Estudio de la OCDE sobre integridad en la República Dominicana

Resumen ejecutivo

Si bien las reformas han fortalecido las políticas de integridad y anticorrupción de la República Dominicana, aún persisten brechas normativas y de implementación.

Sistema de integridad

La República Dominicana ha establecido un marco legal e institucional de integridad, pero la coordinación interinstitucional sigue siendo, en gran medida, informal. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) desempeña un papel fundamental; sin embargo, fue creada por decreto y carece de garantías legales que aseguren su independencia. Es necesario realizar esfuerzos para fomentar una cultura de integridad en toda la administración pública, incluidos los municipios.

Recomendaciones

• Establecer una plataforma de coordinación interinstitucional formal y permanente, así como un sistema nacional de integridad a cargo de la DIGEIG.

• Transformar las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo de las entidades públicas en unidades especializadas en integridad y brindar apoyo para llegar a las administraciones locales.

• Desarrollar una estrategia nacional de integridad para definir las prioridades estratégicas y fomentar la coordinación interinstitucional.

Gestión de conflictos de intereses

El país ha establecido estándares y procedimientos de integridad para los servidores públicos, incluidos en materia de conflictos de intereses. Sin embargo, el marco sobre conflictos de intereses se basa en prohibiciones, sin establecer obligaciones ni procedimientos integrales para la divulgación, gestión y l mitigación de los conflictos de intereses. Solo se verifica una proporción limitada de las declaraciones de patrimonio.

Recomendaciones

• Desarrollar un marco integral sobre conflictos de intereses que defina los conceptos clave y establezca obligaciones de declarar y gestionar los conflictos de intereses.

• Asignar responsabilidades institucionales claras para la gestión de los conflictos de intereses, lo que incluye el asesoramiento, la orientación, el seguimiento y la verificación.

• Fortalecer los procesos de presentación, verificación, inspección y control de las declaraciones de patrimonio.

Cultura de integridad en el sector público

Los códigos de integridad institucionales sirven de base para promover la integridad en el sector público, pero su adopción y aplicación siguen siendo desiguales. Aún quedan desafíos por superar para garantizar la aplicación consistente de los principios basados en el mérito y para proteger el proceso de reclutamiento en la administración pública de influencias indebidas. Las actividades de sensibilización y capacitación en materia de integridad siguen siendo limitadas.

Recomendaciones

• Establecer un Código de Integridad para los servidores públicos de los gobiernos nacional y subnacional, basado en un conjunto común de valores del servicio público.

• Fortalecer el servicio civil de carrera como fundamento de la integridad y desarrollar un sistema centralizado de información para la gestión de recursos humanos con el fin de monitorear el cumplimiento de los principios de reclutamiento basado en el mérito.

• Desarrollar un programa de capacitación en liderazgo para los gestores públicos y establecer una red para el aprendizaje y el intercambio entre pares.

Transparencia y acceso a la información

La transparencia y el acceso a la información han mejorado considerablemente. Sin embargo, persisten ciertos desafíos en materia de cumplimiento, tiempos de respuesta, calidad de la información divulgada e interoperabilidad de los datos. No existe un organismo de supervisión independiente que revise las apelaciones. La transparencia proactiva sigue siendo limitada, ya que muchas instituciones recurren a la divulgación reactiva en lugar de publicar sistemáticamente información clave.

Recomendaciones

• Fortalecer el acceso a la información mediante el establecimiento de principios de " abierto por defecto", la mejora del marco de excepciones y apelaciones, y la garantía de una supervisión independiente.

• Consolidar el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública, garantizando su plena adopción en todas las instituciones públicas, mejorando la calidad de los datos y fortaleciendo el monitoreo.

• Integrar plataformas de transparencia, datos abiertos y acceso a la información para mejorar la accesibilidad, la interoperabilidad y la rendición de cuentas.

La sociedad en su conjunto

El país ha adoptado medidas para promover un enfoque de integridad que involucre a toda la sociedad y fomentar una responsabilidad compartida en la construcción de una cultura de integridad. Sin embargo, la tolerancia hacia la corrupción y el clientelismo sigue siendo generalizada y está profundamente arraigada, mientras que, en promedio, menos de la mitad de la población expresa confianza en las instituciones públicas. Se cuenta con poca evidencia sobre las prácticas, necesidades y desafíos relacionados con la integridad empresarial.

