Perú ha presentado una estrategia nacional y medidas complementarias destinadas a abordar los principales problemas del sistema alimentario. Los canales de comercialización de alimentos siguen siendo en gran medida tradicionales, con una escasa organización de los productores, limitaciones en la infraestructura regional que dan lugar a una integración parcial del mercado y dificultades nutricionales, ya que la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria, mientras que un 30 % padece sobrepeso u obesidad. En este capítulo se analizan las cadenas de suministro agroalimentario de Perú, que comprenden cadenas de valor específicas, y se examinan determinadas políticas en materia de sistemas alimentarios, como la asistencia y la seguridad alimentarias o la pérdida y el desperdicio de alimentos. Además, estudia las políticas de Perú destinadas a fomentar dietas y decisiones de consumo saludables, así como el enfoque que busca promover la coherencia de las políticas a fin de solucionar los problemas del sistema alimentario.
Políticas para el futuro del sector de la agricultura y la alimentación en Perú
Resumen
Perú ha puesto en marcha una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como políticas complementarias destinadas a solucionar los problemas del sistema alimentario. Los canales de comercialización de alimentos, que varían según la región, son en su mayoría tradicionales, en los que los agricultores venden en mercados mayoristas y libres, y el 7,5 % de los productores forma parte de cooperativas. Una cuarta parte de los alimentos se produce a través de cadenas de valor “modernas” con una elevada concentración de empresas de alimentación y bebidas. La mayoría de las medianas y grandes empresas agroalimentarias suelen estar orientadas a la exportación, lo que contribuye a que Perú esté muy integrado en las cadenas globales de valor respecto a determinados productos agrícolas.
Las redes de carreteras poco desarrolladas impiden que los agricultores, en especial en las regiones de la Sierra y la Selva, se integren de manera efectiva en los mercados. La insuficiencia de instalaciones de almacenamiento, de cadenas de frío y de alternativas de transporte especializado provoca importantes pérdidas de alimentos, inestabilidad de los ingresos e inseguridad alimentaria.
En torno a la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria, sobre todo en las zonas rurales. Al mismo tiempo, alrededor del 30 % de los adultos padecen obesidad o sobrepeso, en gran medida en las zonas urbanas, aunque se observa una tendencia al alza en las zonas rurales. Se han aplicado varias medidas para hacer frente a este doble reto:
El Programa de Complementación Alimentaria, el Programa Nacional de Alimentación Escolar y las transferencias monetarias condicionadas, entre otras iniciativas, han dado lugar a mejoras cuantificables en materia de seguridad alimentaria, en particular en lo que respecta a la malnutrición infantil crónica. No obstante, son necesarias intervenciones más completas y eficaces.
Se han adoptado medidas de políticas que pretenden mejorar el valor nutricional de los alimentos y las bebidas en las escuelas y fomentar una alimentación y hábitos de vida saludables. Esto incluye el sistema nacional de etiquetado de advertencia en los alimentos y la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables dirigida a los niños. Sin embargo, el impacto de estas políticas ha sido escaso hasta ahora.
La seguridad alimentaria sigue siendo un asunto importante para Perú, sobre todo en los canales informales. Se pueden realizar más esfuerzos por mejorar la coordinación institucional con el fin de eliminar la duplicación de funciones y subsanar las deficiencias en la aplicación de la normativa, al tiempo que se invierte en educación en materia de higiene, sistemas modernos de vigilancia y laboratorios acreditados para detectar con mayor eficacia los riesgos químicos y microbiológicos.
Perú se ha comprometido con el ODS 12.3, relativo a la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, y ha promulgado reglamentos que facilitan la recuperación y la donación de alimentos. Perú, al igual que muchos países de la OCDE, carece de objetivos cuantificados, parámetros de referencia definidos y mecanismos de seguimiento sistemáticos, lo que limita su capacidad de evaluar los avances y aprovechar plenamente los posibles beneficios de estos esfuerzos.
Los sistemas alimentarios abarcan todos los elementos y actividades relacionados con la producción y el consumo de alimentos, así como sus efectos (OECD, 2021[1]). Comprenden todas las instituciones, personas, lugares y labores que intervienen en el cultivo, la transformación, el transporte, la venta, la comercialización y el consumo de alimentos (Food Systems Dashboard, 2025[2]). En esta sección se describe el panorama de la cadena de suministro agrícola con el fin de proporcionar contexto al resto del capítulo. Aunque trata las políticas, esta sección tiene un carácter más descriptivo. Analiza la distribución del valor añadido en toda la cadena de suministro agroalimentaria, la concentración del mercado en los sectores de la transformación y la venta minorista, la cooperación, la logística y la integración en las cadenas globales de valor, así como la conducta empresarial responsable en las cadenas de suministro agrícolas.
5.1.1. Distribución del valor añadido en la cadena de suministro agroalimentaria
La contribución de la agricultura al valor añadido total de Perú (6,8 %) en 2024 es superior a la de América Latina y el Caribe. En 2024 se situó en una media del 5,6 %1 , lo que supone un porcentaje muy superior al promedio de la OCDE, que fue del 1,4 % (World Bank, 2025[3]). La importancia de la producción primaria se refleja en toda la cadena de valor alimentaria, donde ha representado de forma constante alrededor del 50 % del valor añadido total del sector alimentario durante los últimos 15 años. Si bien la fabricación de alimentos y bebidas representó alrededor del 30 % del valor añadido, su distribución constituyó el 20 % durante el mismo período. En conjunto, estos tres eslabones de la cadena de valor alimentaria conforman el 13 % del valor añadido bruto nacional total (figura 5.1). El valor añadido extranjero de las exportaciones alimentarias es elevado y va en aumento (véase el capítulo 1).
Nota: La producción primaria abarca todo el sector agropecuario, la ganadería, la caza y la silvicultura. La fabricación de alimentos y bebidas incluye los productos pesqueros y tabaqueros. No se han encontrado datos desglosados sobre la distribución de alimentos y bebidas (mayorista y minorista).
Fuente: INEI (2025[4]), Perú: Producto Bruto Interno Según Actividad Económica (Nivel 54), 2007-2024, https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/national-accounts/.
5.1.2. Concentración del mercado en los sectores de la transformación y la venta minorista
La industria de la transformación agrícola representó el 3 % del producto interno bruto (PIB) nacional en 2023 (INEI, 2025[5]). Sus principales componentes son la harina, la pasta y los productos relacionados con el pan (23 %); las bebidas y los productos de tabaco (17 %); la transformación de la carne (13 %); y la transformación y conservación de frutas y hortalizas (7 %). El sector manufacturero se concentra casi por completo en la región de la Costa, y solo Lima y la Provincia Constitucional del Callao aglutinan alrededor del 55 % de la actividad manufacturera de Perú. La industria de la alimentación y las bebidas representa el 17,6 % del sector manufacturero (INEI, 2024[6]) y aportó el 26,2 % del PIB manufacturero en 2022 (MEF, 2022[7]).
Los dos principales canales de comercialización de alimentos son los tradicionales, que incluyen los mercados mayoristas, los mercados libres y las tiendas, y los modernos, que comprenden los supermercados y las tiendas de conveniencia. Los alimentos frescos se venden en su mayoría a través de mercados mayoristas, de los cuales alrededor del 47 % se encuentra en Lima (FAO, European Union and CIRAD, 2022[8]). Los canales alimentarios modernos son los principales canales de comercialización de los alimentos procesados y los productos importados, y su expansión se acentúa a medida que aumentan las ventas de alimentos ultraprocesados, aperitivos y bebidas azucaradas. La prevalencia de los canales modernos en Perú sigue siendo baja (25 %) en comparación con otros países de la región, como Brasil, Chile y Colombia, donde estos representan entre el 60 % y el 80 % (FAO, European Union and CIRAD, 2022[8]). Por cada 10 000 habitantes, Perú cuenta con 5,4 establecimientos minoristas de alimentación modernos, frente a la media de 21,2 en América Latina y el Caribe (FAOSTAT, 2022[9]).
La industria de la alimentación y las bebidas en Perú está muy concentrada en unas pocas grandes empresas de sectores clave como el avícola, el molinero, el de los aceites y el lácteo. Dos conglomerados, Alicorp y Gloria, destacan como líderes indiscutibles de esta industria. Sus ventas combinadas en 2023 representaron más del 60 % de los ingresos totales de las empresas alimentarias. Por ejemplo, Gloria cuenta con entre el 75 % y el 80 % del mercado de la leche industrializada en Perú y suministra el 80 % de la leche para el programa nacional de alimentación escolar (INDECOPI, 2023[10]). Además, es el mayor propietario de tierras, con más de 90 000 hectáreas dedicadas a la agroexportación y al cultivo de caña de azúcar (FAO, European Union and CIRAD, 2022[8]). Alicorp, que es también el principal importador de productos alimentarios de Perú, cuenta con una gama de productos muy diversificada que abarca artículos básicos como aceite de cocina, harina, condimentos, productos de confitería y muchos más (FAO, European Union and CIRAD, 2022[8]).
Esta concentración del mercado plantea una paradoja notable en relación con el marco normativo peruano, favorable a la competencia (véase la sección 5.2.2). Aunque las nuevas empresas no se enfrentan a obstáculos legales a la hora de entrar en el mercado, resulta difícil competir con las amplias redes de distribución de Alicorp y Gloria, que permiten que sus productos lleguen a todos los rincones de Perú, desde los supermercados hasta las tiendas familiares de barrio. Sus capacidades logísticas constituyen una ventaja competitiva clave en un mercado en el que la mayoría de los consumidores prefieren realizar compras frecuentes de pequeña cuantía en establecimientos cercanos. Esta concentración del mercado se ve aún más agravada por unas cadenas de valor poco desarrolladas, en las que los pequeños agricultores carecen de la organización y la capacidad financiera necesarias para reforzar su posición en el mercado y competir con los operadores consolidados. Otros actores destacados de la industria son las avícolas San Fernando y Redondos (con más del 50 % de cuota de mercado), así como empresas extranjeras como Nestlé y Molitalia (SNI, 2018[11]).
5.1.3. Cooperación e iniciativas para mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor
Las organizaciones de productores y otras asociaciones son importantes para los pequeños agricultores
El sector agrícola de Perú presenta una estructura dual. En 2022, alrededor del 2,4 % de las explotaciones agropecuarias eran empresas orientadas a la exportación que utilizaban tecnología y procesos de vanguardia y estaban plenamente integradas en los mercados mundiales. Sin embargo, la gran mayoría de las explotaciones agropecuarias, el 95,4 %, son explotaciones no comerciales o pequeños agricultores que producen sobre todo para el autoconsumo. Utilizan poca o ninguna tecnología y tienen un acceso limitado a los mercados de insumos y productos, así como a los servicios financieros. En el caso de quienes sí tienen excedentes, los productos se venden en los mercados locales y nacionales (INEI, 2023[12]).
Sin embargo, estos pequeños agricultores se enfrentan a diversas dificultades a la hora de comercializar sus productos, lo que se lleva a cabo en gran medida a través de los mercados mayoristas tradicionales. Solo el 4,1 % cuenta con una cadena de frío, el 15,1 % dispone de zonas de carga y descarga, y el 80,5 % carece de un centro de recogida de residuos. Además, los canales modernos apenas venden productos de la agricultura a pequeña escala, ya que su modelo de negocio exige mayores volúmenes de venta, un suministro continuo y estandarización. Se trata de requisitos difíciles de cumplir, ya que la mayoría de los pequeños productores practican la agricultura de subsistencia (FAO, European Union and CIRAD, 2022[8]).
Alrededor del 42 % de los pequeños y medianos agricultores recurren a intermediarios para vender sus productos. Las elevadas comisiones de estos intermediarios generan una gran diferencia entre los precios en origen y las tarifas mayoristas, lo que, en última instancia, reduce los beneficios de los agricultores. En el caso de diez de los productos agrícolas más básicos de los mercados nacionales, los precios mayoristas suelen ser un 69 % superiores a lo que reciben los productores, mientras que los precios al consumidor pueden llegar a ser hasta un 249 % más elevados. Debido al acceso limitado a los mercados, los pequeños agricultores se enfrentan a un escaso poder de negociación a la hora de tratar con los intermediarios, lo que los sitúa en una posición de vulnerabilidad a los precios desfavorables (FAO, European Union and CIRAD, 2022[8]).
Las cooperativas agrarias2 desempeñan un papel importante en el apoyo a los pequeños agricultores, ya que les proporcionan diversos servicios, como empleo rural, oportunidades de mercado, acceso a la información y a las tecnologías, y servicios de extensión agropecuaria (OCDC, 2019[13]). En 2017 se registraron 398 cooperativas agrarias, de las cuales el 23,3 % se clasificaron como agrarias, el 4,6 % como agrarias cafetaleras, el 2,2 % como agroindustriales y el 1,9 % como agropecuarias (MIDAGRI, 2022[14]). Se calcula que estas cooperativas venden menos del 10 % de la producción agrícola total.
