El sistema de innovación agraria de Perú ha avanzado en los últimos años, pero se precisan iniciativas más sólidas en materia de políticas e inversión para que la innovación responda con eficacia a las diversas necesidades regionales del país y estimule la productividad y la sostenibilidad. Aunque la labor de investigación ha dado lugar a variedades mejoradas de cultivos, la escasez de recursos y las deficiencias en la gestión han obstaculizado su adopción. En este capítulo se examina el funcionamiento del sistema de conocimiento e innovación agrícola de Perú mediante un análisis de sus instituciones, mecanismos de gobernanza y fuentes de financiamiento. En él se analizan y evalúan las inversiones en investigación y desarrollo, los servicios de extensión y la educación agropecuaria, haciendo hincapié en el papel que pueden desempeñar las estaciones experimentales agrarias y las alianzas público-privadas a la hora de ayudar a los agricultores a acceder a la innovación.
Políticas para el futuro del sector de la agricultura y la alimentación en Perú
Resumen
El sistema de conocimiento e innovación agrícola de Perú ha avanzado, pero se necesitan iniciativas en materia de políticas e inversiones para que la innovación agrícola responda mejor a las diferencias regionales y contribuya de manera eficaz a mejorar la productividad y la sostenibilidad agrícolas.
El sistema público de investigación agrícola de Perú está dirigido por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), con el que colaboran diversas instituciones nacionales y regionales; si bien la coordinación entre estas entidades sigue siendo insuficiente. Además, todavía existen importantes disparidades regionales en el acceso a la innovación, la infraestructura y la asistencia técnica.
Entre las inversiones acertadas en investigación y desarrollo (I+D) se incluyen la creación de variedades mejoradas de papas, frijoles, trigo, arroz, quinua, maíz, tubérculos y plantas forrajeras, que han permitido aumentar el rendimiento de los cultivos y mejorar la resistencia a las plagas. La escasez de recursos y los problemas de gestión han dificultado una mayor adopción de estas variedades.
El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), de carácter temporal, mejoró las capacidades de investigación del INIA mediante la formación de investigadores, la concesión de becas y el financiamiento de proyectos de innovación. Este programa contribuyó a reforzar el sistema de conocimiento e innovación agrícola gracias a una combinación de financiamiento competitivo de la I+D y la innovación, iniciativas de creación de capacidades y reformas institucionales.
Los servicios de extensión en Perú están muy poco desarrollados y llevan mucho tiempo adoleciendo de una inversión insuficiente, lo que les impide satisfacer las crecientes demandas del sector. En consecuencia, a pesar de algunos avances en la conectividad a Internet en algunas zonas rurales, los servicios de asesoramiento agrícola en Perú siguen siendo limitados, en especial para los pequeños productores.
Se debe reforzar la educación agropecuaria, con especial atención en la promoción de la investigación aplicada a las realidades locales, y el Gobierno debe facilitar la institucionalización de mecanismos de evaluación del impacto. Los sistemas de extensión sólidos también deben incorporar tanto tecnologías desarrolladas en el ámbito local como tecnologías extranjeras adaptadas de manera apropiada, a fin de garantizar su pertinencia y eficacia.
La función de las Estaciones Experimentales Agrarias (EEA) también se vería reforzada con un financiamiento adicional y con la ampliación de sus atribuciones, de modo que puedan llegar a un número mayor de agricultores. Además, la mejora de las alianzas público-privadas permitiría invertir en proyectos ejecutados por las Estaciones Experimentales Agrarias y el INIA, y en general podría impulsar la innovación.
4.1.1. Rendimiento del sistema de innovación peruano
Según el índice mundial de innovación, Perú ocupó el 75.º puesto de 133 economías de todo el mundo en 2024 y el 7.º de 20 economías de la región (WIPO, 2024[1]). Estos datos reflejan una ligera mejora con respecto a su posición anterior, aunque sigue por detrás de líderes latinoamericanos como Brasil, Chile y México.
Perú se enfrenta a importantes obstáculos en cuanto al gasto en educación, y en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). En 2022, Perú invirtió el 0,16 % de su producto interno bruto (PIB) en I+D+i nacional, una cifra considerablemente inferior a la recomendación mínima de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) del 1 % para fomentar una economía impulsada por la innovación. Esto situó a Perú en el puesto 92 de un total de 133 economías de todo el mundo (WIPO, 2024[1]). El panorama de la innovación en Perú presenta una marcada heterogeneidad regional, que se refleja en la diversidad del territorio nacional. Esta diversidad se debe a las diferentes condiciones geográficas, climáticas y ecológicas del país. También se ve influida por la distribución desigual de los recursos educativos, las capacidades institucionales y las actividades económicas entre las distintas regiones. Los avances se concentran en su mayoría en la región de la Costa, sobre todo en Lima y el norte de Perú, donde hay más infraestructura, vínculos más sólidos entre las universidades y la industria, y mayor inversión pública y privada en I+D+i (CONCYTEC, 2022[2]; PCM, 2021[3]).
En Perú, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sinacti) coordina las actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en diversos sectores, y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) actúa como su órgano rector. Aunque existen objetivos estratégicos orientados a seguir desarrollando la CTI en Perú, estos cuentan con pocos incentivos. Esto se debe en gran medida a la insuficiencia de fondos, a la falta de instrumentos que promuevan su introducción, a la escasa transferencia de tecnología y diversificación de las fuentes de financiamiento, y a la limitada adaptación del emprendimiento tecnológico (CONCYTEC, 2016[4]).
Uno de los retos del sistema de innovación de Perú es que los resultados y el desarrollo tecnológico no se ajustan a las necesidades sociales, económicas o medioambientales del país (CONCYTEC, 2016[4]) (CONCYTEC, 2024[5]). Este problema tiene su origen en las universidades, ya que la formación y la investigación que llevan a cabo los estudiantes no coinciden por completo con las necesidades de Perú. Por ejemplo, en 2024, el país ocupó el puesto 75 de 133 países en el índice mundial de innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El punto más débil en el índice fue la colaboración en I+D entre la universidad y la industria, donde se clasificó en el puesto 112 de 133 países, una situación que afecta a todos los sectores, incluida la investigación agrícola (WIPO, 2024[1]).
Además, los institutos superiores de tecnología mantienen vínculos de cooperación poco sólidos con las empresas privadas. En consecuencia, las entidades públicas y privadas buscan proveedores externos de servicios de CTI, en lugar de recurrir a sus propios recursos internos. Otro problema es que los centros de investigación y desarrollo tecnológico cuentan con una infraestructura y unos recursos humanos insuficientes. Esto puede atribuirse a la falta de capacidad técnica de los centros y a sus limitados recursos económicos. Además, los trabajos de investigación realizados y los proyectos en curso suelen tener un escaso nivel de aplicación y ejecución; por tanto, la demanda de este tipo de servicios de investigación por parte del sector empresarial es baja (INIA, 2020[6]).
La calidad de los centros de investigación en Perú ha mejorado en los últimos años, aunque persisten las dificultades, debido sobre todo a la ausencia de infraestructura y equipamiento, la escasa formación, la falta de interacción y relación entre los diferentes centros de investigación, las restricciones a la incorporación de nuevos investigadores y una distribución geográfica inadecuada de las competencias y capacidades de investigación (CONCYTEC, 2016[4]; CONCYTEC, 2024[5]). Además de estos retos, el sistema de innovación de Perú se enfrenta a importantes limitaciones en materia de derechos de propiedad intelectual. El número de solicitudes (en particular de patentes) sigue siendo bajo, debido en gran medida al poco desarrollo de los marcos normativos y la falta de estandarización de los procesos asociados (CONCYTEC, 2016[4]; CONCYTEC, 2024[5]), aunque en los últimos años se han logrado avances significativos.
La educación en las zonas rurales de Perú se enfrenta a profundas desigualdades que afectan a un gran porcentaje de los alumnos de las regiones más remotas del país. Esta realidad repercute de manera directa en la formación de los futuros agricultores, por lo que resulta fundamental adaptar las metodologías de extensión agrícola a las necesidades específicas de estos contextos (MINEDU, 2024[7]).
La innovación en Perú también se ve entorpecida por la emigración de personas cualificadas. Por ejemplo, en 2024, el índice de fuga de cerebros del país1 fue de 5,7, lo que sugiere que Perú carece de un sistema adecuado que le permita retener el talento, en especial el de quienes trabajan en el ámbito científico (FSI, 2024[8]) (CONCYTEC, 2016[4]). Por un lado, existe un número escaso de programas de formación, empresas innovadoras y centros de investigación en los que los profesionales con un alto nivel de formación y educación puedan incorporarse al mercado laboral. Por otro lado, los centros que existen gozan de un prestigio limitado y ofrecen salarios y dotaciones económicas reducidos, que suponen un obstáculo a la hora de atraer y retener a nuevos talentos.
4.1.2. Enfoque y marco normativo: estrategias nacionales y regionales
Las políticas nacionales de Perú en materia de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) se establecen en la Ley N.º 31250, de julio de 2021. El capítulo III de esta ley destaca las instituciones responsables de la I+D+i. Estas instituciones dependen del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sinacti) y se dedican a promover la ciencia y la tecnología (El Peruano, 2021[9]). El Sinacti coordina las actividades de CTI en diversos sectores. Estas instituciones se organizan en tres niveles del Sinacti con el fin de fomentar la ciencia y la tecnología: el nivel de definición estratégica, el nivel de implementación y el nivel de ejecución. El anexo 4.A describe las principales instituciones y sus respectivas funciones en las distintas fases del diseño de políticas.
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) es el órgano rector del Sinacti y dirige el desarrollo de la CTI a través de una estructura orgánica especializada que supervisa, coordina y evalúa las políticas y los programas del Sinacti. El Concytec garantiza la coherencia con los objetivos nacionales y promueve la eficiencia normativa y operativa en diversos sectores del sistema. El Concytec cuenta con 6 objetivos estratégicos específicos y 18 directrices estratégicas validadas por los actores del Sinacti para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación durante el período 2024-2028 (CONCYTEC, 2024[5]) (anexo 4.A).
Estrategia del sistema de innovación agraria
Aunque no existe una estrategia específica de innovación agrícola, el marco general del sistema de innovación peruano se rige por la estrategia nacional del Sinacti y el Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA). La unión de ambas entidades refleja la interacción de diversos actores públicos y privados responsables de la gobernanza de la CTI, así como del desarrollo y la ejecución de actividades de investigación y extensión agrícolas.
El Decreto Legislativo N.º 1060 de 2008 designó al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) como la institución principal encargada de definir y cumplir los objetivos estratégicos del SNIA. El INIA se ocupa de la investigación, la transferencia de tecnología, la asistencia técnica, la conservación de los recursos genéticos y la producción de semillas, plántulas y ganado de cría de alto valor genético. También es responsable de elaborar las directrices de política nacional para los servicios de extensión agrícola, en coordinación con los organismos que prestan dichos servicios en el marco de las políticas sectoriales (Romero, 2024[10]).
El SNIA funciona como un marco coordinado de organizaciones, políticas y procedimientos diseñado con el fin de que estimule la investigación agrícola, el progreso tecnológico, la innovación y la difusión de nuevas tecnologías. Los tres objetivos de políticas fundamentales son los siguientes: 1) la transferencia de tecnología y los servicios de extensión; 2) la generación de conocimiento; y 3) la adopción de nuevas tecnologías (El Peruano, 2008[11]). Además, el SNIA está vinculado a estrategias nacionales y regionales más amplias en materia de educación, comercio y desarrollo rural dentro del sector agrícola (Romero, 2024[10]).
