Este capítulo ofrece recomendaciones para fortalecer la arquitectura institucional para la integridad en la República Dominicana. Las propuestas incluyen reforzar la independencia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional y un sistema nacional de integridad y transparencia. El capítulo también recomienda reformar las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo en las entidades públicas y ofrece orientación sobre cómo llegar a las administraciones locales. Por último, recomienda implementar estrategias nacionales de integridad basadas en datos empíricos y de carácter participativo.
Estudio de la OCDE sobre integridad en la República Dominicana
Implementar una visión estratégica para la integridad pública y anticorrupción
Resumen
Asegurar la integridad pública significa mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados (OCDE, 2017[1]). Lograr una cultura de integridad es un desafío para todos los países, pero es clave para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales y en la democracia, así como para salvaguardar la eficiencia del gasto público y la efectividad de las políticas públicas. Los sistemas de integridad sólidos protegen a los países contra la corrupción, el fraude y el despilfarro, contribuyen a salvaguardar la salud, la seguridad, la educación y la calidad de vida de los ciudadanos, y fortalecen la resiliencia de los países frente al crimen organizado y otras amenazas (OCDE, 2024[2]; OCDE, 2026[3]).
Un sistema sólido de integridad reconoce que las estrategias puramente punitivas no son suficientes para hacer frente a estos desafíos. Si bien es necesario detectar y sancionar los casos de conducta indebida, las medidas de prevención a menudo no reciben la atención ni los recursos que merecen. Por lo tanto, la Recomendación de la OCDE sobre la Integridad Pública de 2017 destaca, en primer lugar, la importancia de un sistema de integridad que permita un enfoque estratégico coordinado con reglas y responsabilidades claras. En segundo lugar, establece la necesidad de ir más allá de las leyes y crear una cultura de integridad en el sector público, reconociendo al mismo tiempo la corresponsabilidad de toda la sociedad. En tercer lugar, indica que es necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas para gestionar los riesgos e identificar y sancionar las conductas indebidas (Figura 1.1).
Fuente: (OCDE, 2017[1])
Este Estudio de Integridad analiza el progreso, los desafíos y los riesgos de la República Dominicana en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Identifica las deficiencias en el marco normativo y en su implementación, y propone recomendaciones para fortalecer el sistema de integridad del país. Los siguientes nueve capítulos de este Estudio de Integridad abarcan todos los principios establecidos en la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública. Este primer capítulo analiza la arquitectura institucional del sistema de integridad dominicano. El Capítulo 2 examina cómo se manejan los conflictos de interés en el sector público. El Capítulo 3 se centra en el desarrollo de una cultura de integridad en la administración pública a través de capacitaciones, procesos meritocráticos, liderazgo en integridad y la promoción de culturas organizacionales abiertas. El Capítulo 4 explora la transparencia y el acceso a la información. El Capítulo 5 analiza cómo los ciudadanos, el sector privado y la sociedad civil contribuyen a mantener y promover una cultura de integridad en el país. El Capítulo 6 analiza los marcos de gestión de riesgos, así como los sistemas de auditoría interna y externa. El Capítulo 7 se centra en los mecanismos de denuncia y la protección de los informantes, así como en la forma en que se investiga y sanciona la corrupción y las faltas a la integridad. El Capítulo 8 examina la regulación de las actividades de cabildeo y el Capítulo 9 analiza los mecanismos de financiamiento político.
1.1.1. El fortalecimiento del sistema de integridad puede hacer que la República Dominicana sea más resiliente y esté mejor preparada para enfrentar los desafíos contextuales recientes y emergentes
En las últimas décadas, escándalos de corrupción en la República Dominicana impactaron en la credibilidad de sus gobiernos y socavaron la confianza de los ciudadanos. Sin embargo, en los últimos años, el país ha realizado significativos esfuerzos para avanzar en la promoción de la integridad pública, tomando como ejemplo las buenas prácticas internacionales. Estas reformas constituyen el punto de partida de este Estudio de Integridad.
Hoy en día, el compromiso del país con la integridad pública es un elemento central de la política gubernamental. Como reflejo de este compromiso, la República Dominicana aceptó ser evaluada mediante los Indicadores de Integridad Pública (PII, por sus siglas en inglés) de la OCDE, que miden el desempeño de los países en relación con las variables clave establecidas en la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública. Los PII no proporcionan una calificación global, sino que ponen de manifiesto las deficiencias normativas y de implementación. Por ejemplo, los PII indican que la República Dominicana no cuenta actualmente con un marco estratégico para la integridad pública. En consecuencia, la República Dominicana decidió comenzar a elaborar su primera Estrategia Nacional de Integridad, con el apoyo metodológico de la OCDE, basándose en este Estudio de Integridad y siguiendo los criterios que sustentan los indicadores "Calidad del marco estratégico" de los PII. Recientemente, el Presidente de la República reafirmó públicamente el compromiso del país de cumplir con los más altos estándares de integridad durante la inauguración del Foro Global de la OCDE sobre Anticorrupción e Integridad de 2026.
Los avances logrados en la última década se ven reflejados en mediciones de organizaciones internacionales como el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) de Transparencia International, en el que el país ha ganado, de manera estadísticamente significativa, 6 puntos en una escala de 0-100 entre el 2016 (31 puntos) y el 2025 (37 puntos). De igual manera, el puntaje del país aumentó de 32 a 42 sobre 100 entre el 2014 y el 2024 en el indicador de “Control de la Corrupción” del Banco Mundial (Banco Mundial, 2025[4]). La posición del país en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción en América Latina, basado en tres categorías (capacidad jurídica, democracia e instituciones políticas, y sociedad y medios de comunicación), también ha mejorado notablemente: el país pasó del puesto 13 (de 15) en 2020 al puesto 5 (de 15) en 2023 (Winter and Aalbers, 2023[5]).
Los propios dominicanos perciben mejoras. La Encuesta de Cultura Democrática 2022-2023 publicada por el anterior Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) indica que la proporción de personas que creen que la corrupción en el país aumentó en el último año pasó de 79 % al 54 % entre el 2018 y el 2020 (Oliva Álvarez and Cañete Alonso, 2024[6]). Como muestran las Figura 1.2 y Figura 1.3 a continuación, el sector público de la República Dominicana es relativamente bien visto por sus habitantes. La percepción de que el gobierno toma decisiones de manera informada, colaborativa y participativa es superior al promedio de la OCDE (Figura 1.2). Los niveles de confianza en las instituciones y en la administración pública son superiores al promedio latinoamericano, y hay una mayor proporción de personas que creen que los servidores públicos anteponen el interés común a los intereses privados (Figura 1.3) (OCDE, 2025[7]).
Porcentaje de personas que están de acuerdo con estas afirmaciones
Nota: No se dispone del promedio de la OCDE para el indicador "Porcentaje de personas que creen que su gobierno colabora con otros actores para enfrentar los desafíos a largo plazo", ya que se incluyó en la Encuesta de Confianza de la OCDE de 2025 en América Latina y el Caribe, pero no en la Encuesta de Confianza de 2023 para todos los países de la OCDE.
Fuente: Adaptado de (OCDE, 2025[7])
Nota: Las primeras tres columnas muestran el porcentaje de personas que respondieron entre 6-10 a la pregunta "En una escala del 0-10 en la que 0 es nada y 10 es completamente, ¿qué tanto confía en...?”. Las últimas tres columnas muestran la proporción de personas que está de acuerdo con cada afirmación.
Fuente: Adaptado de (OCDE, 2025[7])
Sin embargo, es fundamental demostrar que los logros recientes son sostenibles y que el país sigue combatiendo la impunidad, así como las brechas normativas y de implementación. Un sistema de integridad fortalecido puede hacer que la República Dominicana sea más resiliente y esté mejor preparada para enfrentar los desafíos contextuales recientes y emergentes.
En primer lugar, el tráfico de drogas en el país se ha intensificado en los últimos años. Las incautaciones de narcóticos sugieren que, tras una pausa de varias décadas, la región del Caribe vuelve a formar parte de la ruta estratégica de tráfico de cocaína que va de Sudamérica a Europa, donde el consumo de cocaína se ha duplicado entre el 2011 y el 2023 (ONUDD, 2023[8]; Torrusio, 2024[9]). La corrupción se ha convertido en una herramienta importante para que los grupos delictivos consoliden su poder, refuercen sus intereses comerciales lícitos e ilícitos y obtengan ventajas en el mercado (OCDE, 2026[3]). La Figura 1.4 muestra que, de manera similar a la región, el 48,5 % de ciudadanos de la República Dominicana menciona la delincuencia y la violencia como el tema político más relevante, seguido de cerca por la corrupción (41,1 %) y el aumento de precios (40,2 %) (OCDE, 2025[7]).
Porcentaje de la población que considera que las diferentes cuestiones políticas enumeradas se encuentran entre las tres más importantes a las que se enfrenta su país, 2023 o 2025
Nota: La figura muestra los promedios no ponderados de América Latina y el Caribe (ALC) y de la OCDE respecto al porcentaje de personas que seleccionan cada una de las opciones de respuesta a la pregunta: "¿Cuáles cree que son los tres problemas más importantes que enfrenta [PAÍS]?". La inmigración no es una opción de respuesta en México y Noruega. “OCDE” representa el promedio no ponderado para 30 países de la OCDE, incluidos los cuatro países de ALC en 2023. "ALC" representa el promedio no ponderado de los diez países de ALC, recopilado en 2023 en el caso de los países de ALC miembros de la OCDE, y en 2025 en el caso de los países de ALC que no son miembros de la OCDE. Fuente: Adaptado de la Encuesta de Confianza de la OCDE de 2023 y (OCDE, 2025[7]).
En segundo lugar, la geografía y ubicación del país vuelven a su población, economía e infraestructura particularmente vulnerables a riesgos climáticos como inundaciones, ciclones, incendios forestales, temperaturas extremas y escasez de agua (GFDRR, 2025[10]; Banco Mundial, 2023[11]). La influencia indebida de los intereses particulares en la formulación de políticas públicas podría obstaculizar la aprobación de leyes o políticas públicas eficaces para hacer frente a estos desafíos (OCDE, 2017[12]; OCDE, 2021[13]). La corrupción podría dar lugar a la aprobación de proyectos que violen las normas ambientales o que no cumplan con los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, socaven la aplicación de las normas ambientales y faciliten delitos ambientales como la tala ilegal, la minería ilegal o el tráfico de flora y fauna protegidas (GI-TOC, 2023[14]). La corrupción ambiental acelera la degradación de los ecosistemas y genera riesgos de salud pública (ONUDD/Banco Mundial, 2024[15]; Gverdtsiteli and Martinez B. Kukutschka, 2025[16]).
En tercer lugar, la inestabilidad política en Haití continúa siendo un desafío. La vulnerabilidad de la población de Haití puede abrir la puerta a abusos tanto de las autoridades haitianas como de las dominicanas, especialmente en la frontera, con implicaciones para la integridad en la República Dominicana (Matera et al., 2019[17]).
1.1.2. El marco normativo de la República Dominicana en materia de integridad se ha fortalecido, pero aún persisten algunas brechas, y la estructura institucional puede mejorarse aún más
La Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública resalta que el compromiso con la integridad también se demuestra garantizando que el sistema de integridad pública "defina, apoye, controle y aplique la integridad pública, y que se integre en el marco general de gestión y gobernanza del sector público”, así como a través de “la implementación de marcos legislativos e institucionales apropiados que permitan que las organizaciones del sector público asuman la responsabilidad de la gestión efectiva de la integridad de sus actividades” (OCDE, 2017[1]).
La República Dominicana cuenta con varias leyes y normativas que regulan temas relacionados con la integridad (Tabla 1.1). El país es signatario de varios tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la Convención Interamericana contra la Corrupción (IACAC) y el Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática. Estos compromisos se ven reflejados en la Constitución Política del país, cuyo artículo 146 prohíbe el abuso de una posición pública para sustraerle fondos al Estado u obtener beneficios personales o para terceros.
