Este capítulo reconoce que el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía comparten la responsabilidad de promover una cultura de integridad. Para fomentar este sentido de responsabilidad compartida, el capítulo presenta recomendaciones para fortalecer la educación para la integridad en todos los niveles, promover un compromiso nacional con la integridad, fortalecer la participación y el control social, e involucrar de manera proactiva al sector privado en la construcción de una cultura de integridad.
Estudio de la OCDE sobre integridad en la República Dominicana
Implementar una visión estratégica para la integridad pública y anticorrupción
Resumen
La integridad es una responsabilidad compartida entre la institucionalidad estatal y la sociedad en su conjunto. Cada persona, organización de la sociedad civil, académica y empresarial tiene un papel activo e incluso una corresponsabilidad en la consolidación de una cultura de integridad en la República Dominicana (OCDE, 2017[1]).
El involucramiento de la ciudadanía como actor central es un requisito para cualquier estrategia que busque fomentar una cultura de integridad pública. Por un lado, la ciudadanía es la que puede vigilar el cumplimiento de las políticas y las decisiones en esta materia. Por otro lado, también le corresponde una responsabilidad directa de cumplir en su cotidianidad con las normativas de integridad. Ninguna reforma o intervención pública será efectiva mientras la población mantenga una tolerancia hacia la violación de las normas de integridad, pague sobornos, evada impuestos, reciba beneficios por clientelismo, o cualquier otra actividad que use de manera irregular los recursos públicos. De igual forma ocurre con las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las empresas, las cuales tienen la responsabilidad compartida de fomentar la integridad pública, especialmente si se considera que estos actores interactúan a diario con los servidores públicos, desempeñan un papel fundamental en la definición de la agenda pública y tienen el poder de influir en la toma de decisiones públicas.
La Recomendación de la OECD sobre Integridad Pública adopta un enfoque de responsabilidad compartida, según el cual los países pueden promover una cultura de integridad pública al asociarse con el sector privado, la sociedad civil y las personas, en particular (OCDE, 2017[1]):
Implicando a las partes interesadas relevantes en el desarrollo, la actualización periódica y la implementación del sistema de integridad pública.
Concientizando a la sociedad de los beneficios de la integridad pública y reduciendo la tolerancia a las infracciones de las normas de integridad en el sector público, y desarrollando, cuando proceda, campañas que promuevan la educación cívica en materia de integridad pública, entre las personas físicas y, en particular, en los centros educativos.
Involucrando al sector privado y a la sociedad civil en los beneficios complementarios derivados de la defensa de la integridad en actividades tanto comerciales como no lucrativas, beneficiándose de las lecciones aprendidas con la implementación de buenas prácticas.
Varios esfuerzos recientes en la República Dominicana están alineados con este objetivo. Por ejemplo, la inclusión de la competencia fundamental de ética y ciudadanía en el currículo del sistema educativo, el fomento de programas de cumplimiento en el sector privado, el lanzamiento a finales de 2025 del programa "Ciudadanos al 100” por parte del Ministerio de Educación (MINERD), cuyo propósito es fortalecer la ética, moral cívica y valores patrios en estudiantes, y otros avances documentados a lo largo de este capítulo. A pesar de estos esfuerzos, es necesario continuar promoviendo una cultura de integridad en el conjunto de la sociedad. Esto incluye hacer frente a desafíos relacionados con una extendida cultura de tolerancia a la corrupción y con la necesidad de fortalecer niveles de formación en valores de integridad.
Las recomendaciones que se brindan en este capítulo están dirigidas a enfrentar los más importantes retos de integridad de la sociedad dominicana. Para esto, se pretende fortalecer acciones en curso o construir sobre la institucionalidad actual.
Este capítulo está estructurado en cuatro secciones. La primera aborda la necesidad de fortalecer la educación en integridad en todos los niveles, desde la temprana edad hasta la universidad, como una forma para lograr, a mediano y largo plazo, un cambio de comportamiento, una participación ciudadana activa y una mayor cultura de integridad. La segunda sección está dirigida a todos los dominicanos, destacando la necesidad de fomentar una cultura de integridad y de combatir la tolerancia hacia la corrupción y el clientelismo, como base indispensable para respaldar los esfuerzos del gobierno en materia de integridad y anticorrupción. La tercera área busca promover la confianza entre las personas, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de gobierno mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana y la implementación efectiva de los mecanismos de participación existente. La cuarta y última área está dirigida al sector productivo dominicano y su compromiso con la implementación, promoción y supervisión de las medidas de integridad, así como con la prevención de los riesgos de corrupción en sus relaciones con el sector privado.
La Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública insta a los países a sensibilizar a la sociedad sobre los beneficios de la integridad pública, reducir la tolerancia frente a las violaciones de las normas de integridad pública y llevar a cabo campañas para promover la educación cívica en materia de integridad pública entre la ciudadanía y, en particular, en las escuelas (OCDE, 2017[1]).
Construir una cultura de integridad en la sociedad requiere educar a las nuevas generaciones (OCDE, 2018[2]). Los conocimientos, las habilidades y los comportamientos que niños y jóvenes adquieren hoy moldearán el futuro de su país y les permitirán promover la integridad pública, un elemento esencial para prevenir la corrupción (OCDE, 2018[2]). Para fomentar los estándares de integridad pública desde una edad temprana y a lo largo de las distintas etapas educativas, es fundamental involucrar al sistema educativo (OCDE, 2018[2]). Por ello, la participación del sector educativo de la República Dominicana es esencial para impulsar un cambio cultural sostenible a lo largo del tiempo. La educación para la integridad busca promover comportamientos éticos y brindar a niños y jóvenes las herramientas y los conocimientos necesarios para rechazar la corrupción y cuestionar las normas sociales que permiten su persistencia. Así mismo, puede contribuir a generar nuevas normas sociales y un entendimiento compartido sobre los comportamientos esperados para prevenir la corrupción, además de concientizar a la ciudadanía, desde una edad temprana, sobre su papel y responsabilidad en la promoción de la integridad (OCDE, 2018[2]).
Desde la Constitución Política dominicana (artículo 63 numeral 13) se establece la importancia y obligación de la educación en integridad: “Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica” (Gobierno de la República Dominicana, 2010[3]).
A pesar de esto, la implementación en la práctica de la educación en integridad presenta desafíos. En 2009 y 2016, la República Dominicana fue parte de una evaluación internacional de los aprendizajes en Educación Cívica y Ciudadana. En ambos informes, el país obtuvo la calificación más baja de los países que participaron, sin ningún cambio significativo entre ambos años. El estudio concluye que “los estudiantes con ocho años de escolaridad exhiben pobres conocimientos sobre civismo y ciudadanía. Sin embargo, muchas de sus actitudes son alentadoras (…) Los datos muestran que a mayor quintil socioeconómico se experimentan mejores resultados. (…) La mayoría de estudiantes nunca ha participado en un proceso electivo dentro del centro. Los pocos que participan lo hacen en actividades artísticas y de ecología” (Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Académico, 2016[4]).
En 2023, el MINERD llevó a cabo la más reciente adecuación curricular. Como parte de esta adecuación, se incluyó, para todo el sistema educativo preuniversitario dominicano, una serie de competencias fundamentales transversales que permiten conectar todo el currículo y que son consideradas como esenciales para el desarrollo pleno e integral del ser humano. Una de las competencias fundamentales es la “Ética y Ciudadanía”. Así, para cada área curricular (por ej. lengua española, matemática, ciencias sociales, entre otras) y cada uno de los grados, se desarrollan competencias específicas, contenidos e indicadores de logro como mediadores para el logro de esta competencia fundamental “Ética y Ciudadanía”. Por ejemplo:
Lengua española, Nivel Secundario. 2ndo grado: Utiliza textos variados para conocer y cuestionar las prácticas sociales de ciudadanía; con la finalidad de promover valores universales y humanísticos, así como la divulgación y promoción de situaciones de salud y medio ambiente, mediante el uso de herramientas tecnológicas, entre otras.
Ciencias sociales, Nivel Primario 6to grado: Promueve en sus actuaciones relaciones democráticas, sus deberes y derechos y de los demás, la conservación del patrimonio histórico, natural y cultural dominicano y del mundo; con la finalidad de construir una ciudadanía defensora de un estado de derecho, la interculturalidad y la cultura de paz en diferentes contextos.