Las cooperativas de café y cacao de Perú son muy importantes, y las ubicadas en la región de la Selva se centran, en concreto, en productos ecológicos, sostenibles y de reconocimiento internacional (OCDC, 2019[13]). Han ampliado su capacidad productiva tras aumentar su presencia en los mercados nacionales y extranjeros. La Asociación Peruana de Productores de Cacao representa a más de 30 000 productores de cacao, con unas 60 000 hectáreas, y actúa como portavoz de todos los productores de cacao organizados ante las instituciones nacionales e internacionales. La asociación está integrada por otras 25 cooperativas y asociaciones. Aunque no se dispone de datos oficiales sobre la organización de los productores de cacao en todo el país, las estimaciones indican que hasta un 65 % están organizados (Mogrovejo, Vanhuynegem and Vásquez, 2012[15]).
El movimiento cooperativo cafetalero ha resultado de especial eficacia a la hora de establecer alianzas estratégicas en toda la cadena de valor del café para mejorar su competitividad en el mercado internacional. La Junta Nacional del Café representa a los productores de café de Perú y gestiona unas 165 000 hectáreas de cultivo de café. Se trata de una entidad formada por más de 50 cooperativas y asociaciones cafetaleras. Junto con la Cámara Peruana del Café y Cacao y otras organizaciones de productores de café, estas entidades agrupan de forma colectiva y emprendedora alrededor del 43 % de la superficie total dedicada al café (Mogrovejo, Vanhuynegem and Vásquez, 2012[15]).
Aunque existen algunos ejemplos de organizaciones de agricultores que han tenido éxito en Perú, su número es reducido. En 2024, alrededor del 7,5 % de los agricultores peruanos pertenecían a algún tipo de organización, como una cooperativa o una asociación. La participación de los productores agrícolas en estas organizaciones varía según la región. La región de la Selva presenta el porcentaje más alto (13,2 %), seguida de la Sierra (6,7 %) y la Costa, con un 5,5 % (INEI, 2025[16]). Además, se observan discrepancias en función de la cadena de suministro agrícola, ya que, según las estimaciones, en 2012 solo 27 explotaciones de la industria láctea, lo que constituye alrededor del 0,002 % de los productores de leche, estaban organizadas en cooperativas agrarias (INDECOPI, 2023[10]).
Además, las organizaciones de medianas y grandes empresas son las que ejercen una mayor influencia institucional en el sector agrícola, a menudo orientada hacia las exportaciones agrícolas. La Asociación de Gremios Productores Agrarios agrupa a muchas de estas empresas y ha impulsado diversas iniciativas de infraestructura, como proyectos de riego a gran escala. En la actualidad participa en nueve proyectos en la región de la Costa, que abarcan un total de 400 000 hectáreas (FreshPlaza, 2025[17]).
Durante las décadas de 1950 y 1960, la agricultura peruana se caracterizó por una gran concentración de la propiedad de la tierra. Las reformas encaminadas a solucionar este problema comenzaron a gestarse en la década de 1960, lo que condujo a una reforma clave, el Decreto-Ley N.º 17716, que entró en vigor en 1969 (véase el capítulo 1). Esto supuso, ante todo, la distribución de la tierra entre los agricultores, la eliminación del latifundio, del minifundio y de toda forma antisocial de tenencia de la tierra. Uno de los elementos clave de la ley era establecer una agricultura organizada basada en el esfuerzo asociativo de los agricultores.
Se crearon cooperativas y asociaciones agrarias, como las cooperativas agrarias de producción y las cooperativas comunales, las sociedades agrarias de interés social. Sin embargo, se trataba en su mayoría de grandes cooperativas de producción con un bajo nivel de rendición de cuentas y una gestión escasa debido a la falta de experiencia o a la deshonestidad de los administradores, que daban prioridad al beneficio personal (OCDC, 2019[13]).
A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, las grandes cooperativas se dividieron en explotaciones más pequeñas, pero los agricultores individuales se enfrentaban a retos como la competencia mundial y la inestabilidad económica. El sector agrícola se vio afectado por el terrorismo, los cultivos ilícitos y la inflación, lo que socavó aún más las estructuras cooperativas y alimentó el escepticismo sobre su eficacia. Muchas cooperativas agrarias fracasaron durante la década de 1980 y las tierras se repartieron entre sus miembros o fueron ocupadas por comunidades campesinas (OCDC, 2019[13]). Esta fragmentación de la tierra provocó una disminución tanto de la productividad como de la rentabilidad y generó desconfianza en el modelo cooperativo.
Fuentes: MIDAGRI (2023[18]), Objetivos de la reforma agraria, https://www.midagri.gob.pe/portal/objetivos/70-marco-legal/titulacion-agraria-en-el-peru/413-el-proceso-de-reforma-agraria; USAID, Overseas Cooperative Development Council (OCDC) y el Grupo de Investigación Cooperativa Internacional (2019[13]), The Cooperative Context in Peru: A Review of the Historical, Legal, and Regulatory Environment, https://ocdc.coop/wp-content/uploads/imported-files/ContextStudy_Peru-1.pdf.
Se han implementado diversos instrumentos de políticas con el objetivo de reforzar la posición de los agricultores en la cadena de valor
La mayoría de los instrumentos de política agrícola aplicados en Perú, desde la asistencia técnica hasta el apoyo a los insumos variables o a la formación de capital fijo en las explotaciones agrícolas, están diseñados para abordar el desarrollo general de los pequeños productores y, en particular, su integración en los mercados de insumos y productos. Entre ellos se encuentran el Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas) y el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) (véase el capítulo 2). Sin embargo, las iniciativas son insuficientes y dispersas, y tienen un alcance y una duración limitados.
Se han puesto en marcha algunas iniciativas de mejora de la integración de los agricultores en cadenas de valor dinámicas y desarrolladas. Por ejemplo, el Plan Nacional de Agricultura Familiar (PLANAF) 2019-2021 se creó con el fin de mejorar de forma sostenible los ingresos de los productores de la agricultura familiar. Su objetivo era integrar a los pequeños productores en el marco económico nacional con mayor eficacia. El enfoque estratégico incluía mejorar su acceso a los mercados, las prácticas agrícolas y la inclusión socioeconómica. Una de las características principales del plan fue la reforma jurídica e institucional destinada a crear un entorno más favorable para los pequeños agricultores. Esto incluyó la revisión de las leyes y reglamentos vigentes con vistas a abordar mejor los retos específicos a los que se enfrentan los pequeños productores, así como a establecer mecanismos de apoyo institucional más sólidos tanto en el ámbito local como en el nacional (El Peruano, 2019[19]).
El PLANAF también incluía importantes iniciativas financieras, con productos y servicios financieros a medida diseñados para mejorar el acceso de los agricultores al crédito y a los seguros. La asistencia técnica y la creación de capacidades fueron otros elementos fundamentales del plan. Su objetivo era mejorar la eficiencia de la producción y la calidad de los productos agrícolas mediante métodos sostenibles. El plan promovía la adopción de tecnologías y prácticas agrícolas innovadoras que fueran sostenibles desde el punto de vista medioambiental y viables desde una perspectiva económica. Se impartieron programas de formación y educación con el fin de dotar a los agricultores de las competencias que les permitieran mejorar su productividad y gestionar sus recursos de manera más eficaz (El Peruano, 2019[19]). Sin embargo, el plan presentaba deficiencias y no se le asignaron nuevos fondos, ya que se financiaba con presupuestos ya asignados a los distintos ministerios, en lugar de movilizar nuevos recursos. Además, su duración efectiva fue de solo dos años, plazo que resultó insuficiente para llegar a más de dos millones de pequeños productores.
La promulgación de la Ley N.º 31335 de 2021, de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias, constituyó otra importante iniciativa que promueve el desarrollo de un marco normativo para las cooperativas agrarias. La ley creó el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias (RNCA), una base de datos nacional centralizada de las cooperativas agrarias de Perú. Este Registro cuenta en la actualidad con 837 cooperativas inscritas, que representan a 90 379 productores agrícolas de todo el país.
Además, la ley estableció que los ingresos obtenidos por las cooperativas agrarias derivados de la realización de actos cooperativos no estarían sujetos al impuesto a la renta ni al impuesto general a las ventas (SUNAT, 2024[20]), lo que fomenta la formalización de los productores que se afilian a cooperativas. El Ministerio de Desarrollo Agrícola y Riego (MIDAGRI) ofrece líneas de crédito para capital circulante a las cooperativas agrarias, gestionadas por Agrobanco con recursos del Fondo Agroperú. En 2022, Agrobanco concedió más de 70 000 préstamos a pequeños productores, con un importe medio de 3 200 dólares estadounidenses por préstamo (El Peruano, 2021[21]).
El Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB) es una unidad ejecutora del MIDAGRI, cuyo objetivo es lograr una agricultura competitiva y productiva mediante la reducción de las deficiencias que presenta la estructura productiva agraria (PEJSIB, 2025[22]). El proyecto se centra en la construcción y mejora de la infraestructura de riego y en la creación de capacidades mediante la prestación de asistencia técnica. En colaboración con los pequeños agricultores de diversas regiones, el propósito principal consiste en reducir la desigualdad y la exclusión en el sector agrícola.
5.1.4. Logística e integración en las cadenas globales de valor
Las disparidades de Perú en materia de acceso a los mercados corroboran la necesidad de contar con una infraestructura logística eficaz
Perú está muy integrado en las cadenas globales de valor de los productos agrícolas. Hasta ahora, había sido un importante exportador de productos tradicionales como el café, el cacao y los plátanos. En los últimos 15 años, Perú se ha convertido en uno de los principales exportadores de cultivos no tradicionales como los arándanos, los aguacates, los espárragos, los mangos, las uvas, las mandarinas, la quinua y el aceite de palma (véanse los capítulos 1 y 2) (UN Comtrade, 2025[23]).
El país produce diferentes cultivos en función de las condiciones económicas y agroclimáticas. Por ejemplo, alrededor del 78 % de las tierras agrícolas de la Costa se dedican a la producción destinada al mercado, ya sea nacional o internacional. La Costa produce principalmente cultivos no tradicionales que acaban en el mercado mundial, como espárragos, bayas, mangos, uvas y aguacates, así como cultivos para el mercado interno, como frijoles y arroz. La producción de las regiones de la Sierra y la Selva se destina al mercado nacional y al autoconsumo. En la región de la Sierra se producen cultivos como los cereales andinos, la papa, el maíz y la quinua, además de legumbres como el tarwi y las habas, entre muchos otros. La Selva produce, por ejemplo, maíz, frutas, arroz y productos agroindustriales como café, granos de cacao y aceite de palma (INEI, 2023[12]).
La integración en los mercados mundiales y nacionales varía de manera considerable según la región natural. Estas discrepancias se deben sobre todo a diferencias en la infraestructura (véase el capítulo 1). La ubicación geográfica de los Andes dificulta el acceso a los mercados de los agricultores de las regiones de la Selva y la Sierra debido a la deficiente conexión por carretera. La red de carreteras de Perú sigue estando poco desarrollada, con 174 709 kilómetros de carreteras en 2024 (MTC, 2024[24]). Alrededor del 19 % de la red está asfaltada, una cifra que apenas ha variado en la última década. Aunque el 83 % de las carreteras nacionales están asfaltadas, este porcentaje se reduce al 24 % en el caso de las carreteras regionales y al 3 % en el de las rurales.
Por lo tanto, los elevados costos de transporte impiden que los agricultores de las regiones de la Sierra y la Selva se integren en los mercados en la práctica. Por ejemplo, los agricultores de subsistencia destinan alrededor del 46 % de su producción a la venta. Sin embargo, debido a la falta de una cadena adecuada de almacenamiento, distribución y comercialización, acaban perdiendo hasta un 45 % de su cosecha total, lo que reduce la producción real comercializada, estimada en solo un 25 % (FAO, European Union and CIRAD, 2022[8]). Esta falta de infraestructura afecta sobre todo a la ganadería, debido a la ausencia de cadenas de frío, mataderos oficiales y transporte especializado que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad de la carne y los productos lácteos (MIDAGRI, 2017[25]).
El establecimiento de cadenas de suministro alimentario regionalizadas en ubicaciones estratégicas permite crear vínculos más sólidos entre los mercados urbanos y rurales, así como aumentar la autosuficiencia y la resiliencia de estas cadenas en las zonas rurales (FAO, 2020[26]). Además, reducen la distancia de transporte y el número de intermediarios entre productores y consumidores, lo que disminuye la pérdida de alimentos e incrementa la disponibilidad de alimentos más económicos y frescos. Ello reviste especial importancia en épocas de crisis, como la pandemia de COVID-19, en las que el sistema centralizado de distribución alimentaria de Perú provocó una grave escasez de alimentos. (Tirado-Kulieva, 2022[27])
La cadena de valor de los productos agroalimentarios varía en función del producto y del mercado al que se destina
Existen diferencias entre las cadenas de valor agroalimentarias de Perú, en gran medida debido a las distintas condiciones económicas y agroclimáticas. Un análisis de la cadena de suministro del aguacate revela tres tipos de productores, todos ellos abastecidos por proveedores de insumos agrícolas. Los grandes productores disponen de integración vertical con la actividad exportadora, lo que incluye la transformación de los productos. Un número considerable de medianos productores y asociaciones de pequeños productores también abastecen a las actividades de agroexportación, a menudo mediante la “producción por contrato”. Todos los aguacates destinados a los mercados extranjeros pertenecen a la variedad Hass (figura 5.2).
