Políticas para el futuro del sector de la agricultura y la alimentación en Perú

Resumen ejecutivo

Mensajes clave

• En las últimas dos décadas, gran parte del sector agrícola y alimentario de Perú ha experimentado importantes transformaciones. Las reformas orientadas al libre mercado han impulsado el crecimiento de la productividad agrícola, y ha surgido un sector basado en las exportaciones que en la actualidad está en pleno auge. Estos buenos resultados se concentran en la región de la Costa, donde productos como los arándanos, las uvas frescas, los espárragos y los aguacates han registrado impresionantes aumentos en el rendimiento y un crecimiento sostenido de la productividad. Al mismo tiempo, la agricultura a pequeña escala sigue enfrentándose a importantes obstáculos, entre los que se incluyen el acceso limitado a los mercados de insumos y productos, así como a los servicios financieros, los bajos niveles de tecnología e infraestructura y la baja productividad.

• Las políticas agrícolas de Perú están encaminadas a seguir promoviendo una agricultura orientada a la exportación, al tiempo que se integra mejor a los pequeños productores en los mercados locales, nacionales e internacionales. En los últimos años se han adoptado múltiples medidas y se han realizado inversiones para hacer frente a los retos persistentes a los que se enfrenta la agricultura y, aunque se han logrado avances, es necesario seguir trabajando por la plena obtención de los resultados deseados.

• A pesar de los buenos resultados generales del sector, perduran las dificultades estructurales relacionadas con la asignación de tierras y la dotación de recursos. En concreto, la escasa titularidad del suelo (derechos de propiedad sobre la tierra) y la necesidad de inversiones sustanciales en bienes públicos y servicios generales siguen limitando el desarrollo sostenible a largo plazo del sector.

• Perú es un país rico en recursos con un considerable potencial agrícola; sin embargo, el desarrollo del sector se ve condicionado por importantes diferencias regionales y por los persistentes desafíos que plantea la gestión de la tierra y el agua. Las emisiones agrícolas representan una pequeña parte de las emisiones totales en Perú y, desde el año 2000, su intensidad ha mejorado de manera significativa, ya que, si bien las emisiones aumentaron menos del 20 %, la producción agrícola se duplicó. Además, los aportes y los excedentes de nutrientes del país, tanto de fósforo como de nitrógeno, siguen siendo relativamente bajos y, en general, se sitúan por debajo de los niveles de países de la región y de los promedios de la OCDE en indicadores comparables. Al mismo tiempo, la agricultura sigue siendo una de las principales causas de la deforestación. Las estimaciones indican que, entre 1985 y 2024, cerca del 75 % de los sistemas agropecuarios vinculados a la deforestación combinan los cultivos y la producción ganadera, lo que pone de relieve la importancia de las prácticas de gestión sostenible.

• Perú ha realizado importantes esfuerzos en todos los ámbitos gubernamentales para dar solución a los problemas medioambientales a los que se enfrenta el sector agrícola. Todas las autoridades, nacionales, regionales y locales, desempeñan un papel en la elaboración y aplicación de políticas, estrategias y servicios de apoyo destinados a promover prácticas más sostenibles. Este enfoque multinivel refleja un firme compromiso con la formulación de políticas, aunque la coordinación y la aplicación sigan siendo retos pendientes.

• En la innovación agrícola intervienen numerosos actores, pero la escasa inversión pública en I+D, el enfoque fragmentado y la coordinación ineficaz entre actores frenan el progreso, a pesar de que se han logrado algunos avances en las últimas décadas.

• La ayuda a la agricultura, según el Estimado de Apoyo Total, alcanzó un promedio de 3 000 millones de dólares estadounidenses durante el período 2022-2024 (1,1 % del PIB). El promedio de apoyo al productor ascendió al 6,2 % de los ingresos brutos agrícolas, del que el 82 % correspondió al apoyo al precio de mercado y el 18 % restante, a diferentes tipos de transferencias presupuestarias a los agricultores. Perú también proporciona apoyo a los consumidores mediante programas de ayuda alimentaria destinados a las poblaciones más desfavorecidas. El Estimado de Apoyo a los Servicios Generales (EASG) al sector agrícola sigue siendo limitado, ya que representa el 2,1 % del valor de la producción agrícola, por debajo del promedio de la OCDE, que asciende al 3,2 %. Los servicios generales abarcan principalmente el desarrollo del riego, seguido de los sistemas de conocimiento e innovación agrícola.

