Perú cuenta con una rica biodiversidad, una extensa cubierta forestal y abundantes recursos hídricos que sustentan un sector agropecuario diverso y caracterizado principalmente por un bajo nivel de insumos. Sin embargo, la agricultura es el sector que más agua dulce utiliza y una de las principales causas de la deforestación, a lo que se suma que sigue siendo muy vulnerable a los fenómenos meteorológicos. En este capítulo se analiza el desempeño medioambiental del sector agropecuario peruano, que comprende el balance de nutrientes y las emisiones de gases de efecto invernadero, y se examinan sus políticas agroambientales y de gestión de recursos, prestando especial atención a la gestión de la expansión del riego, la normativa sobre plaguicidas y las iniciativas para frenar la deforestación, al tiempo que se mejoran los medios de subsistencia de la población rural.
Políticas para el futuro del sector de la agricultura y la alimentación en Perú
Resumen
Perú cuenta con una rica biodiversidad, una extensa cubierta forestal natural y abundantes recursos hídricos que sustentan un sector agropecuario diverso y, en gran medida, de bajos insumos.
El sector agropecuario representa la mayor parte del consumo de agua dulce, y la expansión agrícola es una de las principales causas de la deforestación, lo que pone de relieve la importancia de una gestión sostenible de los recursos hídricos y terrestres a fin de garantizar la sostenibilidad medioambiental a largo plazo.
Al mismo tiempo, la agricultura es muy vulnerable a los fenómenos meteorológicos, como los episodios de El Niño, así como a sequías e inundaciones extremas, a la desertificación y a los incendios forestales, todo ello agravado por el cambio climático.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) es la principal entidad encargada de supervisar la agricultura, la silvicultura y la gestión del agua. Sin embargo, la superposición de competencias de los organismos en distintos sectores y niveles geográficos complica la coordinación y la aplicación de las políticas.
Perú dispone de un amplio conjunto de leyes, reglamentos e instrumentos de política económica a nivel nacional, que abarcan una amplia gama de ámbitos agroambientales, así como la silvicultura y la fauna silvestre, algunos de los cuales han sido analizados en varias ocasiones. No obstante, siguen siendo insuficientes, adolecen de falta de recursos y presentan deficiencias en materia de supervisión y aplicación. También surgen dificultades de aplicación cuando los mecanismos de coordinación y las responsabilidades institucionales no están bien definidos ni coordinados. Cuestiones más amplias, como la informalidad y la corrupción, plantean obstáculos a la aplicación y el cumplimiento efectivos de los marcos normativos en el sector agropecuario.
Perú aporta solo el 0,4 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y asumió un papel de liderazgo al convertirse en el primer país de Hispanoamérica en ratificar el Acuerdo de París. Las emisiones agrícolas siguen constituyendo una pequeña parte de las emisiones totales de Perú. Desde el año 2000, la intensidad de las emisiones del sector ha mejorado de manera notable, ya que las emisiones aumentaron menos del 20 %, mientras que el valor de la producción agropecuaria se duplicó.
Los niveles globales de aportes y excedentes de nutrientes, tanto de fósforo como de nitrógeno, se sitúan, en general, por debajo de los niveles de los homólogos de la región y de los promedios de la OCDE en indicadores similares. No obstante, los niveles actuales de nitrógeno han aumentado en comparación con el año 2000, mientras que, en el caso del fósforo, el período entre 2012 y 2022 registró una disminución media anual, observándose un descenso pronunciado en Perú, así como en varios países vecinos a partir de 2020.
Se han realizado importantes inversiones con vistas a mejorar el suministro de agua destinado a la agricultura y ampliar las superficies de riego, lo que ha contribuido a aumentar la productividad agrícola. Sin embargo, la adopción de métodos de riego a presión sigue siendo escasa, lo que frena el avance hacia una mayor eficiencia en el uso del agua.
Aunque el uso de plaguicidas por hectárea en Perú está aumentando, sigue situándose muy por debajo del promedio de la OCDE. Una mayor adopción de las mejores prácticas agrícolas, junto con el cumplimiento continuado de la normativa vigente, podría reducir aún más el porcentaje de muestras en las que los niveles de residuos de plaguicidas superan los límites máximos de residuos (LMR).
Perú ocupa el 9.º puesto a nivel mundial en cuanto a cubierta forestal, el 4.º en lo que se refiere a bosques tropicales y el 2.º respecto al porcentaje de superficie de bosques amazónicos. La expansión agrícola es una de las principales causas de la deforestación, aunque su impacto se redujo durante el período 2020-2024. Entre los retos de este ámbito se encuentran una gobernanza fragmentada, una definición limitada de la zonificación forestal y la falta de títulos de propiedad, así como la necesidad de encontrar un equilibrio entre la mejora de los medios de subsistencia de los hogares agrícolas, muchos de los cuales viven en la pobreza, y la lucha contra la deforestación.
El consumo directo de energía en las explotaciones agropecuarias de Perú es notablemente bajo; esto ocurre en especial en la agricultura de subsistencia a pequeña escala, debido al escaso acceso a la electricidad en las zonas rurales. Se están llevando a cabo iniciativas de mejora del acceso a la energía y de fomento del uso de fuentes de energía más limpias en la agricultura, pero siguen existiendo obstáculos a su adopción generalizada debido a limitaciones económicas y de infraestructura.
3.1.1. Contexto y objetivos
El sector agrícola ha logrado algunos avances en materia de medio ambiente, pero plantea y se enfrenta a retos medioambientales
Perú es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y cuenta con tres regiones naturales principales: la Costa, formada por valles, desiertos y pampas; la Sierra, que constituye la región montañosa del centro y el Altiplano andino; y la Selva, que comprende la selva tropical de las regiones montañosas y la llanura amazónica peruana. En general, el medio ambiente natural de Perú está dominado por la cuenca del Amazonas, que abarca más de la mitad del territorio del país. Además, cuenta con un enorme volumen de recursos de agua dulce, aunque su distribución es desigual.
Si se excluyen las cuestiones relacionadas con la deforestación, el sector agrícola de Perú tiene una huella ambiental relativamente baja en comparación con otros países de la OCDE. Las emisiones agrícolas representan solo una pequeña parte del total de emisiones del país y, desde el año 2000, la intensidad de las emisiones ha mejorado de forma notable, ya que estas han aumentado menos del 20 %, mientras que el valor de la producción agropecuaria se ha más que duplicado. Del mismo modo, los aportes y los excedentes de nutrientes, tanto de fósforo como de nitrógeno, se siguen situando por debajo de los niveles observados en homólogos de la región y en los países de la OCDE.
Las presiones derivadas de la producción agropecuaria plantean problemas relacionados con la deforestación, la degradación del ecosistema, la erosión del suelo y la desertificación, el elevado estrés hídrico y la contaminación por productos agroquímicos. Este sector también contribuye de manera significativa a las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas tendencias se tienen cada vez más en cuenta en la normativa del sector agrícola. Al mismo tiempo, la agricultura es vulnerable a los efectos de las presiones medioambientales a las que ella misma contribuye; en particular, el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, la desertificación del suelo y el estrés hídrico. En concreto:
La singular ubicación geográfica de Perú lo expone a fenómenos hidrológicos y meteorológicos, agravados por El Niño. Las inundaciones y las sequías afectan a la agricultura y reducen el rendimiento de los cultivos.
La desertificación amenaza algunos suelos de las regiones naturales de Perú, lo que reduce la disponibilidad de suelos fértiles para la agricultura, disminuye la resiliencia ante el cambio climático y aumenta el riesgo de incendios y tormentas de polvo.
Los niveles de estrés hídrico varían en todo el país, en especial en la región de la Costa, y afectan de manera significativa al sector agrícola. El cambio climático está acelerando el retroceso de los glaciares de Perú, lo que pone en peligro la disponibilidad de agua a largo plazo.
Los indicadores agroambientales ofrecen un panorama desigual, ya que algunas áreas muestran un resultado mejor que el promedio de la OCDE, mientras que otras presentan margen de mejora. En la última década, la superficie de tierras de cultivo ha aumentado de forma constante a una tasa media de crecimiento anual del 2,4 %, de modo que supera a la de determinados países de América Latina y el Caribe (ALC) (Figura 3.1). Esta expansión se ha visto motivada tanto por la conversión de pastizales como de terrenos forestales en tierras de cultivo. La producción anual se ha incrementado en torno al 3,6 %, porcentaje que supone el mayor crecimiento de todos los países de América Latina y el Caribe analizados y se sitúa muy por encima del promedio de la OCDE. Al mismo tiempo, el uso de recursos naturales, en particular el agua, y de otros insumos de producción, como el nitrógeno y el fósforo, sigue siendo inferior al de la OCDE. Aunque las ventas de plaguicidas se han multiplicado, su uso continúa situándose por debajo del promedio de la OCDE. Cabe señalar que en Perú se ha registrado un aumento de la producción ecológica1, tema que se tratará más adelante en este capítulo.
Nota: ALC: América Latina y el Caribe; ha: hectárea. El índice de producción bruta abarca el período de 2012 a 2023. El consumo directo de energía y agua en las explotaciones agropecuarias abarca el período de 2012 a 2021. Los datos sobre la superficie de tierras de cultivo, de pastos y agrícola de Perú pertenecen al período 2015-2023. Los promedios de la OCDE corresponden al período 2011-2021. Los países de ALC incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.
Fuente: FAOSTAT (2025[1]), Food Systems Dashboard – Peru, https://www.foodsystemsdashboard.org/countries/per; Banco Mundial (2025[2]), Indicadores del Banco Mundial, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators; INEI (2023[3]), Perú: Anuario de Estadísticas Ambientales 2023; MIDAGRI (2025[4]), Decreto Supremo N.º 006-2025-MIDAGRI, https://www.gob.pe/institucion/midagri/normas-legales/6646766-006-2025-midagri.
3.1.2. Gobernanza de la sostenibilidad medioambiental
Los Ministerios de Agricultura y del Ambiente son las principales autoridades de gobernanza, junto con otras instituciones públicas adscritas
En Perú, las administraciones nacional, regional y local desempeñan un papel importante en la sostenibilidad medioambiental de la agricultura2. El Gobierno nacional elabora y aplica políticas, normativas y estrategias nacionales en materia de agricultura sostenible a través de los ministerios y organismos sectoriales. Los gobiernos regionales adaptan las políticas nacionales de modo que se ajusten a las condiciones ambientales, agrícolas y específicas de cada producto de su región a nivel subnacional. Se encargan de supervisar la gestión de los recursos naturales regionales, como el agua y el suelo, y de velar por el cumplimiento de las medidas destinadas a protegerlos. Además, las autoridades regionales suelen ofrecer a los productores agropecuarios asistencia técnica y servicios de extensión, que complementan los que presta el Gobierno nacional. Del mismo modo, los gobiernos locales desempeñan un papel relevante a la hora de ejecutar y reforzar la aplicación de las políticas fijadas en el ámbito nacional y regional en las comunidades locales. Mantienen un contacto directo con los productores y las comunidades agrícolas, y con frecuencia ponen en marcha iniciativas y campañas de sensibilización comunitaria con el fin de fomentar prácticas agrícolas sostenibles.
En el ámbito nacional, el MIDAGRI es el principal organismo gubernamental encargado de formular y evaluar las políticas nacionales relacionadas con la agricultura, incluido el riego. Los servicios agrícolas, como el saneamiento, la investigación y la transferencia de tecnología, la gestión de los recursos hídricos, la producción ecológica y la infraestructura agropecuaria, también forman parte de la agenda del ministerio (MIDAGRI, 2021[5]). Varios organismos clave del MIDAGRI se ocupan de las distintas áreas especializadas de las políticas.
La Autoridad Nacional del Agua de Perú (ANA) es responsable de las medidas vinculadas con el uso multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas fluviales. Es el órgano rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos.
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) es el organismo encargado de elaborar y aplicar la normativa sanitaria y fitosanitaria del país. Esto incluye la regulación, la autorización y el control del registro y la comercialización de plaguicidas de uso agrícola. El SENASA también es responsable de supervisar la producción ecológica y propone normas y sanciones para garantizar la calidad de los productos ecológicos peruanos destinados a los mercados nacionales e internacionales.
El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) se ocupa de diseñar y aplicar la estrategia nacional de innovación agrícola, fundamental en el desarrollo de métodos y tecnologías agrícolas sostenibles.
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) se encarga de planificar, supervisar, ejecutar, apoyar y controlar la política nacional en materia de bosques y fauna silvestre, así como de promover prácticas agroforestales sostenibles.
El Ministerio del Ambiente (MINAM), creado en 2008, es responsable de la política medioambiental nacional, incluida la integración de la sostenibilidad medioambiental en las prácticas agrícolas (MIDAGRI, 2021[5]). Los organismos específicos adscritos al MINAM se ocupan de las distintas áreas especializadas de las políticas. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) es el responsable de aplicar los criterios técnicos y administrativos de conservación de las áreas naturales protegidas y de preservar la diversidad biológica en dichas áreas. Por último, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) vela por el cumplimiento de la normativa medioambiental y por su seguimiento.
Aunque depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) de Perú desempeña un papel importante en la supervisión y el control del uso responsable de los recursos forestales y de la fauna silvestre, así como en la regulación del comercio legal mediante la concesión de permisos.
Por último, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), que forma parte del Ministerio de Salud, cumple una función relevante en las cuestiones de salud ambiental que guardan relación con la agricultura sostenible. La DIGESA colabora con el SENASA en la evaluación de los riesgos para la salud humana que plantean los productos agroquímicos, entre ellos los plaguicidas y los fertilizantes, que podrían suponer una amenaza para la salud pública y el medio ambiente. Además, supervisa la calidad de los recursos hídricos destinados al consumo humano, lo cual es esencial en la agricultura sostenible.
A pesar de que la distribución de funciones y responsabilidades está bien definida, hay que hacer frente a retos importantes. El MIDAGRI, encargado de la gestión de la agricultura y la silvicultura, se enfrenta con frecuencia a dilemas debido a objetivos contrapuestos. En concreto, la ANA depende del MIDAGRI, pero su ámbito de competencia va mucho más allá del uso del agua en la agricultura, lo que puede dar lugar a conflictos (OECD, 2021[6]). Además, hay sectores en los que las facultades se duplican, por lo que la coordinación y la ejecución resultan complejas. Crear transparencia, legitimidad y estabilidad políticas, y potenciar la colaboración entre los gobiernos locales, regionales y nacional, es fundamental a la hora de impulsar iniciativas sólidas de agricultura sostenible.
Principales leyes y estrategias que regulan la gestión medioambiental y de los recursos naturales en la agricultura
Un marco compuesto por importantes leyes y estrategias fundamenta la gestión agrícola sostenible. La Constitución de 1993 declaró los recursos naturales de Perú patrimonio nacional. Destaca la responsabilidad del Gobierno de fomentar el uso sostenible de los recursos naturales. A partir de este mandato constitucional, la Ley de 1997 para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales tiene por objeto promover y regular el uso de los recursos, así como fomentar un equilibrio entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo humano (MINAM, 1997[7]). La Ley General del Ambiente de 2005 (Ley N.º 28611) instauró los principios y normas necesarios para hacer efectivo el derecho a un medio ambiente saludable y equilibrado y subrayó el deber de protegerlo con eficacia (MINAM, 2005[8]). Las principales normativas relativas al impacto del sector agrícola en el medio ambiente son la Ley General de Sanidad Agraria, la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Bosques y Fauna Silvestre y la Ley Marco sobre Cambio Climático (cuadro 3.1).
Estas leyes se complementan con un marco de estrategias y planes nacionales. En 2002, el Acuerdo Nacional estableció 35 políticas (Acuerdo Nacional, 2002[9]). Una de ellas se dedicó al desarrollo sostenible y la gestión medioambiental, con el objetivo de integrar la política ecológica con la gestión económica, social, cultural y del uso de la tierra (Acuerdo Nacional, 2002[9]). Esta iniciativa se impulsó aún más en 2011, con la puesta en marcha por parte del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) del Plan del Bicentenario: el Perú hacia el 2021 (CEPLAN, 2011[10]). Este plan esbozaba seis ejes estratégicos, uno de los cuales se centraba en los recursos naturales y el medio ambiente. Las prioridades clave de este eje son el uso sostenible de los recursos naturales, la mejora de la calidad ambiental (agua, aire y suelo), la adaptación al cambio climático y la implantación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (CEPLAN, 2011[10]).
En conjunto, las leyes y reglamentos mencionados conforman un marco jurídico integral que orienta el enfoque de Perú en materia de agricultura sostenible, haciendo hincapié en la protección del medio ambiente, la gestión de los recursos y la resiliencia climática. Sin embargo, Perú encuentra obstáculos a la hora de aplicar estas normas con eficacia.
Insumos agrícolas
La Ley General de Sanidad Agraria (2008) tenía varios objetivos, entre ellos promover condiciones sanitarias que favorecieran el crecimiento sostenible de los productos agropecuarios, regular la producción y el uso de insumos agrícolas con vistas a mejorar la competitividad agraria, e implementar medidas de gestión de plaguicidas para mantener los estándares agrícolas (MINAG, 2008[11]).
La Ley de Inocuidad de los Alimentos de 2008 encomienda al Servicio Nacional de Sanidad Agraria la supervisión de los aspectos técnicos, normativos y de vigilancia de la producción de alimentos destinados al consumo humano y al comercio internacional (MINAG, 2008[12]).
La Resolución Ministerial N.° 1006-2016-MINSA (2016) estableció los límites máximos permitidos de residuos de plaguicidas en los productos agrícolas destinados al consumo humano (MINSA, 2016[13]). Su objetivo es proteger la salud pública mediante la fijación de límites respecto a los ingredientes activos de diversos productos agrícolas.
El Plan Nacional Concertado para la Promoción y Fomento de la Producción Orgánica o Ecológica (PLANAE) 2021-2030 de 2021. Entre sus objetivos se encuentran la promoción de la producción y la comercialización ecológicas en todo el país, el fortalecimiento de la agricultura familiar y la conservación de la biodiversidad, así como la mejora de la rentabilidad de los pequeños productores.
Gestión del agua
La Ley de Recursos Hídricos (Ley N.º 29338, de 2019) y su reglamento de aplicación reconocen la función esencial de la gestión de los recursos hídricos. Su objetivo es regular el uso del agua, tanto en actividades agrícolas como de otro tipo, y garantizar una gestión integral. La legislación creó el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, lo que facilitó la coordinación entre entidades públicas y privadas a la hora de atender las demandas de agua, gestionar los conflictos y ejecutar proyectos (ANA, 2019[14]).
La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (2015) formula estrategias y directrices en torno a cuatro pilares: 1) la gestión de la cantidad y la calidad del agua; 2) la gestión de oportunidades; 3) la cultura del agua; y 4) la adaptación al cambio climático (MINAGRI, 2015a[15]). Esta política se complementó con el Plan Nacional de Recursos Hídricos, una herramienta de planificación destinada a los gobiernos locales con el fin de que elaboraran planes específicos de cuenca para sus territorios (MINAGRI, 2015b[16]).
Gestión forestal
La Ley de Bosques y Fauna Silvestre (2011, última revisión de 2024) tiene como objetivo promover la conservación, la protección, la mejora y el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre de Perú. La ley hace hincapié en la mejora de los servicios de los ecosistemas forestales y su armonización con los intereses sociales, económicos y medioambientales del país (MINAGRI, 2011[17]). Sin embargo, las recientes modificaciones introducidas en esta ley podrían poner en peligro los objetivos originales que se proponía alcanzar (véase el apartado 3.6.2).
