Unas bases digitales sólidas (infraestructura pública digital [DPI, por sus siglas en inglés] compartida, datos bien gobernados y sistemas conectados) permiten a los gobiernos prestar servicios de forma fiable, reducir duplicidades y adaptarse al ritmo de las necesidades cambiantes. La evidencia de la OCDE confirma avances reales y cada vez más rápidos: los sistemas de intercambio de datos, las notificaciones digitales, la identidad digital y los portales digitales únicos están establecidos en la mayoría de los países de la OCDE. Sin embargo, la disponibilidad no se ha traducido automáticamente en impacto. Muchos servicios todavía no pueden prestarse de forma totalmente digital de principio a fin, porque faltan componentes clave o aún no se utilizan de manera sistemática en todas las funciones de política y niveles de gobierno. Ampliar la adopción de la identidad digital (ampliamente disponible), en particular entre los usuarios que enfrentan barreras de confianza, usabilidad y acceso, sigue siendo un reto. Las estrategias y los estándares de gobernanza de datos son comunes, pero la gestión de la calidad de los datos, la reutilización a escala y la medición del impacto siguen rezagadas. E incluso donde existen las bases adecuadas, estas solo dan resultados cuando los sistemas pueden conectarse e intercambiar información de forma fiable entre organizaciones, niveles de gobierno y, cada vez más, entre países. Este capítulo examina los avances y las brechas en las bases: la infraestructura digital compartida, la identidad digital y la gobernanza de datos, la interoperabilidad, y la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas gubernamentales.
Perspectivas del gobierno digital 2026
Resumen
El despliegue de la infraestructura pública digital (DPI) se está acelerando, aunque persisten brechas en la entrega de principio a fin. Los sistemas compartidos esenciales (plataformas de intercambio de datos, notificaciones digitales y portales digitales únicos) ya están establecidos en los países de la OCDE, y tres cuartas partes de los países cuentan también con plataformas de correo digital y de pagos digitales. Sin embargo, persisten brechas: donde faltan estos componentes, los servicios no pueden prestarse de forma totalmente digital y los usuarios deben alternar entre canales digitales y no digitales, lo que limita la fluidez de los recorridos de servicio.
La gobernanza de la identidad digital está en gran medida establecida, y la prioridad ahora es ampliar su adopción. La mayoría de los países cuenta con estrategias y responsabilidades institucionales claras, y casi siete de cada diez permiten acceder a la mayoría de los servicios en línea mediante una identidad digital segura. Llegar a los países restantes, y profundizar la adopción entre los usuarios, exige una atención sostenida a la confianza, la usabilidad y el diseño inclusivo.
La gobernanza de datos avanza, pero traducir los compromisos de alto nivel en práctica operativa sigue siendo el principal reto. Todos los países de la OCDE cuentan con estrategias de datos y objetivos claros, pero la implementación y la medición del impacto están rezagadas. Fortalecer los estándares de calidad de los datos, facilitar la reutilización dentro y fuera del sector público y medir los resultados son las próximas prioridades, y son también condiciones previas para una inteligencia artificial (IA) confiable y un gobierno eficaz impulsado por datos.
La DPI y las políticas de datos solo dan resultados cuando los sistemas pueden conectarse y funcionar de forma fiable. Los sistemas deben funcionar de manera conjunta entre organizaciones y niveles de gobierno para que los datos puedan fluir y los servicios puedan integrarse; sin embargo, en promedio, solo el 63% de las instituciones públicas de los países de la OCDE está conectado a su sistema nacional de interoperabilidad de datos. Las tecnologías en la nube se han convertido en infraestructura gubernamental estándar, y el software de código abierto, cuando cuenta con el respaldo de normas claras, una gestión activa y un financiamiento sostenido, puede reducir la dependencia de proveedores únicos, aumentar la transparencia y facilitar que las soluciones digitales se compartan entre gobiernos y países.
La infraestructura pública digital (DPI) y los datos son las bases sobre las que se construye el gobierno moderno. La DPI se refiere a los sistemas compartidos, como la identidad digital, los servicios de notificación y las plataformas de intercambio de datos, que las instituciones públicas utilizan en común para prestar servicios, intercambiar información y desempeñar sus funciones (OCDE, 2024[1]). Cuando estos sistemas están bien diseñados y bien gobernados, pueden permitir que el gobierno funcione como un sistema único y coherente, y no como un conjunto de organizaciones desconectadas. Reducen las duplicidades, recortan costos y facilitan que las instituciones gubernamentales compartan información y coordinen su trabajo. También ayudan a los gobiernos a adaptarse a medida que cambian las necesidades, a mantener los servicios en funcionamiento de forma fiable en situaciones de presión y a sostener las operaciones cuando surgen problemas.
Los datos fluyen a través de esta infraestructura y generan valor público. Cuando los datos se gobiernan de manera responsable, con normas claras sobre cómo se recopilan, protegen, comparten y utilizan, pueden mejorar la toma de decisiones, simplificar los procesos administrativos y hacer que los servicios sean más responsivos. Para las personas y las empresas, esto puede significar menos solicitudes para proporcionar repetidamente la misma información a distintas autoridades (OCDE, 2025[2]). Para los gobiernos, el uso eficaz de los datos favorece políticas mejor focalizadas, una supervisión más sólida de lo que funciona (y de lo que no) y un uso más eficiente de los recursos, con posibles efectos positivos en términos de ahorro de costos.
Aprovechar plenamente los beneficios de la DPI y de los datos exige tratarlos como activos públicos compartidos para todo el gobierno, y no como proyectos tecnológicos aislados. En la práctica, esto implica diseñarlos y gestionarlos para su reutilización en todo el sector público y, cuando corresponda, para su adopción por parte de los usuarios; establecer normas claras sobre quién es responsable de qué; y financiarlos como capacidades nacionales de largo plazo. Estas bases también son fundamentales para el uso confiable de la inteligencia artificial (IA) en el gobierno, ya que la calidad, la disponibilidad y la gobernanza de los datos determinan si la IA puede ser confiable y escalarse.
Los gobiernos construyen bases digitales para lograr cuatro resultados: 1) mejorar y mantener una prestación de servicios fiable; 2) impulsar la eficiencia mediante la reducción de duplicidades y el uso compartido; 3) fortalecer la confianza mediante sistemas de identidad seguros y prácticas responsables en materia de datos; y 4) facilitar la innovación manteniendo las salvaguardias adecuadas. Estos resultados dependen de cuatro componentes básicos que este capítulo examina sucesivamente:
La disponibilidad de sistemas compartidos esenciales como la identidad digital, las plataformas de intercambio de datos, los sistemas de pago, las notificaciones y los portales de servicios, que constituyen el conjunto básico de herramientas del gobierno digital.
Los mecanismos de gobernanza se refieren a las normas, las responsabilidades y los mecanismos de rendición de cuentas que convierten las intenciones de política en una práctica fiable. Abarcan tanto la gobernanza de la identidad digital como la gobernanza de datos.
La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas para conectarse e intercambiar información entre organizaciones, niveles de gobierno y países, de modo que los datos fluyan hacia donde se necesitan.
La resiliencia y la sostenibilidad se refieren a las decisiones que determinan si la infraestructura digital puede mantenerse, adaptarse y protegerse a lo largo del tiempo, incluido el uso de tecnologías en la nube y de software de código abierto.
Este capítulo aborda sucesivamente estos cuatro componentes básicos y destaca dónde los avances son más sólidos y dónde las brechas en la adopción, la gobernanza, los estándares y la evaluación siguen limitando lo que la infraestructura digital y los datos pueden ofrecer.
Para ayudar a los gobiernos a construir estas bases y alcanzar objetivos más amplios, las Recomendaciones de la OCDE sobre Estrategias de Gobierno Digital (2014), sobre la Mejora del Acceso e Intercambio de Datos (2021), sobre la Gobernanza de la Identidad Digital (2023) y sobre Servicios Administrativos Públicos Centrados en las Personas (2024) destacan que una infraestructura digital segura y escalable debe combinarse con una gobernanza de datos sólida para lograr un gobierno moderno (OCDE, 2014[3]; OCDE, 2021[4]; OCDE, 2023[5]; OCDE, 2024[6]). Estas Recomendaciones ofrecen principios rectores esenciales que orientan este informe.
2.2.1. Qué se entiende por DPI y por qué es importante para los resultados
La DPI se refiere a un conjunto de sistemas digitales compartidos, seguros e interoperables diseñados para facilitar el acceso a servicios públicos y privados a escala. En lugar de que cada organismo gubernamental desarrolle sus propias herramientas por separado, la DPI ofrece componentes básicos comunes que cualquier institución puede utilizar, lo que reduce las duplicidades, disminuye los costos y facilita que los servicios funcionen de manera conjunta (OCDE, 2024[1]; OCDE, 2024[6]). Los sistemas de DPI incluyen:
Los sistemas de identidad digital permiten a las personas y las organizaciones acreditar quiénes son al acceder a servicios en línea, de forma segura, eficiente y, cada vez más, transfronteriza. Incluyen mecanismos de inicio de sesión, de firma digital de documentos y, en los casos más avanzados, de almacenamiento e intercambio de credenciales digitales verificadas mediante una billetera digital.
Los sistemas de pagos digitales permiten a los gobiernos realizar y recibir pagos de personas y empresas, por ejemplo, para abonar prestaciones con mayor rapidez, cobrar tasas con mayor facilidad o dar seguimiento a las transacciones de forma más fiable.
Los registros básicos son registros oficiales de referencia que constituyen la fuente única y confiable de información clave, como los registros de población, los registros de empresas y los datos de direcciones y de propiedad de la tierra. Sustentan numerosos procesos gubernamentales al asegurar que todas las instituciones del gobierno trabajen con la misma información fiable.
Los sistemas de intercambio de datos permiten a las organizaciones gubernamentales intercambiar información entre sí y, en algunos casos, con el sector privado y la sociedad civil, con las salvaguardias adecuadas. Hacen posible aplicar el principio de una sola vez, es decir, recopilar la información de una persona o empresa una única vez y reutilizarla en distintos servicios, en lugar de que diferentes proveedores o instituciones gubernamentales soliciten repetidamente los mismos datos a los usuarios.
Los sistemas de correo digital ofrecen un canal seguro para enviar y recibir comunicaciones oficiales en formato digital, en sustitución del correo físico para la correspondencia importante o sensible.
Las notificaciones digitales son sistemas que permiten a las instituciones públicas enviar mensajes, por correo electrónico, mensaje de texto o correo postal, para mantener informadas a las personas y las empresas sobre sus interacciones con el gobierno.
Los portales digitales únicos facilitan la búsqueda y el acceso a los servicios gubernamentales y reducen la necesidad de soluciones y plataformas individuales.
