Educación y competencias en Perú

Resumen ejecutivo

En los últimos dos decenios, Perú ha emprendido uno de los períodos más sostenidos de reforma educativa de su historia reciente. Los esfuerzos se han centrado en ampliar el acceso y fortalecer la calidad, con el respaldo de una inversión pública cada vez mayor y una capacidad técnica más sólida. Como resultado de ello, la participación en la educación preescolar ya es casi universal, los resultados del aprendizaje del alumnado conforme al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) han mejorado, en dirección al promedio de los países latinoamericanos de la OCDE, y la tasa de finalización de la educación terciaria es ahora la más alta de la región. No obstante, en los últimos años, los frecuentes cambios políticos han debilitado la continuidad del liderazgo y han ralentizado la traducción de las políticas en la práctica. Esta revisión examina cómo puede aprender Perú de la evidencia y experiencia de la OCDE para restablecer el impulso de las reformas y mejorar la función de la educación y las competencias en el desarrollo inclusivo.

Calidad de los programas y resultados

Según las evaluaciones internacionales, Perú ha logrado progresos sostenidos en la mejora de los resultados estudiantiles. Entre 2009 y 2022, Perú registró importantes mejoras en el PISA, de modo que los resultados medios para los estudiantes de 15 años se acercaron a los de los países de la OCDE en la región. Aun así, la mayoría de los estudiantes todavía se encuentra por debajo del nivel mínimo de competencia necesario para participar plenamente en la sociedad. La calidad continúa siendo desigual entre los distintos proveedores, con dificultades persistentes en las escuelas privadas de bajo costo y ciertas partes del sector de la educación terciaria. En los dos últimos decenios, Perú ha introducido ambiciosas reformas para mejorar la calidad y la pertinencia de la educación, como una carrera profesional basada en el mérito para los docentes de las escuelas públicas, un currículo nacional basado en competencias y unos mecanismos de aseguramiento de la calidad más contundentes en la educación terciaria. Más recientemente, se realizó la labor de desarrollar un Marco Nacional de Cualificaciones con el objeto de mejorar la adecuación a las necesidades del mercado laboral. No obstante, la aplicación desigual y la limitada capacidad del sistema han ralentizado los progresos a la hora de traducir estas reformas en mejoras constantes de la calidad y los resultados del programa.

Esta revisión subraya tres aspectos que pueden ayudar a Perú a partir de estas reformas e impulsar una nueva fase de mejora en todo su sistema de educación y formación. El primero de ellos consiste en seguir fortaleciendo los mecanismos de aseguramiento de la calidad para garantizar unas normas mínimas tanto para los proveedores públicos como para los privados. Para ello, se podrían crear dos órganos centrales e independientes de aseguramiento de la calidad: uno para la educación básica y otro para la educación terciaria. El segundo aspecto consiste en aumentar el apoyo a los docentes, por ejemplo, al elevar las normas de la formación inicial docente (FID), velar por el cumplimiento de los requisitos nacionales para la obtención de licencias de los docentes de las escuelas públicas y ampliar el coaching en las escuelas a fin de desarrollar las competencias del profesorado en activo. Por último, ampliar y fortalecer los itinerarios de formación profesional tanto en la enseñanza secundaria como terciaria, con una colaboración más estrecha de los empleadores, podría ayudar a garantizar que la oferta se ajuste a las competencias necesarias, en constante evolución.

Igualdad de oportunidades y acceso

Durante los dos últimos decenios, la mejora del acceso a la educación y la formación ha sido prioritaria en Perú. Gracias a las inversiones en la educación preescolar, la matriculación es casi universal. A nivel escolar, modelos alternativos, como la Jornada Escolar Completa, la escolarización flexible en zonas rurales y la ampliación de la oferta intercultural y bilingüe, han facilitado el acceso a la educación de los estudiantes desfavorecidos, rurales e indígenas. Más recientemente, distintas plataformas digitales e iniciativas de educación a distancia han generado primeras y segundas oportunidades de aprendizaje para las personas jóvenes y adultas de zonas subatendidas. Por otra parte, aunque su escala todavía es limitada, las becas y los préstamos para estudiantes han abierto nuevas vías hacia la educación terciaria para los alumnos desfavorecidos. Pese a estos esfuerzos, persisten las diferencias en el acceso a una educación y una formación de calidad, y los contextos socioeconómicos y geográficos juegan un importante papel a la hora de determinar las oportunidades de aprendizaje y laborales.

El informe recoge varias vías por las que Perú puede seguir promoviendo su agenda de igualdad. Un aspecto prioritario es ampliar los modelos alternativos de educación, en particular en el aprendizaje de la primera infancia y de adultos, para llegar mejor al estudiantado desatendido. Entre las opciones figura una combinación más amplia de servicios en los contextos formales, las comunidades y los hogares en la primera infancia, así como una oferta combinada y unidades de aprendizaje móvil en apoyo de las personas jóvenes y adultas de zonas remotas. Además, la reforma de las admisiones y las tarifas de las matrículas podrían ayudar a mejorar la inclusión socioeconómica en las escuelas y universidades. Las medidas incluyen la ampliación de la plataforma centralizada de admisión escolar y la introducción de un examen nacional al finalizar la escuela para promover unas normas comunes y un acceso más justo a la educación terciaria. Por último, un enfoque más proactivo hacia las barreras de la demanda podría respaldar la participación más allá de la escolarización obligatoria, en particular a través de planes ampliados de ayuda financiera y directrices profesionales y académicas más específicas para los estudiantes vulnerables.

Buena gobernanza

Perú ha sentado muchas de las bases necesarias para fortalecer la gobernanza de su sistema de educación y formación. Ahora las estrategias nacionales ofrecen una visión más clara y coherente para guiar el desarrollo del sector. Por ejemplo, la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva de 2020 es la primera estrategia que define una visión unificada para la educación profesional y terciaria. En los dos últimos decenios, el gasto público en educación ha aumentado de forma constante en todos los niveles, en apoyo de unos sueldos más altos para los docentes y una inversión más sólida en infraestructura. Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación ha desarrollado uno de los sistemas de datos educativos más avanzados de América Latina, el cual permite realizar un seguimiento de las trayectorias de los estudiantes y evaluar los resultados del aprendizaje. Sin embargo, ajustar el panorama institucional peruano, de gran tamaño y complejidad, a los objetivos nacionales sigue planteando distintos retos en materia de gobernanza.

El informe señala tres esferas en las que Perú puede aprender de la evidencia y la experiencia de la OCDE para mejorar la gobernanza de su sector de la educación y las competencias. En primer lugar, el fortalecimiento de la capacidad central de gobierno, en particular en la educación profesional y terciaria, ayudaría a ajustar en mayor medida el sistema a los objetivos nacionales. En este contexto, la revisión analiza el posible valor del establecimiento de un órgano central de gobierno para promover las ambiciones fijadas en la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva. En segundo lugar, reconsiderar las disposiciones relativas a la financiación pública contribuiría a un uso más estratégico de los recursos al cambiar de asignaciones basadas en datos históricos a mecanismos que reflejen mejor las necesidades y promuevan la armonización con las prioridades nacionales. Por último, Perú podría partir de sus sistemas de seguimiento de la educación, ya avanzados, para ampliar la cobertura de datos en la AEPI, desarrollar evaluaciones más sistemáticas de las futuras necesidades en materia de competencias e integrar los datos a lo largo de los sectores. Además de abordar las deficiencias de datos, reforzar la capacidad de los sistemas para el uso eficaz de los mismos ayudaría a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, y contribuiría a una toma de decisiones de política pública más fundamentada.