La Política Nacional Forestal (2013) define el marco institucional de gestión forestal sostenible, garantiza la conservación y la sostenibilidad de los bosques y los ecosistemas, promueve una actividad empresarial competitiva y socialmente inclusiva, y fomenta la gestión forestal comunitaria por parte de las comunidades indígenas y las poblaciones locales (MIDAGRI, 2013[18]). Además, la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 2021-2025, anunciada en 2021, busca abordar una de las causas fundamentales de la deforestación (MIDAGRI, 2021b[19]).
La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2050 se estableció en 2024 y constituye el principal instrumento de planificación para alcanzar los objetivos de la Ley sobre la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica de 1997. Esta ley regula la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus elementos.
Cambio climático
La Ley Marco sobre Cambio Climático (2018) integra las consideraciones relativas a la adaptación y la mitigación climáticas en los procesos de planificación de todos los ámbitos de gobierno y de todos los sectores (Congreso de la Republica, 2018[20]). En 2022, el Ministerio del Ambiente (MINAM) declaró la emergencia climática como cuestión de interés nacional, por lo que se comprometió a aplicar medidas en consonancia con la contribución determinada a nivel nacional para 2030 y reforzar las estrategias regionales y locales de lucha contra el cambio climático (MINAM, 2022[21]).
La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050 (2024) pretende aumentar la capacidad de adaptación y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía (MINAM, 2024[22]). La estrategia, formulada por el MINAM, fue aprobada por la Corte Suprema en 2024 en cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático y sus reglamentos, y aún se encuentra en fase de desarrollo (MINAM, 2025[23]).
Otras políticas vinculan la sostenibilidad del sector agrícola con el medio ambiente
Existen otras políticas pertinentes para el desempeño medioambiental de la agricultura.
El Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019-2021 está dirigido a los agricultores familiares, que representan el 97 % de las explotaciones agropecuarias, con el objetivo de impulsar la productividad, la seguridad y la eficiencia alimentaria. Entre las medidas se incluyen la mejora del acceso a los medios de producción, la prestación de asistencia técnica, la consolidación de los modelos de asociación entre productores y la promoción de la gestión sostenible de los recursos (MINAGRI, 2019[24]).
La Política Nacional Agraria 2021-2030 busca aumentar la competitividad agrícola mediante la mejora de la integración de la cadena de valor, la reducción de la agricultura de subsistencia y el fomento de prácticas sostenibles. Esto incluye planes destinados a reducir la vulnerabilidad de la agricultura frente al cambio climático y mejorar la gestión de los recursos (MIDAGRI, 2021a[25]).
La Política Nacional del Ambiente al 2030 (PNA al 2030) define una dirección estratégica para el marco de políticas medioambientales de Perú. Sus objetivos se centran en la conservación ecosistémica, la mitigación del cambio climático, la reducción de la contaminación, el uso sostenible de los recursos y la gobernanza medioambiental (El Peruano, 2021[26]). El MINAM es el responsable de dirigir, aplicar y evaluar la política.
El Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego (RGASAR) de 2024 crea instrumentos de gestión ambiental. Esta normativa regula los procesos de adaptación medioambiental de las actividades del sector agrícola y de riego, de modo que los propietarios que no cuenten con certificación medioambiental puedan adaptar sus actividades a la normativa vigente en este ámbito. (MIDAGRI, 2025[27])
Aunque esta acumulación de leyes y estrategias tiene por objeto subsanar las deficiencias de la legislación anterior, plantea dificultades de aplicación cuando la coordinación y las funciones institucionales no están definidas con claridad.
3.1.3. Biodiversidad y ecosistemas
Perú es una zona crítica para la biodiversidad mundial, con un número cada vez mayor de especies en peligro
Perú es considerado uno de los países con mayor diversidad del mundo, ya que ocupa el octavo puesto en cuanto al número de especies3. En 2024, ya se han registrado un total de 26 253 especies diferentes (fauna y flora), de las cuales el 33 % son endémicas. Esto incluye unas 20 375 especies de flora, 569 de mamíferos (5.º país del mundo), 1 897 de aves (3.º), 663 de anfibios (4.º), 510 de reptiles, 2 422 de peces y unas 4 000 de mariposas (1.º) (INEI, 2024[28]; UNDP, 2025[29]). Esto se debe a los extensos ecosistemas del país y a la variedad de climas y altitudes, que abarcan 84 de las 104 zonas de vida4 del planeta.
Un gran porcentaje de la agricultura del país (65 %) depende de los recursos genéticos autóctonos (MIDAGRI, 2021[30]). Se considera que Perú es el centro de origen de diversos cultivos, como las papas (de la que cuenta con más de 4 500 variedades), las guindillas, las batatas y los cereales andinos, como la quinua, entre otros. La industria forestal también depende en gran medida de especies autóctonas. En cuanto al porcentaje de superficie agrícola con hábitats seminaturales o naturales suficientes en relación con la superficie de tierras de cultivo o pastizales, Perú registró un elevado valor del 95 % en 2015 (FAOSTAT, 2025[1]). Este valor superó con creces tanto el promedio regional de América Latina y el Caribe, que se sitúa en el 63 %, como el mundial, del 58 %.
En lo que respecta a la fauna, Perú sigue siendo uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, con más de 7 500 especies registradas. Sin embargo, el número de especies amenazadas ha ido en aumento, ya que los bosques de Perú albergan una gran diversidad de especies de flora y fauna que se encuentran especialmente amenazadas (CBD, 2025[31]). Un estudio reciente sobre especies amenazadas reveló que 389 especies de fauna silvestre se encuentran en peligro, de las cuales 64 están en peligro crítico, 122 en peligro, 203 son vulnerables, 103 están casi amenazadas, y se carece de datos para clasificar 43 especies más (SERFOR, 2018[32]). Entre los factores primordiales que contribuyen a ello se encuentran la expansión agrícola, la tala ilegal, el uso no sostenible de la fauna silvestre (CBD, 2025[31]) y las especies exóticas invasoras.
La fragmentación y la pérdida de bosques son las principales formas de degradación del ecosistema en Perú
La pérdida de biodiversidad está estrechamente relacionada con la degradación del ecosistema, un problema cada vez más preocupante en Perú. En 2022 se registraron alrededor de 19,3 millones de hectáreas de ecosistemas degradados, lo que supone un aumento con respecto a los 16,9 millones de hectáreas de 2015 (figura 3.2). En términos relativos, este valor representa en torno al 20 % de la superficie total, un porcentaje superior al comunicado en 2019 por países miembros de la OCDE como Chile (6,4 %), pero inferior a los notificados por otros países miembros de la OCDE de la región de América Latina y el Caribe, entre ellos Colombia, Costa Rica y México, en el indicador 15.3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (UNCCD, 2025[33]). La degradación de los ecosistemas implica la pérdida total o parcial de la estructura, la función y la composición de un ecosistema, lo que reduce su resiliencia y su capacidad de prestar servicios ecosistémicos. Las principales causas directas de la degradación de las tierras en Perú son la deforestación, la agricultura no sostenible, el pastoreo excesivo, la mala gestión del agua y las actividades mineras o extractivas. Las causas indirectas son las presiones derivadas del crecimiento demográfico, la pobreza, la gobernanza deficiente, el cambio climático y la creciente demanda de recursos. La deforestación, el bajo contenido de carbono orgánico del suelo y la aridez explican en torno al 76,8 % de todas las variables. En 2022 se registraron alrededor de 966 254 hectáreas de ecosistemas agrícolas degradados, lo que constituye el 5 % del total de tierras degradadas. En 2013, el departamento de Piura sufrió una degradación de las tierras y una desertificación que supusieron un costo equivalente al 13,3 % del PIB agrícola total (UNCCD, 2022[34]).
Fuente: MINAM (2025[35]), Geoservidor, https://geoservidor.minam.gob.pe/monitoreo-y-evaluacion/restauracion-de-areas-degradadas/.
De las tres regiones naturales de Perú, la región de la Selva, que abarca la Amazonía, es la que presenta un mayor aumento de degradación del ecosistema. Esto se debe principalmente a la fragmentación y la pérdida de bosques (figura 3.3) a consecuencia de la expansión agrícola (véase la sección 3.6.1). Las explotaciones mineras ilegales, en su mayoría de oro, también constituyen un importante factor de degradación de las tierras en la región amazónica, ya que estas actividades degradan en extremo el suelo y el agua (UNCCD, 2022[34]).
Fuente: MINAM (2025[35]), Geoservidor, https://geoservidor.minam.gob.pe/monitoreo-y-evaluacion/restauracion-de-areas-degradadas/.
Perú ha designado áreas protegidas con el objetivo de conservar la biodiversidad y los ecosistemas
El Gobierno se comprometió a conservar su biodiversidad al ratificar el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en 1993. En 1997 se promulgó la Ley sobre la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica (N.º 26839), que incorporó los principios y definiciones del CDB a su normativa. La estrategia nacional de diversidad biológica de Perú constituye el principal instrumento de planificación para cumplir los objetivos de esta ley, mediante la creación de programas y planes de acción destinados a la conservación de la biodiversidad. Estos programas se elaboran a través de procesos participativos, en los que el MINAM promueve el establecimiento de mecanismos de conservación, como las áreas naturales protegidas, y la gestión de otros ecosistemas naturales.
Perú ha adoptado el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal de 2022, por el que se compromete a restaurar al menos el 30 % de los ecosistemas degradados, así como a conservar y gestionar de forma eficaz el 30 % de los ecosistemas terrestres y marinos para 2030. Las principales medidas políticas esbozadas por Perú con el fin de alcanzar este objetivo incluyen el refuerzo de la gestión de las áreas naturales protegidas, la aplicación de la hoja de ruta 30x30 y el reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad (Convention on Bioldogical Diversity, 2024[36]). Además, el marco obliga a los países a adoptar metas nacionales que reflejen los objetivos globales del marco y a actualizar sus estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad de acuerdo con ellos (MINAM, 2025[35]).
Las áreas naturales protegidas, tanto terrestres como marinas, gozan de protección legal con el fin de conservar la rica diversidad biológica de Perú y proteger los valores culturales, paisajísticos y científicos asociados a ellas (MINAM, 1997[37]). Se clasifican en parques nacionales, santuarios nacionales e históricos, reservas nacionales y refugios de vida silvestre, cada uno con objetivos de gestión y normas de zonificación específicos para garantizar la conservación eficaz de los valores ecológicos. La gestión de estas áreas es fruto de la colaboración entre el SERNANP, los gobiernos regionales y el sector privado. El SERNANP gestiona 77 áreas, los gobiernos regionales se encargan de la administración de 32, y el sector privado desempeña un papel fundamental en la administración de 142. En conjunto, estas áreas protegidas abarcan en torno a 23 millones de hectáreas (tabla 3.1).
Nota: La superficie total se ve reducida en 25 904,68 hectáreas debido a la superposición de la Zona Reservada Cordillera Huayhuash con las áreas de conservación privadas (ACP): ACP Pacllón, ACP Huayllapa y ACP Jirishanca.
Fuente: SERNANP (2025[38]), Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, https://www.gob.pe/institucion/sernanp/campa%C3%B1as/4340-sistema-nacional-de-areas-naturales-protegidas-por-el-estado.
La extensión del área terrestre protegida ha aumentado con el tiempo en Perú, pues ha pasado del 16 % en 2005 al 22,5 % en 2024 (figura 3.4). Esto sitúa a Perú algo por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, del 24,4 %, pero muy por encima del promedio de la OCDE, que se situó en el 16,9 % en 2024, lo que pone de relieve los avances del país hacia el objetivo del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal de restaurar al menos el 30 % de los ecosistemas degradados antes de 2030.
Extensión del área terrestre protegida como porcentaje de la superficie terrestre
Nota: ALC: América Latina y el Caribe. Incluye todos los datos de las categorías de gestión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN).
Fuente: OCDE (2025[39]), calculado a partir de información disponible en la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas, https://data-explorer.oecd.org/.
Las áreas naturales protegidas no son la única estrategia existente para conservar y gestionar los ecosistemas de Perú. Perú se ha comprometido a reconocer las otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas (OMEC) como una de las acciones propuestas en la hoja de ruta 30x30 presentada en la 16.º Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estas OMEC son áreas que no cuentan con un reconocimiento formal como áreas naturales protegidas, pero están delimitadas geográficamente y disponen de planes claros de gobernanza y gestión, de manera que se adoptan medidas de gestión eficaces y sostenibles que contribuyen a la conservación de la biodiversidad in situ (IUCN, 2025[40]). Además, las OMEC pueden tener un valor cultural, espiritual, socioeconómico o de otro tipo con relevancia local.
La integración de la conservación de la biodiversidad en el sector agrícola
En 2024, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, cuyo objetivo es permitir que las entidades públicas y los poderes del Estado lleven a cabo una gestión eficaz destinada a reducir la degradación de la biodiversidad (MINAM, 2024[41]). Bajo la dirección del MINAM, la estrategia busca alcanzar, para el año 2050, los objetivos relacionados con la adaptación al cambio climático, la consolidación de la gestión de los recursos naturales y el fortalecimiento de la capacidad de investigación.
El MIDAGRI promueve las zonas de agrobiodiversidad en el país. Estas zonas se caracterizan por la riqueza de su agrobiodiversidad autóctona, cultural y ecológica, y solo los pueblos indígenas desarrollan, gestionan y conservan los recursos genéticos de la agrobiodiversidad autóctona en los campos y ecosistemas circundantes (INIA, 2024[42]). Estas zonas albergan especies vegetales y animales domesticadas, sus parientes silvestres, la diversidad genética que las caracteriza y la cultura que las sustenta. En la actualidad, existen en Perú 11 zonas de agrobiodiversidad que abarcan 233 642 hectáreas (el 0,02 % de la superficie cultivable total en 2024), preservan más de 9 735 especies autóctonas y benefician a 52 comunidades indígenas que gestionan sus cultivos utilizando conocimientos tradicionales (tabla 3.2).
Perú también ha empleado instrumentos económicos con el fin de incentivar la biodiversidad, incluso en el sector agrícola. Los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MERESE) se crearon en 2014 mediante la aprobación de la Ley N.º 30215 sobre pagos por servicios ecosistémicos (MINAM, 2014[43]). El término “MERESE” define, en sentido amplio, un conjunto de programas, herramientas, instrumentos e incentivos destinados a generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos en la conservación, la recuperación y el uso sostenible de los ecosistemas mediante acuerdos voluntarios. El objetivo de la Ley de MERESE es promover, regular y supervisar la retribución, tanto pública como privada, por servicios ecosistémicos de conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas con el fin de garantizar de forma permanente los beneficios que estos aportan. La ley otorga al MINAM la competencia nacional de supervisión de todos los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y le exige que preste apoyo técnico, administrativo y financiero a los gobiernos locales y regionales con vistas a que desarrollen dichos servicios.
Uno de los incentivos del programa MERESE, el proyecto MERESE-FIDA, anima a los agricultores de las cuencas de los ríos Jequetepeque y Cañete, en el Altiplano andino, a conservar y recuperar las tierras degradadas mediante acuerdos de pago por servicios ecosistémicos. Los usuarios finales de los servicios ecosistémicos remuneran a las poblaciones rurales de las zonas de origen que los mantienen, de modo que se estimula la gestión sostenible de los ecosistemas y aumentan los ingresos de las comunidades de ambas cuencas fluviales. En 2021, el proyecto logró conservar y recuperar 15 000 hectáreas de tierras degradadas, lo que supuso un beneficio directo para más de 1 500 familias (IFAD, 2021[44]).
Las prácticas agrícolas tradicionales y culturales son un pilar fundamental del patrimonio agrícola de Perú, en especial en la región andina. Estos métodos ancestrales se adecúan a diversas altitudes y medios ambientes. Entre los ejemplos más destacados se encuentra la agricultura andina del corredor Cusco-Puno, con terrazas, sistemas de riego y una gran variedad de cultivos y ganado adaptados a diferentes altitudes (FAO, 2022[46]).
Alrededor del 69 % de las áreas naturales protegidas del país albergan comunidades rurales e indígenas, aunque no existe un catastro oficial unificado ni actualizado de estas comunidades (IUCN, 2016[47]). Las reservas comunales, una de las categorías de áreas naturales protegidas, se crean a iniciativa de las poblaciones indígenas. En Perú residen en torno a 55 pueblos indígenas (MINCUL, n.d.[48]). Se ha desarrollado un modelo de cogestión para estas reservas comunales, centrado en la adopción de decisiones conjuntas entre las comunidades indígenas y los organismos gubernamentales responsables de las áreas protegidas (SERNANP, 2024b[49]). El modelo tiene como objetivo conservar la biodiversidad, mantener las tradiciones culturales y prestar servicios ecosistémicos, poniendo de relieve el papel fundamental que desempeñan los territorios indígenas en la conservación del medio ambiente.
Existen 10 reservas comunitarias que abarcan una superficie de alrededor de 2,2 millones de hectáreas con todo tipo de usos del suelo (SERNAP, 2025[38]). Esto representa cerca del 11 % de las áreas naturales protegidas del SERNANP. Las características de la gestión sostenible de los cultivos autóctonos se mantienen gracias a las prácticas agrícolas ancestrales, por las que se cultiva en terrazas desde la época precolonial. Aunque se trate de áreas naturales protegidas, se permite el uso tradicional y sostenible de los recursos naturales por parte de las poblaciones locales de estas zonas.
Las comunidades indígenas perciben la tierra como un ente holístico, que abarca tanto la dimensión material como la espiritual. Sus territorios, ricos en diversidad cultural y biológica, requieren una protección estatal específica, en particular respecto al reconocimiento y la aplicación efectiva de los derechos territoriales. Resulta esencial mantener una colaboración constante con las comunidades locales e indígenas en las iniciativas de conservación, que muestre pleno respeto por sus derechos, su conocimiento tradicional y su ancestral gestión responsable del medio ambiente.
No obstante, el proceso de concesión de títulos de propiedad sobre las tierras comunales en Perú se ha estancado (véase el capítulo 1). Este estancamiento, además de las evaluaciones y resoluciones pendientes respecto a quejas coincidentes sobre la tierra, supone un obstáculo para las comunidades que viven en estas áreas (IUCN, 2016[47]). El hecho de que las tierras comunales se encuentren en áreas protegidas complica aún más la situación. Aunque la gestión local conjunta de las reservas comunales ha resultado eficaz, aún hay margen de mejora a la hora de identificar a las comunidades como aliadas en los esfuerzos de conservación.
Fuente: INIA (2024[42]) Zona de Agrobiodiversidad, https://zabdperu.inia.gob.pe/Front/#/.
3.1.4. Agricultura ecológica
La agricultura ecológica está en auge, sobre todo entre los pequeños productores
El sector de la agricultura ecológica en Perú ha crecido, al pasar de 53 714 hectáreas de tierras de cultivo ecológico en 2000 a 436 530 hectáreas en 2024 (figura 3.5). Esta cifra representa entre el 1,6 % y el 2,5 % de la superficie agrícola. El número de productores ecológicos también ha aumentado, de 13 437 en el año 2000 a 89 847 en 2024. Esta tendencia positiva se debe en gran medida a la adopción de la producción ecológica por parte de los pequeños agricultores, cuyo objetivo es acceder a los mercados internacionales con mejores precios y productos de calidad. El desarrollo de una producción orgánica y ecológica sostenible y competitiva en Perú es un objetivo establecido por la Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica (Ley N.º 29196).
Nota: Para el período 2000-2005, la información fue recopilada por la Subdirección de Producción Orgánica a partir de una proyección de los datos oficiales sobre la producción ecológica nacional entre 2006 y 2024. En el caso del período de 2006 a 2024, la información se obtuvo de organismos de certificación registrados y autorizados.
Fuente: MIDAGRI (2025[50]), informe del MIDAGRI a la OCDE sobre estadísticas de la agricultura ecológica.