Durante mucho tiempo, cada institución ha mantenido sus propios sistemas digitales, que funcionan en silos, con escasos incentivos para avanzar hacia enfoques más integrados. El concepto de DPI refleja un cambio de ambición y de alcance: estos componentes están diseñados para utilizarse en todos los ministerios y niveles de gobierno y, en ciertos ámbitos, en el conjunto de la economía. Este enfoque compartido reduce la fragmentación, disminuye el costo de las transacciones y hace posible prestar servicios realmente integrados. Por ejemplo, cuando una persona vive un evento de vida importante, como el nacimiento de un hijo, la creación de una empresa o una mudanza, la DPI puede permitir que su información fluya automáticamente entre las instituciones gubernamentales pertinentes, de modo que interactúe con el gobierno una sola vez y no muchas. Lo que antes requería múltiples trámites separados puede convertirse en un proceso único e integrado.
2.2.2. Avances y brechas: la mayoría de los componentes básicos están establecidos, pero la entrega de principio a fin sigue siendo incompleta
Los países de la OCDE han logrado avances significativos en el despliegue de componentes digitales básicos compartidos, en particular los sistemas de intercambio de datos y las notificaciones digitales. Sin embargo, las brechas en algunos componentes, en especial el correo digital y los pagos digitales, siguen impidiendo que muchos servicios se presten de forma totalmente digital de principio a fin.
La evidencia de la dimensión Gobierno como plataforma del Índice de Gobierno Digital (DGI) de la OCDE muestra que, en promedio, el 74% de los componentes esenciales de la DPI ya están establecidos en los países de la OCDE (Figura 2.1). Los sistemas de intercambio de datos y de notificaciones digitales de alcance gubernamental son ya un estándar, pues más del 80% de los países de la OCDE ha implementado ambos. Las notificaciones digitales se utilizan cada vez más para comunicarse de forma proactiva y fiable con las personas y las empresas, lo que favorece una prestación de servicios más rápida y eficiente.
Porcentaje de países de la OCDE que han adoptado sistemas de infraestructura pública digital, 2023 y 2025
Nota: No se dispone de datos para Alemania ni Estados Unidos. Portal digital único: disponibilidad de un catálogo de servicios accesible para los usuarios. Intercambio de datos: disponibilidad de un sistema de interoperabilidad de datos. Identidad digital: al menos el 50% de los servicios públicos nacionales en línea pueden utilizarse mediante una solución de identidad digital con autenticación de dos factores. Véase Tabla del anexo 2.A.1 para consultar los datos completos de los países de la OCDE y de los países candidatos a la adhesión.
Fuente: OCDE (2025), Encuesta sobre Gobierno Digital 3.0.
También se observan avances, aunque más variados, en otros componentes. Las plataformas de correo digital y de pagos digitales están disponibles en 27 de los 36 países de la OCDE (75%), lo que refleja una expansión constante del conjunto de herramientas de servicios digitales. Donde existen, las soluciones de correo digital ofrecen un canal seguro para las comunicaciones oficiales y a menudo están integradas en plataformas de servicios más amplias (OCDE, 2024[1]) (capítulo 5). En muchos países, las funcionalidades de correo digital y de notificaciones están incorporadas en los portales digitales únicos, puntos de entrada unificados en los que las personas pueden recibir comunicaciones oficiales, realizar trámites y dar seguimiento a sus interacciones con el gobierno en un solo lugar. Esta integración hace que los servicios sean más simples y coherentes para los usuarios, reduce las cargas administrativas y fortalece la confianza (Recuadro 2.1). Sin embargo, el hecho de que aproximadamente uno de cada cuatro países de la OCDE todavía carezca de capacidades de correo digital o de pagos pone de manifiesto una brecha persistente en la completitud de la infraestructura pública digital y limita el alcance de la transformación de la prestación de servicios en esos países.
La infraestructura pública digital puede fortalecer a los gobiernos de varias maneras: reduciendo las duplicidades y los costos; permitiendo que las instituciones gubernamentales trabajen de manera conjunta con mayor fluidez; haciendo que los servicios sean más accesibles e inclusivos; y favoreciendo una entrega fiable y continua incluso cuando aumenta repentinamente la demanda o se producen interrupciones.
Notificaciones digitales: Canadá e Italia
GCNotify de Canadá permite a los funcionarios públicos federales enviar correos electrónicos y mensajes de texto a las personas de forma gratuita. Se conecta fácilmente con otros servicios mediante una interfaz estándar y su código fuente está disponible públicamente para que otros lo reutilicen, un enfoque inspirado en GOV.UK Notify del Reino Unido.
La plataforma SEND de Italia es el sistema nacional para emitir y recibir notificaciones con validez jurídica de las administraciones públicas. Centraliza las comunicaciones oficiales, permite a las instituciones conectarse mediante interfaces estándar y deja que las personas elijan cómo recibir las notificaciones. Al mantener actualizados los datos de contacto y gestionar todo el proceso de entrega, SEND reduce la incertidumbre, disminuye los costos y simplifica los flujos de trabajo.
Portales digitales únicos: Bélgica
La aplicación móvil MyGov.be de Bélgica reúne en un solo lugar el acceso a documentos y certificados oficiales de las autoridades federales, regionales y locales. Incluye un servicio unificado de correo digital, una billetera digital segura para almacenar documentos emitidos por el gobierno y una función de identidad digital para iniciar sesión en los servicios públicos. La aplicación consolida múltiples canales en una experiencia única y coherente, y está alineada con las iniciativas de la UE sobre carteras europeas de identidad digital.
Correo digital: Suecia
En Suecia, las personas y las empresas reciben las comunicaciones oficiales de las autoridades públicas a través de un buzón digital seguro, al que acceden mediante identificación electrónica. El servicio de mensajería Mina meddelanden es operado por la Agencia de Gobierno Digital (DIGG), mientras que los buzones son ofrecidos por diversos proveedores públicos y privados. Las personas solo reciben mensajes de las autoridades públicas con las que interactúan, lo que mantiene el servicio manejable y pertinente.
Pagos digitales: Reino Unido
GOV.UK Pay es un servicio de pago gratuito que pueden utilizar las organizaciones del sector público del Reino Unido. No tiene costos de instalación ni cargos mensuales y no requiere un proceso de contratación, lo que facilita su adopción por parte de los equipos de servicio. Permite a las organizaciones sustituir rápidamente los métodos de pago presenciales y ofrece una experiencia de pago segura y accesible alojada en GOV.UK.
Fuente: (OCDE, 2024[7])
La mayoría de los países de la OCDE ha establecido mecanismos de gobernanza para la identidad digital, pero la integración de la identidad digital en los servicios y su adopción por parte de los usuarios siguen siendo desiguales. La evidencia muestra que la tecnología no es el cuello de botella: la confianza, la usabilidad y el diseño inclusivo son lo que determina si los sistemas de identidad digital se adoptan a escala.
Un sistema de identidad digital bien diseñado genera beneficios claros. Para las personas, ofrece una forma más sencilla y segura de acceder a los servicios. Para las empresas, reduce el costo y la complejidad de verificar con quién están tratando. Más allá de estas ventajas inmediatas, la identidad digital es fundamental para que el gobierno digital funcione de forma fiable a lo largo del tiempo. Al ofrecer a los usuarios una forma confiable y coherente de autenticarse ante distintas instituciones, permite que los servicios funcionen de manera estable a medida que evolucionan los procesos, surgen nuevos canales o cambian las tecnologías. Donde la identidad digital no se ha adoptado ampliamente, resulta mucho más difícil introducir nuevos modelos de servicio de forma segura y a escala.
Como establece la Recomendación de la OCDE sobre la Gobernanza de la Identidad Digital, los sistemas de identidad digital confiables e interoperables dependen de mecanismos de gobernanza sólidos (Recuadro 2.2). Mandatos claros, estándares compartidos, requisitos de seguridad robustos y una rendición de cuentas clara aseguran que la identidad digital proteja a los usuarios y, al mismo tiempo, sea lo suficientemente flexible para respaldar nuevos modelos de servicio y adaptarse a cambios futuros.
La Recomendación de la OCDE sobre la Gobernanza de la Identidad Digital ofrece un marco para construir sistemas de identidad eficaces, utilizables, seguros y confiables. Sus disposiciones instan a los gobiernos a:
Diseñar e implementar sistemas de identidad digital que respondan a las necesidades de los usuarios y de los proveedores de servicios.
Priorizar el acceso para todos y minimizar las barreras
Adoptar un enfoque estratégico y definir funciones y responsabilidades claras en todo el sistema de identidad digital.
Proteger la privacidad y priorizar la seguridad para asegurar la confianza en los sistemas de identidad digital.
Armonizar los marcos jurídicos y regulatorios, e invertir en interoperabilidad.
Fuente: (OCDE, 2023[5])
2.3.1. Existen estrategias de identidad digital, pero su alcance es dispar
Los países de la OCDE han logrado avances significativos en el fortalecimiento de la gobernanza y la dirección estratégica de la identidad digital. Casi todos (excepto la República Eslovaca) cuentan con un organismo gubernamental designado como responsable de definir la dirección estratégica de la identidad digital. Esta asignación de responsabilidades prácticamente universal marca un cambio importante, que deja atrás los esfuerzos fragmentados y basados en proyectos para avanzar hacia una gestión más coherente y de largo plazo.
Sin embargo, el alcance de estos mandatos varía considerablemente. Nueve de los 36 países de la OCDE (25%) limitan el mandato de este organismo al sector público y tratan la identidad digital principalmente como una herramienta para acceder a los servicios gubernamentales. En cambio, 26 de los 36 países de la OCDE (72%) extienden el mandato al conjunto de la economía digital y posicionan la identidad digital como un habilitador de interacciones seguras en los sectores público y privado. Este enfoque más amplio considera la identidad digital no solo como una infraestructura administrativa, sino como un motor de confianza digital, participación económica e innovación.
La planificación estratégica también ha avanzado: 33 de los 36 países de la OCDE (92%) cuentan con una estrategia gubernamental de identidad digital, frente al 82% en 2023. Casi todas incluyen disposiciones para su uso por parte de las instituciones del gobierno central o federal, lo que ofrece una base común para las distintas carteras de servicios.
El alcance de estas estrategias más allá del gobierno central es más desigual. 27 de los 36 países de la OCDE (75%) incluyen a los gobiernos subnacionales en sus marcos estratégicos, y 23 de los 36 países (64%) abordan explícitamente sectores con estrictos requisitos de verificación de identidad, como la banca y el sector financiero. Esto refleja un creciente reconocimiento de que una infraestructura de identidad compartida puede reducir el fraude, facilitar el cumplimiento normativo y simplificar la forma en que las personas acceden a los servicios regulados.