• La adhesión a la OCDE puede ayudar a Perú en su empeño por mejorar la aplicación de políticas eficaces en el ámbito de la agricultura, formular políticas para lograr sistemas alimentarios más sólidos e integrados, y mejorar la productividad, la sostenibilidad y la resiliencia en todo el sector.

Las políticas agrícolas de Perú deben abordar tanto el fomento de una agricultura orientada a la exportación como los retos a los que se enfrenta la agricultura a pequeña escala

El sector de la agricultura y la alimentación de Perú ha experimentado un crecimiento excepcional en la producción orientada a la exportación durante las últimas dos décadas, impulsado en gran medida por la apertura comercial y las reformas de mercado, que han posicionado al país como uno de los principales exportadores mundiales de diversos cultivos de alto valor. Estos buenos resultados se concentran en la región de la Costa, donde productos como los arándanos, las uvas frescas, los espárragos y los aguacates han registrado impresionantes aumentos en el rendimiento y un crecimiento sostenido de la productividad. La transformación del sector no solo ha estimulado la producción, sino que ha mejorado su integración en los mercados mundiales, de modo que ha convertido a Perú en un exportador neto de productos agroalimentarios, lo cual destaca el papel estratégico del sector en el comercio internacional del país.

La estructura de la agricultura peruana se caracteriza por una combinación de diversas explotaciones: la mayoría, alrededor del 96 % de los productores, se dedica a la agricultura de subsistencia a pequeña escala, sobre todo en las regiones de la Selva (la Amazonía) y la Sierra (los Andes). A su vez, un pequeño grupo de explotaciones de mayor tamaño (el 0,2 %) controla más de la mitad de las tierras agrícolas. La mayoría de las pequeñas explotaciones trabajan con bajos niveles de tecnología y productividad, con una infraestructura poco desarrollada y un acceso limitado al crédito y a otros servicios financieros. Además, la brecha entre el medio urbano y el rural, que se manifiesta en múltiples aspectos como la pobreza, el acceso a los servicios públicos, el desarrollo de la infraestructura, el empleo, los ingresos y la seguridad alimentaria, afecta a los agricultores de estas zonas. El bajo nivel de titularidad de la tierra en el sector (26 %) y la informalidad agravan aún más estos problemas. Esto ocurre en especial en las comunidades indígenas, que siguen dedicándose en gran medida a la agricultura, la pesca y la minería.

La estrategia de Perú pretende fortalecer y ampliar la agricultura orientada a la exportación, al tiempo que fomenta la integración de los pequeños agricultores en cadenas de valor más sostenibles y productivas. Sin embargo, para lograrlo se requiere más inversión tanto en el ámbito social como en el medioambiental, a fin de garantizar que el crecimiento sea inclusivo y sostenible desde el punto de vista medioambiental. La Política Nacional Agraria 2021-2030 tiene como objetivo principal abordar las dificultades a las que se enfrentan los agricultores de subsistencia, lo cual incluye aumentar los ingresos y mejorar los medios de vida mediante el fomento de la competitividad agrícola y la integración de los pequeños productores en los mercados. Esto debe ir acompañado de una mejor gestión de los recursos naturales para lograr un crecimiento agrícola sostenible. No obstante, los marcos normativos y las iniciativas destinadas a alcanzar estos objetivos siguen teniendo poca envergadura, a menudo debido a la escasez de recursos, una coordinación deficiente, la fragmentación de los programas y la falta de coherencia interinstitucional. La superposición de competencias y la insuficiencia de mecanismos de rendición de cuentas contribuyen a las dificultades de gobernanza en múltiples ámbitos de la política agrícola.