La superficie dedicada a la agricultura ecológica en Perú representa alrededor del 1,8 % del total de la superficie agrícola, porcentaje similar al de sus vecinos de la región, con Argentina (3,2 %) a la cabeza del grupo (figura 3.6). Esta cifra se sitúa un tanto por debajo del promedio de la OCDE, del 8,1 %, aunque la proporción de superficie dedicada a la agricultura ecológica varía de manera considerable entre los países de la OCDE, ya que oscila entre el 19,3 % de Portugal y el 0,5 % de los Estados Unidos.
Porcentaje de la superficie agrícola total
Nota: Se han utilizado los últimos datos disponibles, correspondientes al período comprendido entre 2019 y 2023.
Fuente: OCDE (2025[51]), base de datos de indicadores agroambientales, https://data-explorer.oecd.org/; MIDAGRI (2025[52]), Reporte de área sembrada orgánica.
En 2022, el SENASA certificó 165 902 hectáreas de cultivos ecológicos en Perú, entre los que se incluían el café, el cacao, la quinua y el plátano, es decir, el 20 % de la superficie total cosechada, 827 951 hectáreas, se destinó a estos productos (figura 3.7). Sin embargo, la tasa de crecimiento de la superficie dedicada a cultivos ecológicos se ha estancado en general desde 2016, con una disminución de 38 615 hectáreas en cuanto a las superficies con certificación ecológica entre 2021 y 2022 (una reducción del 18,9 %). Esto pone de relieve tanto los logros alcanzados en la agricultura ecológica como los esfuerzos que aún quedan por realizar si se pretende cumplir el objetivo del 29,5 % fijado para 2022.
Fuente: MIDAGRI (2022[53]), Reporte de seguimiento anual 2022. PESEM 2015-2027 del Sector Agricultura y Riego, https://www.midagri.gob.pe/portal/images/pcm/2023/reporte-pesem-2022-280623.pdf.
La política fomenta con decisión la adopción de métodos de agricultura ecológica
Los proveedores de alimentos ecológicos deben contar con las certificaciones pertinentes que garantizan la integridad de sus productos. En 2022, Perú promulgó el Reglamento de Certificación y Fiscalización de la Producción Orgánica, que complementa el Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos. El SENASA tiene la facultad de certificar y supervisar a los productores ecológicos, así como de controlar otros aspectos necesarios para el funcionamiento de la producción ecológica. El objetivo es garantizar que los productos etiquetados como ecológicos cumplan normas rigurosas, tanto si se comercializan en el mercado nacional como en el internacional.
El Sello Nacional de la Producción Orgánica, aprobado en 2022, pretende potenciar el comercio de productos ecológicos, así como su regulación (MIDAGRI, 2022[54]). Otros países de la región que cuentan con un sello nacional para su producción ecológica ya disfrutan de una posición más sólida en los mercados internacionales. Además, el Laboratorio de Detección de Organismos Vivos Modificados, dirigido por el INIA, se encarga de controlar, detectar y cuantificar los organismos vivos modificados presentes en los productos agrícolas y forestales de todo el país (INIA, 2011[55]). El apoyo del INIA abarca programas de formación sobre técnicas modernas de agricultura ecológica, desde la gestión de la cosecha hasta el uso de fertilizantes ecológicos y microorganismos eficaces (INIA, 2022[56]).
Perú cuenta con una normativa estricta contra el uso de organismos modificados genéticamente
Perú es uno de los pocos países latinoamericanos que ha decidido prohibir la entrada de organismos vivos modificados destinados a su liberación en el medio ambiente, debido al daño que podrían causar a la diversidad genética de los ecosistemas. En 2011 se promulgó la Ley N.º 29811, que establece la prohibición de introducir y producir organismos modificados genéticamente en la agricultura y la ganadería durante diez años, hasta que el país cuente con la capacidad técnica, normativa e institucional necesaria para evaluarlos y gestionarlos de forma segura (MINAM, 2011[57]). Se excluyen de la aplicación de la ley los organismos vivos modificados destinados al uso en un espacio confinado con fines de investigación, los que se usan en productos farmacéuticos y los productos derivados importados para el consumo humano o animal, todos ellos sujetos a estrictos protocolos de gestión de riesgos conforme a las normas internacionales. El MINAM es la autoridad principal y coordina con otros ministerios la aplicación efectiva de las políticas de conservación y la promoción de la investigación científica en biotecnología y bioseguridad. En 2021, la Ley N.º 3111 prorrogó la prohibición de los organismos modificados genéticamente hasta 2035 con el fin de impedir su introducción y producción en el territorio nacional (MINAM, 2021[58]). Por último, Perú elaborará una normativa específica de promoción del uso seguro de las nuevas herramientas biotecnológicas, como la edición genética, de modo que, cuando no impliquen la introducción de material genético de otras especies, no se clasifiquen como organismos vivos modificados según la legislación peruana (MINAM, 2025[59]).
3.1.5. Salud del suelo
Perú se enfrenta al problema generalizado de la degradación del suelo en todas sus regiones naturales, con hasta un 99 % de la superficie amenazada por la erosión y amplias zonas afectadas por la desertificación y la salinización (MINAGRI, 2016[60]; CEPAL, 2013[61]). La desertificación, es decir, la transformación de tierras fértiles en desierto, se debe no solo a prácticas de gestión no sostenibles, como la tala de bosques, las prácticas agrícolas intensivas, la contaminación del suelo, los conflictos por la tierra y su explotación, y la minería (IFAD, 2010[62]), sino también a presiones externas, como el cambio climático y las sequías.
En 2014, Perú ocupaba el tercer lugar en cuanto a extensión de tierras áridas en América del Sur, por detrás de Argentina y Brasil (EC JRC, 2014[63]). En torno a un tercio de su territorio se encontraba en algún grado de desertificación, con 3,9 millones de hectáreas (el 3 % del territorio nacional total) clasificadas como regiones desertificadas y 30 millones de hectáreas (el 24 %) en proceso de desertificación. Las zonas desertificadas se encuentran en su mayoría en la región de la Costa y en las zonas montañosas semiáridas, y afectan a alrededor de 1,1 millones de personas. Las zonas en proceso de desertificación se encuentran en la Amazonía peruana y su causa es la deforestación. Esta situación afecta a unos 7,7 millones de personas.
Los terrenos áridos ocupan alrededor del 7 % de la superficie terrestre de Perú, 9 087 300 hectáreas en 2022, un valor que se ha mantenido relativamente estable desde 1992. Esta cifra es superior a la de otros homólogos regionales; Chile encabeza la lista con un 16 % (figura 3.8). Aunque esto no es un indicador directo de la desertificación del suelo, las superficies sin vegetación natural son mucho más propensas a la desertificación y a la erosión. Al mismo tiempo, el promedio de vegetación natural presente en las tierras agrícolas de Perú era del 38 % en 2015, una cifra muy superior al 10 %5 mínimo propuesto como límite planetario (FAOSTAT, 2025[1]). Sin embargo, el cálculo de este promedio no tiene en cuenta las importantes diferencias agroclimáticas entre las regiones, ni las diferencias entre los tipos de terrenos agrícolas o los productos que se cultivan.
Nota: Datos procedentes del conjunto de datos geoespaciales sobre la cubierta terrestre del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) y la Iniciativa sobre el Cambio Climático. Los terrenos áridos comprenden cualquier zona geográfica en la que predominan las superficies abióticas naturales (suelo desnudo, arena, rocas, etc.) y en la que la vegetación natural está ausente o es prácticamente inexistente (es decir, la cobertura es inferior al 2 %). Esto incluye zonas que se inundan con regularidad por aguas continentales (orillas de lagos, riberas de ríos, salinas, etc.). Quedan excluidas las zonas costeras afectadas por el movimiento de las mareas de agua salada.
Fuente: FAO (2025[64]), Cubierta terrestre, https://www.fao.org/faostat/en/#data/LC.
Los factores que provocan la desertificación del suelo varían según la región. En la región de la Costa, la salinización, la erosión hídrica y eólica, y la contaminación del suelo derivada de las actividades mineras son las principales causas de la desertificación. En la región de la Sierra, la erosión hídrica y eólica, la compactación del suelo provocada por el pastoreo excesivo y la contaminación del suelo son los principales problemas. La erosión hídrica es la principal causa de la desertificación en la región de la Selva (MINAM, 2016[65]).
El cambio climático agrava estos efectos, en especial en las regiones áridas, lo que da lugar a graves consecuencias, como una menor resiliencia del suelo ante las variaciones climáticas, la alteración de los ciclos del agua y los nutrientes, y un mayor riesgo de incendios y tormentas de polvo (IFAD, 2010[62]). Estos efectos acarrean importantes costos económicos, amenazan la biodiversidad y pueden provocar hambrunas, migraciones forzadas y una posible inestabilidad social y política. Aunque algunos suelos degradados pueden recuperarse mediante prácticas agrícolas mejoradas y métodos tradicionales, prevenir la desertificación de forma proactiva suele resultar menos costoso.
En Perú, la erosión del suelo se debe sobre todo a la erosión hídrica y supone un grave riesgo para la seguridad hídrica y alimentaria. En 2011, la erosión grave afectó a unos 8 millones de hectáreas (el 6,2 %) de la superficie total del país, que asciende a 128 millones de hectáreas. Esto se produjo en gran medida en la región de la Sierra (5,8 millones de hectáreas), seguida de la Costa (1,9 millones de hectáreas) y la Selva (0,3 millones de hectáreas) (MINAM, 2016[65]). Este fenómeno es más grave en la región del Altiplano andino debido a las pendientes pronunciadas, la falta de cubierta vegetal y las lluvias intermitentes de gran intensidad (SENAMHI, 2017[66]). En algunas de estas zonas, hasta el 48 % de la superficie se ve afectada por la erosión hídrica, con un nivel que oscila entre moderado y alto (figura 3.9). La región también alberga importantes actividades agrícolas y proporciona servicios ecosistémicos relacionados con el agua al resto del país. En torno a 31 millones de hectáreas del territorio nacional presentaban una erosión moderada del suelo, y 33,9 millones de hectáreas, una erosión leve, y se encontraban situadas en su mayoría en las regiones de la Sierra y la Costa (MINAM, 2016[65]).
Magnitud media de la tasa de erosión anual por región hidrológica
Nota: Resultados del modelo de la ecuación universal revisada de pérdida de suelo. Las unidades hidrológicas se han agrupado en 15 regiones hidrológicas, para las que se ha calculado la magnitud media de la tasa de erosión.
Fuente: SENAMHI (2017[66]), Atlas de erosión de suelos por regiones hidrológicas del Perú, https://idesep.senamhi.gob.pe/portalidesep/files/tematica/atlas/erosi%C3%B3n_de_suelo/Atlas_Erosion_Suelos_por_Regiones_Hidrologicas_Peru.pdf.
La salinización supone otra amenaza para los suelos de Perú, ya que la acumulación de sal puede dificultar de manera significativa la absorción de agua por parte de las plantas y reducir la productividad de los cultivos. La salinización provocada por el ser humano se debe sobre todo a los cambios de uso de la tierra, el pastoreo excesivo y el riego. Los suelos afectados por la salinidad se encuentran en su mayoría en regiones áridas y semiáridas, y resulta muy difícil recuperarlos una vez que se han salinizado. La salinización del suelo afecta a alrededor del 40 % (1,2 millones de hectáreas) de las tierras agrícolas cultivables de la región de la Costa (FAO, n.d.[67]). La falta de estudios de viabilidad previos a la implantación de sistemas de riego había ocasionado un aumento de los problemas de drenaje y salinidad en 250 000 hectáreas de la región de la Costa en 2015 (FAO, 2015[68]).
Prácticas de gestión del suelo
Perú suscribió la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) con el objetivo mitigar los efectos de la sequía mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, con el apoyo de acuerdos internacionales de cooperación y asociación (United Nations, 2024[69]). Además, en 2013 se puso en marcha el programa presupuestario “Reducción de la degradación de los suelos agrarios” con el fin de mejorar la gestión sostenible de los recursos del suelo en el sector agrícola (MEF, 2019[70]). Este programa se centra en informar a los agricultores sobre la idoneidad de los suelos según los distintos cultivos, así como sobre las habilidades y técnicas necesarias para el aprovechamiento adecuado de estos recursos. Sin embargo, el alcance de estos programas es escaso.
A partir de esta base, el INIA ha estado investigando y promoviendo prácticas destinadas a contrarrestar la erosión del suelo, mejorar la fertilidad y reforzar la resiliencia agrícola frente al cambio climático. Por ejemplo, en 2022, el INIA había implantado estrategias innovadoras de gestión del suelo en todas sus estaciones de investigación, demostrando así la eficacia de los abonos orgánicos y los suplementos de calcio en la mejora de la calidad del suelo y el rendimiento de los cultivos (INIA, 2022[56]). Además, los servicios de extensión del INIA han impartido formación a los productores sobre prácticas agrícolas y de gestión del suelo sostenibles con el fin de combatir la degradación del suelo. En 2022, se impartieron varios programas de formación que llegaron a cientos de productores de diversas regiones, centrados en los abonos orgánicos, el muestreo del suelo y el uso de la cubierta vegetal para rehabilitar los suelos y aumentar la productividad de los cultivos (INIA, 2022[56]).
A pesar de estas iniciativas, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala que la adopción de prácticas de conservación del suelo entre los agricultores debe ser mayor, ya que solo el 0,8 % de ellos había aplicado prácticas de prevención o minimización de la degradación del suelo en 2022 (figura 3.10) (INEI, 2023[71]). Esta discrepancia entre los esfuerzos realizados y los resultados obtenidos subraya la necesidad de contar con un apoyo más eficaz, una mayor capacidad de seguimiento y asistencia técnica para los productores, con el fin de fomentar una adopción generalizada de prácticas agrícolas sostenibles.
Nota: Algunas prácticas cuyo objetivo consiste en prevenir la erosión del suelo son el abancalamiento, la rotación de cultivos, las zanjas de drenaje, las barreras vivas, las barreras inertes, el cultivo en curvas de nivel, la siembra directa o la labranza reducida, las zanjas en laderas, el uso de fertilizantes orgánicos (por ejemplo, el guano) y los sistemas agroforestales, entre otras.
* No hay datos para 2020.
Fuente: INEI (2023[71]), Perú: Evolución de los Indicadores de los Programas Presupuestales 2013-2022, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1920/libro.pdf.
3.1.6. Control de plagas y enfermedades de animales y plantas
Existen iniciativas de salud animal y vegetal, pero el acceso a la información es escaso
El SENASA tiene como objetivo proteger la sanidad animal y vegetal del sector (SENASA, 2005[72]). Ello implica la adopción de medidas de prevención que eviten la entrada y la propagación de plagas y enfermedades reguladas, así como estrategias de gestión del aumento de plagas y enfermedades que tienen repercusiones económicas. Con 64 puestos de control repartidos por todo el país, el SENASA desempeña un papel fundamental a la hora de impedir la entrada y la propagación de plagas reguladas, así como de garantizar que se mantengan los avances logrados en la erradicación de estas amenazas. El SENASA coordina con eficacia estas iniciativas junto con el MINAM, el SERNANP, el SERFOR y el MINSA.
En 2022, el SENASA inició una campaña específica contra la mosca de la fruta en varios departamentos (SENASA, 2022b[73]). Esta iniciativa proporcionó a los productores de fruta y hortaliza herramientas y servicios esenciales para el control eficaz de la mosca de la fruta, entre los que se incluyen la colocación de trampas, el establecimiento de un sistema de vigilancia y medidas directas de control de plagas.
En 2023 se puso en marcha una campaña de vacunación a gran escala para inmunizar a más de 150 000 animales en zonas de riesgo (SENASA, 2023b[74]). Con el objetivo de prevenir la propagación de enfermedades como el ántrax, que pueden agravarse debido a la contaminación del suelo provocada por las inundaciones, esta iniciativa se diseñó para proteger al ganado y la salud pública (SENASA, 2023b[74]). La iniciativa, dirigida a 21 000 familias de varias zonas de la región de la Costa, pone de relieve la importancia de contar con equipos especializados que velen por la salud del ganado (SENASA, 2023b[74]).
Sin embargo, con el cambio climático surgen nuevas plagas y enfermedades, lo que agudiza aún más el problema. Esto obliga al SENASA a revisar constantemente sus estrategias. La falta de acceso a la información y los recursos más recientes para combatir con eficacia las plagas y enfermedades en las pequeñas explotaciones, que predominan en el sector agropecuario peruano, supone un reto importante. Por tanto, es necesario mejorar la formación y la sensibilización en materia de gestión de plagas y enfermedades, en particular en las zonas rurales y entre los pequeños productores. Además, aunque las nuevas tecnologías pueden ayudar a vigilar y controlar las plagas y las enfermedades con mayor eficiencia, su uso generalizado se ve limitado por los elevados costos de estas tecnologías, las dificultades para acceder a ellas y la ausencia de conocimientos sobre cómo utilizarlas de manera correcta.
El uso de plaguicidas es relativamente bajo
Los niveles de uso de plaguicidas en Perú siguen siendo muy inferiores al promedio de la OCDE y a los registrados por varios países de la región, entre ellos Costa Rica y Colombia (figura 3.11). Sin embargo, aunque los niveles continúan por debajo de los registrados en otros países de la región, el uso de plaguicidas por hectárea ha aumentado de forma constante en Perú. Esta tendencia se observa en el incremento de las ventas nacionales de plaguicidas, que han crecido durante las últimas dos décadas a un ritmo aproximado del 8 % anual, al pasar de un consumo de 0,44 kilogramos por hectárea (kg/ha) en el año 2000 a un máximo de 2,18 kg/ha en 2020. En 2022, el uso de plaguicidas volvió a descender hasta los 1,61 kg/ha.
Nota: Valores del período comprendido entre 2000 y 2018 estimados por la Organización para la Alimentación y la Agricultura. Las cifras del período 2019-2022 son datos oficiales.
Fuente: FAO (2024[75]), Insumos agrícolas, https://www.fao.org/faostat/en/#data/RP.
Más allá de los bajos niveles de uso general de plaguicidas, se han logrado avances en el establecimiento de un marco normativo
Perú ha avanzado en el establecimiento de un marco normativo que regula el uso de plaguicidas y asigna responsabilidades a distintos niveles de gobierno. En 2015, el Gobierno creó el Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola, junto con la normativa correspondiente, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente, mantener la eficacia de los plaguicidas y promover su uso y gestión adecuados (MINAGRI, 2015[76]). En este contexto, el SENASA actúa como organismo rector del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola en Perú, y sus responsabilidades abarcan la regulación, la autorización y el control del registro y la comercialización de plaguicidas de uso agrícola. Sin embargo, la supervisión no entra dentro de sus competencias. Los gobiernos regionales y locales, junto con el SENASA, imparten formación sobre buenas prácticas agrícolas. En 2022, el SENASA organizó 1 442 escuelas de campo de agricultores sobre buenas prácticas agrícolas y ganaderas, en las que se formó a más de 32 000 productores en materia de seguridad alimentaria en la agricultura (SENASA, 2022b[73]).
Después, en cumplimiento de la normativa, en 2016 el Ministerio de Salud estableció los límites máximos de residuos de plaguicidas agrícolas en los alimentos destinados al consumo humano (MINSA, 2016[77]). Todos los alimentos que superen estos límites se consideran peligrosos y no aptos para el consumo humano. El uso de algunos plaguicidas está totalmente prohibido6. Las autoridades sanitarias nacionales, regionales y locales son responsables de llevar a cabo la vigilancia en su ámbito de competencia con el fin de supervisar y controlar los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos que figuran en el reglamento. Al objeto de supervisar el cumplimiento de esta normativa, el SENASA creó en 2019 el nuevo Programa Nacional de Monitoreo de Contaminantes en Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos (SENASA, 2019[78]). De acuerdo con esta norma, el SENASA se encarga de elaborar un informe anual en el que se detallen las conclusiones relativas a los residuos químicos y los contaminantes microbiológicos presentes en los alimentos agropecuarios primarios y los piensos.