4.2.1. Los principales actores del sistema de conocimiento e innovación agrícola y su función en la innovación agrícola
La figura 4.1 ilustra la red de vínculos e interacciones institucionales entre organismos públicos y privados del sistema de conocimiento e innovación agrícola. Entre las entidades clave se encuentran el MIDAGRI, como organismo rector de la agricultura, y el INIA, responsable de la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología en el sector agrícola en el marco del SNIA. A estas se suman instituciones del sistema de CTI, como el Concytec. El nivel de implementación coordina las medidas intersectoriales, intergubernamentales y territoriales con el fin de poner en práctica los instrumentos de política, reforzar las entidades encargadas de la ejecución y asignar los recursos. Este nivel incluye plataformas como PROCIENCIA (fondo de fomento de la CTI) y ProInnóvate, además de instituciones como el Instituto Nacional de Calidad, INACAL, y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, que promueven los derechos de propiedad intelectual. Todas estas colaboraciones intersectoriales y en las que participan múltiples actores tienen como objetivo crear una agricultura sostenible y competitiva (INIA, 2018[12]; Lizárraga et al., 2025[13]).
Las principales funciones del Concytec en el ámbito de la agricultura son las siguientes: 1) apoyar proyectos de investigación e innovación destinados a mejorar la productividad y la sostenibilidad de la agricultura; 2) coordinar a los agentes del Sinacti con el fin de promover la transferencia de tecnología; 3) participar en el diseño de políticas y planes nacionales de ciencia y tecnología aplicados a la agricultura; 4) formular programas de formación dirigidos a investigadores, técnicos y agentes de extensión rural; y 5) promover la ciencia abierta, el acceso a los datos y la difusión de los resultados a través de plataformas digitales como Dina y Alicia. Por su parte, el INDECOPI fomenta la publicación de artículos de especialistas y aumenta los incentivos para la búsqueda de nuevas variedades de cultivos. Además, las comunidades campesinas e indígenas son fundamentales en la preservación y difusión del conocimiento tradicional, cultural y folclórico del país (INDECOPI, 2010[14]; PCM, 2021[3]; CONCYTEC, 2024[5]).
Nota: INACAL, Instituto Nacional de Calidad; INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual; INIA, Instituto Nacional de Innovación Agraria; DRGB, Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología; DSEA, Dirección de Servicios Estratégicos Agrarios; DIDT, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico; DGIA, Dirección de Gestión de la Innovación Agraria; SNIA, Sistema Nacional de Innovación Agraria; ONG, organización no gubernamental; MIDAGRI, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria.
Fuente: Lizárraga et al. (2025[13]), Relacionamiento interinstitucional en el Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), https://www.gob.pe/104546-instituto-nacional-de-innovacion-agraria-sistema-nacional-de-innovacion-agraria.
El INIA se encarga de diseñar y ejecutar el plan nacional de innovación agrícola, así como de consolidar los objetivos, las actividades y el funcionamiento del SNIA. El INIA también supervisa la Política Nacional de Innovación Agraria en el marco del SNIA (INIA, 2021[15]). El INIA es el organismo central responsable de crear, coordinar y promover la I+D+i y la transferencia de tecnología, así como de coordinar las Estaciones Experimentales Agrarias. En su función de generador de I+D+i y de proveedor de transferencia de tecnología, el INIA fomenta el desarrollo de la investigación, la tecnología y la innovación en el sector agrícola con el fin de mejorar su competitividad (INIA, 2021[15]).
El INIA también lleva a cabo actividades de conservación del material genético y la gestión de la innovación agrícola a través de direcciones especializadas (INIA, 2025[16]).
La Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA) se encarga de realizar actividades y proyectos que generen conocimiento, investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la agricultura, centrándose en productos clave y cuestiones emergentes. Asimismo, se ocupa de gestionar los servicios tecnológicos de los laboratorios de su competencia, además de dirigir la producción de semillas, reproductores y plántulas de alto valor genético (INIA, 2025[16]).
La Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (DGIA) elabora planes y normativas asociadas en materia de innovación agrícola y propicia vínculos entre los distintos actores del SNIA. Además, supervisa la propiedad intelectual de los productos de investigación y ejerce la autoridad administrativa y de registro en los distintos asuntos que son competencia del INIA.
La Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB) controla la gestión y la conservación de las especies cultivadas o domesticadas, así como de los microorganismos asociados a ellas. Asimismo, dirige la utilización y promoción de la biología celular y molecular, la bioquímica, así como de las técnicas biotecnológicas convencionales e innovadoras de conformidad con las normas de bioseguridad.
La Dirección de Servicios Estratégicos Agrarios (DSEA) dirige la ejecución de actividades de extensión agropecuaria, que incluyen la transferencia tecnológica, la asistencia técnica y la adopción de tecnologías, con el fin de poner a disposición innovaciones que generen un gran impacto en el desarrollo agrícola del país, así como la supervisión de dichas actividades y del impacto de la adopción de tecnologías en los productores agropecuarios.
La investigación a nivel regional la llevan a cabo las Estaciones Experimentales Agrarias, coordinadas por el INIA. En la actualidad hay 24 EEA en diversas regiones de Perú (INIA, 2024[17]). Su objetivo principal es llevar a cabo investigaciones específicas para cada región, desarrollar nuevas variedades de cultivos y mejorar las prácticas agrícolas adaptadas a las condiciones locales (INIA, 2018[12]; Cruz Luis et al., 2023[18]). Este enfoque descentralizado tenía como objetivo acercar la investigación a los agricultores, mejorando así la pertinencia y la aplicabilidad de las innovaciones desarrolladas.
La Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria (CTRIA) promueve la coordinación territorial, mientras que las direcciones técnicas del INIA, como la DGIA y la DSEA, se encargan de implementar los servicios de innovación, investigación y extensión (Lizárraga et al., 2025[13]). La CTRIA actúa como plataforma de diálogo y coordinación a nivel regional. Reúne a una amplia gama de partes interesadas del sector agrícola, entre las que se encuentran autoridades regionales, investigadores, productores agropecuarios, universidades, empresas privadas y ONG, con el fin de identificar y proponer de forma conjunta las prioridades en materia de innovación agrícola (INIA, 2024[19]).
La Comisión Nacional para la Innovación y Capacitación en el Agro (CONICA) actúa como plataforma estratégica que conecta al Gobierno, el mundo académico, las organizaciones de productores y el sector privado, al objeto de garantizar que la agenda de investigación refleje las necesidades tecnológicas reales de las cadenas de valor agrícolas (El Peruano, 2019[20]).
El MIDAGRI y los organismos adscritos a él (por ejemplo, el SENASA, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y Agromercado) también son entidades relevantes. Los principales proyectos de innovación agrícola los ejecuta directamente el MIDAGRI u otros organismos en colaboración con este. El ministerio define políticas específicas siguiendo las directrices sobre innovación agrícola establecidas por el Concytec y las aplica a través de diversos organismos públicos adscritos, programas, unidades ejecutoras y, en su mayoría, a través del INIA (INIA, 2024[19]).
Otros actores importantes son las organizaciones de agricultores, las universidades, las organizaciones no gubernamentales (ONG), los organismos públicos y las empresas privadas. Los agricultores y sus asociaciones desempeñan un papel importante en el sistema de conocimiento e innovación agrícola. La diversidad geográfica de Perú y la variedad de sus estructuras productivas exigen políticas públicas de innovación adaptadas a sus necesidades. El sector privado, en particular las empresas dedicadas a la comercialización, también es una pieza importante del sistema de conocimiento e innovación agrícola de Perú, ya que llevan a cabo investigaciones, desarrollan nuevos productos para el mercado y comparten información con los agricultores durante el proceso de producción (El Peruano, 2008[11]).
Los centros de investigación que no forman parte del INIA suelen estar vinculados a universidades. Generan conocimiento, investigación aplicada y formación. La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), la principal institución pública de Perú en el ámbito de la educación y la investigación agropecuaria, ha realizado contribuciones constantes al sector mediante la formación académica, la investigación básica y aplicada, la asistencia técnica y la colaboración con productores, organismos públicos y otras partes interesadas del sistema de conocimiento e innovación agrícola (INIA, 2024[19]).
Los institutos técnicos y los centros de educación rural también cumplen una función importante en la formación práctica y en la creación de capacidades técnicas de nivel medio. Los titulados de estas instituciones constituyen un valioso recurso humano para el desarrollo rural. Un número considerable de estos técnicos se especializa en la producción agrícola intensiva, que tiene vínculos con los mercados agroexportadores. Otros colaboran en programas relacionados con el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, y a menudo son contratados por instituciones públicas, proyectos especiales, ONG y administraciones locales (Lizárraga et al., 2025[13]).
Un sistema de conocimiento e innovación agrícola fragmentado y multinivel
La naturaleza fragmentada del sistema de conocimiento e innovación agrícola peruano se caracteriza por la existencia de varias redes de conocimiento que funcionan en paralelo. Estas redes suelen carecer de coordinación y funcionan de forma independiente, y en ocasiones incluso compiten entre sí en lugar de cooperar. Esta fragmentación se debe, en parte, a la transferencia de competencias agrícolas a los gobiernos regionales, que pueden aplicar políticas específicas para cada región dentro del marco nacional general (INIA, 2024[19]). Los gobiernos locales son responsables de promover la coordinación y la creación de alianzas estratégicas que permitan seguir promoviendo la investigación en el ámbito de la agricultura. Sin embargo, las medidas adoptadas por los gobiernos locales son muy diversas y dependen en gran medida de la capacidad de gestión y la visión de desarrollo de los alcaldes rurales (INIA, 2024[19]).
La escasa coordinación entre las organizaciones y los agentes que integran el sistema de conocimiento e innovación agrícola peruano, a pesar de las funciones de coordinación que ejercen algunas de sus entidades más importantes, refleja la complejidad estructural del sistema agrario nacional. El Gobierno peruano, a través del MIDAGRI y el INIA, ha realizado esfuerzos continuos por mejorar de manera gradual la calidad y la eficacia de esta coordinación. En este sentido, la creación de un sistema de conocimiento e innovación agrícola funcional y eficiente requiere no solo una inversión adecuada y marcos jurídicos, sino también cambios profundos en las dinámicas de gobernanza, los mecanismos de coordinación y los procesos de aprendizaje institucional (World Bank, 2021[21]).
4.2.2. Las Estaciones Experimentales Agrarias son esenciales para la estructura y la operatividad del sistema de conocimiento e innovación agrícola peruano
Las EEA constituyen centros clave de formación y difusión de tecnología. Ofrecen servicios como jornadas de campo, talleres y sesiones de formación presenciales, lo que facilita la rápida adopción de las nuevas tecnologías y las prácticas que desarrollan gracias a su investigación. La eficacia de algunas de sus iniciativas a la hora de generar resultados tangibles queda patente en el aumento del rendimiento de los cultivos y en el diseño de técnicas agrícolas especializadas.
Las Estaciones Experimentales Agrarias colaboran con los gobiernos regionales con el fin de garantizar que la agenda de investigación y las innovaciones desarrolladas se ajusten a las políticas y prioridades agrícolas regionales. Estas EEA cuentan con una distribución estratégica en diversas zonas ecológicas de Perú. Presentan diferencias significativas en cuanto a infraestructura, recursos humanos y competencias operativas, lo que afecta a su capacidad de contribuir con uniformidad a las agendas regionales de investigación e innovación. Además, su papel sigue viéndose limitado por un financiamiento deficiente y unas funciones escasas, lo que a su vez condiciona su capacidad de realizar investigaciones regionales exhaustivas y ampliar su alcance a una amplia base de agricultores.
Los agricultores acceden a ellas tanto por vías directas como indirectas. El acceso directo implica visitas presenciales a las EEA, donde los agricultores pueden participar en programas de formación, consultar a los investigadores y observar proyectos de demostración. Esta interacción presencial es fundamental para una transferencia de conocimiento eficaz, sobre todo en regiones donde la alfabetización digital y el acceso a Internet pueden ser limitados. El acceso indirecto se realiza a través de los servicios de extensión prestados por las EEA, que incluyen la distribución de folletos informativos, la asistencia técnica y el suministro de semillas y razas de ganado mejoradas.
