Los gobiernos enfrentan hoy una creciente desconexión entre las expectativas cada vez mayores de rapidez, adaptabilidad y capacidad de respuesta, y unos sistemas institucionales que no han evolucionado al mismo ritmo. Las tecnologías digitales y los datos ya no son habilitadores opcionales; se han convertido en infraestructura esencial para los gobiernos que buscan abordar los retos actuales de las políticas públicas y de la prestación de servicios. Sin embargo, el Índice de Gobierno Digital y el Índice OURdata 2025 de la OCDE muestran que, si bien los avances son reales, siguen concentrados en estrategias, marcos y condiciones habilitantes, más que en su aplicación operativa sistemática. Los gobiernos han invertido en muchas de las bases más críticas, pero a menudo estas no funcionan como un sistema integrado. Una gobernanza de datos débil limita la coherencia y la reutilización; la infraestructura pública digital está desplegada pero se utiliza poco; los sistemas de inversión, contratación pública y gestión de la función pública siguen siendo demasiado rígidos para una entrega digital iterativa; la inteligencia artificial (IA) avanza más rápido que los mecanismos de confianza necesarios para orientarla; y los servicios siguen siendo demasiado reactivos y fragmentados para llegar a las personas de forma simple y proactiva. Este capítulo presenta la evidencia que sustenta este diagnóstico, identifica los principales retos que impiden a los gobiernos pasar del diseño de políticas a la ejecución operativa y propone las acciones necesarias para cerrar la brecha entre la ambición digital y un sólido desempeño del sector público.
Perspectivas del gobierno digital 2026
Resumen
Los gobiernos eficientes y adaptables siguen siendo esenciales. En todo el mundo, los gobiernos operan en un contexto de cambios rápidos y disrupciones que genera entornos de política pública cada vez más dinámicos e inciertos. Los gobiernos deben gestionar simultáneamente tensiones geopolíticas, volatilidad económica, presiones demográficas, retos ambientales y una rápida evolución tecnológica. En este contexto, la resiliencia no consiste solo en responder a las crisis. Exige que los gobiernos se anticipen y se ajusten con rapidez, aprendan de forma continua y reconfiguren con agilidad los métodos y procesos de sus instituciones para proteger a las personas frente a un entorno cambiante y asegurar que los servicios sigan respondiendo a sus necesidades.
Las personas esperan que el gobierno ofrezca soluciones a retos cada vez más complejos y cambiantes. Estas expectativas están determinadas por muchos factores, entre ellos la experiencia directa de las personas con los servicios públicos y su percepción sobre la forma en que el gobierno responde a desafíos de política pública transversales y de gran trascendencia que afectan el bienestar a largo plazo. La Encuesta de la OCDE sobre los Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas 2024 muestra que las personas tienen una confianza limitada en la capacidad de los gobiernos para abordar desafíos de política pública complejos que implican múltiples disyuntivas: si bien el 77% de las personas considera que la adaptación a la automatización y a las nuevas tecnologías debería ser una prioridad nacional, solo el 41% confía en que su gobierno las regule adecuadamente. A ello se suma un ecosistema de información frenético y fragmentado. En conjunto, estas dinámicas dificultan que los gobiernos se comuniquen con claridad y movilicen la acción colectiva en tiempos de incertidumbre.
En este contexto, el uso eficaz, coherente y confiable de las tecnologías digitales y los datos es fundamental para un gobierno eficiente y adaptable. La transformación digital permite a los gobiernos anticipar los riesgos con mayor antelación, coordinar intervenciones complejas y responder con agilidad. Pero la tecnología por sí sola no basta. También se requieren una gobernanza digital sólida, una gestión responsable de los datos, una fuerza laboral calificada y adaptable, y marcos jurídicos y éticos que salvaguarden la confianza. Estos elementos constituyen la infraestructura esencial de un sector público capaz de articular mejor las instituciones gubernamentales, desenvolverse en la incertidumbre, prestar servicios de alta calidad y fortalecer la confianza en la era digital.
Sin embargo, muchos gobiernos enfrentan limitaciones estructurales que restringen su agilidad para responder a este entorno. Las restricciones presupuestarias, las normas y regulaciones obsoletas, los procesos rígidos y la fragmentación de las responsabilidades institucionales ralentizan la toma de decisiones y debilitan la coordinación. Si bien las estrategias de gobierno digital se han vuelto más ambiciosas en los últimos años, los mecanismos de gobernanza y de ejecución no siempre han evolucionado al mismo ritmo. Como resultado, los gobiernos se encuentran cada vez más atrapados entre las crecientes expectativas de rapidez, adaptabilidad y capacidad de respuesta, y unos sistemas institucionales que no fueron diseñados para una acción rápida y coordinada. Esta brecha constituye el reto central que enfrentan hoy los gobiernos.
Cerrar la brecha entre las crecientes expectativas y la capacidad institucional requiere algo más que adoptar tecnología. Exige una reingeniería profunda de la forma en que los gobiernos organizan, gobiernan y financian sus capacidades digitales. La superposición de procesos, normas rígidas y la fragmentación de los sistemas han hecho que muchos gobiernos sean estructuralmente lentos. Conectar los datos, modernizar los sistemas y adoptar formas de trabajo más ágiles puede hacer que los gobiernos sean más rápidos, eficientes y responsivos sin sacrificar la calidad ni la rendición de cuentas. La próxima fase de la reforma del gobierno digital exige que los gobiernos cambien la forma en que organizan, gobiernan y financian la capacidad digital, con un mayor énfasis en fortalecer la capacidad de ejecución en todas las instituciones en lugar de ampliar los marcos de política pública.
El Marco de Políticas de Gobierno Digital de la OCDE (DGPF, por sus siglas en inglés) ofrece un enfoque estructurado y basado en evidencia para abordar este reto (OCDE, 2020[1]). Sobre la base de la Recomendación de la OCDE sobre Estrategias de Gobierno Digital, el DGPF identifica seis dimensiones de madurez digital que los gobiernos deben desarrollar para lograr una transformación coherente, centrada en las personas y de todo el gobierno (Figura 1.1). Estas son: 1) Digital por diseño; 2) Sector público impulsado por datos; 3) Gobierno como plataforma; 4) Abierto por defecto; 5) Impulsado por el usuario; y 6) Proactividad.
Fuente: (OCDE, 2020[1]).
Digital por diseño significa integrar lo digital en el diseño de las políticas, los procesos y los servicios desde el inicio, en lugar de simplemente introducir tecnología a estructuras heredadas. Actúa como una palanca estratégica en todo el sector público y crea las condiciones para que las demás dimensiones se consoliden. Un gobierno digital por diseño reconfigura su forma de operar desde el origen, en lugar de gestionar soluciones provisionales.
Un sector público impulsado por datos sitúa los datos en el centro de la toma de decisiones, el diseño de servicios y la rendición de cuentas pública. Los gobiernos que gestionan, comparten y utilizan los datos de forma sistemática pueden anticipar necesidades, reducir duplicidades y adaptar los servicios con mayor precisión. Esta dimensión es fundamental tanto para la eficiencia como para la capacidad de absorber las crisis y responder a ellas.
Gobierno como plataforma transforma el modelo de una entrega fragmentada en silos a una infraestructura compartida: sistemas básicos compartidos, estándares de interoperabilidad y componentes reutilizables y escalables que permiten a los organismos coordinarse sin tener que construir desde cero. Esto aborda directamente la fragmentación que amplía la brecha entre la capacidad institucional y lo que esperan las personas y las empresas.
Abierto por defecto aleja a los gobiernos de una toma de decisiones cerrada y vertical y los orienta hacia la transparencia, la apertura de datos y la colaboración con las personas, la sociedad civil y el sector privado. Permite a los gobiernos aprovechar conocimientos y recursos más amplios, y construir la confianza que sustenta la legitimidad en la era digital.
