad de carbono. Dichas evaluaciones de riesgos de sostenibilidad deben ponerse a disposición de las empresas públicas y de sus consejos de administración para su consideración.
El estado puede reconocer el potencial de las empresas públicas para impulsar la agenda de sostenibilidad, incluida la provisión de alternativas bajas en carbono y el liderazgo en investigación y desarrollo relacionados con la sostenibilidad, entre otros aspectos. Además, los bancos públicos y otras instituciones financieras públicas también pueden desempeñar un papel al integrar consideraciones relacionadas con la sostenibilidad en sus prácticas de préstamo y financiación. Sin embargo, se debe prestar atención a mantener una igualdad de condiciones al ofrecer incentivos para las empresas públicas u otros participantes del mercado, a fin de evitar distorsiones en la competencia. Las justificaciones de sostenibilidad no deben utilizarse para justificar impactos distorsionadores en el panorama competitivo.
Se deduce que, debido a sus aspectos multidimensionales, las políticas y estrategias relacionadas con la sostenibilidad deben desarrollarse en un enfoque de todo el gobierno, en coordinación con las entidades gubernamentales relevantes y en consulta con las partes interesadas pertinentes. Una coordinación eficiente a un nivel estatal más amplio debe ayudar a reducir los riesgos potenciales de conflictos de intereses o de intervención política dentro de las empresas públicas, y así salvaguardar la separación del papel de propiedad del estado de sus otras funciones gubernamentales, en particular su papel como regulador económico o legislador.
Esto incluye:
VII.A.1. Establecer expectativas concretas y ambiciosas en materia de sostenibilidad para las empresas públicas que sean consistentes con la política y las prácticas de propiedad. Al hacerlo, el estado debe respetar los derechos y el trato justo de todos los accionistas.
El estado, en calidad de propietario activo, debe definir y comunicar expectativas ambiciosas para las empresas públicas con el objetivo de respaldar su sostenibilidad y resiliencia, así como la creación de valor a largo plazo. Dichas expectativas de alto nivel deben reflejarse en la política de propiedad estatal y/o en otros documentos de política pertinentes, y estar alineadas con los objetivos y compromisos más amplios del estado en materia de sostenibilidad, incluidos los compromisos internacionales, cuando corresponda. Incluyen, entre otras, expectativas relacionadas con la divulgación y transparencia, la función y las responsabilidades de los consejos de administración, así como cualquier expectativa que el estado tenga respecto a la observancia de estándares de conducta empresarial responsable por parte de las empresas públicas y la participación de las partes interesadas. El estado también puede establecer expectativas con respecto a los acuerdos de gobernanza del consejo de administración (es decir, la creación de un comité de sostenibilidad) y la composición (es decir, las cualificaciones a nivel de consejo de administración para incluir la sostenibilidad) para empresas de cierto tamaño y/o perfil de riesgo, por ejemplo.
Sin embargo, aunque el estado es responsable de establecer expectativas y garantizar un marco legal y regulatorio propicio para que las empresas públicas alcancen las expectativas gubernamentales relacionadas con la sostenibilidad, debe seguir siendo responsabilidad de los consejos de administración desarrollar los objetivos y los marcos de implementación de las empresas públicas hacia la sostenibilidad. Las expectativas estatales no deben entenderse como un límite máximo para los esfuerzos de sostenibilidad de los portafolios de las empresas públicas, y deben permitir que estas den ejemplo.
Cuando el estado no sea el único propietario, debe comunicar sus expectativas de manera transparente a través de su política de propiedad estatal, mediante reuniones generales de accionistas y ejerciendo eficazmente los derechos de los accionistas. Al hacerlo, el estado debe respetar los derechos y el trato justo de otros accionistas. Aunque las expectativas pueden diferir entre las empresas en las que el estado es un accionista total, mayoritario o minoritario, la claridad y transparencia de las expectativas del propietario es un paso importante para apoyar la integración de objetivos relacionados con la sostenibilidad en las operaciones y la toma de decisiones de las empresas públicas individuales. Sin un marco claro, las empresas públicas pueden tener un incentivo para evitar el cumplimiento.
Las expectativas de alto nivel deben abarcar todo el portafolio de la empresas públicas y contener consideraciones transversales y más específicas del sector, cuando sea pertinente. Dependiendo del marco de propiedad y las prácticas establecidas, el estado también puede establecer expectativas más específicas relacionadas con la sostenibilidad a través de regulaciones sectoriales, cartas de expectativas, diálogos y/o mandatos individuales de las empresas públicas. En este proceso, el estado debe abstenerse de una intervención excesiva o pasiva en la gestión de las empresas públicas y debe permitir la plena autonomía operativa de estas para alcanzar sus objetivos definidos.