La coordinación entre el INIA y sus EEA comporta la planificación estratégica y la asignación de recursos a nivel nacional, mientras que las EEA se centran en la ejecución de programas de investigación y la transferencia de tecnología en el ámbito regional. En términos más generales, la adopción de decisiones en este marco opera en múltiples niveles. El INIA lidera un proceso descentralizado y participativo para la elaboración de la Agenda Nacional de Innovación Agraria, basada en las agendas regionales formuladas en las 25 regiones de Perú. Estas agendas son coordinadas por la CTRIA bajo la dirección de las EEA y reflejan las prioridades locales y sectoriales (PNIA, 2021[22]; INIA, 2024[19]; 2020[23]).
4.2.3. Servicios de asesoramiento agrícola
El sistema de extensión agrícola en Perú está compuesto por una serie de actores institucionales con funciones específicas y distintos niveles de coordinación. A nivel nacional, el MIDAGRI establece las directrices técnicas y financia los programas, mientras que el INIA se encarga del desarrollo y la transferencia de tecnologías agrícolas y propone metodologías de extensión. Sin embargo, ambas instituciones se enfrentan a limitaciones relacionadas con la cobertura territorial, la coordinación intergubernamental y la disponibilidad de recursos (El Peruano, 2021[24]).
Los gobiernos regionales son responsables de aplicar los planes regionales de extensión agropecuaria (PREA) y de adaptar las políticas nacionales a los contextos locales. No obstante, su eficacia se ve reducida debido a dificultades técnicas, normativas y financieras. A nivel local, los gobiernos municipales participan mediante el financiamiento conjunto y la coordinación territorial, aunque con una capacidad institucional escasa (El Peruano, 2021[24]; MIDAGRI, 2021[25]). Los principales organismos que proveen asistencia técnica o servicios de extensión están adscritos al MIDAGRI, entre ellos el INIA y su red de Estaciones Experimentales Agrarias, así como el SENASA, la Autoridad Nacional del Agua y el SERFOR, en coordinación con los gobiernos locales.
El porcentaje de agricultores que reciben servicios de extensión se ha mantenido bajo en el caso de determinados servicios. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) de 2022, solo el 3,8 % de los más de 2 millones de agricultores del país tuvo acceso a algún tipo de servicio de extensión agropecuaria (INEI, 2023[26]). En 2024, solo el 6,5 % de los agricultores recibió formación, con una tendencia a la baja durante la última década (figura 4.2). La formación agrícola aborda temas como el análisis del suelo, las buenas prácticas de riego, la producción ecológica, la instalación y gestión de pastos, y las prácticas adecuadas de alimentación animal (INEI, 2023[26]).
Se observa la misma tendencia en el caso de los agricultores que reciben asistencia técnica, cuyo porcentaje se redujo del 9,2 % en 2014 al 3,1 % en 2024. Por otra parte, se han percibido mejoras significativas en el acceso a la información agrícola, que pasó del 27,2 % en 2014 al 81,6 % en 2024, lo que supone un aumento de más de 50 puntos porcentuales en 8 años. Esta situación se explica por el uso de teléfonos móviles y aplicaciones relacionadas con las condiciones del mercado y climáticas.
Nota: No hay datos para 2020.
Fuente: INEI (2023[26]), Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 - Principales Resultados: Pequeñas y Medianas Unidades Agropecuarias 2014-2019 y 2021-2022, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1912/libro.pdf; INEI (2025[27]), Productores Agropecuarios – Principales Resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), 2018-2019 y 2022-2024, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8237929/6879473-productores-agropecuarios-principales-resultados-de-la-encuesta-nacional-agropecuaria-ena-2018-2019-y-2022-2024%282%29.pdf?v=1750438114.
Estas limitaciones se deben a una serie de dificultades estructurales, institucionales y operativas a las que se enfrentan los servicios de extensión. La cobertura sigue siendo baja, sobre todo entre los pequeños productores. Hay varios factores que pueden explicar esta desigualdad: el elevado costo de los servicios, la dispersión geográfica de las unidades de producción, la insuficiente infraestructura en las zonas rurales y la escasa coordinación entre los agentes del sistema (Manzo, Rodríguez and Triveño, 2020[28]).
Además, la formación continua del personal de extensión es deficiente, lo que afecta a la calidad del servicio. En muchas regiones, las tecnologías que se promueven no se adaptan al contexto local ni incorporan el conocimiento tradicional (Manzo, Rodríguez and Triveño, 2020[28]). A ello se suma que la persistente brecha digital limita el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con fines de formación y asistencia. Por último, la ausencia de mecanismos sólidos de seguimiento y evaluación merma la capacidad de recabar opiniones y mejorar las políticas públicas (MIDAGRI, 2021[29]).
A pesar de estas restricciones, se han logrado avances significativos. Un hito esencial fue la promulgación de la Ley N.º 31368, Ley que regula el servicio de extensión agropecuaria, en 2021, que reconoce la extensión agrícola como un servicio público, permanente y descentralizado, entendido como un proceso educativo que presta apoyo sistemático a los agricultores. Esta ley tiene por finalidad aumentar la productividad y la competitividad del sector agrícola mediante el fortalecimiento de las capacidades de los productores agropecuarios a través de la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y la formación. Entre sus objetivos se encuentran ampliar la cobertura de los servicios, promover tecnologías sostenibles, mejorar la coordinación dentro del SNIA y reforzar las capacidades institucionales. Además, el país está consolidando los servicios de extensión agropecuaria con el fin de mejorar la prestación de asistencia técnica especializada sobre el terreno y ampliar la participación de proveedores de servicios cualificados, en especial para los pequeños agricultores. Un ejemplo es el programa del Servicio Civil de Graduandos en el Sector Agrario (SECIGRA), de reciente creación, que envía a estudiantes y recién graduados a zonas rurales, extendiendo así la cobertura de la asistencia técnica e incrementando la disponibilidad de mano de obra cualificada en el sector (SECIGRA, 2026[30]).
La Ley N.º 31368 complementa y se fundamenta en las disposiciones del Decreto Legislativo N.º 1060 de 2008 al regular un componente operativo esencial de la extensión agrícola del SNIA y reforzar la coordinación entre sus agentes. Ambas leyes son coherentes y complementarias dentro del marco jurídico que regula la innovación agrícola en Perú (El Peruano, 2008[31]). En el marco de esta normativa, se creó el Registro Nacional de Proveedores del Servicio de Extensión Agropecuaria (RNPSEA). Gestionado por el INIA, el registro ofrece información actualizada sobre la oferta de servicios, su calidad y cobertura, y mejora la transparencia en la contratación y la coordinación entre los distintos actores del SNIA (El Peruano, 2021[24]). En 2025, el Decreto Supremo N.º 015-2025 establece nuevas normas para los servicios de extensión (MIDAGRI, 2025[32]).
Además, se ha entablado una colaboración fructífera con el sector privado y las ONG en determinadas regiones, lo que demuestra el potencial de las alianzas interinstitucionales a la hora de extender la cobertura y mejorar la adecuación de los servicios (MIDAGRI, 2021[29]; INIA, 2020[33]). Es necesario consolidar las capacidades institucionales del INIA con el fin de ampliar y sistematizar las experiencias de colaboración beneficiosas con alianzas público-privadas y organizaciones de la sociedad civil en la prestación de servicios de extensión agropecuaria (PNIA, 2021[22]; INIA, 2020[23]).
4.2.4. La función del sector privado en la generación y la transferencia de conocimiento
En Perú, el sector privado participa de manera activa en la generación de conocimiento agrícola, aunque de forma esporádica y fragmentada. Las empresas agroindustriales, los proveedores de insumos y los centros privados de investigación desarrollan tecnologías propias, como mejoras genéticas, prácticas agronómicas especializadas o modelos de gestión de la producción, orientadas sobre todo a sus intereses comerciales. Aunque también promueven buenas prácticas agrícolas entre sus proveedores y socios estratégicos, esta generación de conocimiento sigue estando en gran medida desconectada del SNIA, lo que limita su escalabilidad y su integración sistémica (Manzo, Rodríguez and Triveño, 2020[28]).
En el marco del SNIA se han logrado algunos avances, y el sector privado participa ahora de forma más activa en la transferencia de tecnología. A través de la asistencia técnica directa, desarrolla una intensa actividad en cadenas agroexportadoras como las del café, el cacao, las frutas y las hortalizas. Además, colabora en proyectos cofinanciados con fondos públicos, como Agroideas y Procompite, en los que lleva a cabo actividades de extensión agrícola mediante agentes de extensión contratados.
Los servicios públicos de extensión presentan una baja cobertura y capacidad operativa. De 2022 a 2023, solo entre el 6,6 % y el 7,2 % de los agricultores accedió a algún tipo de formación técnica (incluidos tanto los servicios públicos como los privados), y solo el 3,8 % recibió asistencia técnica (INEI, 2023[26]). Del mismo modo, solo el 10,3 % de los agricultores tuvo acceso a formación o asistencia técnica (MIDAGRI, 2021[29]). Aunque estos datos no distinguen el origen del servicio (público o privado), evidencian la escasa cobertura general y revelan una oportunidad estratégica para ampliar la participación del sector privado, en especial en aquellas zonas en las que el Estado carece de una presencia efectiva (Manzo, Rodríguez and Triveño, 2020[28]; PNIA, 2021[22]).
Ante esta carencia, diversos actores privados, agronegocios, consultores técnicos, ONG, organizaciones de agricultores y proveedores de insumos, han asumido un papel activo en la prestación de servicios de extensión, principalmente en cadenas de valor específicas. Esto implica ofrecer formación, asistencia técnica, servicios de asesoramiento y apoyo a la comercialización como parte de sus estrategias de mejora de la productividad. Entre los ejemplos más destacados se encuentran la cooperativa COCLA (Cusco), dedicada al café y al cacao; la COCEPU (Ucayali), dedicada a la palma aceitera; y la COOPAIN (Puno), dedicada a la quinua. Un ejemplo destacado se presenta en el sector del café y el cacao de la región de la Selva, como la Asociación de Productores Cafetaleros Selva Central (APROSELVA) y la cooperativa Central Café y Cacao, donde las empresas exportadoras imparten formación en gestión agronómica, certificación y mejora de la calidad como parte de sus relaciones comerciales con los pequeños agricultores (PNIA, 2021[22]; INIA, 2021[34]; 2022[35]).
Las ONG y las organizaciones de la sociedad civil complementan estas iniciativas con proyectos participativos financiados con fondos externos, mientras que las universidades contribuyen mediante la formación de los recursos humanos y la generación de conocimiento, a pesar de la escasa implicación en el territorio. Por último, los agricultores aportan un valioso conocimiento local, pero su débil organización colectiva y su poca participación limitan su influencia en el diseño de políticas (Manzo, Rodríguez and Triveño, 2020[28]).
El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) promovió estas experiencias a través de programas de formación por competencias, lo que ayudó a reforzar las capacidades técnicas y organizativas de las organizaciones de productores y a desarrollar servicios de extensión sostenibles y orientados al mercado (INIA, 2022[35]; PNIA, 2021[22]). El sector privado también contribuyó con la promoción de tecnologías impulsadas por el mercado, como semillas mejoradas, sistemas de riego por goteo o prácticas sostenibles, mediante la adaptación del conocimiento a los contextos productivos con mayor eficiencia que el sector público (PNIA, 2021[22]). Además, algunas de estas empresas participan en espacios de gobernanza territorial, como mesas redondas técnicas y talleres organizados por el INIA o los gobiernos regionales, lo que consolida una modalidad emergente de colaboración público-privada. Estas experiencias ponen de manifiesto el potencial que tiene la creación de sistemas territoriales de innovación mediante la ampliación de las alianzas con las organizaciones de agricultores, con el fin de mejorar la adecuación de los servicios y llegar a las zonas rurales (PNIA, 2021[22]; INIA, 2021[34]; 2022[35]).