Fuente: Elaboración de los autores de la OCDE.
Si bien el marco normativo en materia de integridad ha sido fortalecido en los últimos años, continúan existiendo brechas que deberían ser subsanadas. Por ejemplo, el país no cuenta con legislación que regule la integridad y la transparencia de las actividades de cabildeo; sin embargo, hay un proyecto de ley para regular el cabildeo en la República Dominicana pendiente en el Senado (Proyecto de ley n.º 00360-2020). Esta y otras brechas en materia normativa se revisarán a profundidad en los siguientes capítulos de este Estudio de Integridad.
Adicionalmente, la promoción de la integridad involucra a diversos actores del sector público, los cuales desempeñan distintas funciones como parte de un sistema de integridad nacional (Tabla 1.2). Aunque la sociedad civil y el sector privado comparten la responsabilidad conjunta de fomentar una cultura de integridad (véase Capítulo 5), las entidades públicas son los principales impulsores de la integridad pública. Incluyen a instituciones, unidades o individuos responsables de implementar, promover y hacer cumplir las políticas de integridad, pero también a actores de integridad “complementarios” que desempeñan funciones básicas de apoyo, tales como finanzas, auditoría externa, administración de recursos humanos o contratación pública (OCDE, 2022[18]).
En la República Dominicana, los actores institucionales principales y cuyas funciones se detallarán en este Estudio de Integridad, son los siguientes:
El órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y acceso a la información en el ámbito administrativo gubernamental es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Depende del Ministerio de la Presidencia y su función se analizará con mayor detalle en este capítulo y a lo largo del Estudio de Integridad.
El Ministerio de Administración Pública (MAP) es el ente rector del empleo público, el fortalecimiento institucional de la Administración Pública y de los procesos de la gestión institucional. Cuenta con un Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) que tiene a su cargo la regulación del subsistema de formación, capacitación y desarrollo de los servidores públicos. Además de sus funciones de capacitación, el MAP tiene un rol en el Régimen Ético y Disciplinario (ver Capítulos 2 y 7).
La Contraloría General de la República (CGR), organismo del poder ejecutivo, es el rector de las políticas de control interno, ejerce la auditoría interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago. La CGR cuenta, desde 2021, con una Unidad Antifraude que realiza investigaciones especiales administrativas. El funcionamiento de la CGR y de las unidades de auditoría interna se tratará en el Capítulo 6.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) forma parte de la Procuraduría General de la República o Ministerio Público (PGR-MP) y es un órgano del sistema de justicia. El mandato de la PEPCA incluye: establecer la política para el enjuiciamiento de casos de corrupción administrativa; coordinar con todas las fiscalías la tramitación de los casos; asumir, si es necesario, la investigación dentro de su ámbito de competencia; mantener un registro de los casos tramitados en su ámbito; colaborar en la tramitación de casos relacionados con la corrupción administrativa o asumir dicha tramitación; y brindar asistencia técnica especializada y apoyo a los representantes de la Fiscalía. La cooperación y el intercambio de información con fines de aplicación de la ley se abordarán en el Capítulo 7.
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), un organismo autónomo de rango constitucional, es la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de la República Dominicana. Ejerce el control externo fiscal, de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio público. Desde la promulgación de la Ley n.º 311-2014, también se encarga de asegurar el cumplimiento y verificar las declaraciones de patrimonio (ver Capítulo 2). Las funciones de fiscalización y control se analizarán con más detalle en el Capítulo 6.
La Junta Central Electoral (JCE) es un organismo de rango constitucional que supervisa y gestiona los procesos electorales, el cumplimiento de la normativa sobre financiamiento político y la rendición de cuentas de los partidos políticos. Esto se analizará en el Capítulo 9.
Las instituciones de las ramas legislativa (el Congreso Nacional bicameral) y judicial (el Consejo Nacional de la Magistratura, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, etc.) son esenciales para mantener la separación de poderes y asegurar la rendición de cuentas.
Además, otros actores institucionales desempeñan actividades importantes en materia de integridad como la Defensoría del Pueblo, el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), entre otras.
La siguiente sección se enfoca en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y en cómo fortalecer la coordinación y la cooperación entre las entidades públicas. El capítulo examina cómo promover la implementación efectiva de las medidas de integridad en toda la administración pública, tanto a nivel organizacional como a nivel subnacional. Finalmente, el capítulo concluye con recomendaciones que buscan asegurar un enfoque estratégico y basado en datos empíricos hacia la integridad pública.
1.2.1. La República Dominicana debería fortalecer la DIGEIG mediante su creación por ley, con garantías que aseguren su independencia, y reforzando sus capacidades como órgano rector del sistema de integridad
No existe una solución milagrosa ni un modelo único que sirva para todos en cuanto al diseño de los organismos anticorrupción. Entre los miembros de la OCDE, existe una gran variedad en la forma en que los países organizan sus sistemas de integridad pública y, en muchos casos, las responsabilidades se reparten entre diversas instituciones (OCDE, 2017[20]). Un análisis realizado por la OCDE, en el que se examinaron 19 organismos anticorrupción de diferentes partes del mundo, permitió identificar tres tipos generales: un modelo polivalente, un modelo de aplicación de la ley y organismos preventivos. Estos últimos suelen diferir significativamente entre sí en cuanto al alcance de su mandato, y lo único que tienen en común es que se centran exclusivamente en la prevención, lo que incluye, por ejemplo, el diseño de políticas públicas, la coordinación, la sensibilización y la capacitación, el asesoramiento, la orientación, etc. (OCDE, 2013[21]).
Un aspecto clave de la organización de estos organismos anticorrupción es su independencia. Si bien un cierto grado de independencia siempre es una ventaja para garantizar la continuidad de los esfuerzos destinados a promover la integridad y las políticas anticorrupción a lo largo del tiempo, contar con salvaguardas sólidas y creíbles que garanticen dicha independencia se convierte en un factor crítico de éxito cuando el organismo maneja información sensible o cuenta con facultades de investigación y/o sanción, a fin de mitigar el riesgo de politización –ya sea real o percibida– y de investigaciones selectivas (OCDE, 2013[21]; Recanatini, 2011[22]; Hussmann, Hechler and Peñailillo, 2009[23]; Schütte, 2015[24]).
La DIGEIG es el órgano rector responsable de la política de integridad de la República Dominicana. La DIGEIG está adscrita al Ministerio de la Presidencia, lo que garantiza su acceso a los otros ministerios, resalta la importancia de la integridad y la transparencia en la agenda del gobierno y ayuda a integrar las medidas en todo el sector público. Las funciones de la DIGEIG incluyen el desarrollo e implementación de medidas para la promoción de una cultura de ética e integridad; el desarrollo de iniciativas legales para fortalecer la integridad pública; la creación de políticas sobre transparencia, acceso a la información y gobierno abierto; la producción de material educativo y de sensibilización; y el apoyo al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas. La DIGEIG también dirige las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y los Oficiales de Integridad (véase la sección a continuación). Además, la DIGEIG recibe denuncias de presuntas irregularidades, cuenta con facultades para investigar las infracciones cometidas por los servidores públicos al régimen disciplinario y ético establecido por la Ley n.º 41-2008 (véase el Capítulo 7), así como las denuncias de corrupción administrativa, y puede recomendar sanciones administrativas cuando la institución en la que trabaja el servidores público no toma medidas (Artículos 2, 20, 21 y 31 del Decreto n.º 486-2012).
A pesar de estas facultades para investigar y recomendar sanciones, la DIGEIG carece actualmente de garantías adecuadas que aseguren su independencia. Se creó mediante un decreto (Decreto n.º 486-2012), que podría ser revocado por futuros gobiernos, y establece que la entidad depende de la Presidencia y que su director general es nombrado directamente por el Presidente de la República, sin establecer criterios que garanticen su independencia personal. El Decreto n.º 486-2012 tampoco incluye disposiciones para salvaguardar la independencia financiera, funcional y administrativa (operativa) de la entidad. El Decreto n.º 486-2012 no protege el cargo del riesgo de influencia política en el futuro. Además, los directores generales de la DIGEIG podrían convertirse en víctimas de su propio éxito, lo que daría lugar a represalias políticas contra ellos o contra su institución, que podrían llegar incluso a la eliminación de la DIGEIG. Es fundamental proteger a la DIGEIG y a su director general de tales repercusiones.
Los ciudadanos y los servidores públicos deben poder confiar en que un organismo con las facultades actuales de la DIGEIG sea independiente y se mantenga apolítico al dar seguimiento a las denuncias de los informantes, investigar la corrupción administrativa o remitir los casos penales a las autoridades competentes, independientemente de la entidad o persona involucrada. Esa independencia también es fundamental en caso de que las competencias futuras de la DIGEIG incluyan la aplicación de sanciones (por ejemplo, en materia de acceso a la información, véase Capítulo 4; conflicto de intereses, véase Capítulo 2; o cabildeo, véase Capítulo 8).
Por lo tanto, la República Dominicana debería establecer garantías de independencia para la DIGEIG mediante una ley, en lugar de un decreto. La ley podría establecer un mandato de duración determinada para el director general que trascienda los ciclos electorales (por ejemplo, un mandato de 5 a 7 años), así como un proceso de nombramiento transparente que tenga como objetivo seleccionar a un candidato que cuente con consenso político y cuya selección se base en el mérito. Se debe proteger a los directores generales de la DIGEIG, garantizándoles su seguridad laboral y la existencia de procedimientos legales de despido basados en un conjunto limitado de motivos específicos, así como un proceso de destitución apolítico. A nivel de los directores, también deberían existir criterios de selección basados en el mérito y de seguridad laboral. Además, la DIGEIG se beneficiaría de un nivel adecuado de independencia financiera, funcional y administrativa, lo que le permitiría decidir cómo utilizar su presupuesto, establecer libremente sus objetivos y actividades, y contratar a su propio personal. La capacidad de seleccionar, retener y motivar al personal de manera independiente es un factor clave que determina la capacidad de los empleados para actuar con autonomía y tomar decisiones objetivas y basadas en datos (OCDE, 2017[25]).
En 2025, la DIGEIG elaboró un proyecto de ley orgánica destinado a crear la Dirección de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG), cuyo objetivo era fortalecer la independencia de la institución. Este se presentó en el Congreso en junio de 2026 para su debate y aprobación. El proyecto de ley orgánica incluye disposiciones para la creación de subsistemas en varias áreas de este Estudio de Integridad, en particular en materia de gobierno abierto, conflictos de intereses y denuncia de irregularidades, y en las que la existencia de una institución de supervisión sólida e independiente es esencial para la implementación efectiva de las políticas en estas áreas. Una vez aprobado, los subsistemas podrían desarrollarse teniendo en cuenta las recomendaciones de este capítulo y de los siguientes.
Además de salvaguardar su independencia, la DIGEIG debe garantizar una separación estricta entre sus funciones relacionadas con la aplicación de la ley (investigación y recomendación de sanciones administrativas) y las relacionadas con la prevención. Esto es fundamental para mitigar el riesgo de que se vea afectada la credibilidad de las funciones de asesoría de la DIGEIG. De hecho, la experiencia ha demostrado que los gestores públicos y servidores públicos pueden no confiar en la función de asesoría y no comunicar abiertamente los desafíos, ya que temen que esa información pueda utilizarse en su contra.
Además, para evitar malentendidos, la DIGEIG podría comunicar claramente a los ciudadanos y a los servidores públicos que las investigaciones penales y las sanciones no forman parte de su mandato, y que, siempre que una investigación administrativa presente indicios de una dimensión penal, el caso se remitirá de manera sistemática y oportuna a las autoridades competentes. Al mismo tiempo, la DIGEIG debería seguir trabajando para fortalecer aún más su coordinación con la PEPCA, el MAP, la CGR y la CCRD, por ejemplo, mediante la creación de un grupo de trabajo interinstitucional dedicado a la aplicación de la ley, tal como se recomienda a continuación.