Matemática, Nivel Primario, 1er grado: Valora las normas de convivencia y el trabajo en equipo, respetando las ideas de compañeros para llegar a acuerdos sobre los temas matemáticos desarrollados (Ministerio de Educación de la República Dominicana, 2023[5]).
Además, el MINERD desarrolló fascículos para trabajar elementos clave asociados a la competencia fundamental “Ética y Ciudadanía”, como el fascículo “Hablemos de convivencia armoniosa” y el “Cultura de paz”.
5.2.1. El Ministerio de Educación podría ampliar el contenido de la competencia fundamental “Ética y Ciudadanía” con el fin de cubrir otras áreas relevantes para la educación en integridad
La adecuación curricular establecida por el MINERD en 2023 logró la incorporación parcial de los valores de integridad pública en el currículo escolar mediante la introducción de resultados de aprendizaje sobre integridad pública apropiados para cada edad, en materias ya existentes. Sin embargo, el MINERD podría fortalecer el contenido de la competencia fundamental “Ética y Ciudadanía” con el fin de cubrir otras áreas relevantes para la educación en integridad, como los mecanismos y consecuencias de la corrupción, estrategias para combatirla, propósito y funciones de las instituciones y normativas públicas en materia de integridad pública, entre otras. Para ello, la República Dominicana podría inspirarse en los resultados del aprendizaje de educación para la integridad de la OCDE (Tabla 5.1).
Además, la promoción de la integridad en el sistema educativo preuniversitario dominicano podría tener como componentes claves: i) la alfabetización mediática e informativa con miras a una utilización con integridad de las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) y las redes sociales, y ii) la educación digital para la participación ciudadana. Por un lado, la rápida difusión de información falsa o engañosa y el creciente uso de las plataformas en línea por parte de los jóvenes como principales fuentes de noticias exigen que los países aumenten sus esfuerzos por fortalecer la alfabetización mediática e informativa y aumentar la resiliencia de los niños y jóvenes a la desinformación (OCDE, 2024[6]). Por otro lado, aunque un eje de la Agenda Digital 2030 de la República Dominicana incorpora el fomento de la cultura y las competencias digitales, no se menciona el tema de la promoción de la ciudadanía activa por medio de la educación digital. La educación para una ciudadanía íntegra y activa en el medio digital es un elemento que podría incluirse en la competencia fundamental “Ética y Ciudadanía”.
Dicho ejercicio de fortalecer el contenido de la competencia fundamental “Ética y Ciudadanía” debe acompañarse del desarrollo de materiales para educadores y estudiantes que apoyen el logro de los nuevos resultados de aprendizaje sobre integridad pública dentro de las asignaturas actuales. Así, el MINERD podría desarrollar guías y materiales para complementar y expandir los contenidos ya existentes para que explícitamente se incorporen los nuevos conceptos en materia de integridad y lucha contra la corrupción dentro de la competencia fundamental “Ética y Ciudadanía”.
Estos materiales deberían ser adaptados a los diferentes niveles educativos y edades de los estudiantes:
En los primeros años de la educación formal (Nivel Inicial y Nivel Primario), las lecciones en materia de integridad deben tener un carácter muy práctico, de enseñar con el ejemplo y por medio de juegos, obras de teatro, otras técnicas, entre otros, que vayan introduciendo conceptos clave como el bien común, la verdad, la corrupción, qué es bueno y que no. Por ejemplo, Prada (2021[7]) realiza un estudio en la República Dominicana sobre el potencial de la educación física para promover valores éticos a través de actividades deportivas y lúdicas en las que se enseñe que las personas que son disciplinadas y trabajan duro son las mejores deportistas, no así quiénes hacen trampa o “compran” las medallas. Sin embargo, para ello, el cuerpo docente dominicano encargado de la educación física requiere capacitación, de lo contrario, los docentes trasladarán al estudiantado su propia formación en valores que no necesariamente coinciden con el diseño curricular oficial.
En el Nivel Secundario se podría aumentar la profundidad sobre los conocimientos, introducir más claramente los deberes y derechos ciudadanos, las responsabilidades, y qué se puede hacer y qué no. Ejemplos de otros países y buenas prácticas internacionales pueden ser usados como inspiración para la República Dominicana, incluyendo los ejemplos de actividades grupales, entrenamiento en dilemas éticos, debates y otras metodologías para tratar temas como transparencia, conflicto de interés, elecciones y corrupción desarrollados en el reporte “Educación para la Integridad” de la OCDE (OCDE, 2018[2]).