El apoyo a la agricultura, según los datos de la OCDE, es relativamente bajo. En el período comprendido entre 2022 y 2024, el Estimado de Apoyo al Productor (EAP) se situó en el 6,2 % de los ingresos brutos agrícolas, muy por debajo tanto del promedio de la OCDE (13,2 %) como del de las economías emergentes en lo que respecta al EAP positivo (12,2%)1. La mayor parte de la ayuda (el 82 %) se prestó mediante medidas de apoyo al precio de mercado, mientras que el 18 % restante consistió en transferencias presupuestarias, destinadas principalmente a subsidios a los insumos y a servicios en las explotaciones (16 %), con porcentajes menores al apoyo en situaciones de emergencia (1 %) y los servicios medioambientales (1 %). El Estimado de Apoyo a los Servicios Generales (EASG) ascendió al 2,1 % del valor de la producción agrícola, cifra que también se sitúa por debajo del promedio de la OCDE, del 3,2 % en el mismo período. El Estimado de Apoyo Total (EAT) a la agricultura ascendió a una media de unos 3 000 millones de dólares estadounidenses al año, lo que representa el 1,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Perú, casi el doble del promedio de la OCDE, que es del 0,54 %. El EAT, expresado como porcentaje del PIB, indica la carga que suponen las ayudas a este sector para la economía del país.

La agricultura peruana se desarrolla en uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, ya que la cuenca del Amazonas abarca más de la mitad de su territorio, que cuenta con abundantes recursos hídricos. Si bien la agricultura proporciona medios de subsistencia y oportunidades económicas fundamentales, también es una de las principales causas de la deforestación. Entre 1985 y 2024, en torno al 75 % de los sistemas agrícolas relacionados con la deforestación se clasificaron como “mosaicos” en cuanto al uso de las tierras agrícolas, que engloba una combinación de cultivo y ganadería. Aunque Perú representa solo el 0,4 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), y la agricultura solo supone una pequeña parte de las emisiones totales del país –además, la intensidad de sus emisiones ha mejorado de manera significativa desde el año 2000, ya que la producción se ha más que duplicado, mientras que las emisiones aumentaron menos del 20 %–, las emisiones derivadas del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura siguen siendo la mayor fuente de emisiones nacionales.

El refuerzo de los derechos de tenencia de la tierra es esencial para frenar la deforestación, y analizar el papel que desempeña el sector agrícola en esta cuestión exige integrarla de forma sistemática en el marco normativo y los objetivos estratégicos. Hacerlo no solo es esencial a la hora de proteger el medio ambiente, sino que también redunda en beneficio de los intereses a largo plazo del sector, ya que la agricultura peruana es muy vulnerable a las presiones medioambientales, entre las que se encuentran los fenómenos meteorológicos extremos, la degradación del suelo y el estrés hídrico. Ante estas presiones, resulta fundamental mejorar la resiliencia del sector mediante la gestión de riesgos, lo que incluye sistemas de riego modernos y una mejor gestión del agua y del suelo. Cabe destacar que Perú ha adoptado medidas encaminadas a mitigar las presiones medioambientales al declarar área protegida el 22,5 % de su superficie terrestre –una cifra superior al promedio de la OCDE, que es del 16,9 %– y establecer un sistema integral de seguimiento de la degradación de las tierras y la pérdida de bosques.

Desde principios de la década de 1990, la producción agrícola de Perú ha experimentado un crecimiento significativo, en particular en las zonas costeras, gracias a la diversificación hacia cultivos de exportación de alto valor y a un mayor uso de insumos variables, como los fertilizantes. Los niveles de productividad han atravesado fases de rápido crecimiento, aunque el aumento de la productividad total de los factores (PTF) se ha moderado durante el último decenio. A pesar de ello, Perú sigue superando a muchos de sus homólogos regionales, así como al promedio de la OCDE.