Recomendaciones

• Fortalecer la educación en materia de integridad a través de la ampliación del contenido de la competencia fundamental "Ética y Ciudadanía" del Currículo Nacional y del desarrollo de materiales didácticos y actividades extracurriculares adaptados a las necesidades.

• Lanzar una campaña nacional de concientización para fomentar un compromiso de toda la sociedad con la integridad.

• Recopilar más información sobre las prácticas de integridad empresarial y los desafíos relacionados con las mismas.

Gestión de riesgos y auditoría

El Sistema Nacional de Control y Supervisión, dirigido por la Cámara de Cuentas, y en el que la Contraloría General de la República coordina el control y la auditoría internos, ofrece oportunidades para fortalecer la eficacia de las auditorías y la confianza en éstas. Aún quedan desafíos por superar en lo que respecta a la integración de la gestión de riesgos para la integridad, la clarificación de las responsabilidades institucionales y la mejora de la coordinación. Entre los gestores públicos, la comprensión del papel y el valor de la auditoría interna sigue siendo limitada.

Recomendaciones

• Adoptar un marco metodológico común para la gestión de riesgos para la integridad, a fin de garantizar una identificación, priorización y actualización consistentes de dichos riesgos en todas las instituciones públicas.

• Fortalecer la comunicación y el uso de las auditorías internas por parte de la alta dirección pública.

• Seguir fortaleciendo la Cámara de Cuentas, por ejemplo, mediante la elaboración de una estrategia de transformación digital que permita realizar auditorías más oportunas, eficientes y transparentes.

Denuncias, investigaciones y sanciones

Existen mecanismos para denunciar irregularidades, pero siguen estando fragmentados y la protección a los informantes es limitada. Múltiples instituciones están recibiendo denuncias e investigando violaciones a la integridad, pero la coordinación sigue siendo incipiente. El marco disciplinario carece de normas y procedimientos claros y consistentes para investigar y sancionar las infracciones de integridad.

Recomendaciones

• Desarrollar un marco integral de denuncia de irregularidades que garantice la confidencialidad, la posibilidad de presentar denuncias de forma anónima, la protección contra represalias y procedimientos claros de denuncia en todo el sector público.

• Adoptar un marco común para la investigación disciplinaria y sanciones por violaciones a la integridad, mientras se refuerzan las garantías procesales y la profesionalidad de los servidores públicos responsables.

• Fortalecer la coordinación formal entre los organismos de investigación y de aplicación de la ley mediante un grupo de trabajo interinstitucional específico, y mejorar la recopilación de datos sobre casos de infracciones de integridad.

Actividades de cabildeo e influencia

No existe un marco integral que garantice la transparencia y la integridad en las actividades de cabildeo e influencia. La colaboración entre las autoridades públicas y las partes interesadas es esencial para la democracia, pero la falta de normas claras y de garantías de transparencia e integridad genera riesgos de influencia indebida, acceso desigual a quienes toman las decisiones y una disminución de la confianza pública.

Recomendaciones

• Establecer un marco normativo para el cabildeo mediante legislación primaria que defina las actividades de cabildeo y los actores involucrados, establezca un registro obligatorio de cabildeo y fortalezca la transparencia.

• Fortalecer las garantías de integridad mediante la clarificación de las normas de conducta para los cabilderos y servidores públicos, complementadas con orientación, capacitación y medidas específicas para gestionar los riesgos relacionados con el cabildeo.

• Garantizar una implementación y supervisión efectivas mediante la designación de un organismo de supervisión independiente con facultades adecuadas de investigación y aplicación de la ley, el establecimiento de sanciones proporcionales en caso de incumplimiento y la exigencia de revisiones periódicas del marco normativo.

Financiamiento político

El país ha establecido un marco integral de financiamiento político, pero aún persisten importantes deficiencias en su implementación. Los informes financieros siguen siendo incompletos y no están suficientemente verificados, mientras que la escasa aplicación de las normas y las prácticas como la compra de votos socavan la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza.

Recomendaciones

• Establecer un financiamiento público más proporcional e introducir límites máximos fijos para las donaciones individuales.

• Fortalecer la transparencia y la supervisión mediante la divulgación de información financiera estandarizada y oportuna, el fortalecimiento de las capacidades de auditoría y verificación, y la mejora de los sistemas de presentación de informes digitales.

• Fortalecer las sanciones por violaciones a las normas de financiamiento político y las facultades de investigación y auditoría de la Junta Central Electoral, e introducir medidas contra la compra de votos.