Además, para no profundizar brechas existentes y garantizar una visión coherente sobre la integridad pública en el país, es importante que la educación privada y pública se comprometan con una educación en integridad y tengan acceso similar a los materiales y contenidos desarrollados como parte de la competencia “Ética y Ciudadanía”. Considerando que la competencia fundamental “Ética e Ciudadanía” es de carácter obligatorio tanto para el sector educativo público como privado, el MINERD podría emitir una instrucción vinculante para garantizar que los centros privados también adoptan dentro de sus currículos la educación en integridad y siguen enfoques similares. Dicho documento deberá establecer la estrategia de implementación a seguir, ser desarrollado de forma coordinada y formal en los espacios existentes, y garantizar la participación de todos los actores educativos relevantes.
5.2.2. El Ministerio de Educación podría fortalecer la educación en integridad a través de más capacitación personalizada y actividades extracurriculares
La incorporación en el currículo de materias específicas o resultados de aprendizaje sobre integridad pública en módulos apropiados es una forma de fortalecer la educación en integridad. Sin embargo, también existen otras formas de educar en integridad. Por ejemplo, la capacitación personalizada y a demanda para diferentes escuelas y las actividades extracurriculares promovidas e impartidas por entidades de educación, de integridad pública y/o por organizaciones de la sociedad civil
En la República Dominicana, el MINERD ha llevado a cabo actividades extracurriculares para fortalecer la educación en integridad de niños y jóvenes. Como parte de estas actividades está la firma de un acuerdo de cooperación entre el MINERD y el Defensor del Pueblo con el objetivo de promover la enseñanza de la Constitución Animada y los derechos de los niños en los centros educativos del país. Como parte de este acuerdo se han desarrollado charlas y talleres sobre la Constitución Dominicana y los derechos ciudadanos en algunas escuelas y se ha buscado la integración de contenidos relacionados en los currículos de ciencias sociales y formación integral humana y religiosa. También se han desarrollado materiales de apoyo como las guías de Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana para niveles primario y secundario, y una serie audiovisual “La Constitución Animada”.
Además, el MINERD lanzó el programa “Cultura, Identidad y Ciudadanía” con la finalidad de fortalecer la identidad nacional y las competencias ciudadanas en los estudiantes de los diferentes niveles, modalidades y subsistemas del sistema educativo. Así mismo, el MINERD tiene el plan de desarrollar programas de educación ciudadana basados en el respeto cívico, la tolerancia, la responsabilidad, la empatía y la comprensión hacia personas de diferentes orígenes sociales y culturales.
Sin embargo, se requieren renovados esfuerzos para fortalecer la educación en integridad. Así, el MINERD podría diseñar y ofrecer una serie de capacitaciones personalizadas y actividades extracurriculares para la niñez y juventud dominicana en todo el territorio, a través de alianzas entre entidades públicas relevantes y organizaciones de la sociedad civil. Además, otras entidades públicas y educativas podrían también tomar la iniciativa y liderar esfuerzos en materia de educación en integridad. Por ejemplo, la Contraloría General de la República (CGR), la Cámara de Cuentas (CCRD), el Poder Judicial y/o las universidades podrían promover actividades extracurriculares para que los estudiantes de segundo ciclo participen como parte de su voluntariado o prácticas profesionales apoyando el quehacer de estas instituciones por un periodo específico. El Recuadro 5.1 y el Recuadro 5.3 dan unos ejemplos de otros países que podrían servir de inspiración.
A manera de inspiración para preparar actividades extracurriculares se mencionan las experiencias de Brasil, Costa Rica y Colombia:
Brasil: El programa “Uno para todos y todos para uno! Por la ética y la ciudadanía” (UPT) es una iniciativa de la Contraloría General de la Unión (Controladoria-Geral da União, CGU), en alianza con el Instituto Maurício de Sousa, cuyo objetivo es despertar en los estudiantes el sentido de ciudadanía, ética, participación y responsabilidad, teniendo a la escuela como centro principal para el desarrollo de acciones. Las experiencias que brinda el proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo se desarrollan en el aula o entorno virtual de aprendizaje con la participación de un educador, quien cuenta con formación en el Programa. La UPT está dirigida a alumnos de Educación Primaria y cuenta con materiales adecuados para los primeros cursos de Educación Primaria (1º a 5º). Y también, materiales complementarios como vídeos, tiras cómicas, cuentos que pueden ser utilizados libremente por el educador en cualquier etapa escolar.
