Perspectivas del gobierno digital 2026

Resumen ejecutivo

Los gobiernos operan en un entorno cada vez más exigente y de cambios acelerados, marcado por la incertidumbre económica, las presiones demográficas, las crecientes expectativas de la ciudadanía y la rápida evolución tecnológica, como el avance de la inteligencia artificial (IA). Al mismo tiempo, las restricciones fiscales, el envejecimiento de la función pública y la complejidad de los procesos internos limitan la capacidad de los gobiernos para responder de manera eficaz.

El uso efectivo de las tecnologías digitales y los datos ofrece una vía fundamental para abordar muchas de estas presiones. Sin embargo, la confianza de la población en el uso que hacen sus gobiernos de los datos y las nuevas tecnologías sigue siendo frágil: solo el 52% de las personas en 30 países de la OCDE confía en que su gobierno utilice sus datos personales con “fines legítimos”. Esto pone de relieve que el progreso del gobierno digital depende no solo de la tecnología, sino también de una gobernanza sólida, de personal calificado y de salvaguardias creíbles.

Esta primera edición de las Perspectivas del gobierno digital de la OCDE evalúa los avances en materia de gobierno digital en los países miembros de la OCDE y en los países candidatos a la adhesión, e identifica dónde se requieren mayores esfuerzos, a partir de los resultados del Índice de Gobierno Digital 2025 y del Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables.

Las Perspectivas muestran que, desde el último balance realizado en 2023, los gobiernos han logrado avances significativos en la construcción de las bases del gobierno digital, incluidas las infraestructuras compartidas, los sistemas interoperables y los marcos de datos abiertos. El reto ahora es ir más allá de estas bases para generar un impacto transformador para las personas y las empresas. Esto incluye subsanar brechas importantes en varias áreas, como las capacidades institucionales, los mecanismos de gobernanza y las competencias de la función pública.

Las Perspectivas destacan cuatro áreas prioritarias para la próxima fase del gobierno digital:

Pasar de las bases a sistemas interoperables ampliamente adoptados y a un mayor intercambio de datos

Los países de la OCDE han logrado avances reales en la construcción de las bases digitales del gobierno. Los sistemas centrales e interoperables, como las plataformas de intercambio de datos, la identidad digital, los portales digitales únicos y la infraestructura en la nube, están hoy ampliamente disponibles. Estas bases facilitan que las distintas partes del gobierno trabajen de manera conjunta, respondan con rapidez y operen con mayor eficiencia. El reto ahora es garantizar que estos sistemas se adopten más ampliamente y se utilicen de manera eficaz en todas las instituciones para generar beneficios visibles, como interacciones más simples y eficientes entre las personas y el gobierno. Esto implica, por ejemplo, que la identidad digital sea fácil de usar y confiable para que más personas la adopten, así como mejorar la calidad y el intercambio de los datos en poder del gobierno para que puedan reutilizarse de forma eficaz. Las normas de privacidad y seguridad son prácticamente universales en la OCDE, pero las prácticas operativas de gestión de datos necesarias para asegurar la calidad de los datos, la interoperabilidad y un intercambio confiable aún no avanzan al mismo ritmo. Actualmente, solo el 63% de las instituciones públicas de los países de la OCDE, en promedio, comparte datos dentro del gobierno a través de su sistema nacional de interoperabilidad de datos, un componente fundamental de un gobierno proactivo y responsivo. Aprovechar mejor las bases existentes también favorecerá un uso confiable de la IA y ayudará a los gobiernos a prestar servicios públicos más integrados y centrados en las personas.

