Fortalecer la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores

3. La reputación como garantía de la independencia de las EFS

Resumen

La reputación de una entidad fiscalizadora superior (EFS), basada en las percepciones que se tienen de su conducta, profesionalismo y la calidad y el impacto de su labor, constituye una garantía fundamental de su independencia. Cuando una EFS es considerada sistemáticamente como una institución confiable, objetiva y receptiva, se vuelve más resiliente a las presiones externas y menos vulnerable a los intentos de cuestionar o menospreciar su mandato. Una sólida reputación también refuerza la capacidad de la EFS para comunicar sus conclusiones de manera eficaz, influir en los procesos de rendición de cuentas y colaborar de manera constructiva con las partes interesadas. En este capítulo, se recurre al marco de la OCDE sobre los Factores de Confianza en las Instituciones Públicas para analizar cómo el refuerzo de las competencias y valores de una EFS podría contribuir a fortalecer la confianza institucional.

3.1. La reputación de una EFS es una garantía clave de su independencia

A lo largo del Proyecto Global, los datos recopilados muestran claramente que la reputación institucional desempeña un papel fundamental como mecanismo informal que refuerza las garantías constitucionales y legales de la independencia de las EFS. La reputación y la independencia se refuerzan mutuamente: una reputación sólida refuerza la independencia, mientras que una independencia sólida contribuye a su vez a forjar y mantener la reputación institucional.

Los resultados indican que una reputación positiva genera dos beneficios clave para las EFS:

• Mayor apoyo de las partes interesadas: Los legisladores, las organizaciones de la sociedad civil y los donantes tienden a promover la defensa de la EFS cuando su independencia está en peligro, siempre y cuando esta goce de confianza y tenga una buena reputación.

• Disuasión de la influencia política: Los intentos de los actores políticos de influir en la independencia de la EFS o de disminuirla tienen un mayor costo reputacional, lo cual genera un efecto disuasorio.

Los datos del Proyecto Global y las conclusiones extraídas de los casos del SIRAM sugieren una trayectoria recurrente en la que los esfuerzos por socavar la reputación de una EFS suelen preceder a medidas destinadas a destituir a sus dirigentes, introducir reformas legales que reduzcan su autonomía o imponer restricciones presupuestarias. Este patrón parece confirmar que una sólida reputación institucional actúa, de facto, como un factor protector de la independencia. Por su parte, los resultados de las investigaciones sugieren que cuanto más confía la gente en una organización del sector público, mejor califican su reputación (Lock and Jacobs, 2025[1]). Por lo tanto, estas conclusiones, consideradas en su conjunto, resaltan la importancia estratégica que tiene para las EFS fomentar y proteger activamente la confianza que los ciudadanos y las partes interesadas depositan en ellas.

El Marco de la OCDE sobre los Factores de Confianza en las Instituciones Públicas (2021) ofrece un modelo estructurado para explicar qué factores determinan la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y cómo los gobiernos pueden actuar sobre esos factores determinantes (Brezzi et al., 2021[2]). Además de los factores socioeconómicos, las preferencias y actitudes políticas, así como las percepciones de la ciudadanía sobre la capacidad de los gobiernos para abordar los desafíos intergeneracionales a largo plazo, el marco identifica dos categorías amplias e interrelacionadas de factores relacionados con la gobernanza pública: la competencia y los valores. La competencia se refiere a si se considera que las instituciones son capaces de cumplir con sus mandatos de manera receptiva y confiable. Los valores, por el contrario, se refieren a si se considera que las instituciones se rigen por principios tales como la transparencia, la integridad y la equidad. Por lo tanto, la confianza no solo depende del desempeño, sino también de los valores que guían sus acciones y decisiones.

Dada la fuerte interdependencia entre la confianza y la reputación (Lock and Jacobs, 2025[1]), este marco ofrece una perspectiva útil para comprender cómo las EFS pueden fortalecer su reputación trabajando para ganar y mantener la confianza que los ciudadanos depositan en ellas mediante esfuerzos deliberados. Aunque el Marco de la OCDE sobre los Factores de Confianza en las Instituciones Públicas no se elaboró específicamente para las EFS, no deja de ofrecer una visión coherente de los factores que pueden fomentar la confianza. En lugar de dar por sentado que la confianza se deriva automáticamente de su mandato, las EFS pueden adoptar medidas deliberadas y sistemáticas, en consonancia con el marco, para fortalecer su nivel de credibilidad.

Las percepciones extraídas de los datos recopilados para este informe sugieren que la confianza de los ciudadanos y de las partes interesadas en una EFS se centra en nueve factores clave que explican la reputación institucional de la EFS y reflejan directamente los aspectos básicos del marco de la OCDE: la competencia y los valores. En el caso de las EFS, la competencia se refiere principalmente a la calidad técnica de su labor, su independencia respecto a las prioridades de política pública y el impacto de sus fiscalizaciones. Los valores se reflejan en la medida en que las EFS predican con el ejemplo, demostrando integridad, transparencia y rendición de cuentas, pero también equidad en su propia gobernanza y en sus operaciones. La Tabla ‎3.1 relaciona estos nueve factores (columna de la derecha), identificados en el contexto del Proyecto Global, con el Marco de la OCDE sobre los Factores de Confianza en las Instituciones Públicas. Esta relación ofrece una base estructurada para identificar recomendaciones concretas sobre prácticas institucionales que las EFS pueden implementar con el fin de reforzar y mantener la confianza pública. Las recomendaciones se desarrollarán con más detalle en las siguientes secciones de este capítulo.

Tabla ‎3.1. Marco de la OCDE sobre los factores de confianza en las instituciones públicas aplicado a las prácticas de las EFS y a los resultados en materia de reputación

Marco de la OCDE	Factores asociados que influyen en la reputación de las EFS (según las percepciones de las partes interesadas)
Competencias	Confiabilidad	Realiza sistemáticamente fiscalizaciones de alta calidad basadas en documentación justificativa, conforme a su mandato. Publica informes de manera oportuna. Da seguimiento sistemáticamente a las recomendaciones. Demuestra un rigor metodológico en concordancia con las Normas Internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores (ISSAI) o las normas nacionales.	Factor 1: Las EFS llevan a cabo su labor de manera consistente, conforme a las normativas, sin ajustarse a las prioridades del gobierno.
			Factor 2: La medida en que los informes de fiscalización generan un impacto tras su publicación, ya sea reforzando la rendición de cuentas pública o impulsando mejoras en el desempeño del gobierno.
	Capacidad de respuesta	Adapta los temas de fiscalización a los riesgos emergentes (por ejemplo, el cambio climático, la digitalización o el gasto en situaciones de crisis). Incorpora las perspectivas de las partes interesadas cuando corresponde. Garantiza que los informes aborden temas de gran interés público sin dejar de preservar la independencia.	Factor 3: La medida en que los temas de auditoría se seleccionan mediante procesos transparentes, equilibrados y con fundamento jurídico que reflejen las prioridades nacionales y, cuando proceda, las perspectivas de las partes interesadas.
			Factor 4: La capacidad de la EFS para considerar los datos históricos de auditoría como un activo nacional. Las partes interesadas señalan que el uso eficaz de los resultados de auditoría acumulados aumenta la relevancia estratégica de la EFS y refuerza su contribución a la resolución de los retos sistémicos.
Valores	Apertura	Publica informes de auditoría, resúmenes y conjuntos de datos accesibles. Comunica sus conclusiones con claridad al poder legislativo y al público. Explica las metodologías de auditoría. Divulga de forma proactiva información sobre el desempeño de sus propias operaciones.	Factor 5: Predica con el ejemplo en materia de prácticas de transparencia.
			Factor 6: La disposición de la EFS a colaborar con las partes interesadas y a tener en cuenta sus prioridades y perspectivas, en lugar de actuar de forma aislada.
			Factor 7: La capacidad de la EFS para proteger la claridad y la neutralidad de sus conclusiones de fiscalización en contextos políticamente delicados o polarizados mediante una comunicación pública eficaz.
	Integridad	Mantiene sólidos marcos éticos internos, garantías de independencia, controles de conflictos de intereses y códigos profesionales. Predica con el ejemplo en materia de rendición de cuentas y lucha contra la corrupción.	Factor 8: La EFS predica con el ejemplo al respetar estrictamente las normas éticas a nivel interno, incluidos sus propios procesos internos.
	Equidad	Selecciona las fiscalizaciones conforme a criterios de riesgo objetivos. Realiza las fiscalizaciones de manera imparcial y libre de influencias políticas. Garantiza el debido proceso para las entidades sujetas a fiscalización. Reporta sus conclusiones sin sesgos ni favoritismos.	Factor 9: La capacidad de la EFS para gestionar las interacciones informales con las entidades fiscalizadas de manera que se fomente el entendimiento y la cooperación, se garantice un trato consistente para todas las entidades fiscalizadas y se preserve la imparcialidad profesional.
			Factor 3: La medida en que los temas de auditoría se seleccionan mediante procesos transparentes, equilibrados y con fundamento jurídico que reflejen las prioridades nacionales y, cuando proceda, las perspectivas de las partes interesadas.