Por último, los organismos que desempeñan funciones tanto de prevención como de aplicación de la ley tienden a dedicar más esfuerzos y recursos a atender e investigar las denuncias que a las tareas relacionadas con la prevención (OCDE, 2021[26]). La DIGEIG se enfrenta al mismo riesgo, ya que la recepción y la investigación de las denuncias requieren una significativa cantidad de recursos. Sin embargo, dado su papel clave en la gestión y coordinación de las políticas nacionales de integridad, así como la necesidad de mantener e intensificar los esfuerzos relacionados con la prevención, la DIGEIG debe asignar un presupuesto suficiente y desarrollar las capacidades internas pertinentes.
Las capacidades incluyen, por ejemplo, habilidades y competencias relacionadas con las siguientes áreas:
Planificación estratégica y operativa para orientar el desarrollo de políticas nacionales de integridad (véase la sección siguiente).
Monitoreo y evaluación de las políticas de integridad, lo que incluye la recopilación y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos sobre el desempeño de dichas políticas, así como la redacción de informes.
Promoción de la coordinación y la cooperación interinstitucionales entre los actores del sistema de integridad, posiblemente a través de la CPTA reformada, tal como se recomienda abajo.
Diseño y promoción de normativas, directrices y lineamientos para la implementación de diferentes políticas de integridad que toman en cuenta estándares y buenas prácticas internacionales
Apoyo y orientación a entidades públicas en el diseño y la implementación de medidas de integridad, por ejemplo, con respecto a los mecanismos de denuncia y las medidas de protección a los informantes.
Promoción y desarrollo de capacidades en materia de integridad para los servidores públicos en general y para los gestores públicos en particular, en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) (véase el Capítulo 3).
Apoyo y orientación a los servidores públicos en la gestión de conflictos de intereses.
1.2.2. La República Dominicana podría fortalecer e institucionalizar la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA) como un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional, bajo la autoridad de la DIGEIG
La Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública establece no solamente que las entidades del sistema de integridad tengan mandatos claramente definidos, sino que además recomienda que existan mecanismos de coordinación entre éstas para aprovechar sinergias y asegurar una implementación coherente de las medidas de integridad (OCDE, 2017[1]). Los mecanismos de coordinación pueden adoptar diversas formas y cumplir diferentes funciones. La Tabla 1.3 muestra algunos de los mecanismos de coordinación institucional que existen en América Latina y los actores que los integran.
Fuente: Basado en (OCDE, 2019[27]), actualizado para reflejar (OCDE, 2021[28]; OCDE, 2025[29]; OCDE, 2025[30]).
En la República Dominicana, algunas actividades formales e informales sirven actualmente como foros de coordinación entre entidades gubernamentales. Por ejemplo, la Semana de la Ética, organizada en torno al Día Nacional de la Ética (establecido por el Decreto n.º 144-2017), reúne a diferentes actores en actividades destinadas a promover la integridad en el país. Un comité de supervisión encabezado por la Cámara de Cuentas (CCRD), del que forman parte la Contraloría General (CGR) y el Ministerio de Hacienda, tiene como objetivo garantizar las sinergias entre las instituciones pertinentes. La Ley n.º 18-2024 estableció recientemente un sistema único de auditoría que exige la coordinación necesaria para evitar la duplicación de esfuerzos entre la CGR y la CCRD. También se están llevando a cabo algunas iniciativas de coordinación entre la CGR, la DIGEIG y el Ministerio de Administración Pública (MAP). De manera más informal, existen también algunos canales de coordinación interinstitucional, tanto virtuales como presenciales, que operan mediante el uso de correos electrónicos y grupos de mensajería instantánea.
En febrero del 2025, mediante Decreto n.º 76-2025 se creó una Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA) liderada por un comité coordinador nacional presidido por la DIGEIG y una junta ejecutiva a cargo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Sus miembros son: las unidades Antifraude y de Auditoría Interna de la CGR, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRESS), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), y dos representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) de lucha contra la corrupción designados por el poder ejecutivo.
La creación de la CPTA es un desarrollo positivo que podrá facilitar la coordinación institucional entre entidades del poder ejecutivo en el futuro. Sin embargo, debería incluir al Ministerio de Administración Pública (MAP), y el hecho de centrarse en el poder ejecutivo deja fuera a actores con funciones e información relevantes para la integridad pública, como la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la Cámara de Cuentas (CCRD), la Defensoría del Pueblo y la Junta Central Electoral. Además, las organizaciones de la sociedad civil pueden preguntarse si los dos representantes de las ONGs designados por el poder ejecutivo representan a la sociedad civil en su conjunto o si tal vez solo sean los que se muestran menos críticos con el gobierno. Finalmente, no queda claro cómo se involucrará la perspectiva del sector privado en la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA).
En julio del 2025, el Presidente de la República Dominicana creó por Decreto n.º 407-2025 una comisión interinstitucional temporal para el seguimiento a la elaboración, desarrollo e implementación del sistema de integridad del país. También se encarga de elaborar, con el apoyo de la OCDE, la primera Estrategia Nacional de Integridad del país. Esta comisión, coordinada por la DIGEIG, reúne a representantes del poder ejecutivo, a saber: el Ministerio de la Presidencia (Oficina del Presidente), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Administración Pública, el Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas. La comisión también coordina sus actividades con actores ajenos al poder ejecutivo, entre ellos la PEPCA y la Fiscalía General, el Consejo Judicial, la Cámara de Cuentas y el poder legislativo.
A partir de estos avances y de la experiencia de la comisión interinstitucional temporal, la República Dominicana podría fortalecer y reformar la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), dirigida por la DIGEIG, para que se convierta en el principal mecanismo de coordinación en materia de integridad. En concreto, la República Dominicana podría reformar el Decreto n.º 76-2025, mediante el cual se creó la CPTA, o bien incorporar una CPTA reformada al ya mencionado proyecto de ley orgánica por el que se establece la Dirección de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG). Incluir la reforma en el proyecto de ley orgánica proporcionaría una base más estable a la CPTA y la integraría claramente en la lógica del sistema de integridad dominicano.
En este contexto, la República Dominicana podría considerar las siguientes reformas a la CPTA:
Incluir al Ministerio de Administración Pública (MAP) en la CPTA. Como órgano rector del empleo público, el MAP desempeña un importante papel en el régimen Ético y Disciplinario (véase el Capítulo 7) y en la incorporación de la integridad a los criterios de selección, promoción y capacitación de los servidores públicos (véase el Capítulo 3). También se podría incluir a la Liga Municipal Dominicana (LMD) en la CPTA para asegurar la perspectiva de los gobiernos locales y promover la aplicación de las políticas de integridad en todo el territorio (véase la sección siguiente).
Fortalecer la coordinación con los actores que promueven la integridad fuera del poder ejecutivo. Por ejemplo, se podrían extender invitaciones para participar (de manera regular o puntual) "con voz pero sin voto" a la PEPCA y a la Fiscalía General, al Consejo Judicial, a la Cámara de Cuentas y a los representantes legislativos de la Cámara de Diputados y del Senado, a la Corte Suprema de Justicia, a la Junta Central Electoral, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UAF) y a la Policía Nacional, entre otros. Esto permitiría mantener una coordinación y un intercambio de información, respetando las autonomías respectivas.
Una CPTA reformada de este tipo podría desempeñar un papel clave en el análisis de los avances y de los desafíos en la implementación de las estrategias nacionales de integridad. Además, la CPTA podría encargar una evaluación independiente de dichas estrategias nacionales (véase la sección siguiente).
La CPTA podría incorporarse a la legislación. Como muestra la Tabla 1.4, comisiones similares que se formaron en el pasado desaparecieron posteriormente, tuvieron un impacto limitado y/o pasaron desapercibidas para el público (Aquino Méndez, 2025[31]). En ese sentido, elevar la CPTA a nivel de ley podría señalar un compromiso duradero con la integridad. Por ejemplo, la reforma de la CPTA podría incluirse en un proyecto de ley orgánica destinado a fortalecer la independencia de la actual DIGEIG. Esto también dejaría en claro que la DIGEIG y la CPTA son complementarias y que sus funciones no se superponen: la DIGEIG es el órgano rector del sistema de integridad, mientras que la CPTA es un mecanismo de coordinación, dirigido por la DIGEIG. Entre los ejemplos internacionales de mecanismos de coordinación establecidos por ley se encuentran la Comisión Nacional de Moralización de Colombia, creada por la Ley n.º 1474-2011 y dirigida por la Secretaría de Transparencia, y la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción de Perú, creada por la Ley Nnº 29976-2013 y dirigida por la Secretaría de Integridad Pública (OCDE, 2017[32]; OCDE, 2017[33]).
Bajo la autoridad de la CPTA, la DIGEIG debería presentar informes públicos periódicos al Presidente de la República y al Consejo de Ministros para orientar la toma de decisiones. Una comunicación proactiva con el público es fundamental para respaldar la labor de la CPTA y para explicar la función y el valor agregado de la comisión. Una estrategia de comunicación también contribuiría a seguir cambiando la narrativa de la lucha contra la corrupción en el país de un enfoque reactivo (detectando y sancionando casos), a un enfoque preventivo y proactivo que busca resolver los problemas subyacentes y fortalece las diferentes dimensiones y la coherencia del sistema de integridad (OCDE, 2019[27]).
Finalmente, más que designar dos ONGs, la República Dominicana debería considerar abrir un proceso de aplicación abierto a cualquier organización que opere en temas relacionados y elegir a dos organizaciones por un periodo específico (p.ej. dos años). Por ejemplo, en Costa Rica, la Comisión Institucional de Parlamento Abierto abre una convocatoria y la dirección de la Asamblea Legislativa elige a los representantes de la sociedad civil (OCDE, 2022[18]). Como alternativa, en lugar de tener representantes permanentes de las ONGs, se podría obligar legalmente a la CPTA a que consulte regularmente con la sociedad civil y el sector privado por medio de canales formales y transparentes. Así se podría ayudar a evitar inquietudes potenciales relativas a la representatividad y a la independencia de la participación de organizaciones de la sociedad civil, mientras se garanticen amplias oportunidades para la participación (véase el Capítulo 5).
Por último, la República Dominicana está considerando actualmente la creación de un Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública que combine la integridad, la transparencia y la protección de datos, lo cual refleja la función actual de la DIGEIG. Esta reforma se ha incluido en el proyecto de ley orgánica mencionado anteriormente. Lo ideal sería que este sistema estuviera dirigido por una DIGEIG reformada e incorporara una CPTA reformada como mecanismo de coordinación nacional (tal como se recomendó anteriormente), así como las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo fortalecidas (véase la sección siguiente). Brasil, por ejemplo, ha desarrollado recientemente un Sistema de Integridad, Transparencia y Acceso a la Información liderado por la Controladoria-Geral da União (CGU) (OCDE, 2025[37]). De manera similar, Perú está actualmente considerando la aplicación de un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia, diseñado a partir de recomendaciones de la OCDE (Prensa Perú, 2025[38]; OCDE, 2024[39]). Si bien cada contexto es distinto y las reformas de un país no se pueden simplemente replicar en otro, el Recuadro 1.1 resume las recomendaciones principales que la OCDE le hizo a Perú para la construcción de su sistema conjunto y que podrían ser relevantes para la República Dominicana.
Las recomendaciones principales de la OCDE para la creación de un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia (SNIT) son:
Crear un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia (SNIT), que combine las áreas de integridad, transparencia activa y pasiva, y protección de datos personales, así como una Autoridad Nacional de Integridad, Transparencia y Protección de Datos Personales (ANITAP), como órgano rector del SNIT. La ANITAP fusionaría la actual Secretaría de Integridad Pública (SIP), la actual Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP) y la actual Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD). La ANITAP debe ser un organismo técnico especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que se caracterice por su independencia técnica, presupuestaria y funcional.