Los avances logrados en la agricultura costera y orientada a la exportación de Perú ponen de manifiesto el potencial de un sistema sólido de conocimiento e innovación agrícola, pero continúa siendo una tarea difícil ampliar estos logros de forma más generalizada a todo el sector. Aunque la agricultura orientada a la exportación de la región costera presenta avances tecnológicos impresionantes, estos no se han expandido al resto del país. Solo el 3,8 % de los productores recibe servicios de extensión agropecuaria, y la incorporación de mano de obra cualificada al sector es insuficiente. La innovación sigue estando fragmentada y carece de los recursos necesarios, además de recibir escasa inversión pública. La deficiente coordinación institucional dificulta aún más el desarrollo del sistema de conocimiento e innovación agrícola.

Perú se enfrenta a dificultades mayores en materia de sistemas alimentarios. El escaso desarrollo de la cadena de valor en las regiones de la Sierra y la Selva plantea obstáculos estructurales que impiden a los agricultores integrarse en los mercados nacionales e internacionales, y contribuye tanto a la pérdida y el desperdicio de alimentos como a la inseguridad alimentaria. La mejora de la posición de los pequeños agricultores en la cadena de valor se ve limitada por su baja participación (7,5 %) en cooperativas, organizaciones de productores y otros tipos de asociación. Además, alrededor del 40 % de la población peruana sufre inseguridad alimentaria. Los programas gubernamentales de asistencia alimentaria específica han dado hasta la fecha resultados moderados debido a la escasez de recursos y a la insuficiencia de los sistemas de seguimiento. Mientras tanto, en las zonas urbanas se está registrando un aumento de los índices de obesidad.

La participación de Perú en las políticas internacionales es notable. Aunque Perú aún no se ha sumado a la Recomendación del Consejo relativa a la Guía OCDE-FAO para las Cadenas de Suministro Responsable en el Sector Agrícola, sí se adhiere a la Recomendación del Consejo relativa a la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, así como a la Decisión del Consejo relativa a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable. A través de su Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, el Gobierno se ha comprometido a elaborar un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos con el fin de promover el respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales. Además, Perú se ha adherido a la Declaración Ministerial sobre Agricultura de 2022, la Declaración sobre soluciones transformadoras para la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles.

La mejora de los recursos y el seguimiento puede contribuir a aumentar la eficacia de las iniciativas en materia de políticas agrícolas

Si bien el marco de políticas agrícolas de Perú establece objetivos importantes destinados a superar obstáculos de larga data, aún existe un margen considerable para ampliar y reforzar su aplicación. Además, dado el buen desempeño del sector exportador, las áreas en las que se recomienda actuar con carácter prioritario se sitúan, en gran medida, fuera de ese ámbito. A continuación, se exponen las medidas clave que permitirán orientar mejor las iniciativas políticas.

Dar prioridad a las iniciativas en materia de políticas agrícolas como parte de las reformas estructurales a largo plazo. Ampliar la inversión pública en servicios generales y reforzar la capacidad financiera de las instituciones principales. Asegurarse de que se asignen los recursos adecuados a aquellas instituciones que crean las condiciones propicias para el desarrollo agrícola sostenible. Esto incluye dar prioridad a las inversiones estratégicas en servicios que contribuyan al desarrollo del sector, como la creación de un sistema nacional de servicios de extensión, el impulso de iniciativas que promuevan la titularidad de la tierra (derechos de propiedad sobre la tierra), el refuerzo de la capacidad de innovación mediante la inversión en el sistema de conocimiento e innovación agrícola –sobre todo en el avance de los servicios de extensión–, la mejora de los servicios de protección y control de la salud vegetal y animal, así como la modernización de la infraestructura de transporte, los sistemas de riego y los sistemas de información sobre el mercado. Existen unas bases sólidas sobre las que trabajar: en la actualidad, el apoyo de Perú a la agricultura sigue siendo relativamente bajo, con un Estimado de Apoyo al Productor de solo el 6,2 %, y la mitad de las transferencias presupuestarias destinadas a la agricultura se dirigen hacia las inversiones de mayor impacto, como los servicios generales. Dicho esto, a pesar de este panorama general positivo, los gastos destinados a los servicios generales son relativamente reducidos si se tienen en cuenta los acuciantes retos a los que se enfrenta el sector. Por lo tanto, las iniciativas políticas deberían seguir centrándose en crear un entorno propicio, sólido e integral para el sector.