Un gobierno impulsado por el usuario centra el diseño y la entrega de políticas y servicios en las necesidades reales de las personas, aborda la brecha digital y garantiza que la transformación digital funcione para todos. Requiere una participación sistemática de los usuarios a lo largo de los ciclos de vida de las políticas públicas y los servicios, que vaya más allá de la consulta formal hacia una retroalimentación continua.
La proactividad va más allá. Refleja la capacidad de los gobiernos para anticipar las necesidades de los usuarios y prestar servicios antes de que se soliciten explícitamente, utilizando el principio de una sola vez (Once-only), la analítica de datos, la IA y herramientas predictivas para pasar de un gobierno reactivo a uno anticipatorio.
Para comprender cómo los países están poniendo en práctica estas seis dimensiones, el Marco de Políticas de Gobierno Digital examina cada una de ellas a través de cuatro facetas transversales que reflejan las etapas del ciclo de política pública: enfoque estratégico, palancas de política, implementación y monitoreo. La perspectiva del ciclo de políticas ofrece una comprensión más focalizada y práctica y, sobre todo, de dónde es más necesaria la intervención para convertir la madurez digital en mejoras tangibles del desempeño gubernamental.
Avanzar en la madurez de las seis dimensiones implica gestionar disyuntivas. La eficiencia empuja a los gobiernos hacia la consolidación, la estandarización y procesos más ágiles; la resiliencia requiere redundancia, canales alternativos y capacidad para absorber las crisis. Los modelos de inversión y las estrategias de fuerza laboral también deben evolucionar al mismo ritmo: un financiamiento flexible y por etapas permite a los gobiernos probar, aprender y escalar de manera iterativa, mientras que los equipos multidisciplinarios y el desarrollo profesional continuo generan capacidades que la tecnología por sí sola no puede sustituir.
Muchos de los retos que enfrentan los gobiernos, como las pandemias, los desastres ambientales y las crisis geopolíticas, tienen un carácter cada vez más transfronterizo e intersectorial, lo que profundiza una brecha que ningún gobierno puede cerrar por sí solo. Los estándares digitales compartidos, las infraestructuras de datos interoperables y las credenciales digitales transfronterizas reducen las duplicidades y permiten respuestas de todo el gobierno en situaciones de tensión. Instrumentos como eIDAS 2.0 y la Billetera Europea de Identidad Digital favorecen un acceso confiable dentro de las fronteras y entre ellas. Las alianzas con el sector privado, la academia y la sociedad civil amplían aún más la capacidad de dar respuestas colaborativas a los riesgos transnacionales.
Por ello, medir la madurez del gobierno digital es esencial para comprender cómo los países pueden fortalecer sus capacidades digitales y qué puede estar impidiéndoles traducir los avances en un mejor desempeño gubernamental. Además, la comparación de las capacidades digitales ayuda a los responsables de la formulación de política pública a identificar dónde están establecidos los componentes básicos del gobierno digital, así como las fortalezas sobre las cuales construir, y señalar dónde una implementación débil mantiene estancados a los gobiernos y donde requiere mayor inversión o atención política. Con este fin, la OCDE ha desarrollado dos índices complementarios que, en conjunto, ofrecen un panorama integral del desempeño del gobierno digital: el Índice de Gobierno Digital (DGI, por sus siglas en inglés) y el Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (OURdata, por sus siglas en inglés). En conjunto, estos índices miden comparativamente las bases habilitantes para una transformación digital del gobierno coherente y centrada en las personas en los países miembros de la OCDE y en los países candidatos a la adhesión (Recuadro 1.1).
A pesar de los avances logrados en los países, la implementación sigue siendo desigual. Los gobiernos que cuentan con marcos, pero carecen de capacidades sostenidas, plataformas compartidas o mecanismos de aseguramiento, tienen dificultades para traducir sus intenciones en resultados con el ritmo y la escala necesarios. El progreso depende de traducir la ambición digital en transformación institucional, con el respaldo de modelos operativos, incentivos y mecanismos de rendición de cuentas que permitan una adopción y un uso sostenidos. El resto de este capítulo examina la situación de los países en cada una de las seis dimensiones y lo que se necesitará para pasar de la ambición digital a la transformación institucional.
El Índice de Gobierno Digital (DGI) evalúa las bases habilitantes para la transformación digital en las seis dimensiones del Marco de Políticas de Gobierno Digital (DGPF). Mide las acciones gubernamentales en una amplia gama de habilitadores críticos para aprovechar estratégicamente las tecnologías digitales y los datos en el gobierno: gobernanza y gestión de las inversiones, infraestructura digital, competencias digitales, gobernanza e intercambio de datos, inteligencia artificial en el gobierno, y diseño y prestación de servicios. Recopila 155 datos por cada país participante.
El progreso en cada dimensión se evalúa a través de cuatro facetas transversales que reflejan etapas sucesivas del ciclo de políticas: enfoque estratégico (la medida en que los gobiernos cuentan con una visión y una dirección coherentes); palancas de política (la medida en que existen los mandatos, los marcos jurídicos y las herramientas adecuados); implementación (la medida en que estos están integrados en la práctica de forma operativa); y monitoreo (la medida en que los gobiernos evalúan los resultados y aprenden de ellos). Esta perspectiva de cuatro etapas es fundamental para comprender no solo cuánto han avanzado los gobiernos, sino también en qué punto del proceso de reforma se ha estancado el progreso.
El Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (OURdata) ofrece una referencia específica sobre la solidez de las políticas de datos abiertos gubernamentales, al examinar en qué medida estos datos (incluidos los conjuntos de datos de alto valor) están disponibles y son accesibles, así como el grado en que los gobiernos apoyan proactivamente su reutilización. Recopila 670 datos por cada país participante. Algunos datos seleccionados se incluyen en el cálculo del DGI, en las dimensiones Sector público impulsado por datos y Abierto por defecto.
Lo que distingue a estos dos índices es que van más allá de verificar si existen políticas integrales de gobierno digital en el papel o si los servicios gubernamentales se ofrecen por medios digitales. Evalúan si los gobiernos tienen la capacidad de implementar esas políticas de manera coherente en todo el sector público, desde el diseño inicial hasta la entrega final. Por lo tanto, son instrumentos esenciales para que los países miembros y socios de la OCDE diseñen sus estrategias de gobierno digital, midan sus avances, prioricen sus esfuerzos y, en general, desarrollen capacidades de gobierno digital más sólidas.
Proceso metodológico
Ambos índices son el resultado de un trabajo colaborativo con los países miembros de la OCDE en el marco del Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios de Gobierno Digital (E-Leaders), con el fin de establecer mediciones rigurosas, transparentes y coherentes; su metodología fue aprobada por el Grupo de Trabajo y desclasificada por el Comité de Gobernanza Pública (PGC) de la OCDE.
Los datos presentados en este informe se basan en la Encuesta de la OCDE sobre Gobierno Digital 3.0, que sustenta el DGI, y en la Encuesta de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales 6.0, que sustenta el Índice OURdata. Ambas encuestas se aplicaron en el primer semestre de 2025 y abarcan las políticas e iniciativas vigentes entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.
Las personas encuestadas fueron funcionarios de alto nivel en materia de gobierno digital designados por cada país participante, y se proporcionó un glosario de términos para asegurar una interpretación coherente entre los países participantes. Una vez cerrado el período de recopilación de datos, todas las respuestas de los países se sometieron a un proceso de validación detallado en varias rondas. En una primera ronda se revisó la coherencia interna de las respuestas y se verificó que tanto éstas como la evidencia de respaldo correspondieran a la pregunta respectiva. En una segunda ronda se aseguró la coherencia transversal entre las secciones y los temas de la encuesta, identificando contradicciones o vacíos entre preguntas relacionadas. A lo largo de este proceso, la OCDE mantuvo contacto bilateral con las personas encuestadas de cada país para aclarar ambigüedades, solicitar evidencia adicional y resolver discrepancias.