Promover la coordinación y articulación interinstitucional a nivel estratégico dentro del SNIT. Una Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) reformada, dirigida por la ANITAP, podría reunir a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), la Secretaría de Gestión Pública (SGP), el Archivo General de la Nación (AGN) y la Procuraduría General del Estado (PGE). El Defensor del Pueblo y la Contraloría General podrían seguir participando con derecho a voz, pero sin derecho a voto. A través de la CAN y otros mecanismos, el SNIT debería coordinarse con los sistemas relacionados (Archivos, Control, Justicia, Electoral y de Contratación), así como con los poderes legislativo y judicial, con los gobiernos regionales y los municipios, con el sector privado y la sociedad civil.
Promover la implementación de políticas de integridad y de transparencia. El SNIT brinda una oportunidad para reformar el Modelo de Integridad y fortalecer las Oficinas de Integridad Institucional (OII) y los Funcionarios Responsables de Acceso a la Información Pública (FRAIP). Los FRAIP podrían integrarse en las OII para convertirse en "Oficinas de Integridad y Transparencia" (OIT).
Fuente: (OCDE, 2024[39])
1.2.3. La República Dominicana podría establecer un grupo de trabajo técnico para mejorar la coordinación y la cooperación de las entidades destinadas a detectar violaciones de integridad y llevar a cabo investigaciones administrativas y penales
En la República Dominicana, al igual que en otros países, existen diversas entidades encargadas de recibir denuncias de presuntas irregularidades, investigar infracciones disciplinarias, informar sobre posibles delitos e investigar y enjuiciar los delitos en el marco de procesos penales. Por lo tanto, es fundamental contar con políticas y procedimientos claros de cooperación y coordinación para garantizar que las violaciones de integridad, ya sean de naturaleza disciplinaria o penal, se detecten y sancionen de manera eficaz. Las entrevistas realizadas durante este Estudio de Integridad sugieren que se podría fortalecer esta coordinación y cooperación entre los actores encargados de hacer cumplir la ley.
Por lo tanto, se podría crear un grupo de trabajo técnico interinstitucional para fortalecer la coordinación en lo que respecta al seguimiento de los informes y a la realización de investigaciones administrativas y penales sobre casos de corrupción y violaciones a la integridad (véase también el Capítulo 7). Si bien una CPTA fortalecida, tal como se recomendó anteriormente, se ocuparía de cuestiones estratégicas y promovería un diálogo sobre políticas públicas a nivel nacional, este grupo de trabajo técnico se centraría en fortalecer la eficacia de la detección, la investigación y la sanción de los casos.
Este grupo de trabajo técnico podría estar coordinado por la DIGEIG e incluir a la PEPCA, personal especializado de la Unidad Antifraude de la CGR, auditores de la CCRD especializados en fraude, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para incorporar la perspectiva del lavado de dinero (Ley n.º 155-2017), personal especializado del MAP para la dimensión disciplinaria y la DGCP, que ha desarrollado capacidades avanzadas para prevenir y detectar la corrupción en las operaciones de contratación pública. Además, el grupo de trabajo podría incluir a otros actores que se consideren relevantes, ya sea como miembros permanentes o de manera ad hoc.
Concretamente, las funciones del grupo de trabajo técnico incluirían las siguientes:
El desarrollo de normas o protocolos destinados, por ejemplo, a facilitar el intercambio de información sobre casos, garantizar la consistencia y la calidad de la información reportada, asegurar la coherencia de los criterios aplicados durante las investigaciones o utilizar el análisis de datos y la tecnología en la detección e investigación de casos de corrupción.
La mejora de capacidades al facilitar programas de capacitación técnica dirigidos conjuntamente a los órganos de control y a la PEPCA para promover el intercambio y el diálogo entre estos actores. Dicha capacitación podría incluir, por ejemplo, capacitación en auditoría y en cómo investigar casos de corrupción y fraude (por ejemplo, sobre los criterios y técnicas para localizar, preservar y documentar pruebas, tales como declaraciones, informes de presuntas irregularidades, registros de datos operativos y financieros, testimonios, documentos, informes periciales, etc.). Este enfoque ayudaría a que los entes de control adapten sus técnicas y procesos a las necesidades del sistema penal.
La presentación de informes periódicos a una CPTA fortalecida con el fin de aportar información que sirva de base para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones estratégicas en materia de integridad y lucha contra la corrupción, incluyendo esquemas y ámbitos complejos, como el vínculo entre la corrupción y el crimen organizado o la corrupción ambiental. Dichos informes podrían permitir que, al formular políticas anticorrupción y marcos normativos, se tenga en cuenta el conocimiento acumulado por los organismos de investigación sobre las áreas de riesgo y las prácticas corruptas.
De acuerdo con la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública, los gobiernos también demuestran su compromiso con la integridad “garantizando que el sistema de integridad del sector público defina, apoye, controle y aplique la integridad pública, y que se integre en el marco general de gestión y gobernanza del sector público”, y “garantizando la implementación de los marcos legislativos e institucionales apropiados que permitan que las organizaciones del sector público asuman la responsabilidad de la gestión efectiva de la integridad de sus actividades, así como la de los servidores públicos que lleven a cabo tales actividades” (OCDE, 2017[1]).
1.3.1. La República Dominicana podría fortalecer las Comisiones de Integridad Gubernamental y de Cumplimiento Normativo transformándolas en unidades especializadas en integridad
La integridad es responsabilidad de todos los servidores públicos, independientemente de la rama, del sector o del nivel de gobierno en el que trabajen. Como se profundizará en el Capítulo 3, los líderes en todos los niveles de una entidad pública desempeñan un papel crucial en la promoción de una cultura de integridad, dando el ejemplo y gestionando la integridad (OCDE, 2017[1]; OCDE, 2009[40]; OCDE, 2020[19]). También son instrumentales para asegurar la implementación de políticas de integridad en sus organizaciones. En Francia, la alta gerencia es personalmente sujeta a rendir cuentas sobre la implementación efectiva y la promoción de programas de integridad en su organización (AFA, 2020[41]). En Colombia, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) requiere que los gestores públicos reporten regularmente sobre sus acciones relativas a integridad, transparencia y otros temas transversales.
Además, actores de apoyo dedicados a los temas de integridad en entidades públicas, como unidades o comités, contribuyen a superar el reto de transversalizar la implementación de políticas de integridad en el sector público. La experiencia internacional muestra el valor de tener una persona u oficina especializada y dedicada que sea responsable y rinda cuentas por la implementación interna y la promoción de políticas y leyes relativas a la integridad, como resume el Recuadro 1.2 (OCDE, 2009[40]; G20, 2017[42]; OCDE, 2019[27]).
Existen varias razones por las que es importante contar con una función de integridad dedicada (una persona o una unidad) en una organización:
Dirige y coordina las medidas de integridad, por ejemplo, a través del desarrollo e implementación de un código de ética, el asesoramiento sobre la gestión de conflictos de intereses o dilemas éticos, y la orientación sobre cómo presentar una denuncia o cómo identificar, evaluar y gestionar los riesgos para la integridad.
Permite crear un espacio seguro en la organización, donde los empleados pueden acudir con preguntas, dilemas y problemas sin temor a represalias. Un personal estable permite construir la confianza necesaria para crear este ambiente.
Permite una genuina acumulación de experiencia, ya que las recomendaciones, perspectivas y buenas prácticas se recopilan en una única área dentro de la organización.
Puede facilitar la continuidad de las políticas de integridad. Incluso cuando la gestión de la integridad genera interés y entusiasmo al iniciarse, es normal que éstos decaigan con el tiempo. Contar con personas dedicadas a la integridad que deben informar sobre los avances logrados reduce significativamente este riesgo.
Tiene un componente simbólico. Transmite la señal de que la integridad se considera importante dentro de la organización. Una regla típica en la teoría del diseño organizacional es que "la estructura sigue a la estrategia": la estructura refleja las áreas de importancia estratégica para la organización. Si una organización busca destacar la importancia de la integridad, esto debe ser visible en su organigrama.
Permite coordinar y lograr sinergias para promover la integridad con otras áreas clave, como la gestión de recursos humanos, la unidad de compras, la dirección o la gestión financiera.
Fuente: Basado en (OCDE, 2019[43]; OCDE, 2021[28]; OCDE, 2009[40])
En la República Dominicana, las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), que responden a la DIGEIG, tienen la función de “promover la institucionalización de la ética y el estímulo de conductas íntegras en el servidor público, vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos, así como fungir de órgano operativo para la estandarización de programas y políticas de cumplimiento normativo, prevención de riesgo, antisoborno y manejo de herramientas de integridad gubernamental” (Decreto n.º 791-2021 y Reglamento de Aplicación n.º 1-2022 de la DIGEIG). Hasta el año 2025, 192 instituciones contaban con una CIGCN o un responsable de integridad (DIGEIG, 2025[44]).
Las CIGCN están compuestas de cinco miembros electos por tres años, representando a cada uno de los grupos ocupacionales del servicio civil (servicios generales, soporte administrativo, oficiales técnicos, profesionales, supervisión y gestión), además de un cuerpo técnico de cuatro personas con funciones y responsabilidades específicas dentro de la CIGCN (Tabla 1.5). En el caso de entidades pequeñas o que no tengan grupos ocupacionales, se tienen Oficiales de Integridad Gubernamental (OIG), que actúan como CIGCN.
Sin embargo, por su naturaleza de colegiado electo, las CIGCN pueden ser susceptibles a debilidades similares a las identificadas por estudios de la OCDE en Brasil y México, que tienen comités comparables (OCDE, 2017[45]; OCDE, 2021[46]; OCDE, 2019[47]; OCDE, 2021[28]).
Aunque el Decreto n.º 791-2021 establece que los miembros de las CIGCN deben contar con ciertas competencias básicas, a menudo carecen de experiencia previa en el campo y necesitan capacitación. Si bien la DIGEIG brinda y promueve el fortalecimiento de las capacidades de los miembros de las CIGCN, estos conocimientos desaparecen con los ciclos de los representantes electos. Esto afecta el aprendizaje, la continuidad y la eficacia de las CICGN.
La rotación de los oficiales dificulta el establecimiento de la confianza y de una "cara visible" de integridad en la entidad pública, lo que podría socavar su función de brindar asesoría sobre temas que, con frecuencia, son delicados.
En cuanto al equipo técnico, la ausencia de la dimensión de la gestión de recursos humanos es una debilidad, considerando que ésta es una dimensión clave para la promoción de una cultura de integridad en la entidad pública (véase el Capítulo 3).
Dado que ser miembro de la CIGCN es una tarea agregada sin remuneración adicional, el trabajo sobre integridad a menudo será solo la segunda prioridad o dependerá en gran medida de la motivación de las personas electas. De hecho, las entrevistas realizadas para este Estudio de Integridad evidenciaron disparidades en la motivación intrínseca de los miembros de las CIGCN, por ejemplo, entre los miembros electos y del cuerpo técnico, o entre los mismos miembros electos.
Las entrevistas también evidenciaron que las CIGCN a menudo no cuentan con los recursos necesarios ni con un apoyo de alto nivel. Las CIGCN no forman parte del organigrama de la entidad, por lo que no tienen recursos de financiamiento propios ni objetivos asignados en los planes operativos anuales. Esto implica que los recursos y la prioridad que se le da a la integridad dependen en gran medida de los jefes directos de los miembros de las CIGCN. Así mismo, la falta de apoyo administrativo-directivo dentro de la entidad dificulta el cumplimiento del mandato de las CIGCN, especialmente en entidades que cuentan con un solo oficial de integridad.
Por último, parece haber cierta confusión sobre la función exacta de la CIGCN, tanto entre los servidores públicos como entre los miembros de la CIGCN. Por ejemplo, ha habido casos de CIGCN que reciben solicitudes de información o quejas sobre colegas que no están habilitados a tratar. En parte, esta confusión puede radicar en el hecho de que las funciones de las CIGCN, de acuerdo con el Decreto n.º 791-21, son amplias y ambiguas, por lo que las actividades que se implementan dependen de los planes que se definan y de los recursos que se les asignen. No hay un artículo que defina funciones y responsabilidades más concretas.