A pesar del nivel global relativamente bajo de uso de plaguicidas por hectárea en Perú, las iniciativas nacionales de control de residuos de plaguicidas en los alimentos han detectado varios casos en los que las muestras han superado los límites máximos de residuos. En el caso de alimentos básicos como el trigo y la papa, el porcentaje de muestras que superaban dichos límites se mantuvo muy por debajo del 4 % (SENASA, 2023[79]). Sin embargo, esta proporción registró un aumento considerable cuando las muestras se centraron en su mayoría en frutas y hortalizas, donde, de media, más de una cuarta parte de las muestras de residuos de plaguicidas superaron los límites máximos en 2021 (SENASA, 2021[80])7. En 2023, el 22 % de los alimentos de origen vegetal inspeccionados presentaban residuos de plaguicidas que excedían el límite máximo (SENASA, 2023[79]). Estos resultados se dieron sobre todo en siete productos hortícolas (entre ellos, el pimiento, el tomate y el brócoli), que en conjunto representaron más del 50 % de las muestras en las que se superaron los límites máximos de residuos. Además, en 2022 también se encontraron restos de plaguicidas en el 17 % de las muestras de productos ecológicos, como la quinua y el café (SENASA, 2023a[81]). A causa de la exposición actual a la contaminación por plaguicidas en la región andina (Honles, 2022[82]), así como las posibles amenazas que supone el uso de plaguicidas para la biodiversidad, es necesaria una normativa más estricta y el fomento constante de la adopción de buenas prácticas agrícolas que protejan el medio ambiente y la salud pública.
3.1.7. Aporte de fertilizantes y balance de nutrientes
El aporte de nutrientes por hectárea (tanto de nitrógeno como de fósforo) en Perú se sitúa muy por debajo de los promedios regionales y de la OCDE. No obstante, los niveles actuales han aumentado en comparación con el año 2000, ya que el aporte de nitrógeno por hectárea de tierra de cultivo pasó de 37,2 kg/ha en 2000 a 45 kg/ha en 2022 (figura 3.12). En el caso del fósforo, durante el período 2012-2022 se observó una disminución media anual del 3,47 %, con un fuerte descenso en Perú, así como en varios países vecinos a partir de 2020. (FAOSTAT, 2025[83])
Nota: ALC: América Latina y el Caribe. Valores estimados por la Organización para la Alimentación y la Agricultura. El aporte de fósforo se refiere en concreto al fosfato P2O5. Los países de ALC incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.
Fuente: FAOSTAT (2025[83]), https://www.fao.org/faostat/en/#data.
Si se analizan solo las tierras de cultivo, las tendencias en los balances de nutrientes muestran que los balances de nitrógeno y fósforo se sitúan muy por debajo del valor medio estimado para los países de la OCDE cuando se utiliza la metodología la Base de Datos Estadísticos Sustantivos de la Organización (FAOSTAT)8 (figura 3.13). Con el paso del tiempo, las tendencias en los balances de nutrientes del fósforo y el nitrógeno han variado. En el caso del nitrógeno, se ha observado en general una tendencia moderada al alza, mientras que el balance de fósforo es bajo y ha ido disminuyendo, lo que sugiere una reducción de la carga excesiva de nutrientes. Ahora bien, a pesar del aumento de los excedentes de nitrógeno, los valores continúan situándose por debajo del promedio de los países de la OCDE cuando se utiliza la misma metodología.
Aunque los excedentes de nutrientes en Perú son inferiores a los de sus homólogos regionales, la eficiencia de la aplicación de nitrógeno en las tierras de cultivo peruanas en 2022 se estimó en un 42,7 %, un valor inferior al promedio de América Latina y el Caribe, que es del 64 %, y a la media mundial, del 63 % (FAOSTAT, 2025[1]). Por otra parte, la eficiencia en la aplicación de fósforo fue mucho mayor, pues se situó en el 77,7 %. Estos datos evidencian que existe margen para reducir aún más el exceso de nutrientes mediante la adopción de prácticas mejoradas que aumenten la eficiencia en el uso de los nutrientes.
Nota: Tanto el balance de nitrógeno como el de fósforo solo incluyen la superficie de tierras de cultivo.
Fuente: FAOSTAT (2024[84]), Balance de nutrientes de las tierras de cultivo, https://www.fao.org/faostat/en/#data/ESB.
3.1.8. Emisiones de amoníaco
El aporte de nutrientes a los suelos agrícolas provoca la emisión de amoníaco (NH₃) por volatilización, lo que contribuye a la contaminación atmosférica. Este amoníaco puede depositarse después en el suelo y el agua, y provocar una mayor contaminación o formar finos aerosoles que suponen un riesgo para la salud humana.
Las emisiones totales de amoníaco procedentes de la agricultura en Perú se estiman en 187 600 toneladas (t) en 2022 (figura 3.14), una cifra muy inferior al promedio de la OCDE, de 364 144 toneladas (OECD, 2025[51]). Con el paso del tiempo, como consecuencia de la expansión del sector agrícola, las emisiones de amoníaco han aumentado de forma constante. La contribución relativa de las emisiones de amoníaco procedentes de la agricultura en Perú representa el 90 % del total de las emisiones nacionales. La contribución del sector ganadero a las emisiones totales de amoníaco fue del 25 %, mientras que la producción vegetal constituyó el 65 % de las emisiones agrícolas.
Fuente: Centro Común de Investigación (2024[85]), ficha informativa sobre Perú de la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global (EDGAR), https://edgar.jrc.ec.europa.eu/country_profile.
La reducción de las emisiones de amoníaco en el sector agrícola sigue siendo un reto importante. La rápida expansión de las explotaciones avícolas en las zonas centrales de la región de la Costa, como el distrito de Alto Laran, constituye una zona crítica en cuanto a emisiones de amoníaco (Martin Van Damme, 2018[86]). Perú ha estado realizando un seguimiento de las sustancias químicas inorgánicas presentes en el río Rímac, y ha registrado una disminución de los niveles de amoníaco, que han pasado de 0,328 miligramos por litro en 2016 a 0,21 en 2023 (INEI, 2024[28]).
3.2.1. Contexto de las políticas hídricas
Perú es el 8.º país con mayores recursos hídricos del mundo y el 3.º de América Latina, por detrás de Brasil y Colombia (OECD, 2021[87]). El río Amazonas, el río más grande y profundo del mundo, tiene su origen principalmente en dos ríos, el Ucayali y el Marañón, ambos nacidos en los glaciares andinos de Perú (FAO, 2015[88]). Los glaciares del país se encuentran en las zonas altas de los Andes, a unos 5 000 metros sobre el nivel del mar, y constituyen importantes reservas de agua dulce para ríos y lagos. Sin embargo, el cambio climático ha provocado su continuo declive. La superficie glaciar total se ha reducido en un 53,1 %, al pasar de 2 043 kilómetros cuadrados (km2) en el período de 1962 a 1970 a 944 km2 entre 2016 y 2023 (INEI, 2024[28]).
La distribución de la disponibilidad de recursos de agua dulce en todo el país es asimétrica. Perú cuenta con tres cuencas hidrográficas principales: el Pacífico, el Atlántico y el lago Titicaca, gestionados por 159 unidades hidrológicas que abastecen de agua a todo el país. Alrededor del 98,2 % del agua dulce disponible procede de la vertiente atlántica, que abarca la cuenca del Amazonas y abastece a un territorio donde vive el 31 % de la población, mientras que solo el 1,5 % procede del Pacífico, donde se concentra el 65 % de la población. A pesar de los escasos recursos hídricos de la cuenca hidrográfica del Pacífico, más de dos tercios del PIB agrícola proceden de allí (FAO, 2015[89]).
Fuente: INEI (2024[28]), Perú: Anuario de Estadísticas Ambientales 2024, https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/6344095-peru-anuario-de-estadisticas-ambientales-2024.
Perú ocupa el puesto 37.º entre los Miembros de las Naciones Unidas en cuanto al nivel de estrés hídrico y el 3.º en América Latina y el Caribe (World Resources Institute, 2023[90]). Como país con un “elevado estrés hídrico”, en la actualidad utiliza entre el 40 % y el 80 % de sus recursos hídricos disponibles. Los niveles de estrés hídrico varían en todo el país. La región de la Costa, donde reside la mayor parte de la población y que se caracteriza por sus actividades agrícolas extensivas y por ser la principal fuente de ingresos por exportaciones, es la zona más afectada. Por ejemplo, se considera que los departamentos de Lima, Lambayeque y Arequipa sufren un estrés hídrico extremadamente elevado (>80 %), mientras que otras regiones, como la región de la Selva, donde se encuentran los departamentos de Amazonas y Ucayali, presentan un estrés hídrico bajo (<10 %) (Tabla 3.4).
Nota: El nivel de estrés hídrico se basa en el indicador de estrés hídrico de referencia y se mide a partir del volumen total de extracción bruta.
Fuente: Instituto de Recursos Mundiales (2023[90]), conjunto de datos Aqueduct 4.0 Country Rankings, https://www.wri.org/data/aqueduct-30-country-rankings.
La economía peruana depende de la exportación de productos básicos agroalimentarios con un alto consumo de agua, como los espárragos verdes, las uvas y los aguacates. Dado que la producción agrícola de estos productos se concentra en la región de la Costa, la demanda de agua se ha disparado en estas zonas y, en consecuencia, se ha agravado la escasez de agua. La pérdida de glaciares a lo largo del tiempo empieza a contribuir a la escasez de agua durante las estaciones secas, ya que hay menos agua disponible, lo que empeora los retos a los que se enfrenta el sector agrícola (CEPLAN, 2023[91]). Los fenómenos climáticos, como El Niño, agudizados por la crisis climática, alteran el ciclo hidrológico de forma exponencial, de modo que se reduce el suministro de agua debido a inundaciones masivas (CEPLAN, 2024[92]).
3.2.2. Retiradas de agua para la agricultura
La extracción de agua dulce destinada a la agricultura es elevada
El porcentaje de extracción de agua dulce destinada a la agricultura es considerable, ya que representó alrededor del 85 % del total de extracciones de agua dulce en 2021 (figura 3.15). Esto sitúa a Perú en el extremo superior de la escala entre sus vecinos de la región, ya que solo Chile y Colombia registran porcentajes más elevados de retirada de agua para la agricultura. En general, la región presenta tasas superiores al promedio de la OCDE, que es del 49 %.
Fuente: Banco Mundial (2025[2]), Indicadores del Banco Mundial, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.
Los elevados niveles de estrés hídrico en determinadas regiones plantean importantes retos para la agricultura. En la región de la Costa, donde el recurso ya es escaso, el crecimiento demográfico y los cultivos que requieren un gran consumo de agua agravan el problema. Las deficiencias en materia de seguridad hídrica en la agricultura le cuestan a Perú entre el 0,7 % y el 0,8 % del PIB cada año (WBG, 2023[93]). Parte del problema radica en que la ejecución de las obras públicas y las alianzas público-privadas se ha enfrentado a diversos obstáculos, entre los que se encuentran los retrasos, los sobrecostos y la corrupción.
El uso de sistemas de riego a presión sigue siendo escaso
Los sistemas de riego, combinados con una gestión eficaz del agua, pueden mejorar la productividad, lo que animaría a los agricultores a cultivar productos de mayor valor y a aumentar la resiliencia frente a la variabilidad climática. Si se tiene en cuenta una definición amplia de los sistemas de riego en Perú, alrededor del 34,4 % de la superficie cosechada era de riego en 2024, mientras que el 53,6 % de las explotaciones agrícolas con cultivos cosechados contaban con un sistema de riego (figura 3.16). El sistema de riego utilizado recurre, en general, a formas tradicionales y ancestrales de riego, como el riego por gravedad mediante surcos a través de redes de canales abiertos, sin revestimiento y con tomas rudimentarias de agua (INEI, 2023[94]).
Nota: Los datos solo se refieren a la muestra de la Encuesta Nacional Agropecuaria; no son representativos de todo el sector.
Fuente: INEI (2023[94]), Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 - Principales Resultados: Pequeñas y Medianas Unidades Agropecuarias 2014-2019 y 2021-2022, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1912/libro.pdf; INEI (2025[95]), Productores Agropecuarios – Principales Resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), 2018-2019 y 2022-2024, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8237929/6879473-productores-agropecuarios-principales-resultados-de-la-encuesta-nacional-agropecuaria-ena-2018-2019-y-2022-2024%282%29.pdf?v=1750438114.
Según datos de la FAO, alrededor de un 10,6 % de la superficie agrícola de Perú está equipada para el riego (figura 3.17). Se trata de uno de los valores más altos de la región, seguido de Chile (10,4 %) y Costa Rica (9,4 %). Sin embargo, Perú solo ha alcanzado alrededor del 41 % de su potencial de riego, mientras que el 57 % de la infraestructura de riego y drenaje existente en el país se encuentra en mal estado (World Bank, 2023[96]).
Porcentaje de la superficie agrícola total
Notas: Superficie terrestre dotada de infraestructura y equipo de riego en buen estado de funcionamiento para abastecer de agua a los cultivos. No es necesario que el equipo se haya utilizado durante el año de referencia.
Fuente: FAO (2025[97]), Uso de la tierra, https://www.fao.org/faostat/en/#data/RL.
En los últimos años ha ido aumentando el uso de sistemas de riego a presión, como el riego por goteo, por microaspersión o aspersión o por multicompuertas y manguitos. Aproximadamente el 25,4 % de los agricultores que disponen de un sistema de riego utilizaron estos sistemas avanzados en 2022, lo que supone un aumento considerable con respecto al 13,4 % registrado en 2014 (figura 3.18). Al mismo tiempo, el porcentaje de tierras agrícolas de regadío con sistemas de riego a presión era del 19,1 % en 2024.
Nota: Los sistemas de riego a presión incluyen las técnicas de exudación, goteo, microaspersión, aspersión, multicompuertas y manguitos. Los datos solo se refieren a la muestra de la Encuesta Nacional Agropecuaria; no son representativos de todo el sector.
Fuente: INEI (2023[71]), Perú: Evolución de los Indicadores de los Programas Presupuestales 2013-2022, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1920/libro.pdf; INEI (2025[95]), Productores Agropecuarios – Principales Resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), 2018-2019 y 2022-2024, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8237929/6879473-productores-agropecuarios-principales-resultados-de-la-encuesta-nacional-agropecuaria-ena-2018-2019-y-2022-2024%282%29.pdf?v=1750438114.
3.2.3. Gobernanza y gestión del agua
La Autoridad Nacional del Agua se encarga de la gestión del agua en Perú
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) dirige el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Esta red de colaboración incluye ministerios gubernamentales, gobiernos regionales y locales, organizaciones de usuarios del agua y representantes de agricultores y comunidades indígenas. Este sistema fomenta la gestión integrada del agua y los servicios relacionados con ella en todo el país, coordinando las iniciativas en materia de saneamiento, predicción meteorológica, energía y minería, evaluación ambiental y gestión costera.
La ANA opera desde Lima y cuenta con 14 oficinas regionales que gestionan las 159 unidades hidrológicas distribuidas por todo el país. Estos organismos descentralizados se encargan de la gestión y la administración regional de los recursos hídricos, como la concesión de derechos de uso del agua, el control de uso del suministro de agua y la gestión de la retribución económica por el uso del agua. Además, evalúan y gestionan los riesgos asociados a los glaciares, las lagunas y las fuentes de agua subterránea. La ANA recibe apoyo de 72 autoridades administrativas locales del agua y 14 consejos de recursos hídricos de cuenca, lo que contribuye a un enfoque integral y participativo de la gestión del agua.
Aunque este sistema de gobernanza multinivel resulta adecuado en teoría, persisten las dificultades en lo que respecta a la coordinación intersectorial y la colaboración pública en la gestión de los recursos hídricos, así como una participación desigual por parte de los distintos usuarios del agua (ANA, 2023[98]; OECD, 2021[87]). Dado que la ANA depende del MIDAGRI, la responsabilidad de supervisar la gestión del agua en el ámbito de la agricultura plantea metas contradictorias, lo que dificulta la coherencia en la gestión sostenible del agua y el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Por ejemplo, tanto el MIDAGRI como la ANA están elaborando sendas directrices para la gestión de las aguas subterráneas por separado, sin mucha coordinación. Dado que la agricultura consume más del 80 % del agua del país, este sistema subordina el organismo nacional al principal usuario del agua al que debe supervisar.
Este diseño institucional puede favorecer los intereses agrícolas en las decisiones relativas a la asignación de recursos hídricos y su infraestructura, en detrimento de las necesidades de otros sectores fundamentales, como la protección ambiental, el consumo doméstico y la energía. En consecuencia, la capacidad de la ANA de garantizar el cumplimiento imparcial de la normativa, promover el uso eficiente del agua y llevar a cabo una gestión integrada de las cuencas se ve mermada desde el punto de vista estructural, lo que obstaculiza el avance de Perú hacia la seguridad hídrica sostenible.
Perú también se enfrenta a conflictos en múltiples sectores, como el desarrollo urbano, la minería, la agricultura y la conservación. Esta situación se ve agravada por la falta de una política nacional sobre el uso de la tierra y por la escasa coordinación con los sectores económicos (OECD, 2021[6]). Además, las instituciones y los enfoques de Perú siguen inclinándose por soluciones de aumento de la oferta en lugar de centrarse en la gestión de la demanda de agua. A pesar de contar con un marco jurídico sofisticado, la capacidad institucional de Perú para aplicarlo aún debe desarrollarse, lo que pone de manifiesto una brecha significativa entre la política y la práctica en cuanto a la gestión del agua (OECD, 2021[6]).
Inversiones destinadas a la mejora de la disponibilidad de agua en la agricultura
En 2012 se puso en marcha el programa presupuestario Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario con el fin de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos en el sector agrícola (MEF, 2019[70]; MINAGRI, 2019[99]). Esta iniciativa invierte en proyectos de riego, incluidas técnicas avanzadas. Ofrece programas personalizados destinados a mejorar el conocimiento técnico de los agricultores y de los profesionales de las administraciones regionales y locales en materia de gestión y uso de los recursos hídricos. Además, los Lineamientos de Política y Estrategia Nacional de Riego 2015-2025 sientan las bases para mejorar la eficiencia en el uso del agua y ampliar el acceso al riego en las regiones áridas (MINAGRI, 2015[100]).
Se han dedicado importantes inversiones a proyectos de riego extensivo en la región de la Costa con el fin de extender la frontera agrícola e impulsar la productividad en todo el país. Mediante alianzas público-privadas entre 2002 y 2022, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) facilitó la puesta en marcha de tres grandes proyectos de riego a través de este modelo, lo que permitió atraer inversiones por un total de 1 118 millones de dólares estadounidenses (tabla 3.5).
Fuente: ProInversión (2024[101]), 20 años impulsando infraestructura y servicios públicos, https://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/0/1/JER/QUIENES_SOMOS_PI/LibroProInversion20anhos.pdf.
Estos proyectos de regadío a gran escala pueden mejorar la seguridad alimentaria e hídrica, siempre y cuando vayan acompañados de una gestión hídrica sólida. Por ejemplo, el Proyecto Especial Chavimochic tiene como objetivo aprovechar los recursos hídricos del río Santa para regar 144 385 hectáreas en los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama; resolver la escasez de agua potable en Trujillo; y facilitar la generación de energía eléctrica (Chavimochic, 2024[102]). Tras la finalización de su primera y segunda etapa en 1997, esta inversión de 960 millones de dólares estadounidenses ha mejorado considerablemente el riego de 28 263 hectáreas, y está previsto ampliarlo en la tercera etapa (Chavimochic, 2024[102]).