Por otro lado, los pequeños productores suelen vender su producción en la finca a través de intermediarios locales o, en ocasiones, a distribuidores de insumos agrícolas que actúan como intermediarios en esta fase; estos recogen el producto y, en su mayoría, lo transportan a los mercados mayoristas de las ciudades, en especial las variedades que no son Hass. Cabe señalar que una parte de los aguacates Hass que reúnen los intermediarios logra llegar a las empresas exportadoras, aunque los pequeños productores suelen tener dificultades para cumplir con los requisitos de tamaño y estacionalidad que exige el sector. Por último, los aguacates que se comercializan en los mercados mayoristas son adquiridos directamente por los comerciantes individuales minoristas.
Fuente: EDIR (2023[28]), Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional: Región Apurímac, https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/01-EDIR-Resumen_Apur%C3%ADmac_Web.pdf.
La producción de quinua rompe con las tendencias generales de la producción de la Sierra. En 2005, Perú produjo 32 600 toneladas de quinua y exportó menos del 2 %. Diez años después, en 2014, produjo 114 000 toneladas y exportó 36 200 toneladas a mercados extranjeros, en su mayoría a los Estados Unidos (50 %), Europa (23 %) y Canadá (10 %). Esto sigue dejando casi el doble de quinua para el mercado nacional que la disponible en 2005, lo que permite hacer frente al rápido crecimiento de la demanda nacional. En poco más de un decenio, la quinua había pasado de ser un alimento básico de autoconsumo en la Sierra rural a convertirse en un cultivo especializado de alta demanda y comercializado a nivel mundial. Entre 2019 y 2023, la producción media de quinua se estabilizó en torno a las 96 000 toneladas, de las cuales se ha exportado el 50 % (figura 5.3).
Esta trayectoria pone de manifiesto las oportunidades ocultas que ofrece a los productores de la Sierra, pero también los riesgos que conlleva un desarrollo tan repentino: precios inestables, problemas de comercialización y, más recientemente, la creciente competencia de nuevos productores de la región de la Costa, así como de otros países. En cierto modo, el hecho de que los agricultores de la Sierra no hayan sabido crear una marca para su quinua y diferenciarla del resto está convirtiendo el éxito de este grano dorado en una advertencia para la comercialización de otras “especies vegetales subutilizadas” (Gruere, Giuliani and Smale, 2006[29]; INEI, 2023[12]; MIDAGRI, 2024[30]). Los flujos comerciales de la quinua se dirigen en su mayoría al mercado nacional. Solo los pequeños agricultores cultivan la quinua, no existen grandes productores de este grano ni una integración vertical para la exportación, por lo que el papel de los intermediarios cobra extremada importancia. El sector de los insumos está poco desarrollado en muchas de las zonas en las que se produce la quinua y está compuesto, en general, por tiendas de productos agroquímicos situadas en los mercados locales o al aire libre de las comunidades rurales, donde se venden fertilizantes, productos agroquímicos, semillas, etc.
Fuente: EDIR (2023[28]), Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional: Región Apurímac, https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/01-EDIR-Resumen_Apur%C3%ADmac_Web.pdf.
En la cadena de valor de la papa, la mayor parte de la producción corre a cargo de los pequeños agricultores y sus asociaciones. Venden el producto a intermediarios locales, tanto en las explotaciones agrícolas como en las ferias locales, quienes reúnen grandes cantidades y las transportan a los mercados mayoristas de las ciudades. Después, una reducida fracción del producto se somete a un procesamiento básico y se destina a la venta en supermercados, pero la mayor parte se comercializa a través de pequeños minoristas en mercados tradicionales, ferias y tiendas de comestibles tradicionales o bodegas. Al igual que en el ejemplo de la quinua, el mercado de insumos está conformado por tiendas de productos agroquímicos situadas en mercados locales o al aire libre dentro de las comunidades rurales, donde se venden fertilizantes, semillas y productos afines. En el caso de Perú, no existe un mercado mundial para este cultivo (figura 5.4).
Fuente: EDIR (2023[31]), Formulación de la Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional en el departamento de Huánuco, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6614786/5749938-caracterizacion-de-cadenas-de-valor-de-huanuco.pdf?v=1722375624.
La cadena de suministro de la leche está orientada al mercado nacional, con una dicotomía que no se basa en los mercados internos o externos, sino en el tipo de industria que transforma la leche y sus derivados. La gran industria láctea constituye un monopsonio que absorbe la mayor parte de la producción nacional, de modo que el 6 % de los productores suministran a empresas industriales que abarcan el 50 % de la producción nacional (INDECOPI, 2023[10]). La otra vía comercial está formada por industrias locales de tamaño medio y plantas de transformación artesanal que producen y comercializan derivados lácteos, en general a través de distribuidores especializados (figura 5.5). La producción láctea en las regiones de la Selva y la Sierra se caracteriza por el pastoreo, las técnicas de ordeño manual, una baja densidad de ganado por hectárea y bajos rendimientos (INDECOPI, 2023[10]). Por otro lado, la región de la Costa se identifica con una producción láctea intensiva, que se distingue por una explotación con alta densidad de animales en establos, técnicas de ordeño mecanizadas y altos rendimientos. Una sola empresa agroindustrial, Gloria S.A., controla más de entre el 75 % y el 80 % del mercado nacional de leche industrializada. El mercado de insumos está conformado por tiendas de productos agroquímicos presentes en los mercados locales que venden productos veterinarios (MIDAGRI, 2024[30]).
Fuente: EDIR (2023[32]), Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional Región Ayacucho, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6681753/5804000-edir-ayacucho-resumen%282%29.pdf?v=1721666183.
En general, algunos de los obstáculos a los que se enfrentan los pequeños y medianos agricultores en las cuatro cadenas de valor descritas anteriormente son la escasa o nula asistencia técnica y la falta de servicios financieros, el uso limitado de variedades mejoradas e insumos, la deficiente adopción de tecnología, la ausencia de organizaciones que permitan generar economías de escala y la carencia de infraestructura rural y agrícola, entre otros (MIDAGRI, 2024[30]).
El sector agroalimentario de Perú está integrado en las cadenas globales de valor
Como se muestra en el capítulo 1, tanto el sector agrícola como la industria de la alimentación, las bebidas y el tabaco en Perú han logrado integrarse en las cadenas globales de valor. Si bien los indicadores relativos a los vínculos regresivos con las cadenas globales de valor y a la dependencia de la demanda extranjera se situaban por debajo del promedio de la OCDE, los vínculos progresivos de ambos sectores eran, en comparación, más elevados.
Casi un tercio (30 %) del valor añadido de la demanda nacional de alimentos, bebidas y tabaco en Perú procede de fuentes extranjeras (figura 5.6). Este porcentaje es similar al registrado en países homólogos e inferior al promedio de la OCDE (46 %). Los servicios constituyen la principal industria de origen extranjero, ya que representan el 13 % del valor añadido en la demanda final del sector alimentario.
Origen del valor añadido de la demanda nacional de alimentos, bebidas y tabaco en 2020
Nota: Los valores de la OCDE corresponden al promedio de los valores de los países de la OCDE.
Fuente: OECD (2023[33]), base de datos sobre el comercio en valor añadido (TiVA), https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/trade-in-value-added.html.
5.1.5. Cadenas de suministro responsable en el sector agrícola
Perú es un país adherente a la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable y creó su Punto Nacional de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable en 2008. A través de su Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, el Gobierno se ha comprometido a elaborar un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos con el objetivo de promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Desde 2008, Perú es un país adherente a la Decisión del Consejo relativa a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsables.
Perú no se ha sumado a la Recomendación del Consejo de la OCDE relativa a la Guía OCDE-FAO para las Cadenas de Suministro Responsable en el Sector Agrícola (en adelante, la “Guía OCDE-FAO”). Con el fin de reforzar su alineación con esta Recomendación, Perú podría adoptar medidas adicionales, como incentivar el uso de la Guía OCDE-FAO en los sistemas de gestión empresarial y condicionar la contratación pública a la demostración de la aplicación de dicha guía (OECD, 2022[34]).
Se espera que los sistemas alimentarios de todo el mundo hagan frente a un formidable “triple desafío”:
1. Garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos.
2. Proporcionar medios de subsistencia a los agricultores y a otros actores de la cadena alimentaria, y promover el desarrollo rural.
3. Hacer todo esto garantizando la sostenibilidad medioambiental, es decir, mediante el uso sostenible de los recursos naturales (que incluye la protección de ecosistemas valiosos y la biodiversidad) y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, además de satisfacer otras expectativas sociales, como el bienestar animal (OECD, 2021[1]).
La Declaración de los Ministros de Agricultura de la OCDE de 2022, a la que se ha adherido Perú, reconoce el marco del “triple desafío” y la relevancia de un enfoque basado en los sistemas alimentarios3. El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-2021 incluye en sus objetivos aspectos vinculados con los tres elementos del triple desafío. Además, existen otras políticas relativas a los sistemas alimentarios que son competencia de autoridades repartidas entre distintas jurisdicciones, organismos gubernamentales y niveles de la administración. Esta estructura es habitual, dada la complejidad de los sistemas alimentarios (OECD, 2021[1]).
En cuanto al gasto público en sistemas alimentarios entre 2018 y 2022, la mayor parte se destina a la asistencia social4 (54 %), seguida de la infraestructura de los sistemas alimentarios (16 %), el desarrollo agrícola y las cadenas de valor (13 %), la nutrición y la salud (13 %), y el cambio climático y los recursos naturales (4 %) (UN Food Systems Hub, n.d.[35]). Alrededor del 20 % del gasto público total en sistemas alimentarios procede de fondos internacionales, de los cuales la mayoría (54 %) se destina al desarrollo agrícola y a las cadenas de valor.
Aunque un análisis exhaustivo de todas las políticas relativas a los sistemas alimentarios excedería el alcance de la presente revisión de la adhesión, en esta sección se abordarán de forma breve algunos temas específicos vinculados con cada uno de los tres desafíos a los que se enfrentan los sistemas alimentarios:
Seguridad alimentaria y nutrición. Se prestará especial atención a la existencia de programas de alimentación escolar y bancos de alimentos, que constituyen dos tipos de programas de asistencia alimentaria importantes en los países de la OCDE (Giner and Placzek, 2022[36]).
Mejora de los medios de subsistencia de los agricultores y otros actores. Se prestará especial atención a las cuestiones en materia de regulación del mercado y de competencia.
Sostenibilidad medioambiental. Se prestará especial atención al desperdicio de alimentos, un tema que suscita un interés cada vez mayor entre los países de la OCDE5.
5.2.1. Programas de asistencia alimentaria
La mitad de la población de Perú se enfrenta a la inseguridad alimentaria, y la tendencia va en aumento
La Ley N.º 31315 de seguridad alimentaria y nutricional establece el marco jurídico para la formulación de políticas públicas en materia de seguridad alimentaria y nutricional, reconociendo el acceso a la alimentación como un derecho fundamental. Formula directrices de actuación y enfatiza la participación activa y coordinada de productores, comerciantes y consumidores en la supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria y nutricional (El Peruano, 2021[37]).
Sin embargo, Perú se enfrenta al creciente problema de la inseguridad alimentaria, ya que en torno a la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria moderada o grave (World Bank, 2025[3]). El acceso a los alimentos viene determinado principalmente por los ingresos del hogar y los precios de los alimentos. Alrededor del 48 % de los hogares son vulnerables a la inseguridad alimentaria debido a la inestabilidad de los ingresos, mientras que los precios de los alimentos obedecen en gran medida al contexto externo, a causa de la dependencia del país de las exportaciones para obtener insumos clave en la agricultura (FAO, European Union and CIRAD, 2022[8]). Esta situación se ve agravada por la vulnerabilidad de la producción alimentaria al cambio climático y la volatilidad de los precios internacionales de los alimentos. La región de Puno registra el mayor porcentaje de hogares afectados por la inseguridad alimentaria, con un 74,3 % en 2023 (MIDIS, 2024[38]).
En las últimas décadas, El Niño y otros fenómenos naturales, como las sequías y los incendios forestales, se han vuelto más frecuentes y graves a consecuencia del cambio climático, lo que supone un riesgo considerable para el sector agrícola (véase el capítulo 3). Además, la seguridad alimentaria se ve perjudicada por el escaso acceso al agua y a los servicios de saneamiento, así como por la inestabilidad política que debilita la gestión pública (WFP, 2025[39]). En 2022, el 20,3 % de la población se enfrentaba a una grave inseguridad alimentaria, lo que revela una tendencia al alza durante el último decenio, a partir del 13,5 % registrado en 2015 (figura 5.7). Perú destaca entre sus homólogos de la región por tener la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria grave, una crisis que se agudizó aún más por la pandemia.
Fuente: Banco Mundial (2025[3]), Indicadores del desarrollo mundial, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.
Las respuestas a la inseguridad alimentaria no se circunscriben a los programas de asistencia alimentaria y las transferencias monetarias analizados en esta sección, sino que podrían centrarse en la ayuda para la subsistencia (Giner and Placzek, 2022[36]).