Cabe mencionar que algunas instituciones públicas tienen un comité u oficial responsable de la implementación del Sistema de Gestión Integrado de Cumplimiento y Antisoborno (SGI), el cual busca alinear la entidad con las normas internacionales ISO 37001 e ISO 37301. Por ejemplo, la Dirección General de Aduanas (DGA) creó un Comité de Cumplimiento y Gestión Antisoborno en el 2023; la CGR cuenta con un Oficial de Cumplimiento y Antisoborno, y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) le otorga funciones similares a su gerente de auditoría. Sin embargo, el enfoque limitado de la norma ISO 37001 en materia de soborno podría suponer una duplicación del modelo CIGCN, el cual, dado su alcance más amplio, debería incluir automáticamente el soborno como un riesgo específico de integridad (OCDE, 2021[48]; Murphy, 2019[49]).
Para fortalecer las CIGCN, abordar algunos de los desafíos y evitar una duplicación con el área antisoborno de acuerdo con las normas ISO, la DIGEIG podría construir sobre las lecciones aprendidas y los avances que ya se lograron, y transformar las CIGCN en unidades de integridad dedicadas, es decir, unidades con personal exclusivo que tengan una especialización en temas de integridad, incluyendo antisoborno. Estas CIGCN reformadas deberían integrarse en los organigramas de las entidades y contar con descripciones de puestos y pautas claras sobre sus funciones y responsabilidades (véase también la sección siguiente).
La DIGEIG podría establecer que estas nuevas unidades de integridad cuenten con tres funciones y competencias fundamentales, claramente preventivas y de apoyo; la CIGCN no debería desempeñar ningún papel en la recepción de denuncias ni en la investigación de casos:
1. Coordinar monitorear el cumplimiento de las políticas de integridad que se deben implementar en la entidad, tal como estipuladas por la DIGEIG.
2. Proporcionar orientación a la autoridad de la entidad, a los gestores de alto y medio nivel, y capacitación a los servidores públicos en áreas relacionadas con la integridad pública, por ejemplo, orientación y capacitación sobre los valores del servicio público, tratamiento de dilemas éticos y desarrollo de aptitudes para el liderazgo en integridad.
3. Proporcionar orientación a la autoridad de la entidad y apoyo a los gerentes y servidores públicos en la gestión de riesgos para la integridad, incluida la gestión de conflictos de intereses.
La transformación de las CIGCN en unidades de integridad podría hacerse de manera gradual, empezando en algunas entidades prioritarias que podrían servir de piloto. Se deben tener en cuenta las diferencias entre las entidades: dependiendo del tamaño y de los riesgos para la integridad, dicha unidad podría ser conformada por una sola persona dedicada. Para inspirarse, la DIGEIG podría analizar la experiencia en el desarrollo de este tipo de sistemas y unidades en Brasil o Perú (Recuadro 1.3).
Brasil
La Contraloría General de la Unión (Controladoria-Geral da União, CGU) es el órgano de control interno del gobierno federal. Desde su creación en 2001, ha sido un elemento central de la estrategia del gobierno federal para fortalecer la integridad y prevenir la corrupción en Brasil, liderando las políticas de integridad en el poder ejecutivo federal.
En 2023, Brasil estableció el Sistema de Integridad, Transparencia y Acceso a la Información de la Administración Pública Federal (Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal, SITAI) mediante el Decreto n.º 11.529-2023. El SITAI amplía el concepto de integridad a medidas destinadas a prevenir y detectar violaciones o incumplimientos de derechos, valores y principios (como la discriminación de cualquier tipo, el acoso sexual y el acoso moral) que socavan la confianza, la credibilidad y la reputación de las instituciones. El SITAI también revisó el alcance de los programas de integridad institucional ya existentes que todas las entidades federales debían implementar.
El SITAI tiene como objetivo coordinar las actividades relacionadas con la integridad, la transparencia y el acceso a la información, así como establecer normas, prácticas y medidas relacionadas con estos temas. El SITAI está dirigido por la CGU e incluye las Unidades Sectoriales del SITAI (Unidades Setoriais do SITAI) en todas las instituciones públicas de la administración pública federal directa, autárquica y fundacional.
Perú
Perú ha desarrollado e implementado el "Modelo de Integridad" (Decreto Supremo n.º 044-2018-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo n.º 180-2021-PCM). El Modelo de Integridad establece una estructura sistemática para fortalecer la capacidad preventiva y de respuesta de las entidades frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética. Este modelo aboga por el cumplimiento estricto de las disposiciones normativas y promueve el uso de herramientas especializadas y la implementación de buenas prácticas. El Modelo de Integridad tiene nueve componentes obligatorias: (1) Compromiso de la alta dirección; (2) gestión de riesgos; (3) políticas de integridad; (4) transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas; (5) control interno; (6) comunicación y formación; (7) canal de denuncias; (8) supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad; (9) gestor del Modelo de Integridad.
Las Oficinas de Integridad Institucional (OII), obligatorias en todas las entidades públicas del país, son las responsables de gestionar el Modelo de Integridad (OCDE, 2019[43]). Estas oficinas están encargadas de promover la integridad dentro de sus respectivas entidades, garantizar la implementación de las normativas y directrices establecidas por la Secretaría de Integridad Pública (SIP) de la Presidencia del Consejo de Ministros, el ente rector en materia de integridad en el Perú.
La SIP proporciona orientación y apoyo técnico a las OII. Esto incluye la capacitación de los funcionarios de las OII en temas de ética e integridad, la provisión de materiales educativos y la asistencia técnica para la implementación de programas de integridad. La SIP monitorea el desempeño de las OII y evalúa su efectividad en la promoción de la integridad, proporcionando retroalimentación y recomendando mejoras cuando sea necesario. La SIP puede emitir resoluciones y directivas para establecer normas y procedimientos destinados a fomentar la integridad en el sector público. Además, regula parcialmente el funcionamiento de las OII, estableciendo los requisitos y las competencias de los responsables de dichas oficinas (OCDE, 2024[39]).
Para monitorear la implementación del Modelo de Integridad, la SIP ha desarrollado un conjunto de indicadores públicos que permiten hacer un seguimiento de los progresos realizados. Los subindicadores pueden desglosarse por entidad, por sector o agregarse en un Índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción (ICP).
Fuente: Para Brasil, véase (OCDE, 2025[29]). Para Perú, véase (OCDE, 2019[43]; OCDE, 2024[39]).
1.3.2. La DIGEIG podría empoderar a las CIGCN, o a las nuevas unidades de integridad, como el principal canal institucional para que los servidores públicos busquen orientación y asesoramiento ético y comunicar este nuevo rol
La Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública enfatiza la importancia de proporcionar orientación y poner a disposición de los servidores públicos mecanismos de consulta a los que puedan acudir cuando enfrenten dudas específicas o dilemas éticos en desarrollo de sus funciones (OCDE, 2018[50]). La institucionalización de una función de asesoramiento en materia de integridad puede adoptar diferentes formas: dentro de un órgano del gobierno central, a través de un organismo especializado independiente o semiindependiente, o mediante entidades o asesores en materia de integridad que formen parte de las entidades competentes (OCDE, 2020[19]).
En la República Dominicana, los servidores públicos que requieren este tipo de orientación actualmente deben acudir a la DIGEIG. Si bien la DIGEIG cuenta con las capacidades técnicas necesarias para ofrecer asesoría ética, también tiene a su cargo funciones de recepción e investigación de denuncias por irregularidades alegadas. Como ya se mencionó arriba, este doble rol (de asesor y a la vez investigador) puede generar un desincentivo para que los servidores públicos expongan sus inquietudes o dilemas éticos, por temor a que esto derive en una investigación formal. De manera similar, el Ministerio de Administración Pública (MAP) cuenta con una Dirección de Relaciones Laborales que brinda asesoría a los servidores públicos sobre cómo manejar dilemas éticos y emite recomendaciones vinculantes en virtud de la Ley n.º 41-2008.
Se alentaría a los servidores públicos a buscar apoyo con mayor confianza y de manera más regular si existiera un responsable de integridad específico en la entidad en la que trabajan, cuyas funciones incluyeran brindar orientación y asesoramiento ético de manera confidencial y proactiva. Esto también facilitaría el acceso a la asesoría, haría más eficiente el proceso y permitiría que las recomendaciones sean más pertinentes y ajustadas a la realidad institucional. Sin embargo, las CIGCN no brindan orientación ni asesoramiento ético a los servidores públicos sobre cómo manejar los dilemas éticos y los conflictos de intereses, ni cuentan actualmente con la capacidad para hacerlo.
Por lo tanto, la DIGEIG podría empoderar a las CIGCN, o mejor aún, a las unidades de integridad dedicadas recomendadas en la sección anterior, como el principal canal institucional para que los servidores públicos busquen orientación y asesoramiento ético. En este proceso, es necesario prestar especial atención a crear mecanismos que aseguren la confidencialidad de los intercambios entre las CIGCN/unidades de integridad y los servidores públicos, para crear un “espacio seguro” dentro de la organización, al que los servidores puedan acudir con sus preguntas, dilemas o inquietudes sin temor a represalias.
Además, la DIGEIG y las CIGCN/unidades de integridad deben colaborar para comunicar clara y extensivamente esta nueva función haciendo énfasis en la confidencialidad de estos intercambios, en los procedimientos para contactar a las CIGCN/unidades de integridad y en los tiempos de respuesta esperados, para manejar expectativas. También se debería aclarar la diferencia entre denunciar una presunta irregularidad y pedir consejo. De igual forma, es necesario que se comunique el alcance de la asesoría que será brindada por las CIGCN/unidades de integridad (por ejemplo, aclarar que no equivale a una opinión legal), para proteger tanto a los miembros de las CIGCN/unidades de integridad como a los servidores públicos de posibles malentendidos o del uso indebido de la orientación brindada.
Como parte de sus funciones de orientación y asesoramiento ético, y con apoyo de la DIGEIG, las CIGCN/unidades de integridad podrían ofrecer guías de orientación de forma proactiva a los servidores públicos sobre temas clave de integridad y preguntas recurrentes, incluyendo cómo identificar y gestionar situaciones de conflicto de interés y cómo abordar dilemas éticos que sean específicamente relevantes en sus entidades. Si bien es fundamental respetar la confidencialidad de los intercambios con quienes solicitan asesoría, las CIGCN/unidades de integridad podrían identificar áreas en las que se requiera mayor orientación y dar recomendaciones proactivas a la autoridad de su entidad, en función de las solicitudes de asesoría recibidas o en problemas recurrentes de carácter sistémico o específicos a su sector. La información en estas recomendaciones deberá ser formulada de manera general, sin dar detalles que permitan reconocer la identidad de quienes han solicitado asesoría.
Finalmente, la DIGEIG podría proporcionar foros de diálogo y encuentros regulares entre las CIGCN o las nuevas unidades de integridad. Como complemento al asesoramiento que la DIGEIG puede brindar a las CIGCN/unidades de integridad cuando así lo soliciten, esto les permitiría compartir experiencias sobre los desafíos comunes que enfrentan y sobre las buenas prácticas para superarlos. Las redes de oficiales de integridad son una buena práctica que existe en varios países. El Recuadro 1.4 presenta los ejemplos de Austria, Canadá, Alemania y Suecia.
La Red de Oficiales de Integridad de Austria
Con el fin de integrar la integridad en el sector público, Austria ha creado la Red de Oficiales de Integridad, cuyo objetivo es incorporar oficiales de integridad en diversas instituciones federales (por ejemplo, ministerios). Las tareas que realizan los oficiales incluyen las siguientes: brindar servicios de asesoría a los empleados y altos funcionarios; difundir información sobre integridad y promover la concientización; impartir capacitación; analizar el riesgo de corrupción; colaborar e intercambiar experiencias; y actuar como punto de contacto para cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo. La Oficina Federal Anticorrupción se encarga de administrar la red, generar y recopilar conocimientos especializados sobre el tema de la integridad, y brindar capacitación básica y materiales de capacitación a los oficiales.
