La integridad pública es un pilar fundamental de una buena gobernanza. No solo fomenta la resiliencia a la corrupción, sino que también actúa como un facilitador estratégico del desempeño gubernamental, la innovación y la capacidad para responder de manera efectiva a los desafíos económicos, sociales y de seguridad. Al garantizar que las decisiones públicas se tomen en beneficio del interés público, la integridad pública fortalece la eficacia del gobierno, impulsa el crecimiento inclusivo, mejora la calidad de los servicios públicos y refuerza la confianza de la ciudadanía.
El Gobierno de la República Dominicana ha tomado medidas para fortalecer su marco de integridad pública. Actualmente, en el Congreso Nacional se están debatiendo o elaborando leyes y decretos pertinentes para reforzar aún más el sistema de integridad, lo que demuestra el compromiso del gobierno con la buena gobernanza. El país también se ha sumado a la iniciativa de la OCDE sobre los Indicadores de Integridad Pública y está elaborando su primera Estrategia Nacional de Integridad con el apoyo metodológico de la OCDE. Estas iniciativas sientan las bases para un enfoque más estratégico y basado en datos empíricos sobre la integridad pública, así como para una visión coherente y coordinada en todo el Estado.
Al mismo tiempo, se han intensificado los esfuerzos de implementación sobre el terreno. Por ejemplo, la República Dominicana ha creado una Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA) para dirigir y coordinar las estrategias gubernamentales en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, y ha establecido Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) en las instituciones públicas.
Este informe forma parte de los esfuerzos de la OCDE para ayudar a los países a implementar sus Recomendaciones del Consejo sobre Integridad Pública, sobre las Directrices de la OCDE para la Gestión de Conflictos de Intereses en la Función Pública y sobre Transparencia e Integridad en el Cabildeo y la Influencia. Además, se alinea con la agenda regional establecida en el Plan de Acción de la OCDE de Integridad para el Buen Gobierno, adoptado por los países de América Latina y el Caribe en 2018, y con la visión regional de la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe de la OCDE-BID.
Este Estudio ofrece recomendaciones para construir sobre los esfuerzos de la República Dominicana por fortalecer su sistema de integridad pública. Éstas incluyen mejorar la coordinación institucional en materia de políticas de integridad; promover y hacer cumplir los estándares de integridad de los servidores públicos, prestando especial atención a la gestión de conflictos de intereses; mejorar la transparencia y el acceso a la información como pilares de la integridad pública; fomentar un enfoque de integridad que abarque a toda la sociedad; fortalecer la gestión de riesgos para la integridad y los sistemas de control interno y auditoría; promover la confianza y reforzar la función de auditoría externa; mejorar la protección de los informantes y los mecanismos para detectar, investigar y sancionar las violaciones a la integridad; y garantizar la transparencia y la integridad en la toma de decisiones públicas, incluso mediante marcos para el cabildeo y el financiamiento político.