Fortalecer la capacidad administrativa y la coordinación en el diseño y la aplicación de las políticas agrícolas mediante la reforma y el refuerzo del marco institucional, garantizando que los programas, proyectos y planes incluyan estrategias de implementación concretas. Solventar las recurrentes dificultades que plantean la escasa capacidad de ejecución y de rendición de cuentas dotando a las instituciones existentes de los recursos necesarios para una coordinación eficaz y armonizando los planes nacionales con las estrategias subnacionales. Establecer una estructura flexible que conecte las administraciones nacionales, regionales y locales, con calendarios de planificación y ejecución presupuestaria coordinados, al tiempo que se fomenta la capacidad y el alcance de los gobiernos locales. Ampliar los horizontes de planificación de los recursos humanos y financieros al objeto de garantizar que los programas puedan llevarse a cabo más allá de los ciclos políticos. Reforzar la evaluación y el seguimiento de las políticas trabajando para mejorar la recopilación de datos agroalimentarios a lo largo del tiempo, por ejemplo, a partir de la elaboración de un nuevo censo agrícola, ya que el último data de 2012.

Adoptar un enfoque de políticas integradas que permita estimular la productividad, la sostenibilidad y la resiliencia en el sector agroalimentario, mediante una mejor integración de los agricultores en las cadenas de valor y la inversión en infraestructura esencial. Dar prioridad a las redes de carreteras, las cadenas de frío y los sistemas de almacenamiento y transporte con el fin de conectar a los agricultores de las regiones de la Sierra y la Selva con los mercados. Fomentar las cadenas de suministro alimentario regionalizadas a través de la descentralización del sistema alimentario, la consolidación de los vínculos entre las zonas urbanas y rurales y la mejora de la resiliencia alimentaria local. Promover la colaboración entre el Gobierno, las comunidades y los agricultores, y favorecer la creación de organizaciones o cooperativas de agricultores. Evaluar las iniciativas anteriores destinadas a mejorar la participación asociativa y utilizar herramientas como el padrón nacional de productores agrarios y las campañas de sensibilización al objeto de aumentar la implicación y la formalización.

Adoptar medidas de protección y conservación del medio ambiente único de Perú mediante el refuerzo de la gobernanza, las políticas y las inversiones para frenar la deforestación provocada por la agricultura y promover un sector agrícola diversificado y resiliente al clima. Garantizar y simplificar los derechos de propiedad sobre las tierras forestales, aplicar mejores mecanismos de seguimiento y ejecución contra la tala ilegal y la producción de coca, y mejorar la recopilación de datos sobre la deforestación, la degradación del suelo, la calidad del agua y las emisiones, con el fin de orientar las políticas públicas. Ampliar y rehabilitar los sistemas de riego con inteligencia climática fuera de las explotaciones, reforzar la supervisión de la gestión del agua e incentivar los servicios ecosistémicos para reducir la presión sobre los recursos naturales. Dar prioridad al aumento de la productividad, al uso eficiente de los insumos y a estrategias integrales de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como herramientas de gestión de riesgos que ayuden a los agricultores a hacer frente a sequías, inundaciones y otras amenazas relacionadas con el clima.

Crear un sistema sólido de innovación agrícola y de servicios de extensión mediante el incremento de la inversión pública en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y la elaboración de un plan presupuestario claro que garantice un financiamiento sostenido. Afianzar el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), mejorar la coordinación con las instituciones regionales y ampliar iniciativas de éxito como el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA). Fomentar una gobernanza multinivel que conecte a los actores públicos, privados, académicos y regionales, al tiempo que se invierte en la formación de los agricultores, el desarrollo de sus competencias y la modernización de los servicios de extensión adaptados a los pequeños productores. Abordar la escasez de mano de obra cualificada en el sector con estrategias específicas de formación y fomento de la capacidad.