Mecanismos de cooperación formales e informales en Canadá
En Canadá, la agencia central, la Secretaría de la Junta del Tesoro de Canadá (TBS, por sus siglas en inglés), coordina dos comunidades de práctica: la Red Interdepartamental de Valores y Ética y el Grupo de Altos Oficiales para la Denuncia Interna (denuncia de irregularidades). Estas comunidades de práctica se reúnen periódicamente y se benefician mutuamente al compartir buenas prácticas y las lecciones aprendidas. Las comunidades y sus intercambios regulares le brindan a la TBS un medio informal para mantenerse al tanto de los temas emergentes y los desafíos en constante evolución. Sus aportes también pueden ayudar a dar forma a las políticas de integridad, así como a las actividades de sensibilización y comunicación de la Secretaría.
Red alemana de personas de contacto para la prevención de la corrupción
En Alemania, el ministerio federal encargado de la prevención de la corrupción y la integridad es el Ministerio Federal del Interior, de la Construcción y de la Comunidad. Dado que la prevención de la corrupción no implica ejercer una función de supervisión sobre otros ministerios, la cooperación es esencial para alcanzar un entendimiento común de las políticas de integridad y de las normas integrales para su implementación. En el caso de la administración federal alemana, el Reglamento Conjunto de los Ministerios Federales regula (entre otros aspectos) la cooperación dentro del gobierno federal. El artículo 19 establece que "en los asuntos que afecten a las competencias de más de un ministerio federal, dichos ministerios colaborarán para garantizar que el Gobierno Federal se pronuncie y actúe de manera coherente". En la práctica, la cooperación se lleva a cabo a través de una red de personas de contacto para la prevención de la corrupción que se reúne con frecuencia. La red también elabora directrices, manuales y recomendaciones para la aplicación de la Directiva del Gobierno Federal sobre la prevención de la corrupción en la administración federal.
Red contra la Corrupción de los Organismos del Estado de Suecia
La Agencia Sueca de Administración Pública coordina la Red contra la Corrupción de los Organismos del Estado de Suecia. Entre los delegados que participan en la red se encuentran los encargados de los departamentos administrativos y los encargados de los departamentos legales. La red se reúne cuatro veces al año, y en cada reunión suelen participar cerca de 100 organismos. El objetivo de la red es compartir experiencias, aprender de buenos ejemplos y participar en la elaboración de manuales, informes y otras publicaciones de la Agencia Sueca de Administración Pública sobre medidas anticorrupción, control interno y eficiencia.
Fuente: Austria: (IBN, 2020[51]); Alemania: información proporcionada por el Ministerio del Interior; Suecia: información proporcionada por la Agencia Sueca de Administración Pública; Canadá: adaptado a partir de la información proporcionada por la Secretaría de la Junta del Tesoro.
1.3.3. La DIGEIG podría promover y apoyar la implementación de medidas de integridad en las administraciones locales
Tanto por su cercanía con la ciudadanía como por los servicios que proveen, los gobiernos subnacionales son esenciales para la buena gobernanza, la calidad de vida de la gente y la confianza pública en las instituciones democráticas. Pueden ser motores de innovación, desarrollo económico y productividad, a la vez que pueden desempeñar un papel clave en la promoción del capital social. La integridad a escala subnacional puede contribuir a maximizar todo el potencial regional en términos de actividad comercial, recaudación de ingresos e inversiones públicas y privadas, extranjeras y nacionales. De manera similar, las políticas de integridad exitosas a nivel subnacional pueden ayudar a luchar contra amenazas tales como el crimen organizado y contribuir a construir la confianza en la democracia (OCDE, 2019[27]).
En la República Dominicana, los ayuntamientos califican como la cuarta institución más confiable del país y la única para la que se identificó una variación estadísticamente significativa al alza del indicador de confianza según la Encuesta de Cultura Democrática 2022-2023 (Figura 1.5). Además, la encuesta también reveló que las formas de participación política están evolucionando y, mientras que solo el 13 % de los participantes afirmó apoyar con trabajo o dinero a un partido o candidato, el 27 % –es decir, más del doble– indicó haber participado en actividades para resolver los problemas de su comunidad (Oliva Álvarez and Cañete Alonso, 2024[6]). Al ser el nivel más cercano a las comunidades, los gobiernos municipales pueden jugar un rol clave ayudando a canalizar y potenciar el impacto de esta voluntad de participar en la vida pública para resolver problemas colectivos.
Porcentaje de ciudadanos que respondieron tener “alguna” o “mucha” confianza en cada institución
Fuente: Adaptado de (Oliva Álvarez and Cañete Alonso, 2024[6]).
Al mismo tiempo, las capacidades y los recursos varían a nivel local, al igual que los riesgos relacionados con la corrupción y la integridad. Éstos también varían de un gobierno local a otro, según su tamaño y contexto. Sin embargo, muchas estrategias anticorrupción pasan por alto la importancia de asegurar que las medidas adoptadas a nivel nacional se implementen debidamente a nivel subnacional, y no permiten que éstas se adapten tomando en cuenta dichas diferencias (OCDE, 2019[27]).
La República Dominicana es un país unitario dividido territorialmente en un Distrito Nacional (la ciudad de Santo Domingo de Guzmán), 10 regiones, 31 provincias, 158 municipios y 235 distritos. La entidad política administrativa básica del Estado dominicano es el Ayuntamiento, compuesto por una Alcaldía, que funciona como órgano ejecutivo; y un Concejo de Regidores, un órgano normativo, reglamentario y de fiscalización; ambos electos por cuatro años. La descentralización en la República Dominicana es un fenómeno relativamente reciente y de índole limitada, por lo que sigue siendo uno de los países más centralizados de Centroamérica dado el bajo nivel de gasto municipal y las competencias tributarias limitadas de los gobiernos locales (CEPAL, 2025[52]; Radics et al., 2023[53]). Como resultado, los gobiernos locales tienen un control limitado de sus propios fondos para cumplir sus mandatos y tienden a ser dependientes de las transferencias del gobierno nacional. Al mismo tiempo, las responsabilidades de los ayuntamientos en la República Dominicana cubren la planeación urbana, el manejo de la policía municipal y la prestación de una gran variedad de servicios públicos: educación, salud, seguridad y justicia, manejo de desechos, otorgamiento de licencias y permisos, etc.
Los riesgos para la integridad en estas áreas pueden socavar la prestación de estos servicios y tener un impacto directo en la experiencia y en la percepción de los ciudadanos. Aun así, la única referencia de la lucha contra la corrupción a nivel subnacional en la Ley n.º 176-2007 es que el Contralor Municipal debe coordinar con la CGR y la CCRD y colaborar con las actividades anticorrupción. Con escasos recursos para cumplir con su mandato, los ayuntamientos hacen lo posible para dedicar personal a tiempo completo a funciones relacionadas con la integridad como auditores internos, consejeros de ética u oficiales de transparencia. Para disminuir algunos de estos riesgos y desafíos y fortalecer gradualmente las capacidades de los gobiernos locales en la República Dominicana en materia de integridad pública, las entidades nacionales con un mandato de prevención y lucha contra la corrupción deberían por lo tanto desempeñar un apoyo más activo, enfocado y flexible a los gobiernos subnacionales.
Para esto, se puede construir sobre algunas iniciativas existentes. Por ejemplo, como se recomendó arriba, la Liga Municipal Dominicana (LMD), asesora técnica y de planificación a los municipios conforme a la Ley n.º 176-2007, podría formar parte de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA). Además, la LMD, en cooperación con la DIGEIG, podría apoyar a los municipios en la aplicación de las medidas de integridad y supervisar su progreso. De hecho, la LMD ya presta su apoyo en temas de transparencia e información pública en el marco del sistema de gestión interna y el fortalecimiento institucional municipal conocido como SISMAP (Sistema de Monitoreo de la Administración Pública) Municipal. El SISMAP Municipal es un portal que permite visualizar la situación y el progreso de los gobiernos locales en ocho dimensiones de la gestión interna y el fortalecimiento institucional municipal, incluyendo temas de declaraciones de patrimonio, acceso a la información e integridad, entre otros.
El SISMAP Municipal podría incentivar la implementación de medidas anticorrupción e integridad y facilitar su monitoreo en los gobiernos locales. Para esto, sin embargo, la DIGEIG y la LMD, junto con otros actores relevantes y en coordinación con el MAP, deberían revisar el SISMAP para incluir variables claves y realistas, quizás diferenciadas por tamaño de los gobiernos locales, que miden dimensiones claves de la integridad pública. Estos indicadores podrían constituir un nuevo eje temático, o incorporarse a los existentes, ya que hay ciertas superposiciones en los temas cubiertos.
Además, la República Dominicana podría apoyarse en la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), que está formada por más de 150 gobiernos locales, para ofrecer un espacio de diálogo y colaboración entre los gobiernos locales en materia de integridad. La FEDOMU también ofrece capacitaciones, promueve el diálogo interinstitucional y ofrece asistencia legal y técnica en temas como la formulación de Planes Municipales de Desarrollo, declaraciones de patrimonio o el desarrollo de presupuestos participativos. Así, la FEDOMU podría, en cooperación con la DIGEIG y asegurando coherencia con actividades de la LMD, brindar capacitaciones, acompañamiento y/o asistencia técnica en temas de integridad, aprovechando su experiencia en áreas relacionadas como los recursos humanos, la gestión presupuestaria, las compras y contrataciones, la transparencia y la participación ciudadana.
Por último, se podría considerar adaptar los lineamientos emitidos a nivel nacional a las realidades locales, dejando cierta flexibilidad para que se puedan tomar en cuenta las diferencias en términos de capacidades, recursos, pero también en términos de riesgos para la integridad. Por ejemplo, la DIGEIG está comenzando a promover los CIGCN en los gobiernos locales. En este proceso, tomando en cuenta lecciones aprendidas del nivel nacional y recomendaciones de este Estudio de Integridad, se podría probar un enfoque diferenciado en función de las capacidades, retos específicos y nivel de madurez institucional de los municipios. Por ejemplo, se podrían diferenciar los requisitos de acuerdo con el tamaño del ayuntamiento, dividiéndolos en ayuntamientos grandes, medianos y pequeños. Así, se podría asegurar que los lineamientos sean realistas y aumentar la posibilidad de que sean implementados de manera efectiva. El ejemplo de Francia (Recuadro 1.5) y las experiencias de otros países de América Latina, como Perú, Costa Rica, Chile o Colombia (OCDE, 2021[54]; OCDE, 2021[55]), podrían brindar a la República Dominicana ideas adicionales y alternativas sobre cómo extender las políticas de integridad y llegar a los municipios o ayuntamientos.
En Francia, algunas ciudades y regiones importantes han diseñado e implementado una política de integridad y funciones específicas. Desde 2014, la Ciudad de París cuenta con una comisión de ética responsable de la declaración de conflictos de intereses y patrimonio, obsequios y gratificaciones, interpretación y aplicación del código de conducta, orientación y asesoramiento. En 2014, la Ciudad de Estrasburgo asignó una función similar a un responsable de ética independiente para promover la integridad de los líderes y gestores políticos del municipio.
Entre las regiones que han adoptado un enfoque similar se encuentra Provenza-Alpes-Costa Azul. La revisión de 2016 del estatuto de la función pública introdujo el derecho a acceder a asesoramiento ético en las organizaciones públicas para todos los funcionarios, independientemente de su categoría. Las organizaciones deben asignar esta responsabilidad, interna o externamente. Sin embargo, existen cerca de 35 000 municipios, de los cuales más del 90 % tienen menos de 5 000 habitantes y cuentan con recursos financieros y humanos más limitados. En consecuencia, algunas de las funciones de integridad son responsabilidad de un centro de gestión local, un director general u otra(s) persona(s) designada(s) de la administración, o no están asignadas localmente y dependen de otros actores del sistema de integridad.