Si los nuevos requisitos de sostenibilidad conducen a un cambio fundamental en la misión general de una empresas públicas o cuando a la empresa se le asignan nuevas responsabilidades que equivalen a la prestación de servicios públicos, dichas obligaciones deben ser muy bien definidas y divulgadas al público en general. Sus costos netos deben ser cubiertos de manera transparente.
VII.A.2. Comunicar y aclarar las expectativas del estado en materia de sostenibilidad mediante un diálogo continuo con los consejos de administración.
Las entidades propietarias del estado deben dar seguimiento a las expectativas de alto nivel comprometiéndose activamente con los consejos de administración individuales de las empresas públicas y otros accionistas donde sea aplicable, con el fin de asegurar un entendimiento mutuo y gestionar posibles compensaciones. Este tipo de diálogo, que puede requerir varias rondas de discusiones y aclaraciones con los accionistas, también puede apoyar la implementación asegurando que los consejos de administración de las empresas públicas traduzcan de manera eficaz las expectativas relacionadas con la sostenibilidad en estrategias y objetivos significativos para la gestión de la empresa.
Con este propósito, las entidades propietarias del estado deben facilitar un diálogo regular los consejos de administración de las empresas públicas individuales para comunicar las expectativas, cuando sea aplicable, e intercambiar opiniones sobre las expectativas de sostenibilidad y/o los riesgos y oportunidades. En las empresas con participación estatal parcial, el estado debe comunicar y/o aclarar las expectativas ejerciendo los derechos de los accionistas, ya sea en la asamblea general de accionistas o en las reuniones del consejo de administración, con el debido respeto a los demás accionistas.
VII.A.3. Evaluar, supervisar e informar periódicamente sobre el cumplimiento de las expectativas y el desempeño de las empresas públicas en materia de sostenibilidad.
El estado debe supervisar la implementación de expectativas generales para las empresas públicas relacionadas con asuntos de sostenibilidad. Con este propósito, el estado debe integrar adecuadamente las expectativas relacionadas con la sostenibilidad dentro del sistema de informes existente, para poder evaluar y monitorear regularmente el desempeño de las empresas públicas y supervisar su cumplimiento con las expectativas de alto nivel y los requisitos legales y regulatorios aplicables. El estado debe comunicar las expectativas de presentación de informes a todas las empresas públicas de manera clara y divulgar al público en general las expectativas relacionadas con la sostenibilidad y su cumplimiento, incluso en el informe anual agregado.
Las revisiones regulares de desempeño pueden ayudar a las entidades propietarias a desarrollar una comprensión clara de los problemas de sostenibilidad relacionados con sus portafolios y empresas individuales, así como a establecer o ajustar nuevos objetivos de desempeño de manera informada. Además, el estado también debe considerar evaluar el desempeño de su portafolio, en su conjunto, y analizar cómo puede contribuir a la creación de valor a largo plazo. Para respaldar su análisis, el estado puede medir su exposición a riesgos relacionados con la sostenibilidad a nivel de portafolio y/o comparar el desempeño en sostenibilidad de las empresas públicas en todo el portafolio o entre empresas pares, entre otros aspectos. Esto debe ayudar al estado a evaluar y priorizar los riesgos y oportunidades de sostenibilidad, y a formular expectativas de manera informada.
VII.B. El estado debe esperar que los consejos de administración de las empresas públicas consideren adecuadamente los riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad al cumplir sus funciones clave.
Si bien el estado, en calidad de propietario, tiene un papel importante en marcar la pauta adecuada desde la dirección, este debe esperar que las mismas empresas públicas asuman la responsabilidad de garantizar que las expectativas de alto nivel del estado se incorporen eficazmente en la estrategia y las actividades operativas de la empresa. Aunque no exista una expectativa formal de alto nivel en cuanto a sostenibilidad, las empresas públicas deben esforzarse por estar a la vanguardia de las tendencias globales y tomar iniciativas que beneficien el desempeño y la resiliencia a largo plazo de la empresa. Las empresas públicas deben mantenerse al tanto de los desarrollos internacionales y las mejores prácticas, especialmente mediante la participación regular en educación continua y en intercambios y diálogos regulares con la fuerza laboral y otros grupos de interés pertinentes.
El estado debe garantizar que los consejos de administración de las empresas públicas tengan plena autonomía operativa para alcanzar sus objetivos estratégicos, incluidos aquellos relacionados con la sostenibilidad. Deben recibir un mandato claro y la responsabilidad final del desempeño de la empresa, y estar sujetos a mecanismos adecuados de presentación de informes y monitoreo. De manera particular, los consejos de administración de las empresas públicas deben formular sus propias políticas y objetivos de sostenibilidad en consonancia con su estrategia corporativa global; y, cuando sea pertinente, identificar e informar sobre un conjunto de indicadores y objetivos estratégicos en materia de sostenibilidad para medir el desempeño.