Fuente: Adaptado de (Brezzi et al., 2021[2]) a partir de las conclusiones del Proyecto Global de la OCDE-IDI.

3.2. Cómo pueden las EFS fortalecer su confiabilidad y capacidad de respuesta

La competencia de las EFS, que se refleja en su confiabilidad y capacidad de respuesta, es un factor central que influye en la confianza que depositan en ellas las partes interesadas y los ciudadanos. Para las EFS, estas dimensiones van más allá del desempeño técnico; determinan cómo se percibe y se vive la independencia en la práctica. Incluso cuando existen sólidas garantías legales, la independencia de facto de una EFS puede verse debilitada si su labor se percibe como inconsistente, lenta, desconectada de los riesgos emergentes o carente de relevancia estratégica.

La confiabilidad puede fortalecer la confianza al demostrar que la EFS aplica su mandato de manera consistente y profesional a lo largo del tiempo. La capacidad de respuesta puede reforzar la confianza al demostrar que la institución se mantiene atenta a los cambiantes desafíos en materia de gobernanza y a las expectativas de la sociedad, al tiempo que preserva su objetividad e independencia. En conjunto, estas dimensiones influyen en que las partes interesadas consideren a la EFS como una institución creíble y relevante. Por lo tanto, las siguientes recomendaciones se centran en fortalecer la confiabilidad y la capacidad de respuesta de la EFS como pilares de la confianza pública sostenida y de su independencia de facto.

3.2.1. Para fortalecer la confiabilidad de su labor, las EFS podrían mejorar la aplicación de las normas internacionales y las buenas prácticas para el seguimiento de las recomendaciones de fiscalización y la garantía de una comunicación institucional consistente y transparente

La confiabilidad es fundamental para mantener la confianza en la labor de una EFS. Refleja el grado en que las partes interesadas perciben a la EFS como una institución consistente, metodológicamente rigurosa y con una base profesional sólida en el cumplimiento de su mandato. Cuando las prácticas de fiscalización se mantienen estables a lo largo de los ciclos políticos y se ajustan a normas reconocidas, la EFS demuestra que su labor se rige por criterios técnicos y no por las prioridades de la política pública de turno. Esta consistencia también refuerza las percepciones relacionadas con la equidad y la imparcialidad, que se analizarán en la sección siguiente.

La confiabilidad también depende de la credibilidad y del impacto de los resultados de las fiscalizaciones a lo largo del tiempo. La aplicación consistente de las normas internacionales, junto con un seguimiento sistemático y transparente de las recomendaciones de fiscalización, es señal de madurez institucional y rendición de cuentas. Al integrar las buenas prácticas reconocidas en la ejecución de las fiscalizaciones y en los procesos posteriores a estas, las EFS pueden demostrar su independencia técnica, garantizar la continuidad de su labor y reforzar la confianza del poder legislativo, de las entidades fiscalizadas y de la ciudadanía. Por lo tanto, las recomendaciones que figuran a continuación se centran en fortalecer estos pilares de confiabilidad.

Las EFS podrían reforzar la aplicación sistemática y visible de las Normas Internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores (ISSAI) para demostrar su independencia técnica y su consistencia profesional a lo largo de los ciclos políticos

A partir de los datos recopilados, los miembros de la legislatura, el ámbito académico y las organizaciones de la sociedad civil observaron que las EFS operan dentro de dos ciclos que se superponen: el ciclo del mandato del titular de la EFS y el ciclo electoral nacional más amplio. En este contexto, las partes interesadas hicieron hincapié en que la forma más eficaz de garantizar la independencia es que las EFS demuestren continuamente su naturaleza técnica. Esto implica basar las decisiones en requisitos legales, estándares profesionales y procedimientos establecidos, en lugar de en prioridades gubernamentales o consideraciones políticas. Las partes interesadas destacaron que un sólido enfoque técnico es sinónimo de confiabilidad y que las decisiones de las EFS no se ven condicionadas por consideraciones políticas.

Para demostrar un compromiso creíble hacia este enfoque técnico, es necesario cumplir de manera visible y consistente con las normas técnicas. De hecho, los legisladores, los directivos de las EFS y los académicos hicieron énfasis en la importancia de que las EFS demuestren que su labor de fiscalización y sus actividades jurisdiccionales se rigen por normas reconocidas internacionalmente que no se ven influidas por orientaciones políticas nacionales. En particular, se consideró que el cumplimiento de las ISSAI constituye un factor estabilizador, que contribuye a que las prácticas de fiscalización sean consistentes y confiables, incluso cuando hay cambios en los gobiernos y en las agendas políticas.

Por lo tanto, las EFS podrían establecer como prioridad estratégica el fortalecimiento continuo de su capacidad para aplicar las ISSAI dentro del marco de su mandato legal. Esto puede incluir el desarrollo de las competencias del personal mediante capacitaciones específicas, la mejora de las metodologías de auditoría, el establecimiento de mecanismos de control de calidad internos y la participación en revisiones de pares o en iniciativas de intercambio de conocimientos. Estas medidas contribuirán a garantizar una aplicación consistente de las normas internacionales y reforzarían la percepción de confiabilidad técnica y credibilidad de la EFS. Herramientas como el Marco de Medición del Desempeño de las EFS (SAI PMF) también pueden ayudar a las EFS a evaluar y fortalecer su aplicación de las normas internacionales (véase el Recuadro ‎3.1). Por su parte, los mecanismos externos de revisión de pares, cuyo objetivo es someter a evaluación las propias prácticas de una EFS con el fin de aprender y mejorar, pueden constituir un compromiso creíble que demuestre tanto a las partes interesadas internas (el personal de la EFS) como a las externas que la EFS se toma en serio la mejora continua de sus capacidades técnicas.

Recuadro ‎3.1. SAI PMF: Una herramienta para evaluar la aplicación de las normas internacionales

El Marco de Medición del Desempeño de las EFS (SAI PMF) es una herramienta reconocida a nivel mundial desarrollada por la INTOSAI para ayudar a las EFS a evaluar la eficacia con la que aplican los Principios de la INTOSAI, las ISSAI y otras prácticas internacionales recomendadas. Ofrece una metodología basada en documentación justificativa para evaluar el desempeño institucional, identificar fortalezas y debilidades, y comparar las prácticas con los estándares internacionales.

Las evaluaciones del Marco de Medición del Desempeño de las EFS (SAI PMF) son voluntarias, y la decisión de llevarlas a cabo y publicarlas recae en la cabeza de cada EFS. Muchas EFS optan por publicar sus evaluaciones como parte de su compromiso con la transparencia. Por ejemplo, las de Costa Rica, Albania y Nigeria han publicado informes sobre el SAI PMF, en los que se muestra cómo sus prácticas de fiscalización se ajustan a los estándares internacionales e identifican áreas susceptibles de mejora.

Al documentar el grado de aplicación de las ISSAI en la práctica, el SAI PMF puede ayudar a las EFS a fortalecer la consistencia profesional y a demostrar de forma clara que su labor se basa en normas técnicas reconocidas.

La IDI apoya la implementación mediante la impartición de capacitación, la orientación, el control de calidad y actualizaciones del marco.

Fuente: Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI).

El cumplimiento de las ISSAI también debe ser visible para las partes interesadas externas. Referenciar explícitamente las normas aplicables en los informes de auditoría, comunicar de forma transparente las decisiones metodológicas y explicar cómo los estándares internacionales guían las decisiones de fiscalización puede reforzar la percepción de profesionalismo y neutralidad.

Al incorporar y aplicar de manera visible estándares reconocidos internacionalmente, entre otras cosas mostrando su apertura a someterse a revisiones externas por parte de sus pares, las EFS demuestran que su labor se basa en criterios técnicos y no en consideraciones políticas, y que están comprometidas con la mejora continua. Esta consistencia a lo largo de los ciclos electorales y de liderazgo refuerza la credibilidad institucional, garantiza la independencia y contribuye a una reputación institucional resiliente.

Las EFS podrían establecer y mantener procesos sólidos, sistemáticos y transparentes para dar seguimiento a las recomendaciones de auditoría, con el fin de reforzar su credibilidad, eficacia y contribución a la rendición de cuentas del sector público

Las partes interesadas consultadas para el Proyecto Global expresaron en repetidas ocasiones su preocupación por lo que ocurre tras la publicación de un informe de auditoría. Estas preocupaciones se deben a varios factores:

• Visibilidad limitada: Los informes de auditoría suelen ganar visibilidad únicamente a través de la cobertura mediática centrada en la controversia, la cual puede verse influida por narrativas políticas y puede tergiversar las conclusiones.

• Viabilidad de las recomendaciones: Las entidades fiscalizadas señalaron que algunas recomendaciones son difíciles de implementar, lo que resalta la importancia de incorporar sus perspectivas durante la formulación de las conclusiones y recomendaciones para mejorar la viabilidad y el compromiso.