Porcentaje de países de la OCDE que informan los tipos de actores incluidos como proveedores de servicios en la estrategia nacional de identidad digital, 2023 y 2025
Nota: No se dispone de datos para Alemania ni Estados Unidos. Véase Tabla del anexo 2.A.3 para consultar los datos completos de los países de la OCDE y de los países candidatos a la adhesión. «Conozca a su cliente» (KYC, por sus siglas en inglés) se refiere al proceso mediante el cual las organizaciones verifican la identidad de las personas antes de prestarles un servicio, como abrir una cuenta bancaria, acceder a una prestación gubernamental o firmar un contrato.
Fuente: OCDE (2025), Encuesta sobre Gobierno Digital 3.0.
La extensión al sector privado en general (comercio minorista, comercio electrónico y otros sectores sin requisitos regulatorios específicos) sigue siendo limitada: solo 16 de los 36 países de la OCDE (44%) incluyen disposiciones de este tipo. Esto refleja en parte una cautela legítima: la incertidumbre regulatoria, las preocupaciones en materia de privacidad, las cuestiones de responsabilidad legal y la incertidumbre sobre si los sistemas están lo suficientemente maduros para un uso más amplio son consideraciones razonables. Abordarlas exigirá esfuerzos sostenidos para mejorar la interoperabilidad, fomentar la confianza, aclarar los marcos de responsabilidad y asegurar que los sistemas sean lo suficientemente robustos para respaldar una gama más amplia de modelos de servicio (Recuadro 2.3).
Dinamarca gestiona su solución de identidad digital (MitID) mediante una alianza público-privada entre entidades gubernamentales y el sector financiero. La alianza que respalda MitID está integrada por la Agencia de Gobierno Digital, en representación del Estado, las regiones y los municipios daneses, y por las instituciones financieras del país, representadas por su asociación gremial, Finance Denmark. Este modelo de gobernanza compartida ha permitido que MitID funcione como una solución nacional común de identidad digital en los sectores público y privado. La solución es una pieza central de la infraestructura digital del país y permite el acceso seguro a los servicios gubernamentales, a la banca y a una amplia gama de servicios digitales en plataformas privadas en Dinamarca.
Estonia proporciona una identidad digital emitida por el Estado a cada ciudadano, gestionada conjuntamente por la Autoridad del Sistema de Información (RIA) y la Junta de Policía y Guardia de Fronteras (PPA). Desde 2001, la adopción ha sido impulsada en gran medida por su uso en el sector privado para transacciones entre empresas y entre empresas y consumidores. La experiencia estonia muestra el valor de construir un modelo de identidad compartido con el sector privado para fomentar un uso generalizado por parte de la ciudadanía.
Italia ha desarrollado varias herramientas complementarias de identidad digital, todas gestionadas por organismos públicos. SPID es un sistema federado que permite a las personas acceder a servicios públicos y privados mediante credenciales emitidas por proveedores autorizados. La cédula de identidad electrónica (CIE) es un documento obligatorio emitido por el gobierno que ofrece capacidades de autenticación tanto física como digital. En 2024, Italia lanzó IT-Wallet, su implementación de la Cartera Europea de Identidad Digital, plenamente integrada en la aplicación gubernamental IO.
2.3.2. La cobertura de la identidad digital crece, aunque su adopción varía entre países y usuarios
Los avances en las estrategias y la gobernanza de la identidad digital se han traducido en una amplia disponibilidad de sistemas de identidad digital en los países de la OCDE (Figura 2.1), lo que se refleja cada vez más en la cobertura de servicios. Casi siete de cada diez países de la OCDE (25 de 36, 69%) informan que más de la mitad de sus servicios públicos en línea pueden utilizarse mediante identidad digital, un logro significativo que refleja una inversión sostenida en infraestructura de identidad digital. Muchos de estos países han alcanzado este nivel gracias a soluciones nacionales ampliamente adoptadas que abarcan una amplia gama de servicios. Entre los países candidatos a la adhesión a la OCDE, Brasil y Croacia han logrado avances particulares en la implementación de soluciones de este tipo a escala. Mantener este impulso y extenderlo a los países restantes exigirá una atención continua a los incentivos para que los proveedores de servicios integren la identidad digital, marcos de gobernanza más claros y una adopción más sistemática en las distintas carteras de servicios.
La adopción por parte de los usuarios, es decir, la proporción de la población que efectivamente utiliza la identidad digital, varía ampliamente. En nueve países (Bélgica, Chile, Corea, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, los Países Bajos y Suecia), más del 90% de la población utiliza la identidad digital. En quince países, la adopción oscila entre el 90% y el 50% de la población habilitada, y en los otros doce países, menos de la mitad la utiliza. Estas disparidades muestran que poner la identidad digital a disposición en todos los servicios es necesario, pero no suficiente. También se requiere un esfuerzo sostenido para generar confianza entre los usuarios, diseñar y desarrollar sistemas fáciles de usar, abordar las barreras que enfrentan las personas con dificultades para utilizar los servicios digitales y asegurar que sigan disponibles canales no digitales de alta calidad, para que nadie se quede atrás.
Los países de la OCDE utilizan diversos métodos para verificar la identidad de los usuarios, en lugar de depender de un único enfoque (Tabla del anexo 2.A.2). El nombre de usuario y la contraseña (sin un paso adicional de verificación) siguen siendo la solución más ampliamente disponible, utilizada en 27 de los 36 países de la OCDE (75%). Continúa desempeñando un papel como punto de entrada familiar y de bajo costo para los servicios que requieren un nivel de seguridad más bajo.
Los métodos más seguros que requieren un segundo paso de verificación son cada vez más comunes. La verificación mediante mensajes de texto está disponible en solo 17 de los 36 países de la OCDE (47%) y la verificación por correo electrónico en 12 de los 36 países (33%), aunque la preocupación por su vulnerabilidad al fraude y a la suplantación de identidad (phishing) ha llevado a varios de los países más avanzados a sustituirlas por métodos basados en aplicaciones u otros métodos más robustos. La verificación mediante aplicaciones está disponible actualmente en 26 de los 36 países de la OCDE (72%), y la verificación mediante tarjetas inteligentes en 24 de los 36 países (67%). Por ejemplo, myGov de Australia admite ya las llaves de acceso (passkeys), un método más reciente y seguro que sustituye la contraseña por una clave digital única almacenada en el dispositivo del usuario, que no puede ser robada mediante phishing.
En general, los países de la OCDE están fortaleciendo sus sistemas de verificación de identidad, pero muchos todavía se encuentran en un período de transición en el que deben equilibrar la necesidad de seguridad con la importancia de mantener sistemas accesibles, asequibles y fáciles de usar.
Casi todos los países de la OCDE reconocen los datos como un activo estratégico y han establecido estrategias y objetivos. El reto pendiente es operativo: fortalecer la calidad de los datos, eliminar los obstáculos al intercambio y la reutilización de los datos, y medir el impacto que genera el uso de los datos.
La gobernanza de datos abarca las normas y responsabilidades que determinan cómo se recopilan, gestionan, consultan, comparten y utilizan los datos en todo el gobierno. Proporciona la base estable que permite que los sistemas funcionen de forma fiable a medida que cambian las tecnologías, las organizaciones y los requisitos. Cuando la gobernanza de datos es coherente, las instituciones pueden compartir y reutilizar los datos de manera sistemática, adaptar los procesos sin interrumpir los servicios y mantener la continuidad cuando evolucionan las regulaciones o los modelos de servicio.
Esto es importante en todas las funciones del gobierno. En la contratación pública, unos datos coherentes y bien gestionados favorecen el monitoreo del desempeño, la supervisión y la detección de irregularidades. En los sistemas de justicia e integridad, unos datos bien gobernados pueden ayudar a priorizar las intervenciones, respaldar decisiones de protección, identificar riesgos de corrupción y favorecer la rendición de cuentas (OCDE, 2025[12]; Hlacs and Wells, 2025[13]; OCDE, 2024[14]; Byrom, Piccinin-Barbieri and Wells, 2024[15]; OCDE, 2025[16]). En todas las funciones, la evidencia de la OCDE es clara: los datos por sí solos no generan valor. El valor surge de gobernar los datos de manera estratégica y responsable, estableciendo las normas, las salvaguardias y los mecanismos de colaboración compartidos que hacen posible el intercambio y la reutilización de los datos. Sin estas condiciones, los datos tienden a permanecer fragmentados o subutilizados, y los gobiernos pierden la capacidad de anticipar necesidades, coordinar acciones y obtener resultados que sirvan al interés público.
La Recomendación de la OCDE sobre la Mejora del Acceso e Intercambio de Datos establece principios para maximizar los beneficios de los datos y, al mismo tiempo, proteger los derechos e intereses legítimos de las personas y las empresas (véanse el Recuadro 2.4 y (OCDE, 2021[4])). La evidencia de la dimensión Sector público impulsado por datos (DDPS, por sus siglas en inglés) del DGI 2025 muestra marcos de gobernanza sólidos sobre el papel (las estrategias, los mandatos y los estándares están generalizados), pero el uso sistemático de los datos, la gestión de la calidad y el monitoreo periódico siguen rezagados. Cerrar esta brecha implica pasar de contar con marcos a aplicarlos en la práctica cotidiana: hacer cumplir estándares comunes, mejorar la calidad de los datos, desarrollar competencias para un uso responsable de los datos e integrar la evaluación para que los gobiernos puedan medir el impacto de sus prácticas en materia de datos.
Un sector público impulsado por datos utiliza los datos de manera sistemática para mejorar las decisiones, diseñar y prestar mejores servicios, medir los resultados y fortalecer la rendición de cuentas. El reto central no es solo técnico; los gobiernos también necesitan la gobernanza, las competencias, los incentivos y las formas de trabajo adecuados para que el uso de los datos sea eficaz en todo el gobierno.
Un sector público realmente impulsado por datos:
trata los datos como un activo estratégico, comprende su valor y mide su impacto;
reduce los obstáculos a la gestión, el intercambio y la reutilización de los datos en todo el sector público;
utiliza los datos para mejorar las políticas y los servicios, desde el diseño y la entrega hasta el monitoreo y la evaluación;
facilita la reutilización y la apertura, favoreciendo la publicación de datos abiertos y el uso de los datos en el sector público y, cuando corresponda, fuera de él.
La Recomendación de la OCDE sobre la Mejora del Acceso e Intercambio de Datos tiene por objeto maximizar los beneficios del acceso a los datos y de su intercambio, protegiendo al mismo tiempo los derechos y otros intereses legítimos. Plantea el acceso a los datos y su intercambio como una base para abordar los retos sociales; mejorar la formulación de políticas basada en evidencia y la prestación de servicios; fortalecer la transparencia y la confianza, y permitir que las personas y las empresas generen valor.
La Recomendación tiene tres pilares prácticos:
1. Reforzar la confianza. Fortalecer la participación de las partes interesadas, adoptar un enfoque estratégico de todo el gobierno, mejorar la transparencia y asegurar una gobernanza responsable a lo largo de todo el ciclo de valor de los datos.