Los consejos de administración de la empresas públicas también deben garantizar que existan una gobernanza eficaz y controles internos, que estén alineados con el marco de gestión de riesgos, lo cual puede incluir procesos de debida diligencia. Estos deben centrarse en identificar y gestionar los riesgos financieros y operativos, pero también en lo relativo a los derechos humanos, asuntos laborales, medioambientales y fiscales. Para llevar a cabo una estrategia corporativa (de sostenibilidad) eficaz, las empresas públicas también deben concentrar sus esfuerzos en los riesgos relacionados con sus propias actividades y, cuando sea relevante, aquellos vinculados a sus operaciones, productos o servicios o relaciones comerciales, incluidas sus filiales y a lo largo de su cadena de suministro.
Los siguientes prerrequisitos son esenciales para garantizar una gestión eficaz de la sostenibilidad a nivel empresarial:
VII.B.1. Los consejos de administración de las empresas públicas deben revisar y guiar la elaboración, implementación y divulgación de objetivos y metas materiales relacionados con la sostenibilidad como parte de la estrategia corporativa.
Los consejos de administración deben integrar eficazmente las expectativas y objetivos de los accionistas en relación con la sostenibilidad en sus estrategias empresariales y desarrollar objetivos e indicadores específicos para este fin. Las estrategias y/o planes de sostenibilidad deben ser una parte integral y estar alineados con la estrategia comercial general de la empresa. También deben alinearse con los requisitos legales y regulatorios aplicables, incluidos los requisitos de presentación de informes, y considerar los intereses de las partes interesadas, incluidos los de la fuerza laboral, en su elaboración, junto con los intereses de la empresa y sus accionistas. Los planes y estrategias de sostenibilidad eficaces pueden ayudar a traducir las expectativas de sostenibilidad en mejoras significativas en las prácticas empresariales, y, por lo tanto, ayudan a evitar los actos generalizados de “greenwashing” o “social washing”.
Los objetivos y metas vinculados a la sostenibilidad deben basarse en métricas consistentes, homologables y confiables, y estar alineados con las expectativas de los accionistas, así como con los requisitos legales, contractuales y regulatorios aplicables. Esto ayuda a garantizar la credibilidad de la información para los usuarios, incluidos los inversores y las partes interesadas pertinentes como la fuerza laboral. Deben divulgarse regularmente para permitir que los accionistas, inversores y grupos de interés evalúen la credibilidad del objetivo anunciado y el progreso de la dirección hacia su cumplimiento. La divulgación puede incluir, por ejemplo, la definición de objetivos provisionales cuando se anuncia un objetivo a largo plazo, la divulgación anual consistente de métricas de sostenibilidad relevantes y las posibles acciones correctivas que la empresa pretende adoptar para abordar el bajo desempeño respecto de un objetivo.
VII.B.2. Las empresas públicas deben integrar consideraciones de sostenibilidad en sus sistemas de gestión de riesgos y control interno, incluida la realización de una debida diligencia sobre riesgos de sostenibilidad.
Supervisar la gestión y mitigación de riesgos, incluidos los riesgos relacionados con la sostenibilidad, es una responsabilidad clave del consejo de administración y es fundamental para que una empresa tenga éxito a largo plazo.
El sistema de gestión de riesgos de una empresas públicas debe abordar riesgos externos significativos relevantes para la empresa (por ejemplo, crisis sanitarias). Además, debe implicar una diligencia debida basada en el riesgo para identificar, prevenir y mitigar los impactos adversos reales y potenciales del negocio y rendir cuentas de cómo se abordan estos impactos, de acuerdo con las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable aplicables a las empresas públicas. La debida diligencia eficaz basada en el riesgo debe estar respaldada por esfuerzos adicionales para integrar la conducta empresarial responsable en las políticas y sistemas de gestión.
Realizar la debida diligencia basada en riesgos garantiza que la empresas públicas vaya más allá de la simple identificación y gestión de los riesgos materiales de la propia empresa, para incluir los riesgos de impactos adversos. Esto incluye impactos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos, derechos laborales (por ejemplo, trabajo infantil, trabajo forzoso u obligatorio) y sobre el medio ambiente (por ejemplo, cambio climático, contaminación, pérdida de biodiversidad). Prevenir y mitigar eficazmente los impactos adversos puede, a su vez, ayudar a las empresas públicas a maximizar el valor a largo plazo para la sociedad, mejorar las relaciones con las partes interesadas y proteger su reputación. Las empresas públicas también pueden llevar a cabo la debida diligencia con el fin de cumplir con los requisitos legales relacionados con áreas específicas como, entre otras cosas, las leyes laborales, medioambientales, de gobierno corporativo, penales o contra el soborno.