• Falta de claridad en las funciones: Algunas partes interesadas señalaron que existe cierta confusión entre las funciones de escrutinio legislativo y los mecanismos de seguimiento de la EFS.

• Resultados recurrentes: Los testimonios indicaron que ciertas deficiencias se repiten año tras año, lo cual pone en duda la eficacia del seguimiento y la capacidad de respuesta de las entidades fiscalizadas.

• Información limitada: En algunos casos, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los medios de comunicación señalaron que no existe información clara ni públicamente disponible sobre el estado de las recomendaciones u otras medidas derivadas de los informes de auditoría.

Las EFS podrían establecer y mantener procesos sólidos, sistemáticos y transparentes para dar seguimiento a las recomendaciones de auditoría, con el fin de reforzar su credibilidad, eficacia y contribución a la rendición de cuentas del sector público Por ejemplo, las EFS podrían considerar el uso de conocimientos sobre el comportamiento para mejorar la forma en que se formulan, priorizan y comunican las recomendaciones, de modo que resulten más fáciles de entender, más prácticas y con mayores probabilidades de ser aplicadas por las entidades fiscalizadas. Por ejemplo, la OCDE ha respaldado la aplicación de conocimientos sobre el comportamiento con el fin de potenciar el impacto de la EFS de Chile (OCDE, 2022[3]).

Con este fin, las EFS podrían prestar especial atención a los siguientes elementos:

• Calidad y pertinencia de las recomendaciones: Las recomendaciones de fiscalización deben ser viables, estar claramente vinculadas a las causas fundamentales identificadas y orientadas a un seguimiento medible.

• Transparencia y rendición de cuentas: Las EFS podrían mantener sistemas de información confiables y actualizados para hacer un seguimiento del estado de las recomendaciones, incluidos los avances en su aplicación y los resultados obtenidos. Cuando así lo permitan las disposiciones legales, esta información podría hacerse pública para mejorar la transparencia, facilitar la supervisión legislativa y fortalecer la rendición de cuentas de las entidades fiscalizadas.

• Dotación de recursos adecuados para las actividades de seguimiento: Las EFS podrían destinar recursos humanos y financieros suficientes a las actividades de seguimiento. Esto puede incluir la creación de unidades de seguimiento específicas, que pueden estar a cargo del equipo de fiscalización responsable, o la realización de fiscalizaciones de seguimiento para evaluar si las recomendaciones se han aplicado de manera efectiva y si han logrado los resultados previstos. Véase el Recuadro ‎3.2 que muestra el caso de Austria y el Recuadro ‎3.3 que ilustra la experiencia de Liberia.

Recuadro ‎3.2. Aumentar el impacto mediante el seguimiento: Tribunal de Cuentas de Austria (ACA)

El Tribunal de Cuentas de Austria (ACA) monitorea y mejora el impacto de su labor mediante un proceso estructurado de evaluación de resultados y seguimiento, centrado en la aplicación de sus recomendaciones de auditoría. El proceso sigue un enfoque en dos fases:

• Seguimiento de las recomendaciones: El ACA solicita a las entidades fiscalizadas que informen sobre el estado de aplicación de las recomendaciones formuladas durante el año anterior. El estado de implementación se clasifica en cuatro categorías: implementado, parcialmente implementado, prometido o no implementado. Esta fase se basa principalmente en la información facilitada por las entidades fiscalizadas.

• Fiscalizaciones de seguimiento in situ: A partir de esta consulta de seguimiento, el ACA lleva a cabo fiscalizaciones específicas en el sitio para verificar la aplicación de las recomendaciones seleccionadas. Estas fiscalizaciones de seguimiento se basan en el análisis de riesgos: la selección se centra en las recomendaciones que se consideran más críticas o que presentan un mayor riesgo de aplicación incompleta. Se publican como informes independientes.

Fuente: Recopilado por la OCDE y la IDI a partir de entrevistas.

Recuadro ‎3.3. Fortalecimiento del seguimiento de las fiscalizaciones: la Comisión General de Auditoría (GAC) de Liberia introduce un mecanismo específico de seguimiento

En 2022, la GAC creó una unidad específica de seguimiento de auditorías para monitorear la aplicación de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría publicados. Esto supuso un gran avance hacia el seguimiento sistemático y la colaboración con las entidades gubernamentales fiscalizadas, con el fin de acelerar las medidas correctivas y fortalecer la rendición de cuentas.

La unidad de seguimiento, integrada por personal capacitado, elaboró políticas, sistemas de documentación y herramienta tales como registros de auditoría y planes de medidas correctivas para facilitar la colaboración con las entidades fiscalizadas.

En sus primeras actividades, que comenzaron a finales de 2022, la unidad se puso en contacto con decenas de entidades fiscalizadas para aclarar expectativas e iniciar procesos estructurados de seguimiento.

La GAC publicó en julio de 2024 su primer informe de seguimiento sobre la aplicación de las recomendaciones de auditoría, en el que se aborda el estado de la aplicación en 48 entidades y 181 informes de auditoría. El informe clasificó las recomendaciones en "totalmente aplicadas", "parcialmente aplicadas", "no aplicadas" o "no aplicadas debido a restricciones presupuestarias", una clasificación diseñada para distinguir entre la falta de esfuerzo y la falta de recursos.

Fuente: Recopilado por la OCDE y la IDI a partir de entrevistas.

3.2.2. Las EFS podrían mejorar su capacidad de respuesta asegurándose de que los temas, las conclusiones y las recomendaciones de fiscalización sean oportunos, pertinentes y estén en consonancia con los riesgos emergentes y las cuestiones de interés público, al tiempo que utilizan sistemáticamente los datos de auditoría para fundamentar tanto la supervisión como el análisis

Mantener la relevancia estratégica en un entorno de gobernanza en rápida evolución es un factor clave para preservar la confianza en una EFS. Las partes interesadas esperan que las EFS no solo cumplan su mandato de manera consistente, sino que también se mantengan atentas y receptivas ante los riesgos emergentes, los cambios en el panorama de las políticas públicas y las cuestiones de gran interés público. Cuando el trabajo de fiscalización refleja los retos actuales y futuros, la EFS demuestra que su función de supervisión es significativa y está en consonancia con las necesidades sociales, sin dejar de basarse en su mandato legal.

La capacidad de respuesta también depende de la capacidad de la institución para utilizar estratégicamente los conocimientos acumulados. El uso sistemático de los datos, conclusiones y recomendaciones de auditoría puede convertir los informes individuales en una visión más amplia de la supervisión, el análisis y la previsión. Al seleccionar los temas de fiscalización mediante procesos transparentes y objetivos, y aprovechando las labores anteriores para identificar patrones y riesgos sistémicos, las EFS pueden reforzar su contribución a los debates sobre gobernanza pública sin comprometer su independencia. Por lo tanto, las recomendaciones que figuran a continuación tienen por objeto fortalecer la oportunidad, la pertinencia y la orientación estratégica de la labor de fiscalización como dimensiones clave de la capacidad de respuesta.

Las EFS podrían garantizar que la selección de sus temas de fiscalización se base de manera demostrable en requisitos legales, criterios objetivos y metodologías transparentes, con el fin de reforzar la percepción de independencia y criterio profesional

Las EFS difieren en cuanto al grado de discrecionalidad del que disponen a la hora de seleccionar los temas de fiscalización. Algunas operan en el marco de mandatos legales de fiscalización muy detallados, con un margen limitado para la toma de decisiones discrecionales, mientras que otras cuentan con amplias facultades para determinar la mayor parte de su programa de auditoría anual. En todo caso, las partes interesadas consultadas consideraron de manera consistente que la selección de temas era un indicador fundamental de la independencia de las EFS. La elección de los temas de auditoría pone de manifiesto ante los gobiernos, los poderes legislativos, la sociedad civil y los medios de comunicación el grado de criterio técnico y autónomo que ejerce la EFS.

Los legisladores, las OSC y los representantes de los medios de comunicación señalaron que la independencia también se refleja en la forma en que las EFS abordan tanto los problemas coyunturales como los estructurales. Los temas coyunturales son aquellos que dominan el debate público en un momento dado y atraen una gran atención mediática. Algunas de las partes interesadas consultadas, especialmente en los medios de comunicación, valoraron que las EFS aportaran datos oportunos, objetivos y técnicamente sólidos para alimentar el debate público sobre estos temas. Al mismo tiempo, otras partes interesadas destacaron de manera consistente que el tratamiento de los problemas coyunturales debe ir acompañado de una atención sostenida a las cuestiones estructurales que son fundamentales para la sociedad, como la educación, la salud o la seguridad, incluso cuando estos temas a veces reciben menos atención inmediata por parte de los medios de comunicación.