2. Estimular la inversión y los incentivos. Establecer modelos sostenibles y las condiciones necesarias para favorecer el acceso a los datos y su intercambio.
3. Fomentar un intercambio y un uso eficaces y responsables. Facilitar flujos de datos transfronterizos confiables; mejorar la localización, la accesibilidad, la interoperabilidad y la reutilización de los datos; y desarrollar capacidades para un uso responsable de los datos.
Fuente: (OCDE, 2019[17]; OCDE, 2021[4]).
2.4.1. Las estrategias de datos del sector público son comunes y su implementación se está fortaleciendo
Un enfoque estratégico de la gobernanza de datos en el sector público está bien consolidado en los países de la OCDE, y la implementación se va poniendo progresivamente a la altura de la ambición. La evidencia del DGI 2025 muestra que 34 de los 36 países (94%) cuentan con una estrategia de datos para el sector público, lo que indica un reconocimiento generalizado de los datos como activo estratégico. El planteamiento estratégico es, en general, sólido: el 97% define una visión general y todas incluyen objetivos explícitos (véanse algunos ejemplos en el Recuadro 2.5). Los elementos orientados a la implementación también son sólidos: la mayoría de las estrategias identifica a los actores responsables (88%) y describe cómo deben alcanzarse los objetivos (94%). Más de seis de cada diez países (62%) han establecido también mecanismos para monitorear los resultados, lo que refleja un creciente reconocimiento de que es necesario dar seguimiento a las estrategias para que generen impacto. Fortalecer el monitoreo en los países restantes y profundizar, de manera más amplia, en la forma en que se miden los resultados y se actúa en función de ellos constituye el siguiente paso para que la gobernanza de datos madure y pase del compromiso político a una práctica operativa sostenida. Además, contar con mecanismos de evaluación que permitan determinar si las estrategias de datos generan los resultados previstos contribuiría a cerrar los ciclos de retroalimentación y a ajustar las prioridades futuras, la asignación de recursos y los enfoques de implementación con base en la evidencia sobre lo que funciona.
La Estrategia de Datos para la Administración del Estado de Chile plantea una visión de un sector público impulsado por datos que presta servicios proactivos y eficientes. Establece un marco de gobernanza coherente, que incluye un Consejo Estratégico de Datos, responsables de datos designados y un inventario de datos compartido. Prioriza la capacitación del personal del gobierno central y de los gobiernos locales, y establece un plan de acción detallado con seguimiento hasta 2030. Entre las prioridades tecnológicas figuran un nuevo portal de datos abiertos, una red de interoperabilidad de datos, herramientas de gestión del consentimiento y una integración más amplia de los datos en los servicios.
El Programa de Datos Abiertos 2021-2027 de Polonia, liderado por el Ministerio de Asuntos Digitales, tiene como objetivo ampliar la oferta y la calidad de los datos abiertos reutilizables a través del portal nacional dane.gov.pl. La gobernanza está a cargo de un grupo de trabajo interministerial y de una red de responsables de apertura de datos. El programa exige la publicación de datos abiertos con un enfoque que prioriza las interfaces de programación de aplicaciones (API), en consonancia con la legislación y los estándares técnicos de la UE. La interoperabilidad de los metadatos se garantiza mediante la adopción del Perfil de Aplicación DCAT para portales de datos en Europa (DCAT-AP), basado en el Vocabulario de Catálogo de Datos (DCAT) desarrollado por el W3C. Los avances se monitorean mediante calendarios de intercambio de datos e informes anuales, y la capacitación de las partes interesadas se imparte a través de la Academia de Datos Abiertos.
La brecha entre la ambición y la ejecución sugiere que, en muchos países, las estrategias de datos corren el riesgo de funcionar más como declaraciones de política que como herramientas operativas. Un grupo de países (Canadá, Chile, Corea, Estonia, Francia, Noruega, Portugal, el Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía) se destaca por integrar todos los componentes esenciales, incluido el monitoreo. Otros países cuentan con estrategias formales, pero presentan brechas en la implementación, la rendición de cuentas o el seguimiento del desempeño. La ejecución sistemática sigue siendo la próxima frontera para la maduración de la gobernanza de datos.
Las estrategias de datos del sector público de los países de la OCDE se centran principalmente en mejorar el desempeño interno y la prestación de servicios, y en menor medida en objetivos sistémicos como la interoperabilidad transfronteriza o la evaluación a largo plazo. Todos los gobiernos que cuentan con una estrategia de datos incluyen objetivos para aumentar la productividad y la eficiencia del sector público, y el 94% se propone explícitamente diseñar servicios más impulsados por el usuario (Figura 2.3). Una proporción igualmente alta (91%) prioriza el intercambio y el uso de datos éticos y confiables, lo que refleja una creciente preocupación por la privacidad.
Sin embargo, los objetivos más prospectivos son menos comunes: alrededor del 68% de los países incluye objetivos relacionados con los servicios transfronterizos, y el 74% aborda el fortalecimiento de la evaluación y el monitoreo de las políticas. Esto sugiere que, si bien las estrategias de datos se centran cada vez más en la reforma interna, su potencial para apoyar la planificación a más largo plazo, la interoperabilidad transfronteriza y una gobernanza basada en evidencia aún no se aprovecha plenamente.
Porcentaje de países de la OCDE que informan objetivos seleccionados en su estrategia de datos del sector público, 2023 y 2025
Nota: No incluye datos de Alemania ni Estados Unidos.
Fuente: OCDE (2025), Encuesta sobre Gobierno Digital 3.0.
2.4.2. La mayoría de los países cuenta con las herramientas básicas de gestión de datos, pero su calidad y cobertura varían
La mayoría de los países de la OCDE ha establecido herramientas esenciales de gestión de datos, pero su cobertura varía según el área. Los estándares de metadatos (es decir, datos que describen otros datos), los inventarios, la gestión de la calidad y el intercambio de datos son cruciales para convertir las ambiciones de alto nivel en una práctica coherente y escalable. Crean un lenguaje común y un conjunto de procesos replicables: los estándares de metadatos hacen que los conjuntos de datos puedan encontrarse y compartirse; los inventarios muestran qué datos existen y dónde; los estándares de calidad aseguran que puedan reutilizarse de forma fiable; y los estándares de intercambio aclaran cómo se puede acceder a los datos y cómo protegerlos. Sin estas herramientas, las organizaciones del sector público tienden a reconstruir las mismas soluciones en paralelo y a recopilar los mismos datos más de una vez, lo que añade costos, esfuerzo y tiempo, y reduce la fiabilidad de la información en todo el gobierno.
El DGI 2025 muestra una amplia adopción de los estándares fundamentales, aunque con variaciones significativas (Figura 2.4). Los estándares de gestión de metadatos son los más ampliamente adoptados (33 de 36 países, 92%), seguidos de los inventarios de datos (28 de 36, 78%) y de los estándares de anonimización de datos para proteger la privacidad (26 de 36, 72%). Los estándares que favorecen el intercambio de datos también están relativamente extendidos: 30 de los 36 países (83%) ofrecen orientaciones para el intercambio de datos dentro del sector público y 27 de 36 (75%) para el intercambio con entidades externas. Sin embargo, los estándares formales para evaluar la calidad de los datos son menos comunes: solo 23 de los 36 países de la OCDE (64%) informan contar con ellos. Este patrón sugiere que los países han priorizado los habilitadores estructurales y jurídicos para la reutilización de los datos, como la documentación, los inventarios y los mecanismos de intercambio, mientras que los enfoques más sistemáticos para evaluar y mejorar la calidad de los datos aún están madurando. Esto es importante porque una calidad deficiente de los datos limita la fiabilidad con la que pueden reutilizarse entre instituciones.
Los marcos formales de calidad de los datos establecen criterios para evaluar y comparar la calidad de los datos entre organismos públicos, un requisito previo para una reutilización sistemática y de alta calidad de los datos en todo el gobierno. La evidencia del DGI 2025 muestra que existen marcos de este tipo en países como Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Japón y la mayoría de los países nórdicos y de Europa Occidental. Entre los países candidatos a la adhesión, Perú informa contar con un marco de este tipo. Donde no existen, la causa puede ser una capacidad limitada, enfoques descentralizados de la gestión de datos o la dependencia de prácticas sectoriales en lugar de orientaciones de alcance gubernamental.
Los requisitos de privacidad y seguridad están ampliamente reconocidos, mientras que el desarrollo de prácticas operativas de gestión de datos más detalladas lleva más tiempo. Según el DGI, 34 de los 36 países (94%) cuentan con estándares de cumplimiento en materia de privacidad y 31 de 36 (86%) con estándares de seguridad de la información, áreas en las que las obligaciones legales y las consideraciones de riesgo impulsan la adopción. Varios países, entre ellos Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Dinamarca, Francia, Italia, Japón, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido y Suiza, se destacan por lograr una cobertura integral en casi todos los ámbitos de la gestión de datos. Otros países cuentan con estándares de privacidad y seguridad, pero con orientaciones más limitadas sobre la calidad de los datos, los inventarios o el intercambio. En general, el patrón muestra que los gobiernos tienden a abordar primero las áreas impulsadas por el cumplimiento normativo, mientras que las herramientas más operativas y orientadas a la práctica tardan más en madurar, lo que limita el grado en que los datos pueden utilizarse para la integración de servicios, el análisis de políticas y la fiabilidad operativa a largo plazo.
Proporción de países de la OCDE con los estándares o directrices de gestión de datos indicados para los funcionarios públicos, 2023 y 2025
Nota: Solo abarca el nivel de gobierno central/federal. No se dispone de datos para Alemania ni Estados Unidos. Véase Tabla del anexo 2.A.4 para consultar los datos completos de los países de la OCDE y de los países candidatos a la adhesión.
Fuente: OCDE (2025), Encuesta sobre Gobierno Digital 3.0.
2.4.3. Los gobiernos incorporan cada vez más principios éticos de gestión de datos
La confianza pública en la forma en que el gobierno gestiona los datos no está garantizada y, una vez perdida, se tarda mucho tiempo en recuperarla. Las orientaciones sobre la gobernanza del uso ético de los datos ayudan a los gobiernos a establecer límites claros, tomar decisiones de manera transparente y utilizar los datos de forma lícita, justa y segura. La Encuesta de Confianza de la OCDE muestra que alrededor del 52% de las personas confía en que las instituciones públicas utilicen sus datos personales únicamente con fines legítimos. En este contexto, un número creciente de gobiernos está adoptando un enfoque de «confianza desde el diseño», que incorpora salvaguardias en sus sistemas de datos desde el inicio.