Fortalecer la inversión y las competencias para generar impacto

Los países de la OCDE avanzan de manera sostenida en la forma en que planifican y financian la transformación digital. La mayoría ya evalúa los proyectos digitales antes de su inicio, dispone de financiamiento específico para tecnologías digitales y ofrece orientaciones claras sobre cómo adquirirlas. Estos pasos son importantes, pero gran parte del impacto potencial aún no se materializa. Los gobiernos que financian los proyectos digitales por etapas, aprendiendo de lo que funciona y construyendo a partir de ello, están en mejores condiciones de adaptarse a las nuevas tecnologías, reorientar los recursos hacia áreas de alto impacto y evitar quedar atrapados en errores costosos. Del mismo modo, una evaluación más sólida es esencial: solo uno de cada cuatro países evalúa sistemáticamente si los proyectos digitales finalizados produjeron los resultados prometidos. Cerrar esta brecha ayudaría a los gobiernos a aprender de esta experiencia, mejorar las decisiones futuras y demostrar a los contribuyentes que los recursos públicos se utilizan bien. Las competencias digitales en el sector público son igualmente fundamentales; sin embargo, solo seis países de la OCDE cuentan con una estrategia específica para desarrollar las competencias digitales de los funcionarios públicos. Sin las personas adecuadas, a los gobiernos les resulta difícil supervisar el uso responsable de la IA, gestionar relaciones complejas con los proveedores de tecnología y sostener las reformas digitales a largo plazo. Por lo tanto, un enfoque más estratégico del talento digital es una condición básica para convertir la inversión digital en valor público duradero.

Escalar la adopción de una IA confiable en el gobierno

En casi todos los países de la OCDE, la IA ya se utiliza en al menos un área del gobierno, y la mayoría ha establecido estrategias, órganos de supervisión y programas de capacitación específicos para apoyar su adopción. Esto marca un cambio importante de la experimentación hacia una integración incipiente y sitúa a los gobiernos en una posición sólida para la próxima fase. La prioridad ahora es crear las condiciones que permitan a la IA ofrecer resultados fiables a escala. Se necesita una capacitación más focalizada para funciones específicas en los servicios públicos y en la formulación de políticas, donde el nivel de preparación sigue siendo bajo. Un apoyo más práctico para la contratación pública de IA – disponible actualmente en poco más de la mitad de los países de la OCDE – ayudaría a los gobiernos a gestionar mejor a los proveedores, aclarar la propiedad de los datos y controlar los costos a largo plazo. Reforzar las salvaguardias antes y después de la implementación de los sistemas de IA, junto con registros abiertos de algoritmos, puede fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, que son esenciales para la confianza pública. Sobre todo, los gobiernos deben invertir en la medición de resultados: dado que solo el 28% de los países evalúa sistemáticamente el impacto del uso de la IA, muchos carecen de la evidencia necesaria para distinguir los pilotos prometedores de las soluciones que están listas para desplegarse en todo el sector público.

Ofrecer servicios públicos más integrados y centrados en el usuario

Los países de la OCDE han logrado avances sólidos en el establecimiento de estándares de servicio para todo el gobierno, en una participación más sistemática de los usuarios y en la inversión en la entrega de servicios digitales. Estos esfuerzos constituyen un buen punto de partida; sin embargo, para asegurar que se traduzcan en experiencias mejores y más fiables para las personas y las empresas, los gobiernos deben aplicar los estándares de servicio en decisiones habituales, como la aprobación de presupuestos y los procesos de rediseño de servicios. Solo el 28% de los países de la OCDE mide sistemáticamente la complejidad y carga que los servicios imponen a los usuarios, lo que sugiere que la participación de los usuarios debería ampliarse para llegar a quienes enfrentan mayores barreras. Los resultados de la participación de los usuarios deberían alimentar la mejora continua: fortalecer los ciclos de retroalimentación es esencial para comprender qué funciona, identificar los obstáculos a tiempo y hacer de las mejoras centradas en el usuario una práctica habitual y no una iniciativa puntual. Las autoridades de gobierno digital también desempeñan un papel fundamental en la mejora de la coordinación entre organismos y ministerios, al conectar los canales de servicio y compartir de forma segura los datos que conectan diferentes prestadores de servicios, lo que evita que los usuarios tengan que proporcionar la misma información en repetidas ocasiones. Una mayor integración e intercambio de datos pueden permitir servicios más proactivos que anticipen las necesidades antes de que las personas tengan que solicitarlos, reduciendo aún más el tiempo y el esfuerzo.