Colombia: La Escuela Ciudadana Anticorrupción dirigida a niños y adolescentes “Mundo Crystal” presenta una propuesta pedagógica enfocada en la formación cívica desde una temprana edad y la construcción del bien común para que puedan identificar, cuestionar y rechazar prácticas corruptas. Es desarrollada mediante una alianza privada entre Transparencia por Colombia y la Fundación Bolívar del Banco DaVivienda. A través de Crystal, el personaje principal que acompaña el proceso formativo, se facilita la comprensión de conceptos complejos como la corrupción, la transparencia y lo público, y se promueve la construcción de una ciudadanía activa. La formación se desarrolla a través de tres módulos pedagógicos, donde se fortalecen valores y buenas prácticas. Estas actividades están acompañadas de las historias de Crystal y su comunidad, las cuales buscan que los y las participantes conecten con los valores de su entorno familiar y social, fomentando su capacidad para rechazar comportamientos deshonestos y ser agentes de cambio. Además, a través de este proceso, también se fortalece el aprendizaje de derechos, deberes y responsabilidades para que puedan convertirse en líderes capaces de influir positivamente en su comunidad.
Costa Rica: “El Galardón de la Probidad” pretende otorgar reconocimiento institucional a centros educativos de primaria que desarrollen la metodología de certificación de este premio. El reconocimiento se traduce en un certificado y entrega física de un estandarte que le califica como probo dado el cumplimiento de diversas actividades de formación para su estudiantado y personal. Se entregará por un año y pueden los centros recertificarse. Se busca con ello desarrollar en poblaciones estudiantiles de nivel primario del sistema educativo nacional conciencia y vivencia práctica, mediante el desarrollo y ejecución de ejercicios lúdicos de capacitación, interiorización y construcción de los principios contenidos en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (a saber, satisfacer el interés público, apegarse a la legalidad, actuar con rectitud, entendido como el actuar de buena fe y sin discriminar a nadie, justificar lo que decide, gestionar eficientemente los recursos públicos). De esta forma se promueve en cada estudiante y personal docente y administrativo el sentimiento de su vivencia generando, conducentemente, a la intolerancia a la corrupción. Dicho proyecto se desarrolla en 3 fases: primera: contacto y capacitación cuerpo administrativo y docente participante, segunda: desarrollo del proyecto piloto, tercera: presentación de los resultados.
Fuente: Brasil: (OCDE, 2025[8]); Colombia: https://transparenciacolombia.org.co/mundo-crystal/; Costa Rica: https://sites.google.com/cgr.go.cr/juntos-somos-mas/galard%C3%B3n-de-la-probidad.
5.2.3. Las universidades podrían considerar la integración de cursos sobre integridad pública y anticorrupción en sus programas
Además de las escuelas, los estudiantes y las instituciones de educación superior desempeñan un papel clave en la educación en integridad. Como futuros empleados, los estudiantes de educación superior necesitan de conocimiento y habilidades para cumplir con los requisitos y estándares esperados en materia de integridad y para poder enfrentar los desafíos de integridad que puedan encontrar en su futuro lugar de trabajo. Por su parte, las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad, como actores del sistema de integridad, de capacitar a los futuros líderes para que actúen con base en valores y siguiendo las conductas necesarias para combatir la corrupción como servidores públicos y/o empleados privados (OCDE, 2024[9]). Así, el sistema de educación superior debe reforzar o consolidar la educación para la integridad de los futuros profesionales, adaptando los valores y la ética al campo específico de estudio y sus propios riesgos.
Considerando esto, las instituciones de educación superior de la República Dominicana podrían desarrollar e integrar cursos sobre integridad pública y anticorrupción en sus programas de pregrado y postgrado con el fin de fortalecer la educación para la integridad pública antes que los estudiantes comiencen su vida laboral. Para fortalecer el abordaje de las temáticas de integridad y anticorrupción en los estudiantes de educación superior, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), como órgano normativo del sistema nacional de educación superior, en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), podrían emitir lineamientos y recomendaciones generales dirigidas a las instituciones de educación superior para guiar el desarrollo e integración de los conceptos antes mencionados en sus programas. Esta iniciativa se podría complementar con una serie de medidas conjuntas y relacionadas, que incluyen:
Capacitación conjunta para docentes universitarios en materia de integridad y anticorrupción.