No obstante, esta participación se enfrenta a una serie de retos. En primer lugar, la escasa coordinación entre los agentes públicos y privados da lugar a duplicidades, deficiencias y desajustes territoriales. En segundo lugar, no existen normas técnicas ni mecanismos de acreditación que garanticen la calidad, la pertinencia o la ética de los servicios prestados por el sector privado. En tercer lugar, las intervenciones privadas tienden a concentrarse en las zonas más rentables, por lo que excluyen los territorios dedicados a la agricultura de subsistencia, que constituyen la mayor parte del panorama agrícola nacional (MIDAGRI and INIA, 2020[36]; Manzo, Rodríguez and Triveño, 2020[28]).
La coordinación entre los sectores público y privado en la generación y la transferencia de conocimientos es importante para mejorar la eficiencia, la pertinencia y la sostenibilidad de las intervenciones sobre el terreno. Con el propósito de consolidar esta sinergia, es necesario establecer mecanismos estructurados de gobernanza público-privada en el marco del SNIA que permitan coordinar iniciativas, compartir recursos y ofrecer orientación estratégica en materia de políticas de innovación, extensión y desarrollo tecnológico en beneficio de la agricultura en todas las regiones de Perú (PNIA, 2021[22]).
En Perú, el ministerio que más invierte en I+D es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En 2024, el MEF contó con un presupuesto de 59,3 millones de dólares estadounidenses para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (COMEXPERÚ, 2024[37]). La inversión pública en I+D+i se refleja en diversos ámbitos y contextos.
El gasto agropecuario en Perú corre a cargo, en su mayor parte, del Gobierno nacional. El gasto total en I+D agropecuario (excluido el sector privado) abarca los salarios, los gastos operativos y de programas, así como las inversiones de capital de todas las instituciones gubernamentales de educación superior dedicadas a la investigación agropecuaria en Perú, incluido el INIA. Las inversiones públicas de Perú en I+D agropecuario son escasas. En 2020, el gasto público total en investigación agropecuaria ascendió a 110,2 millones de dólares estadounidenses, lo que representó solo el 0,4 % del PIB agrícola (figura 4.3).
Notas: El gasto total en I+D agropecuario (excluido el sector privado con fines de lucro) incluye los salarios, los gastos operativos y de programas, así como las inversiones de capital de todos los organismos gubernamentales, sin fines de lucro y de educación superior que participan en la investigación agropecuaria en el país. Los gastos se han ajustado a la inflación y se expresan en precios de 2011.
Fuente: ASTI (2025[38]), Indicadores de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, https://www.asti.cgiar.org/.
El INIA ha sido uno de los principales destinatarios del financiamiento destinado a la innovación agropecuaria. Su financiamiento procede principalmente del Gobierno, con apoyo adicional de donantes y de la venta de bienes y servicios. La figura 4.4 muestra un aumento en la asignación de recursos entre 2015 y 2021 debido a la puesta en marcha del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), que se financió en gran medida mediante préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (véase la sección 4.5). El presupuesto del INIA siguió siendo limitado y mostró una tendencia a la baja en 2021 y 2022, en consonancia con la finalización del PNIA. En 2024, el presupuesto total del INIA ascendió a 55,8 millones de dólares estadounidenses. Desde 2023 se ha observado una recuperación presupuestaria (INIA, 2024[39]).
Durante la ejecución del PNIA entre 2015 y 2021, más del 50 % del presupuesto del INIA se destinó a intervenciones financiadas por este Programa. Sin embargo, el presupuesto ordinario del INIA, sin contar los recursos del PNIA, siguió siendo bajo y se asignó de manera ineficiente, prestando mayor atención a las funciones administrativas en detrimento de las actividades fundamentales de I+D (PNIA, 2021[22]). La reciente aprobación de una nueva escala salarial para su personal, mediante un decreto supremo promulgado el 21 de mayo de 2025, supone un avance importante hacia la consolidación de su capacidad institucional, al reconocer el papel estratégico que desempeña el capital humano en el impulso de la innovación agropecuaria (El Peruano, 2025[40]). No obstante, la escasez de fondos, las deficiencias en las infraestructuras y la necesidad de reforzar continuamente las capacidades del personal investigador constituyen retos persistentes para el INIA. A esto se suma la elevada rotación en los puestos de liderazgo, lo que ha afectado en varias ocasiones a la continuidad de los programas de investigación y pone de manifiesto la necesidad de una gestión institucional más estable y coherente.
En cuanto a otras inversiones públicas, desde 2020, el INIA ha ejecutado 14 proyectos por un valor total aproximado de 35 millones de dólares estadounidenses, destinados a mejorar tanto la disponibilidad como el acceso a material genético de alta calidad para cultivos estratégicos y sistemas ganaderos en las regiones de la Selva y la Sierra. Estos proyectos promueven el uso de la biotecnología reproductiva, el desarrollo de semillas certificadas, la agricultura de precisión, la restauración de suelos degradados, la gestión sostenible del agua y la caracterización de la agrobiodiversidad en 17 departamentos de todo el país (INIA, 2024[19]).
Existen algunas inversiones en I+D+i que realizan de forma tangencial o puntual otras instituciones del MIDAGRI, universidades, empresas agroexportadoras e incluso organizaciones de agricultores. Un ejemplo de ellas es la construcción del Parque de Tecnología e Innovación para el Agro de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Decreto Supremo N.º 183-2021-PCM). Las empresas agroexportadoras invirtieron en la introducción de nuevos cultivos, ya que es fundamental para el crecimiento y la competitividad (El Peruano, 2021[42]).
4.4.1. Digitalización, conectividad, implantación y uso de las tecnologías digitales
La conectividad rural se ha transformado en los últimos años
En los últimos 20 años, las tecnologías digitales han adquirido un papel central en la difusión de la información y el conocimiento, lo que ha situado a las redes de comunicación en primera línea de la extensión agrícola. Las mejoras en la infraestructura digital son importantes a la hora de favorecer las prácticas innovadoras en el sector agropecuario, como la agricultura de precisión y los mercados digitales para la venta de cosechas en las zonas rurales.
El mercado de la banda ancha en Perú ha experimentado mejoras significativas durante el último decenio. El crecimiento de las suscripciones a la banda ancha ha estado impulsado por los servicios móviles, que registraron un fuerte aumento, al pasar de 47,9 suscripciones por cada 100 habitantes en 2014 a 95 en 2024 (un crecimiento del 98 %). Esta cifra sigue estando algo por debajo del promedio de la OCDE, de 138 suscripciones por cada 100 habitantes. Aunque las suscripciones a la banda ancha fija también han registrado un notable crecimiento del 129 % durante el período 2014-2024, su penetración es muy inferior a la de la banda ancha móvil, con 12 suscripciones por cada 100 habitantes en junio de 2024, muy por debajo del promedio de la OCDE, de 36,3.
El porcentaje de la población que utiliza Internet ha ido aumentando de forma constante durante los últimos dos decenios, y se ha observado un pronunciado incremento desde 2015 (Figura 4.5). En 2023, alrededor del 80 % de la población nacional utiliza Internet. El Programa Nacional de Telecomunicaciones ha desempeñado un papel fundamental en la expansión del acceso a Internet, con más de cuatro millones de conexiones fijas a Internet registradas a finales de 2024 (OSIPTEL, 2025[43]).
El acceso a Internet ha aumentado en los últimos dos años, sobre todo en las zonas rurales, donde pasó del 20 % en 2022 al 83 % en 2024. Este aumento se debe, en gran medida, al cambio de metodología, al incluir las conexiones móviles de prepago en este indicador. Sin embargo, siguen existiendo diferencias entre las zonas urbanas y rurales, ya que las velocidades fijas de descarga en las ciudades peruanas son un 246,4 % más altas que en las zonas rurales (OECD, 2025[44]). Los usuarios de las ciudades también han señalado un mayor porcentaje de calidad constante que los usuarios de las zonas rurales.
Porcentaje de la población
Nota: Los usuarios de Internet son aquellas personas que han usado Internet (desde cualquier lugar) en los últimos tres meses. Este uso comprende el acceso a Internet a través de un ordenador, un teléfono móvil, un asistente digital personal, una consola de videojuegos, la televisión digital, etc. El acceso a Internet en las zonas nacionales, urbanas y rurales tiene en cuenta las conexiones fijas y las conexiones móviles de pospago hasta 2022. A partir de 2023, también incluye las conexiones móviles de prepago.
Fuente: Banco Mundial (2025[45]), Indicadores del desarrollo mundial, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators; INEI (2025[46]), Microdatos: Base de datos, https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/.
Perú ha destinado diversos medios a promover la difusión de los recursos en línea en todas sus regiones. En 2022, el Ministerio de Educación (MINEDU) puso en marcha el Plan de Cierre de Brecha Digital, cuyo objetivo es reducir las desigualdades en el acceso, el uso y las competencias en materia de tecnologías de la información y la comunicación (MINEDU, 2022[47]). Esto incluye el suministro de equipamiento tecnológico a los centros de enseñanza primaria y secundaria, plataformas digitales con acceso a cursos virtuales y programas de formación, así como el desarrollo de contenido educativo digital y para entornos sin conectividad. Además, el plan prevé la prestación de asistencia técnica en el acceso, el uso y la gestión de dispositivos tecnológicos en función de las necesidades de formación y de las tecnologías disponibles.
Asimismo, Perú puso en marcha en 2019 el programa Internet Para Todos con el fin de implantar infraestructura de telecomunicaciones en zonas donde el acceso a Internet es escaso, como las zonas rurales. Esto ha permitido ampliar la cobertura de Internet a 3,8 millones de peruanos del ámbito rural. La mejora de la cobertura de las redes móviles y las iniciativas de inversión pública y privada han sido esenciales a la hora de facilitar los significativos avances observados en la conectividad rural (IPT, 2025[48]).
La presencia digital del INIA se enfrenta a importantes retos para garantizar que los usuarios, en especial la comunidad agrícola, puedan acceder a la información disponible con rapidez y eficacia. Un punto de partida fundamental que permite reforzar esta dimensión es el Decreto Legislativo N.º 1412 (El Peruano, 2018[49]), por el que se aprueba la Ley de Gobierno Digital. Esta norma mejora la gobernanza digital en los tres niveles de gobierno y fomenta la armonización de los criterios de gestión de la información en las entidades públicas, incluido el INIA.
En consonancia con estas normas, el INIA ha creado un repositorio institucional que reúne más de 2 500 publicaciones técnico-científicas (INIA, 2025[50]), en línea con el proyecto PerúCRIS del Concytec. PerúCRIS busca consolidar la gestión de la información científica nacional, generar estadísticas que fundamenten la adopción de decisiones en los distintos ámbitos gubernamentales y dar visibilidad internacional a la producción científica peruana (CONCYTEC, 2025[51]). Sin embargo, persisten algunos obstáculos estructurales, como la escasa conectividad en algunas zonas y el acceso desigual a las plataformas digitales en diversas regiones del país, lo que limita el uso efectivo de estos sistemas por parte de los productores y los usuarios vinculados al INIA y a sus Estaciones Experimentales Agrarias.
La agricultura digital se está consolidando de manera gradual gracias a las políticas públicas y a un número cada vez mayor de iniciativas público-privadas y privadas
El MIDAGRI lidera iniciativas como la Identidad Digital del Productor Agrario, una herramienta móvil integrada en el Padrón de Productores Agrarios (PPA), que permite la georreferenciación de parcelas, la notificación de fenómenos climáticos y el acceso a servicios como incentivos, asistencia técnica, crédito, seguros y alertas tempranas. Al mismo tiempo, el Observatorio del Padrón de Productores Agrarios proporciona datos geoespaciales con miras a mejorar la planificación y la orientación de los servicios agrícolas, lo que permite intervenciones estatales más específicas y contribuye a mejorar la evaluación del impacto de las inversiones. Con el fin de hacer frente a los riesgos climáticos, se ha desarrollado un sistema de alerta temprana, en colaboración con el SENAMHI y el Instituto del Mar del Perú, que pretende mejorar la gestión de los riesgos climáticos en sectores como la agricultura y la pesca mediante el suministro de información meteorológica en tiempo real. Otras iniciativas complementarias incluyen la plataforma Productor Digital, puesta en marcha por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el MIDAGRI y la FAO, que facilita la comercialización directa en línea a los pequeños agricultores (IICA, 2025[52]; FAO, 2023[53]; MIDAGRI, 2023[54]; MIDAGRI, 2026[55]).