Tras la validación, cada país participante revisó y aprobó formalmente el conjunto de datos final antes de que se utilizara para calcular los índices compuestos y sustentar el análisis presentado en este informe. Esta etapa de aprobación garantiza que los datos reflejen con precisión la situación de cada país durante el período de referencia y establece un compromiso compartido con la integridad del conjunto de datos.
En el documento de trabajo de la OCDE con los resultados compuestos se presentan más detalles metodológicos, incluidos el esquema de ponderación, el método de agregación y las pruebas de robustez estadística (2026[2]).
Fuente: OCDE (2026[2]).
Este informe se basa en los resultados y hallazgos del Índice de Gobierno Digital (DGI) y del Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (OURdata) 2025. El análisis del DGI abarca 36 países de la OCDE y 8 países candidatos a la adhesión (Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Indonesia, Perú, Tailandia y Rumania), mientras que el Índice OURdata presenta el mismo grupo, con excepción de Dinamarca y Hungría. Los resultados principales confirman avances reales pero desiguales. El promedio del DGI aumentó de 0.61 (sobre 1) en 2023 a 0.70 en 2025. Esto representa un incremento del 14%, y todos los países de la OCDE, salvo 7, mejoraron sus puntajes desde 2023 (Figura 1.2). El Índice OURdata aumentó de forma más moderada, de 0.48 a 0.53 (Figura 1.4). Los países candidatos a la adhesión se ubican por detrás: su promedio en el DGI, de 0.50, está 0.20 puntos por debajo del promedio de la OCDE, y su promedio en el Índice OURdata, de 0.46, es 0.07 puntos inferior. Estos resultados muestran que la mayoría de los gobiernos de la OCDE se encuentran hoy más cerca de la frontera de la madurez digital que lejos de ella, pero el ritmo y la profundidad del cambio siguen siendo insuficientes para cerrar la brecha entre la capacidad institucional y lo que exigen las personas y los retos de política complejos.
Nota: No se dispone de datos de 2025 para Alemania ni Estados Unidos. Los datos de 2025 abarcan del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024. No se dispone de datos de 2023 para Alemania, Grecia, la República Eslovaca, Suiza ni Estados Unidos. Los datos de Indonesia y Tailandia abarcan del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Véase Tabla del anexo 1.A.1 para consultar los puntajes detallados por país.
Fuente: OCDE (2026[2]; 2024[3]; OCDE/BAsD, 2025[4]).
El progreso en las seis dimensiones del DGI es desigual y, cuando se examina a través de las cuatro facetas transversales, revela un claro patrón. Los mayores avances se registraron en Sector público impulsado por datos (de 0.63 a 0.74, la mayor mejora de todas las dimensiones), Impulsado por el usuario (de 0.61 a 0.71) y Proactividad (de 0.57 a 0.67). Estos avances reflejan marcos de gobernanza de datos más sólidos, un uso más amplio de enfoques de diseño de servicios y pruebas con usuarios, y una expansión moderada de la gobernanza y el uso de la IA en el gobierno.
Los avances han sido más limitados en Digital por diseño (de 0.68 a 0.75), Gobierno como plataforma (de 0.62 a 0.71) y Abierto por defecto (de 0.53 a 0.59). Los menores avances en estas tres dimensiones se deben en parte a que los países ya habían construido bases sólidas, en particular en materia de gobernanza y ciberseguridad, y no a que hayan dejado de avanzar. Áreas clave como la gobernanza de las inversiones digitales y el monitoreo de las estrategias digitales siguen siendo débiles y no han evolucionado al mismo ritmo que las mejoras en otros ámbitos de estas dimensiones.
Los resultados de Abierto por defecto son los más preocupantes: esta dimensión registró el menor avance de todas (de 0.53 a 0.59) y sigue siendo la de menor puntaje en general. El progreso se debió en gran medida a avances modestos en las directrices sobre transparencia algorítmica y en las políticas de software de código abierto, mientras que la disponibilidad y la accesibilidad de los conjuntos de datos abiertos de alto valor, los elementos con mayor ponderación en esta dimensión, mejoraron solo marginalmente. Esto tiene implicaciones que van más allá de la propia dimensión: un desempeño limitado en materia de datos abiertos gubernamentales restringe la capacidad de los gobiernos para utilizar los datos en la coordinación en tiempo real, la rendición de cuentas pública y la innovación en todo el gobierno.
Las cuatro facetas transversales que reflejan etapas sucesivas del ciclo de políticas (enfoque estratégico, palancas de política, implementación y monitoreo), y que se miden en todas las dimensiones del DGI, revelan distintos grados de avance. En las seis dimensiones, los puntajes de todas las facetas aumentaron con respecto a 2023 (Tabla del anexo 1.A.2). Sin embargo, siguen poniendo de manifiesto la brecha entre la estrategia y la implementación (Figura 1.3). Los puntajes de enfoque estratégico (de 0.77 a 0.87) y palancas de política (de 0.64 a 0.80) siguen superando a los de implementación (de 0.59 a 0.78) y monitoreo (de 0.45 a 0.65), las etapas en las que la intención de política debe traducirse en práctica operativa.
Puntajes de algunas facetas transversales en las seis dimensiones del DGI, promedio de la OCDE, 2023 y 2025
Nota: para consultar la lista completa de los valores de las facetas transversales, véase Tabla del anexo 1.A.2.
Los resultados indican una brecha persistente entre la ambición estratégica y la implementación, en particular en aspectos donde el monitoreo va detrás de la dirección de política. Por ejemplo, en Sector público impulsado por datos, el puntaje del enfoque estratégico alcanzó 0.80 y el de las palancas de política 0.74, mientras que el monitoreo se mantuvo en 0.45, prácticamente sin cambios desde 2023. Se observa un patrón similar en Digital por diseño, donde las palancas de política alcanzaron 0.80 pero el monitoreo se mantuvo en 0.55, y en Proactividad, donde, a pesar de avances notables en las palancas de política y la implementación, el monitoreo se estancó en 0.53. Esta brecha entre el diseño y la ejecución ya estaba presente en 2023 y no se ha reducido de manera significativa, lo que confirma que el progreso es mayor en el establecimiento de marcos formales y mecanismos habilitantes que en su integración en las operaciones cotidianas, los flujos de trabajo y los sistemas de rendición de cuentas que determinan el buen desempeño del gobierno digital. En conjunto, la evidencia muestra que el principal obstáculo para cerrar la brecha ya no es la ausencia de estrategias o marcos de políticas, sino la incapacidad de traducirlos sistemáticamente en práctica operativa a escala.
Los resultados del Índice OURdata refuerzan este diagnóstico (Figura 1.4). Los países de la OCDE obtienen mejores resultados en Disponibilidad de datos (impulsada por una publicación más amplia de conjuntos de datos de alto valor, en particular en educación, finanzas públicas y justicia; la lista completa de conjuntos de datos se presenta en el anexo) y en Accesibilidad de los datos (respaldada por los requisitos de la Directiva de Datos Abiertos de la UE) que en Apoyo del gobierno a la reutilización de datos, el pilar en el que el desempeño sigue siendo más débil. En promedio, el 57% de los conjuntos de datos de alto valor está disponible como datos abiertos y el 67% es accesible a través de portales centrales, pero solo el 49% ofrece acceso mediante interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés). Los avances en la participación de las partes interesadas y en la evaluación de impacto han sido modestos, lo que confirma que, si bien los gobiernos están haciendo los datos más visibles, tienen menos éxito en hacerlos sistemáticamente útiles para el aprendizaje, la innovación y la creación de valor público.