Programa de Complementación Alimentaria
El Programa de Complementación Alimentaria de Perú tiene como objetivo proporcionar alimentos a los peruanos que se encuentran en situaciones de pobreza o pobreza extrema, así como a los grupos vulnerables, niños, personas mayores, personas afectadas por la tuberculosis, personas con discapacidad, personas en situaciones de riesgo o abandono y víctimas de violencia familiar y política. El programa proporciona apoyo alimentario a sus usuarios a través de los centros de atención agrupados en cinco modalidades, comedores populares y ollas comunes, hogares o albergues, personas en riesgo y trabajo comunal. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) gestiona y supervisa estos programas. Su aplicación está descentralizada, y que se ejecuta a través de 238 gobiernos locales (MIDIS, 2025[40]).
En 2023, el Gobierno reformó el Programa de Complementación Alimentaria simplificando las renovaciones de los programas y mejorando su eficiencia; los cambios también comprenden la creación de un comité de gestión local con participación de la comunidad, así como una mayor supervisión y transparencia. El marco de la Ley N.º 32185 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 establece la asignación de una partida presupuestaria a favor del programa por un importe de 12 millones de dólares estadounidenses destinados a los comedores y 5 millones a las ollas comunales en todo el país. Esta asignación está destinada exclusivamente a la compra y preparación de alimentos, lo que contribuye a facilitar el acceso económico a la adquisición de alimentos a través de los centros de atención mencionados, gestionados por representantes de organizaciones que prestan asistencia a las poblaciones pobres, en situación de extrema pobreza y vulnerables. Además, en el marco de la Ley N.º 31071 de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar, se están llevando a cabo acciones conjuntas con el MIDAGRI con el fin de promover la economía de los pequeños agricultores.
Las evaluaciones anteriores del programa indican que su impacto ha sido limitado, con un alcance reducido, en especial en las zonas rurales y con altos índices de pobreza. Además, la repercusión nutricional es mínima debido a un financiamiento insuficiente y a la deficiencia de la infraestructura. La gobernanza está mejorando, pero los escasos resultados no permiten que Perú alcance sus objetivos de seguridad alimentaria. Para que el programa logre la plena consecución de los efectos previstos, es necesario mejorar el seguimiento de los resultados de las políticas, aumentar la inversión, mejorar la orientación de las medidas y contar con una supervisión impulsada por la comunidad (Caman, 2023[41]).
Programa nacional de alimentación escolar
El programa de alimentación escolar de Perú, antes conocido como Qali Warma y creado en 2012, proporciona comidas diarias a más de 4,1 millones de estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria (FAO, 2025[42]). El programa ofrece comidas variadas y nutritivas a los niños de educación infantil y primaria de las escuelas públicas de todo Perú, así como a los alumnos de secundaria de las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, todos los días del curso escolar (MIDIS, 2019[43]). Además, tiene como objetivo fomentar hábitos alimentarios saludables proporcionando información a los padres, a los miembros de los comités de compras y a los comités de alimentación escolar.
El programa está bajo la autoridad del MIDIS, pero se gestiona de forma conjunta con los comités de alimentación escolar, que están integrados por representantes y autoridades de los gobiernos locales, el sector sanitario y los padres. En este contexto, el número de comidas diarias que se sirven depende del nivel de pobreza del distrito en el que se encuentran los centros educativos. Aunque se proporcionan desayunos y almuerzos a los alumnos de primaria de los distritos que se encuentran en el 1.er y 2.º quintil de pobreza, los de los quintiles 3.º, 4.º y 5.º solo reciben el desayuno (MIDIS, 2019[43]). Además, el programa de alimentación escolar ha ido ampliando progresivamente el suministro de alimentos a las instituciones de educación secundaria de las comunidades indígenas de la región amazónica. En 2024, se dotó de equipamiento a 228 administraciones locales y 326 centros educativos, con una inversión total de 255 110 dólares estadounidenses (MIDIS, 2025[44]).
Los datos indican que el programa de alimentación escolar beneficia sobre todo a los niños que no desayunan en casa, ya que se observa una mejora en sus resultados de las pruebas cognitivas cuando se les proporcionan estas comidas. Esto sugiere que el programa contribuye a reducir las desigualdades sociales en el ámbito del aprendizaje (MIDIS, 2019[43]). Además, el suministro de comidas permite a las familias ahorrar entre un 10 % y un 17 % de sus gastos mensuales en consumo, una ayuda de la que se benefician en su mayoría las familias vulnerables. Cabe señalar que el desayuno que ofrece el programa representa en torno al 10 % de la ingesta calórica diaria, mientras que el desayuno medio que toman en casa quienes lo reciben constituye alrededor del 16 % de la ingesta calórica diaria.
Sin embargo, los escasos recursos de los gobiernos locales dificultan una mayor expansión y eficacia del programa de alimentación escolar, a menudo debido a restricciones presupuestarias o porque estos gobiernos exigen una contraprestación a cambio de su apoyo. Además, la supervisión y el seguimiento de la adecuada ejecución del programa en lo que respecta al nivel nutricional, la disponibilidad de los productos alimentarios, la pertinencia cultural de los alimentos proporcionados y el alcance territorial son limitados. Desde diciembre de 2024, el programa está siendo objeto de una reestructuración de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 010-2024-MIDIS (MIDIS, 2025[44]).
Programa Vaso de Leche
El Programa Vaso de Leche (PVL) es un programa social alimentario de larga trayectoria en Perú, que fue creado en 1984 mediante la Ley N.º 24059 y complementado por la Ley N.º 27470. Su finalidad es proporcionar una ración alimenticia diaria a las poblaciones vulnerables con el fin de ayudarles a superar la inseguridad alimentaria. Esta ayuda alimentaria se distribuye a través de las municipalidades sin costo alguno para los beneficiarios y suele consistir en 250 mililitros de leche o un alimento equivalente. Para la distribución de estas raciones de alimentos, los gobiernos locales llevan a cabo iniciativas con la participación de la comunidad. El objetivo final es mejorar el estado nutricional y la calidad de vida de los beneficiarios que, debido a su precaria situación económica, no pueden satisfacer de manera adecuada sus necesidades nutricionales (MIDIS, 2025[45]).
En la actualidad, este programa descentralizado está gestionado por 1 981 gobiernos locales de distrito, que supervisan más de 40 000 comités del Programa Vaso de Leche, los cuales distribuyen raciones que benefician a más de 1 826 535 personas (MIDIS, 2025[45]). En su momento álgido, en 2001, el programa llegó a más de tres millones de personas, pero tuvo poco impacto en el retraso del crecimiento infantil. Sin embargo, a pesar de estar dirigido a los grupos de menores ingresos, la corrupción, el clientelismo y las deficiencias en la gobernanza local han socavado la transparencia y la equidad del programa (Cerna, 2015[46]).
Atención a la primera infancia (Cuna Más)
Antes denominado Wawawasi, el Programa Nacional Cuna Más es un programa social específico que tiene como objetivo proporcionar atención integral a los niños menores de 36 meses en localidades en situación de pobreza y pobreza extrema, mediante servicios de cuidado diurno y acompañamiento a las familias. El servicio de cuidado diurno ofrece comidas como parte de la atención integral que se presta a los niños de entre 6 y 36 meses con el fin de satisfacer sus necesidades básicas en materia de salud, nutrición, seguridad, protección, afecto, descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de competencias durante su estancia en los centros de cuidado diurno. Además, se proporcionaban tres comidas al día a los niños pequeños, de modo que se integra la nutrición con el desarrollo en la primera infancia (MIDIS, 2025[47]).
Transferencia monetaria condicionada (Juntos)
Juntos, programa del MIDIS que está en marcha desde 2005, ofrece transferencias mensuales de unos 20 dólares estadounidenses a madres que viven en situación de pobreza y pobreza extrema y cumplen con los requisitos de reconocimientos médicos y asistencia escolar de sus hijos. El programa pretende combatir la pobreza intergeneracional mediante el fomento de la educación y la mejora de la nutrición (MIDIS, 2025[48]). Desde 2021, Juntos ha introducido una transferencia monetaria adicional destinada a las mujeres embarazadas y a los niños de hasta 12 meses de edad, con el objetivo de ampliar la cobertura de los exámenes de crecimiento y desarrollo, la vacunación, la suplementación con hierro y las pruebas de detección de la anemia.
Varios estudios han demostrado que el programa Juntos ha reducido la malnutrición extrema en los niños menores de cinco años, en especial entre aquellos que se encuentran en los percentiles nutricionales más bajos. También se observaron mejoras en la estatura según la edad entre los niños que habían participado en el programa durante más de dos años (Andersen CT, 2015[49]), así como una reducción significativa de la malnutrición crónica entre los niños que se incorporaron al programa durante la primera infancia, en comparación con los que se incorporaron en edad escolar (una diferencia del 15,9 %) (Sánchez, 2020[50]). Además, la transferencia monetaria adicional destinada a las mujeres embarazadas y a los niños de hasta 12 meses de edad ha reducido el porcentaje de niños de 12 meses con malnutrición crónica en alrededor de un 6,5 %. (MIDIS, 2024[51])
Apoyo a personas mayores (Pensión 65)
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria (Pensión 65) ofrece una subvención económica no contributiva (67 dólares estadounidenses cada dos meses) a los ciudadanos de 65 años o más que se encuentran en situación de pobreza extrema. Además de proporcionar asistencia financiera, el programa tiene como objetivo impulsar la protección integral de los adultos mayores que viven en situación de pobreza extrema y facilitar su acceso a los servicios de salud. Como instancia creada por el MIDIS, trabaja en coordinación con otras entidades estatales con el fin de promover la difusión de conocimientos que contribuyan a la valoración de su papel dentro de la familia y la comunidad, garantizando la transmisión de conocimiento como legado para las nuevas generaciones y como motor del desarrollo. El estudio de la OCDE sobre el sistema de pensiones de Perú reconoce Pensión 65 como un programa de gran éxito a la hora de garantizar la seguridad financiera en la vejez, aunque señala que la cobertura es baja y recomienda aumentar los niveles de las prestaciones, mejorar la indexación a la inflación y realizar una labor de divulgación más amplia para dar a conocer el sistema (OECD, 2019[52]).
Comedores populares
Los comedores populares son organizaciones sociales de base formadas por personas que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad, cuya función principal es la preparación de alimentos y el apoyo social. Estas organizaciones pueden adoptar diversas formas, como comedores populares, clubes de madres, comedores parroquiales y otros grupos similares. Para poder operar de modo oficial, las organizaciones sociales de base deben estar reconocidas por los gobiernos locales de conformidad con la normativa vigente, incluidas la Ley N.º 25307, la Ley N.º 27731, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Esta modalidad es la que cuenta con mayor cobertura dentro del Programa de Complementación Alimentaria, ya que proporciona asistencia alimentaria a través de más de 14 342 comedores populares y 4 361 ollas comunes, de los que se benefician en torno a 775 853 y 293 112 usuarios, respectivamente (MIDIS, 2025[40]).
Estos comedores, que suelen estar ubicados en Lima, atienden a personas que sufren inseguridad alimentaria, entre ellas migrantes y trabajadores del sector informal, así como a personas que viven en situación de pobreza extrema. Los datos indican que es posible mejorar la calidad de las comidas, sobre todo incorporando ensaladas y fruta. Sin embargo, aunque los niños puedan beneficiarse en cuanto al aporte calórico adecuado, el consumo frecuente por parte de los adultos, en especial de las mujeres, puede conllevar un mayor riesgo de obesidad, probablemente debido a la composición poco nutritiva de las comidas habituales. La estructura de estos comedores, al tratarse de entidades gestionadas por la comunidad y con escasos recursos, presenta puntos fuertes, como la cohesión social, pero también puntos débiles, como la fragilidad y la escasa variedad nutricional. Las intervenciones nutricionales estratégicas, como la diversificación de los menús y las clases de cocina, se muestran prometedoras, pero requieren estabilidad y apoyo institucional para su ampliación (Brewer et al., 2021[53]).
5.2.2. Cuestiones en materia de regulación del mercado y de competencia
Perú cuenta con un marco regulador favorable a la competencia
Los mercados de productos competitivos pueden impulsar la productividad, el empleo y el nivel de vida. Los indicadores de regulación del mercado de productos de la OCDE evalúan la adecuación del marco regulador de un país a las mejores prácticas aceptadas internacionalmente6. El indicador del conjunto de la economía mide las distorsiones de la competencia que pueden derivarse de las barreras normativas a la entrada y la expansión a las que se enfrentan las empresas en la economía, así como de la intervención del Estado en ella.
Con una puntuación de 1,33 (en una escala de 0 a 6), Perú se considera un país favorable a la competencia, algo por encima del promedio de la OCDE, que es de 1,34 (figura 5.8). Aunque se trata de un indicador que abarca toda la economía, pone de relieve la situación del marco regulador de Perú en comparación con los países de la OCDE en varios ámbitos que pueden afectar a las empresas, incluidas las que forman parte de la cadena de suministro alimentario. Esto es consecuencia de las reformas llevadas a cabo desde 2020, que han mejorado la puntuación inicial del país, que en 2018 era de 1,92 (OECD, 2024[54]). En concreto, en lo que respecta a las evaluaciones del impacto de la regulación, que comprenden una valoración de su repercusión en la competencia y la interacción con las partes interesadas, Perú supera incluso a los cinco países de la OCDE más favorables a la competencia. Las barreras al comercio y a la inversión también son relativamente bajas.