En el ámbito del sector privado, la alianza entre Dimitra y el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) incorpora la inteligencia artificial y la tecnología de cadenas de bloques para certificar productos ecológicos y respaldar los sistemas de trazabilidad en el marco de los programas de garantía participativa. Del mismo modo, Amazon Innovatech ha prestado su apoyo a los módulos de trazabilidad digital y a la supervisión de la deforestación en regiones piloto. Además, empresas emergentes como Farmonaut utilizan imágenes satelitales e inteligencia artificial con el fin de vigilar el estado de los cultivos en tiempo real. En conjunto, estas iniciativas reflejan un ecosistema de innovación digital en expansión destinado a respaldar la agricultura a pequeña escala y la agricultura sostenible (SOLIDARIDAD, 2024[56]).
El INIA creó un registro institucional en línea con vistas a aumentar el número de publicaciones sobre técnicas de producción. Entre 2019 y 2023, el número de publicaciones del INIA pasó de 500 a 1 900. Además, se creó una plataforma oficial de gestión del conocimiento integrada con el sistema CRIS del Concytec (INIA, 2020[57]). El INIA también organiza cursos en línea a los que pueden acceder todos los productores agrícolas. Una plataforma centralizada permite la priorización eficiente de determinadas materias, haciendo especial hincapié en las prácticas y técnicas de producción modernas y sostenibles.
A pesar de estos esfuerzos, la alfabetización digital sigue siendo otro obstáculo decisivo para la inclusión digital en Perú. En 2022, el 31,5 % de los participantes en la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) indicaron que no utilizan Internet porque no saben cómo hacerlo, y el 29,3 % afirmaron que no lo necesitan (CEPLAN, 2024[58]). Es probable que esta disparidad se deba a la escasez de recursos educativos y a la falta de contenidos digitales adaptados a las comunidades rurales. Aunque se cuente con una infraestructura de cobertura de Internet y servicios de extensión digital eficaces, es esencial que los agricultores dispongan de los conocimientos que les permitan utilizar las herramientas digitales para poder acceder a dichos servicios.
4.4.2. El uso de datos en la transición hacia un modelo agrícola más sostenible y productivo
El Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Información Agraria para el Desarrollo Rural de Perú (PIADER) es la herramienta clave de intercambio de información agrícola en Perú. El proyecto PIADER, ejecutado por el MIDAGRI, tiene como objetivo reforzar la calidad, la cobertura y la disponibilidad de la información agrícola en Perú (MIDAGRI, 2024[59]). Se centra en mejorar la calidad y la accesibilidad de las estadísticas agrícolas mediante tecnologías avanzadas, como las imágenes por satélite, la fotografía con drones y los sensores remotos; en reforzar las capacidades de los organismos encargados de generar información; y en poner en marcha un centro tecnológico de seguimiento de la evolución del sector agrícola.
Su objetivo es desarrollar un marco estadístico integral que permita realizar un seguimiento preciso de la producción agrícola, el rendimiento de los cultivos y los cambios de uso de la tierra a lo largo del tiempo, en particular mediante la elaboración de mapas detallados de las zonas agrícolas y la recopilación de datos específicos sobre cada cultivo, que se integrarán en una base de datos centralizada accesible a través de tecnologías móviles. El proyecto fue financiado por el BID con un presupuesto de 15 millones de dólares estadounidenses (IDB, 2025[60]). En la actualidad, el proyecto PIADER está financiado exclusivamente por el Gobierno peruano. Para 2025, se le ha asignado un presupuesto de en torno a 3,5 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja la decisión estratégica del Gobierno nacional de consolidar la integración del sistema de información agrícola y promover el desarrollo sostenible del sector rural.
En este sentido, el proyecto promueve un marco normativo y técnico en consonancia con el marco de gobernanza de datos del Gobierno, que regula la gestión de los datos agrícolas mediante principios de acceso controlado, protección de la privacidad, interoperabilidad y uso transparente y equitativo de la información. Además, ha elaborado políticas específicas destinadas al sector agrícola que regulan la recopilación de datos a nivel de explotación (uso de la tierra, superficie cultivada, fechas de siembra y cosecha, y volúmenes de producción), el uso de tecnologías avanzadas como sensores y drones, la protección de datos sensibles en virtud de la Ley N.º 29733 y el acceso abierto a los datos con fines públicos (MIDAGRI, 2025[61]).
En este contexto, el PIADER ha desarrollado e implementado instrumentos clave de consolidación del sistema de información agrícola, entre los que se incluyen la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), la Encuesta de Costos de Producción y un Marco Maestro Muestral basado en la teledetección y el procesamiento de imágenes satelitales a escala nacional. Estas iniciativas se complementan con la puesta en marcha de una plataforma tecnológica de gestión de datos, la formación de 4 600 agentes de información, la inscripción de 2 millones de agricultores en el Padrón de Productores Agrarios, la creación de un centro tecnológico de seguimiento agrícola y el suministro de tabletas a las direcciones regionales de agricultura. Cabe destacar que la ENA permite recopilar información detallada sobre las unidades de producción, de forma que genera microdatos esenciales para la formulación de políticas, con el apoyo de herramientas tecnológicas modernas y garantizando la confidencialidad de los datos (MIDAGRI, 2025[62]).
4.4.3. Protección de los derechos de propiedad intelectual
Perú ofrece un nivel relativamente bajo de protección de los derechos de propiedad intelectual. En 2019, el país obtuvo una puntuación de 3,2 en el índice de protección de la propiedad intelectual, lo que lo situó en el puesto 124 de un total de 141 países a escala mundial (figura 4.6). Esta cifra es inferior al promedio de la OCDE, que se sitúa en 5,1, pero supone una mejora con respecto a la puntuación de 2,5 que obtuvo Perú en 2009.
Escala de menor (1) a mayor protección (7)
Nota: Los datos de la OCDE corresponden al promedio simple de los índices de los países miembros. El nivel de protección de la propiedad intelectual se calcula a partir de la Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial, en respuesta a la pregunta: “¿En qué medida se protege la propiedad intelectual en su país?” [1 = en absoluto; 7 = en gran medida]. La encuesta se utiliza para calcular el Índice de Competitividad Global, que refleja los fundamentos microeconómicos y macroeconómicos de la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial (2019[63]), Informe de Competitividad Global 2019, https://www.weforum.org/publications/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth/.
En Perú, el INDECOPI se dedica a proteger y promover los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como a registrar y fomentar las normas y reglamentos técnicos dentro del sector. Creado en 2019, el Centro Regional de la OCDE para la Competencia en América Latina y el Caribe es una iniciativa conjunta entre el INDECOPI y la OCDE, que beneficia a unos 25 países de la región (OECD, 2025[64]). El centro organiza actividades periódicas de capacitación dirigidas a funcionarios de competencia, reguladores y jueces; hasta la fecha, más de 1 989 participantes se han beneficiado de los 22 eventos celebrados por el centro.
Perú ha logrado avances significativos en el refuerzo de la protección de la propiedad intelectual de las variedades vegetales. En 2011 entró en vigor el Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, por el que se establece un marco normativo conforme a lo dispuesto en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991 (WIPO, 2025[65]). Esto se refleja en el aumento del índice de protección jurídica de las variedades vegetales, que pasó de 2,11 a 3,31 entre 2000 y 2018 (figura 4.7). Asimismo, revela la tendencia general hacia una mayor protección jurídica que se observa en la mayoría de los países analizados. Estos avances apuntan a un mayor compromiso con la protección de los derechos de los obtentores, lo cual es fundamental para fomentar la innovación en el sector agrícola.
Puntuación de menor (0) a mayor (5) protección
Nota: El índice consta de cinco componentes: 1) la ratificación de los convenios de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), que considera si un país se ha adherido a las revisiones posteriores del Convenio de la UPOV (1961, 1978 y 1991); 2) la excepción del agricultor (el derecho del agricultor a conservar semillas, que le permite utilizar el producto de sus cosechas obtenidas a partir de una variedad vegetal protegida con fines de reproducción en sus explotaciones), que considera si este derecho está contemplado en la legislación del país; 3) la excepción del obtentor (el derecho de exclusión no se extiende al uso de una variedad vegetal con fines experimentales o de investigación por parte de otros obtentores), que considera si el país ha introducido el concepto de “variedad esencialmente derivada” que limita el alcance de la excepción; 4) la duración de la protección, que considera el período de vigencia del derecho; y 5) el alcance de la patente, que considera si se permiten las patentes en cinco ámbitos relacionados con el fitomejoramiento y la agricultura, a saber, la alimentación, que procesa productos agrícolas; los microorganismos; los productos farmacéuticos; las plantas y los animales; y las variedades vegetales.
Fuente: Campi y Nuvolari. (2020[66]), Worldwide Index of IPRs in Agriculture (1961-2018), https://www.openicpsr.org/openicpsr/project/121001/version/V1/view.
En el primer trimestre de 2025, el INIA había registrado un total de 60 cultivos en el INDECOPI, todos ellos protegidas por derechos de obtentor, lo que refleja el compromiso constante de la institución con la protección de la propiedad intelectual en el ámbito agrícola (INIA, 2025[67]). La figura 4.8 presenta una clasificación de los cultivares desarrollados por el INIA que han obtenido certificados oficiales de obtentor. El maíz es el cultivo con mayor número de variedades protegidas (15), seguido del arroz (7), el trigo (8) y la papa (5). Otros cultivos con múltiples variedades registradas son las habas, la batata, los frijoles y la avena, cada uno de los cuales cuenta con entre 3 y 5 certificaciones. Por el contrario, cultivos como el ajo y la caña de azúcar están representados por una única variedad registrada.
Fuente: INIA (2025[67]), Registro del Área de Gestión de la Propiedad Intelectual en la Innovación Agraria (APIA, SDPIA e INIA).
La papa es uno de los productos agrícolas más importantes de Perú, tanto desde el punto de vista histórico como en lo que respecta a la producción, la superficie cultivada y el comercio. Además, las papas son un alimento básico en el país. Perú es el centro de origen de la papa, ya que cuenta con el mayor número de variedades.
Una de las principales áreas de actividad del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es la modificación de cultivos y la creación de nuevas variedades, y muchos grupos independientes, investigadores o instituciones del país también colaboran directa o indirectamente con el INIA. Esto convierte al INIA en el principal exportador de nuevos cultivos en Perú (del total de variedades de cultivos que se producen en el país, el 47 % ha sido creado por el INIA).
Esta actividad ha mostrado una eficacia particular en el caso de las especies de papa, con más de 11 000 variedades (de las cuales 4 500 cuentan con un registro oficial). Se considera que 41 especies de cultivos presentan una alta calidad genética, un buen valor nutricional y un rendimiento adecuado en la cosecha (INIA, 2020[68]). El registro en el sistema del INDECOPI, creado por el INIA, permite acceder con facilidad a información sobre genes y fisiología, que los investigadores utilizan después para cruzar las mejores especies y crear diversos cultivos mejorados. Las prioridades de estas modificaciones han consistido, en particular, en desarrollar cultivos más duraderos y resistentes a las enfermedades con el fin de que se adapten a las condiciones cambiantes de los territorios afectados por el cambio climático, así como en aumentar el rendimiento y mejorar la calidad con vistas a alimentar a una población en crecimiento, que según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística alcanzará los 40 millones de habitantes en 2050.