La creciente participación de las empresas públicas en los mercados globales y en actividades transfronterizas también genera preocupaciones crecientes sobre los riesgos sociales y ambientales en sus cadenas de suministro globales. Por consiguiente, las empresas públicas deben tomar en consideración los numerosos desarrollos legales y regulatorios que actualmente se están discutiendo en diversas jurisdicciones, particularmente en lo que respecta a los derechos humanos y la debida diligencia ambiental en las cadenas de suministro.
VII.B.3. Los consejos de administración de las empresas públicas deben considerar los asuntos de sostenibilidad al evaluar y supervisar el desempeño de la dirección.
En el ejercicio de sus funciones, el consejo de administración debe evaluar y supervisar eficazmente el desempeño de la administración y asegurar que persiga adecuadamente los objetivos estratégicos de la empresa, incluidos los objetivos relacionados con la sostenibilidad. Los consejos de administración de las empresas públicas deben asegurarse de que la dirección de la empresa posea el conjunto de habilidades adecuado para comprender y gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, y para guiar a la empresa hacia estrategias que aumenten su valor, especialmente si dichos riesgos u oportunidades pudieran tener una importancia material para la empresa.
Algunos consejos de administración de las empresas públicas pueden ofrecer incentivos adicionales a los directivos clave para que actúen en el interés a largo plazo de la empresa y de sus accionistas, incorporando criterios relacionados con la sostenibilidad en los planes de compensación de los directivos. En dichos casos, los consejos de administración deben seguir las prácticas de remuneración e incentivos descritas en el Lineamiento VI.B.
Equilibrar los intereses de los accionistas con los objetivos de sostenibilidad a largo plazo es, por lo general, complejo para los consejos de administración y la dirección de las empresas, ya que los objetivos de sostenibilidad a largo plazo son difíciles de medir y los datos suelen ser imprecisos e inciertos. La incorporación de una regla de discrecionalidad empresarial o una disposición similar puede incentivar a los consejos de administración a considerar factores de sostenibilidad al proteger a los miembros del consejo de administración y a la dirección contra litigios, si han tomado una decisión empresarial de manera diligente, con el debido cuidado procedimental, sobre una base debidamente informada y sin ningún conflicto de interés.
VII.C. El estado debe exigir que las empresas públicas cumplan con los requisitos adecuados de información y divulgación en materia de sostenibilidad, basados en información consistente, comparable y confiable:
Las normas sólidas de presentación de informes y divulgación para las empresas públicas sobre gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y desempeño no financiero relacionados con la sostenibilidad, incluida la información y las métricas relacionadas con la sostenibilidad (por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero, cobertura de la negociación colectiva), son de creciente relevancia e importancia para los accionistas, los inversores, la fuerza laboral y otros grupos de interés pertinentes, incluido el público en general. También son importantes para fortalecer la rendición de cuentas del consejo de administración y la dirección de las empresas públicas en el área de sostenibilidad, y permiten al estado actuar como un propietario informado al proporcionar un panorama más claro sobre el desempeño de las empresas públicas.
El estado debe exigir a las empresas públicas que elaboren informes no financieros y divulguen información para demostrar cómo abordan las expectativas de sostenibilidad y, al hacerlo, cómo aportan valor al estado, a los accionistas y a los ciudadanos. Se les debe exigir explícitamente que informen y divulguen de manera adecuada, clara, precisa y completa la información relevante sobre las políticas, actividades, riesgos, objetivos y métricas de rendimiento relacionados con la sostenibilidad, de manera oportuna y accesible, de conformidad con los estándares de alta calidad reconocidos internacionalmente. Además de la descripción de la materialidad proporcionada en las anotaciones del Lineamiento V.A, la información material puede, por ejemplo, abarcar asuntos ambientales, sociales y de gobernanza, y el cumplimiento de las respectivas obligaciones legales o políticas específicas en relación con los derechos humanos, la salud, la seguridad, la diversidad, la protección al consumidor, el empleo, la lucha contra la corrupción y las prácticas comerciales sostenibles. La coherencia e interoperabilidad entre los marcos de divulgación relacionados con la sostenibilidad a nivel regional o nacional y los estándares internacionalmente reconocidos aún pueden permitir flexibilidad en cuanto a requisitos locales complementarios, incluso en asuntos donde características geográficas específicas o requisitos jurisdiccionales pueden influir en la materialidad.
Además, y según corresponda, las empresas públicas deben proporcionar información sobre asuntos clave relevantes para los empleados y otros grupos de interés que puedan afectar materialmente el desempeño de la empresa, o tener impactos significativos en las partes interesadas. La divulgación puede incluir las relaciones entre la dirección y los empleados, incluyendo la remuneración, la cobertura de negociación colectiva y los mecanismos de representación de los empleados, así como las relaciones con otros grupos de interés, tales como acreedores, proveedores, consumidores y comunidades afectadas por las actividades de las empresas públicas, prestando especial atención a los grupos marginados y vulnerables.