Todos los países de la OCDE cuentan con una autoridad nacional de protección de datos encargada de hacer cumplir las normas de privacidad y de protección de datos personales, y 30 de 36 (83%) informan iniciativas de política para promover una gestión ética de los datos, en consonancia con los Principios de Buenas Prácticas de la OCDE para la Ética de los Datos en el Sector Público (OCDE, 2021[20]). Como se muestra en la Figura 2.5, el principio aplicado con mayor frecuencia es la gestión de los datos con integridad, informado por 29 de los 36 países de la OCDE (80%). La incorporación de consideraciones éticas sobre los datos en los procesos de toma de decisiones, como las normas de contratación pública o la forma en que terceros tratan los datos personales más allá de lo que exige la legislación de protección de datos aplicable, es menos común y la informan 19 de los 36 países de la OCDE (53%). Esto sugiere que los compromisos éticos están ampliamente establecidos a nivel de política, pero su integración en la práctica operativa cotidiana sigue siendo una tarea en curso.
Proporción de países de la OCDE cuyas instituciones del sector público adoptan determinados principios éticos de gestión de datos, 2023 y 2025
Nota: La figura presenta las respuestas agregadas de los países de la OCDE a la pregunta «¿Cuáles de los siguientes principios están contemplados en las [iniciativas de política disponibles a nivel del gobierno central/federal para promover la gestión ética de los datos en el sector público]?». No se dispone de datos para Alemania ni Estados Unidos.
Fuente: OCDE (2025), Encuesta sobre Gobierno Digital 3.0.
2.4.4. Mejora la disponibilidad de los datos abiertos gubernamentales, pero la creación de valor se rezaga
Los datos abiertos gubernamentales, es decir, los datos del gobierno puestos a libre disposición de cualquier persona para su acceso, uso e intercambio, siguen siendo una prioridad en los países de la OCDE, en consonancia con la Recomendación de la OCDE sobre la Mejora del Acceso e Intercambio de Datos, que promueve que los datos sean tan abiertos como sea posible y tan cerrados como sea necesario para proteger intereses legítimos (OCDE, 2021[4]). Cuando están bien gobernados, los datos abiertos pueden facilitar un mejor intercambio de datos dentro y fuera del gobierno, aumentar la transparencia e impulsar la innovación en los sectores público y privado a partir de conjuntos de datos abiertos. Sin embargo, estos beneficios solo se materializan cuando los datos abiertos son fáciles de encontrar, consultar y reutilizar. Sin estas condiciones, las iniciativas de datos abiertos corren el riesgo de quedarse en lo simbólico: técnicamente disponibles, pero sin uso en la práctica (Recuadro 2.6).
Los países de la OCDE están mejorando la disponibilidad y la accesibilidad de los datos abiertos, pero el apoyo a su reutilización sigue rezagado. La evidencia del Índice OURdata de la OCDE muestra avances en los requisitos legales y las prácticas de publicación, pero la participación de las partes interesadas y el monitoreo del impacto siguen siendo débiles. Casi todos los países de la OCDE exigen a las instituciones públicas que pongan sus datos a disposición como datos abiertos, y más del 80% establece como obligatorias condiciones clave de accesibilidad, como que los datos estén disponibles de forma gratuita, con una licencia abierta, en un formato legible por máquina, con metadatos estandarizados y actualizados oportunamente. Sin embargo, las funcionalidades más avanzadas que permiten utilizar e integrar los datos a escala, como los datos desagregados, las interfaces de programación de aplicaciones (API) y la publicación a través de un portal central, son considerablemente menos comunes. Esta brecha limita la eficacia con la que los gobiernos, la sociedad civil y las empresas pueden aprovechar los datos abiertos.
El Catálogo Nacional de Datos Abiertos de Chequia ofrece diversas formas de explorar y descargar datos geográficos, en consonancia con la Directiva INSPIRE de la UE. Muchos conjuntos de datos pueden consultarse mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) que permiten integrarlos directamente en aplicaciones y servicios para consultar mapas en un navegador, además de servicios de descarga masiva para obtener extractos completos, lo que pone los datos a disposición para una amplia variedad de fines.
Francia facilita el acceso a los datos abiertos gubernamentales mediante interfaces programables. Para los conjuntos de datos tabulares publicados en data.gouv.fr, se dispone de una API integrada que permite consultar una tabla, filtrar y previsualizar los resultados directamente en el portal sin necesidad de descargar archivos. El código del servicio está disponible públicamente con una licencia de código abierto para fomentar su reutilización.
La disponibilidad de conjuntos de datos de alto valor está mejorando, pero la cobertura general sigue siendo incompleta. Según el Índice OURdata 2025, en promedio el 57% de los conjuntos de datos de alto valor de los países de la OCDE está disponible como datos abiertos, frente al 47% en la edición de 2023 (véase Figura 2.6). La disponibilidad de conjuntos de datos de alto valor varía ampliamente entre ámbitos, con brechas persistentes en los datos relacionados con la integridad gubernamental (véase Figura 2.7). Los países de la OCDE obtienen sus mejores resultados en datos geoespaciales (73% en 2025, frente al 67% en 2023) y estadísticos (74%, frente al 67%). En cambio, los datos sobre empresas (34%, frente al 31%), finanzas públicas y rendición de cuentas (38%, frente al 27%), y salud y bienestar social (53%, frente al 42%) siguen publicándose muy por debajo de lo deseable. Entre los conjuntos de datos menos publicados en formato abierto figuran los registros de atenciones y regalos (17%), las declaraciones patrimoniales (14%) y de intereses (9%) de altos funcionarios públicos, y la información sobre la propiedad de las empresas (9%), áreas en las que una mayor transparencia podría favorecer la rendición de cuentas y la confianza pública. Además, estos resultados concuerdan con la escasa disponibilidad de conjuntos de datos sobre declaraciones de intereses y patrimoniales, independientemente de su formato, que se presenta en las Perspectivas de la OCDE sobre Integridad y Lucha contra la Corrupción, ya que ambos están disponibles en menos del 33% de los países de la OCDE (OCDE, 2026[23]).
Disponibilidad promedio de 10 tipos de conjuntos de datos de alto valor como datos abiertos por país, 2023 y 2025
Nota: Las categorías de conjuntos de datos de alto valor son definidas por la OCDE principalmente con base en la Carta de Datos Abiertos del G8. Los datos se consideran disponibles si son legibles por máquina, gratuitos y se ofrecen con una licencia abierta. No se dispone de datos de 2025 para Dinamarca, Hungría ni Estados Unidos. No se dispone de datos de 2023 para Hungría ni Estados Unidos, y los de Dinamarca no se incluyen en este gráfico. Los datos de 2025 abarcan del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024. Los datos de 2025 de Indonesia y Tailandia abarcan el período del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Véase el anexo del capítulo 1 para consultar la lista completa de conjuntos de datos.
Fuente: Encuesta de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales 6.0 (2025) y (OCDE, 2023[24]).
Promedio de la OCDE, 2023 y 2025
Nota: Las categorías de conjuntos de datos de alto valor son definidas por la OCDE principalmente con base en la Carta de Datos Abiertos del G8. Los datos se consideran disponibles si son legibles por máquina, gratuitos y se ofrecen con una licencia abierta. No se dispone de datos de 2025 para Dinamarca, Hungría ni Estados Unidos. No se dispone de datos de 2023 para Hungría ni Estados Unidos, y los de Dinamarca no se incluyen en este gráfico. Los datos de 2025 abarcan del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024. Véase el anexo del capítulo 1 para consultar la lista completa de conjuntos de datos.
Fuente: Encuesta de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales 6.0 (2025) y (OCDE, 2023[24]).
La accesibilidad también está mejorando, aunque persisten brechas importantes. En 2025, en promedio el 67% de los conjuntos de datos de alto valor disponibles era accesible a través de un portal central/federal de datos abiertos, un ligero aumento con respecto al 66% de 2023. El acceso desde un portal central, posible gracias a mecanismos de recolección automática (harvesting), mejora la localización de los datos y evita duplicidades. La calidad de los metadatos también ha mejorado, lo que muestra una mayor alineación con estándares como DCAT o, en Europa, DCAT-AP, que permiten la recolección automática entre portales. Sin embargo, el acceso mediante API, que permiten a los sistemas y aplicaciones recuperar datos de forma automática, sigue siendo limitado: en promedio en la OCDE, solo el 49% de los conjuntos de datos de alto valor ofrece esta funcionalidad. Esto restringe las formas más sofisticadas o automatizadas de uso de los datos. La publicación en formatos abiertos y no propietarios también disminuyó ligeramente, algo que es necesario abordar para asegurar la interoperabilidad de los datos.
2.4.5. La participación de las partes interesadas y la evaluación de impacto siguen poco desarrolladas
La participación de las partes interesadas es un rasgo común de la gobernanza de datos en los países miembros de la OCDE, pero las prácticas son más limitadas y menos maduras en el ámbito específico de los datos abiertos. Según el DGI, el 92% de los países de la OCDE ha consultado al menos a un grupo de partes interesadas para elaborar su estrategia de datos del sector público, con mayor frecuencia a los funcionarios públicos. Esto refleja un creciente reconocimiento de que incorporar las opiniones de las personas suele producir resultados mejores y más confiables. Sin embargo, esta participación no se extiende de manera sistemática a los datos abiertos, donde la intervención de los usuarios externos sigue siendo limitada.
Para que los datos abiertos sean realmente útiles, los gobiernos necesitan comprender qué necesitan en realidad los distintos usuarios (empresas, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, periodistas y ciudadanos) y qué conjuntos de datos generarían mayor valor. Sin embargo, solo 8 de los 35 países de la OCDE (23%) exigen consultas periódicas sobre los planes de datos abiertos. Cuando se produce la participación, esta tiende a priorizar a los actores internos, de modo que las personas con mayor probabilidad de utilizar los datos tienen una influencia limitada sobre qué se publica y cómo.
La medición del impacto de los datos abiertos también sigue siendo limitada. El puntaje promedio de monitoreo del impacto en el Índice OURdata aumentó de 0.29 en 2023 a 0.37 en 2025, una tendencia positiva, aunque a partir de un nivel bajo. Solo una minoría de países de la OCDE evalúa el impacto económico (11 de 35 países, 31%), en el sector público (9 de 35, 26%) o social (4 de 35, 11%) de los datos abiertos gubernamentales. Sin esta información, resulta difícil priorizar la inversión en datos abiertos, demostrar su valor a los tomadores de decisiones o identificar dónde los esfuerzos se quedan cortos.
Estas brechas apuntan a un patrón más amplio: las estructuras de gobernanza de datos están establecidas, pero las prácticas operativas que convierten los datos en valor (la participación sistemática de los usuarios, la publicación focalizada de conjuntos de datos de alta prioridad y la medición periódica de los resultados) aún están en desarrollo.