Las últimas variedades de papa desarrolladas por el INIA son la Kulli Papa, la INIA 330 y la INIA 332, producidas en las Estaciones Experimentales Agrarias de Cusco, Puno y Huancayo, respectivamente (INIA, 2020[68]). La Kulli Papa tiene un alto contenido en hierro y zinc, así como en polifenoles y antioxidantes (un 189 % más que el promedio de las variedades nativas de papa), lo que la convierte en un alimento ideal para combatir la malnutrición. Su color morado también la convierte en un ingrediente muy utilizado en refrescos, zumos, yogures, harina y cosméticos. Por su parte, la variedad de INIA 330 ofrece un rendimiento de cosecha de entre 20 y 30 toneladas por hectárea en regiones áridas y es resistente a las heladas y a la sequía. La papa INIA 332 presenta un buen rendimiento, excelentes cualidades para la preparación de papas fritas y su procesamiento, una alta tolerancia a patógenos como el tizón tardío y el tizón temprano, así como resistencia a la sequía. Estas variedades forman parte de la estrategia nacional de Perú encaminada a promover la seguridad alimentaria, mejorar los ingresos de los agricultores y apoyar la adaptación de la agricultura a condiciones climáticas cambiantes.
También se están llevando a cabo iniciativas de preservación de las variedades nativas de papa. El INIA ha estado evaluando más de 3 000 variedades autóctonas de papa con el fin de proteger su valor cultural, desarrollar posibles nuevos cultivares y contribuir así a la economía de los pequeños agricultores de la región de la Sierra. El INIA cuenta en la actualidad con más de 750 variedades nativas de papa registradas, lo que estimula su comercialización en los mercados nacionales e internacionales.
Fuentes: INIA (2024[19]; 2023[69]; 2022[35]; 2021[34]; 2020[33]); Roldán y Salas (2019[70]); CGIAR (2025[71]).
4.4.4. Educación y formación
Las universidades desempeñan un papel fundamental en la innovación agrícola de Perú, aunque persisten los retos en materia de calidad y acceso
Las universidades públicas y privadas, junto con los institutos técnicos y de formación profesional, desempeñan un papel estratégico en el desarrollo del sector agrícola peruano, en particular en la formación de capital humano, la investigación aplicada, la transferencia de conocimiento y la consolidación de las capacidades productivas a nivel territorial (PNIA, 2021[22]). La Universidad de La Molina, como principal institución pública en el ámbito agropecuario, ha cumplido una función importante en el desarrollo del sector agrícola peruano gracias a programas académicos especializados, investigación científica, asistencia técnica e iniciativas de colaboración con productores y organismos gubernamentales.
Al mismo tiempo, el país cuenta con una red de centros de formación técnica y profesional, compuesta por institutos de educación superior tecnológica y centros de educación técnico-productiva, que realizan una labor fundamental en la formación práctica de los jóvenes y los pequeños productores de las zonas rurales (MINEDU, 2023[72]). Estas instituciones ofrecen programas sobre producción agropecuaria, agroindustria, agricultura mecanizada y gestión de los recursos naturales, lo que contribuye de manera directa a la adopción de nuevas tecnologías en las zonas rurales.
Sin embargo, tanto las universidades como los institutos técnicos se enfrentan a diversas dificultades, entre las que se encuentran la escasa inversión en infraestructura y equipamiento, la deficiente articulación institucional con el sistema de innovación agrícola y la necesidad de actualizar los planes de estudios al objeto de que se adapten a las cambiantes demandas del sector. Estos factores subrayan la necesidad de reforzar su integración efectiva en el SNIA y en el marco general del sistema de conocimiento e innovación agrícola (PNIA, 2021[22]).
En 2020, Perú contaba con 352 investigadores agrícolas a tiempo completo, de los cuales el 72 % eran hombres y el 28 % mujeres. El INIA solo utilizaba el 30 % de la capacidad total de investigación agrícola. La Universidad de La Molina representa el 50 % y el 20 % restante se distribuye entre diversas universidades e institutos (ASTI, 2025[38]). Esto incluye a todos los investigadores que trabajan en organismos gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y centros de enseñanza superior del país. Alrededor del 33 % de los investigadores se dedicaba a los cultivos; el 21 %, a la ganadería; y el resto se centraba en la pesca, la silvicultura, los recursos naturales y los ámbitos socioeconómicos. En 2020, alrededor del 30 % de los investigadores agropecuarios poseía un doctorado, mientras que el 39 % tenía una maestría en ciencias y el 31 % una licenciatura en ciencias (Stads and Santos, 2023[73]).
El Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (RENACYT) se encarga de reconocer, validar y clasificar a los investigadores que se dedican a la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en Perú. A fecha de 12 de junio de 2025, figuraban inscritos en el registro un total de 147 investigadores del INIA. Además, la mayoría de los investigadores altamente cualificados del INIA y de las instituciones de educación superior tenían más de 60 años y se acercaban a la jubilación, lo que pone de relieve la urgente necesidad de formar a la próxima generación de investigadores agropecuarios (INIA, 2025[74]).
La oferta de formación profesional y los centros de enseñanza superior se enfrentan a obstáculos que afectan a la calidad general y a la accesibilidad. Un análisis de las oportunidades de educación superior a nivel de máster y doctorado muestra que se ofrecen muchos menos programas en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Las dificultades persisten no solo en la educación académica, sino también en la formación profesional, donde los niveles de calidad siguen siendo desiguales. La formación técnica del país adolece de falta de infraestructura, y sus contenidos académicos no se ajustan a las necesidades nacionales en materia de CTI; todo ello se aplica también al sector agrícola (MINEDU, 2024[7]).
El acceso de los productores a la información agropecuaria
La información agropecuaria se refiere a la capacidad de los agricultores de obtener, comprender y aplicar los datos técnicos, productivos, comerciales y normativos que les permiten adoptar decisiones fundamentadas y mejorar sus prácticas agropecuarias. Este acceso constituye un elemento esencial respecto a la eficacia de los servicios de extensión agropecuaria.
La información agropecuaria comprende datos sobre los precios de venta, la cantidad producida, la demanda de productos, la información agroclimática (temperatura, precipitaciones, velocidad del viento), el precio de los fertilizantes, los insumos ganaderos, la idoneidad del suelo, la gestión de los cultivos y las técnicas de cría. En general, los principales canales a través de los cuales los agricultores acceden a la información agropecuaria en Perú son, entre otros, las organizaciones de productores, las entidades públicas, los medios tecnológicos, como las aplicaciones móviles y las plataformas digitales, los mercados locales y las ferias agrícolas, así como las empresas privadas. Sin embargo, la cobertura de estos canales continúa siendo desigual y se enfrenta a restricciones, sobre todo en las zonas rurales remotas, donde el acceso a la infraestructura, la conectividad y los servicios institucionales es insuficiente.
Las actividades en este campo facilitan la difusión de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en 2024, el INIA organizó 145 cursos de formación y 274 actividades de transferencia de tecnología agrícola, entre las que se incluyen charlas técnicas, parcelas demostrativas, demostraciones de métodos, jornadas de campo, módulos demostrativos, visitas guiadas y talleres. Se afianzaron las capacidades técnico-productivas de 9 344 agricultores (INIA, 2024[19]). Estas actividades están diseñadas con el objetivo de mostrar las aplicaciones prácticas de las conclusiones de la investigación, lo que permite a los agricultores adoptar nuevas tecnologías y prácticas de manera eficaz.
Si se analiza la cuestión de género, se observa que el número de agricultoras que reciben servicios de extensión agrícola es inferior al de los agricultores (figura 4.9). La menor participación de las mujeres rurales en los servicios de extensión agrícola puede atribuirse a una combinación de factores estructurales, socioculturales e institucionales. Un obstáculo fundamental es la falta de titularidad formal de la tierra entre muchas agricultoras, lo que limita su acceso a los programas públicos que exigen títulos de propiedad como requisito previo (FAO, 2017[75]). Además, los roles de género tradicionales asignan a las mujeres una parte desproporcionada de las responsabilidades domésticas y de cuidado, lo que reduce de manera considerable su disponibilidad para asistir a sesiones de formación o recibir asistencia técnica, en especial cuando dichos servicios se ofrecen en horarios poco convenientes o lejos de sus comunidades (OECD, 2022[76]).
Fuente: INEI (2025[27]), Productores agropecuarios – principales resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), 2018-2019 y 2022-2024, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8237929/6879473-productores-agropecuarios-principales-resultados-de-la-encuesta-nacional-agropecuaria-ena-2018-2019-y-2022-2024%282%29.pdf?v=1750438114.
Se han puesto en marcha algunas iniciativas encaminadas a abordar las desigualdades que sufren las mujeres en el sector. Por ejemplo, Agroideas está aplicando una estrategia que apoya iniciativas agrícolas, ganaderas, forestales y artesanales, centrándose en las organizaciones de mujeres rurales e indígenas con el fin de reforzar su autonomía económica (véase el capítulo 2) (El Peruano, 2023[77]).
A pesar de los avances nacionales en materia de políticas de igualdad de género, muchas instituciones agrícolas siguen careciendo de estrategias claras y de la capacidad institucional necesaria para aplicar un enfoque con perspectiva de género en sus programas y equipos técnicos. Esta carencia institucional obstruye los esfuerzos por reducir las desigualdades de género y limita el acceso equitativo y efectivo de las mujeres rurales a los servicios de extensión.
Diversas partes interesadas internacionales han colaborado con las instituciones nacionales de Perú con el propósito de apoyar el desarrollo de la innovación agrícola. Por ejemplo, entre 2002 y 2010, el Banco Mundial respaldó el Proyecto de Innovación y Competitividad para el Agro Peruano (INCAGRO) del Gobierno de Perú, cuyo objetivo era reforzar la investigación estratégica, adoptar nuevas tecnologías e impartir formación innovadora. El proyecto contó con la colaboración de centros de investigación, universidades, ONG y el sector agrícola para implementar un sistema de innovación descentralizado con la participación del sector privado. Desempeñó un papel primordial en la creación del sistema nacional de innovación agraria de Perú, al reducir las deficiencias en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI) agrícola; reforzar las capacidades locales; y promover un enfoque de la innovación competitivo, descentralizado y con múltiples actores (INIA, 2024[19]). Pero el proyecto reciente más importante ha sido el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).
4.5.1. El Programa Nacional de Innovación Agrícola (PNIA) desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del sistema de innovación agrícola de Perú
El PNIA 2015-2021, ejecutado por el INIA en colaboración con el Banco Mundial y el BID, fue uno de los proyectos más significativos en la configuración del sistema de innovación agrícola de Perú. El objetivo principal del programa era posicionar la innovación como motor estratégico de mejora de la productividad y la sostenibilidad del sector agrícola, mediante la consolidación institucional y funcional del SNIA y la promoción de mecanismos estructurados para la generación, adaptación y transferencia de tecnología (PNIA, 2021[22]).
El PNIA se estructuró en torno a dos componentes complementarios: 1) el componente del Banco Mundial, centrado en el fortalecimiento institucional del INIA y la consolidación del SNIA; y 2) el componente del BID, destinado a desarrollar servicios estratégicos de innovación y transferencia de tecnología, así como a modernizar la estructura organizativa y operativa del INIA. El programa tenía alcance nacional y estaba dirigido a los principales actores del ecosistema de innovación agrícola, entre los que se encuentran organizaciones de agricultores, universidades, centros de investigación y empresas privadas.
El programa se financió mediante un mecanismo de cofinanciamiento multilateral, que incluía acuerdos de préstamo tanto con el BID como con el Banco Mundial, complementados con una contribución financiera nacional. El presupuesto total ascendió a 177,2 millones de dólares estadounidenses; de ellos, cada institución multilateral aportó 40 millones y el Gobierno de Perú 97,2 millones (World Bank, 2021[21]). Además, el Fondo Español para América Latina y el Caribe financió una subvención de 350 000 dólares estadounidenses destinada a la preparación de la operación (World Bank, 2021[21]).