Algunos países exigen una amplia divulgación de información sobre recursos humanos. Las políticas pertinentes, como los programas de desarrollo y capacitación de recursos humanos, las tasas de retención de personal y los planes de participación accionaria de los empleados, pueden transmitir información importante sobre las ventajas competitivas de las empresas a los participantes en el mercado y otros grupos de interés.
VII.C.1. La presentación de informes y la divulgación de información sobre sostenibilidad deben ajustarse a estándares de alta calidad reconocidos internacionalmente que faciliten la consistencia y comparabilidad de la información relacionada con la sostenibilidad en todos los mercados, jurisdicciones y empresas.
Si bien se reconoce que un enfoque “para todos” tiene sus limitaciones, las entidades propietarias del estado pueden decidir armonizar o normalizar las normas de información y los indicadores de desempeño para garantizar una mayor coherencia, confiabilidad y comparabilidad de la información sobre sostenibilidad entre las empresas y los mercados. A tal efecto, los reglamentos sobre presentación de informes y divulgación de información pueden establecer un conjunto mínimo de indicadores predefinidos vinculados a los marcos existentes o exigir el uso de estándares de presentación de informes (específicos) aceptados internacionalmente para garantizar la calidad de los informes y limitar las discrepancias en las prácticas de presentación de informes. Para ello, las entidades propietarias del estado deben mantenerse al tanto de la evolución de los estándares reconocidos internacionalmente, incluidos los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20 y las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable, los Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, y el Pacto Global y la Agenda 2030. Se debe fomentar el uso de métricas basadas en objetivos científicos, especialmente al divulgar datos relacionados con planes de transición (por ejemplo, reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad). En cuanto al estado, una mayor armonización puede respaldar su papel como propietario activo e informado al permitir comparaciones de información sobre sostenibilidad entre las empresas públicas y otras empresas.
Muchas jurisdicciones recomiendan o requieren que la materialidad basada en la perspectiva de un inversor razonable sea el estándar para las empresas públicas, mientras que otras recomiendan o requieren que la doble materialidad sea el estándar para las empresas públicas. La información debe divulgarse de manera oportuna e incluir información material retrospectiva y prospectiva en alineación con los estándares de informes reconocidos internacionalmente.
Las empresas públicas deben garantizar la consistencia entre los informes de sostenibilidad, los informes financieros y demás información corporativa. En relación con esto, el estado debe también proporcionar a las empresas públicas orientación sobre dónde deben presentarse las divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad, por ejemplo, en el informe anual principal (es decir, el informe integrado) o por separado. Esto debe incluir expectativas claras respecto a la publicación y accesibilidad de los informes. En la medida de lo posible, se debe favorecer un enfoque de información integrada, ya que puede ser útil para demostrar el vínculo entre la estrategia de una empresa y su compromiso con el desarrollo sostenible.
VII.C.2. Se debe considerar la posibilidad de incorporar gradualmente requisitos para las certificaciones anuales de garantía por parte de un proveedor de servicios de certificación independiente, competente y calificado, de conformidad con estándares de garantía de alta calidad reconocidos internacionalmente.
La verificación independiente de los informes de sostenibilidad aumenta la confianza en la precisión y calidad de los datos reportados y, por lo tanto, ayuda a mejorar la responsabilidad tanto de las empresas públicas como del estado ante el público. En el caso de las empresas, los servicios de aseguramiento pueden ayudar a reducir los costos y los riesgos legales asociados con la presentación de informes de sostenibilidad. También puede ayudar a satisfacer a los accionistas y a las partes interesadas pertinentes, incluida la fuerza laboral, y proteger a la empresa de los riesgos de litigios. Para el estado, la garantía puede apoyar su papel como propietario activo e informado al aumentar el grado de confianza y credibilidad de los informes de sostenibilidad y al proporcionar una evaluación más precisa de los riesgos y oportunidades de sostenibilidad dentro de su portafolio.
Teniendo en cuenta su tamaño y condiciones operativas, el estado debe esperar que las empresas públicas obtengan una garantía limitada o razonable sobre sus divulgaciones de sostenibilidad, realizada por un proveedor de garantía independiente y calificado, basada en metodologías sólidas destinadas a garantizar la precisión y la calidad de los informes de sostenibilidad de las empresas públicas. La revisión se debe centrar preferiblemente en el desempeño de la empresa en materia de sostenibilidad, más que en el informe en sí, aunque sigue siendo importante garantizar su confiabilidad y el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes. Cuando no sea posible garantizar toda la información divulgada sobre sostenibilidad o resulte demasiado costoso hacerlo, se debería considerar la posibilidad de realizar una evaluación obligatoria de los indicadores o la información más relevantes en materia de sostenibilidad, como las emisiones de GEI. Para aumentar la confianza del consejo de administración en la integridad de los informes de la empresas públicas, el consejo puede solicitar garantías al auditor interno sobre la información relacionada con la sostenibilidad.