Además de estas inversiones, el Gobierno también ha dado prioridad a las instalaciones de riego a través de sus 25 Proyectos Emblemáticos, que forman parte de la estrategia nacional de Perú para ampliar la superficie agrícola de regadío y modernizar la infraestructura hídrica (El Peruano, 2025[103]). También se ha prestado especial atención al riego destinado a los pequeños agricultores. En 2013, la creación del Fondo Sierra Azul supuso un avance importante en la resolución de los problemas relativos al acceso al agua y su gestión en las actividades agrícolas del Altiplano andino (región de la Sierra), en particular en zonas situadas a más de 1 500 metros sobre el nivel del mar (Congreso de la Republica, 2013[104]). La misión principal del fondo es impulsar la productividad agrícola y promover el desarrollo sostenible mediante el financiamiento de la construcción, rehabilitación y mejora de la infraestructura de riego esencial, como canales, presas y embalses o qochas. Creado ese mismo año, el Fondo Mi Riego se dedica a empoderar a las comunidades de los altos Andes con el fin de que puedan afrontar mejor la variabilidad climática y, en consecuencia, conseguir una reducción notable de los niveles de pobreza y pobreza extrema.
Las medidas adoptadas en el ámbito de la oferta han mejorado la disponibilidad de agua, pero siguen existiendo dificultades a la hora de reducir la demanda de agua para la agricultura en muchos otros países. El sector agrícola se beneficia de tarifas preferenciales en el suministro de agua. Las tarifas del agua, que se pagan en soles por metro cúbico, varían en función de si el agua procede de aguas superficiales o subterráneas, así como del nivel de disponibilidad de agua y de la tasa de explotación. En todo caso, el agua destinada a fines agrícolas tiene un precio inferior al de los usos no agrícolas, como la industria, la minería o el uso público (véase el capítulo 2). Según la Autoridad Nacional del Agua de Perú, en 2017 los ingresos recaudados por las tasas de retirada y descarga de aguas residuales tratadas ascendieron a unos 50 millones de dólares estadounidenses, de los cuales el 15 % correspondió a usos agrícolas (OECD, 2021[6]).
Los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos destinados a la regulación del agua recurren a medidas estratégicas de gestión y conservación, iniciativas de recuperación, prácticas sostenibles y enfoques ecosistémicos tradicionales. Estos mecanismos están diseñados con el objetivo de generar, mantener, mejorar u optimizar la disponibilidad y la cantidad de agua para diversos fines, entre los que se incluyen los usos residenciales, la agricultura, la producción de energía, la acuicultura y aplicaciones industriales (Congreso de la Republica, 2014[105]; MEF, 2015[106]; MINAM, 2016[107]; 2021[108]; 2015[109]). En 2020, Perú había registrado 52 iniciativas hidrológicas en el marco de este sistema, lo que supone un aumento significativo con respecto a las 17 registradas en 2013.
Se ha observado un avance moderado en la consecución de su objetivo de gestión integrada de los recursos hídricos. Se ha progresado en la elaboración de planes de gestión de los recursos hídricos de las cuencas y en la actualización de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Además, se han logrado mejoras en la gestión de las cuencas transfronterizas, con el respaldo de acuerdos internacionales y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (ANA, 2023[98]).
En Perú se está llevando a cabo la práctica de la cosecha de agua, que consiste en recoger el agua de lluvia en el subsuelo para su posterior recuperación. Este proceso se lleva a cabo mediante la construcción de zanjas de infiltración y embalses, la conservación y recuperación de praderas, así como la forestación y la reforestación, con el fin de prepararse para las estaciones secas. En las zonas más áridas de la región de la Costa, los agricultores también utilizan las qochas (lagunas o huertos hundidos), que se construyen en amplias depresiones en las que se siembran las semillas en el fondo de las capas húmedas de los horizontes inferiores del suelo (EC JRC, 2014[63]). El aprovechamiento de la humedad del subsuelo reduce la necesidad de riego.
En reconocimiento de la importancia de esta técnica ancestral, en 2019 la implementación de la siembra y cosecha de agua se declaró una cuestión de interés nacional y de necesidad pública en las partes altas y medias de las cuencas (Congreso de la Republica, 2019[110]). Entre 2017 y 2020, el Fondo Sierra Azul invirtió en torno a 78 millones de soles peruanos (19 millones de dólares estadounidenses) en proyectos de recogida de agua, que beneficiaron a 42 542 hectáreas de terreno y a 32 116 familias (Fondo Sierra Azul, 2021[111]).
3.2.4. La calidad del agua y la agricultura
Solo el 25 % de las masas de agua supervisadas en Perú presentan una “buena” calidad del agua ambiental9 (World Bank, 2023[96]). En las zonas del interior, la contaminación agrícola es la que más afecta a la calidad del agua debido a la escorrentía de nitrógeno, plaguicidas y sedimentos. La cuenca hidrográfica del Pacífico sufre un grave perjuicio por la contaminación del agua, y los vertidos de petróleo y mercurio afectan a los ríos amazónicos de la cuenca del Atlántico, a menudo debido a actividades mineras ilegales (OECD, 2021[87]). Asimismo, la contaminación del agua se ha vinculado a conflictos derivados de este recurso que afectan a las comunidades indígenas, las cuales suelen sufrir las consecuencias de estos problemas medioambientales.
La rehabilitación y la protección de la calidad de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y sus respectivos ecosistemas constituyen uno de los objetivos de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (MINAGRI, 2015a[15]). A fin de cumplir este objetivo, la Autoridad Nacional del Agua puso en marcha la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos, un plan de acción que abarca soluciones técnicas, marcos normativos y estrategias de gestión (ANA, 2016[112]). Este plan establece objetivos inmediatos y a largo plazo, identifica a las partes interesadas clave, fija indicadores de rendimiento y describe los resultados previstos para los próximos diez años. Está diseñado al objeto de mejorar la calidad del agua mediante la reducción de los contaminantes en las aguas residuales, abordando los problemas medioambientales, conservando el agua para su uso futuro y reforzando la capacidad institucional.
Además, el Gobierno ha establecido estándares de calidad ambiental con vistas a determinar los niveles aceptables de diversos contaminantes en el aire, el agua y el suelo. Estos estándares constituyen la base de la normativa legal, las políticas públicas y las iniciativas de gestión medioambiental (MINAM, 2005[8]). Desde su implantación inicial en 2008, los estándares de calidad ambiental para el agua se actualizaron en 2015 y 2017, con una normativa consolidada cuyo objetivo es garantizar que estos estándares se adapten a los cambios en las necesidades medioambientales y continúen protegiendo con eficacia el ecosistema (MINAM, 2008[113]; 2009[114]; 2015[115]; 2017[116]).
La Autoridad Nacional del Agua ha puesto en marcha un plan integral de supervisión e identificación de las fuentes de contaminación con el fin de evaluar la calidad del agua en diversas masas de agua naturales, como ríos, lagos y lagunas. Con este propósito, utiliza un protocolo que establece criterios y procedimientos técnicos uniformes de control de la calidad del agua (ANA, 2016[117]).
Aunque Perú ha formulado su marco institucional de gestión del agua, las deficiencias en materia de coordinación y capacidad siguen constituyendo un obstáculo para su aplicación efectiva. Además, los períodos de inestabilidad política han afectado a los sectores del agua y el saneamiento, ya que durante ese mismo período se nombraron cuatro Ministros del Ambiente y la rotación de personal en la administración pública provocó cambios en las prioridades y los presupuestos (OECD, 2021[87]).
3.3.1. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura en Perú
Las emisiones agrícolas directas son relativamente bajas; sin embargo, junto con las emisiones derivadas del uso de la tierra, del cambio de uso de la tierra y de la silvicultura, constituyen la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
Perú solo contribuye con un 0,4 % a las emisiones mundiales de GEI. Las emisiones totales aumentaron de 171 176 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (Gt de CO2eq) en 2010 a 194 895 Gt de CO2eq en 2021, con un máximo de 212 782 Gt de CO2eq en 2020 (figura 3.19), seguido de un descenso en 2021 (últimos datos disponibles).
Nota: UTCUTS: uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura
Fuente: CMNUCC (2025[118]), Peru. 2024 National Inventory Document (NID), https://unfccc.int/documents/645281.
Al analizar la contribución de los distintos sectores de Perú a las emisiones de GEI del país, el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura se revelaron como los factores que más contribuyen a ellas, ya que representaron alrededor del 43,5 % del total de emisiones en 2021 (tabla 3.6). Esto se debe a la conversión de terrenos forestales y praderas en tierras de cultivo, o a la pérdida de árboles y la degradación forestal generalizada provocadas por la minería en la Amazonía peruana. El porcentaje de las emisiones directas de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura se situó en torno al 15,3 % y constituye la mitad de las emisiones del sector energético.
Notas: UTCUTS: uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura
Fuente: CMNUCC (2025[118]), Peru. 2024 National Inventory Document (NID), https://unfccc.int/documents/645281.
Se han producido mejoras sustanciales en la intensidad de los GEI en el sector agrícola. Aunque las emisiones procedentes de la agricultura han aumentado, lo han hecho a un ritmo mucho más lento que el de la producción
Desde el año 2000, el valor de la producción agrícola (en dólares estadounidenses constantes) se ha más que duplicado, mientras que las emisiones procedentes de la agricultura han aumentado un 17 %, lo que implica una importante reducción de la intensidad de las emisiones de GEI en dicho sector. Entre 2000 y 2021, la tasa media de crecimiento de las emisiones de GEI procedentes de la agricultura se situó en torno al 0,8 %, y las emisiones totales aumentaron de 25 424 Gt de CO2eq en 2000 a 29 773 Gt de CO2eq en 2021 (figura 3.20). La mayor parte del aumento de las emisiones de GEI se concentró en el período 2000-2010, en el que las tasas de crecimiento superaron el 1 %, mientras que la tasa media de crecimiento de las emisiones de GEI producidas por la agricultura se ha reducido a menos de la mitad desde 2011. La contribución de los distintos componentes agrícolas apenas ha experimentado cambios, y es la fermentación entérica la que representa el mayor porcentaje de emisiones a lo largo de todo el período, seguida de las emisiones directas de óxido nitroso (N2O) procedentes de la gestión del suelo y de las emisiones indirectas de N2O asociadas a dicha gestión.
Fuente: CMNUCC (2025[118]), Peru. 2024 National Inventory Document (NID), https://unfccc.int/documents/645281.
La fermentación entérica destaca como la principal fuente de emisiones directas, ya que representó alrededor del 53 % de las emisiones directas de la agricultura en 2021 (figura 3.21). Esto incluye el proceso digestivo del ganado, que provoca la emisión de metano, un potente GEI. Las emisiones derivadas de la gestión del suelo constituyen la segunda fuente más importante, con alrededor del 35 % de las emisiones directas de GEI de origen agrícola. El principal GEI emitido por el sector agrícola es el metano (CH₄), con un 60,8 %, seguido del óxido nitroso (N₂O), un 37,8 %, y, por último, el dióxido de carbono (CO2), un 1,5 % (UNFCCC, 2025[118]). Sin embargo, en términos relativos, Perú presenta una intensidad de GEI muy elevada en el caso de los cereales (excluido el arroz), con 0,4 kg de CO2eq por kg de producto, frente a los 0,2 kg de CO2eq por kg de producto tanto de América Latina y el Caribe como del promedio mundial (FAOSTAT, 2025[1]). Ello brinda la oportunidad de reducir las emisiones en el sistema de producción de cereales de Perú.
Fuente: CMNUCC (2025[118]), Peru. 2024 National Inventory Document (NID), https://unfccc.int/documents/645281.
3.3.2. Los compromisos de Perú en materia de cambio climático
Perú ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 (Congreso de la Republica, 1993[119]). Asimismo, ratificó el Protocolo de Kyoto en 2002, que entró en vigor oficialmente en 2005, por el que Perú se comprometió, junto con los demás países participantes, a limitar y reducir las emisiones de GEI mediante metas individuales acordadas (UNFCCC, 1997[120]; MRREE, 2002[121]). En la 18.º Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2012, el Protocolo de Kyoto entró en su segundo período de compromiso, que abarcó desde 2013 hasta 2020 (UNFCCC, 2024[122]). El impulso se mantuvo en 2013 durante la 19.º Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde los países acordaron iniciar o intensificar la preparación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), cuya presentación estaba prevista para 2015 (UNFCCC, 2024[122]). En 2016, Perú asumió un papel de liderazgo al convertirse en el primer país de Hispanoamérica en ratificar el Acuerdo de París (MRREE, 2016[123]).
La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050 establece el marco de Perú a la hora de abordar las cuestiones climáticas, alineando al país con sus obligaciones internacionales en virtud de la CMNUCC (MINAM, 2015[124]). Con el objetivo de adaptarse a los efectos adversos y aprovechar las oportunidades que plantea el cambio climático, la estrategia establece la visión del desarrollo sostenible y con bajas emisiones de carbono en Perú. Esta se actualizó y aprobó mediante decreto supremo en 2024. Con el propósito de complementar esta iniciativa nacional, cada región debe elaborar una estrategia regional sobre el cambio climático que identifique los sectores y áreas vulnerables y defina medidas para reducir los efectos del cambio climático y mejorar la mitigación de los gases de efecto invernadero (Congreso de la Republica, 2002[125]). Los gobiernos regionales que están impulsando su estrategia cuentan con el apoyo de grupos de trabajo especializados en el cambio climático.
3.3.3. Las medidas nacionales de mitigación adoptadas en Perú
En el marco del Acuerdo de París, las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) de Perú establecen el compromiso de limitar las emisiones netas de GEI del país a 208,8 millones de toneladas (Mt) de CO2eq para 2030, lo que representa una reducción del 30 % de las emisiones de GEI con respecto a los niveles de 2010 (Convention on Bioldogical Diversity, 2024[36]). Además, existe un ambicioso objetivo de reducir las emisiones en un 10 % adicional, siempre y cuando se reciba apoyo y financiamiento internacional. A fin de alcanzar este objetivo, Perú debe invertir la tendencia al alza de las emisiones de GEI observada en los últimos años.
Además, Perú reconoce la posibilidad de reducir aún más sus emisiones netas hasta los 179,0 Mt de CO2‑eq, siempre que se consiga apoyo financiero internacional y se den las circunstancias favorables, por lo que establece este objetivo como condicional (MINAM, 2020[126]). Las CDN de Perú para 2015 se actualizaron e incluyeron el compromiso de reducir las emisiones de GEI en un 40 % con respecto al escenario de ausencia de cambios de 2015 antes de 2030. Esto incluye una reducción del 30 % mediante medidas incondicionales y un 10 % adicional que depende de la ayuda externa. El escenario de referencia preveía unas emisiones para 2030 de 298,3 Mt de CO2eq, lo que pone de relieve el compromiso de Perú con la acción climática.
El Gobierno ha aprobado 62 medidas de mitigación en sectores clave como la energía, los procesos industriales, la agricultura, el uso de la tierra y la silvicultura, y los residuos, como parte de sus CDN de lucha contra el cambio climático. Entre ellas se encuentran seis medidas de mitigación específicas destinadas a reducir las emisiones directas del sector agrícola (tabla 3.7).
Mt de CO2eq
Fuente: MINAM (2024[127]), Catálogo de Medidas de Mitigación, https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/357226-catalogo-de-medidas-de-mitigacion.
Además, la lucha contra la deforestación es un reto fundamental al que se enfrenta Perú, ya que el uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra son las principales causas de sus emisiones de GEI. Dado el papel que desempeña la expansión agrícola en la pérdida de bosques, esto genera dificultades concretas al sector agrícola (véase la sección 3.5). En el marco de sus CDN del Acuerdo de París, Perú se ha comprometido formalmente a aplicar ocho medidas de lucha contra la deforestación. Estas medidas pueden considerarse iniciativas REDD+10, es decir, programas centrados en reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal, mejorar la conservación y la gestión forestal sostenible, y aumentar las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo (tabla 3.8).
Mt de CO2eq
Fuentes: MINAM (2024[127]), Catálogo de Medidas de Mitigación, https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/357226-catalogo-de-medidas-de-mitigacion; MINAM (2024[128]), REDD y REDD+: iniciativas para reducir las emisiones de carbono, https://www.minam.gob.pe/prensa/dialogos-ambientales/redd-y-redd-iniciativas-para-reducir-las-emisiones-de-carbono/.
3.3.4. Repercusiones generales del cambio climático
Perú presenta 7 de las 9 vulnerabilidades identificadas por la CMNUCC como indicadores de los países que corren un riesgo especial ante los efectos del cambio climático (MINAM, 2015[124]): 1) zonas costeras de baja altitud susceptibles al aumento del nivel del mar; 2) regiones áridas y semiáridas propensas a la escasez de agua; 3) zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, sequías y desertificación; 4) ecosistemas montañosos frágiles y sensibles a las variaciones de temperatura; 5) regiones con alto riesgo de desastres naturales; 6) zonas urbanas con importantes problemas de contaminación atmosférica; y 7) una economía que depende en gran medida de los ingresos procedentes de la extracción y el consumo de combustibles fósiles (MINAM, 2015[124]).
Se ha producido un aumento significativo de los fenómenos meteorológicos extremos, al pasar de los 1 608 casos registrados en 2003 a los 3 562 casos de 2018, entre los que se incluyen lluvias intensas, deslizamientos de tierra, heladas e inundaciones (CEPLAN, 2024[129]). En 2023, las lluvias intensas representaron el 47 % del total de emergencias provocadas por fenómenos naturales y han ocupado el primer puesto cada año desde 2017 (INEI, 2024[28]). Por detrás se situaron los fuertes vientos (18 %) y las bajas temperaturas (14 %).
Los últimos años han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la agricultura peruana ante los fenómenos meteorológicos extremos. Entre 2013 y 2022, en torno a 1 550 000 hectáreas de superficie agrícola resultaron dañadas a causa de los desastres naturales (INEI, 2023[3]). Además, el PIB agrícola se redujo un 3 % en 2023 (el nivel más bajo desde 1992), lo que se atribuyó en gran medida al fenómeno de El Niño que afectó a la región de la Costa (BCRP, 2023[130]). Productos como los arándanos, las uvas, los aguacates y los mangos, que necesitan temperaturas más frescas, se vieron afectados en particular durante la temporada de 2023, que fue más cálida de lo habitual. La sequía de finales de 2024 afectó tanto a la cosecha de 2024 como a la siembra de 2025 (Tridge, 2024[131]), seguida de intensas lluvias en marzo de 2025. Estos acontecimientos afectaron sobre todo a los productores de la costa norte.
La vulnerabilidad ante este tipo de desastres se ve agravada por la escasez de prácticas de gestión de riesgos. En 2018, se estimó que alrededor de 5,5 millones de peruanos se encontraban en riesgo de sufrir lluvias intensas, 2,6 millones estaban expuestos a sequías, 5,6 millones eran vulnerables a las heladas y las olas de frío, y 14 millones corrían el riesgo de sufrir inseguridad alimentaria (MINAM, 2018[132]).
Estos efectos se distribuyen de forma desigual por todo el país, en función de factores socioeconómicos, regionales y de pobreza. Las poblaciones de ingreso bajo son muy vulnerables a los problemas de salud relacionados con el clima, que empeoran a causa de factores sociales y geográficos. Además, el aumento de las temperaturas, la variabilidad climática y las deficiencias en el saneamiento y la gestión de residuos pueden incrementar la prevalencia de diversas enfermedades infecciosas. En 2023, el gasto público en prevención del riesgo de desastres ascendió a unos 2,9 millones de soles peruanos (750 000 dólares estadounidenses), lo que supone un aumento del 108 % con respecto a 2022 (INEI, 2023[3]).