Al término del PNIA, el INIA había logrado avances significativos en materia de coordinación institucional y modernización (tabla 4.1). Garantizar la consolidación y la sostenibilidad a largo plazo de estos logros continúa siendo un reto. El INIA sigue enfrentándose a limitaciones institucionales a la hora de desarrollar su pleno liderazgo, su capacidad de coordinación y de promover los servicios de innovación en todo el país. Es fundamental subsanar estas deficiencias para mantener el impulso generado por el PNIA y garantizar el fortalecimiento continuo del sistema de innovación agrícola de Perú.
Fuente: PNIA (2021[22]), Informe final de gestión, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1920833/PNIA%20Informe%20Final%20de%20Gestion%202021.pdf.
La actividad del PNIA concluyó en 2021, tras haber gastado más de 88 millones de dólares estadounidenses procedentes de fondos internacionales. El programa contó con más de 800 subproyectos financiados en colaboración con asociaciones de agricultores, comunidades campesinas y centros de investigación. Además, se registraron 1 000 proyectos de investigación en la plataforma DSpace siguiendo las normas del Concytec, se formó a casi 300 agentes de investigación y transferencia, y se financiaron cerca de 400 becas destinadas a la educación superior. Las innovaciones generadas por estos proyectos han sido adoptadas por cerca de 32 000 agricultores (World Bank, 2021[21]).
El éxito del PNIA puede atribuirse a la colaboración entre diversas partes interesadas nacionales e internacionales. El programa sirvió de plataforma de coordinación que facilitó los vínculos entre los agentes del sistema de conocimiento e innovación agrícola tanto a nivel nacional como regional. Entre las principales instituciones nacionales se encontraban el MEF, el MIDAGRI y el INIA, mientras que el apoyo internacional provino de organizaciones como la FAO, que prestó asistencia técnica, y el BID y el Banco Mundial, que financiaron el programa (PNIA, 2021[22]).
Un ejemplo ilustrativo del enfoque colaborativo promovido por el PNIA es el proyecto llevado a cabo con la Central de Productores de Café y Cacao de la Selva Central (CEPROCAFÉ), que permitió reforzar las capacidades técnicas, introducir tecnologías de uso posterior a la cosecha y mejorar la calidad del grano gracias a la colaboración entre los agricultores, las empresas exportadoras, el INIA y las universidades. Otro caso destacado fue el proyecto ejecutado con la Asociación de Productores de Papa Nativa del Valle del Mantaro (Junín), en el que se promovieron la validación tecnológica participativa, la conservación de la biodiversidad, la agregación de valor y el acceso a los mercados mediante alianzas entre productores, centros de investigación, gobiernos regionales y universidades. Estas experiencias demuestran el potencial del enfoque territorial y de múltiples actores del PNIA para estimular una innovación relevante, sostenible y adaptada al contexto local (World Bank, 2021[21]; PNIA, 2021[22]).
4.5.2. Otras alianzas internacionales están contribuyendo a la innovación agrícola
Iniciado en 2011, Plantwise es un programa mundial dirigido por el International Centre for Agriculture and Biosciences, que presta apoyo a los pequeños agricultores en la gestión fitosanitaria (CABI, 2025[78]). En colaboración con los ministerios de agricultura de los países y las instituciones relacionadas, el programa utiliza una serie de herramientas digitales, como sesiones en directo de consultas fitosanitarias en línea, mensajes SMS y redes sociales, con el fin de llegar a los pequeños agricultores. Los grupos de apoyo de WhatsApp dedicados al diagnóstico y las recomendaciones sobre cultivos han tenido un éxito especial en los países de América Latina (FAO, 2021[79]). Con el apoyo del programa Plantwise, el INIA creó un canal de YouTube de asesoramiento centrado en información técnica sobre cultivos clave, que llegó a unos 3,5 millones de agricultores en 2020.
El Sistema Internacional de Información sobre Ciencias y Tecnología Agrícolas (AGRIS) es una red internacional de intercambio de conocimiento que reúne las aportaciones científicas de cientos de organizaciones de todo el mundo. Su plataforma ofrece un repositorio bibliográfico multilingüe centrado en la alimentación y la agricultura, con especial atención a la producción científica del Sur Global. En este contexto, en 2024, 27 instituciones peruanas, entre las que se incluyen universidades y centros de investigación, se incorporaron oficialmente al AGRIS, reforzando así el sistema de conocimiento e innovación agrícola peruano al mejorar la visibilidad y la accesibilidad mundial del conocimiento agrícola nacional (FAO, 2024[80]).
Varios centros del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR) han establecido asociaciones activas con instituciones peruanas. El Centro Internacional de la Papa, con sede en Lima, ha contribuido de manera significativa a la investigación sobre cultivos de raíces y tubérculos, agricultura resiliente al clima y seguridad alimentaria. Otros centros, como el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y la Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), han respaldado iniciativas relacionadas con la intensificación sostenible, la agrobiodiversidad y las plataformas de innovación en la región de la Sierra.
Organismos de cooperación internacional como la FAO, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) han mantenido una estrecha colaboración con el MIDAGRI y el INIA en el refuerzo de los sistemas de extensión, los servicios agrícolas digitales y los marcos normativos en materia de innovación. Además, organismos bilaterales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y el Programa de Corea para la Agricultura Internacional (junto con instituciones financieras internacionales como el BID y el Banco Mundial) han proporcionado asistencia técnica y financiamiento para proyectos y programas nacionales (INIA, 2023[69]; 2024[19]; International Potato Center, 2023[81]; 2021[82]; FAO, 2023[83]).
Un proyecto internacional destacado ha prestado su apoyo al proyecto del INIA centrado en modernizar el sistema nacional de innovación agrícola. Financiado con el préstamo 5916/OC-PE del BID, el Proyecto de Mejoramiento de la Red de Servicios de Innovación, Transferencia Tecnológica y Extensión Tecnológica Agraria tiene por objetivo aumentar la productividad agrícola de Perú, al tiempo que se promueve la sostenibilidad ambiental y la resiliencia climática mediante el fortalecimiento de la capacidad de investigación del INIA; la mejora de la calidad y el alcance de los servicios de transferencia de tecnología y extensión, en especial en la agricultura a pequeña escala; y el apoyo a la acreditación y la formación de los agentes de extensión. El importe total del préstamo asciende a unos 85 millones de dólares estadounidenses, además de una aportación de 22 millones por parte del Gobierno peruano, lo que eleva el costo total del proyecto a 107 millones (IDB, 2025[84]). La mayoría de estos proyectos incluyen componentes de formación y transferencia de tecnología, lo que contribuye al fortalecimiento de las capacidades técnicas tanto del personal de extensión como de los agricultores (IDB, 2025[84]).
En términos más generales, el INIA ha concertado más de 500 acuerdos con universidades e instituciones de investigación nacionales e internacionales. Estas alianzas estratégicas han contribuido a consolidar el sistema de conocimiento e innovación agrícola de Perú, al facilitar la generación de tecnologías adaptadas al contexto local, mejorar la transferencia de conocimiento a los agricultores y promover procesos de innovación más inclusivos y sostenibles en el sector agroalimentario (INIA, 2024[19]).
4.6.1. Resultados de la inversión en I+D en el ámbito de las ciencias agroalimentarias (publicaciones y patentes)
Perú produce cada año un número discreto de publicaciones relacionadas con la agricultura. La figura 4.10 muestra el volumen de publicaciones científicas sobre temas agrícolas que elabora cada año el INIA, el cual ha ido en aumento en los últimos años hasta alcanzar un máximo de 133 publicaciones en 2024.
Fuente: INIA (2025[85]), Artículos científicos publicados en el repositorio institucional del INIA, https://pgc-snia.inia.gob.pe/assets/images/reportes/ReporteArticulos.html.
En lo que respecta a la adopción de diferentes variedades y sistemas de producción, con el paso del tiempo los agricultores han incorporado innovaciones. Por ejemplo, el INIA se centró en el mejoramiento genético y las aplicaciones biotecnológicas para la mejora de los cultivos, lo que le permitió crear variedades de papa resistentes a las enfermedades, como la variedad Canchán, resistente al tizón tardío; o variedades de arroz con mayor rendimiento (INIA 508 – Tinajones, INIA 513 – La Puntilla, INIA 515 – Capoteña, entre otras). (INIA, 2024[19])
En la región de la Sierra se han desarrollado diversas variedades de quinua, como la Salcedo, que destaca por su alto valor nutricional y su adaptabilidad a los climas fríos de las montañas. Esta variedad ha contribuido de manera significativa a mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola en las zonas de gran altitud. En 2024 se comercializó oficialmente la variedad de ajo INIA 105 – Donajus, que destaca por su alto rendimiento, superior a las 14 toneladas por hectárea en un ciclo vegetativo de tan solo 5 meses. Esta variedad ha demostrado una excelente adaptación en regiones como Lima, Áncash, Junín y Arequipa, por lo que se ha consolidado como una alternativa tecnológica de gran valor que mejora la productividad y la rentabilidad de los agricultores (INIA, 2024[86]; 2024[19]).
La Estación Experimental Agraria de Pucallpa ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de prácticas de gestión integrada de plagas que han reducido la dependencia de los agricultores de los plaguicidas químicos en la región de Ucayali. Además, la atención de las Estaciones Experimentales Agrarias al desarrollo y la distribución de variedades mejoradas de cultivos ha dado lugar a notables aumentos de la productividad agrícola. Los informes anuales del INIA indican que, entre 2010 y 2022, la introducción de nuevas variedades de cultivos básicos como la papa, el arroz y la quinua por parte de las EEA ha comportado un aumento medio del rendimiento de en torno a un 20 % en estos cultivos (INIA, 2023[69]; INIA, 2022[35]; INIA, 2021[34]; INIA, 2020[33]).
Entre 2018 y 2024, el INIA registró con éxito más de 60 variedades vegetales al amparo de los derechos de obtentor. Este logro refuerza la protección de los resultados de la investigación y pone de relieve el papel estratégico del fitomejoramiento a la hora de aumentar la productividad agrícola y la resiliencia frente al cambio climático, así como de contribuir a la seguridad alimentaria nacional (INIA, 2024[86]; 2024[19]). El INIA ha ocupado un lugar central en la creación de nuevas variedades de cultivos y en las innovaciones tecnológicas. En 2024 se habían comercializado un total de 205 variedades de cultivos, en su mayoría de papas, frijoles, trigo, arroz, maíz (tanto amiláceo como amarillo duro), quinua, habas, avena y batatas (figura 4.11).
Fuente: INIA (2025[67]), Registro del Área de Gestión de la Propiedad Intelectual en la Innovación Agraria (APIA, SDPIA e INIA).
También se han comercializado cantidades más reducidas de otros cultivos, entre los que se incluyen 4 variedades de algodón y de kiwicha; 3 de cebada; 2 de triticale (un cereal híbrido) y de ajo; y 1 variedad de raigrás, tarwi, zanahoria, guisante, pallar, oca, lenteja, cañihua, caña de azúcar y camu camu. Además, se han desarrollado 4 razas de cobayas y 48 tecnologías agrícolas (INIA, 2024[19]; 2023[69]). Estas nuevas variedades suelen ofrecer ventajas como un mayor rendimiento o una mayor resistencia a las plagas. Durante este período también se llevaron a cabo importantes iniciativas encaminadas a mejorar la resiliencia y la productividad de los cultivos mediante mejoras genéticas e intervenciones biotecnológicas, lo cual resulta de especial relevancia ante el cambio climático. La labor del INIA en el desarrollo de variedades resistentes a las enfermedades y de alto rendimiento es fundamental a la hora de mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola en Perú (CGIAR, 2025[87]).