Sin embargo, el objetivo a largo plazo debería ser una mayor convergencia entre el nivel de garantía de los estados financieros y la información relacionada con la sostenibilidad. Esto incluiría armonizar el período de presentación de informes para los estados financieros y la información relacionada con la sostenibilidad.
VII.D. El estado, como propietario, debe establecer altas expectativas para que las empresas públicas observen los estándares de conducta empresarial responsable, junto con mecanismos eficaces para su implementación; debe reconocer plenamente las responsabilidades de las empresas públicas con respecto a las partes interesadas; y debe solicitar que las empresas públicas informen sobre sus relaciones con las partes interesadas. Las expectativas de dicho propietario deben ser divulgadas públicamente de manera clara y transparente.
Las empresas públicas están sujetas a un panorama legal y regulatorio en evolución en torno a la conducta empresarial responsable. Muchas empresas han demostrado que el respeto por los estándares de conducta empresarial es un elemento importante para hacer negocios. Al igual que las empresas privadas, también tienen un interés comercial en minimizar los riesgos reputacionales y ser percibidas como “buenos ciudadanos corporativos”. Más allá de esto, la RBC también se percibe cada vez más como un elemento central para una economía sostenible y resiliente, ya que promueve relaciones armoniosas entre las empresas y otros segmentos de la sociedad y contribuye al objetivo de la creación de valor a largo plazo.
En consecuencia, las empresas públicas deben observar estándares de conducta empresarial responsable en todas sus operaciones comerciales y a lo largo de toda la cadena de suministro, incluyendo, en lo que respecta a los derechos humanos, el empleo y las relaciones laborales, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción, los intereses del consumidor, la ciencia, la tecnología y la innovación, la competencia y la tributación. Sus acciones deben estar guiadas por los instrumentos internacionales pertinentes, incluidos las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable, que deben ser implementados en la mayor medida posible, la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la Política social de la OIT y los Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos.
La participación de las partes interesadas es de vital importancia para el gobierno corporativo, además de ser una característica clave de la conducta empresarial responsable y un componente del proceso de diligencia debida. Las entidades propietarias del estado y las empresas públicas deben reconocer la importancia de las relaciones con las partes interesadas, incluyendo aquellas con la fuerza laboral, los acreedores, los clientes, los proveedores y las comunidades afectadas, para construir empresas sostenibles, financieramente sólidas y responsables. Las relaciones con las partes interesadas son particularmente importantes para las empresas públicas a las que se les asignan objetivos de política pública. Debido a la naturaleza de sus actividades, las empresas públicas pueden tener un impacto vital en el desarrollo macroeconómico del país y en las comunidades en las que están activas. Además, muchos inversores consideran cada vez más los problemas relacionados con las partes interesadas en sus decisiones de inversión y aprecian los riesgos potenciales de litigio vinculados a los asuntos de las partes interesadas. Por lo tanto, es importante que la entidad pública accionista y las empresas públicas reconozcan el impacto que una política de grupos de interés activa puede tener en la sostenibilidad y resiliencia de la empresa, así como en el logro de sus objetivos estratégicos a largo plazo y su reputación.
Con este fin, las empresas públicas deben informar sobre los asuntos de las partes interesadas, demostrando su disposición a operar de manera transparente y su compromiso con la cooperación con las partes interesadas. Esto fomentará la confianza y mejorará su reputación. Dicha información puede incluir informes de progreso para las partes interesadas afectados por el proyecto, informes sobre las actividades de participación de las partes interesadas y los resultados para los participantes de las partes interesadas, entre otros aspectos. Dicha información puede incluirse en los informes corporativos o producirse como documentos independientes.
En particular:
VII.D.1. Los gobiernos, las entidades propietarias del estado y las empresas públicas deben reconocer y respetar los derechos de las partes interesadas establecidos por la ley o mediante acuerdos mutuos. Cuando los intereses de las partes interesadas estén protegidos por la ley, la fuerza laboral y otros grupos de interés deben tener la oportunidad de obtener una reparación eficaz por la violación de sus derechos a un costo razonable y sin demoras injustificadas.
Como accionista dominante, el estado puede controlar la toma de decisiones corporativas y estar en posición de tomar decisiones en detrimento de las partes interesadas. Por lo tanto, es importante establecer mecanismos y procedimientos para proteger la fuerza laboral, las comunidades afectadas y otros derechos relevantes de las partes interesadas. La entidad pública accionista y las empresas públicas deben reconocer los derechos de las partes interesadas establecidos por ley o por acuerdos mutuos y contar con una política clara al respecto.