2.4.6. Los datos se utilizan más para la supervisión que para la mejora de los servicios, y esto es relevante para la IA
Las iniciativas de alcance gubernamental sobre el uso de datos están generalizadas en los gobiernos de la OCDE, pero su profundidad varía considerablemente según la función. Los datos se utilizan de manera más sistemática en la supervisión estratégica y la planificación. Según el DGI, 34 de los 36 países de la OCDE (94%) informan contar con iniciativas de alcance gubernamental para utilizar datos en el monitoreo y la evaluación de políticas, y 33 de 36 (92%) utilizan datos para anticipar y planificar las intervenciones gubernamentales. Estos niveles elevados reflejan rutinas administrativas de larga data y procesos bien institucionalizados en áreas como la gestión presupuestaria, la gestión del desempeño y la supervisión regulatoria, donde el uso de datos para dar seguimiento a los resultados y demostrar el cumplimiento es una práctica habitual desde hace tiempo.
El uso de datos es especialmente marcado en la contratación pública y la gestión financiera, donde los gobiernos tienen fuertes incentivos (y a menudo obligaciones legales) para monitorear el gasto, detectar irregularidades y optimizar la asignación de recursos. Se trata también de áreas en las que los datos suelen estar más estandarizados y son más fáciles de analizar (véase la sección 5.5.2 del capítulo 5).
Por el contrario, las iniciativas a nivel de todo el sistema para utilizar datos con el fin de mejorar el diseño y la entrega de los servicios son frecuentes, pero menos profundas. Si bien 29 de los 36 países de la OCDE (80%) informan contar con iniciativas de alcance gubernamental para utilizar datos en el diseño y la prestación de servicios, solo 16 de ellos (44%) analizan cómo las personas utilizan realmente los servicios. Esto refleja varios retos prácticos: las responsabilidades de prestación de servicios suelen estar fragmentadas entre instituciones; los estándares de datos son incoherentes; con frecuencia faltan ciclos de retroalimentación que recojan la experiencia de las personas con los servicios; los sistemas heredados carecen de capacidad para recopilar o compartir datos de uso; y los equipos de servicio a menudo no disponen de capacidad analítica específica. Como resultado, el potencial de los datos para mejorar la experiencia del usuario, permitir una prestación de servicios más proactiva o apoyar la planificación de la fuerza laboral sigue en gran medida sin aprovecharse.
Estos patrones inciden directamente en el uso de la IA en el gobierno (capítulo 4). El informe de la OCDE (2025[25]) Gobernar con la IA constata que la mayoría de las iniciativas de IA del sector público siguen en fase exploratoria o piloto, y que las dificultades para acceder a datos de alta calidad, compartirlos y utilizarlos son un obstáculo común. En áreas en las que los datos ya están bien estructurados, se gobiernan de manera coherente y se recopilan de forma rutinaria, como la administración tributaria y la gestión financiera, es más probable que las aplicaciones de IA se escalen con éxito. En áreas en las que los datos están fragmentados, son incompletos o se gestionan de manera desigual, como el diseño y la prestación de servicios, el despliegue de la IA tiende a ser más lento. La preparación para la IA también depende de que los datos puedan consultarse y utilizarse de manera lícita y estén protegidos por salvaguardias adecuadas. El desarrollo de la IA exige equilibrar la necesidad de conjuntos de datos grandes y diversos con el cumplimiento de las normas de privacidad, protección de datos y propiedad intelectual, asegurando al mismo tiempo la trazabilidad y la rendición de cuentas en el uso de los datos (OCDE, 2025[26]). Esto refuerza una idea central: mejorar la calidad de los datos, facilitar su intercambio y apoyar su reutilización no son solo buenas prácticas de gobernanza, sino la condición previa para que la IA pueda utilizarse de forma fiable y a escala en todo el gobierno.
La interoperabilidad permite que distintos sistemas digitales se conecten, se comuniquen e intercambien información entre sí. Es lo que hace posible que los datos en poder de un organismo gubernamental puedan ser utilizados de forma segura por otro, sin exigir a las personas que vuelvan a proporcionar la misma información. Para los gobiernos, la interoperabilidad determina si la infraestructura digital puede efectivamente ofrecer servicios integrados, reducir las cargas administrativas y permitir que los datos fluyan hacia donde se necesitan.
La interoperabilidad requiere mecanismos de gobernanza acordados entre los actores, normas claras para el intercambio de datos, estándares semánticos y herramientas técnicas adecuadas. Sin estos mecanismos, incluso los sistemas bien diseñados tienden a funcionar de manera aislada, y los beneficios potenciales de la infraestructura digital compartida no llegan a materializarse.
2.5.1. Interoperabilidad nacional: los avances son reales, pero el uso de los sistemas compartidos sigue siendo desigual
La interoperabilidad sustenta cada vez más la prestación de servicios públicos esenciales y el funcionamiento cotidiano del gobierno. Cuando los servicios públicos se construyen sobre sistemas digitales interoperables (capítulo 5), las personas y las empresas no tienen que proporcionar repetidamente la misma información, pueden utilizar plataformas integradas y relacionarse con múltiples autoridades en lo que, en la práctica, es un único recorrido de servicio. Para los gobiernos, un alto nivel de interoperabilidad reduce los costos operativos, agiliza los procesos y mejora la capacidad de utilizar los datos de manera estratégica en todo el sector público. Sin embargo, la interoperabilidad y la vinculación de datos para mejorar la entrega de prestaciones y servicios siguen siendo la excepción, y no la regla, en áreas como la protección social (véase, por ejemplo, el capítulo 3 de (OCDE, 2024[27])).
A medida que el gobierno digital madura, la interoperabilidad deja de ser una cuestión técnica acotada para convertirse en un asunto central de gobernanza que determina cómo se ejecutan las políticas y cómo se genera valor mediante la reutilización de los datos. Los componentes de la DPI solo generan valor cuando están conectados y pueden utilizarse entre instituciones y niveles de gobierno. Del mismo modo, las políticas de datos que promueven el acceso, el intercambio y la reutilización dependen de estándares comunes, interfaces claras y mecanismos jurídicos y organizacionales armonizados. Por lo tanto, la interoperabilidad se entiende mejor como una propiedad del sistema, algo que debe mantenerse activamente mediante la gobernanza y no lograrse una sola vez mediante un esfuerzo de integración técnica.
Construir la interoperabilidad en todo el gobierno exige ir más allá de las conexiones puntuales entre instituciones individuales y avanzar hacia componentes básicos compartidos y reutilizables. Estos incluyen datos de referencia y registros oficiales, estándares compartidos e interfaces que permiten acceder a los datos y servicios más allá de los límites organizacionales. Igualmente importantes son los mecanismos de gobernanza que aclaran las responsabilidades de gestión, verifican el cumplimiento de los estándares y asignan la responsabilidad operativa cuando múltiples instituciones dependen de capacidades compartidas. Fortalecer estos habilitadores es esencial para que los gobiernos reduzcan la fragmentación, escalen los servicios integrados y apoyen usos más avanzados de los datos, como la entrega proactiva de servicios, la regulación basada en riesgos o la analítica impulsada por IA.
Los sistemas de interoperabilidad, es decir, las plataformas técnicas compartidas que permiten intercambiar datos en todo el gobierno, están ya establecidos en 30 de los 36 países de la OCDE (83%) (Figura 2.8). De esos 30 países, 23 (63%) informan un uso generalizado del sistema de interoperabilidad de datos en más del 50% de las instituciones del sector público del gobierno central, mientras que los siete países restantes informan niveles de uso más bajos. En el nivel de los gobiernos subnacionales, las tasas de adopción de los sistemas de interoperabilidad de datos son aún menores.
Esto demuestra que la existencia de un sistema no basta para generar impacto, y que los gobiernos deben establecer incentivos para su adopción, exigir el cumplimiento de estándares compartidos y asegurar una inversión sostenida en el mantenimiento de los componentes compartidos a lo largo del tiempo. Sin estos elementos, el intercambio de datos corre el riesgo de ser más formal que funcional: técnicamente posible, pero poco utilizado, difícil de escalar e insuficiente para ofrecer servicios integrados o reducir las cargas administrativas. Asegurar que el intercambio de datos entre instituciones del gobierno sea sistemático y resiliente requiere un enfoque de gobernanza estratégico y de largo plazo, y no soluciones técnicas aisladas.
Además, los silos organizacionales pueden ser uno de los obstáculos más persistentes para la interoperabilidad y el intercambio de datos, y desmantelarlos requiere mecanismos sólidos de gobernanza y coordinación (OCDE, 2025[28]; OCDE, 2020[29]). La fragmentación regulatoria también puede dificultar el intercambio de datos, ya que los gobiernos deben conciliar requisitos superpuestos y, en ocasiones, contradictorios de los marcos de protección de datos, ciberseguridad, competencia y de los marcos sectoriales, lo que hace cada vez más importantes los mecanismos de cooperación entre reguladores, como los entornos de prueba regulatorios conjuntos (sandboxes) o los foros de regulación digital. Las ganancias de eficiencia que promete la integración también pueden implicar la pérdida de relevancia o de funciones institucionales, lo que crea incentivos para resistirse precisamente a los cambios que permitirían que el gobierno funcione mejor.
Disponibilidad de un sistema de interoperabilidad de datos, 2025
Nota: No se dispone de datos para Alemania ni Estados Unidos. Los datos de 2025 de Indonesia y Tailandia abarcan el período del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023.
Fuente: OCDE (2025), Encuesta sobre Gobierno Digital 3.0.
La Plataforma Digital Nacional de Datos (PDND) de Italia permite la interoperabilidad de los sistemas de información entre organismos públicos y privados, aplicando el principio de una sola vez. Las instituciones publican interfaces de programación de aplicaciones (API) en el catálogo api.gov.it y autorizan su uso mediante tokens que generan un registro trazable de los intercambios de datos. La plataforma conecta actualmente a más de 9 000 entidades, entre ellas organismos del gobierno central, gobiernos subnacionales, universidades y actores privados. En la práctica, esto significa que las personas pueden recibir formularios con sus datos personales precargados y que su derecho a prestaciones se verifique automáticamente, sin necesidad de presentar documentos repetidamente.
Nota: Elaboración de la OCDE con base en fuentes del gobierno italiano
Fuente: (Gobierno de Italia, s.f.[30])
La Agencia Digital de Japón gestiona el Sistema de Red de Cooperación (NWS) para la Información Personal, que permite a las instituciones gubernamentales intercambiar datos personales asociados a números de identificación individuales. Esto significa que los usuarios pueden evitar presentar múltiples documentos, como certificados de residencia o registros tributarios, al realizar diversos trámites administrativos. Para proteger la privacidad, el acceso al sistema está limitado a los organismos del sector público. El sistema no almacena información personal; transmite datos específicos que cada organización pública conserva por separado, lo que mantiene la información descentralizada.