Por lo tanto, el plan de fiscalización anual o el programa de trabajo de la EFS podrían elaborarse sobre la base de una metodología clara y documentada, que suele fundamentarse en un enfoque de evaluación de riesgos. Cuando sea necesario realizar ajustes al plan, estos deberán justificarse, documentarse y comunicarse de manera transparente. También se recomienda recabar aportaciones de las partes interesadas externas para elaborar el plan de auditoría anual.

Además, las EFS deberían publicar su plan de fiscalización anual o sus programas de trabajo. La publicación podría incluir, cuando corresponda, plazos orientativos para la realización de las fiscalizaciones y la presentación o remisión previstas de los informes de auditoría. Véase el Recuadro ‎3.4, donde se toma el caso de Australia como ejemplo.

Recuadro ‎3.4. Programa anual de trabajo de auditoría: Oficina Nacional de auditoría de Australia (ANAO)

La Oficina Nacional de Auditoría de Australia (ANAO) publica un programa anual de trabajo de auditoría para describir el alcance previsto de las fiscalizaciones en todo el sector del gobierno australiano. El programa refleja la estrategia de auditoría de la ANAO, informa al Parlamento, a las entidades gubernamentales y a la ciudadanía, y anticipa los riesgos y desafíos emergentes que afectan a la administración pública. Si bien la general tiene la facultad de realizar fiscalizaciones más allá del programa publicado, el programa de trabajo ofrece un plan estructurado para la rendición de cuentas y la supervisión.

• Proceso de desarrollo: El programa de trabajo de auditoría anual se elabora mediante un proceso de varias etapas diseñado para identificar las prioridades de auditoría, garantizar una cobertura equilibrada y promover la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua.

• Análisis del entorno: La ANAO supervisa la actividad del gobierno, las tendencias y los riesgos, incluidos los asuntos de interés legislativo, las operaciones de las entidades y los resultados de fiscalizaciones anteriores. También considera temas transversales como la gobernanza, la cultura ética, el liderazgo, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y la ciberseguridad, la transformación digital, la medición del desempeño y las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

• Desarrollo del tema: Los posibles temas de auditoría se determinan en función del riesgo, el impacto, la importancia, la relevancia, la fiscalidad y la cobertura anterior. Los temas tienen como objetivo identificar aquellas áreas en las que las fiscalizaciones pueden aportar información valiosa, mejorar la rendición de cuentas y contribuir al desempeño del sector público.

• Consulta: Los informes preliminares de los temas se comparten con el Comité Conjunto de Cuentas Públicas y auditoría (JCPAA), los comités legislativos pertinentes, las entidades del gobierno australiano, otras partes interesadas y el público en general, con el fin de definir las prioridades de auditoría.

• Revisión de la cobertura: Las fiscalizaciones propuestas se examinan para garantizar una cobertura equilibrada en todas las carteras, las actividades de la administración pública (gobernanza, prestación de servicios, adquisición pública, subvenciones, elaboración de políticas, reglamentación, gestión de activos y gestión financiera), las etapas de aplicación y los objetivos de auditoría (eficiencia, eficacia, economía y ética).

• Finalización del programa: El programa de trabajo de auditoría anual se completa y publica, lo que aporta transparencia a las fiscalizaciones previstas y, al mismo tiempo, permite que la general mantenga la flexibilidad necesaria para responder a cuestiones emergentes.

Fuente: Recopilado por la OCDE y la IDI a partir de entrevistas.

Al mismo tiempo, se podría garantizar la independencia de las EFS a lo largo de todo el proceso de selección de temas de fiscalización. Cuando el marco legal no exija una aprobación formal, la selección de los temas de auditoría no podrá estar sujeta a un respaldo o validación informal por parte del poder ejecutivo o del poder legislativo. Cualquier interacción con estos actores en relación con la selección de los temas de fiscalización debe estar claramente definida, ser transparente y limitarse al intercambio de información o a la consulta, de conformidad con el mandato de la EFS.

En este contexto, las EFS también podrían establecer reglas claras y transparentes para atender las solicitudes de auditoría procedentes de actores externos, en particular de los miembros del poder legislativo. En ocasiones, estas solicitudes pueden formar parte de dinámicas políticas más amplias o utilizarse como instrumentos en el marco de disputas políticas. Como se mencionó en el Capítulo 2, es por lo tanto esencial contar con procesos transparentes y basados en normas para gestionar estas solicitudes, a fin de garantizar la independencia.

Las EFS podrían aprovechar los datos, las conclusiones y las recomendaciones que se recogen en sus informes de auditoría para desarrollar perspectivas tanto analíticas como prospectivas

Las EFS, los órganos legislativos y los donantes coincidieron en que los datos históricos de auditoría y, en algunos casos, incluso la información año tras año, constituyen una valiosa fuente de información que puede utilizarse para informar a una amplia gama de partes interesadas. Según los testimonios recopilados, el uso sistemático de esta evidencia acumulada demuestra consistencia, continuidad y confiabilidad a lo largo del tiempo. Las partes interesadas también destacaron que esta perspectiva a largo plazo refuerza el carácter estructural de la labor de la EFS y aporta estabilidad más allá de los ciclos políticos.

Los informes de fiscalización constituyen una fuente de información estructurada y comparable que puede analizarse para identificar patrones recurrentes, tendencias y deficiencias sistémicas en el funcionamiento del sector público. Tales análisis pueden aportar una perspectiva más profunda, lo que le permite a las EFS comprender mejor las causas raíz de las observaciones recurrentes y los problemas estructurales persistentes, incluidas las deficiencias en los sistemas de control interno, los mecanismos de gobernanza o los marcos legales y normativos que puedan requerir una reforma. Diferentes enfoques y prácticas en materia de análisis y prospectiva se recogen en el informe de la OCDE "Entidades Fiscalizadoras Superiores y Buena Gobernanza": Supervisión, Análisis y Prospectiva" (OCDE, 2016[4]). Véase el Recuadro ‎3.5 para obtener información sobre el uso de datos de fiscalización para fortalecer los procesos de control interno en Sudáfrica.

Recuadro ‎3.5. Guías de control preventivo del Órgano de auditoría General de Sudáfrica

El Órgano de auditoría General de Sudáfrica (AGSA) ha elaborado guías de control preventivo como parte de su estrategia de análisis para abordar las deficiencias recurrentes en los controles internos identificadas a través de su labor de auditoría. Las guías tienen por objetivo ayudar a las entidades fiscalizadas a fortalecer sus controles internos y reducir la recurrencia de las observaciones de auditoría.

Las guías de control preventivo abarcan áreas clave tales como la gestión financiera, la gestión de la cadena de suministro, la información sobre el desempeño y el cumplimiento de la legislación. Describen controles esenciales de prevención y de detección, definen las responsabilidades de la dirección y las estructuras de supervisión, y ofrecen información práctica sobre cómo diseñar e implementar dichos controles en las instituciones públicas.

Estas guías se distribuyen a las entidades fiscalizadas y se utilizan como material de referencia para impulsar mejoras en los entornos de control interno. Complementan las actividades de fiscalización del AGSA, poniendo a disposición información de auditoría en un formato estructurado que las instituciones pueden utilizar para subsanar las brechas de control de manera continua.

Fuente: Recopilado por la OCDE y la IDI a partir de entrevistas.

Las pruebas de auditoría también pueden respaldar un enfoque prospectivo. El análisis agregado de los resultados de las fiscalizaciones puede ayudar a identificar riesgos, vulnerabilidades y amenazas emergentes que puedan afectar la sostenibilidad, la eficiencia o la integridad de áreas específicas del sector público, políticas públicas o programas. Esta aportación con miras al futuro puede servir de base para los procesos de elaboración de presupuestos, el escrutinio legislativo y los debates sobre políticas, sin dejar de ser consistente con los mandatos y la independencia de las EFS.

Para poner en práctica los enfoques basados en el análisis y la previsión, las EFS podrían promover una cultura institucional que considere la información de fiscalización como un valioso recurso analítico. Para ello, puede ser necesario fortalecer las capacidades analíticas, así como las herramientas y los métodos de gestión de datos que permitan recopilar y analizar de forma sistemática los resultados de auditoría en todas las entidades, sectores y a lo largo del tiempo. Para muchas EFS, los informes anuales de desempeño o de actividades constituyen una forma adecuada y legítima de presentar análisis transversales, tendencias y riesgos emergentes de manera clara y accesible. Consúltese el Recuadro ‎3.6 para ver el ejemplo del Reino Unido.

Recuadro ‎3.6. Uso de los resultados de las fiscalizaciones para la difusión de las buenas prácticas: Oficina Nacional de auditoría del Reino Unido (NAO)

La Oficina Nacional de auditoría del Reino Unido (NAO) desempeña un papel importante no solo a la hora de exigir responsabilidades al gobierno, sino también a la hora de identificar y difundir buenas prácticas y lecciones aprendidas en todo el ámbito gubernamental. Basándose sistemáticamente en los datos obtenidos de sus fiscalizaciones y de su labor en materia de optimización de recursos, la NAO comparte sus conclusiones para contribuir a la mejora continua de la administración pública.