Nota: No se dispone de datos de 2025 para Dinamarca, Hungría ni Estados Unidos. No se dispone de datos de 2023 para Hungría ni Estados Unidos, y no se incluyen los de Dinamarca. Los datos de 2025 abarcan del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024. Los datos de Indonesia y Tailandia abarcan del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023.
Fuente: OCDE (2026[2]; 2023[5]; OCDE/BAsD, 2025[4]).
En conjunto, los índices muestran un sector público digitalmente más maduro que en 2023, pero aún insuficientemente coherente, adaptable u operativamente integrado para cerrar las brechas identificadas en la sección anterior. El próximo reto no es solo seguir avanzando en cada dimensión, sino acortar la distancia entre las bases existentes y la forma en que los gobiernos operan, se coordinan y cumplen en la práctica. Las siguientes secciones examinan los obstáculos que contribuyen a esta brecha y las acciones que los gobiernos pueden emprender para traducir la madurez digital en desempeño integral.
A partir de los resultados generales y por dimensión del DGI y del Índice OURdata, esta sección examina cinco retos que explican por qué persiste la brecha entre la ambición digital y el desempeño institucional, y por qué cerrarla requiere algo más que añadir nuevos componentes a un panorama ya saturado.
1.4.1. Una gobernanza de datos limitada impide aprovechar el valor de los datos
Los datos son fundamentales para que los gobiernos puedan actuar con coherencia, reducir duplicidades, anticipar necesidades y crear las condiciones para una IA confiable. Los resultados del DGI 2025 muestran que los gobiernos han logrado avances reales en la gestión de los datos como un activo estratégico: el 94% cuenta con estrategias de datos y el 92% reporta estándares de metadatos, lo que refleja un compromiso amplio con la gobernanza de los datos en todo el sector público. El uso de datos para funciones clave de gobierno también es elevado: el 94% de los países utiliza datos para el monitoreo y la evaluación de políticas, y el 92% para anticipar y planificar intervenciones. No se trata de logros menores; representan un cambio sustancial con respecto a los enfoques fragmentados y en silos que caracterizaban la gestión de datos del sector público hace una década.
Sin embargo, el progreso ha sido desigual a lo largo del ciclo de políticas. El monitoreo de las estrategias de datos sigue siendo limitado: solo el 62% de los países informa que da seguimiento a sus resultados. La gestión de la calidad de los datos también es incompleta, ya que solo el 64% de los países cuenta con estándares formales para evaluar la calidad de los datos. La brecha es más marcada en la comprensión cómo los servicios públicos funcionan en la práctica: apenas el 44% de los países informó contar con iniciativas de alcance gubernamental para analizar los patrones de uso de los servicios públicos, lo que limita la capacidad de los gobiernos para aprender de la experiencia de las personas y mejorar sus servicios de manera iterativa. Los gobiernos no podrán extraer todo el valor de los datos que gestionan a menos que apliquen los datos de forma sistemática al diseño, la entrega y la evaluación de los servicios, y no solo a la planificación y la supervisión.
Los datos abiertos gubernamentales muestran un patrón similar. Los requisitos de publicación y accesibilidad han avanzado: el 94% de los países de la OCDE exige ahora a las instituciones del sector público que publiquen datos abiertos, y la accesibilidad a través de portales centrales es relativamente alta. Pero los mecanismos que convierten los datos en valor público siguen siendo débiles. Solo el 49% de los conjuntos de datos de alto valor en los países de la OCDE ofrece acceso mediante API (un habilitador clave de la reutilización), y la evaluación del impacto de los datos abiertos es limitada: apenas el 31% de los países evalúa su impacto económico, el 26% su impacto en el sector público y solo el 11% su impacto social. Los gobiernos están haciendo visibles los datos sin hacerlos útiles. Sin un mayor apoyo a la reutilización y una medición más sistemática de los resultados, los datos abiertos gubernamentales siguen siendo un ejemplo de disponibilidad formal sin utilidad práctica.
1.4.2. La adopción de la infraestructura pública digital va retrasada respecto a su despliegue
Los países de la OCDE han invertido de forma sustancial en componentes digitales básicos compartidos: identidad digital, sistemas de intercambio de datos, notificaciones digitales, infraestructura en la nube y portales digitales únicos. El despliegue es real, pero su existencia no necesariamente está automáticamente generando valor público ni integración.
La gobernanza de la identidad digital está en gran medida establecida: el 92% de los países cuenta con una estrategia de identidad digital y casi todos han designado un organismo responsable. Sin embargo, la cobertura de servicios y el uso efectivo siguen siendo desiguales. El 69% informa que más de la mitad de sus servicios en línea pueden utilizarse con identidad digital, y la adopción de la identidad digital por parte de la población va desde más del 90% en nueve países hasta menos del 50% en doce. Además, aunque otros sistemas están muy extendidos en los países de la OCDE, como los sistemas de interoperabilidad de datos, disponibles en el 83% de ellos, su impacto depende de que se utilicen activamente, lo que requiere enfoques centrados en las personas, incentivos, cumplimiento e inversión sostenida que muchos gobiernos aún no han puesto en marcha. Otros componentes habilitantes, como el correo digital y los pagos digitales, siguen ausentes en muchos países.
Como resultado, muchos gobiernos disponen de los componentes para funcionar como plataforma sin obtener los beneficios de hacerlo. Los gobiernos enfrentan el gran reto de impulsar la adopción, integración y uso eficaz de forma sistemática en todo el gobierno, ya que una implementación fragmentada, una adopción desigual y una interoperabilidad variable pueden seguir limitando los beneficios de las plataformas y los activos de datos compartidos. Esta brecha entre la disponibilidad y el uso efectivo suele reflejar tres problemas relacionados: una gobernanza fragmentada, en la que ninguna institución tiene el mandato o el incentivo para impulsar la adopción en todo el gobierno; requisitos limitados para que los proveedores de servicios utilicen la infraestructura compartida; y un apoyo práctico insuficiente (orientación técnica, apoyo para la incorporación y asistencia directa) para que los componentes básicos comunes sean la opción por defecto. Esto afecta directamente a los usuarios. Allí donde la adopción de la identidad digital es limitada, la interoperabilidad sigue siendo escasa y la infraestructura compartida está incompleta, los gobiernos no pueden ofrecer la experiencia fluida e integrada que las personas esperan y probablemente tengan dificultades para asegurar la continuidad operativa de sus services cuando se produzcan interrupciones.
1.4.3. La inversión, la contratación pública y las competencias aún no están plenamente alineadas con los modelos de desarrollo digital
Los gobiernos han fortalecido la conducción y la planificación central de la transformación digital, pero los sistemas que rigen la inversión, la contratación pública y la fuerza laboral siguen estando más orientados a gestionar el cumplimiento que a impulsar la ejecución. La evaluación ex ante está generalizada: el 89% de los países de la OCDE cuenta con mecanismos para planificar y estimar el gasto en gobierno digital. Sin embargo, la evaluación ex post es poco frecuente: solo el 25% realiza análisis costo-beneficio ex post de los proyectos digitales. Esto significa que los gobiernos aprueban inversiones digitales sin aprender de manera sistemática si funcionan en la práctica o si generan los resultados previstos.
Las orientaciones sobre contratación pública han mejorado, ya que el 89% de los países de la OCDE cuenta con directrices centrales específicas de contratación para proyectos digitales y de TIC, pero el uso de mecanismos ágiles y orientados a la innovación sigue siendo moderado; solo el 55% de los países informa utilizar enfoques de contratación adecuados para una entrega digital iterativa. En cambio, los gobiernos siguen teniendo dificultades para gestionar tecnologías cambiantes e intensivas en datos mediante presupuestos y ciclos de aprobación rígidos, así como controles orientados al cumplimiento, diseñados para la época pre-digital.