Además, una de las formas en las que la Agencia Francesa Anticorrupción (Agence Française Anticorruption, AFA) apoya a los gobiernos locales es a través del desarrollo de herramientas como la “Guía práctica a la atención de las autoridades municipales para gestionar los riesgos para la integridad” (AFA, 2024[56]). Este documento define diferentes tipos de riesgos para la integridad; presenta ejemplos de situaciones de riesgo concretas y la conducta esperada en esos casos; y ofrece doce fichas temáticas con ejemplos de situaciones concretas, cuestionarios para evaluar el riesgo, los pasos a seguir en consecuencia y secciones de “Qué hacer y qué no hacer”. Los temas cubiertos incluyen regalos e invitaciones; procesos de contratación; normativas relativas a la movilidad saliente de los agentes municipales; licitaciones; subvenciones; y desarrollo urbano.
La Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública sostiene que los adherentes deben “desarrollar un enfoque estratégico para el sector público que se base en datos empíricos y que tenga por objetivo mitigar los riesgos en materia de integridad pública”, especialmente por medio de lo siguiente (OCDE, 2017[1]):
Fijando prioridades y objetivos estratégicos para el sistema de integridad pública basados en un análisis riesgos de infracciones de las normas de integridad, teniendo en cuanta aquellos factores que contribuyan a políticas de integridad efectivas en el sector público.
Elaborando puntos de referencia e indicadores y recopilando datos relevantes y fidedignos sobre el nivel de implementación, desempeño y efectividad general del sistema de integridad pública.
La adopción de objetivos estratégicos en materia de integridad y lucha contra la corrupción es una práctica cada vez más habitual en todo el mundo, incluidos los países miembros de la OCDE. 25 países miembros de la OCDE (66 %) y 22 países socios de la OCDE (88 %) cuentan con un marco estratégico nacional adoptado al más alto nivel gubernamental. El informe "Perspectivas de Anticorrupción e Integridad 2024" destacó una oleada de países que adoptaron su primera estrategia: Costa Rica, Estados Unidos, Finlandia, Francia y Suiza. Chile, Grecia, Guatemala, España e Italia también han adoptado sus estrategias al más alto nivel gubernamental (OCDE, 2026[3]).
1.4.1. La República Dominicana podría desarrollar una primera estrategia nacional de integridad para establecer objetivos estratégicos y para fomentar la coordinación entre los actores de integridad más allá del poder ejecutivo
Una estrategia de integridad pública es fundamental para apoyar un sistema de integridad coherente e integral. Una estrategia no es un fin sino más bien un medio para alcanzar un fin, y el proceso para desarrollarla puede decirse que es tan importante como la estrategia en sí. Un proceso riguroso que garantiza la participación de todas las partes interesadas relevantes puede ayudar a definir objetivos estratégicos y relevantes que sean significativos para los ciudadanos y las empresas; priorizar y secuenciar acciones para abordar los riesgos para la integridad más cruciales, y proporcionar la evidencia necesaria para que las intervenciones sean más eficientes y con más probabilidad de generar el mayor impacto. Tales estrategias también son una forma de demostrar compromiso y pueden ser usadas para definir responsabilidades institucionales y promover la coordinación interinstitucional (OCDE, 2020[19]).
Actualmente, la República Dominicana no cuenta con una estrategia nacional de integridad. Sin embargo, el país está dando los pasos iniciales para desarrollar su primera estrategia con apoyo metodológico de la OCDE. Como se mencionó, en julio de 2025, se estableció una comisión interinstitucional temporal encargada de liderar el desarrollo de esta primera estrategia. Esta estrategia es una oportunidad para definir una primera visión estratégica, alineada con las buenas prácticas internacionales y los criterios de calidad de los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE. Además, la estrategia debe estar alineada con otros planes estratégicos como el Plan Nacional de Desarrollo 20230 y el VI Plan de Gobierno Abierto. Esto aseguraría alineación estratégica y coherencia entre estas estrategias nacionales.
Las discusiones sobre las conclusiones preliminares y las recomendaciones durante el proceso de este Estudio de Integridad han servido de base para el análisis de la situación actual y la definición de los objetivos estratégicos y las medidas específicas. Estas discusiones, abarcando actores institucionales más allá del poder ejecutivo, ponen de manifiesto la voluntad del país de contar con una estrategia respaldada por el Estado, y no solo por el gobierno. Además, la República Dominicana está considerando adoptar un enfoque a largo plazo para promover la continuidad de los esfuerzos a lo largo de los ciclos electorales. Los ejemplos de países como Costa Rica y Chile podrían servir de inspiración para la República Dominicana (Recuadro 1.6).
Costa Rica
La Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC) de Costa Rica establece un marco estratégico para la acción del Estado y todos los actores de la sociedad, con un horizonte claro, que prioriza la prevención, la promoción de la integridad y la creación de una cultura de legalidad que minimice los actos de corrupción. La ENIPC definió cinco áreas prioritarias: 1. Gobernanza en la lucha contra la corrupción; 2. Gestión del talento humano para luchas contra la corrupción; 3. Promoción de la participación y el control ciudadano; 4. Gestión de riesgos de corrupción en la interacción público-privada; y 5. Acceso a la información de interés público y rendición de cuentas. La ENIPC tiene un período de implementación de diez años (2021-2030) que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo.
Chile
La Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) de Chile es una política participativa, basada en evidencia y de largo plazo, con un enfoque proactivo, que busca mejorar los estándares de transparencia, integridad y anticorrupción en el país. La ENIP tiene objetivos en cinco áreas temáticas: 1. Función pública; 2. Recursos públicos; 3. Transparencia; 4. Política; y 5. Sector privado, con un horizonte de diez años (2023-2033). Además, cada una de estas áreas temáticas cuenta con un plan de acción que incluye más de 200 medidas para implementarse a corto, mediano y largo plazo.
1.4.2. La DIGEIG debería promover y coordinar la implementación de un sistema de integridad a través de un sistema de monitoreo, el aprendizaje continuo y la rendición de cuentas a través de evaluaciones, y construir confianza a través de estrategias de comunicación
El monitoreo y la evaluación son clave para comprender cómo se implementa una estrategia de integridad, si está contribuyendo a reducir los riesgos de corrupción y fraude y, en caso contrario, por qué. El monitoreo y la evaluación van de la mano. Ambos generan información procesable, que puede ayudar a la República Dominicana a identificar lo que realmente funciona y abordar lo que no funciona. El monitoreo y la evaluación también permiten comunicar a las partes interesadas y a la ciudadanía sobre el progreso y los resultados y, por lo tanto, establecer una base para la transparencia y la rendición de cuentas. Es necesario establecer estos mecanismos desde el inicio para asegurar la medición, informes de avance y la rendición de cuentas.
Diseñar un sistema de monitoreo dirigido por la DIGEIG y que aproveche la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA) para gestionar y coordinar su implementación mediante indicadores y un diálogo constructivo
El monitoreo corresponde a un proceso rutinario de recopilación de datos y de presentación de informes para garantizar que los recursos se gasten adecuadamente, los productos se entreguen con éxito, y se alcancen los hitos y objetivos. Requiere la recopilación sistemática de información sobre indicadores específicos para proporcionar a las principales partes interesadas información sobre el progreso y cualquier obstáculo encontrado. El monitoreo informa principalmente las decisiones operativas: permite identificar los desafíos y oportunidades para tomar decisiones oportunas y permite hacer ajustes para garantizar que las actividades cumplan los objetivos de la estrategia.
El monitoreo se lleva a cabo en distintos niveles. Cada entidad encargada de implementar partes de la futura estrategia nacional debe monitorear las acciones que le corresponden según sus responsabilidades. Este monitoreo debe formar parte de la rutina diaria de la entidad e integrarse en su rutina de monitoreo establecida. Además, un sistema central de monitoreo de la integridad ayuda a recopilar, unificar y analizar estos datos e información descentralizados. Permite analizar el avance y las demoras en la implementación de las actividades, así como los principales hitos desde una perspectiva general. Para lograrlo, los indicadores que permitan dar seguimiento a la implementación en este nivel deben ser claros y significativos. Así mismo, se necesitan mecanismos y procedimientos claros para garantizar que la información se utilice para orientar los debates de alto nivel sobre la implementación y que los organismos encargados de la implementación sigan comprometidos y motivados. El monitoreo no debe percibirse como un mecanismo de control diseñado para señalar y avergonzar a alguien. Se debe dejar en claro que se trata de un esfuerzo conjunto para analizar y superar los obstáculos.
En concreto, la DIGEIG debería dirigir un proceso que ayude a los organismos encargados de implementar partes de la estrategia a definir metas realistas y recopilar información relevante para dar seguimiento e informar sobre el progreso. Durante la implementación, la DIGEIG deberá recopilar y organizar esta información para elaborar informes de monitoreo periódicos y concisos. La Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA) podría servir como un foro de diálogo de alto nivel para analizar la información generada por los informes de monitoreo de la futura estrategia. En esta etapa, se puede decidir si es necesario realizar algún ajuste. A continuación, se analizan el contenido y la comunicación de los informes de monitoreo.
Establecer procedimientos y criterios para asegurar evaluaciones periódicas e independientes que permitan el aprendizaje y la mejora continua
La OCDE define la evaluación de políticas públicas como “la evaluación estructurada y basada en evidencia del diseño, implementación o resultado de una intervención pública planeada, en curso o completada” (OCDE, 2022[62]). El objetivo de la evaluación es determinar la pertinencia y el cumplimiento de los objetivos, su coherencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad, así como el valor o trascendencia de una política. Como tal, las evaluaciones hacen preguntas más allá del estado de implementación de una política pública. Ante todo, las evaluaciones deben desencadenar el aprendizaje y permitir la continuidad y la coherencia a lo largo del tiempo. Uno de los criterios utilizados por los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE para la calidad del marco estratégico es precisamente si las estrategias han utilizado evidencia de evaluaciones de estrategias anteriores para informar su enfoque. La evaluación sirve principalmente para informar las decisiones estratégicas.
A la par con el desarrollo de la estrategia y de su sistema de monitoreo, se recomienda planificar la realización de evaluaciones periódicas. Idealmente, estas evaluaciones deberían ser realizadas por un actor u organización independiente. Las evaluaciones externas pueden percibirse como más objetivas y creíbles para las personas externas y las partes interesadas. Cuando la evaluación del éxito de una política pública está en las mismas manos del responsable del diseño y/o implementación de esa política, la imparcialidad de la evaluación está en riesgo. Una mirada externa e independiente también ayuda a obtener perspectivas nuevas y distintas.
Dependiendo del horizonte de tiempo que tendrá la futura estrategia de integridad de la República Dominicana, se podrá establecer un calendario de evaluaciones. El proceso de monitoreo se complementa, además, con evaluaciones intermedias, que son esenciales para ajustar la implementación y el proceso de monitoreo o para adaptar los objetivos estratégicos. Por ejemplo, una evaluación intermedia cada dos años podría permitir revisar los avances logrados y reevaluar las prioridades estratégicas. Por su parte, las evaluaciones finales garantizan el aprendizaje y la rendición de cuentas, y constituyen el punto de partida para fundamentar los procesos de diseño de estrategias futuras. El Recuadro 1.7 describe algunas preguntas clave que la evaluación de la nueva estrategia de la República Dominicana podría abordar en el futuro.
Una evaluación de política pública no evalúa si cada una de las actividades de una estrategia determinada se han implementado y en qué medida, sino que analiza si la estrategia ha podido contribuir a lograr las metas y objetivos establecidos (OCDE, 2017[63]). Así, la metodología para evaluar el logro de los resultados previstos y los objetivos de una estrategia de integridad nacional podría tener en cuenta las siguientes dimensiones:
Relevancia: ¿Se ha diseñado la estrategia para responder a las necesidades y prioridades del país? ¿Hasta qué punto siguen siendo válidos los objetivos? ¿Las partes interesadas tienen un sentido de pertenencia?