3.3.5. Repercusiones del cambio climático en la agricultura peruana
El Portal de Conocimiento sobre el Cambio Climático del Banco Mundial pronostica que Perú registrará un aumento de la temperatura de entre 1,1 y 1,9 °C entre 2040 y 2059 (World Bank, 2024[133]). También se prevé que el cambio climático agrave el impacto del fenómeno de El Niño en Perú, con una intensificación de sus características y una modificación de su periodicidad (MINAM, 2018[132]). Del mismo modo, se prevé que la variabilidad climática, en particular la temperatura y las precipitaciones, se agudice (CEPLAN, 2024[129]).
En consecuencia, las perspectivas sobre los efectos del cambio climático en la agricultura peruana apuntan a una disminución de la producción agrícola. Al analizar cultivos clave como el arroz, la papa y el café en diversas zonas de cultivo, se prevé una caída del 33 % del PIB agrícola para el año 2100 (IDB, 2016[134]). El efecto empeora con el tiempo, ya que casi la gran mayoría de cultivos se enfrentan a una disminución de la producción en todos los escenarios. Es posible que la producción de café aumente en un principio, pero que luego disminuya, y que sea el arroz el más afectado. También se esperan cambios en la productividad de los cultivos debido a las variaciones en la disponibilidad de recursos hídricos y a la aparición de plagas y enfermedades. Ampliar la gama de cultivos analizados y mejorar la información climática a escalas pertinentes en cada caso puede contribuir a mejorar la evaluación y la comparación de los efectos.
Se prevé que el efecto del cambio climático en los cultivos permanentes de Perú durante el período 2011-2050 provoque pérdidas económicas de hasta un 2,24 % en el caso de los mangos, un 3,36 % en el de los aguacates, un 0,28 % en el de las naranjas y un 2,13 % en el del cacao, cifras expresadas como porcentaje del PIB agrícola de 2011 (CIES, 2014[135]). Por el contrario, el cultivo del limón podría generar unos beneficios económicos de hasta el 0,14 % del PIB agrícola de 2011.
Una visión más optimista sobre las repercusiones del cambio climático en la agricultura peruana para el período comprendido entre 2000 y 2050 sugiere posibles aumentos en el rendimiento de cultivos como el arroz, la cebada, el trigo, la yuca y el maíz de regadío (IFPRI, 2019[136]). A pesar de que se prevén ligeras disminuciones en el rendimiento del maíz de secano y pérdidas más significativas en la caña de azúcar, estas repercusiones pueden gestionarse a nivel global. El efecto variable en la productividad ganadera subraya la importancia de contar con estrategias agrícolas específicas para cada región a fin de combatir los efectos desiguales del cambio climático en las distintas zonas.
3.3.6. Las medidas nacionales de adaptación adoptadas en Perú
Se están llevando a cabo iniciativas de adaptación
El enfoque de adaptación de Perú facilita el diseño y la aplicación de estrategias destinadas a minimizar la exposición y la vulnerabilidad, al tiempo que refuerza la capacidad de adaptación de las poblaciones vulnerables frente a los riesgos relacionados con el clima. A partir de datos científicos, el modelo ha permitido elaborar escenarios de riesgo para 2030 y 2050; identificar cuestiones críticas; establecer prioridades de adaptación; y formular medidas concretas, acompañadas de indicadores, objetivos y plazos de ejecución.
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de 2021 orienta las iniciativas de adaptación al cambio climático. Establece un conjunto de acciones estratégicas y medidas. Las acciones estratégicas son las siguientes: 1) potenciar las capacidades de las poblaciones vulnerables; 2) promover la gestión forestal sostenible; 3) aplicar las mejores prácticas agrícolas; 4) fortalecer la pesca y la acuicultura; 5) poner en práctica estrategias de gestión y conservación del ecosistema; 6) fortalecer la colaboración interinstitucional y optimizar el sistema de abastecimiento de agua; 7) implementar buenas prácticas de manejo de los suelos agrarios; 8) desarrollar infraestructuras y procesos que faciliten la gestión de la energía y el agua; 9) modernizar los sistemas hidráulicos de uso agrícola; 10) mejorar los servicios sostenibles de agua potable; 11) aplicar estrategias empresariales destinadas a adaptar la cadena de valor agrícola; 12) implementar infraestructuras y equipos que garanticen servicios sanitarios de calidad; 13) reforzar y diversificar el valor añadido para la mejora de la productividad y la producción de la actividad pesquera y acuícola (MINAM, 2023[137]) (en el anexo 3.A se ofrece más información al respecto).
El Plan ofrece orientación estratégica en cuanto a la planificación, la ejecución y el seguimiento de la adaptación al cambio climático, de modo que complementa los objetivos, medidas y metas más específicos que se recogen en las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN). El Gobierno ha establecido 82 medidas de adaptación al cambio climático, que abarcan cinco sectores clave: agricultura, agua, silvicultura, salud, y pesca y acuicultura. En 2023, 33 medidas, es decir, el 41 % del total, se encontraban en fase de ejecución activa; 35 medidas, el 43 %, se centraban en crear las condiciones necesarias para la acción; y 16 medidas, el 19 %, aún no habían registrado ningún avance (MINAM, 2023[137]). El país sigue aplicando el plan, y se espera que en 2026 se cree un marco de evaluación de los avances, que será fundamental de cara al plazo fijado para 2030.
Perú ha realizado importantes esfuerzos por establecer mecanismos de seguimiento y presentación de informes en materia de mitigación y adaptación
Con el fin de garantizar la presentación de informes a la CMNUCC y promover el diseño y la aplicación eficaces de políticas sobre el cambio climático, Perú creó el Sistema para el Monitoreo de las Medidas de Adaptación y Mitigación (SIMOM). El sistema es un conjunto de medidas, normas y herramientas (MINAM, 2019[138]). El MINAM es responsable de supervisar el diseño y el funcionamiento del SIMOM, de modo que garantiza que se ajuste a la legislación nacional. Las herramientas del SIMOM cumplen tres propósitos: 1) evaluar las medidas de adaptación al cambio climático; 2) realizar un seguimiento y verificar las emisiones y la eliminación de gases de efecto invernadero; y 3) supervisar el apoyo financiero a la lucha contra el cambio climático.
Infocarbono es una de las principales herramientas que permiten cumplirlos. Se centra en la recopilación y el análisis sistemáticos de datos relativos a las emisiones de GEI y a la captura de carbono (MINAM, 2014[139]). A fin de elaborar este inventario, las autoridades designadas por el ministerio en el marco de Infocarbono se encargan de formular informes anuales sobre gases de efecto invernadero. A partir de estos datos, Perú ha elaborado inventarios de GEI para los años 2000, 2005, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019 y 2021, en los que se ofrecen desgloses detallados de las emisiones por sector y fuentes primarias. A la hora de estimar las emisiones en el sector agrícola se aplican distintos niveles metodológicos en función de la disponibilidad de datos. Se aplicó el nivel 2 al cálculo de la fermentación entérica y la gestión del estiércol del ganado, mientras que a las demás categorías se les aplicó el nivel 111 (UNFCCC, 2025[118]).
Además de crear el SIMOM, el Congreso ha establecido una Comisión Especial de Cambio Climático para el período legislativo 2021-2026 con el fin de supervisar, coordinar y elaborar propuestas de mitigación y adaptación al cambio climático en los tres niveles de gobierno (Congreso de la Republica, 2024[140]). Este marco de iniciativas interrelacionadas muestra medidas concretas de recopilación de datos que permitan evaluar los avances, fundamentar la formulación y la aplicación de medidas y, en última instancia, contribuir a obtener resultados positivos en la lucha contra el cambio climático.
3.4.1. El paisaje forestal de Perú
La selva amazónica está amenazada por la deforestación
Perú ocupa el 9.º puesto a nivel mundial en cuanto a cubierta forestal, el 4.º en lo que se refiere a bosques tropicales y el 2.º respecto al porcentaje de superficie de bosques amazónicos (FAO, 2020[141]; SERFOR, 2021[142]). La cubierta forestal de Perú abarca 72 millones de hectáreas y se extiende por alrededor del 60 % del territorio del país. La región de Selva, que constituye una parte importante de esta extensión boscosa, representa en torno al 94,6 %, es decir, 68 millones de hectáreas (tabla 3.9).
Nota: La cubierta forestal incluye la selva amazónica y el bosque árido.
Fuente: SERFOR (2021[142]), Cuenta de Bosques del Perú. Documento metodológico, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1811/libro.pdf.
El sector forestal representa el 1 % del PIB del país (SERFOR, 2021[142]). Alrededor de 9,5 millones de hectáreas de bosque se dedican a producción permanente, de ellas, 7,2 millones están sujetas a concesiones con fines madereros. En 2023, la producción de madera aserrada constituyó el 84,7 % del total de productos forestales, seguida del carbón vegetal (13,3 %), el parqué (1,7 %) y la madera laminada (0,2 %) (INEI, 2024[28]). En 2023, Perú produjo 2,2 millones de toneladas métricas de madera y 6,2 de carbón vegetal. La caoba y el cedro revisten especial interés debido a sus elevados precios en los mercados nacionales e internacionales; sin embargo, alrededor del 50 % de sus poblaciones se están explotando mediante prácticas no sostenibles (CBD, 2025[31]).
Según GEOBOSQUES, entre 2001 y 2023, el país taló alrededor de 3 millones de hectáreas de selva amazónica, lo que se traduce en una pérdida media anual de superficie de unas 133 000 hectáreas (figura 3.22).
Fuente: MINAM (2025[143]), GEOBOSQUES, https://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php.
La deforestación provocó el 47,9 % del total de emisiones de GEI de Perú en 2019. En cuanto al carbono almacenado en la superficie, se estima que los bosques primarios concentran el 88,2 %, los bosques inundables el 9,3 %, otras tierras forestales el 2,3 % y las plantaciones el 0,1 %12 (SERFOR, 2021[142]).
La expansión agrícola es la principal causa de la deforestación
La deforestación en Perú se debe a varios factores, como la expansión agrícola, la construcción de carreteras y la tala y la minería informales e ilegales. Según MapBiomas, la agricultura es responsable de en torno al 80 % de la pérdida total de cubierta forestal en el último decenio (MapBiomas, 2025[144]). La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que el valor ronda el 73 % (FAO, European Union and CIRAD, 2022[145]). Otra estimación de la OCDE (OECD, 2025[146]) sugiere que el 75 % de las tierras deforestadas se destinan a un uso mixto que combina la agricultura con pastos para el ganado. No obstante, durante el período 2020-2024, la contribución de la agricultura y la ganadería a la deforestación disminuyó (figura 3.23).
Porcentaje de contribución
Nota: El cambio neto de uso de la tierra es el cambio de bosque a una categoría determinada (p. ej., praderas y humedales) menos el cambio de esa categoría (p. ej., praderas y humedales) a bosque.
Fuente: OCDE (2025[146]), Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2025, https://doi.org/10.1787/76f6eb73-en.
Los sistemas agrícolas que contribuyen a la deforestación combinan parcelas destinadas a los cultivos y al ganado. La conversión en tierras de cultivo es más notable a lo largo de la región septentrional de la Costa de Piura y Tumbes (figura 3.24). La expansión de los pastos de mayor extensión es más frecuente en las regiones andinas. En las tierras altas de la Amazonía oriental predomina la conversión de los bosques en terrenos agrícolas de uso mixto, mientras que, en las tierras bajas de la Amazonía, la mayor parte del bosque da paso a zonas sin vegetación, praderas y humedales. En Madre de Dios, en concreto en la zona de Tambopata, la minería es el principal cambio de uso de la tierra asociado a la deforestación (OECD, 2025[146]).
Además, se observa una transición de los cultivos temporales a los cultivos permanentes, lo que refleja la expansión de cultivos como el café, el cacao y los árboles frutales (FAO, European Union and CIRAD, 2022[145]). La producción de arroz destaca como una de sus principales causas, ya que representa cerca del 9 % de la expansión agrícola total, mientras que el resto de cultivos solo constituye el 4 % (MapBiomas, 2025[144]). La mayor parte de la deforestación se produce en pequeñas parcelas (75 %); sin embargo, no está claro si estas pequeñas superficies reflejan con exactitud la dimensión de los productores. Los pequeños agricultores con escasos recursos suelen deforestar con el fin de acceder a tierras más productivas, motivados por prácticas agrícolas ineficaces o no sostenibles en suelos pobres en nutrientes y, en ocasiones, debido a desplazamientos relacionados con la inseguridad de los derechos sobre la tierra o la falta de títulos de propiedad oficiales. En las zonas donde se concentra la deforestación, los principales cultivos comerciales legales, sobre todo en las explotaciones agrícolas de mayor tamaño, son el aceite de palma, el café y el cacao, que suelen exportarse, a menudo a través de intermediarios. En estas regiones también se da el cultivo ilegal de coca, favorecido por la idoneidad del terreno y su lejanía (OECD, 2025[146]; FAO, European Union and CIRAD, 2022[145]). Además, la deforestación en parcelas de menos de 5 hectáreas ha ido disminuyendo con el tiempo, mientras que se ha observado un aumento significativo en las parcelas de entre 5 y 50 hectáreas. En los últimos dos decenios, la deforestación en parcelas de más de 50 hectáreas se ha identificado con cultivos semiindustriales o agroindustriales.
Notas: El cambio más significativo de uso de la tierra (en hectáreas de bosque transformado), por provincia, durante el período comprendido entre 2015 y 2024. Solo se muestran las provincias con al menos 1 000 hectáreas de deforestación total durante ese período.
No data: No existen datos disponibles; Mining: Minería; Non-vegetated área: Zona sin vegetación; Grasslands & wetlands: Praderas y humedales; Croplands: Tierras de cultivo; Pasture: Pastos; Mixed: Mixtos.
Fuente: OCDE (2025[146]), Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2025, https://doi.org/10.1787/76f6eb73-en.
La producción ilícita de hoja de coca ha estado contribuyendo a la deforestación
En los últimos dos decenios, el cultivo ilícito de hoja de coca en Perú ha vuelto a crecer de forma constante (véase el capítulo 1). La superficie nacional dedicada al cultivo de coca se ha más que duplicado, pues pasó de 40 300 hectáreas en 2015 a 95 008 en 2022 (DEVIDA, 2024[147]). Estas cifras pueden revelar una contribución significativa a la deforestación, ya que se estima que hasta un 40 % de la deforestación nacional en 2021 se debió al cultivo de coca (DEVIDA, 2024[147]). No obstante, los cambios de uso de la tierra vinculados con el cultivo de coca no se supervisan con exhaustividad, por lo que las conclusiones sobre el impacto de la producción de coca varían de manera considerable. Además, los cambios de uso de la tierra detectados mediante imágenes satelitales pueden dificultar la distinción entre el cultivo de coca y otros cultivos arbustivos, como el café o el cacao. Ampliar la vigilancia exhaustiva del cultivo ilícito de coca resulta esencial a la hora de evaluar el alcance de este problema y abordarlo con eficacia.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el OSINFOR, el cultivo de coca se encuentra en 148 distritos, en su mayoría a lo largo de la frontera occidental y en las tierras de la Amazonía, así como en las regiones nororientales que limitan con Brasil y Colombia, donde los traficantes se aprovechan de la amplitud de la frontera (OECD, 2025[146]). La expansión del cultivo ilícito de coca en estas regiones se ha relacionado con un aumento de la violencia, que supone una amenaza para las comunidades locales, en su mayoría indígenas.
3.4.2. Enfoques de gobernanza y políticas
Varias instituciones se encargan de la gestión forestal
Creada en 2011 como organismo público adscrito al MIDAGRI, el SERFOR es la autoridad nacional en materia de bosques y fauna silvestre, así como el órgano rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR), y ejerce las funciones de autoridad técnica y reguladora a nivel nacional. El SERFOR se encarga de los objetivos y la planificación de la restauración en el marco de la Ley N.º 32279, la Ley de Ordenamiento Territorial, que establece que la Presidencia del Consejo de Ministros es el órgano rector de la ordenación del territorio. Como parte del proceso de descentralización, nueve regiones de la Amazonía han asumido competencias compartidas en materia de concesión y control de los bosques y la fauna silvestre. Hasta que se completen estas transferencias, y de conformidad con la legislación forestal, el SERFOR ejerce estas competencias en 13 regiones del país.
El SERFOR supervisa la Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (CONAFOR), concebida como un foro de colaboración destinado a fomentar una estrecha coordinación entre las partes interesadas del SINAFOR, que reúne a un grupo diverso de profesionales, especialistas gubernamentales, representantes de la sociedad civil y comunidades indígenas. Además, la legislación exigía la creación de comités de gestión forestal y de la fauna silvestre, cuyo objetivo es incentivar las iniciativas locales de promoción de prácticas de gestión participativa, con el fin de garantizar que las opiniones y preocupaciones de la población local ocupen un lugar central en las iniciativas de gestión y conservación. Además, la normativa introdujo el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS) como una red completa e integrada que permite el acceso a los datos en todo el país.
El Ministerio del Ambiente (MINAM), creado en 2008, es responsable de las áreas naturales protegidas de gestión nacional (a través del SERNANP). En el caso de las áreas regionales protegidas, los gobiernos regionales son los responsables de su gestión. En 2008, se creó el OSINFOR para supervisar y controlar el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como los servicios medioambientales derivados de los bosques (Congreso de la Republica, 2008[148]).
El OSINFOR supervisa con regularidad los planes de gestión seleccionados en función de una serie de criterios técnicos. Asimismo, lleva a cabo inspecciones cuando hay indicios de posibles incumplimientos de los requisitos operativos que se especifican en los títulos habilitantes de aprovechamiento forestal. El OSINFOR también utiliza las alertas de deforestación del laboratorio Global Land Analysis and Discovery (GLAD), que se detectan mediante nuevas imágenes del satélite Landsat con el fin de avisar lo antes posible a los agentes sobre el terreno de posibles casos de deforestación. Esto permite dar prioridad a las patrullas de supervisión periódicas de las concesiones forestales y fijar las multas por infracciones (World Resources Institute, 2019[149]).
Sin embargo, la supervisión del OSINFOR abarca en la actualidad solo un porcentaje limitado del total de hectáreas con títulos habilitantes. El organismo necesita más recursos y mayor capacidad para ampliar el alcance de su supervisión en el futuro. El OSINFOR no tiene competencia sobre las áreas naturales protegidas; en su lugar, la Ley N.º 26834 regula la administración y la protección de estas áreas (MINAM, 1997[37]).
Creado en virtud de la Ley de Bosques y Fauna Silvestre de 2011, el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) integra a ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales y locales, que se encargan de la administración y supervisión forestal, junto con comités de gestión forestal, con el fin de unificar las iniciativas de gestión forestal y de la fauna silvestre con el sector privado y la sociedad civil. El SINAFOR está integrado por 17 instituciones, entre las que se incluyen el MINAM, el MIDAGRI, el Ministerio de Economía y Finanzas, el OSINFOR, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio del Interior y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otras.
A pesar de los esfuerzos del SINAFOR por integrar a las instituciones que participan en la gestión forestal, la coordinación sigue siendo un reto entre las distintas entidades gubernamentales y entre las autoridades nacionales y regionales. Como se ha visto anteriormente, el MIDAGRI, junto con el SERFOR, es la autoridad forestal nacional; el MINAM, junto con el SERNANP, se encarga de revisar la política medioambiental general y vigila las áreas protegidas y de conservación; el OSINFOR hace un seguimiento de los planes de gestión, mientras que los gobiernos regionales administran y supervisan los bosques. La gestión de los bosques y la lucha contra la deforestación requieren mecanismos institucionales eficaces, así como el respeto de los derechos de propiedad y del Estado de derecho (CEPLAN, 2023[150]; FAO, European Union and CIRAD, 2022[145]).