La misma rigidez se observa en el talento y las competencias digitales. Los gobiernos son cada vez más conscientes de las brechas de capacidades (el 72% de los países ha realizado evaluaciones de necesidades de competencias digitales) y han ampliado sus esfuerzos de capacitación y contratación de personal. Pero estos siguen siendo fragmentados y están desvinculados de la planificación de la fuerza laboral a largo plazo: solo el 17% de los países cuenta con una estrategia específica de competencias digitales para el sector público. Sin una inversión sostenida en las personas, los gobiernos no pueden mantener la capacidad interna necesaria para ejercer un control estratégico sostenido sobre las decisiones tecnológicas, gestionar eficazmente a los proveedores o aprender de la implementación a lo largo del tiempo. Los sistemas de inversión que no aprenden y una fuerza laboral que no se planifica puede hacer que los gobiernos dependan de forma excesiva de proveedores externos, y sean incapaces de construir la memoria institucional que exige una transformación digital sostenida. En conjunto, estos obstáculos limitan el avance hacia modelos operativos más adaptables y basados en evidencia que favorezcan una eficiencia y una resiliencia duraderas.
1.4.4. La adopción de la IA avanza más rápido que la capacidad de los gobiernos para gobernarla
La adopción de la IA en los gobiernos de la OCDE se está acelerando, pero las salvaguardias y las condiciones operativas necesarias para utilizarla de forma segura y a escala no avanzan al mismo ritmo. Las bases estratégicas están en gran medida establecidas: casi todos los países de la OCDE cuentan con una estrategia de IA en el gobierno, el 83% tiene al menos una institución responsable de la gobernanza de la IA en el sector público y esta tecnología ya se utiliza en al menos un ámbito del gobierno en el 97% de los países de la OCDE, con la mayor adopción en los procesos internos y los servicios públicos.
Sin embargo, la brecha entre la estrategia y la gobernanza operativa es significativa. Solo el 58% de los países ofrece apoyo central para la contratación pública de bienes y servicios de IA. La preparación de los datos, la interoperabilidad y los mecanismos de transparencia, es decir, las condiciones que hacen que la IA sea confiable y escalable, siguen en varios países estando no suficientemente desarrollados. Lo más llamativo es que solo el 28% de los países de la OCDE informa realizar algún tipo de evaluación, financiera o no financiera, del impacto de los casos de uso de la IA en el gobierno. Los gobiernos están adoptando la IA sin evaluar sistemáticamente si funciona según lo previsto. Muchos han pasado de la estrategia a la experimentación, pero no de la experimentación a una implementación persistente en todo el gobierno.
Esto tiene implicaciones que van más allá de la propia IA. La IA puede favorecer la productividad, la capacidad de respuesta y la proactividad, pero solo cuando se apoya en datos fiables, una rendición de cuentas clara y mecanismos operativos confiables. Cuando estas condiciones no existen, la IA corre el riesgo de quedar confinada a pilotos aislados y de generar mejoras de eficiencia limitadas, en lugar de propiciar un cambio real en la capacidad del gobierno para anticipar, coordinar y cumplir. El obstáculo no es la falta de ambición ni de adopción temprana, sino la capacidad limitada para gobernar y desplegar sistemas de IA de manera confiable, medible y escalable en todo el gobierno.
1.4.5. Los servicios siguen siendo demasiado reactivos y fragmentados para que el gobierno funcione como un único sistema
Los servicios públicos siguen organizándose en gran medida en torno a las estructuras institucionales y no a las necesidades de las personas. Muchos países han logrado avances concretos: el 89% de los países de la OCDE cuenta con estándares de servicio, y herramientas para el codiseño con los usuarios están ampliamente disponibles. Pero lograr que los estándares tengan efectos en la práctica es más complejo que su mero establecimiento. Solo el 44% de los países cuenta con requisitos formales para aplicar los estándares de servicio tanto en el nivel central/federal como en el subnacional, y el apoyo práctico necesario para aplicarlos de forma sistemática siguen siendo limitados. La participación de los usuarios, aunque continue mejorando, sigue sin ser suficientemente sistemática: la inclusión focalizada de grupos que enfrentan mayores barreras de acceso no está lo suficientemente incorporada en la práctica general de codiseño, y el uso de métodos de testeo como las sesiones de pensamiento de diseño (design thinking), los grupos focales y las plataformas de consulta sigue siendo limitado.
La medición del desempeño de los servicios también es débil. La mayoría de los gobiernos carece de herramientas a nivel de todo el gobierno para identificar de manera coherente en qué punto los usuarios abandonan el proceso, dónde se interrumpen los viajes del usuario, o dónde se acumulan las cargas administrativas. Sin esta retroalimentación, resulta difícil mejorar los servicios de forma sistemática o demostrar el valor de la inversión digital tanto a los tomadores de decisiones como a las personas.
El problema de fondo es que los servicios siguen siendo reactivos. Las personas y las empresas todavía deben saber qué solicitar, cuándo presentar una solicitud y adónde acudir. El principio de una sola vez, el uso intensivo de datos y la anticipación basada en la IA, es decir, los mecanismos que permitirían al gobierno acercarse a las personas en lugar de esperar a ser contactado reactivamente, siguen aplicándose de manera desigual. El obstáculo no es la ausencia de canales digitales, sino la incapacidad de conectarlos en un sistema coherente y centrado en las personas que actúe a partir de lo que el gobierno ya sabe.
1.4.6. Superar la fragmentación para lograr un desempeño a nivel de todo el sistema
Los cinco retos comparten un denominador común: a los gobiernos no les faltan iniciativas individuales, instrumentos de política ni componentes digitales. Lo que les falta es la coherencia institucional necesaria para que estos elementos operen y se refuercen mutuamente. Entre ellos se cuentan sistemas de datos que no pueden compartirse, infraestructura que se construye pero no se adopta, inversiones que se aprueban pero no se evalúan, IA que se despliega pero no se gobierna, y servicios que se diseñan pero no se conectan. Cada uno de ellos es un síntoma de la misma condición subyacente. Los obstáculos no son independientes entre sí: unas bases de datos débiles socavan la interoperabilidad; una infraestructura fragmentada limita la integración de los servicios; unos sistemas de inversión rígidos ralentizan la iteración necesaria para cerrar las brechas de capacidades; y, sin mecanismos de confianza, la IA no puede escalar. Las piezas están, en su mayoría, disponibles. El reto ahora es hacer que funcionen como un sistema, y ello exige un tipo de esfuerzo de reforma distinto del que permitió construir las bases en un principio.
Los cinco obstáculos identificados en la sección 1.4 tienen una raíz común: las reformas del gobierno digital han tenido más éxito en construir las bases que en lograr que funcionen de manera articulada en la práctica. Por lo tanto, cerrar la brecha entre la ambición digital y el desempeño institucional no es principalmente una cuestión de añadir nuevas estrategias o componentes, ya que la mayoría de los gobiernos ya cuenta con ambos. Requiere un tipo de esfuerzo distinto: conectar lo que existe, integrarlo en la forma en que funcionan los gobiernos y mantener las condiciones organizacionales necesarias para aprender y adaptarse con el tiempo. Las siguientes subsecciones presentan cuatro áreas en las que se requiere una acción más deliberada y sistémica.
1.5.1. Pasar de construir infraestructura pública digital a impulsar su uso
Componentes básicos fundamentales, como los sistemas de intercambio de datos, la identidad digital, la infraestructura en la nube, los registros base y las plataformas de servicios digitales, siguen estando subutilizados y no están suficientemente integrados en las operaciones cotidianas de las instituciones públicas. La prioridad ahora es un uso más sistemático de lo que ya existe.