Desarrollo de materiales educativos estandarizados y mediados pedagógicamente para utilizar como apoyo en los cursos de temas relacionados.
Sistema de reconocimiento a instituciones de educación superior con buenas prácticas en integridad (por ejemplo, un premio de un fondo destinado a la investigación académica).
Jornadas de promoción de la integridad a cargo de entidades públicas con responsabilidades en el sistema de integridad, como la DIGEIG y las entidades de control especializadas.
Cátedras de ética e integridad que promuevan diálogos y conferencias magistrales con especialistas, publicaciones, comunicados, etc.
Casos de estudio sobre dilemas éticos, que pueden ser parte de concursos de ensayos o trabajos de graduación de los estudiantes.
Aprovechar la extensión social de las universidades para implementar iniciativas en los territorios tales como veedurías ciudadanas, clínicas de ética donde estudiantes asesoren a instituciones públicas, entre otros.
Además, la Republica Dominicana podría motivar el desarrollo y certificación de maestrías y especializaciones en materia de integridad pública y anticorrupción, tanto para los servidores públicos como para cualquier persona interesada del ámbito privado. Así mismo, se podrían ofrecer estímulos (por ejemplo, de tiempo) para que los servidores públicos se formen en las ofertas nuevas y existentes. Finalmente, la República Dominicana podría aprovechar diversas redes académicas que ya existen para promover eventos académicos en la materia y fomentar la participación de sus estudiantes de educación superior.
5.2.4. La República Dominicana debe invertir en el desarrollo de capacidades de las personas docentes en materia de integridad y prevención de la corrupción
La implementación de los contenidos dedicados a educar en integridad requiere de un fuerte componente de capacitación de los docentes y la provisión de herramientas necesarias en el aula. Los docentes constituyen un determinante fundamental para el éxito de cualquier reforma curricular o contenido incorporado en la educación formal, pues son quienes operan en el aula, interactúan con los estudiantes y desarrollan las estrategias del MINERD día a día.
Una abundante literatura especializada confirma que la calidad de los profesores tiene un impacto en los resultados de los estudiantes. Una reciente compilación del tema del Banco Mundial señala que “la docencia es la profesión de la que dependen todo el resto” (Banco Mundial, 2021[10]). Además, el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) resalta en una investigación de 2022 sobre “Carrera docente: formación, perfiles, Desempeño” que “la calidad de las prácticas de los docentes es lo que en definitiva va a incidir en que los estudiantes concluyan cada ciclo y nivel con las competencias previstas por el currículo dominicano, por lo que investigar sobre el quehacer docente aporta datos indispensables para tomar decisiones” (IDEICE, 2022[11]).
Adicionalmente, el Plan Decenal Horizonte 2034 asume como compromiso de su accionar en el eje estratégico 3 –Docentes profesionalizados y comprometidos que cuentan con las competencias, las habilidades y el acompañamiento requerido para guiar el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes– fortalecer la formación inicial, continua y especializada docente bajo el entendido que éstos son la pieza esencial para la calidad educativa y el éxito de los estudiantes, ya que actúan como guías, facilitadores y mediadores del proceso de aprendizaje, creando condiciones que promueven el desarrollo integral de los estudiantes (Ministerio de Educación de la República Dominicana, 2024[12]).
En el ámbito de la educación en integridad, la orientación y capacitación de los docentes es un componente central. La educación en integridad exige de habilidades y conocimientos específicos que ayuden a generar un ambiente de confianza, respeto y tolerancia entre los estudiantes y docentes para abordar problemas sociales contemporáneos como la corrupción, dilemas éticos y faltas de integridad (OCDE, 2018[2]).