La zonificación forestal es el principal instrumento de conservación y gestión de los bosques
La falta de derechos de uso sobre los terrenos forestales aumenta el riesgo de deforestación. Alrededor del 45 % de la deforestación acumulada entre 2001 y 2024 se registró en áreas sin derechos de uso forestal establecidos (CEPLAN, 2023[150]; FAO, European Union and CIRAD, 2022[145]; Blackman et al., 2017[151]). Por el contrario, solo el 3,5 % de la deforestación se produjo en las áreas naturales protegidas y el 1 % en comunidades indígenas con títulos de propiedad (CEPLAN, 2023[150]; Blackman et al., 2017[151]). La Ley de Bosques y Fauna Silvestre de 2011 y sus reglamentos de 2015 establecieron la normativa y el seguimiento sistemáticos de los bosques de Perú. La ley tiene por objeto fomentar la conservación, la protección, el uso sostenible y la mejora del patrimonio forestal y de fauna silvestre del país (MINAGRI, 2011[17]). Una de las disposiciones fundamentales de la Ley estableció la regulación y organización sistemáticas de los bosques peruanos, y definió las zonas forestales (MINAGRI, 2011[17]). La base de este enfoque consiste en comprender cómo se puede aprovechar al máximo el potencial de las tierras. Esto implica realizar estudios del suelo y los bosques con vistas a determinar los usos más adecuados de las diferentes áreas de tierra. Este proceso consta de cinco etapas y está diseñado para definir con claridad las actividades permitidas en las zonas de bosque y con vegetación natural, así como promover una gestión responsable y la conservación en aras de las generaciones futuras (figura 3.25).
Fuente: SERFOR (2017[152]), Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/488.
La ley distingue cuatro zonas: 1) zonas de producción permanente; 2) zonas de protección y conservación ecológica; 3) zonas que requieren recuperación; y 4) zonas de tratamiento especial (SERFOR, 2015[153]). La ley establece qué actividades están permitidas y qué restricciones se aplican a los bosques en función de su clasificación.
Las comunidades locales e indígenas de Perú desempeñan un papel importante en la gestión sostenible de los bosques y otros ecosistemas. Alrededor del 10 % de la selva amazónica está bajo el control de comunidades indígenas (Bustamante et al., 2021[154]). En 2021, había registradas 7 217 comunidades campesinas vinculadas a pueblos indígenas, de las cuales 5 638 cuentan con un título de propiedad (78 %), mientras que el resto aún se encuentra en proceso de obtenerlo (Ministereo de Cultura, 2021[155]). Sus estrategias de gestión forestal abarcan desde usos conservacionistas y de subsistencia hasta usos comerciales y la gestión de productos forestales madereros y no madereros. Es necesario establecer un régimen de titularidad para las comunidades indígenas y locales con el fin de consolidar sus derechos sobre la tierra y ayudarlas a mejorar la protección de los bosques contra la deforestación y las actividades ilegales.
En el ámbito comunitario, se han creado comités encargados de la vigilancia forestal, reconocidos por el SERFOR, lo que les permite garantizar el cumplimiento de la normativa forestal (UN-REDD, 2020[156]). Estos comités realizan la vigilancia de los bosques basándose en la planificación interna y en las alertas de Geobosque, y en muchos casos reciben equipos de vigilancia de los gobiernos regionales.
Además, el proyecto Mecanismo Dedicado Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de Saweto tenía como objetivo promover la protección jurídica y el reconocimiento de las comunidades nativas, así como la seguridad de la tenencia de la tierra para las comunidades indígenas (World Bank, 2020[157]). También se fomentó el apoyo financiero y la creación de capacidades con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y la generación de ingresos mediante la gestión forestal sostenible. Entre 2015 y 2021, el proyecto contribuyó al reconocimiento de 253 comunidades nativas, lo que les permitió acceder al proceso de titulación de las tierras, así como al financiamiento de 44 proyectos productivos comunitarios que contribuyen a la gestión forestal sostenible y a la mejora de la seguridad alimentaria. El proyecto formaba parte del Programa de Inversión Forestal (FIP), en el marco de los Fondos de Inversión en el Clima, gestionados por el Banco Mundial.
La Ley sobre el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios exige que el Estado consulte a las comunidades indígenas sobre las medidas legislativas o administrativas que les atañen de manera directa, antes de su aplicación (Congreso de la Republica, 2011[158]). Esto incluye medidas, planes, programas y proyectos de desarrollo que afectan de modo directo a sus derechos colectivos, existencia, identidad cultural, calidad de vida o su desarrollo. Esta ley está reconocida en el Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue ratificado por Perú en 1994.
En enero de 2024, la nueva Ley N.º 31973 modificó las competencias y atribuyó al MIDAGRI la facultad de aprobar la zonificación forestal, a partir de las propuestas del SERFOR y las recomendaciones del MINAM. Este cambio en las competencias fue propuesto por el SERFOR con el fin de reforzar su función de gestión como autoridad nacional en materia de bosques y fauna silvestre.
En 2023, solo el 20,4 % del territorio del país había sido objeto de una zonificación forestal (SERFOR, 2023[159]), lo que dejaba al 79,6 % restante, es decir, 102 millones de hectáreas, sin ningún tipo de protección mediante la zonificación (SERFOR, 2023[159]). Esta falta de una zonificación integral aviva los conflictos relativos al uso de los recursos terrestres y forestales y aumenta el riesgo de deforestación y degradación medioambiental. Esta es una de las razones principales esgrimidas por el Gobierno para justificar los recientes cambios legislativos introducidos en la Ley de Bosques y Fauna Silvestre (véase el cuadro 3.5).
Enmiendas y su justificación
A finales de 2023 se introdujeron modificaciones legislativas en la Ley de Bosques y Fauna Silvestre. En enero de 2024, el Congreso aprobó la nueva Ley N.º 31973, cuya primera disposición complementaria transitoria suspende la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes. La segunda disposición complementaria transitoria establece la inviolabilidad de los pueblos indígenas en aislamiento o en contacto inicial, así como de las comunidades campesinas y nativas, y de las áreas que se encuentren en trámite de reconocimiento o titulación.
En marzo de 2025, el Tribunal Constitucional de Perú declaró inconstitucionales las disposiciones complementarias transitorias primera y segunda de esta nueva ley (Tribunal Constitucional, 2025[160]). Concluyeron que la primera disposición infringía el deber del Estado de preservar el medio ambiente y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, mientras que la segunda imponía restricciones a las comunidades indígenas sin que se les hubiera sometido a una consulta previa.
El Gobierno peruano ha argumentado que los cambios legislativos constituyen una respuesta necesaria al problema generalizado de la titulación informal de la tierra y que el propósito de la ley es generar una mayor previsibilidad y simplificar los procedimientos administrativos para la concesión de títulos, así como organizar las competencias en materia de zonificación forestal y procesos de gestión forestal. La ley también tiene por objeto prevenir las actividades forestales ilegales mediante la formalización y la agilización del proceso de zonificación forestal. La transferencia de competencias al MIDAGRI busca subsanar una incoherencia normativa en la Ley de Bosques y Fauna Silvestre original en lo que respecta a la competencia para la creación de bosques de producción permanente y la aprobación de la zonificación forestal. Además, las propiedades privadas siguen teniendo la obligación de reservar un mínimo del 30 % de la cubierta forestal, además del deber de conservarla o restaurarla de manera progresiva. El MIDAGRI, a través del SERFOR, se encarga de establecer los mecanismos adecuados que regulan esa zona mínima reservada, en la actualidad en sus últimas fases de desarrollo.
Mientras que algunos actores del sector agrícola consideraron estos cambios como avances positivos que podrían contribuir a cumplir los requisitos externos, como la nueva Directiva de la UE sobre la deforestación, otros expresaron su preocupación por que la reforma legislativa pudiera enviar una señal equivocada, lo que podría agravar la deforestación mediante la apropiación de tierras y la tala en previsión de la futura obtención de un título de propiedad.
Fuente: MIDAGRI (2025[161]), informe del MIDAGRI sobre la Ley Forestal presentado a la OCDE.
En lo que respecta a las zonas forestales, la competencia para conceder licencias todavía corresponde a las autoridades regionales de silvicultura y fauna silvestre y, en aquellos lugares donde este proceso aún no ha finalizado, dicha competencia recae en el SERFOR a través de sus administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre. Gracias a los planes de gestión, los títulos habilitantes permiten el aprovechamiento integral de los recursos, como el uso de los servicios de los ecosistemas forestales y de otros ecosistemas de vegetación silvestre. El marco de gestión de los recursos forestales incluye diversos mecanismos diseñados con el objetivo de promover su uso sostenible y la conservación (SERFOR, 2015[153]):
Las concesiones (Decreto N.º 1283), otorgadas sobre tierras de dominio público, conceden derechos de aprovechamiento (no de propiedad) y tienen un período de vigencia renovable de 40 años. Su formulación pretende dar cabida a una amplia gama de actividades, entre las que se encuentran la agrosilvicultura, la explotación maderera, las iniciativas de ecoturismo, las iniciativas de conservación, la extracción de productos forestales no madereros, las prácticas de gestión de la fauna silvestre y el desarrollo de plantaciones forestales.
Las autorizaciones permiten la extracción sostenible de plantas ornamentales, medicinales y determinada vegetación acuática.
Los permisos forestales se expiden con fines comerciales a propietarios de predios privados, previa aprobación de un plan de manejo forestal.
La modalidad de bosques locales fomenta la implicación de la comunidad y las iniciativas de conservación en cualquier área de zonificación forestal, y se concede mediante los gobiernos locales.
Las cesiones de uso en sistemas agroforestales están concebidas específicamente para apoyar a los agricultores de subsistencia, integrando la agricultura y la silvicultura con el fin de mejorar los medios de subsistencia y mantener el equilibrio ecológico.
Sin embargo, la zonificación continúa siendo un proceso lento y complejo que implica múltiples etapas y actores, y suele enfrentarse a importantes obstáculos. Como se señaló en el capítulo 1, solo un pequeño porcentaje (alrededor del 25 %) de los agricultores posee títulos oficiales de propiedad o seguridad sobre los derechos de la tierra. Dado que la zonificación es un requisito previo a la concesión de títulos de propiedad y derechos sobre la tierra, es necesario simplificar y agilizar este proceso; las tecnologías digitales pueden resultar útiles en muchos casos. A fecha de marzo de 2024, se habían expedido 4 016 títulos habilitantes activos, que abarcaban más de 12,1 millones de hectáreas (SERFOR, 2024[162]). Las concesiones constituyen la categoría más amplia, con 1 961 títulos que comprenden en torno a 9,55 millones de hectáreas, es decir, el 78,46 % de la superficie total con título. A continuación figuran los permisos forestales, conformados por 948 títulos que cubren alrededor de 2,45 millones de hectáreas, lo que representa el 20,09 % de la superficie total. Estas dos categorías dominan el panorama, lo que pone de relieve el importante papel que desempeñan las concesiones y los permisos en la asignación de tierras destinadas a un uso sostenible y a iniciativas de conservación. Las autorizaciones, los bosques locales y la cesión de uso en sistemas agroforestales constituyen un porcentaje inferior de la superficie total (tabla 3.10).
Fuente: SERFOR (2024[162]), SNIFFS - Componente Estadístico, https://sniffs.serfor.gob.pe/estadistica/es/tableros/titulos-habilitantes/concesiones.
De todas las concesiones activas, 407 están destinadas a la explotación maderera, lo que representa el 72,8 % de la superficie total en régimen de concesión del país (SERFOR, 2024[162]). Por desgracia, el modelo de concesiones madereras no ha resultado tan eficaz en lo que respecta al uso de los títulos de concesión, y los bosques no se explotaron de forma sostenible y rentable (SPDA, 2020[163]). Un factor fundamental es el tamaño de las concesiones, ya que deben ser lo suficientemente amplias, más de 30 000 hectáreas, como para justificar las inversiones necesarias y los costos operativos, un criterio que no siempre se cumple (SPDA, 2020[163]). Aunque el país ha puesto en marcha numerosas iniciativas destinadas a avanzar en la clasificación de la tierra, el proceso de zonificación forestal y la titulación de la propiedad, se trata de una tarea de extrema complejidad, sobre todo a la hora de conciliar la necesidad de mejorar los medios de subsistencia de los hogares agrícolas ―muchos de los cuales viven en la pobreza o en la pobreza extrema― con la protección del medio ambiente, en particular la lucha contra la deforestación. Una de las principales dificultades consiste en crear las condiciones propicias para que los agricultores mejoren de forma sostenible sus medios de vida en las parcelas de las que disponen, al tiempo que se desalienta la tala de nuevos terrenos forestales.
Existen otros planes y estrategias de conservación y seguimiento de los bosques, pero es necesario reforzar los mecanismos de aplicación
En 2010, el Ministerio del Ambiente puso en marcha el Programa de Conservación de Bosques con el objetivo de proteger 54 millones de hectáreas de bosques tropicales (MINAM, 2010[164]). Esta iniciativa busca reforzar la resiliencia del ecosistema forestal y contribuir al bienestar de las comunidades que dependen de estos recursos naturales. La estrategia presta especial atención a la protección de las poblaciones indígenas y los agricultores rurales.
La Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha Contra la Tala Ilegal 2021-2025 se presentó (MIDAGRI, 2021b[19]) con el fin de reforzar la eficacia de las medidas normativas y la aplicación de la ley. Entre sus objetivos se encuentran reducir el incumplimiento de la normativa relativa a la tala ilegal, fomentar el intercambio oportuno de información entre las entidades implicadas y mejorar en todo momento la normativa forestal de lucha contra la tala ilegal.
Perú ha logrado avances significativos en la medición y la difusión de datos sobre la pérdida de bosques nacionales. El MINAM, en coordinación con el SERFOR, gestiona la plataforma GEOBOSQUES, dedicada al seguimiento de los cambios en la cubierta forestal y al suministro de datos anuales (MINAM, 2021[165]). Esta herramienta es esencial a la hora de supervisar los cambios en la cubierta forestal y ofrece información anual décaladai. Su misión principal estriba en cartografiar la extensión de las reservas forestales y evaluar cada año la disminución de la cubierta forestal de Perú, arrojando así luz sobre la salud y la evolución de los bosques del país.
GEOBOSQUES forma parte del Sistema Nacional de Información Ambiental y del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS). Como se ha mencionado antes, el SNIFFS integra diversos módulos y componentes interconectados, cada uno de ellos diseñado con el fin de abordar aspectos específicos de la gestión forestal y de la fauna silvestre. El módulo de control, que se encuentra en fase de desarrollo, proporciona información actualizada en tiempo real que permite supervisar con eficacia los productos forestales y de la fauna silvestre. El objetivo del módulo es garantizar la integridad de la cadena de suministro de estos productos, desde la cosecha hasta la comercialización, y asegurar el cumplimiento de la normativa legal.
El SERFOR tiene la obligación de actualizar con periodicidad el inventario forestal nacional y garantizar la colaboración con los organismos gubernamentales locales y regionales (SERFOR, 2015[153]). Se han logrado algunos avances en la elaboración de inventarios que abarcan tanto los bosques destinados al uso sostenible como las zonas vulnerables desde un punto de vista ecológico, a los que ahora se puede acceder desde diversas regiones del país. Además, el SERFOR se encarga de gestionar el Catastro Forestal, una base de datos exhaustiva que incluye mapas e información detallada sobre clasificaciones forestales, zonificación, áreas de gestión, licencias y plantaciones, entre otros datos (SERFOR, 2015[153]). Este catastro, que forma parte integrante del proyecto SNIFFS, aún se encuentra en fase de desarrollo.
En 2021, el SERFOR publicó la Estrategia para la Promoción de Plantaciones Forestales Comerciales 2021-2050, cuyo objetivo es aumentar la producción y la rentabilidad de las plantaciones forestales en Perú (SERFOR, 2021[166]). La estrategia aspira a crear condiciones favorables para la inversión y potenciar la producción, transformación y comercialización de las plantaciones comerciales. En el marco de esta política, se están barajando diversas opciones de financiamiento, entre las que se encuentran la creación de un fondo destinado a financiar hasta el 50 % de los costos asociados, el diseño de préstamos en condiciones preferentes y mecanismos financieros con participación estatal. A partir de la nueva Ley N.º 31973, es el MIDAGRI el ministerio que aprueba los bosques de producción permanente en lugar del MINAM.
En 2023, el Gobierno publicó unas directrices exhaustivas con miras a fomentar la certificación legal voluntaria entre los gestores forestales y de fauna silvestre. Estas directrices procuran reforzar la competitividad de los sectores forestal y de fauna silvestre de Perú mediante la provisión de un marco claro que regula la obtención de incentivos y beneficios. Entre estos incentivos se encuentran el descuento en el pago por derecho de aprovechamiento, los certificados de reconocimiento expedidos por el Estado y la concesión de puntos adicionales en el sistema de puntuación para el otorgamiento de concesiones forestales con fines madereros. La iniciativa establece criterios claros para poder optar a los incentivos, detalla los procesos de solicitud y evaluación, y sirve de modelo de integración de las prácticas sostenibles con los incentivos económicos.
Además, Perú cuenta con los sistemas de Zonificación Forestal y los Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF), que permiten a los agricultores de tierras aptas para la silvicultura formalizar la tenencia de la tierra, siempre que se lleve a cabo la conservación forestal y se adopten sistemas agroforestales, como el café o el cacao bajo sombra (MIDAGRI, 2026[167]). Esta iniciativa se ve reforzada por SAMI, una plataforma desarrollada por el SERFOR que utiliza imágenes de Landsat y Sentinel para vigilar la deforestación, la tala ilegal y los incendios forestales casi en tiempo real, y genera alertas tempranas de protección de los ecosistemas. Los resultados del seguimiento respaldan las labores de supervisión y control forestal que ejecutan las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre, la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación y otras instituciones públicas, lo que permite intervenir a tiempo y emprender acciones administrativas y penales relacionadas con los delitos medioambientales (MIDAGRI, 2026[167]; SERFOR, 2026[168]). Estas iniciativas tienen por objeto reforzar las capacidades territoriales con vistas a un modelo de gestión forestal moderno, preventivo y con base empírica (MIDAGRI, 2026[167]).
Aunque no se dispone de cifras concretas sobre el consumo directo de energía en las explotaciones agrícolas expresado en kilotoneladas, el consumo energético total del sector agrícola es mínimo en comparación con otros sectores de la economía, ya que representó en torno al 1,3 % del consumo energético total de Perú en 2020 (CEIC, 2020[169]). Esto se debe al escaso uso de fuentes de energía modernas por parte de la mayoría de los agricultores del país, que producen a nivel de subsistencia, y a su dependencia de los combustibles tradicionales de biomasa.
El consumo energético directo en las explotaciones de Perú es notablemente bajo; sobre todo en la agricultura de subsistencia a pequeña escala, debido al acceso deficiente a la electricidad en las zonas rurales –el 15 % de estas zonas carecía de electricidad en 2022 (INEI, 2023[94])– y al uso predominante de combustibles tradicionales de biomasa. Según el Programa de Asistencia para la Gestión en el Sector de la Energía (ESMAP), en 2010 solo el 8,5 % de las explotaciones indicaron que la electricidad era su principal fuente de energía. La mayoría de los hogares rurales cocinan con leña (84 %), estiércol animal (24 %) y residuos agrícolas (11 %) (ESMAP, 2010[170]).