El impacto del INIA en la producción agrícola se hace patente en el desarrollo y la disponibilidad de diversas tecnologías destinadas a mejorar la productividad de los cultivos y su reproducción, sobre todo en productos clave respecto a la seguridad alimentaria, como la papa, el maíz y el arroz. Entre 1991 y 2011 se registraron 137 innovaciones tecnológicas, entre las que se encontraban variedades vegetales, razas animales y prácticas tecnológicas. Entre las contribuciones más relevantes se cuentan variedades de arroz como el Tinajones y el Mallares, que han ayudado a aumentar el rendimiento en el norte de la región de la Costa; variedades mejoradas de papa muy utilizadas en los valles interandinos; así como nuevas variedades de quinua adaptadas a las montañas del sur y razas mejoradas de cobaya (INIA, 2011[88]). En los últimos años, el avance tecnológico no se ha detenido. El INIA ha seguido desarrollando y difundiendo nuevas variedades de cultivos y razas animales, lo que ha contribuido a reforzar la productividad agrícola y el bienestar de los agricultores en diferentes regiones del país.
Diversas Estaciones Experimentales Agrarias han contribuido al desarrollo y la difusión de nuevas variedades de cultivos y razas de ganado. Por ejemplo, las EEA de Baños del Inca (en Cajamarca), Andenes (en Cusco) y Santa Ana (en Huancayo) han realizado importantes aportaciones en lo que respecta a nuevas variedades de papa y otros cultivos andinos, como la quinua. La EEA de Illpa, en Puno, ha logrado importantes avances en la mejora de la alpaca, y la de La Molina, en Lima, en la mejora de las razas de cobayas. La EEA de Vista Florida, en Lambayeque, ha realizado importantes aportaciones en el ámbito de los cultivares de arroz y maíz amarillo, orientadas principalmente a la región de la Costa. También hay ejemplos destacados de avances en cultivos destinados a la exportación, como el café y el cacao en la región de la Selva (Amazonía), y la quinua en la región de la Sierra.
4.6.2. Innovación para la sostenibilidad
En lo que respecta a la sostenibilidad medioambiental, Perú ha emprendido varias iniciativas destinadas a integrar prácticas respetuosas con el medio ambiente en el sector agrícola. Entre ellas se incluyen la promoción de la agricultura ecológica y la aplicación de prácticas de gestión sostenible del agua, lo cual reviste especial importancia en las regiones áridas y en aquellas que se enfrentan a los efectos más graves del cambio climático. Algunos ejemplos son la Alianza Bioversity y CIAT del CGIAR, que ha creado bancos comunitarios de semillas y ha reforzado la conservación y la gestión sostenible de la diversidad de cultivos en las zonas de agrobiodiversidad del país, en particular en la región de la Sierra, con el fin de conservar la diversidad de cultivos autóctonos y mejorar la seguridad alimentaria local. Apoya a las comunidades indígenas en la conservación, el intercambio y la regeneración de semillas tradicionales, como las papas, el maíz y los tubérculos autóctonos, mediante prácticas de conservación dirigidas por las propias comunidades. Estos bancos de semillas constituyen centros fundamentales de conservación de los recursos genéticos, el conocimiento tradicional y la seguridad alimentaria, al tiempo que fomentan la resiliencia al cambio climático. El proyecto promueve la colaboración entre agricultores, investigadores y responsables de la formulación de políticas con el fin de impulsar sistemas agrícolas sostenibles arraigados en el patrimonio cultural (Alliance Bioversity & CIAT, 2025[89]).
El proyecto sobre el modelo de negocio del cacao, liderado por Alianza Biodiversity, colabora con los productores de cacao de Curimaná a través de la cooperativa agrícola de Ucayali (región de la Selva). El objetivo del proyecto es reforzar la agricultura sostenible y resiliente mediante la integración de principios agroecológicos en los modelos de negocio. Gracias a métodos participativos, como grupos focales, el mapeo de modelos de negocio y herramientas de diagnóstico, los agricultores y los investigadores determinan de qué forma las prácticas ecológicas, como el reciclaje de nutrientes, la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento del conocimiento local, ya forman parte de la producción de los pequeños agricultores. El proyecto fomenta estas prácticas combinándolas con incentivos de mercado, apoyo técnico y una gobernanza inclusiva, con el objetivo de transformar el sector del cacao en un ámbito más equitativo, respetuoso con el medio ambiente y económicamente viable (Alliance Bioversity & CIAT, 2025[90])
El Parque de la Papa, en Pisac (región de la Sierra), es un territorio de patrimonio biocultural creado en 2002 por seis comunidades quechuas. Con una extensión de 9 800 hectáreas en el Valle Sagrado, protege más de 1 300 variedades autóctonas de papa y otros cultivos andinos. La iniciativa preserva el conocimiento tradicional, las prácticas culturales y los paisajes. Regida por sistemas indígenas, promueve la gestión y la conservación comunitarias de semillas. Los métodos tradicionales, como la rotación de cultivos y los fertilizantes naturales, se combinan con alianzas científicas, en particular con el Centro Internacional de la Papa. Esto favorece una agricultura resiliente al cambio climático y protege contra la biopiratería. El parque también promueve el desarrollo sostenible gracias a su condición jurídica de Territorio de Patrimonio Biocultural Indígena, lo que garantiza los derechos sobre la tierra, la propiedad intelectual relacionada con los cultivos y el reparto de beneficios (Asociación ANDES, 2025[91]).
La innovación agrícola en Perú adopta diversas formas en función de las condiciones contextuales y viene determinada por las características de las explotaciones, su entorno y su integración en el mercado. El sector opera en un contexto de gran heterogeneidad, caracterizado por la diversidad ecológica, cultural e institucional, lo que plantea tanto desafíos como oportunidades. La peculiar geografía del país, su elevada agrobiodiversidad y el conocimiento agrícola ancestral han dado lugar a un sistema agroalimentario complejo y diferenciado en el espacio. Esta complejidad se ve afectada por las vulnerabilidades de la agricultura a pequeña escala, la rápida transformación del sector agroexportador y el papel fundamental que desempeña la seguridad alimentaria. Las regiones de la Sierra y la Selva se enfrentan a importantes retos debido al escaso acceso a la educación superior, la infraestructura y los servicios.
El sistema de innovación agrícola de Perú ha avanzado gracias a la consolidación del SNIA y al fortalecimiento del INIA. En particular, se han registrado mejoras significativas en los ámbitos de la conectividad digital, la cooperación internacional y el rendimiento de las exportaciones agrícolas. Sin embargo, sigue enfrentándose a obstáculos estructurales que limitan su eficacia. Entre estos obstáculos se encuentran la fragmentación institucional, una coordinación deficiente, la baja inversión en I+D+i y las disparidades regionales en materia de infraestructura y capital humano. La falta de un sistema integrado de seguimiento y evaluación de la innovación condiciona la adopción de decisiones con base empírica y la aplicación del conocimiento científico.
Iniciativas a gran escala, como el Proyecto de Innovación y Competitividad para el Agro Peruano y, con posterioridad, el PNIA, ponen de relieve la importancia estratégica del sistema de conocimiento e innovación agrícola en el desarrollo agrícola del país (World Bank, 2021[21]). Además, Perú ha logrado avances significativos en la ampliación del acceso y la infraestructura digital, en especial en las zonas rurales, lo que pone de manifiesto el éxito de las inversiones gubernamentales, las iniciativas públicas y las alianzas.
El INIA, en sus dos funciones diferenciadas –como generador de I+D+i y proveedor de extensión, y como facilitador del sistema SNIA–, carece de la capacidad suficiente para cumplir los objetivos del sistema. Es necesario reforzar la coordinación público-privada, consolidar el liderazgo territorial y revisar los instrumentos de gobernanza. El fomento de la capacidad institucional y el estímulo de la implicación del sector privado mediante incentivos son esenciales en el desarrollo agrícola sostenible. Además, las Estaciones Experimentales Agrarias (EEA) se enfrentan a limitaciones en cuanto a sus funciones, financiamiento y atribuciones. A ello se suma que carecen de la capacidad necesaria para llevar a cabo una investigación regional suficiente y llegar de manera efectiva a un gran número de productores.
Las políticas públicas de fomento de la innovación han avanzado gracias a programas como el Proyecto de Innovación y Competitividad para el Agro Peruano y el PNIA, así como a la expansión digital. Sin embargo, los obstáculos persistentes coartan el desarrollo de un ecosistema de I+D sólido e inclusivo. Entre los obstáculos se encuentran la escasa inversión en I+D, una coordinación deficiente, la ausencia de modelos de prestación de servicios adaptados y las brechas digitales.
El sistema de extensión agropecuaria de Perú tiene una cobertura limitada y no ha recibido la inversión necesaria para satisfacer las necesidades del sector. Las políticas públicas han sido ambiguas en cuanto a la importancia de los servicios de extensión y su prestación. La desconexión entre la investigación y las necesidades locales se mantiene como un obstáculo fundamental, en especial para los pequeños productores.
El sector privado desempeña un papel activo en la generación y la transferencia de conocimiento agrícola, que se centra principalmente en la agricultura comercial. Aunque los actores privados, como los agronegocios, las ONG, las cooperativas y los proveedores, ofrecen formación y asistencia técnica, sobre todo en las cadenas de valor orientadas a la exportación, la cobertura general sigue siendo escasa. Los servicios públicos de extensión son insuficientes, lo que crea oportunidades de participación privada. Sin embargo, siguen existiendo dificultades, entre ellas la coordinación deficiente con las instituciones públicas, la falta de normas de calidad y la concentración de las iniciativas privadas en los sectores rentables. Es fundamental reforzar una gobernanza público-privada estructurada en el marco del SNIA con el fin de coordinar esfuerzos, ampliar el alcance y potenciar el impacto y la sostenibilidad de la innovación agrícola en Perú.
Referencias
[90] Alliance Bioversity & CIAT (2025), How to integrate Agroecological Principles into Peru’s Cacao Business Model for Sustainable and Resilient Agriculture, https://alliancebioversityciat.org/stories/agroecological-principles-peru-cocoa-business-model-sustainable-resilient-agriculture.
[89] Alliance Bioversity & CIAT (2025), Opening our eyes” -Community seed banks at the heart of Peru’s Agrobiodiversity Zones, https://alliancebioversityciat.org/stories/community-seed-banks-heart-perus-agrobiodiversity-zones.
[91] Asociación ANDES (2025), POTATO PARK - PISAQ, https://www.andes.org.pe/potatopark-pisac/.
[38] ASTI (2025), Agricultural Science & Technology Indicators, https://www.asti.cgiar.org/.
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[58] CEPLAN (2024), Cierre de la brecha digital, https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/o9_lamb.
[71] CGIAR (2025), Alliance bioversity ciat.
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[51] CONCYTEC (2025), PerúCRIS Portal Informativo, https://perucris.concytec.gob.pe/perucris/presentacion.
[5] CONCYTEC (2024), Política Nacional: Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CTI, https://www.gob.pe/institucion/concytec/informes-publicaciones/5182424-politica-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-polcti.
[2] CONCYTEC (2022), Mejoramiento y ampliacion de los servicios de CTI para fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnologia e innovacion.
[4] CONCYTEC (2016), Política Nacional: Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CTI, https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/politicas/politica-nacional-cti.pdf.
[18] Cruz Luis, J. et al. (2023), INIA, INIA, https://repositorio.inia.gob.pe/items/c030d409-f514-4c1a-81f5-e94c82899601.
[40] El Peruano (2025), Decreto Supremo Nº 096-2025-EF de la nueva escala remunerativa de los trabajadores del INIA, https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2401403-1.
[77] El Peruano (2023), Resolución Ministerial Nº 0133-2023-MIDAGRI que aprueba impulsar emprendimientos en materia agrícola, forestal, pecuario y artesanías a favor de organizaciones agrarias de mujeres, https://www.gob.pe/institucion/midagri/normas-legales/4172546-0133-2023-midagri.
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← 1. Fuga de cerebros es una expresión coloquial que hace referencia a un importante flujo migratorio de personas con un alto nivel educativo o de cualificación. Los ciudadanos con talento abandonan su país para trasladarse a un lugar más propicio, con mejores oportunidades laborales o educativas. El índice de huida de capital humano y fuga de cerebros oscila entre 0 y 10, donde una puntuación más alta indica un mayor grado de huida de capital humano (FSI, 2024[8]).