Las Directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas (las Directrices) son el estándar internacional más importante en materia de gobierno corporativo de las empresas públicas. Estas Directrices proporcionan una guía para que, quienes formulan políticas públicas, evalúen y mejoren los marcos legales, normativos e institucionales relacionados con la propiedad y gobernanza de las empresas públicas. También identifican los elementos necesarios para garantizar el ejercicio profesional de la propiedad y la gobernanza, y ofrecen una guía práctica para su implementación a nivel nacional.
Adoptadas inicialmente en 2005 y revisadas por primera vez en 2015, las Directrices se revisaron de nuevo en 2024, a la luz de los últimos desarrollos en gobierno corporativo, para reflejar así los más recientes estándares y mejores prácticas de la OCDE en este tema. Las Directrices revisadas fueron adoptadas por el Consejo de la OCDE a nivel ministerial en mayo de 2024 (las Directrices están incorporadas en la Recomendación sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas [OECD/LEGAL/0414]) y complementan los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20 y las Directrices de la OCDE en materia de lucha contra la corrupción e integridad en las empresas públicas.
Las Directrices revisadas tienen como objetivo garantizar que las empresas públicas contribuyan a la sostenibilidad, la seguridad económica y la resiliencia, a través del mantenimiento de condiciones equitativas de libre competencia a nivel mundial y altos estándares de integridad y conducta empresarial. Por esta razón, las Directrices incluyen un nuevo capítulo sobre “Empresas públicas y sostenibilidad” con recomendaciones sobre cómo las empresas públicas y sus propietarios pueden dar el ejemplo al tener en cuenta las oportunidades y riesgos climáticos relacionados y otros aspectos de la sostenibilidad. Este nuevo capítulo también incorpora el Capítulo V de la versión anterior de las Directrices sobre “Relaciones con las partes interesadas y negocios responsables”. Una cantidad significativa de recomendaciones nuevas se ha incluido en los capítulos originales de las Directrices, cuya estructura permanece, por lo demás, sin cambios. Por su parte, la sección “Aplicabilidad y definiciones” aclara el alcance de conceptos clave y definiciones relevantes para la implementación de las Directrices.
El Grupo de trabajo de la OCDE sobre Prácticas de propiedad pública y de privatización, presidido por el Sr. Charles Donald, realizó la revisión de 2024 de las Directrices. Los países miembros y socios de la OCDE contribuyeron activamente a el proceso de revisión, que fue inclusivo y transparente. Se recibieron importantes contribuciones de las mesas de trabajo regionales de la OCDE sobre las empresas públicas en Asia y América Latina, así como del Comité Business at OECD (BIAC, Comité Consultivo Empresarial e Industrial ante la OCDE) y la Comité Sindical Consultivo (TUAC, por sus siglas en inglés). La revisión también se benefició de los aportes de un amplio conjunto de grupos de interés y de grupos que formulan políticas públicas. Se realizó una consulta pública en línea y una consulta híbrida con las partes interesadas y, en la revisión, participaron expertos de organizaciones internacionales pertinentes, en particular el Fondo Monetario Internacional, el Grupo del Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
La OCDE y las partes interesadas pertinentes tienen ahora la tarea de por promover y supervisar que la implementación de las Directrices revisadas a nivel mundial sea eficaz. Esto incluirá la promoción del diálogo sobre políticas para la implementación, la realización de evaluaciones por países y por pares y la publicación periódica del informe Propiedad y gobernanza de las empresas públicas, que evalúa la implementación de las Directrices en un gran número de países.