2.5.2. Interoperabilidad transfronteriza: construir las bases para servicios que funcionen más allá de las fronteras
Lograr que los sistemas digitales funcionen más allá de las fronteras nacionales es considerablemente más complejo que hacerlo dentro de un solo país. Dentro de un país, las instituciones gubernamentales suelen operar bajo el mismo marco jurídico, seguir las mismas normas de gobernanza y compartir mecanismos institucionales. Entre países, los gobiernos deben armonizar distintos sistemas jurídicos, requisitos regulatorios y modelos de confianza, incluso cuando utilizan estándares técnicos o infraestructuras digitales similares. La interoperabilidad técnica por sí sola no basta sin interoperabilidad jurídica, lo que hace esencial armonizar los marcos de gobernanza de datos y participar en la cooperación regulatoria internacional para asegurar que los datos puedan fluir de forma segura entre jurisdicciones (OCDE, 2023[33]). Esto hace que la interoperabilidad transfronteriza sea más difícil de lograr y más sensible a las brechas de gobernanza.
Los estándares y protocolos técnicos comunes son un punto de partida necesario, ya que hacen que los sistemas sean técnicamente compatibles. Pero, en última instancia, la interoperabilidad transfronteriza depende de construir una base compartida de confianza institucional, el reconocimiento mutuo de los sistemas de cada país, marcos de responsabilidad claros y protecciones armonizadas en materia de privacidad, seguridad y datos personales.
La identidad digital es fundamental en este esfuerzo. Una forma confiable y fiable de identificar y autenticar a las personas y las empresas más allá de las fronteras permite a los gobiernos intercambiar datos de manera controlada y verificable, favorece la prestación de servicios transfronterizos y sustenta nuevas iniciativas de política, como la portabilidad de derechos y prestaciones, una movilidad transfronteriza más fluida y las transacciones internacionales.
La Figura 2.10 ilustra en qué medida los miembros de la OCDE y los países candidatos a la adhesión han pasado de mecanismos nacionales de identidad digital a mecanismos que favorecen el reconocimiento y el uso transfronterizos. Estos avances constituyen pasos incipientes pero importantes, impulsados en gran medida por las políticas de la UE para fortalecer el funcionamiento transfronterizo de los sistemas y las carteras de identidad digital (Recuadro 2.8). Los países con sistemas nacionales de identidad digital más maduros y bases de gobernanza más claras tienden a avanzar con mayor rapidez, mientras que aquellos con ecosistemas de identidad más fragmentados enfrentan mayores retos para extender sus sistemas más allá de sus fronteras. A medida que la identidad digital madure, su funcionalidad transfronteriza determinará cada vez más la capacidad de los gobiernos para ofrecer servicios fluidos a las personas que viven, trabajan o se desplazan entre países.
Disponibilidad de acceso a los servicios públicos mediante soluciones de identidad digital extranjeras, 2023 y 2025
Nota: No se dispone de datos de 2025 para Alemania ni Estados Unidos. No se dispone de datos de 2023 para Alemania, Bulgaria, Estados Unidos, Grecia, Indonesia, la República Eslovaca, Suiza ni Tailandia. Los datos de 2025 de Indonesia y Tailandia abarcan el período del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023.
Fuente: OCDE (2025), Encuesta sobre Gobierno Digital 3.0.
En mayo de 2024, la Unión Europea adoptó el Reglamento (UE) 2024/1183, conocido como eIDAS 2.0, que establece el marco de identidad digital transfronteriza más ambicioso entre los países de la OCDE. El reglamento exige que los 27 Estados miembros de la UE proporcionen a sus ciudadanos, residentes y empresas al menos una Cartera Europea de Identidad Digital (EUDI Wallet, por sus siglas en inglés) antes de finales de 2026. La cartera creará un sistema armonizado en el que las credenciales emitidas en un país, como una licencia de conducir o una cualificación profesional, sean reconocidas y utilizables en todos los demás. El reglamento también aborda la gobernanza y la rendición de cuentas: los Estados miembros son responsables en caso de incumplimiento de sus obligaciones.
La EUDI Wallet va más allá de la verificación básica de la identidad. Permite a los usuarios almacenar y compartir de forma selectiva credenciales verificadas, como datos de identidad nacional, licencias de conducir, cualificaciones profesionales, historias clínicas y títulos académicos, con proveedores de servicios tanto públicos como privados. Basada en principios de privacidad desde el diseño, la cartera otorga a las personas el control sobre qué información comparten y con quién.
La interoperabilidad transfronteriza es fundamental en este marco. El Marco de Arquitectura y Referencia (ARF, por sus siglas en inglés) establece protocolos, formatos de datos y requisitos de seguridad comunes para asegurar que las carteras funcionen sin fricciones en todos los Estados miembros. Entre 2023 y 2025, cuatro pilotos a gran escala pusieron a prueba casos de uso transfronterizos reales en los que participaron más de 250 organizaciones de casi todos los Estados miembros de la UE, además de Noruega, Islandia y Ucrania. En diciembre de 2025, las primeras pruebas de compatibilidad a gran escala entre las implementaciones nacionales de carteras confirmaron que la interoperabilidad transfronteriza es técnicamente alcanzable cuando se aplican rigurosamente estándares comunes.
Fuente: (OCDE, 2024[8]; OCDE, 2025[34]).
A medida que la interoperabilidad se amplía y crece la dependencia de componentes compartidos, las decisiones de los gobiernos en materia de resiliencia y sostenibilidad, incluida la forma en que utilizan las tecnologías en la nube y el software de código abierto, adquieren cada vez más importancia para la continuidad, la seguridad y la capacidad de mantener la infraestructura compartida a lo largo del tiempo.
A medida que los gobiernos dependen cada vez más de sistemas digitales compartidos, las decisiones que toman sobre cómo se desarrollan, alojan, mantienen y actualizan esos sistemas adquieren una importancia creciente. Destacan dos habilitadores: las tecnologías en la nube y el software de código abierto. Ambos pueden fortalecer la fiabilidad, la flexibilidad y la sostenibilidad a largo plazo del gobierno digital. El valor que generan depende de las decisiones de gobernanza que los acompañan: normas claras, financiamiento sostenido, las competencias adecuadas y responsabilidades bien definidas en materia de mantenimiento y seguridad.
2.6.1. Tecnologías en la nube: una base para un gobierno fiable y adaptable
Las tecnologías en la nube se refieren a la provisión de recursos informáticos, como almacenamiento, capacidad de procesamiento y software, a través de una red y según la demanda. En lugar de poseer y operar por sí mismas toda la infraestructura subyacente, las organizaciones pueden acceder a lo que necesitan cuando lo necesitan, y ampliar o reducir su capacidad a medida que cambian los requisitos.
Para los gobiernos, las tecnologías en la nube se han convertido en herramientas importantes para que los servicios digitales sean más fiables y adaptables. Ofrecen la capacidad de absorber aumentos repentinos de la demanda, por ejemplo, cuando un gran número de personas accede a un servicio al mismo tiempo, y facilitan una recuperación rápida cuando los sistemas fallan. Las tecnologías en la nube también facilitan la incorporación de nuevas capacidades, la actualización de los servicios y el mantenimiento de estándares de seguridad coherentes en un panorama complejo de sistemas gubernamentales. Estos beneficios se aplican tanto en las operaciones habituales como en circunstancias excepcionales: un gobierno que puede escalar los servicios con rapidez, recuperarse de las fallas de manera eficiente y actualizar los sistemas mediante procesos de contratación adecuados a su finalidad está en mejores condiciones de atender a las personas de forma fiable en el día a día, y no solo en situaciones de crisis.
A 2024, todos los países de la OCDE encuestados, excepto Suecia, informan contar con una estrategia para promover la adopción de tecnologías en la nube en el sector público. Los objetivos de estas estrategias muestran una fuerte convergencia (Figura 2.11). Asegurar una infraestructura digital robusta, segura y disponible de forma continua es la prioridad citada con mayor frecuencia, lo que refleja el papel central de las tecnologías en la nube en el fortalecimiento de la continuidad operativa y el almacenamiento seguro de los datos. Los gobiernos también destacan la importancia del intercambio seguro de datos, ya que los entornos en la nube pueden sustentar plataformas compartidas y componentes reutilizables, bases para escalar la infraestructura pública en las instituciones gubernamentales.
La contribución de las tecnologías en la nube a una prestación de servicios fiable se observa en diversas situaciones. Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno digital resultó crucial para mantener la continuidad de las operaciones del sector público y la prestación de servicios esenciales a las personas y las empresas. Del mismo modo, los entornos de respaldo y recuperación basados en la nube permiten a los gobiernos restablecer los servicios con mayor rapidez tras interrupciones o incidentes cibernéticos, lo que reduce las perturbaciones tanto para los usuarios como para los funcionarios públicos.
Los países también utilizan cada vez más la computación en la nube para modernizar sistemas informáticos obsoletos y reducir la fragmentación. Esto incluye el desarrollo de enfoques que permiten a los gobiernos equilibrar la escalabilidad de las tecnologías en la nube con los requisitos relativos a la ubicación del almacenamiento de datos, la seguridad y la autonomía estratégica, a veces denominados modelos de nube soberana. Al mismo tiempo, las estrategias de nube buscan mejorar la eficiencia: reducir los costos operativos, permitir la reutilización de componentes comunes y favorecer servicios más responsivos. Por lo tanto, las tecnologías en la nube ya no se consideran una simple mejora técnica, sino un instrumento estratégico para preparar a las administraciones públicas para una prestación de servicios más intensiva en datos, basada en la IA e integrada.
Porcentaje de países de la OCDE que informan objetivos seleccionados de sus estrategias de infraestructura pública en la nube, 2023 y 2025
Nota: No se incluyen datos de Alemania, Estados Unidos ni Suecia.
Fuente: OCDE (2025), Encuesta sobre Gobierno Digital 3.0.
La mayoría de los países de la OCDE ofrece infraestructura en la nube compartida que puede reutilizarse en todo el sector público, lo que indica un cambio hacia bases digitales más centralizadas y escalables. Los datos del DGI 2025 muestran una amplia cobertura: el 83% de los países de la OCDE (30 de 36) cuenta con iniciativas de almacenamiento compartido en la nube, y el 86% (31 países) ofrece entornos compartidos de computación en la nube y servicios de alojamiento. Alrededor de dos tercios de los países candidatos a la adhesión a la OCDE informan capacidades similares. Esto marca un claro alejamiento de los proyectos de nube específicos de cada organismo y un avance hacia servicios comunes y reutilizables que pueden apoyar la modernización de todo el gobierno, aportar mayor coherencia a la seguridad y las operaciones, y conformar una infraestructura pública digital más resiliente.