Las partes interesadas varían en función de la empresa y sus actividades, pero suelen incluir a la fuerza laboral, los acreedores, los clientes, los proveedores y las comunidades afectadas. Los derechos de las partes interesadas están en gran medida establecidos por la ley (por ejemplo, laboral, comercial, ambiental y de insolvencia) o por relaciones contractuales que las empresas deben respetar. Para que el proceso de toma de decisiones sea eficaz, las empresas deben, según lo dispuesto en la ley local, tener en cuenta también a las partes interesadas con los que no mantienen relaciones contractuales, ya que corren el riesgo de dejar de lado asuntos clave al elaborar el contenido de sus políticas, objetivos e informes de sostenibilidad.
El marco jurídico debe ser transparente y permitir a las partes interesadas comunicarse y obtener reparación por la violación de sus derechos a un costo razonable y sin demora excesiva. Además, los denunciantes, ya sean personas físicas u organizaciones, que informen sobre conductas ilegales (por ejemplo, en materia de normativa social o medioambiental, corrupción o derechos humanos) por parte del estado o de las empresas públicas deben estar protegidos por la ley.
Algunas jurisdicciones pueden otorgar a determinados grupos de interés derechos específicos en las empresas públicas a través de su estatuto jurídico, reglamentos, acuerdos o contratos mutuos o estructuras de gobernanza diferenciadas, como, por ejemplo, la representación de los empleados en los consejos de administración de las empresas públicas. Cualquier derecho específico otorgado a las partes interesadas o influencia en el proceso de toma de decisiones debe ser explícito. Independientemente de los derechos que la ley u otros medios otorguen a las partes interesadas y que la empresas públicas deba cumplir en este sentido, los organismos de la empresa, principalmente la junta general de accionistas y el consejo de administración, deben conservar sus facultades de decisión. Para fomentar una cooperación activa y duradera con las partes interesadas que genere valor, las empresas públicas y las entidades propietarias del estado deben garantizar que las partes interesadas, incluida la fuerza laboral y las comunidades afectadas, tengan acceso a información pertinente, suficiente y fiable de manera oportuna y regular, a fin de que puedan ejercer sus derechos, como el derecho a una reparación eficaz en caso de que se vulneren sus derechos. Los empleados también tienen derecho a comunicar libremente al consejo de administración sus preocupaciones legítimas sobre prácticas ilegales o poco éticas, sin que ello suponga poner en peligro sus derechos.
VII.D.2. Las empresas públicas deben elaborar y fomentar una participación significativa de las partes interesadas en el avance de la sostenibilidad y garantizar una transición justa, particularmente de personas o grupos que puedan tener interés o puedan verse afectados por las actividades de la empresa.
El diálogo regular y continuo con las partes interesadas debe informar la toma de decisiones de la dirección y reflejarse en la estrategia comercial de las empresas públicas. Gracias a una participación significativa de las partes interesadas, se puede apoyar una transición justa (es decir, una transición hacia una economía más ecológica de la manera más justa e inclusiva posible), garantizando, entre otras cosas, los derechos y los medios de subsistencia de los trabajadores. Si bien este diálogo puede resultar útil para abordar una serie de asuntos, es especialmente importante en el caso de las decisiones destinadas a mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de una empresa, que pueden suponer flujos de caja a corto plazo, pero que generan beneficios a largo plazo. Dicho diálogo también puede resultar útil para que la empresa evalúe qué asuntos de sostenibilidad son de tal relevancia que deban ser abordados y divulgados.
Se deben proporcionar plataformas relevantes para el diálogo y la participación de las partes interesadas basadas en leyes o regulaciones. La participación significativa de las partes interesadas se refiere generalmente a una participación continua con las partes interesadas que consiste en un proceso interactivo que implica una comunicación bidireccional; depende de la buena fe de los participantes de ambas partes y responde a las opiniones de las partes interesadas (es decir, se da seguimiento a los resultados).