Se están llevando a cabo iniciativas de mejora del acceso a la energía y de fomento del uso de fuentes de energía más limpias en la agricultura, pero siguen existiendo dificultades para lograr una adopción generalizada debido a limitaciones económicas y de infraestructura. Perú está logrando importantes avances hacia una agricultura con bajas emisiones de carbono y energéticamente eficiente mediante la integración de prácticas inteligentes desde el punto de vista del clima y el apoyo al conocimiento indígena. Otros proyectos se centran en el uso de residuos agrícolas (por ejemplo, del café, el cacao o la caña de azúcar) para la producción de bioenergía o biogás, lo que puede proporcionar energía más limpia a nivel local y reducir la dependencia de los combustibles fósiles o de fuentes de energía ineficientes. Proyectos piloto de agricultura con energía solar en zonas remotas.
La Ley N.º 32234, que declara de interés nacional el uso de energías renovables en la agricultura, busca promover el desarrollo sostenible, mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de recursos. La ley tiene por objeto aumentar la rentabilidad, apoyar la conservación de la biodiversidad y fomentar el desarrollo rural sostenible, mejorando así la calidad de vida y los resultados socioeconómicos. Estos objetivos adquieren especial relevancia en las zonas remotas, donde la agricultura a pequeña escala y la familiar constituyen las principales fuentes de ingresos. La ley estimula el uso de fuentes de energía renovables, como la eólica, la solar, la hidroeléctrica, la fotovoltaica y la biomasa, con el fin de solucionar el déficit energético y promover la prosperidad en las comunidades rurales (MIDAGRI, 2025[171]).
Perú cuenta con algunos de los ecosistemas y recursos naturales más ricos del mundo. Ha elaborado un marco de gobernanza integral diseñado para gestionar e integrar diversas políticas encaminadas a la conservación del medio ambiente y la agricultura sostenible. Sin embargo, la capacidad de aplicar con eficacia estas estrategias y supervisar sus avances supone un reto y será fundamental en su empeño por cumplir los objetivos medioambientales fijados en materia de agricultura.
La protección de la rica biodiversidad y los ecosistemas de Perú debe seguir siendo una prioridad. El Gobierno ha realizado esfuerzos en materia de conservación de la biodiversidad en el sector agrícola mediante la creación de zonas de agrobiodiversidad y de incentivos económicos que favorecen la biodiversidad destinados a los agricultores. Sin embargo, la deforestación continúa amenazando la conservación de los hábitats. La conversión de terrenos forestales en terrenos agrícolas desempeña un papel fundamental en la intersección entre la biodiversidad, la salud del suelo, la conservación del ecosistema y las políticas climáticas.
La degradación del suelo y la desertificación suponen un riesgo para los ecosistemas de Perú, así como para el sector agrícola. El cambio climático agrava estos efectos, lo que conlleva graves consecuencias económicas, medioambientales y sociales. Los servicios de extensión del INIA han comenzado a formar a los agricultores en prácticas agrícolas y de gestión de la tierra sostenibles con el fin de combatir la degradación del suelo, lo que supone un apoyo a las pequeñas explotaciones, fundamentales para el sector agrícola del país. Sin embargo, el grado de aplicación de estas prácticas sigue siendo bajo.
En general, Perú cuenta con abundantes recursos hídricos; no obstante, en regiones como la Costa, donde la actividad agrícola es intensiva y la disponibilidad de agua es escasa, una gestión eficaz del agua ofrece la importante oportunidad de mejorar la productividad y la sostenibilidad. Perú ha formulado estrategias y políticas de gestión del agua que integran con eficacia la gestión, tanto de la cantidad como de la calidad, de los recursos hídricos con miras a apoyar a la agricultura. Sin embargo, siguen existiendo deficiencias en la seguridad hídrica, debidas en gran medida a los retos que aún se plantean en materia de coordinación intersectorial e implicación ciudadana en la gestión del agua, así como a la participación desigual de los distintos usuarios del agua.
Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola peruano han aumentado menos del 20 % desde el año 2000, mientras que el valor de la producción se ha más que duplicado durante el mismo período, lo que ha comportado una mejora significativa de la intensidad de las emisiones sectoriales. Además, Perú ha participado de forma proactiva en iniciativas mundiales de mitigación del cambio climático y ha incorporado esos compromisos a sus políticas nacionales. En el sector agrícola, esto incluye la gestión de los sistemas ganaderos y la mejora de las prácticas agrícolas. Como una de las principales causas de la pérdida de bosques, la agricultura también tiene un papel importante que desempeñar en la reducción de las emisiones procedentes de la deforestación.
El excedente de nutrientes derivados de la aplicación de fertilizantes por hectárea de tierra de cultivo es, en general, inferior al promedio estimado de los países de la OCDE cuando se utilizan indicadores comparables. Los niveles estimados de eficiencia en el uso de nutrientes indican que existe la posibilidad de reducir aún más los excedentes mejorando dicha eficiencia.
En general, la aplicación de plaguicidas por hectárea está aumentando, pero sigue siendo muy inferior al promedio de los países miembros de la OCDE. A pesar de que los niveles generales de aplicación de plaguicidas son bajos, los análisis de control de los residuos de plaguicidas han detectado casos en los que se han superado los límites máximos de residuos, en particular en los productos hortícolas. La aplicación y el cumplimiento continuados de la normativa vigente, junto con una mayor adopción de buenas prácticas agrícolas, podrían contribuir a reducir aún más la proporción de muestras en las que se detectan residuos de plaguicidas.
Aunque el país ha puesto en marcha numerosas iniciativas destinadas a avanzar en la clasificación de la tierra, el proceso de zonificación forestal y la titulación de la propiedad, se trata de una tarea de extrema complejidad, sobre todo a la hora de conciliar la necesidad de mejorar los medios de subsistencia de los hogares agrícolas ―muchos de los cuales viven en la pobreza o en la pobreza extrema― con la protección del medio ambiente, en particular la lucha contra la deforestación. Una de las principales dificultades consiste en crear las condiciones propicias para que los agricultores mejoren de forma sostenible sus medios de vida en las parcelas de las que disponen, al tiempo que se desalienta la tala de nuevos terrenos forestales.
Se han realizado esfuerzos por ampliar y mejorar los sistemas de riego en Perú con el fin de alcanzar mayores niveles de productividad agrícola, lo que ha implicado una expansión de las superficies de regadío. Se podría seguir mejorando la eficiencia hídrica mediante un aumento de la proporción de superficie de regadío que utiliza sistemas de riego a presión.
Perú es muy vulnerable a los riesgos que plantea el cambio climático, que van desde fenómenos meteorológicos extremos hasta el deshielo de los glaciares. El sector agrícola es especialmente vulnerable, lo que tiene consecuencias negativas en el rendimiento de los cultivos, la disponibilidad de agua y la estabilidad general de los sistemas agrícolas. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático ofrece orientación estratégica en cuanto a la planificación, la ejecución y el seguimiento de la adaptación al cambio climático en el país, de modo que complementa los objetivos, medidas y metas más específicos que se recogen en las contribuciones determinadas a nivel nacional. En el ámbito de la agricultura, esto entraña adoptar prácticas óptimas de gestión del suelo y diversificar las especies de cultivo y ganado. El marco integrado de estrategias de seguimiento, mitigación y adaptación de Perú aún no ha demostrado su eficacia.
Referencias
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[77] MINSA (2016), Aprueban Norma Sanitaria que establece los Limites Maximos de Residuos (LMR) de plaguicidas de uso agricola en alimentos de consumo humano. Resolucion Ministerial N 1006-2016/MINSA, https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/11/RM-1006-2016-MINSA-con-NTS-128-MINSA-2016-DIGESA-LMR-Plaguicidas.pdf.
[123] MRREE (2016), Ratifican el Acuerdo de Paris. Decreto Supremo N 058-2016-RE, MRREE, https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/DS-058-2016-RE-Lp-Derecho.pdf.
[121] MRREE (2002), Ratifican el “Protocolo de Kyoto de la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico”. Decreto Supremo N 080-2002-RE, MRREE, https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/82345FB363F089C405257704007666AE/$FILE/1_naciones.pdf.
[51] OECD (2025), Agri-environmental indicators database, https://data-explorer.oecd.org/vis?tm=Agri-environmental%20indicators%20database&pg=0&snb=40&df[ds]=dsDisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_AGRI_ENV%40DF_AEI&df[ag]=OECD.TAD.ARP&df[vs]=1.1&dq=.A.TOTAGR_LAND....&pd=2012%2C&to[TIME_PERIOD]=false.
[146] OECD (2025), OECD Economic Surveys: Peru 2025, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/76f6eb73-en.
[39] OECD (2025), World Database on Protected Areas, https://data-explorer.oecd.org/vis?tm=protected%20area&pg=0&hc[Reference%20area]=&hc[Measure]=&hc[Unit%20of%20measure]=&hc[IUCN%20management%20categories]=&snb=84&df[ds]=dsDisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_PA%40DF_PROT_AREA&df[ag]=OECD.ENV.EPI&df[vs]=1.0&dq=.
[87] OECD (2021), Gobernanza del Agua en Perú, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f826f55f-es.
[6] OECD (2021), Water Governance in Peru, OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/568847b5-en.
[101] PROINVERSION (2024), 20 anos impulsando infraestructura y servicios publicos. Adjudicaciones de Asociaciones Publico Privadas, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos, PROINVERSION, https://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/0/1/JER/QUIENES_SOMOS_PI/LibroProInversion20anhos.pdf.
[66] SENAMHI (2017), Atlas de Erosión de Suelos por Regiones Hidrológicas del Perú, https://idesep.senamhi.gob.pe/portalidesep/files/tematica/atlas/erosi%C3%B3n_de_suelo/Atlas_Erosion_Suelos_por_Regiones_Hidrologicas_Peru.pdf.
[79] SENASA (2023), Informe De Resultados Del Monitoreo De Residuos Químicos Y Otros Contaminantes En Alimentos Agropecuarios Primarios Y Piensos, 2023, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6391393/5864-informe-2023-monitoreo-contaminantes.pdf.
[80] SENASA (2021), Informe del Monitoreo de Residuos Químicos y otros contaminantes en alimentos agropecuarios primarios y piensos, año 2021, SENASA, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3048004/INFORME_21_VF.pdf.pdf?v=1651174473.
[78] SENASA (2019), Aprueban el nuevo Programa Nacional de Monitoreo de Contaminantes en alimentos agropecuarios primarios y piensos. Resolución Jefatural N° 0090-2019-MINAGRI-SENASA, SENASA, https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2019/07/RJ-N%C3%82%C2%BA-0090-2019-MINAGRI-SENASA-El-Peruano.pdf.
[72] SENASA (2005), Reglamento de Organización y Funciones, SENASA, https://www.gob.pe/institucion/senasa/informes-publicaciones/853480-reglamento-de-organizacion-y-funciones-del-senasa.
[81] SENASA (2023a), Informe: Monitoreo Oficial Anual de Residuos Químicos de Plaguicidas en Productos Orgánicos. Año 2022., SENASA, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4530528/Informe%20Monitoreo%20Residuos%20Productos%20Org%C3%A1nicos%20-%202022.pdf?v=1683641587.
[73] SENASA (2022b), Memoria Anual, SENASA, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4856762/Memoria%20SENASA%202022.pdf?v=1689605496.
[74] SENASA (2023b), SENASA Contigo, https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/midagri-senasa-anuncia-vacunacion-gratuita-a-mas-de-150-mil-animales-contra-el-antrax/.
[173] SENASA Contigo (2023), Productores ya pueden inscribirse en las Escuelas de Campo del SENASA, https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/productores-ya-pueden-inscribirse-en-las-escuelas-de-campo-del-senasa/.
[168] SERFOR (2026), SIMA - Satelite Monitoreo Impactos del Patrimonio Forestal, https://sniffs.serfor.gob.pe/monitoreo/sami/index.html.
[162] SERFOR (2024), SNIFFS - Componente Estadístico, https://sniffs.serfor.gob.pe/estadistica/es/tableros/titulos-habilitantes/concesiones.
[159] SERFOR (2023), Plataforma de seguimiento de la Zonificación Forestal, https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/1rBWIgdSv6bguI4RaAyMnpnW9myR3t-sB/page/HHh6B.
[142] SERFOR (2021), Cuenta de Bosques del Perú. Documento Metodológico, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1811/libro.pdf.
[166] SERFOR (2021), Estrategia para la Promocion de Plantaciones Forestales Comerciales 2021-2050, SERFOR, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2244409/EPPFC-28_09_2021-Revision_OGAJ_04_10_2021FF.pdf.pdf?v=1634082355.
[32] SERFOR (2018), Fauna Silvestre Amenazada del Peru. Libro Rojo, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1269071/Libro-Rojo.pdf?v=1598652288.
[152] SERFOR (2017), Guia Metodologica para la Zonificacion Forestal, SERFOR, http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/488.
[153] SERFOR (2015), Ley Forestal y de Fauna Silvestre N 29763 y sus Reglamentos. Bosques productivos para la vida, SERFOR, https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/siar-sanmartin/archivos/public/docs/lffs-y-sus-reglamentos.pdf.
[49] SERNANP (2024b), Reservas Comunales, https://www.gob.pe/institucion/sernanp/colecciones/3247-reservas-comunales.
[38] SERNAP (2025), Sistema De Áreas Naturales Protegidas Del Peru, https://www.gob.pe/institucion/sernanp/campa%C3%B1as/4340-sistema-nacional-de-areas-naturales-protegidas-por-el-estado.
[163] SPDA (2020), Concesiones Forestales Maderables: Evaluacion Integral del modelo de concesiones forestales con fines maderables y propuestas para su fortalecimiento, SPDA.
[160] Tribunal Constitucional (2025), Caso de la modificación de la Ley Forestal y de, https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/Expedientes-00002-2024-PI-TC-00003-2024-PI-TC-LPDerecho.pdf.
[131] Tridge (2024), Water deficit threatens the 2024-2025 agricultural campaign in Peru, https://www.tridge.com/news/water-deficit-threatens-the-2024-2025-agricu-osuhcs.
[33] UNCCD (2025), Sustainable Development Goal (SDG) Indicator 15.3.1, https://data.unccd.int/land-degradation.
[34] UNCCD (2022), Latin America and the Caribbean: Sustainable land management and climate change adaptation, https://www.unccd.int/resources/global-land-outlook/latin-america-and-caribbean-sustainable-land-management-and-climate.
[29] UNDP (2025), BIOFIN, https://www.biofin.org/peru#:~:text=The%20country%20holds%20more%20than,than%204500%20species%20of%20potato.
[118] UNFCCC (2025), Peru. 2024 National Inventory Document (NID), https://unfccc.int/documents/645281.
[122] UNFCCC (2024), Past Conferences Overview, UNFCCC, https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-conferences/past-conferences-overview.
[120] UNFCCC (1997), Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCC, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/cop3/l07a01.pdf#page=24.
[69] United Nations (2024), United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-10&chapter=27&clang=_en (accessed on February 2024).
[156] UN-REDD (2020), The Indigenous Approach to National Forest Monitoring in Peru, https://www.un-redd.org/news/indigenous-approach-national-forest-monitoring-peru.
[93] WBG (2023), PERU. Strategic Actions Toward Water Security, Water Global Practice, https://documents1.worldbank.org/curated/en/099060623153520241/pdf/P1736361229c810821982e1e2287df37745.pdf.
[2] World Bank (2025), World Bank Indicators, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.
[133] World Bank (2024), Climate Change Knowledge Portal, https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/peru/climate-data-projections.
[96] World Bank (2023), Peru: Strategic Actions Toward Water Security, https://documents1.worldbank.org/curated/en/099060623153520241/pdf/P1736360229c810820982e0e2287df37745.pdf.
[157] World Bank (2020), Recognizing Indigenous Peoples’ Leadership in Climate Action: Land Security and Sustainable Forest Management in the Peruvian Amazon, https://www.worldbank.org/en/results/2021/11/08/recognizing-indigenous-peoples-leadership-in-climate-action-land-security-and-sustainable-forest-management-in-the-peruv.
[90] World Resources Institute (2023), Data Set Aqueduct 4.0 Country Rankings, https://www.wri.org/data/aqueduct-30-country-rankings.
[149] World Resources Institute (2019), Use of Near-Real-Time Deforestation Alerts: A Case Study from Peru, https://files.wri.org/d8/s3fs-public/use-near-real-time-deforestation-alerts.pdf.
← 1. Aunque la producción ecológica suele compararse con la de otros países, el cálculo resultó difícil debido a la disparidad de las fuentes.
← 2. La estructura de gobierno descentralizada de Perú comprende 25 gobiernos regionales y 1 828 gobiernos locales, cada uno de los cuales asume una función distinta en el sector agrícola.
← 3. Perú es una zona crítica para la biodiversidad mundial, lo que significa que es un país que presenta tanto una gran biodiversidad como una grave amenaza para ella.
← 4. Una zona de vida es un área geográfica con condiciones ambientales específicas que favorecen la existencia de determinados tipos de ecosistemas, comunidades vegetales y especies animales (FAO, 2012[172]).
← 5. Alcanzar un 10 % de vegetación natural es un objetivo modesto para garantizar que las tierras agrícolas mantengan su integridad y cuenten con un nivel mínimo de capital natural que permita prestar servicios ecosistémicos.
← 6. Por ejemplo, el Gobierno ha decidido que, a partir del 1 de agosto de 2024, queda prohibido el uso de plaguicidas agrícolas que contengan el principio activo clorpirifos (SENASA Contigo, 2023[173]).
← 7. Algunas hortalizas registraron cifras alarmantes, como los pimientos morrones (87,36 %), los pimientos amarillos (81,35 %) y los tomates (77,40 %).
← 8. No hay datos oficiales de la OCDE sobre los balances de nutrientes en Perú. Puesto que existen varias diferencias metodológicas importantes entre los enfoques de FAOSTAT y de la OCDE, en este apartado se comparan los datos de Perú con los estimados por FAOSTAT respecto a las tierras de cultivo de los países de la OCDE. Los valores de FAOSTAT suelen ser más elevados que los datos oficiales de la OCDE. Una razón importante para ello es que se limitan a las tierras de cultivo, mientras que los valores de la OCDE se centran en las tierras agrícolas. Esto último incluye los pastos, donde los aportes suelen ser menores, lo que reduce los balances de nitrógeno.
← 9. Una “buena” calidad del agua ambiental significa que esta no es perjudicial para las personas ni los ecosistemas.
← 10. “REDD” se refiere a la “reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo”. El símbolo “+” hace referencia a actividades forestales adicionales que contribuyen a la protección del clima, en concreto la gestión sostenible de los bosques y la conservación y el aumento de las reservas forestales de carbono. En el marco de estas actividades de REDD+, los países en desarrollo pueden recibir pagos en función de los resultados por la reducción de emisiones cuando logran reducir la deforestación. Esto supone un gran estímulo para sus esfuerzos (UNFCCC, 2025[118]).
← 11. Los distintos niveles se refieren a los niveles de complejidad metodológica y especificidad de los datos establecidos por la CMNUCC para estimar las emisiones de GEI. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) define dichos niveles y se utilizan en todo el mundo en los inventarios nacionales de GEI. El nivel 1 es el método más básico, que utiliza los factores de emisión predeterminados proporcionados por el IPCC. El nivel 2 utiliza factores de emisión específicos de cada país y requiere datos más detallados. El nivel 3 utiliza modelos minuciosos que permiten medir con precisión las emisiones de GEI, mediante la incorporación de datos específicos de cada emplazamiento.
← 12. Se excluyen las plantaciones agrícolas.