Coherencia: ¿Ha sido la estrategia coherente con otras reformas y políticas públicas de gobernanza en áreas clave relevantes (coherencia externa)? ¿Se han diseñado los diferentes objetivos de la estrategia nacional de integridad de manera que se refuercen entre sí y creen sinergias, y han sido las actividades relevantes para contribuir al alcance de los resultados y de los objetivos (coherencia interna)?
Efectividad: ¿En qué medida ha logrado la estrategia alcanzar los objetivos previstos y lograr el nivel de implementación adecuado? ¿Cuáles han sido los principales factores que han influido en el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos?
Eficiencia: ¿Se han utilizado bien los recursos disponibles para alcanzar los objetivos de la estrategia? ¿Se alcanzaron los objetivos a tiempo?
Impacto: ¿Qué diferencias ha hecho estrategia? ¿Cuáles han sido los cambios positivos y podrían observarse algunas consecuencias no deseadas?
Sostenibilidad: ¿En qué medida se ha basado la estrategia en esfuerzos anteriores para prevenir y combatir la corrupción y promover la integridad y qué probabilidad hay de que los cambios implementados perduren en el tiempo?
Para responder a estas preguntas, las evaluaciones pueden recurrir tanto a métodos cuantitativos como cualitativos.
Fuente: Adaptado de (OCDE, 2021[64]) y basado en (OCDE, 2020[65]; OCDE, 2017[63]). Los criterios siguen los criterios de evaluación de la OCDE-DAC y la Recomendación de la OCDE sobre Evaluación de Políticas Públicas (OCDE, 2022[62]).
Asegurar una comunicación clara y fluida sobre la implementación y los resultados de la estrategia es clave para la construcción de confianza y para apoyar las reformas
La comunicación con las partes interesadas tanto internas como externas permite la rendición de cuentas, aumenta la credibilidad de los esfuerzos de integridad y estimula la acción futura. El beneficio del monitoreo y la evaluación para la gestión, el diseño de políticas públicas y el aprendizaje organizacional depende en gran medida de cómo se comunican los procesos y los resultados (OCDE, 2017[63]). Como tal, la comunicación se considera una parte integral de una estrategia de integridad y de su marco de monitoreo y evaluación.
Por lo tanto, para las actividades de monitoreo y evaluación señaladas en las secciones anteriores, la DIGEIG podría liderar la elaboración de informes y su comunicación. Comunicar de manera periódica y clara sobre los avances logrados para alcanzar las metas puede contribuir a generar confianza y a demostrar que el cambio gradual es posible. La comunicación también ayuda a fortalecer los procesos de rendición de cuentas, a apoyar el diálogo entre partes interesadas y a favorecer las decisiones basadas en evidencia. La comunicación relativa a la implementación de la estrategia de integridad nacional puede fomentarse, por ejemplo, por medio de informes públicos anuales y bianuales, así como por páginas web especializadas. Además, los organismos responsables de la ejecución podrían incluir indicadores relacionados con la integridad en sus propios informes anuales. La Tabla 1.5 proporciona una descripción general de algunos elementos que la DIGEIG puede considerar al redactar informes de monitoreo y evaluación.
Fuente: Secretaría de la OCDE, con base, entre otros, en (Comisión Europea – Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), 2016[66]; 2022[67]).
Sin embargo, las estrategias de comunicación deben diseñarse cuidadosamente para garantizar que los mensajes se transmitan y se reciban tal como se pretende. Existe amplia evidencia que muestra que campañas bien intencionadas pueden tener efectos no deseados y contrarios a lo que se quiere lograr (Gino, Ayal and Ariely, 2009[68]; Robert and Arnab, 2013[69]; Ajzenman, 2021[70]; Bicchieri and Xiao, 2009[71]; Corbacho et al., 2016[72]; OCDE, 2018[50]). Tales riesgos relacionados a errores de comunicación pueden prevenirse diseñando cuidadosamente campañas relevantes que se centren más bien en los logros de las políticas de integridad, mostrando que un cambio sí es posible. Está claro que tales resultados tienen que ser reales para evitar fomentar el cinismo, disminuir la confianza en el gobierno y desvincular a los ciudadanos de una participación constructiva en la política pública (Bauhr and Grimes, 2014[73]).
1.4.3. La República Dominicana podría mejorar su base de datos para el monitoreo y la evaluación de las políticas de integridad
Para hacer un seguimiento del desempeño del país se requiere información objetiva, actualizada y exhaustiva que sirva de base para las decisiones públicas en materia de integridad y lucha contra la corrupción, y que fomente la implementación de medidas a través de un efecto de comparación. Esta información debe ponerse a disposición de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil para generar debate y, sobre todo, mejoras. Actualmente existen una serie de indicadores internacionales que miden los niveles de corrupción, el Estado de derecho y las condiciones democráticas de la República Dominicana. Sin embargo, no toman en consideración las particularidades del país y se basan en gran medida en la percepción de expertos. Los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (PII) miden el desempeño de la República Dominicana con respecto a variables claves de la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública. Pueden servir de base para las reformas al identificar las brechas y mostrar los avances logrados.
Además de los indicadores internacionales, la República Dominicana también genera sus propios conjuntos de datos que podrían utilizarse para el monitoreo y la evaluación de la estrategia nacional de integridad. Por ejemplo, la Encuesta sobre Cultura Democrática realizada por el anterior Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) incluye preguntas sobre corrupción y clientelismo y puede utilizarse como indicador de los resultados. El Índice de Transparencia Estandarizado (ITE) de la DIGEIG monitorea el cumplimiento de la normativa por parte de los portales de transparencia de las entidades públicas. Desde 2010, el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) del Ministerio de Administración Pública monitorea el avance en la gestión pública de las entidades y organismos del poder ejecutivo y abarca áreas relacionadas con la profesionalización del empleo público, el fortalecimiento institucional y la calidad. El SISMAP se encuentra en un proceso de mejoras tecnológicas (Circular 004462). Como se mencionó anteriormente, el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal podría ser útil para dar seguimiento a la implementación de los objetivos de la estrategia nacional de integridad relacionados con el ámbito subnacional.
La República Dominicana podría considerar la posibilidad de revisar los cuestionarios subyacentes para aprovechar los conjuntos de datos mencionados:
Encuesta sobre la Cultura Democrática: Quien haya asumido las correspondientes funciones del anterior Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo podría considerar la posibilidad de incluir preguntas que midan las percepciones, actitudes y experiencias de los ciudadanos con respecto a la corrupción y la integridad.
Gestión pública, SISMAP y SISMAP municipal: El Ministerio de Administración Pública, en coordinación con la DIGEIG y la Liga Municipal Dominicana, podría considerar la posibilidad de incluir indicadores de integridad adicionales en las dimensiones existentes o crear un nuevo eje para medir las dimensiones clave de la integridad pública.
Índice de Transparencia Estandarizado (ITE): Inspirada en buenas prácticas como las de Corea del Sur o Perú (Recuadro 1.8), la DIGEIG podría complementar el ITA con un Índice de Integridad Estandarizado (IIE) o transformar el ITE en un Índice de Transparencia e Integridad Estandarizado (ITIS).
Corea del Sur
La Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles de Corea del Sur (CADC) emplea dos marcos complementarios para monitorear y evaluar la calidad de la implementación de los esfuerzos para combatir la corrupción, así como sus resultados:
Evaluación de Integridad: Una evaluación anual de la integridad en todos los organismos gubernamentales mediante encuestas estandarizadas, en las que se pregunta al personal sobre su experiencia y su percepción de la corrupción. Además, son encuestados los ciudadanos que han tenido contacto con los respectivos organismos y también las partes interesadas y los expertos que tienen interés en el funcionamiento del organismo respectivo. Las respuestas, junto con otra información, son calificadas según un indicador compuesto: el Índice Integral de Integridad.
Evaluación de Iniciativa Anticorrupción: Una evaluación comparativa de las políticas de integridad en todos los organismos gubernamentales de Corea. Los organismos seleccionados para evaluación presentan un informe de rendimiento sobre su implementación de las políticas de integridad. A través de visitas in situ se verifica la información que luego es calificada por un equipo de evaluación externo. Ello le permite a la CADC observar la disposición y los esfuerzos realizados para la integridad en todo el sector público.
Los resultados son públicos y la comparación directa de los diferentes organismos gubernamentales sobre la base de los indicadores de integridad crea una competencia entre dichos organismos. Los resultados también se ingresan en la Evaluación Gubernamental de Rendimiento. Asimismo, existen recompensas por alto rendimiento a nivel institucional e individual, como ser un programa de estudios en el extranjero para los funcionarios cuyo rendimiento en integridad fuera sobresaliente. La mejora permanente de los resultados de rendimiento indica que estos incentivos podrían ser efectivos.
Perú
La Secretaría de Integridad Pública (SIP) desarrolló el Modelo de Integridad como parte del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. El Modelo contiene un conjunto de lineamientos, mecanismos y procedimientos para fortalecer a las entidades públicas en su capacidad interna para prevenir y castigar la corrupción, así como para reforzar sus prácticas contra prácticas poco éticas. Como parte de este programa, la SIP desarrolló un Índice de Capacidad Preventiva (ICP), en el que se evalúan los avances del Modelo de Integridad.
La información del ICP se recoge a partir de un formulario que incluye las guías de los estándares vigentes con las indicaciones generales y la descripción de las alternativas de cada pregunta, a efectos de que se conozca cuáles son los criterios de evaluación. Las preguntas representan los aspectos a evaluar de cada componente. Cada alternativa de respuesta tiene un puntaje asignado de acuerdo con el avance que signifique en la implementación/cumplimiento del aspecto evaluado. Este puntaje es promediado junto con los puntajes de las demás preguntas, obteniendo un promedio general que corresponde al ICP de la entidad. El Estándar evaluado se calcula en una escala de 0 a 1; en donde 0, supone la ausencia de mecanismos estandarizados de prevención de la corrupción y 1, el cumplimiento total del Estándar.
Fuente: Corea: Elaborado en base a información entregada a la OCDE por Corea. Perú: Elaborado en base a información entregada por Perú y (SIP, 2024[74]).
Fortalecer la gobernanza y la coordinación del sistema de integridad
La República Dominicana debería fortalecer la DIGEIG mediante su creación por ley, con garantías que aseguren su independencia, y reforzando sus capacidades como órgano rector del sistema de integridad.
La República Dominicana podría fortalecer e institucionalizar la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA) como un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional, bajo la dirección de la DIGEIG.
La República Dominicana podría establecer un grupo de trabajo permanente para mejorar la coordinación y la cooperación de las entidades responsables de detectar violaciones de integridad y llevar a cabo investigaciones administrativas y penales.
Promover la implementación de las políticas de integridad en todo el sector público
La República Dominicana podría fortalecer las Comisiones de Integridad Gubernamental y de Cumplimiento Normativo, transformándolas en unidades especializadas en integridad.
La DIGEIG podría empoderar a las CIGCN, o a las nuevas unidades de integridad, como el principal canal institucional para que los servidores públicos busquen orientación y asesoramiento ético, y tomen conciencia sobre este nuevo rol.
La DIGEIG podría promover y apoyar la implementación de medidas de integridad en las administraciones locales.
Asegurar un abordaje estratégico para fortalecer la integridad pública
La República Dominicana podría desarrollar una primera estrategia nacional de integridad para establecer objetivos estratégicos y para fomentar la coordinación entre los actores de integridad más allá del poder ejecutivo.
La DIGEIG debería promover y coordinar la implementación de una estrategia de integridad a través de un sistema de monitoreo, el aprendizaje continuo y la rendición de cuenta a través de evaluaciones, además de construir confianza a través de estrategias de comunicación. .
La República Dominicana podría mejorar su base de datos para el monitoreo y la evaluación de las políticas de integridad.
Referencias
[56] AFA (2024), Guide pratique à l’attention des élus du bloc communal mieux gérer les risques d’atteintes à la probité, Agence Française Anticorruption, https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/AFA_BlocCommunal_Web.pdf (accessed on 24 July 2025).
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