Reforzar las políticas relativas al sistema alimentario mediante el examen sistemático de la seguridad alimentaria, la ampliación y coordinación de los recursos destinados a los programas de ayuda y el fomento de la capacidad de los gobiernos locales. Promover dietas más saludables por medio de una estrategia interministerial que combine la regulación, los incentivos y la educación, y estudiar medidas relativas a la demanda que estimulen la elección de alimentos sostenibles. Adoptar un plan nacional para reducir el desperdicio de alimentos con objetivos claros, sistemas de seguimiento y apoyo a las iniciativas locales. Mejorar la seguridad alimentaria, en especial en los mercados informales, mediante el refuerzo de la coordinación institucional, la inversión en educación sobre higiene, sistemas de vigilancia y laboratorios acreditados en aras de una mejor detección y control de los riesgos.

Resumen de recomendaciones

 

Ámbito	Evaluación	Recomendación
Dar prioridad a las iniciativas en materia de políticas agrícolas encaminadas a una reforma estructural a largo plazo	La estructura dual del sector agrícola presenta, por un lado, una pujante agricultura orientada a la exportación y, por otro, un gran número de pequeñas explotaciones de subsistencia. La mayoría de los productores son de pequeña escala (96 %) y se dedican principalmente a la agricultura de subsistencia. En general, las pequeñas explotaciones agrícolas presentan un bajo nivel de adopción de tecnologías, un acceso limitado al crédito y a los servicios financieros, y carecen de títulos de propiedad o derechos sobre la tierra. El escaso nivel de titularidad de las tierras en el sector agrícola, especialmente en el caso de las comunidades indígenas, complica las iniciativas de desarrollo e integración.	Garantizar recursos financieros suficientes para las instituciones que crean las condiciones propicias de desarrollo sostenible de la agricultura. Asignar recursos financieros entre las instituciones principales. Simplificar y agilizar el registro y la adjudicación de títulos de propiedad (derechos de propiedad sobre la tierra). Establecer una estrategia integral encaminada a promover la formalización del sector agrícola. Ampliar los programas de microcréditos y seguros, así como los servicios financieros adaptados a los pequeños agricultores.
Reforzar la capacidad administrativa y la coordinación en el diseño y la aplicación de las políticas del sector agrícola	Aunque la mitad de los gastos destinados al apoyo a la agricultura se dedican a servicios generales, estas asignaciones son relativamente modestas en comparación con las dificultades a las que se enfrenta el sector. Los retos en materia de gobernanza son un problema recurrente en el sector agrícola. Es raro que las políticas se apliquen con eficacia y cuenten con resultados cuantificables. La coordinación fragmentada, la superposición de competencias y los limitados mecanismos de rendición de cuentas agravan las dificultades en materia de gobernanza.	Armonizar los planes nacionales con las estrategias subnacionales. Asegurar que los programas, proyectos y planes cuenten con estrategias de ejecución concretas. Mejorar la coordinación interministerial en cuanto a las políticas agroalimentarias. Fortalecer la capacidad y el alcance de los gobiernos locales. Mejorar la recopilación de datos sobre los indicadores agroalimentarios. Establecer un sistema coherente de seguimiento de las políticas agrícolas de Perú.
Adoptar un enfoque integrado de políticas que permita estimular la productividad, la sostenibilidad y la resiliencia en el sector agroalimentario	El aumento de la productividad agrícola viene impulsado por las explotaciones orientadas a la exportación que cultivan productos de alto valor. La mayoría de los pequeños agricultores se enfrentan a niveles de productividad persistentemente bajos debido a las limitaciones en materia de tecnología, infraestructura, insumos esenciales y acceso al crédito. La intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en las explotaciones agrícolas de Perú es baja en términos relativos.	Destinar la inversión a la transformación de la infraestructura de las cadenas de valor. Desarrollar las cadenas de suministro alimentario a nivel local, regional y nacional. Fomentar la creación de organizaciones o asociaciones de agricultores.