Nota: Los valores de regulación del mercado de productos (PMR) oscilan entre 0 y 6, es decir, desde el régimen regulatorio más favorable a la competencia hasta el menos favorable.
Fuente: OCDE (2025[55]), base de datos Product Market Regulation, https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/product-market-regulation.html#PMR-sector-indicators.
Por otra parte, entre los ámbitos en los que aún hay margen de mejora se encuentra la simplificación de las cargas administrativas y normativas que pesan sobre las empresas, en particular los requisitos de creación de nuevas empresas (OECD, 2024[54]). Además, es importante armonizar la gobernanza de las empresas públicas y las normas de contratación pública con las mejores prácticas de la OCDE con el fin de garantizar condiciones equitativas para todas las empresas. Como se menciona en la sección 5.1.2, el sector de la alimentación y las bebidas en Perú sigue estando muy concentrado debido a las arraigadas cadenas de suministro de unos pocos conglomerados, así como al escaso desarrollo de las cadenas de valor, lo que debilita la posición de los pequeños agricultores.
5.2.3. Desperdicio de alimentos
El mayor porcentaje de desperdicio de alimentos se produce en las etapas iniciales de la cadena de suministro
Al igual que muchos países, Perú no realiza un seguimiento exhaustivo de los datos sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, lo que dificulta determinar y evaluar con precisión los resultados del país. Un estudio que analizó el período comprendido entre 2007 y 2017 estimó que la pérdida y el desperdicio medios de alimentos ascendían a 12,8 millones de toneladas al año, lo que representa alrededor del 47,6 % de la oferta anual de alimentos del país, es decir, 427 kg per cápita al año (Bedoya-Perales, Dal’ Magro, 2021[56]). Esta cifra es considerablemente superior a la estimación mundial de la FAO para 2011, que se situaba en el 30 % (FAO, 2011[57]). El mayor porcentaje de pérdida de alimentos se produjo en las etapas de transformación y envasado, así como en la etapa de producción agrícola (figura 5.9). Alrededor del 44 % de estas pérdidas corresponde a frutas y hortalizas.
Fuente: Bedoya-Perales, Dal’ Magro (2021[56]), Quantification of Food Losses and Waste in Peru: A Mass Flow Analysis along the Food Supply Chain, https://doi.org/10.3390/su13052807.
El Panel de los Sistemas Alimentarios analiza el porcentaje de pérdidas de determinados cultivos. Las pérdidas de cereales son menores en Perú (2 %) en comparación con los países de América Latina y el Caribe y el promedio mundial (4 % en ambos casos) (figura 5.10). Sin embargo, si se comparan las pérdidas de hortalizas y legumbres, estas son más elevadas, con un 15 % de pérdidas de hortalizas en Perú, frente al 8 % de América Latina y el Caribe y al 7 % mundial.
Porcentaje de la oferta nacional
Nota: Cantidades de cultivos que se pierden a lo largo de la cadena de suministro alimentario, desde la etapa posterior a la cosecha hasta la venta minorista (excluida esta última), expresadas como porcentaje de la oferta nacional. Esta cifra no incluye las cantidades perdidas antes o durante la cosecha, ni el desperdicio de alimentos, que suele referirse a los alimentos que se pierden en el comercio minorista o en los hogares.
Fuente: FAOSTAT (2022[9]), Food Systems Dashboard- Peru, https://www.foodsystemsdashboard.org/countries/per/fsci.
Perú se ha comprometido con el ODS 12.3 de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha de aquí a 2030. Además, como miembro del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), Perú se adhiere a los Principios para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos en la región Asia-Pacífico. Entre ellos se incluyen 1) el fortalecimiento de las instituciones responsables del sistema agroalimentario; 2) el fomento de las alianzas público-privadas y de las iniciativas de coordinación; 3) el impulso de la investigación, la innovación, la tecnología y la digitalización para solucionar la pérdida y el desperdicio de alimentos; 4) la promoción de la capacitación, la concienciación y la educación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos; 5) la mejora de la recopilación de datos y la gestión de los conocimientos; 6) la creación de un entorno propicio para promover la inversión en infraestructura física; y 7) la promoción del rescate y la donación de alimentos (APEC, 2024[58]). Perú ha adoptado una normativa que se ajusta tanto al ODS 12.3 como a los principios del APEC.
En 2019, el Gobierno aprobó la Ley N.º 30988 de lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos que tiene por objeto reducir y prevenir las pérdidas y desperdicios de alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo (El Peruano, 2019[59]). La ley fomenta la coordinación de las iniciativas intersectoriales encaminadas a reducir y prevenir la pérdida de alimentos a nivel local, regional y nacional, y designa al MIDAGRI como la institución principal encargada de ello.
La ley promueve las donaciones de alimentos, de modo que complementa la Ley N.º 30498 de 2016 sobre donaciones de alimentos, que estableció directrices y apoyo económico a la donación de alimentos que siguen siendo aptos para el consumo pero que han perdido su valor comercial, así como a la donación de productos y servicios alimentarios durante el estado de emergencia producido por desastres naturales (El Peruano, 2017[60]). La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) se encarga de garantizar que las entidades donantes cumplan con los requisitos pertinentes en materia de seguridad alimentaria. Además, se ofrecen beneficios fiscales por las donaciones realizadas a entidades sin ánimo de lucro, tanto públicas como privadas, que reciben donaciones. Desde la promulgación de la ley que promueve la donación de alimentos en 2016, las donaciones al principal banco de alimentos de Perú, el Banco de Alimentos Perú, se han triplicado (APEC, 2024[61]).
Los bancos de alimentos como Adra, Cáritas del Perú y la Fundación Lima distribuyen alimentos recuperados de los mercados a comedores populares y ollas comunales. En 2025 hay 9 bancos de alimentos y otros 3 en fase de desarrollo. Entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, en torno a 316 000 personas se beneficiaron de los bancos de alimentos (MIDAGRI, 2025[62]). El Banco de Alimentos de Perú se fundó en 2014 y recoge alimentos aptos para el consumo que las empresas privadas no pueden comercializar. A continuación, los alimentos se distribuyen a colegios, albergues y comedores populares. El objetivo es dar una salida a la pérdida de alimentos en los supermercados, donde Perú pierde más de 500 millones de soles en alimentos al año (IANAS, 2017[63]). El Registro Nacional de Receptores Finales de Alimentos Recuperados es un sistema en línea gestionado por el MIDIS que recopila información sobre los alimentos recuperados en los mercados alimentarios. Las disposiciones de la Ley N.º 31477, que promueve acciones para la recuperación de alimentos, entraron en vigor en 2025 y tienen por objeto reforzar esta práctica.
Sin embargo, la fragmentación y las deficiencias en la normativa sobre el desperdicio de alimentos merman la eficacia de estas políticas. La recuperación de alimentos que se lleva a cabo en 9 departamentos asciende a unas 8 200 toneladas al año, lo que representa solo el 0,5 % de lo que se pierde únicamente en la comercialización (FAO, 2024[64]). A pesar de los marcos existentes para garantizar la seguridad de las donaciones de alimentos, persiste el desconocimiento sobre los pasos que se deben seguir a la hora de donar alimentos de forma segura y conforme a la normativa vigente (FLPC and GFN, 2021[65]).
Al igual que ocurre en varios países de la OCDE, el compromiso de Perú con el ODS 12.3 se ve obstaculizado por el hecho de que el país no ha establecido un año de referencia con el que se pueda comparar, ni ha fijado objetivos cuantificados específicos de Perú, ni ha realizado un seguimiento sistemático de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Como complemento a estas iniciativas de recuperación de alimentos, y teniendo en cuenta que Perú es un país de renta media con una topografía complicada, el país debería abordar en la medida de lo posible la pérdida y el desperdicio de alimentos priorizando las inversiones en infraestructura de la cadena de valor alimentaria con el fin de evitar el deterioro en las primeras etapas. Como ya se ha señalado, es crucial realizar inversiones significativas en las carreteras rurales, instalaciones de almacenamiento adecuadas y cadenas de frío con vistas a reducir el desperdicio de alimentos, en especial en las zonas rurales.
En Perú hay un margen de mejora considerable en el tratamiento de los residuos alimentarios
Cuando no es posible evitar, reutilizar o reciclar los residuos alimentarios, el compostaje de los residuos orgánicos que permite convertirlos en productos útiles, como fertilizantes o fuentes de energía, constituye una alternativa eficaz. En torno a la mitad de los residuos sólidos del país se desechan en vertederos a cielo abierto. Dado que más de la mitad de esos residuos son orgánicos, Perú está dejando pasar una oportunidad significativa de implementar soluciones de gestión sostenible de los residuos (CCAC, 2021[66]; MINAM, 2011[67]). Además, el sector de los residuos sólidos orgánicos es responsable de más de un tercio de las emisiones nacionales de metano. La separación de residuos orgánicos e inorgánicos es escasa en todo el país, a pesar de que el Gobierno obliga a los municipios a tratar y aprovechar de manera adecuada sus residuos orgánicos (Holland Circular Hotspot, 2021[68]). Esto refleja el problema más amplio de la escasa separación de los residuos domésticos, el número insuficiente de plantas de compostaje y una infraestructura poco desarrollada que facilite la recogida, el transporte y el tratamiento eficaz de los residuos (CCAC, 2021[66]).
5.3.1. Riesgos alimentarios específicos
Perú se enfrenta a una doble carga de malnutrición, ya que padece, por un lado, una elevada prevalencia de déficit calórico y, por otro, un problema cada vez mayor de obesidad y sobrepeso. El problema de la deficiencia calórica suele afectar a las regiones más pobres del país, que también registran las tasas más elevadas de malnutrición crónica. En 2024, la malnutrición crónica afectaba al 20,9 % de los hogares rurales, frente al 8,5 % de las zonas urbanas (MIDIS, 2025[44]). Sin embargo, los problemas de obesidad y sobrepeso están aumentando en las zonas rurales, donde el 34 % de la población no puede permitirse una alimentación saludable (FAOSTAT, 2022[9]). La obesidad y el sobrepeso siguen siendo los problemas más graves en las zonas urbanas.
En 2012, aproximadamente una quinta parte de las enfermedades registradas en Perú correspondían a enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad (FAO, European Union and CIRAD, 2022[8]). Además, alrededor del 85 % de las muertes por COVID-19 se asociaron a la obesidad (MINSA, 2023[69]). Las estimaciones indican que la malnutrición supone un costo de alrededor del 4,6 % del PIB de Perú, del cual en torno al 62 % se atribuye a la malnutrición infantil y el 38 % al sobrepeso y la obesidad (MINSA, 2022[70]), sin mencionar las consecuencias para los niños que sufrieron malnutrición durante su primer año de vida, que afecta a su desarrollo físico, cognitivo, motor, emocional y social (FAO, European Union and CIRAD, 2022[8]). En 2024, el 12,1 % de los niños menores de cinco años padecía malnutrición crónica, porcentaje que supone un ligero aumento con respecto al 11,5 % registrado en 2021.
Las tasas de obesidad son más elevadas en las zonas urbanas que en las rurales
El sobrepeso o la obesidad constituyen un factor de riesgo importante para diversas enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer (OECD/European Union, 2022[71]). En Perú se ha registrado un aumento de las tasas de obesidad entre los ciudadanos mayores de 18 años. Entre 2015 y 2022, las tasas de obesidad aumentaron del 20,8 % al 27,3 %, por encima del promedio de la OCDE, que se sitúa en el 18 %7 (figura 5.11). Esta tendencia se observa en otros países de la región, con Chile a la cabeza, pues presentaba una tasa de obesidad del 38,9 % en 2022.
Obesidad en adultos, IMC ≥ 30, prevalencia (estimación estandarizada por edad)
* Los datos de la OCDE32 corresponden a 2021 e incluyen 32 países de la OCDE.
Nota: IMC: índice de masa corporal; ALC: América Latina y el Caribe. ALC incluye Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Los datos más recientes sobre Perú muestran una tasa de obesidad del 24,1 % (INEI, 2024[72]). En esta figura se han utilizado datos de la Organización Mundial de la Salud con fines de comparación.
Fuentes: OMS (2024[73]), indicadores del Observatorio Mundial de la Salud, https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-obesity-among-adults-bmi--30-(age-standardized-estimate)-(-); OCDE (2023[74]), Estadísticas de Salud de la OCDE, https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/obesity-diet-and-physical-activity.html.
El análisis del porcentaje de la población afectada por sobrepeso revela una evidente diferencia entre las zonas urbanas y las rurales. Mientras que en las zonas urbanas se mantuvo cercano al 38 % entre 2017 y 2023, en las zonas rurales se registró un aumento del 28,6 % al 32,9 % (figura 5.12). Esta tendencia refleja la creciente influencia de los hábitos alimentarios urbanos en las zonas rurales, caracterizados por un mayor consumo de comida rápida y bebidas azucaradas, y una disminución de las comidas caseras. En cuanto a las diferencias entre sexos, se observa que, en 2023, la tasa de sobrepeso entre las mujeres (36,5 %) es ligeramente inferior a la de los hombres (38 %). Sin embargo, las tasas de obesidad son mucho más elevadas entre las mujeres, con un 28 %, frente al 19,9 % de los hombres.