Esto requiere diseñar componentes digitales compartidos de modo que la reutilización sea el camino más sencillo para los usuarios y los proveedores de servicios. Cuando los organismos pueden acceder a sistemas comunes de identidad digital, flujos de datos compartidos y componentes de servicio estandarizados en lugar de desarrollar los suyos propios, crean las condiciones para un gobierno realmente integrado, menos duplicidades y una prestación de servicios más eficiente. El enfoque de Estonia en materia de infraestructura pública digital ilustra lo que es posible cuando la infraestructura compartida se gobierna activamente, se establece como obligatoria y se mantiene a lo largo del tiempo. Su plataforma de intercambio de datos X-tee, cuyo uso es legalmente obligatorio para las organizaciones del sector público, permite ahorrar a la población estonia un estimado de 844 años de tiempo de trabajo colectivo al año, mientras que la identidad digital ha generado ahorros de hasta el 2% del PIB (OCDE, 2024[6]).
La reutilización no se produce de forma automática. Requiere una gobernanza clara, que incluya normas comunes, mecanismos de coordinación y acuerdos de intercambio de datos que otorguen a las instituciones tanto la obligación como el apoyo práctico para utilizar la infraestructura compartida. También requiere modelos de financiamiento que cubran no solo el desarrollo inicial, sino también los costos continuos de mantenimiento, actualización y ampliación de los componentes comunes a lo largo del tiempo y entre organismos. La infraestructura que se construye una vez y luego se deja deteriorar se convierte rápidamente en un obstáculo en lugar de un habilitador.
La confianza de los usuarios es una condición igualmente importante para la adopción. A medida que los gobiernos amplían los sistemas de identidad digital y las capacidades de intercambio de datos, los usuarios necesitan un control real sobre la forma en que se procesan, utilizan y comparten sus datos personales. La capa de intercambio de datos Suomi.fi de Finlandia, construida sobre la misma arquitectura que el sistema de Estonia y de uso legalmente obligatorio para todas las organizaciones del sector público, combina la adopción obligatoria con sólidos resguardos de protección de datos, incluida información clara y detallada sobre qué tipo de datos se comparten y con qué finalidad. Esto demuestra que exigir el uso de la infraestructura compartida y proteger los derechos de las personas sobre sus datos personales son objetivos complementarios y no contrapuestos. Los sistemas de identidad y las billeteras digitales que permiten a los usuarios controlar y compartir de forma selectiva sus credenciales, tanto de forma nacional como transfronteriza, son un mecanismo importante para construir esta confianza. Cuando los usuarios sienten que tienen el control, la adopción llega; cuando no es así, incluso una infraestructura bien diseñada queda sin utilizar.
Estas bases también determinan hasta dónde pueden llegar los gobiernos con la IA. Pasar de pilotos aislados de IA a un uso confiable y a escala depende de datos fiables, sistemas interoperables y procesos de aseguramiento replicables. Los gobiernos que consideran una infraestructura digital sólida como una condición previa para el despliegue de la IA, y no como algo que resolver más adelante, están en mejores condiciones de aprovechar el potencial de la IA sin generar nuevos riesgos sistémicos. Esta necesidad se vuelve aún más apremiante a medida que los gobiernos recurren a sistemas de IA para ser más proactivos.
1.5.2. Adecuar la gobernanza y la inversión a la entrega digital
El DGI 2025 muestra que la gobernanza del gobierno digital se inclina fuertemente hacia la planificación: las estrategias son sólidas, los mandatos son más claros que antes y la evaluación ex ante está generalizada. Lo que sigue siendo débil es la capacidad de iterar, evaluar y adaptarse una vez que comienza la ejecución. Corregir esta situación exige cambios en la forma en que los gobiernos gobiernan, financian y desarrollan capacidades para la transformación digital, y no solo en la forma en que la planifican.
Los modelos de gobernanza deben integrar la retroalimentación como una función habitual y no como un ejercicio ocasional. Esto implica crear mecanismos estructurados, como revisiones periódicas, ciclos de retroalimentación de los usuarios y foros de aprendizaje entre organismos, que permita corregir el rumbo de las estrategias o iniciativas de gobierno digital en base a la evidencia, en lugar de esperar a una evaluación formal al final de su ciclo. También implica abrir la gobernanza a miradas y perspectivas externas: los modelos de gobernanza y los mecanismos consultivos que incorporan la experiencia de la industria, la sociedad civil y la academia ayudan a que las estrategias de gobierno digital se mantengan ancladas en lo que es técnicamente viable y socialmente legítimo.
Las estructuras institucionales también importan. Una supervisión central fragmentada, en la que la estrategia digital, el apoyo a la ejecución y la gobernanza de las tecnologías emergentes recaen en organizaciones separadas, debilita la coherencia entre la intención de política y la práctica operativa. El Reino Unido abordó esta cuestión directamente en enero de 2025 al consolidar su Servicio Digital del Gobierno, su Oficina Central Digital y de Datos y su incubadora de IA en un único Centro Digital de Gobierno, con un mandato que abarca la estrategia, el apoyo a la ejecución y la gobernanza de la IA en todos los ministerios, un enfoque diseñado para reducir la distancia entre la dirección central y la ejecución cotidiana.
Los enfoques de inversión deben ajustarse a la naturaleza iterativa del trabajo digital. La asignación y desembolso presupuestario por adelantado, en base a requerimientos fijos y detallados, no se adaptan a tecnologías que evolucionan con rapidez y cuyos requisitos se definan a través del testeo y el uso. Los gobiernos que están adoptando un financiamiento modular y por etapas, que libera recursos en tramos vinculados a avances demostrados en lugar de compromisos iniciales, están en mejores condiciones de detener lo que no funciona, escalar lo que funciona bien y evitar quedar atrapados en errores costosos. El Marco de Supervisión de Inversiones Digitales y en TIC de Australia (IOF, por sus siglas en inglés), que exige que los grandes proyectos digitales superen revisiones de control por etapas antes de recibir más financiamiento, ilustra cómo puede estructurarse la gobernanza de las inversiones para promover el aprendizaje y reducir el riesgo de fracasos a gran escala. Igualmente importante es cerrar el ciclo de evaluación: sin una evaluación sistemática para saber si las inversiones digitales han generado los resultados previstos, los gobiernos no pueden aprender de la experiencia ni justificar la continuidad de la inversión.
La habilidad de los gobiernos para decidir si desarrollar, adquirir o co-implementar tecnologías digitales toman cada vez mayor trascendencia; sin embargo, muchos carecen de la experiencia interna necesaria para decidir bien. Los gobiernos que invierten en esta capacidad institucional, desarrollando las competencias para evaluar críticamente las ofertas de los proveedores, gestionar activamente los contratos y comprender las implicaciones a largo plazo de las decisiones tecnológicas, están menos expuestos a dependencias tecnológicas, en mejores condiciones de cambiar de proveedor cuando sea necesario y más capacitados para mantener el control estratégico sobre su propia infraestructura digital.
En última instancia, nada de esto funciona sin servidores públicos calificados. Ampliar la capacitación y la contratación de personal es necesario, pero no suficiente: solo el 17% de los países cuenta con una estrategia específica de competencias digitales para el sector público y, sin ella, los esfuerzos de desarrollo de capacidades siguen siendo fragmentados y reactivos. El programa de desarrollo del talento para el gobierno digital de Corea, que forma parte del Sistema de Desarrollo de Recursos Humanos del país, ilustra cómo la planificación de la fuerza laboral y la entrega digital pueden vincularse sistemáticamente al combinar un marco de competencias específico con trayectorias profesionales estructuradas para los perfiles digitales en todo el sector público. Los gobiernos necesitan planes de fuerza laboral que desarrollen las competencias interdisciplinarias que exige la entrega digital, combinando políticas, diseño de servicios, datos y tecnología, y que creen trayectorias profesionales lo suficientemente atractivas para retener el talento a lo largo del tiempo. Los servidores públicos que comprenden tanto la intención de las políticas como las realidades técnicas de los sistemas digitales son el habilitador más importante para pasar de las bases digitales al desempeño digital. Muchos gobiernos amplían la capacitación y la contratación de personal, pero lo hacen al margen de un plan de fuerza laboral a largo plazo.