Conservar, restaurar y aprovechar de forma sostenible el medio ambiente único de Perú	Perú cuenta con recursos naturales abundantes y únicos, con la cuenca del Amazonas ocupando más de la mitad de su territorio. El sector agrícola es responsable de la mayor parte de la pérdida de bosques en Perú, y la deforestación es la principal causa de las emisiones de gases de efecto invernadero. La agricultura se enfrenta a vulnerabilidades cada vez mayores debido a los efectos de los retos medioambientales, en concreto el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, la desertificación del suelo y el estrés hídrico. Existe margen de mejora en la gestión del agua y las inversiones, debido a las limitaciones derivadas del estrés hídrico. La cobertura de los sistemas de riego modernos es escasa. Un seguimiento eficaz de los impactos ambientales requiere más y mejores datos.	Conservar la rica biodiversidad, la cubierta forestal y los recursos hídricos de Perú para promover un sector agrícola diversificado, resiliente y sostenible desde el punto de vista medioambiental. Reforzar los derechos de propiedad sobre los terrenos forestales. Aplicar políticas e incentivos más rigurosos con el objeto de frenar la deforestación provocada por la agricultura en la Amazonía. Mejorar la coordinación dentro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) mediante una definición clara de las competencias. Implantar sistemas estrictos de seguimiento y ejecución. Favorecer la información y la evaluación de los impactos agroambientales. Ampliar la cobertura de los sistemas de riego con inteligencia climática fuera de las explotaciones agrícolas. Afianzar la supervisión normativa de la gestión del agua. Incrementar los incentivos económicos destinados a los programas de servicios ecosistémicos. Centrarse en el aumento de la productividad y la mejora de la eficiencia en el uso de los insumos. Dar prioridad a la adaptación climática en una estrategia inclusiva. Extender y facilitar la adopción de herramientas de gestión de riesgos.
Invertir en un sistema de innovación agrícola sólido y eficaz	La innovación se concentra en la agricultura orientada a la exportación de la región de la Costa, que se beneficia de los avances tecnológicos. La falta de inversión en I+D+i se refleja en el bajo desempeño de Perú en materia de innovación, en especial en las regiones de la Selva y la Sierra. El sistema de conocimiento e innovación agrícola de Perú opera en un panorama institucional fragmentado, caracterizado por una escasa coordinación entre los actores públicos, privados, académicos y regionales, lo cual impide que se satisfagan las exigencias del sistema. Los servicios de extensión agropecuaria, cuya cobertura es insuficiente, se beneficiarían de una ampliación y mejora significativas.	Establecer un plan presupuestario para la asignación de fondos públicos a la I+D+i en el sector agrícola. Fortalecer el sistema público de investigación agrícola de Perú mediante un aumento de las asignaciones financieras. Ampliar las iniciativas que han tenido éxito. Consolidar el sistema de conocimiento e innovación agrícola de Perú a través de la creación de mecanismos de gobernanza eficaces y multinivel que fomenten la coordinación. Utilizar todas las herramientas de políticas con el fin de reforzar los servicios de extensión agropecuaria. Invertir en estrategias de formación y fomento de las competencias en el sector agrícola.
Mejorar el diseño y la aplicación de las políticas relacionadas al sistema alimentario	El desarrollo de la cadena de valor presenta importantes disparidades regionales, ya que los agricultores de las regiones de la Sierra y la Selva se enfrentan a obstáculos estructurales a la hora de integrarse en el mercado. Perú padece altos niveles de inseguridad alimentaria, y la tendencia va en aumento, sobre todo en las zonas rurales. En las zonas urbanas se observa un problema creciente de obesidad, mientras que en las zonas rurales la tendencia es menor, aunque va en aumento. Se han puesto en marcha iniciativas relacionadas con los hábitos alimentarios. Las actividades encaminadas a medir y combatir la pérdida y el desperdicio de alimentos se encuentran en una fase inicial de desarrollo.	Ampliar los recursos destinados a los programas de asistencia alimentaria. Elaborar una estrategia integral de fomento de hábitos alimentarios más saludables. Adoptar un plan nacional integral que se centre en combatir el desperdicio de alimentos. Reforzar la seguridad alimentaria en Perú.

Nota

← 1.  Tres de los países incluidos en el seguimiento y la evaluación – Argentina, India y Vietnam – presentan niveles negativos de apoyo al sector; si se tienen en cuenta estos países, el EAP medio se sitúa en el 6,8 %.