Sin embargo, los países difieren en la medida en que las estrategias de nube impulsan cambios estructurales más profundos. Si bien muchos gobiernos utilizan la computación en la nube para modernizar y estabilizar los sistemas existentes, mejorando su disponibilidad, rendimiento y eficiencia en costos, son menos los que la utilizan explícitamente para abordar la fragmentación de las tecnologías heredadas o para abrir los mercados a una gama más amplia de proveedores, incluidas las empresas tecnológicas más pequeñas. Estos objetivos más ambiciosos requieren migración técnica y cambios en la gobernanza, los modelos de contratación, las capacidades de la fuerza laboral y las prácticas de gestión presupuestaria. El énfasis desigual en estos objetivos sugiere que muchos gobiernos consideran la adopción de la nube principalmente como una mejora incremental y no como una oportunidad para rediseñar a fondo la arquitectura y la sostenibilidad a largo plazo de sus sistemas digitales.
Esto refuerza la necesidad de tratar la seguridad, la gestión de riesgos y la continuidad operativa como elementos centrales de la gobernanza de la nube, y no como cuestiones separadas que se gestionan en otro lugar. A medida que más servicios dependen de una infraestructura en la nube compartida, los gobiernos enfrentan nuevos riesgos derivados de la concentración: demasiadas funciones críticas que dependen de muy pocos sistemas o proveedores. Necesitan una rendición de cuentas clara en materia de seguridad, respuesta a incidentes y continuidad en todas las organizaciones participantes. Muchos gobiernos operan actualmente una combinación de sistemas en la nube y sistemas tradicionales locales, una situación de transición habitual que puede introducir estándares de seguridad desiguales y dependencias complejas si no se gestiona activamente. Reducir gradualmente la dependencia de sistemas obsoletos manteniendo la estabilidad operativa es esencial para asegurar que la adopción de la nube fortalezca, y no debilite involuntariamente, la resiliencia digital general.
2.6.2. Software de código abierto: una adopción creciente, pero la gobernanza determina los beneficios
El software de código abierto (OSS, por sus siglas en inglés) es aquel cuyo código fuente está disponible públicamente para que cualquier persona pueda inspeccionarlo, utilizarlo, modificarlo y compartirlo, con sujeción a ciertas condiciones. A diferencia del software propietario, el software de código abierto puede ser distribuido, adaptado, reutilizado y ampliado por cualquier persona que tenga las competencias para hacerlo.
Para los gobiernos, el OSS ofrece varias ventajas potenciales. Puede reducir la dependencia de proveedores únicos, lo que facilita cambiar de proveedor o internalizar capacidades. Favorece la interoperabilidad al permitir que los sistemas se construyan sobre estándares compartidos y documentados de forma abierta. Mejora la capacidad de verificar la seguridad y la fiabilidad de los sistemas críticos, ya que el código subyacente puede inspeccionarse de manera independiente. También permite la reutilización de componentes de software entre sectores y países, lo que reduce las duplicidades y disminuye los costos (véase el Recuadro 2.9).
Sin embargo, aprovechar estos beneficios requiere una gobernanza sólida. Adoptar software de código abierto sin un plan para mantenerlo, financiarlo de forma sostenible y asignar responsabilidades claras en materia de seguridad puede crear tantos problemas como los que resuelve. Los gobiernos necesitan orientaciones claras de contratación, personal con las competencias técnicas adecuadas, financiamiento fiable para el mantenimiento continuo, responsabilidades definidas para mantener la seguridad del código y políticas que fomenten la colaboración entre organizaciones. Sin estos habilitadores, el OSS corre el riesgo de adoptarse como una medida de reducción de costos sin la gestión a largo plazo necesaria para convertirlo en una verdadera fortaleza.
El software de código abierto puede reducir los obstáculos a la colaboración transfronteriza al hacer que el código sea transparente, conforme a estándares, documentado de forma abierta y libre de dependencias de plataformas cerradas.
Francia, Alemania y los Países Bajos están desarrollando conjuntamente un entorno de trabajo digital para los funcionarios públicos, implementado a nivel nacional como LaSuite (Francia), openDesk (Alemania) y Mijn Bureau (Países Bajos). Los tres países comparten hojas de ruta de desarrollo, reutilizan el código de los demás y utilizan protocolos de comunicación abiertos para asegurar herramientas seguras y compatibles en las tres implementaciones.
La gobernanza está distribuida: en Francia, la Dirección Interministerial de lo Digital (DINUM) conduce el desarrollo; en Alemania, el Centro para la Soberanía Digital (ZenDiS) gestiona el programa en el marco de una iniciativa federal de entorno de trabajo soberano; en los Países Bajos, el Ministerio del Interior y de Relaciones del Reino (MinBZK) coordina con las autoridades locales, entre ellas la Municipalidad de Ámsterdam.
Esta colaboración demuestra cómo los enfoques de código abierto pueden favorecer tanto la soberanía digital nacional como la reutilización transfronteriza, reduciendo los costos y aumentando la transparencia sin exigir que los países adopten sistemas idénticos.
Porcentaje de países de la OCDE que informan políticas y prácticas seleccionadas relacionadas con el código abierto, 2023 y 2025
Nota: Solo abarca el nivel de gobierno central/federal. No se dispone de datos para Alemania ni Estados Unidos.
Fuente: OCDE (2025), Encuesta sobre Gobierno Digital 3.0.
Los datos del DGI 2025 muestran una mayor priorización del OSS en los gobiernos de la OCDE. En 2025, 28 de los 36 países de la OCDE (78%) informaron contar con una política del gobierno nacional o federal para promover el uso de software de código abierto, frente al 67% en 2023. Estas políticas suelen complementarse con orientaciones para que los organismos públicos utilicen código abierto en el desarrollo de sus propios sistemas y servicios: 31 de los 36 países de la OCDE (86%) informaron contar con este tipo de directrices en 2025, frente al 67% en 2023. Otras medidas también son cada vez más comunes, como los repositorios centrales de software de código abierto disponibles para uso gubernamental, los mecanismos formales para que los equipos gubernamentales contribuyan a proyectos de OSS y los requisitos de publicar el código de forma abierta (Figura 2.12).
Las Oficinas de Programas de Código Abierto (OSPO, por sus siglas en inglés) son equipos que participan en la coordinación de los esfuerzos relacionados con el software de código abierto. La creación de OSPO en los gobiernos puede orientar la gobernanza, el desarrollo de software, la participación de las partes interesadas y la cooperación internacional.
Los Países Bajos establecieron en 2023 una OSPO en el Ministerio del Interior y de Relaciones del Reino, con el mandato de impulsar la política gubernamental de «abierto, a menos que» y mejorar la transparencia, la seguridad y la eficiencia. La oficina selecciona y publica los principales proyectos gubernamentales de código abierto, entre ellos NL Wallet, el Registro público de Algoritmos y el paquete ofimático Mijn Bureau, desarrollado conjuntamente con Francia y Alemania. También trabaja para eliminar los obstáculos internos a la adopción del código abierto y se relaciona con la comunidad en general a través de una plataforma específica y de su presencia pública en línea.
Chequia puso en marcha su OSPO nacional en 2024 para organizar y coordinar el uso del código abierto en la administración pública y fomentar la colaboración entre el sector público y la academia. Su secretaría, alojada en la asociación Open Cities, brinda apoyo técnico, jurídico y metodológico para soluciones digitales abiertas y modulares en los gobiernos locales. El Portal Nacional de Código Abierto code.gov.cz reúne y comparte proyectos del sector público. La Oficina Nacional de Seguridad Cibernética y de la Información y el Ministerio del Interior brindan conjuntamente orientaciones de seguridad mediante recomendaciones no vinculantes para un desarrollo seguro de código abierto en la administración pública.
Nota: Portal digital único: disponibilidad de un catálogo de servicios accesible para los usuarios. Intercambio de datos: disponibilidad de un sistema de interoperabilidad de datos. Identidad digital: al menos el 50% de los servicios públicos nacionales en línea pueden utilizarse mediante una solución de identidad digital con autenticación de dos factores. No se dispone de datos de 2025 para Alemania ni Estados Unidos. No se dispone de datos de 2023 para Alemania, Bulgaria, Estados Unidos, Grecia, Indonesia, la República Eslovaca, Suiza ni Tailandia. Los datos de 2025 de Indonesia y Tailandia abarcan el período del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023.
1. Algunos países, entre ellos Francia, ofrecen correo digital a través de varios sistemas diferentes.
2. Los datos se actualizaron a solicitud del país tras la publicación del DGI 2025; por lo tanto, estos cambios no se reflejan en los resultados del DGI 2025.
Fuente: OCDE (2025), Encuesta sobre Gobierno Digital 3.0.
Disponibilidad de métodos de autenticación en las soluciones de identidad digital actuales para acceder a los servicios públicos
Nota: No se dispone de datos de 2025 para Alemania ni Estados Unidos. No se dispone de datos de 2023 para Alemania, Bulgaria, Estados Unidos, Grecia, Indonesia, la República Eslovaca, Suiza ni Tailandia. Los datos de 2025 de Indonesia y Tailandia abarcan el período del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023.
Fuente: OCDE (2025), Encuesta sobre Gobierno Digital 3.0.
Tipos de actores contemplados en la [Estrategia Nacional de Identidad Digital o equivalente] en función de su papel como proveedores de servicios (es decir, actores que necesitan verificar la identidad de las personas naturales y jurídicas que solicitan acceso a su servicio)
Nota: No se dispone de datos de 2025 para Alemania ni Estados Unidos. En 2025, Bulgaria, Canadá, Luxemburgo, Perú, Rumania y Turquía no informaron la existencia de una Estrategia Nacional de Identidad Digital o equivalente. No se dispone de datos de 2023 para Alemania, Bulgaria, Estados Unidos, Grecia, Indonesia, la República Eslovaca, Suiza ni Tailandia. En 2023, Canadá, Croacia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, México, Perú, Portugal y Rumania no informaron la existencia de una Estrategia Nacional de Identidad Digital o equivalente. Los datos de 2025 de Indonesia y Tailandia abarcan el período del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023.
Fuente: OCDE (2025), Encuesta sobre Gobierno Digital 3.0.
Disponibilidad de tipos de estándares o directrices de gestión de datos a nivel del gobierno central/federal
Nota: No se dispone de datos de 2025 para Alemania ni Estados Unidos. No se dispone de datos de 2023 para Alemania, Bulgaria, Estados Unidos, Grecia, Indonesia, la República Eslovaca, Suiza ni Tailandia. Los datos de 2025 de Indonesia y Tailandia abarcan el período del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023. La anonimización de datos no considera orientaciones ni estándares más amplios de desidentificación.
1. Los datos se actualizaron a solicitud del país tras la publicación del DGI 2025; por lo tanto, estos cambios no se reflejan en los resultados del DGI 2025. Los Avisos de Implementación de la Privacidad de la Secretaría del Consejo del Tesoro (TBS) de Canadá ofrecen orientaciones federales sobre el tratamiento de datos que preserva la privacidad y la reducción de la identificabilidad, incluidas la desidentificación, la mitigación del riesgo de divulgación y la gestión del riesgo de reidentificación.
Fuente: OCDE (2025), Encuesta sobre Gobierno Digital 3.0.
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