Sobrepeso entre las personas de 15 años o más
Nota: Quedan excluidas las mujeres embarazadas.
Fuente: INEI (2024[72]), Perú: Enfermedades No transmisibles y Transmisibles, 2023, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1951/libro.pdf.
Perú se enfrenta a un déficit calórico y a una dieta rica en carbohidratos
Además del aumento de las tasas de obesidad y sobrepeso, el problema del déficit calórico sigue presente entre la población peruana, motivado más por la desigualdad en el acceso a los alimentos que por su falta de disponibilidad. El peruano medio consume 1 827 kilocalorías al día (FAO, European Union and CIRAD, 2022[8]), aunque la oferta diaria de alimentos per cápita es de 2 805 kilocalorías (FAOSTAT, 2022[9]), un 53,5 % más de lo que se consume. En torno a la mitad de los adultos no alcanza sus necesidades energéticas diarias (46,6 %), mientras que el 25,7 % consume más de lo recomendado y el 27,7 % consume una cantidad adecuada. La agricultura a pequeña escala se esfuerza por mejorar el acceso a los alimentos, sobre todo para sus productores, que suelen ser los que más sufren la inseguridad alimentaria. Esto se debe, en parte, a unos ingresos medios más bajos, una infraestructura deficiente que afecta a la cadena de valor alimentaria y una tendencia a homogeneizar los cultivos en lugar de diversificarlos hacia varios cultivos autóctonos subutilizados, que tienen mayor capacidad de aclimatación (FAO, European Union and CIRAD, 2022[8]).
En 2023, alrededor del 41 % de los adultos peruanos consumió los cinco grupos de alimentos que se suelen recomendar, una cifra similar al promedio regional y superior al promedio mundial (32 %) (FAOSTAT, 2022[9]). Sin embargo, la dieta habitual en Perú es rica en carbohidratos y pobre en proteínas. Alrededor del 50 % de la energía alimentaria procede de los cereales, las raíces y los tubérculos, que la FAO clasifica como un ámbito que puede plantear dificultades8 (FAOSTAT, 2022[9]). Solo el 9 % procede de frutas y hortalizas, y el 6 % de carne y pescado. Por tanto, el 64,3 % de los adultos consume un exceso de carbohidratos, porcentaje que se eleva al 86,9 % en las zonas rurales. Aunque la mayoría logra satisfacer los requisitos de ingesta recomendada de proteínas (86,6 %), la cantidad es menor en las zonas rurales (78,5 %). En cuanto al consumo de grasas, solo la mitad de los adultos alcanza los requisitos recomendados, y el 39,6 % presenta carencias, una cifra que se eleva al 64,1 % en las zonas rurales.
El consumo habitual de frutas y hortalizas es un elemento importante de una dieta sana y equilibrada, y se asocia a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y de ciertos tipos de cáncer (OECD/European Union, 2022[71]). La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir al menos 400 gramos, es decir, 5 o más raciones, de fruta y verdura al día. En 2023, el 9,5 % de los peruanos mayores de 15 años consumía la cantidad mínima recomendada de 5 raciones diarias de fruta y verdura (INEI, 2024[72]), frente al 15 %9 registrado en 30 países de la OCDE en 2019 (OECD, 2023[75]). En comparación con sus homólogos de la región, Perú presenta el mayor consumo medio diario de frutas y verduras (figura 5.13). Sin embargo, con 150 g de fruta y 150 g de verdura al día no se alcanza la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
Nota: Valores estimados a partir de encuestas nacionales: Argentina (2018), Chile (2022), Costa Rica (2019), México (2022) y Perú (2023).
Fuente: FAOSTAT (2024[76]), Ingesta aparente (basada en encuestas sobre el consumo y el gasto de los hogares), https://www.fao.org/faostat/en/#data/HCES.
5.3.2. Políticas de fomento de hábitos alimentarios más saludables y sostenibles
La elevada prevalencia de enfermedades no transmisibles asociadas a factores de riesgo alimentario pone de relieve la necesidad de que Perú adopte hábitos de alimentación más saludables. Los gobiernos pueden integrar las consideraciones de salud pública en las políticas del sector alimentario de múltiples maneras. Un análisis previo de la OCDE sobre las políticas que fomentan hábitos alimentarios más saludables (Giner and Brooks, 2019[77]) sugiere un enfoque político de cuatro vías para conciliar los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición con los objetivos más amplios de los sistemas alimentarios (cuadro 5.2).
La enorme y creciente carga que los hábitos de consumo poco saludables suponen para la salud pública justifica la intervención del Gobierno. En consecuencia, los gobiernos han recurrido a una amplia gama de políticas relacionadas con la salud, desde directrices nutricionales hasta medidas fiscales, con el fin de hacer frente a la obesidad y otros riesgos alimentarios importantes. Al igual que en otros ámbitos políticos, no existe una solución milagrosa, y los responsables de la formulación de políticas deben elegir con cuidado el conjunto de instrumentos adecuado, considerando las características específicas de sus respectivos sistemas alimentarios.
Habida cuenta de la diversidad de las medidas políticas, las posibles sinergias entre ellas y la necesidad de encontrar la combinación adecuada de políticas para cada contexto, en trabajos anteriores de la OCDE se ha propuesto un “enfoque de cinco vías” encaminado a fomentar hábitos alimentarios más saludables. Dicho enfoque también se puede adaptar con facilidad al objeto de promover decisiones más sostenibles.
Las cinco vías propuestas en el marco de este enfoque son las siguientes:
1. Intervenciones públicas orientadas a la demanda (p. ej., programas educativos o la difusión de información nutricional).
2. Colaboraciones voluntarias con la industria alimentaria en el punto de encuentro entre la oferta y la demanda (p. ej., la reformulación de alimentos o su etiquetado).
3. Una normativa más estricta cuando los incentivos público-privados no están alineados (p. ej., normas sobre la publicidad dirigida a los niños).
4. Medidas fiscales destinadas a que el precio de determinados alimentos procesados refleje mejor su costo social (p. ej., impuestos especiales o sobre las ventas).
5. Inversión pública en factores propicios, que pueden mejorar la base empírica, facilitar la innovación y fomentar el intercambio de conocimiento (p. ej., el financiamiento de estudios académicos o de expertos para comprender el comportamiento de los consumidores o identificar y clasificar los perfiles de estos).
Fuentes: Giner y Brooks (2019[77]), Policies for encouraging healthier food choices, https://doi.org/10.1787/11a42b51-en; OCDE (2021[1]), Making Better Policies for Food Systems, https://doi.org/10.1787/ddfba4de-en; OCDE (2025[78]), Beyond food loss and waste reduction targets: Translating reduction ambitions into policy outcomes, https://doi.org/10.1787/59cf6c95-en.
Perú ha implementado diversas políticas en materia de nutrición y alimentación
Perú publicó en 2019 sus primeras guías alimentarias basadas en alimentos, elaboradas por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, dependiente del Instituto Nacional de Salud. Estas guías pueden ser herramientas útiles a la hora de traducir las recomendaciones nutricionales en mensajes fáciles de entender por el público en general y constituyen una intervención pública habitual de primer orden orientada a la demanda en los países de la OCDE. La guía alimentaria de Perú se centra, por un lado, en la actividad física y el consumo de agua y, por otro, en los grupos de alimentos recomendados y su proporción (FAO, 2025[79]).
Las medidas legislativas y de políticas han tenido como objetivo mejorar el valor nutricional de los alimentos y las bebidas disponibles en las escuelas, así como fomentar una alimentación y unos hábitos de vida saludables. Entre las principales medidas se encuentran el sistema nacional de etiquetado de advertencia y la prohibición de todo tipo de publicidad de alimentos y bebidas poco saludables dirigida a los niños. Muchas de ellas coinciden con el enfoque de cuatro vías elaborado por la OCDE (tabla 5.1).
Fuente: World Cancer Research Fund International (2025[80]), Nourishing and Moving policy databases, https://policydatabase.wcrf.org/level_one?page=nourishing-level-one#step2=0#step3=309.
Los países de la OCDE están recurriendo cada vez más a sistemas simplificados de etiquetado de alimentos en la parte frontal del envase. La Ley N.º 30021 de Perú, de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, se publicó en 2013 y entró en vigor en 2019 (figura 5.14). Se estableció un sistema de etiquetado de advertencia en la parte frontal del envase (etiquetas) que indica si un alimento tiene un alto contenido en grasas saturadas, azúcares, sodio o grasas trans (MINSA, 2024[81]). Muchos expertos en salud pública elogiaron esta medida como un paso importante para informar a los consumidores sobre los riesgos asociados a determinados productos alimentarios. Sin embargo, el cumplimiento por parte de la industria es deficiente y aún no se ha publicado la normativa íntegra de aplicación, además de los parámetros técnicos (World Cancer Research Fund International, 2025[80]).
Fuente: Diez-Canseco et al. (2024[82]), Recall, understanding, use, and impact of front-of-package warning labels on ultra processed mothers of preschool children in Peru, https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0003938.
Las primeras evaluaciones de los etiquetados apuntan a un alto nivel de reconocimiento y a una tendencia positiva en la reducción del consumo de productos que los llevan, en especial en hogares con niños y en familias de ingresos medios y altos. Un estudio reveló que las madres recordaban y comprendían bien la información, sobre todo las advertencias sobre el azúcar, y también indicaron que habían modificado sus hábitos de compra y alimentación, de modo que daban preferencia a los productos caseros o a aquellos que no llevaban el sello octogonal. Sin embargo, las etiquetas tuvieron una repercusión escasa en los alimentos habituales o preferidos, o en aquellos considerados esenciales. Además, su efecto en los grupos vulnerables y en los escolares fue menos notable. Por lo tanto, se recomienda complementarlas con campañas educativas y medidas de refuerzo en los puntos de venta con el fin de consolidar su eficacia (Diez-Canseco, 2024[82]).
Otro estudio reveló reducciones significativas en los nutrientes esenciales de una muestra de productos alimentarios recogida a lo largo del tiempo, con descensos totales del 3,4 % en las calorías, del 14 % en el sodio, del 36,7 % en el azúcar y del 9,2 % en las grasas saturadas, salvo en el caso del etiquetado de las grasas trans, que se mantuvo sin cambios. Entre los alimentos líquidos ultraprocesados, el contenido de azúcar registró una notable reducción del 49 % durante la fase inicial de implementación. Estas conclusiones indican que la aplicación de la Ley N.º 30021 en Perú ha dado lugar a una disminución de los niveles de nutrientes esenciales en los alimentos procesados, en particular respecto a las calorías y las grasas saturadas. Las etiquetas de advertencia en la parte frontal de los envases contribuyen a mejorar los perfiles nutricionales, lo que podría fomentar la elección de alimentos más saludables (Mamani-Urrutia, 2025[83]). A fin de reforzar su conjunto de medidas destinadas a promover hábitos alimentarios más saludables, Perú podría inspirarse en la amplia variedad de políticas aplicadas en los países de la OCDE y en los países candidatos a la adhesión (tabla 5.2).
Fuentes: World Cancer Research Fund International (n.d.[84]), Nutrition policy database, https://policydatabase.wcrf.org/nourishing-moving-search; OCDE (2022[85]), Healthy Eating and Active Lifestyles: Best Practices in Public Health, https://doi.org/10.1787/40f65568-en .
La seguridad alimentaria es otro riesgo importante para una alimentación saludable; Perú ha establecido varias instituciones, prácticas y protocolos, pero no siempre funcionan con eficacia
La seguridad alimentaria es fundamental para garantizar una alimentación saludable en Perú, ya que protege a la población de las enfermedades de transmisión alimentaria, los contaminantes químicos y las prácticas de manipulación inadecuadas que pueden perjudicar la nutrición y el bienestar. Incluso cuando los alimentos son abundantes y variados, como la gran diversidad de frutas, hortalizas, cereales, pescado y carnes de Perú, deben producirse, transportarse y prepararse en condiciones seguras con el fin de preservar su valor nutricional y prevenir los riesgos para la salud. Los alimentos en mal estado pueden provocar enfermedades agudas y problemas a largo plazo, como la malnutrición, que afectan en especial a los grupos vulnerables, como los niños y las personas mayores. Al dar prioridad a la seguridad alimentaria, Perú protege la salud pública, refuerza la confianza de los consumidores, apoya los medios de subsistencia de los agricultores y promueve el uso sostenible de sus vastos recursos alimentarios naturales (DIGESA, 2025[86]).
Varias instituciones gubernamentales comparten la responsabilidad de la seguridad alimentaria, y cada una de ellas se ocupa de diferentes eslabones de la cadena de suministro alimentario. Entre ellas, se incluyen las siguientes:
La DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria), una subdependencia del MINSA, se encarga de regular, supervisar e inspeccionar la seguridad de los alimentos procesados, las bebidas y los establecimientos alimentarios. Además, expide permisos sanitarios y realiza actividades de vigilancia de riesgos y de respuesta ante brotes, así como la certificación sanitaria para la exportación de alimentos procesados. En virtud del Decreto Legislativo N.º 1062 (Ley de Inocuidad de los Alimentos, de 2008), la DIGESA desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar la seguridad de los alimentos destinados al consumo humano. (DIGESA, 2025[86]).