Un mecanismo clave para ello es la publicación de informes temáticos y guías de buenas prácticas sobre cuestiones transversales que son relevantes para todos los departamentos y organismos independientes. Estos productos sintetizan las conclusiones de múltiples fiscalizaciones y están diseñados para que los responsables políticos, los altos funcionarios y los profesionales puedan acceder a las lecciones aprendidas y ponerlas en práctica.

Por lo general, los informes de buenas prácticas de la NAO se estructuran en torno a:

• Una descripción clara del tema, en la que se explica por qué este es importante para el valor público y el desempeño del gobierno.

• Identificación de desafíos comunes en todos los departamentos, en base a las deficiencias recurrentes observadas en la labor de fiscalización.

• Lecciones y principios para mejorar, en los que se destacan los aspectos que han funcionado bien en la práctica y cómo las organizaciones gubernamentales pueden fortalecer sus acuerdos.

Un ejemplo ilustrativo es el trabajo de la NAO sobre el uso de consultores en el gobierno. La NAO identificó riesgos relacionados con el uso eficiente de los recursos, brechas relacionadas con las capacidades y sobredependencia en los conocimientos externos. Su informe recoge las conclusiones extraídas para los departamentos sobre temas como:

• Definir con mayor claridad la necesidad comercial de contar con consultores.

• Fortalecer las capacidades internas en materia de gestión comercial y de proyectos.

• Mejorar la supervisión del gasto en consultoría.

• Asegurar que los conocimientos y las habilidades se transfieran de vuelta a la organización.

Para facilitar su aplicación, la NAO complementó el informe con una guía práctica de prácticas recomendadas, en la que se ofrecen consejos concretos y herramientas que las organizaciones pueden adaptar a su propio contexto.

Fuente: (UK NAO, n.d.[5]).

3.3. Cómo pueden las EFS fortalecer su apertura, integridad y equidad

La salvaguarda de la independencia de las EFS no solo depende de garantías legales formales, sino también de los valores que rigen su conducta en la práctica. La apertura, la integridad y la equidad configuran la forma en que las partes interesadas de la EFS perciben su independencia. Incluso cuando existen sólidas garantías constitucionales de protección, las faltas éticas, los conflictos de intereses no gestionados o las prácticas opacas pueden socavar la credibilidad.

La apertura puede reforzar la confianza en las instituciones públicas al garantizar la transparencia en cuanto a cómo se usan los recursos, cómo se llevan a cabo las fiscalizaciones y cómo se comunican los resultados; mientras que la participación proactiva de las partes interesadas reduce las interpretaciones erróneas y la información engañosa. La integridad fortalece la confianza al permitir que los fiscalizadores, los miembros de las EFS que participan en actividades jurisdiccionales y los dirigentes aborden los dilemas éticos, los conflictos de intereses y las influencias indebidas con imparcialidad, con el respaldo de marcos internos y garantías sólidos. La equidad en las interacciones con las entidades fiscalizadas y con las partes interesadas, a través de procedimientos consistentes y de la gestión transparente de cualquier participación informal, refuerza la neutralidad y el profesionalismo. Por lo tanto, las siguientes recomendaciones se centran en integrar estos valores esenciales en la práctica, mejorar la transparencia, reforzar las garantías de integridad y asegurar una participación estructurada e imparcial, con el objeto de mejorar la confianza del público y fortalecer la independencia de facto.

Las EFS podrían cumplir con sus responsabilidades legales en materia de transparencia y adoptar un enfoque proactivo hacia la apertura, incluyendo la publicación sistemática de información clave, una comunicación clara con las partes interesadas y el público, y mecanismos de participación para responder a las preguntas y evitar la difusión de información engañosa

La apertura proactiva y la capacidad de responder a las solicitudes de acceso a la información permiten a la EFS dar a conocer su labor y hacerla comprensible para las partes interesadas, yendo más allá de los requisitos legales mínimos de transparencia. Al publicar información de manera sistemática, explicar los procesos de fiscalización o las actividades jurisdiccionales y hacer participar a las partes interesadas, la EFS puede contribuir a garantizar que los resultados de las fiscalizaciones se interpreten correctamente y se apliquen de manera eficaz. Esta apertura también refuerza la resiliencia de la EFS frente a los riesgos reputacionales, al favorecer una comunicación coherente y coordinada. En consonancia con la Recomendación de la OCDE sobre la Integridad de la Información, estos esfuerzos contribuyen a fomentar un entorno informativo preciso, confiable y digno de confianza, lo que refuerza la confianza del público en las instituciones de fiscalización.

Este enfoque reduce el riesgo de malas interpretaciones o de información engañosa y permite a las partes interesadas ver cómo los resultados de la auditoría contribuyen a mejorar la gobernanza pública. Fortalecer la comunicación y la transparencia de esta manera refuerza la credibilidad de la EFS y respalda su función independiente en el sistema de rendición de cuentas.

Las EFS podrían fortalecer sus prácticas de transparencia para mejorar la rendición de cuentas y la apertura

Los testimonios de las partes interesadas indican que cada vez se espera más que las EFS demuestren apertura y transparencia en dos aspectos principales: la difusión de su labor y el uso de sus propios recursos. Destacaron la necesidad de una mayor claridad en cuanto a los fundamentos sobre los que las EFS basan sus decisiones, particularmente en situaciones en las que existe un margen de discrecionalidad en la interpretación de su mandato o sus facultades.

Las partes interesadas subrayaron, además, que se espera que las EFS cumplan todos los requisitos legales de transparencia aplicables a las instituciones públicas en lo que respecta a la gestión de sus propios recursos. Los miembros de las EFS destacaron de manera consistente que este cumplimiento básico podría complementarse con una transparencia proactiva, mediante la cual las EFS divulguen voluntariamente información que vaya más allá de las obligaciones legales mínimas, por ejemplo, sobre gastos operativos, adquisiciones y acuerdos de gobernanza.

Sin embargo, en algunos contextos institucionales, especialmente en el caso de los órganos colegiados y EFS con funciones jurisdiccionales, las partes interesadas señalaron que las deliberaciones internas pueden estar protegidas por la ley para garantizar la independencia. Los miembros de las EFS consultados para este informe señalaron casos en los que los políticos solicitan a las EFS que aumenten la transparencia, incluida la divulgación de documentos de trabajo y deliberaciones internas, especialmente en los órganos colegiados. En la mayoría de los casos, estas solicitudes no están permitidas por el marco legal y tienen por objeto cuestionar el criterio profesional de las EFS o evaluarlo desde una perspectiva política. En estos casos, la independencia podría verse amenazada.

Por lo tanto, las EFS podrían evaluar periódicamente el cumplimiento de sus responsabilidades legales en materia de transparencia, tanto en lo que respecta al proceso de fiscalización (por ejemplo, el plan estratégico, el plan de auditoría/programa de trabajo anual, los informes de auditoría, la información sobre el seguimiento de las recomendaciones y conclusiones) como a sus operaciones (estados financieros fiscalizados, salarios y gastos operativos). Esta evaluación podría incluir la confiabilidad de los sistemas en los que se genera la información, incluidos los riesgos relacionados con la consistencia y la confiabilidad. La evaluación podría realizarse sobre la base del INTOSAI P-20 (Recuadro ‎3.7) y la legislación nacional sobre transparencia y acceso a la información pública.

Recuadro ‎3.7. INTOSAI-P 20: Transparencia y rendición de cuentas de las entidades fiscalizadoras superiores

El INTOSAI-P 20 establece una serie de principios destinados a orientar a las EFS en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en sus operaciones y comunicaciones, respetando al mismo tiempo los requisitos legales y de confidencialidad. Estos principios animan a las EFS a poner a disposición del público información sobre su mandato, organización, procesos de fiscalización y resultados, así como a comunicar las conclusiones de las fiscalizaciones de forma clara y comprensible.

El INTOSAI-P 20 también hace hincapié en la participación de las partes interesadas, entre ellas los poderes legislativos, las entidades fiscalizadas, los medios de comunicación y la ciudadanía; y pide a las EFS actuar con transparencia en lo que respecta a su propia gobernanza y al uso de recursos. En conjunto, estos principios fomentan la confianza pública y refuerzan el papel de las EFS en los marcos de rendición de cuentas y de gobierno abierto.

Fuente: (INTOSAI Framework of Professional Pronouncements, 2013[6]).

Además, en consonancia con la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública y la Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto, las EFS pueden promover la integridad y la rendición de cuentas mediante la adopción de prácticas de transparencia proactivas que vayan más allá de los requisitos legales mínimos de divulgación. Esto puede incluir facilitar el acceso a los datos que respaldan las conclusiones de la auditoría, en formatos que permitan su reutilización.

Las EFS también pueden utilizar materiales redactados en lenguaje sencillo y herramientas de participación de las partes interesadas para facilitar la comprensión del público y permitir un uso significativo de la información de fiscalización por parte de la ciudadanía, la sociedad civil y la academia, respetando al mismo tiempo la confidencialidad y las restricciones legales.