Para garantizar que la participación de las partes interesadas sea significativa y eficaz, es importante asegurarse de que sea oportuna, accesible, adecuada y segura para las partes interesadas, e identificar y eliminar los posibles obstáculos que impidan la participación de las partes interesadas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o marginación. Para ello, se deben establecer mecanismos que promuevan la denuncia anónima de conductas ilegales. Las prácticas poco éticas e ilegales por parte de los funcionarios corporativos no solo pueden violar los derechos de los accionistas, sino también ser perjudiciales para la empresa en términos de efectos reputacionales. Por lo tanto, es importante que las empresas establezcan una política confidencial de denuncias con procedimientos y refugios seguros para las quejas de los trabajadores, ya sea personalmente o a través de sus organismos representativos, y otros externos a la empresa, en relación con comportamientos ilegales y poco éticos. Se debe alentar al consejo de administración a proteger a estas personas y organismos representativos y a proporcionarles acceso directo y confidencial a alguien independiente dentro del consejo de administración, que suele ser un miembro del comité de auditoría o del comité de ética. Algunas empresas han establecido un mediador para gestionar las reclamaciones. Las autoridades competentes también han establecido líneas telefónicas y direcciones de correo electrónico confidenciales para recibir denuncias. Si bien en ciertas jurisdicciones los organismos representativos asumen la tarea de transmitir las preocupaciones a la empresa, los trabajadores no deben ser excluidos ni estar menos protegidos cuando actúan por cuenta propia.
En ausencia de medidas correctivas oportunas o ante un riesgo razonable de represalias por presentar una denuncia por infracción de la ley, se anima a los trabajadores y demás grupos de interés a que presenten sus denuncias de buena fe ante las autoridades competentes. Muchas jurisdicciones también prevén la posibilidad de presentar ante el Punto Nacional de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable los casos relacionados con asuntos que surjan en relación con la aplicación de las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable. La empresa debe abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias contra dichos grupos de interés.
VII.D.3. Es necesario permitir el desarrollo de mecanismos para que los empleados participen. Cuando los empleados y otros grupos de interés participen en el proceso de gobierno corporativo, deberán tener acceso a información pertinente, suficiente y fiable de manera oportuna y periódica.
El grado en que los empleados participan en el gobierno corporativo depende de las leyes y prácticas nacionales, y también puede variar de una empresas públicas a otra. En el contexto del gobierno corporativo, los mecanismos de participación pueden beneficiar a las empresas públicas tanto directa como indirectamente a través de la disposición de los empleados para invertir en habilidades específicas de la empresa. Entre los ejemplos de estos mecanismos se incluyen los representantes de los trabajadores en los consejos de administración y los procesos de gobernanza, como la representación sindical, la negociación colectiva o local y los comités de empresa, que tienen en cuenta los puntos de vista de los trabajadores en determinadas decisiones clave. Las convenciones y normas internacionales también reconocen los derechos de los empleados a la información, consulta y negociación. En particular, cuando las leyes y las prácticas de los marcos de gobierno corporativo prevén la participación de los empleados y otros grupos de interés, es importante que estos tengan acceso a la información necesaria para cumplir con sus responsabilidades.
Con respecto a los mecanismos de mejora del desempeño, los planes de propiedad de acciones para empleados u otros mecanismos de distribución de beneficios pueden encontrarse en muchas jurisdicciones. Los compromisos en materia de pensiones también suelen ser un elemento de la relación entre la empresa y sus empleados actuales y antiguos.
VII.D.4. Las entidades propietarias y las empresas públicas deben tomar medidas para garantizar altos estándares de integridad en el sector público y evitar que las empresas públicas sirvan de conducto para la financiación política, el clientelismo o el enriquecimiento personal o de partes relacionadas.
La propiedad pública se concentra en sectores de alto riesgo, como las industrias extractivas y las infraestructuras, donde los sectores público y privado se cruzan a través de valiosas concesiones y grandes proyectos de contratación pública. En muchas economías, las empresas públicas también siguen prestando servicios públicos esenciales y algunas de ellas siguen funcionando como instituciones públicas a pesar de tener objetivos económicos y competir en el mercado. Esta confluencia de factores puede hacer que las empresas públicas sean especialmente vulnerables a la corrupción y la explotación con fines de financiación política, clientelismo y enriquecimiento personal o de partes vinculadas. El costo para el erario público y los efectos negativos de la mala asignación de recursos relacionados con la corrupción en el sector de las empresas públicas pueden socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Los propietarios públicos deben adoptar las medidas necesarias para prohibir el uso de las empresas públicas como vehículos para financiar actividades políticas y realizar contribuciones a campañas políticas, y esperar que las empresas públicas cumplan las leyes relacionadas con el lobbying, por ejemplo, declarando las reuniones en el registro correspondiente. Las medidas adecuadas deben abordar otras áreas de alto riesgo, como la adquisición de bienes y servicios, así como, entre otras cosas: la remuneración de los miembros del consejo de administración y los directivos clave, los conflictos de intereses, la hospitalidad y el entretenimiento, las donaciones y patrocinios benéficos, los obsequios, el favoritismo, el nepotismo o el amiguismo, y los pagos de facilitación, la solicitud y la extorsión.
Se alienta al estado y a las empresas públicas a implementar las Directrices de la OCDE sobre anticorrupción e integridad de las empresas públicas de la mejor manera posible. Las disposiciones contenidas en el presente documento actúan como complemento y suplemento de este instrumento.