El SENASA, dependiente del MIDAGRI, supervisa la seguridad de los alimentos de origen agrícola, entre los que se incluyen la fruta fresca, las hortalizas, los productos lácteos y la carne, a lo largo de todo el proceso de producción, transporte y comercialización. El SENASA también expide certificados fitosanitarios y zoosanitarios, supervisa la presencia de contaminantes como los plaguicidas y los residuos de medicamentos veterinarios, además de controlar las importaciones y exportaciones de productos agroalimentarios (SENASA, 2025[87]).
La SANIPES (Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura), dependiente del Ministerio de la Producción, es el organismo regulador de la seguridad y la calidad de los alimentos marinos y de la acuicultura. Administra el control sanitario a lo largo de toda la cadena de suministro del pescado y expide certificados de exportación (SANIPES, 2025[88]).
El INACAL (Instituto Nacional de Calidad), organismo técnico especializado dependiente del Ministerio de Producción, elabora y promueve normas nacionales de calidad, incluidas las relacionadas con la seguridad alimentaria, con el fin de reforzar la competitividad, la protección del consumidor y el comercio internacional. En lo que respecta en concreto a la seguridad alimentaria, garantiza la armonización de la normativa peruana con las normas internacionales, acredita a los laboratorios que realizan análisis de contaminantes y presta apoyo al SENASA, a la SANIPES y a la DIGESA mediante herramientas técnicas de control y certificación (INACAL, 2025[89]) (la próxima revisión sobre la apertura del mercado peruano contendrá más información al respecto).
El MINAM (Ministerio del Ambiente), en colaboración con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), establece normas de calidad para los factores ambientales que influyen en la seguridad alimentaria, como los límites de contaminantes en el agua de riego. Esto contribuye de manera indirecta a la seguridad alimentaria al garantizar el uso de insumos agrícolas seguros (ANA, 2025[90]) (véase el capítulo 3).
Las autoridades regionales, municipales y locales participan en la aplicación de las políticas nacionales de seguridad alimentaria en sus ámbitos de actuación. Las municipalidades suelen supervisar el control sanitario de los mercados y los servicios de alimentación, como restaurantes y vendedores ambulantes (DIGESA, 2025[86]).
A pesar de los esfuerzos de armonización en foros como la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria (COMPIAL), dependiente del MINSA, que reúne al SENASA, la DIGESA y la SANIPES para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, la coordinación entre estas instituciones suele ser insuficiente, lo que conlleva duplicaciones o deficiencias en la aplicación y supervisión de la normativa. Otro problema es la vigilancia y el control escasos, así como la incoherencia en el seguimiento de los residuos de plaguicidas, los medicamentos veterinarios, los metales pesados y los riesgos microbiológicos en los productos alimentarios. La capacidad limitada de los laboratorios acreditados en las zonas rurales ralentiza la detección de riesgos transmitidos por los alimentos. Una mejor coordinación, que evitaría la duplicación de funciones, y una aplicación más estricta de la ley contribuirían a garantizar la seguridad alimentaria en el país (Galagarza et al., 2021[91]).
Además, una gran parte de los alimentos en Perú se vende en mercados tradicionales, a través de vendedores ambulantes y por canales de distribución informales, donde los controles de higiene y seguridad son mínimos. Esto aumenta el riesgo de contaminación cruzada y de brotes de enfermedades de transmisión alimentaria. Además, los pequeños agricultores y los pequeños procesadores suelen carecer de acceso a cadenas de frío, agua limpia, locales de almacenamiento adecuados e instalaciones sanitarias. En las zonas rurales, los riesgos para la seguridad alimentaria se ven agravados por una gestión deficiente de los residuos y el agua de riego contaminada. El uso excesivo o inadecuado de plaguicidas, medicamentos veterinarios y aditivos alimentarios genera problemas de residuos que afectan a la salud de los consumidores. Además, muchos de ellos tienen un conocimiento limitado sobre las prácticas de seguridad alimentaria, y algunos programas de nutrición en ocasiones pasan por alto la relación entre la calidad de la dieta y la seguridad alimentaria. A ello se suma que el cambio climático plantea nuevos retos, como la aparición de plagas y patógenos y la escasez de agua, lo que aumenta los riesgos en la agricultura y la pesca (Balcazar, 2015[92]; Galagarza et al., 2021[91]).
En el contexto del triple desafío, los responsables de la formulación de políticas se enfrentan a múltiples objetivos e instrumentos de política, lo que implica inevitablemente sinergias y compensaciones. Además, los responsables de la formulación de políticas deben superar los desacuerdos sobre los hechos, los intereses divergentes y las diferencias de valores, que a menudo complican el diseño de las políticas y los procesos de toma de decisiones políticas (OECD, 2021[1]). En esta sección se analiza cómo está abordando Perú estos paradigmas mediante el estudio de su plan nacional de seguridad alimentaria y nutricional.
5.4.1. Análisis y evaluación de políticas
Perú cuenta con un plan integral de seguridad alimentaria que aborda los distintos aspectos del triple desafío
La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN) es el principal instrumento de política multisectorial de Perú, que trata de manera unificada las diversas facetas de los sistemas alimentarios del país. Ambos marcos se centran en cinco objetivos clave, entre los que se encuentran la disponibilidad, el acceso y el consumo adecuado de alimentos seguros y nutritivos, así como la estabilidad institucional y la estructura necesaria para su aplicación (tabla 5.3). El objetivo consiste en reducir la inseguridad alimentaria moderada y grave al 34,5 % antes de 2050, en contraste con el 59 % previsto si se mantienen las tendencias actuales (MIDAGRI, 2024[30]). El MIDAGRI está liderando en la actualidad la renovación de la estrategia en colaboración con la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMSAN).
Fuente: MIDAGRI (2024[93]), Seguridad alimentaria y nutricional, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5689382/3122595-folleto-seguridad-alimentaria-y-nutricional.pdf?v=1705421836.
Los objetivos de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN)10 abordan los componentes definidos en el triple desafío de la OCDE (medios de vida a los agricultores, seguridad y sostenibilidad alimentarias) y recogen las directrices que figuran en las políticas y planes sectoriales respecto a los problemas del sistema alimentario. En lo que respecta a la mejora de los medios de vida de los agricultores, se centra en ampliar el acceso a los mercados agropecuarios y reforzar la cadena de valor agrícola mediante diversos programas de apoyo. Entre ellas se encuentran iniciativas destinadas a estimular la productividad agrícola mediante un mejor acceso a los recursos tecnológicos y a los servicios financieros, que son cruciales para las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Estas iniciativas pretenden reforzar la situación económica de los agricultores y crear un sector agrícola más resiliente, capaz de superar con mayor eficacia las dificultades económicas y medioambientales.
La seguridad alimentaria es otro ámbito fundamental que aborda la PNSAN. El Gobierno ha puesto en marcha medidas encaminadas a mejorar la disponibilidad y el acceso a los alimentos, en particular de las poblaciones vulnerables de las zonas remotas y rurales. Entre ellas se incluyen el desarrollo de infraestructura y de programas de asistencia alimentaria (véase la sección 5.2.1). La sostenibilidad alimentaria se encara mediante el objetivo de adaptarse al cambio climático y gestionar con eficacia las posibles crisis de seguridad alimentaria.
Los recursos y la coordinación para resolver los problemas relacionados con los sistemas alimentarios son insuficientes
A pesar de estos esfuerzos, la aplicación de estas políticas se enfrenta a diversas dificultades, como la escasez de recursos, las restricciones logísticas y la necesidad de una mayor coordinación entre las distintas entidades gubernamentales y no gubernamentales. Aún no existe un marco institucional que permita aplicar estas políticas de manera integrada.
Una cuestión fundamental es la falta de información necesaria para que el Gobierno pueda prestar los servicios públicos eficientes, así como aplicar y supervisar las políticas en todo el país. La transformación de los sistemas alimentarios requiere datos sólidos sobre 1) el alcance, las características y las causas de los problemas; 2) la eficacia de los distintos instrumentos de políticas, así como sus sinergias y contrapartidas; 3) cómo afectarían las propuestas de las políticas a las partes interesadas; y 4) los valores y preferencias de los ciudadanos (Deconinck and Giner, 2023[94]). Perú reconoce las deficiencias existentes en lo que respecta a las evaluaciones de impacto de las políticas relativas al sistema alimentario, ya que en su Hoja de Ruta Nacional para Transformar los Sistemas Alimentarios se destaca la falta de una evaluación continua y de información sobre la capacidad de los programas de solucionar los problemas nutricionales y garantizar una oferta efectiva de alimentos saludables (MIDAGRI, 2021[95]).
Además, los elevados niveles de informalidad (el 71 % de la mano de obra) dificultan la satisfacción de las necesidades de la población con servicios básicos esenciales, como la salud y la educación, en especial en las zonas rurales, lo que complica aún más las inversiones y los programas públicos destinados a atender las diferentes necesidades de los actores clave de los sistemas alimentarios.
Además, la actual PNSAN no se ha actualizado de modo que refleje los cambios recientes en los marcos institucionales sectoriales, ni menciona de manera explícita algunas entidades o instrumentos fundamentales en la consecución de sus objetivos. La historia de inestabilidad política de Perú, caracterizada por una elevada rotación de cargos públicos en los últimos años11, obstaculiza aún más la consolidación de los actores clave necesarios para ejecutar políticas y programas de apoyo integrales.
Esto pone de manifiesto el problema generalizado que existe en Perú respecto a un sistema de políticas caracterizado por actividades aisladas, llevadas a cabo por organismos individuales, sin un uso coherente de las herramientas de coordinación de políticas disponibles. El resultado, por lo tanto, más allá de cualquier “integración” teórica que pudiera reflejarse en la PNSAN, o en cualquier otro documento, es en realidad un conjunto de intervenciones inconexas, que no están concebidas para generar sinergias, sino para alcanzar objetivos sectoriales muy concretos.
La PNSAN propone la creación de un marco institucional destinado a reforzar el papel de la COMSAN como entidad rectora de todas las iniciativas estatales relacionadas con esta cuestión, desde la producción hasta la comercialización y el consumo adecuado de alimentos. Sin embargo, lograr la creación de un espacio multisectorial de tal envergadura requerirá un compromiso político significativo. No obstante, la PNSAN expiró en 2021 y aún no se ha elaborado una versión actualizada (aunque se está trabajando en ella), lo que sugiere que la integración seguirá siendo complicada, al menos a corto plazo.
Perú ha logrado avances importantes en la elaboración de sus evaluaciones del impacto regulatorio
Las evaluaciones del impacto regulatorio se utilizan cada vez más como un “examen” rutinario de las nuevas leyes y reglamentos propuestos (OECD, 2018[96]) y se encuentran entre las mejores prácticas para garantizar que las políticas se basen en los mejores datos disponibles. También determinan si las políticas aportan un beneficio a la sociedad y si son coherentes con otras políticas gubernamentales. El estudio transversal de la OCDE de 2016 sobre la política regulatoria en Perú reveló que el país ya contaba con elementos de una política regulatoria eficaz, como la obligación de realizar un análisis de costo-beneficio por parte de todos los organismos y ministerios para determinados conjuntos de proyectos de reglamentos, que deben ponerse a disposición del público (OECD, 2016[97]). Sin embargo, Perú también adolecía de una falta de supervisión en materia de evaluaciones del impacto regulatorio, ya que carecía de una política regulatoria que abarcara todo el Gobierno, pues los programas estaban dispersos en distintos ministerios y organismos (OECD, 2016[97]). Tampoco existía un inventario único de leyes, reglamentos y trámites, lo que dificultaba que los ciudadanos y las empresas comprendieran sus obligaciones legales.
En la última década, el Gobierno peruano ha implementado una serie de medidas encaminadas a mejorar la calidad de la normativa. El estudio de la OCDE de 2016 puso de relieve que Perú carecía, en aquel momento, de un sistema exhaustivo de evaluación ex ante de los proyectos de ley y reglamentos sujetos a modificación, por lo que la OCDE recomendó la aplicación de un sistema de evaluación del impacto regulatorio en el Gobierno central. En 2021 se aprobó el Reglamento sobre el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, gracias al cual 31 entidades habían aplicado este instrumento antes de elaborar una normativa, en noviembre de 2022 (GOB, 2023[98]). Además, la herramienta de Análisis de Calidad Regulatoria establece un sistema de evaluación ex ante de los procedimientos administrativos de elaboración de reglamentos, lo que lo convierte en el primer proceso sistematizado del Gobierno de Perú destinado a evaluar la repercusión de las nuevas normas (OECD, 2019[99]). En 2025, el informe de la OCDE sobre el Comité de Política Regulatoria concluyó que las políticas recientes de Perú en materia de evaluaciones del impacto regulatorio eran satisfactorias.
Además, Perú ha estado trabajando en la armonización de los requisitos, los flujos de trabajo y los plazos de los procedimientos administrativos de los gobiernos subnacionales. Se ha implantado un sistema único de trámites al objeto de facilitar la elaboración de documentos estandarizados destinados a la realización de trámites (GOB, 2023[98]).