Considerando esto, es fundamental que la República Dominicana fortalezca sus esfuerzos para generar capacidades y habilidades en los docentes que les permitan implementar estrategias y buenas prácticas para la educación en integridad de niños y jóvenes. Estos esfuerzos se pueden enmarcar en iniciativas en curso, concretamente iniciativas derivadas del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030 de la República Dominicana, cuyo Capítulo 5 sobre la dignificación y desarrollo de la carrera docente aborda el tema de formación docente y desarrollo de la carrera docente.
Así, el MINERD podría elaborar un programa de capacitación docente enfocado en el desarrollo de conocimientos y habilidades en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Este programa podría aprovechar la estructura ya existente de la carrera docente para incluir componentes en materia de integridad y lucha contra la corrupción en los cursos que actualmente los docentes ya deben cumplir. Al hacerlo, es importante garantizar que los docentes no solo desarrollarán los conocimientos adecuados para enseñar sobre integridad pública y lucha contra la corrupción, sino también se debe apuntar a desarrollar capacidades que permitan fomentar un entorno de confianza y de apertura. Solo de esta forma los docentes lograrán crear un espacio seguro donde los estudiantes puedan compartir sus puntos de vista e inquietudes sobre valores y manejar conversaciones difíciles y delicadas sobre cuestiones éticas y morales que puedan surgir en el aula de clases (OCDE, 2018[2]).
Además, el MINRED y el MESCyT podrían colaborar con los gremios y colegios profesionales de educadores para desarrollar cursos y conferencias para docentes. Se podría considerar involucrar en estos cursos y conferencias a los principales actores del sistema de integridad, como la DIGEIG, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, y organizaciones sociales especializadas a nivel nacional e internacional para que ofrezcan módulos específicos. Adicionalmente, muchas de estas entidades cuentan con plataformas de aprendizaje en línea en materia de integridad y anticorrupción que se podrían adaptar para los docentes, aprovechando su conocimiento en el tema y reduciendo costos. El involucramiento de otras instituciones públicas y de la sociedad civil puede contribuir para lograr una amplia cobertura en el país. A manera de ejemplo de una actividad práctica, se podría incorporar dentro de los congresos tradicionales de docentes un premio para las mejores prácticas de docencia en materia de integridad y anticorrupción. Esto implica que los educadores compartan sus métodos pedagógicos con sus pares y además tengan una motivación personal (i.e., obtener un reconocimiento). Esto podría complementarse con visitas y presentaciones de pares internacionales que compartan metodológicas pedagógicas modernas relacionadas con el tema
Los esfuerzos de formación deben complementarse con el desarrollo de material (guías y materiales de orientación) que pueda ser utilizado en el aula para el desarrollo de los contenidos de integridad, incluyendo objetivos, procedimientos, materiales, formas de evaluación. Así, el material puede incluir guías sobre cómo impartir la clase de forma dinámica y atrayente para los estudiantes, cómo comunicar conceptos clave efectivamente y cómo promover diálogos respetuosos y abiertos dentro del aula de clase.
Un componente importante de la capacitación de los docentes es la evaluación para conocer los resultados de los esfuerzos y definir nuevas áreas de acción. En ese sentido, el MINERD y el MESCyT podrían desarrollar indicadores para evaluar la adquisición de conocimientos y habilidades por parte de los estudiantes y, con base en éstos, reformar lo que se considere necesario del programa. Una alianza con institutos dedicados a la evaluación podría facilitar este proceso, por ejemplo, el IDEICE, organizaciones no gubernamentales especializadas y actores internacionales. Algunos instrumentos ya existen a nivel internacional y pueden contribuir para este propósito: por ejemplo, la Encuesta Internacional sobre Docencia y Aprendizajes (TALIS, por sus siglas en inglés), la actualización de las evaluaciones de docentes del IDEICE, investigaciones académicas en el aula promovidas por centros universitarios, entre otros.
Esta sección ofrece recomendaciones centradas en el sistema educativo formal, pieza clave de la educación en integridad. Sin embargo, la educación en integridad no puede ser un esfuerzo aislado en las aulas. Los mensajes que los estudiantes reciben y aprenden en sus aulas deben reforzarse en su vida cotidiana, fuera del centro educativo. Además, los adultos que quedan por fuera del sistema educativo formal también requieren de una formación en valores. Para ello, la siguiente sección ofrece recomendaciones encaminadas a promover una cultura de integridad en la sociedad dominicana a través de una campaña de concientización permanente que tenga como destinario la sociedad en general.