La transparencia proactiva debe aplicarse de manera proporcionada y centrada en el usuario, en consonancia con los mandatos constitucionales de las EFS. La información debe presentarse en formatos que sean fáciles de entender y accesibles para una amplia gama de partes interesadas, incluidos el poder legislativo, la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía, respetando al mismo tiempo los requisitos de confidencialidad. La divulgación de información que pueda utilizarse para cuestionar el criterio profesional del personal de las EFS o para evaluarlo desde una perspectiva política puede suponer un riesgo para la independencia de las EFS. Véase el Recuadro ‎3.8 donde se muestra el caso de México en materia de transparencia proactiva.

Recuadro ‎3.8. Mejorar la transparencia y el acceso a la información de auditoría: el Sistema Público de Consulta de Auditorías de México

La Auditoría Superior de la Federación de México (ASF) ha desarrollado el Sistema Público de Consulta de Auditorías (SPCA) como una plataforma digital central para ofrecer un acceso abierto y estructurado a la información de auditoría.

El sistema permite a los usuarios (incluidos los legisladores, funcionarios públicos, organismos de supervisión, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y ciudadanos) consultar los resultados de las auditorías de forma transparente y fácil de usar. Recopila la información procedente de las actividades de auditoría de la ASF y la presenta en un formato que permite realizar búsquedas, lo que contribuye a que el público comprenda mejor cómo se utilizan y supervisan los recursos públicos.

Las características clave del sistema incluyen:

• Acceso público a los resultados de las auditorías, incluida la información sobre las entidades auditadas, los tipos de auditoría, las conclusiones y las recomendaciones.

• Herramientas de búsqueda y filtros que permiten a los usuarios identificar las auditorías por sector, nivel de gobierno, entidad auditada o ejercicio fiscal.

• Registro de las observaciones y de las medidas de seguimiento, el cual facilita la supervisión de la respuesta de las entidades auditadas a las conclusiones de la auditoría.

• Presentación estandarizada de la información que facilita la comparación temporal y entre auditorías.

Fuente: (ONUDD et al., 2020[7])

Las EFS podrían implementar mecanismos estructurados para la participación de las partes interesadas internas y externas

A partir de esfuerzos proactivos de transparencia y comunicación, la participación estructurada de las partes interesadas permite a las EFS pasar de una divulgación unidireccional a un diálogo significativo. Si bien la publicación de información mejora la visibilidad, los mecanismos de participación permiten a las EFS comprender mejor las expectativas de las partes interesadas, los riesgos emergentes en materia de gobernanza y sus percepciones sobre el desempeño institucional. Esta interacción bidireccional fortalece la relevancia, la legitimidad y el arraigo social de la labor de fiscalización, al tiempo que contribuye a garantizar que las conclusiones se entiendan y utilicen de manera eficaz. Cuando se diseña cuidadosamente y se cuenta con las garantías adecuadas, la participación de las partes interesadas refuerza la confianza pública y respalda la independencia de facto de la EFS, al demostrar en la práctica apertura, capacidad de respuesta y criterio profesional.

Participación de partes interesadas externas

En sus testimonios, las OSC, el ámbito académico y los órganos legislativos manifestaron que valoran que las EFS les consulten a la hora de elaborar estrategias institucionales, seleccionar temas de auditoría o identificar formas de mejorar los marcos operativos y legales de las EFS. Se consideró que tal participación contribuía a una cobertura de fiscalización más pertinente, a una mayor armonización con las prioridades de interés público y a una mayor responsabilidad respecto a los resultados de la fiscalización.

Los directores de las EFS y de las OSC también hicieron hincapié en la importancia de las relaciones con los actores internacionales. Los testimonios indicaron que los donantes, los organismos de la INTOSAI y otras organizaciones internacionales deberían considerarse dentro del panorama de partes interesadas, con el fin de facilitar el intercambio de información, experiencias y expectativas. También se señaló que la colaboración con actores globales puede contribuir a la promoción internacional de la independencia de las EFS, especialmente en contextos en los que esta pueda verse amenazada.

Por lo tanto, las EFS podrían establecer mecanismos de participación estructurados para identificar las expectativas relativas a sus operaciones, las percepciones sobre las áreas que requieren mejoras, los desafíos nacionales y las cuestiones emergentes o con plazos concretos que sean relevantes. Las estrategias de participación podrían inspirarse en las Directrices de la OCDE para los Procesos de Participación Ciudadana, que establecen diez pasos para diseñar, planificar, implementar y evaluar un proceso de participación ciudadana (OCDE, 2022[8]).

Tales mecanismos deben diseñarse y aplicarse de manera que se preserve la independencia y la objetividad de las EFS, con salvaguardas que garanticen que las aportaciones de las partes interesadas aporten a las decisiones institucionales, pero no las determinen. Consúltese el Recuadro ‎3.9 para ver el ejemplo de Marruecos.

Recuadro ‎3.9. Acuerdos de coordinación del Tribunal de Cuentas dentro del ecosistema de rendición de cuentas de Marruecos

El Tribunal de Cuentas del Reino de Marruecos ha formalizado acuerdos de coordinación con varias instituciones que forman parte del ecosistema nacional de rendición de cuentas. Estas disposiciones tienen por objeto aclarar las funciones y responsabilidades institucionales, así como facilitar el intercambio de información y conocimientos entre los organismos de supervisión pública.

Los mecanismos de cooperación incluyen, en particular, a las instituciones encargadas del control externo e interno, a las autoridades judiciales y a otros organismos públicos con mandatos relacionados con la rendición de cuentas, la integridad y la lucha contra la corrupción. El Tribunal de Cuentas ha establecido marcos formales, entre los que se incluyen acuerdos y protocolos de cooperación, que definen las modalidades de colaboración, el intercambio de datos y la consulta mutua, respetando al mismo tiempo los mandatos legales y la independencia de cada institución.

Estos acuerdos de coordinación favorecen la circulación de la información y los resultados de las fiscalizaciones, contribuyen a una mejor comprensión de las funciones respectivas de cada institución y facilitan el seguimiento de las observaciones y recomendaciones de fiscalización. Al formalizar las interacciones dentro del ecosistema de rendición de cuentas, el Tribunal de Cuentas pretende reforzar la consistencia de las prácticas de supervisión y mejorar el funcionamiento general de los mecanismos de rendición de cuentas pública en Marruecos.

Fuente: Misión de investigación.

Las EFS podrían adoptar un enfoque estructurado para la participación de las partes interesadas definiendo los objetivos, el alcance, el calendario y los recursos necesarios para las actividades de participación. Esto incluye identificar a los grupos de partes interesadas pertinentes, especificar el tipo de información que se recopilará y evaluar cómo una serie de perspectivas externas puede contribuir a los procesos de planificación y priorización. A la hora de identificar a los grupos de partes interesadas pertinentes, se debe tener en cuenta a la comunidad de la INTOSAI, a socios para el desarrollo como el Banco Mundial y el FMI, así como a organizaciones internacionales. Véase el Recuadro ‎3.10 que muestra el ejemplo de Nueva Zelanda en lo que respecta a la participación de las partes interesadas a nivel internacional.

Recuadro ‎3.10. Participación de las partes interesadas a través del apoyo entre pares dentro de la comunidad de la INTOSAI

La EFS de Nueva Zelanda y la Oficina de Auditoría de las Islas Cook mantienen una relación de cooperación centrada en el apoyo entre pares y el desarrollo de capacidades. Esta cooperación se lleva a cabo mediante acuerdos bilaterales y en el marco de los organismos regionales de las EFS del Pacífico.

La Oficina del Auditor General de Nueva Zelanda brinda apoyo técnico e institucional a la Oficina de Auditoría de las Islas Cook mediante actividades estructuradas entre pares. Estas actividades se diseñan sobre la base de planes de trabajo acordados y se centran en tales como las metodologías de auditoría, los procesos de garantía de calidad y el desarrollo institucional.

Esta forma de cooperación se ha incorporado ahora también al enfoque de la Asociación de entidades fiscalizadoras superiores del Pacífico (PASAI), tal y como se establece en la Estrategia de la PASAI para 2024-2034. El uso cada vez mayor de este enfoque entre los países miembros desarrollados y en desarrollo de la PASAI ofrece una plataforma regional para la colaboración, el intercambio de conocimientos y las iniciativas coordinadas de desarrollo de capacidades. A través de la PASAI, además de sus dos alianzas de apoyo entre pares (Islas Cook y Samoa), la EFS de Nueva Zelanda también contribuye a programas regionales que promueven la calidad de las fiscalizaciones, la puntualidad de las auditorías financieras y el diálogo sobre los marcos institucionales y legales que afectan a las EFS.

La colaboración entre Nueva Zelanda y las Islas Cook también fomenta la participación en debates regionales e internacionales, incluidos los intercambios relacionados con la independencia de las EFS y el papel de la promoción externa en la salvaguarda de los mandatos institucionales.

