La República Dominicana ha emprendido reformas significativas para fortalecer su sistema de integridad pública. Estas iniciativas incluyen el establecimiento de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, la creación de Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo en las instituciones públicas, y la elaboración de su primera Estrategia Nacional de Integridad.
Partiendo de estos esfuerzos, este Estudio evalúa el sistema de integridad pública del país, destacando tanto los avances logrados como las brechas normativas y de implementación que aún persisten. Así mismo, formula recomendaciones para fortalecer la coordinación institucional, la gestión de conflictos de interés, la cultura de integridad en el gobierno y en toda la sociedad, y la transparencia y el acceso a la información.
El Estudio también examina medidas para fortalecer la gestión de riesgos para la integridad, la auditoría interna y externa, la protección de los informantes, los mecanismos para detectar y sancionar las conductas indebidas, así como la transparencia y la integridad en el cabildeo, las actividades de influencia y el financiamiento político.
En conjunto, estas recomendaciones están orientadas a reforzar la confianza pública, fortalecer la eficacia y la rendición de cuentas del gobierno, y contribuir a la resiliencia social y económica a largo plazo de la República Dominicana.