1.5.3. Incorporar la confianza en la IA en el gobierno desde el inicio
La Encuesta de Confianza de la OCDE muestra que las personas aún no confían lo suficiente en la forma en que los gobiernos gestionan las tecnologías emergentes, la IA o los datos personales. El DGI 2025 ofrece cierto fundamento a estos resultados: la transparencia, la rendición de cuentas algorítmica y la evaluación de impacto siguen estando entre las áreas más débiles del desempeño del gobierno digital en los países de la OCDE.
Este reto se intensifica a medida que la IA se integra más profundamente en el gobierno. Las herramientas de IA convencionales que generan contenidos o recomendaciones ya plantean interrogantes sobre la rendición de cuentas y los sesgos. Los sistemas de IA agéntica, que pueden planificar y ejecutar secuencias de acciones en las herramientas y los flujos de trabajo del gobierno en nombre de los usuarios o de los servidores públicos, elevan aún más este desafío (Recuadro 1.2). Mientras la IA agéntica ofrece servicios públicos más proactivos, integrados y responsivos, también pueden aumentar las exigencias en materia de mecanismos de supervisión claros, registros de decisiones rastreables, una rendición de cuentas efectiva, trazabilidad y control por parte de los usuarios, así como la capacidad de pausar, revertir o impugnar las acciones automatizadas. Los gobiernos que tengan en cuenta estas consideraciones desde el inicio estarán en mejores condiciones para escalar la IA agéntica de manera responsable.
Los agentes de IA son sistemas que pueden percibir su entorno y actuar sobre él con cierto grado de autonomía, utilizando las herramientas necesarias para alcanzar objetivos específicos y adaptarse a insumos y contextos cambiantes. La IA agéntica suele referirse a sistemas compuestos por múltiples agentes de IA coordinados que pueden descomponer tareas, colaborar y perseguir objetivos más complejos a lo largo del tiempo con una intervención humana limitada. Mientras que los sistemas de IA generativa responden, los sistemas de IA agéntica actúan.
Esta distinción es importante para el gobierno, porque las implicaciones pasan de lo que un sistema de IA dice a lo que hace. Las herramientas convencionales de aprendizaje automático (ML, por sus siglas en inglés) o de IA generativa pueden apoyar el análisis, la redacción o la interacción. En cambio, los sistemas de IA agéntica pueden recuperar información de distintas bases de datos, activar pasos de un flujo de trabajo, derivar casos, iniciar transacciones o actualizar registros dentro de los permisos otorgados. Esto crea oportunidades para reducir la carga administrativa, mejorar la capacidad de respuesta y simplificar los servicios, pero también eleva el nivel de exigencia en materia de legalidad, rendición de cuentas, trazabilidad y supervisión humana. Por lo tanto, los gobiernos deben gobernar no solo el modelo, sino también el margen de acción otorgado al sistema, los puntos de aprobación en el flujo de trabajo y los mecanismos de supervisión y reparación.
Un ejemplo temprano en el sector público es Bürokratt de Estonia, una red interoperable de soluciones gubernamentales de IA en fase inicial que, desde la perspectiva del usuario, funciona como un canal único y una puerta de acceso unificada a los servicios del gobierno. En la experiencia de usuario prevista (y todavía incipiente), un usuario puede solicitar un trámite, como pedir un nuevo pasaporte, y un agente de IA orquesta la interacción con la autoridad competente. El objetivo más amplio es trasladar la complejidad de los servicios a un segundo plano mediante la interacción entre sistemas, permitiendo al mismo tiempo que el usuario valide las acciones clave cuando sea necesario.
El Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios de Gobierno Digital de la OCDE (E-Leaders) está explorando cómo los gobiernos pueden utilizar la IA agéntica de manera responsable, incluidos sus casos de uso en el sector público, los requisitos de preparación y los habilitadores, las salvaguardias y la participación necesarios para una adopción confiable.
Fuente: (OCDE, 2026[7]; OCDE, próximamente[8]).
La transparencia es un elemento fundamental para el despliegue y el uso de la IA en el gobierno. Los gobiernos deberían divulgar de manera proactiva información sobre los algoritmos que despliegan, incluidos su finalidad, los datos que utilizan y las salvaguardias establecidas para prevenir sesgos o errores. El Registro de Algoritmos e IA de los Países Bajos, desarrollado en respuesta directa a la preocupación pública por el uso de un algoritmo defectuoso por parte de la Administración Tributaria neerlandesa y que hoy abarca más de 600 algoritmos en casi 200 organizaciones públicas, ofrece un modelo reciente y bien documentado para institucionalizar la transparencia algorítmica a escala. Publicar registros de algoritmos y fortalecer las prácticas y los registros de datos abiertos, de modo que los usuarios tengan una visibilidad y un control reales sobre el uso de sus datos personales, son pasos concretos que refuerzan la confianza pública. El mismo principio se aplica, de manera más amplia, a la forma en que los gobiernos gobiernan y comparten los datos personales: informar a las personas sobre el uso de sus datos y desarrollar sistemas de identidad digital y billeteras digitales que den a los usuarios un control real sobre sus credenciales, en lugar de limitarse a digitalizar los procesos existentes, son una expresión práctica del diseño transparente.
Junto con la transparencia, el aseguramiento independiente permite generar confianza en que la transformación digital es segura, justa y funciona según lo previsto. Esto implica integrar marcos éticos y procesos de gestión de riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas digitales, y no solo en el momento de su despliegue, así como establecer mecanismos de supervisión con la independencia y la capacidad técnica necesarias para exigir cuentas a los gobiernos. Los enfoques modulares y por etapas contribuyen a este objetivo: al dividir los grandes desarrollos en componentes más pequeños y evaluables, los gobiernos pueden demostrar avances, detectar problemas a tiempo y mantener la rendición de cuentas durante todo el proceso. El 28% de los países de la OCDE que actualmente evalúa el impacto de los casos de uso de la IA en el gobierno representa un piso, no un techo. La evaluación sistemática del impacto debería convertirse en una expectativa habitual y no en una excepción.
1.5.4. Entregar los servicios públicos como un sistema coherente
Los gobiernos han invertido considerablemente para mejorar servicios de forma individual. El siguiente paso es conectarlas en viajes de usuario que funcionen más allá de los límites institucionales, de modo que las personas perciban al gobierno como un sistema único y coherente y no como una serie de organizaciones separadas, cada una de las cuales requiere su propia interacción. Se trata más de un reto gobernanza que técnico: exige decisiones deliberadas sobre cómo se diseñan los servicios, cómo fluyen los datos entre las instituciones y cómo se mide el desempeño y se rinden cuentas.
Las bases para este cambio están cada vez más establecidas. La identidad digital, la interoperabilidad de datos y el principio de una sola vez, según el cual los gobiernos recopilan la información de los usuarios una única vez y la reutilizan en distintos servicios en lugar de solicitarla repetidamente, hacen técnicamente viables a escala viajes de usuario realmente integrados y en los que participan múltiples organismos. La infraestructura pública digital de Dinamarca, que incluye el ecosistema de identidad digital MitID y NemLogin y los sistemas de intercambio de datos, ha permitido ofrecer una serie de servicios basados en eventos de vida, que abarcan desde el registro de nacimientos hasta la creación de empresas, y que reúnen información de distintos organismos sin exigir a los usuarios que vuelvan a presentar datos que ya han proporcionado. Lo que se necesita ahora es la gobernanza y la disciplina operativa para aplicarlos de manera sistemática. Los estándares de servicio, los métodos de codiseño y las pruebas con usuarios están cada vez más extendidos, pero el siguiente paso es integrarlos de forma rutinaria en los procesos de entrega, toma de decisiones y mejora. Fortalecer estos mecanismos mediante mandatos más claros, mejores orientaciones y una medición más sistemática de la experiencia del usuario es esencial para convertir las mejoras aisladas de los servicios en un cambio a nivel de todo el sistema.