Participación de las partes interesadas
El sector agroexportador está compuesto por más de 2 000 empresas, de las cuales las 10 más grandes generan el 21 % del valor de las exportaciones agrícolas (FAO, European Union and CIRAD, 2022[8]). Los sindicatos que representan sus intereses están presentes en los foros de adopción de decisiones en materia de políticas, y el sector suele haber recibido un apoyo prioritario por parte del Gobierno. Esto incluye medidas fiscales favorables, la firma de acuerdos comerciales que facilitan la entrada en nuevos mercados e inversiones públicas en sistemas de riego y en calidad sanitaria.
Desde el primer Estudio de la OCDE sobre integridad en Perú, realizado en 2017, el país ha logrado avances significativos en los ámbitos de integridad y transparencia (OECD, 2024[100]). El país ha creado la Secretaría de Integridad Pública y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que desempeñan un papel fundamental en la prevención y la sanción de la corrupción. Perú también ha elaborado un modelo de integridad y ha mejorado los mecanismos de coordinación interinstitucional. Sin embargo, su impacto se ve limitado por dificultades relacionadas con su credibilidad e independencia, así como por la superposición de responsabilidades y la insuficiencia de recursos (OECD, 2024[100]).
La coordinación interministerial y el intercambio de información en los ámbitos de políticas relativas a los sistemas alimentarios son deficientes
La coordinación interministerial es esencial a la hora de lograr la transformación de los sistemas alimentarios. Es necesario establecer mecanismos interinstitucionales sólidos que integren a los actores pertinentes y los involucren en el desarrollo estratégico. Estos mecanismos facilitan la identificación de posibles sinergias y contrapartidas, y brindan la oportunidad de debatir cuál es la mejor manera de abordarlas (UN Food Systems Coordination Hub, 2021[101]). Como ya se ha mencionado, la falta de coordinación en las políticas peruanas relativas a los sistemas alimentarios, como la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ha mermado su capacidad de hacer frente al triple desafío con eficacia. Entre otras herramientas que utilizan los países de la OCDE para mejorar la coordinación interministerial se encuentran los acuerdos bilaterales (por ejemplo, los memorandos de entendimiento) y la creación de redes y oportunidades de aprendizaje entre pares.
5.4.2. Participación internacional
La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios
La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios se celebró en septiembre de 2021. Esto brindó a los participantes la oportunidad de debatir cinco ejes o áreas de actuación, y se celebrarán reuniones de evaluación cada dos años para hacer un seguimiento. La participación de los países de la OCDE ha sido elevada en relación con las distintas iniciativas oficiales y oficiosas en el marco de la Cumbre. Por ejemplo, 33 de los 38 países de la OCDE y la Unión Europea han participado en al menos una de las coaliciones de la Cumbre, y 27 países de la OCDE y la Unión Europea han presentado sus hojas de ruta nacionales (figura 5.15). Perú ha presentado una hoja de ruta nacional, aunque no ha formado parte de ninguna coalición.
Nota: Además de los países de la OCDE y los países candidatos a la adhesión, la lista también incluye la Unión Europea.
Participating in at least one coalition: Participación en al menos una coalición; Presented a national pathway: Presentación de una estrategia nacional; Countries not in either category: Países que no pertenecen a ninguna de las dos categorías.
Fuente: Centro de Coordinación de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios (n.d.[102]), sitio web del Centro de Coordinación de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, https://www.unfoodsystemshub.org/en.
Los sistemas alimentarios de Perú se enfrentan a una compleja serie de obstáculos que dificultan su avance hacia la consecución del desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. La diversidad geográfica del país contribuye a que existan importantes desigualdades regionales en cuanto a la suficiencia de la infraestructura, como redes de carreteras, cadenas de frío y transporte especializado. Estas desigualdades se ven agravadas por el acceso limitado a tecnologías y prácticas agrícolas avanzadas, que suelen concentrarse en las zonas más desarrolladas, lo que deja en una situación de desventaja a las regiones remotas y menos desarrolladas.
Los retos en materia de gobernanza añaden otra capa de complejidad, con una notable falta de cohesión y coordinación entre los distintos organismos y sectores gubernamentales. Esta falta de un enfoque unificado da lugar a ineficiencias y a un panorama de políticas fragmentado, que entorpecen la aplicación de estrategias integrales que aborden de manera eficaz el triple desafío de la OCDE en todo el sistema agroalimentario.
El Gobierno peruano ha puesto en marcha una serie de políticas que abarcan reformas normativas, ayudas a los pequeños agricultores e iniciativas destinadas a mejorar las cadenas de valor agrícolas y la sostenibilidad. Sin embargo, la aplicación de estas políticas plantea numerosas dificultades. Los problemas de gobernanza sistémica, caracterizados por una ausencia de integración y coordinación entre los distintos niveles de gobierno, dan lugar a iniciativas aisladas y descoordinadas que no logran alcanzar todo su potencial. Además, la insuficiencia de recursos, tanto financieros como humanos, la falta de sistemas de seguimiento y el escaso alcance de los programas complican aún más la aplicación efectiva de estas políticas. Muchas regiones, en especial las menos desarrolladas, carecen de los recursos y las capacidades necesarios para ejecutar programas complejos en materia de agricultura y seguridad alimentaria, lo que da lugar a que los beneficios y los efectos se distribuyan de forma desigual por todo el país.
Perú se enfrenta al doble reto de una elevada incidencia de la inseguridad alimentaria, al tiempo que se observa una tendencia al alza de la obesidad tanto en las zonas urbanas como en las rurales. El Gobierno ha puesto en marcha varios programas de asistencia alimentaria dirigidos a los grupos más vulnerables que sufren inseguridad alimentaria, junto con políticas destinadas a fomentar una alimentación más saludable, como etiquetados frontales de los envases y las restricciones a la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables. Sin embargo, la creciente tendencia tanto de la inseguridad alimentaria grave como de las tasas de obesidad señala el escaso impacto que tienen estas políticas. Es imprescindible mejorar la recopilación de datos en todo el país con el objetivo de reforzar la evaluación de las políticas y elaborar políticas más eficaces.
La participación en cooperativas, organizaciones de productores y otras formas de asociación es baja. Existen algunas iniciativas destinadas a fomentar la organización, los sistemas de calidad y las cadenas de valor cortas; sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos por mejorar la conexión de los pequeños agricultores con los mercados nacionales y mundiales.
Al reflexionar sobre el contexto general del triple desafío de la OCDE –mejorar los medios de vida de los agricultores, garantizar la seguridad alimentaria y promover la sostenibilidad–, resulta evidente que los enfoques estratégicos de Perú, aunque bienintencionados y sólidos desde el punto de vista teórico, pueden tropezar con dificultades en la práctica debido a importantes presiones internas y externas. Además, los obstáculos relacionados con la gobernanza, la asignación de recursos y las desigualdades regionales podrían empezar a abordarse mediante un enfoque de políticas más integrado y coordinado, que podría contribuir a salvar las diferencias entre los distintos sectores y regiones.
Existe una necesidad ineludible de contar con un marco institucional global que no solo aúne las distintas iniciativas, sino que también estimule la colaboración entre los organismos gubernamentales, las entidades del sector privado y las organizaciones comunitarias. Perú podría reforzar la colaboración con el sector privado y fomentar que este adopte medidas más ambiciosas, ya que el papel del sector privado en los países de la OCDE ha sido significativo a la hora de promover opciones alimentarias más saludables y sostenibles. Un marco de este tipo podría mejorar la escalabilidad de las iniciativas que han tenido éxito y garantizar que los beneficios de las políticas se distribuyan de manera más uniforme por todo el país.
Por último, la seguridad alimentaria en Perú se enfrenta a múltiples obstáculos, entre ellos un marco institucional fragmentado en el que las responsabilidades se reparten entre la DIGESA, el SENASA, el INACAL, la SANIPES y los gobiernos locales con una coordinación insuficiente, los que causa deficiencias en la aplicación de la normativa y un control escaso de los riesgos químicos y microbiológicos. La supervisión se ve aún más constreñida por la falta de laboratorios acreditados en las zonas rurales, lo cual ralentiza la detección de riesgos. Al mismo tiempo, el predominio de los mercados informales y los vendedores ambulantes, con controles de higiene mínimos, sumado al acceso limitado de los pequeños agricultores a cadenas de frío, agua limpia e instalaciones sanitarias, aumenta el riesgo de contaminación y de brotes de enfermedades de transmisión alimentaria. Otras amenazas provienen del uso inadecuado de plaguicidas y medicamentos veterinarios, la gestión deficiente de los residuos, el agua de riego contaminada y la poca concienciación de los consumidores sobre las prácticas seguras, mientras que el cambio climático agrava las vulnerabilidades por la introducción de nuevas plagas, patógenos y la escasez de agua en el sistema alimentario.
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[27] Tirado-Kulieva, V. (2022), “The vulnerability of a centralized food system: An opportunity to improve food security in times of COVID-19-Peru perspective”, Front. Sustain. Food Syst., Vol. 6, https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.901417.
[23] UN Comtrade (2025), UN Comtrade Database, https://comtradeplus.un.org/ (accessed on 3 September 2025).
[101] UN Food Systems Coordination Hub (2021), Policy Brief - Governance of Food Systems Transformation, https://www.unfoodsystemshub.org/docs/unfoodsystemslibraries/fss-community/chapter-2/policybrief_governanceunfss.pdf?sfvrsn=edae3afc_1.
[102] UN Food Systems Coordination Hub (n.d.), UN Food Systems Coordination Hub Website, https://www.unfoodsystemshub.org/en.
[35] UN Food Systems Hub (n.d.), Peru- Domestic Financing to Food Systems, https://www.unfoodsystemshub.org/docs/unfoodsystemslibraries/regional-progress-reviews/latin-america-and-caribbean/domestic-financing-to-food-systems_peru.pdf (accessed on 23 August 2025).
[39] WFP (2025), Annual Country Report 2024- Peru, https://www.wfp.org/publications/annual-country-reports-peru.
[73] WHO (2024), GHO Indicators, https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-obesity-among-adults-bmi--30-(age-standardized-estimate)-(-) (accessed on 8 July 2025).
[3] World Bank (2025), World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (accessed on 10 September 2025).
[80] World Cancer Research Fund International (2025), Nourishing and Moving policy databases, https://policydatabase.wcrf.org/level_one?page=nourishing-level-one#step2=0#step3=309.
[84] World Cancer Research Fund International (n.d.), Nutrition policy database, https://policydatabase.wcrf.org/nourishing-moving-search (accessed on 8 July 2025).
← 1. América Latina y el Caribe (ALC) incluye Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Engloba el valor añadido de la agricultura, la silvicultura y la pesca.
← 2. En Perú se denominan cooperativas agrarias, de conformidad con la legislación peruana y la terminología de la Ley N.º 31335 de 2021. Se refiere, en general, a todo el sector de la producción rural, que incluye la agricultura, la ganadería y la silvicultura.
← 3. Perú se ha adherido tanto a la Declaración de la OCDE de 2022 sobre soluciones transformadoras para la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles como a la Declaración de 2016 sobre mejores políticas para lograr un sistema alimentario mundial productivo, sostenible y resiliente.
← 4. La asistencia social comprende la ayuda alimentaria de emergencia.
← 5. La Declaración de la OCDE de 2022 sobre soluciones transformadoras para la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles hace referencia a la pérdida y el desperdicio de alimentos tanto en la sección de compromisos como en el llamamiento a la OCDE para que recopile datos y elabore indicadores comunes y análisis que ayuden a medir los avances. Al mismo tiempo, la Dirección de Comercio y Agricultura de la OCDE está evaluando en la actualidad las políticas en materia de pérdida y desperdicio de alimentos, que incluye el compromiso de reducirlos y mejorar su estimación.
← 6. Los indicadores sectoriales de la regulación del mercado de productos abarcan el comercio minorista, incluida información específica sobre los establecimientos minoristas de alimentación y bebidas. Sin embargo, no se dispone de datos sobre Perú.
← 7. Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera que los adultos con un índice de masa corporal (IMC) de entre 25 y 30 tienen sobrepeso, y aquellos con un IMC de 30 o más, son obesos.
← 8. El Panel de los Sistemas Alimentarios recopila datos de unos 300 indicadores. Se evalúa el desempeño de los países en función de 39 indicadores de diagnóstico que comprenden las cadenas de suministro alimentario, la nutrición y los resultados en materia de salud. Por cada indicador, se asigna a los países un color, el verde (área de riesgo bajo), el amarillo (área de riesgo potencial) o el rojo (área de riesgo elevado) (Peru - Food Systems Dashboard).
← 9. Se refiere a los adultos de 18 años o más que declaran consumir 5 o más raciones al día, excluyendo los zumos de frutas o verduras y las papas, según datos de la encuesta comunitaria de salud por entrevista de 2019.
← 10. A agosto de 2025, esta política está siendo revisada en el Congreso.
← 11. En los últimos 6 años se han sucedido 10 Ministros de Agricultura y 12 Ministros de la Producción (FAO, European Union and CIRAD, 2022[8]).