Fuente: Misión de investigación.

Participación interna y liderazgo inclusivo

La participación de las partes interesadas también tiene una importante dimensión interna. Muchos representantes de las EFS destacaron la importancia de las prácticas de liderazgo inclusivo, en particular el uso de mecanismos informales que permitan al personal aportar comentarios y compartir sus perspectivas sobre las prioridades estratégicas y otras cuestiones relevantes que deba abordar la EFS. Se consideró que estos enfoques contribuían a fortalecer el diálogo interno, a aumentar la participación del personal y a que la toma de decisiones a nivel directivo se basara en información más sólida.

Se podrían llevar a cabo mecanismos de participación interna de forma periódica, dejando clara su frecuencia y tiempos. Los directores de las EFS podrían fomentar un liderazgo inclusivo estableciendo mecanismos formales e informales que permitan al personal aportar comentarios y compartir sus perspectivas sobre las prioridades estratégicas y las cuestiones organizativas clave.

Las EFS podrían fortalecer su capacidad para prevenir y hacer frente a la difusión de información engañosa adoptando un enfoque proactivo, centrado en el público y colaborativo en materia de comunicación pública

En las respuestas a los cuestionarios, así como durante las visitas a los países y a los talleres de trabajo, los directivos de las EFS señalaron la aparición de una cultura política cada vez más marcada por incentivos a corto plazo; es decir, los actores políticos pueden priorizar los resultados inmediatos y visibles o los beneficios personales y partidistas por encima de la consistencia de las políticas a largo plazo, la integridad institucional o la toma de decisiones basada en evidencia. Las partes interesadas consultadas describieron un entorno caracterizado por rápidas dinámicas de comunicación impulsadas por las redes sociales, un espacio reducido para la creación de consenso y una creciente tendencia a priorizar los beneficios individuales o partidistas por encima de la integridad institucional.

Una consecuencia clave de este contexto, según los testimonios de las partes interesadas, es la creciente difusión tanto de información engañosa (es decir, información falsa compartida sin intención de engañar) como de desinformación (es decir, información falsa creada o difundida deliberadamente con el fin de engañar) sobre las conclusiones de los informes de auditoría. Las partes interesadas consultadas señalaron que tales distorsiones de información afectan al debate público, tergiversan el mandato y las limitaciones de las EFS y generan expectativas poco realistas sobre lo que pueden aportar los procesos de fiscalización. Además, exponen a las EFS a críticas injustificadas, lo que puede debilitar su prestigio institucional y aumentar su vulnerabilidad ante reformas legales con motivaciones políticas, presiones presupuestarias o intentos de destituir a los dirigentes de las EFS.

Además, en todos los países era habitual escuchar que el espacio cívico en la esfera política está disminuyendo. Las partes interesadas consultadas señalaron que el papel de las organizaciones de la sociedad civil en los debates sobre políticas públicas se está reduciendo y observaron una creciente influencia del gobierno sobre los medios de comunicación tradicionales. Según los testimonios de las partes interesadas, estos cambios dificultan que las instituciones de supervisión, incluidas las EFS, se comuniquen de manera eficaz con la ciudadanía, contrarresten los discursos engañosos y garanticen que las conclusiones de las fiscalizaciones y los resultados de las actividades jurisdiccionales se entiendan en su contexto adecuado.

Por lo tanto, las EFS podrían fortalecer su capacidad para prevenir y hacer frente a la información engañosa que rodea su labor adoptando un enfoque proactivo, centrado en el público y colaborativo en materia de comunicación pública. Consúltese el Recuadro ‎3.11 para ver el ejemplo de Noruega.

Recuadro ‎3.11. Comunicación y difusión de los resultados de la auditoría: El caso de la EFS de Noruega

La Oficina Nacional de Auditoría de Noruega cuenta con una estrategia para comunicar los resultados de su labor a los entornos profesionales pertinentes, donde las conclusiones pueden tener repercusiones prácticas. Las conferencias, presentaciones y reuniones de diálogo son canales fundamentales para esta difusión. Esto contribuye a aumentar la presencia y a mejorar la reputación de la EFS entre los distintos grupos.

En consonancia con la política de comunicación, el Auditor General y los representantes del departamento de auditoría presentan sus conclusiones, comparten enfoques metodológicos y participan en debates con los públicos pertinentes de todo el país.

Estas actividades respaldan el objetivo de la Oficina Nacional de Auditoría de promover la transparencia, facilitar la transmisión de conocimientos y contribuir a mejoras a largo plazo en la gobernanza del sector público. La difusión periódica contribuye a garantizar que los resultados de la auditoría lleguen a quienes pueden actuar en consecuencia.

Fuente: Compilado por parte de la OCDE y la IDI en base a las entrevistas y revisión documental.

Las EFS podrían comunicar de forma clara, oportuna y objetiva su labor de fiscalización o sus actividades jurisdiccionales, a fin de reducir el margen para las interpretaciones erróneas o las distorsiones. Esto implica presentar los hallazgos clave en formatos accesibles y utilizar mensajes basados en información verificada.

Para reducir la difusión de contenidos engañosos, ya sea de forma intencionada o no, relacionados con la labor de fiscalización o las actividades jurisdiccionales, las EFS podrían colaborar de manera constructiva con los medios de comunicación, los actores de la sociedad civil y otros intermediarios fiables. Esta cooperación puede contribuir a reforzar la interpretación precisa de los resultados de la auditoría y, en términos más generales, a reforzar la integridad de la información.

Las EFS también podrían mantenerse atentas a las tendencias que influyen en la integridad de la información y que podrían afectar a la confianza en las instituciones públicas. Al entender mejor el entorno informativo y reaccionar con rapidez ante las inexactitudes que puedan surgir, las EFS pueden contribuir a proteger la integridad y la claridad de sus mensajes de fiscalización. El Recuadro ‎3.12 ilustra la experiencia de España.

Recuadro ‎3.12. Comunicación institucional y participación ciudadana: el Tribunal de Cuentas de España

El Tribunal de Cuentas de España ha creado una unidad de comunicación específica para gestionar su comunicación institucional y su interacción con las partes interesadas, incluidos el público y los medios de comunicación, así como para supervisar su presencia en las plataformas digitales.

El Tribunal cuenta con una unidad de comunicación encargada de aplicar su protocolo de comunicación institucional, que abarca la planificación estratégica de la comunicación, las relaciones con los medios de comunicación y la difusión pública de los resultados de las fiscalizaciones.

Esta unidad tiene como función abordar el desafío de la información engañosa mediante una estrategia consistente, gestionando las relaciones con la prensa y coordinando la difusión de la información oficial y los eventos. También supervisa el uso que hace el Tribunal de las redes sociales y los contenidos multimedia para ampliar su alcance público.

Fuente: Misiones de investigación.

3.3.2. Mediante el establecimiento de sólidos marcos internos de integridad, las EFS pueden mitigar los riesgos de influencia indebida, reforzar su credibilidad, demostrar su imparcialidad y fortalecer la confianza del público en su labor

Las partes interesadas consultadas hicieron hincapié en que, en su calidad de actores en la rendición de cuentas, se espera que las EFS prediquen con el ejemplo, demostrando un compromiso claro con la integridad y el interés público. La Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública define la integridad como "…la alineación y el respeto constantes de los valores, principios y normas éticos compartidos para defender y dar prioridad al interés público frente a los intereses privados en el sector público" (OCDE, 2017[9]).

De hecho, durante las entrevistas realizadas para este informe se señaló que garantizar la integridad en las operaciones de las EFS era un aspecto que requería mayor atención. Se destacó que la eficacia de los marcos de integridad se refleja en cómo el director de la EFS se relaciona con los actores políticos, en cómo el personal de la EFS interactúa con las entidades fiscalizadas o con los funcionarios públicos sujetos a procedimientos jurisdiccionales, así como en la consistencia y previsibilidad de las decisiones institucionales, independientemente de los ciclos electorales o la duración de los mandatos. El personal de las EFS consultadas subrayó además la importancia de identificar sistemáticamente los riesgos para la integridad y de aplicar medidas de mitigación proporcionadas, incluidos controles preventivos y mecanismos de seguimiento, con el fin de fortalecer la integridad de la organización. Hubo un amplio consenso en torno a la necesidad de establecer una distribución bien definida de las responsabilidades institucionales e individuales en materia de políticas de integridad, así como normas sólidas sobre conflictos de intereses.

Además, los testimonios también señalaron la importancia de un entendimiento constructivo de la independencia, caracterizado por una colaboración activa con otros actores institucionales sobre la base de normas claras, valores compartidos y respeto mutuo. En contraste, una interpretación menos constructiva de la independencia (entendida principalmente como el derecho a gozar de una condición privilegiada dentro del marco institucional nacional, en lugar de como una responsabilidad de generar valor público) se consideró un riesgo para la integridad.