La IA, y en particular la IA agéntica, ofrece un potencial significativo para acelerar este cambio. En el contexto del sector público, la IA agéntica puede ayudar a gestionar procesos complejos en los que participan múltiples organismos en nombre del usuario: identificar los derechos y prestaciones pertinentes, reunir información de distintos sistemas, completar pasos rutinarios dentro de límites definidos y alertar a los usuarios con antelación sobre plazos clave o eventos de vida. Con el tiempo, esto podría reducir la carga de complejidad que los usuarios perciben en su interacción con el gobierno, haciendo que los servicios se perciban como más proactivos, conectados y responsivos. Pero aprovechar este potencial depende de las mismas bases que sustentan, de manera más amplia, la entrega integrada de servicios: sistemas interoperables, una identidad digital confiable, registros claros de las acciones automatizadas y puntos significativos en los que el usuario pueda revisar, impugnar o anular lo que el sistema ha hecho. La IA amplifica el valor de unas bases sólidas, y también el riesgo de unas bases débiles.
Los servicios también deben diseñarse para garantizar la continuidad y el uso transfronterizo. La continuidad implica mantener el acceso a los servicios cuando cambian las circunstancias o aumenta repentinamente la demanda, mediante una entrega multicanal, mecanismos alternativos y la posibilidad de que los usuarios pasen de un canal a otro sin perder su avance ni repetir pasos (omnicanalidad). El funcionamiento transfronterizo implica permitir que las personas, las empresas y los bienes que cruzan fronteras accedan a los servicios de otras jurisdicciones con la misma fluidez que en su propio país. Esto requiere sistemas de identidad digital interoperables, marcos confiables de intercambio de datos y el reconocimiento mutuo de las credenciales digitales. Ambos aspectos expresan un mismo principio: servicios diseñados en torno a la situación real de las personas y no en función de la conveniencia organizacional de cada institución.
El análisis de este capítulo plantea el reto central que abordan las demás secciones de este reporte: los gobiernos han construido bases digitales reales, pero aún no las han traducido en un desempeño sistemático a nivel de todo el sistema. Las Perspectivas del Gobierno Digital de la OCDE ofrecen una evaluación exhaustiva y prospectiva de las políticas de gobierno digital en 36 miembros de la OCDE y 8 países candidatos a la adhesión. A partir de los resultados del Índice de Gobierno Digital de la OCDE 2025 y del Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (OURdata), este reporte evalúa los avances y las brechas persistentes en áreas clave de la transformación digital, e identifican lo que los gobiernos deben hacer para pasar de la ambición digital al desempeño del sector público en un entorno de rápida evolución tecnológica, restricciones fiscales y confianza pública limitada.
El reporte se estructura en torno a este capítulo general y a cuatro capítulos temáticos que abarcan áreas clave de las políticas de gobierno digital:
El capítulo 2 examina cómo los países de la OCDE construyen y utilizan la infraestructura digital y los datos como bases para un gobierno más eficaz y preparado para el futuro. Revisa los avances y las brechas en el despliegue de la infraestructura pública digital, la ampliación del uso de la identidad digital y la implementación de estrategias de datos y prácticas de gestión de datos.
El capítulo 3 explora cómo los países establecen la gobernanza y la capacidad organizacional necesarias para gestionar la transformación digital. Examina los avances y los retos en la conducción del gobierno digital, la gestión de las inversiones y el desarrollo del talento y las competencias digitales para preparar a la fuerza laboral pública necesaria para llevarla a cabo.
El capítulo 4 presenta cómo los países gobiernan y adoptan la IA en el gobierno. En continuidad con el informe Governing with AI, ofrece un panorama cuantitativo de los habilitadores que los gobiernos han establecido para asegurar un uso confiable, y de los avances hacia servicios basados en IA más centrados en el usuario y responsivos.
El capítulo 5 examina cómo los países están construyendo servicios administrativos públicos centrados en las personas y proactivos en la era digital. Explora cómo los gobiernos organizan, conducen y mejoran los servicios para que las personas perciban al gobierno como fiable, integrado y fácil de utilizar.
El análisis comparativo entre países que se presenta en estas Perspectivas va acompañado de notas país para cada miembro de la OCDE y cada país candidato a la adhesión participante, en las que se expone la situación actual y se identifican las fortalezas y las áreas de mejora en aspectos críticos de las políticas de gobierno digital.
Nota: No se dispone de datos de 2025 para Alemania ni Estados Unidos. Los datos abarcan el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.
Fuente: (OCDE, 2026[2]).
Promedio de la OCDE, 2023 y 2025
Nota: Las facetas transversales evalúan el desempeño en las distintas etapas del ciclo de las políticas públicas.
Fuente: (OCDE, 2026[2]; OCDE, 2024[3]).
Nota: No se dispone de datos de 2025 para Dinamarca, Hungría ni Estados Unidos. Los datos abarcan el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.
Fuente: (OCDE, 2026[2]).
Nota: No se dispone de datos de 2025 para Dinamarca, Hungría ni Estados Unidos. Los datos abarcan el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. Los nombres de los subpilares son: Contenido de la política de apertura por defecto (1.1), Participación de las partes interesadas en la publicación de datos (1.2), Implementación (disponibilidad de conjuntos de datos de alto valor) (1.3), Contenido de la política de acceso libre y abierto a los datos (2.1), Participación de las partes interesadas en la calidad y la exhaustividad de los datos (2.2), Implementación (accesibilidad de los conjuntos de datos de alto valor) (2.3), Iniciativas y alianzas de promoción de datos (3.1), Programas de alfabetización en datos en el gobierno (3.2), Monitoreo del impacto (3.3).
Fuente: (OCDE, 2026[2]).
Nota: Las categorías de conjuntos de datos de alto valor son definidas por la OCDE y se basan principalmente en la Carta de Datos Abiertos del G8. Los conjuntos de datos solo se consideran disponibles si son gratuitos, legibles por máquina y se ofrecen con una licencia abierta, conforme a la definición de datos abiertos de la OCDE establecida en la Recomendación sobre la Mejora del Acceso e Intercambio de Datos.
Fuente: (OCDE, 2023[5]).
Referencias
[2] OCDE (2026), “Digital Government Index and Open, Useful and Re-usable Data Index: 2025 Results and Key Findings”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 90, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6347ec74-en.
[7] OCDE (2026), “The agentic AI landscape and its conceptual foundations”, OECD Artificial Intelligence Papers, No. 56, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/396cf758-en.
[3] OCDE (2024), “2023 OECD Digital Government Index: Results and key findings”, OECD Public Governance Policy Papers, No. 44, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1a89ed5e-en.
[6] OCDE (2024), “Digital public infrastructure for digital governments”, OECD Public Governance Policy Papers, No. 68, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ff525dc8-en.
[5] OCDE (2023), “2023 OECD Open, Useful and Re-usable data (OURdata) Index: Results and key findings”, OECD Public Governance Policy Papers, No. 43, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a37f51c3-en.
[1] OCDE (2020), “The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a digital government”, OECD Public Governance Policy Papers, No. 2, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en.
[8] OCDE (próximamente), Governing with [Agentic] Artificial Intelligence, OECD Publishing, Paris.
[4] OCDE/BAsD (2025), Government at a Glance: Southeast Asia 2025, OECD Publishing, Paris, Banco Asiático de Desarrollo, https://doi.org/10.1787/bc89cb32-en.