Para mitigar los riesgos para la integridad, las EFS podrían, por lo tanto, promover una cultura organizativa de integridad dentro de sus instituciones, ofreciendo orientación y apoyo claros al personal, así como prácticas sólidas de gestión de riesgos y controles internos. El liderazgo en todos los niveles también es central para lograr la resiliencia frente a los riesgos para la integridad, para predicar con el ejemplo y para crear un ambiente de apertura en el que el personal se sienta seguro para expresar su opinión. De hecho, los líderes dan forma a la cultura organizacional, establecen prácticas éticas y se aseguran de que las decisiones institucionales respeten las leyes y los valores compartidos, y se tomen en beneficio del interés público. Los dirigentes podrían establecer y aplicar políticas de integridad prácticas que demuestren a las partes interesadas que la institución opera de manera independiente, confiable y al servicio de la sociedad. De hecho, un desempeño ético sostenible depende de mecanismos institucionales que integren la integridad y la rendición de cuentas en toda la organización. Véase el Recuadro ‎3.13 que muestra el ejemplo de Jamaica.

Recuadro ‎3.13. Generar credibilidad y confianza: El caso del Departamento del Auditor General de Jamaica

Las partes interesadas consideran en general que la Departamento del Auditor General de Jamaica (AGDJ) es una institución creíble y confiable. Su buena reputación se basa en tres factores principales: la eficacia en el cumplimiento de su mandato legal, un enfoque de fiscalización sólido, técnico y objetivo, y el consistente cumplimiento de los procedimientos y normativas establecidos.

Con el fin de predicar con el ejemplo y marcar la pauta en las interacciones informales con las entidades fiscalizadas, la auditora general de Jamaica también aplica medidas de transparencia en todas las conversaciones, reuniones e intercambios a lo largo del proceso de fiscalización. Al definir claramente las expectativas en materia de conducta ética y rendición de cuentas, el AGDJ garantiza que el personal cumpla sistemáticamente con los estándares profesionales, lo que demuestra aún más su imparcialidad y refuerza su credibilidad.

Este sólido marco ha animado a las partes interesadas externas, en particular a las organizaciones de la sociedad civil y al ámbito académico, a defender a la EFS y a respaldar su función en la rendición de cuentas pública. El personal del AGDJ también señala que la participación activa en las iniciativas de la INTOSAI ha fortalecido el prestigio profesional y la visibilidad de la institución a nivel nacional, lo que pone de relieve la importancia de contar con medidas internas estructuradas de integridad para generar confianza tanto a nivel nacional como internacional.

Fuente: Misión de investigación.

El establecimiento de un marco interno de integridad completo y coherente en las EFS puede inspirarse en la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública (OCDE, 2017[9]; OCDE, 2020[10]), y requiere, entre otras cosas:

• Elaborar de manera participativa y promover activamente un Código de Ética que sea consistente con su mandato, su independencia y su contexto operativo, y que se ajuste a las normas reconocidas internacionalmente, como la ISSAI 130 (INTOSAI Framework of Professional Pronouncements, 2019[11]).

• Aclarar las normas de integridad y ética mediante un Código de Conducta que traduzca los valores éticos en directrices claras. El Código de Conducta debe abordar las principales áreas de riesgo en materia de integridad que afectan a las EFS, entre ellas los conflictos de intereses, las políticas sobre obsequios, el uso de la información, las interacciones con las partes interesadas y el uso de los recursos públicos.

• Establecer políticas y procesos adecuados para garantizar la concienciación, el entendimiento y el cumplimiento de las normas de integridad. Esto incluye capacitación periódica y disponibilidad de orientación adaptada a las funciones y responsabilidades, comunicación clara de las expectativas en materia de integridad, compromiso de liderazgo y predicar con el ejemplo en todos los niveles.

• Las EFS podrían establecer mecanismos para identificar, evaluar y mitigar los riesgos para la integridad como parte de sus procesos de gobernanza y gestión de riesgos. Esto incluye evaluaciones periódicas de los riesgos para la integridad, medidas de mitigación proporcionadas y un seguimiento continuo para hacer frente a los riesgos emergentes.

• Las EFS podrían establecer y mantener mecanismos transparentes y bien definidos para prevenir, detectar y abordar las brechas de integridad. Estos mecanismos deberían establecer claramente los procedimientos para denunciar, investigar y responder a presuntas conductas indebidas, garantizar el debido proceso y la confidencialidad, y difundirse tanto a nivel interno como externo, según corresponda, con el fin de reforzar la rendición de cuentas y la confianza.

3.3.3. Para reforzar la equidad y la credibilidad, las EFS podrían establecer políticas transparentes para gestionar las interacciones informales entre los fiscalizadores y entidades fiscalizadas

Las partes interesadas del poder ejecutivo con las que se consultó destacaron que una comunicación consistente y transparente es esencial para garantizar que las entidades fiscalizadas sientan que se les trata de manera justa. Se espera que dicha comunicación contribuya al buen funcionamiento de los aspectos formales del proceso de fiscalización, incluyendo la forma en que se gestionan las aportaciones de las entidades fiscalizadas durante la auditoría y la forma en que se les comunican los informes preliminares o finales.

Las partes interesadas consultadas también hicieron especial énfasis en el papel que desempeñan las interacciones informales (como las conversaciones breves, las llamadas telefónicas o las reuniones ocasionales) que complementan los procedimientos formales. Los miembros de las EFS señalaron que, si bien estos intercambios pueden facilitar la coordinación práctica, también pueden poner en riesgo la percepción de neutralidad e independencia de los fiscalizadores si no se gestionan con cuidado.

Por lo tanto, para reforzar la equidad en sus interacciones con las entidades fiscalizadas, las EFS podrían considerar las siguientes medidas:

• La aplicación sistemática de las Normas Internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores (ISSAI), que proporcionan un marco común para la calidad de la fiscalización, la consistencia, el criterio profesional y la comunicación eficaz a lo largo de todo el proceso de fiscalización.

• Procedimientos claros y estandarizados para comunicar los resultados de la auditoría a las entidades fiscalizadas, incluyendo documentación formal (por ejemplo, actas de las reuniones de comunicación de resultados) y oportunidades estructuradas para que las entidades fiscalizadas puedan formular comentarios sobre las conclusiones.

• Políticas sobre las comunicaciones formales e informales con las entidades fiscalizadas. Esta política debería incluir, en consonancia con el marco de integridad de la EFS y las disposiciones legales aplicables, los requisitos relativos a las reuniones, las llamadas y otros intercambios informales entre los fiscalizadores y las entidades fiscalizadas.

• Mecanismos para recibir comentarios de las entidades fiscalizadas, respaldados por medidas de protección que garanticen que dichos comentarios se utilicen para el aprendizaje institucional y la mejora de los procesos, sin riesgo de consecuencias negativas para la entidad fiscalizada.

Referencias

[2] Brezzi, M. et al. (2021), “An updated OECD framework on drivers of trust in public institutions to meet current and future challenges”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 48, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/b6c5478c-en.

[11] INTOSAI Framework of Professional Pronouncements (2019), ISSAI - 130 - Code of Ethics, IFPP, https://www.issai.org/pronouncements/issai-130-code-of-ethics/ (accessed on 26 February 2026).

[6] INTOSAI Framework of Professional Pronouncements (2013), INTOSAI-P - 20 - Principles of Transparency and Accountability, IFPP, https://www.issai.org/pronouncements/intosai-p-20-principles-of-transparency-and-accountability/ (accessed on 20 February 2026).

[1] Lock, I. and S. Jacobs (2025), “Drivers of Reputation and Legitimacy of a Highly Visible Public Sector Organization: Surveying Citizens’ Perceptions”, Corporate Reputation Review, https://doi.org/10.1057/s41299-025-00230-9.

[3] OCDE (2022), Enhancing the Oversight Impact of Chile’s Supreme Audit Institution: Applying Behavioural Insights for Public Integrity, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/1afdc85e-en.

[8] OCDE (2022), OECD Guidelines for Citizen Participation Processes, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/f765caf6-en.

[10] OCDE (2020), Manual de la OCDE sobre Integridad Pública, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/8a2fac21-es.

[9] OCDE (2017), “Recommendation of the Council on Public Integrity”, OECD Legal Instruments, OECD/LEGAL/0435, OCDE, París, http://www.oecd.org/gov/ethics/Recommendation-Public-Integrity.pdf.

[4] OCDE (2016), Entidades Fiscalizadoras Superiores y el buen gobierno: Supervisión, información y visión, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/9789264280625-es.

[7] ONUDD et al. (2020), International Practices to measure, monitor and evaluate corruption levels and anti-corruption policies, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/unodc/doc/UNODC_AnticorruptionPolicies_CorruptionCases_Indicators_ENG.pdf (accessed on 29 April 2026).

[5] UK NAO (n.d.), Insights, National Audit Office, United Kingdom, https://www.nao.org.uk/insights/ (accessed on 20 February 2026).