La promoción de una cultura de integridad en la sociedad resulta fundamental para que las normas y estándares se implementen. La Recomendación de Integridad Pública de la OCDE enfatiza en la necesidad de concientizar a la población de los beneficios de la integridad pública y reducir la tolerancia a las infracciones de las normas en esta materia (OCDE, 2017[1]). La permisividad que tenga la sociedad a la corrupción puede minar cualquier esfuerzo por promover la integridad, pues las personas tienden a ignorar mensajes que no son compatibles con su set de creencias y por lo tanto no se percatan de las señales de riesgo (OCDE, 2017[13]; Lunn, 2014[14]).
Estudios internacionales recientes presentan dos hallazgos generales para la República Dominicana. Por un lado, se percibe una tendencia de mejora en métricas internacionales clave de integridad. En particular, como ya se resaltó en el Capítulo 1, Transparencia Internacional señala a la República Dominicana como uno de los únicos siete países a nivel global que ha tenido mejoras significativas del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en los últimos cinco años, alcanzando una nota de 37 en la medición de 2025 (Transparencia Internacional, 2025[15]; Transparencia Internacional, 2025[16]).
Por otro lado, la tolerancia a prácticas clientelares continúa siendo extendida y arraigada en el país. En efecto, los factores relacionados con el patrimonialismo, clientelismo, nepotismo y una tolerancia hacia estas prácticas son los principales retos que se arrastran de años anteriores y los más difíciles de cambiar significativamente. Por ejemplo, el Latinobarómetro 2018 reportó que la República Dominicana fue el país con el mayor porcentaje de tolerancia a la corrupción “si soluciona los problemas del país” (56 %, comparado con el promedio para Latinoamérica de 40 %) (Corporación Latinobarómetro, 2018[17]). En 2020, este porcentaje aumentó, con el 61,3 % de la población indicando estar de acuerdo con la afirmación “es tolerable cierto grado de corrupción si se solucionan los problemas” (Corporación Latinobarómetro, 2020[18]).
La Encuesta Cultura Democrática 2022-2023 (ECD) actualizó estos resultados mostrando que la población está dividida casi en partes iguales entre quienes toleran y quienes no toleran la corrupción si se resuelven los problemas (Figura 5.1). La ECD también revela que hay tolerancia a prácticas específicas de corrupción: el 15,4 % de la población indica que se puede tolerar que alguien pague un soborno a un empleado público y el 12,5 % dijo que se puede tolerar el pago de un soborno a un policía (Oliva Álvarez and Cañete Alonso, 2024[19]).
Las encuestas también respaldan la idea de que el clientelismo constituye uno de los principales desafíos para la República Dominicana. La ECD recopiló datos relevantes sobre este fenómeno, confirmando que el clientelismo está ampliamente extendido en el país: el 66 % de la población está de acuerdo con la afirmación “si un familiar o amigo cercano gana un cargo político, debería ayudarle a conseguir un empleo público o un contrato con el Estado”, el 80 % está de acuerdo con la afirmación “si alguien gana un cargo político y usted trabajó en su campaña, esa persona debería ayudarle a conseguir un empleo o un contrato público”, y el 47,8 % está de acuerdo con la afirmación “si un político le brinda a usted o a un familiar ayuda económica, o le hace a usted o a un familiar un favor importante, usted se sentiría obligado a votar por esa persona en las próximas elecciones” (Oliva Álvarez and Cañete Alonso, 2024[19]). Además, desde 2016, el Barómetro de las Américas del LAPOP Lab (Latin American Public Opinion Project) de la Universidad de Vanderbilt ha reportado que más del 60 % de los dominicanos considera que la mayoría de los políticos son corruptos. Este porcentaje se ha mantenido estable: en 2023 alcanzó el 62 %, una cifra cercana al promedio registrado para la región de América Latina.
Además, las percepciones sobre la corrupción siguen estando ampliamente extendidas. La ECD muestra que los dominicanos consideran que las conductas corruptas están muy presentes entre la clase política y los empleados públicos. Al preguntar “¿con qué frecuencia considera que los miembros de los siguientes sectores sociales están involucrados en actos de corrupción?”, las respuestas indican que la población percibe a los políticos y a los empleados públicos como los grupos con mayor probabilidad de participar en prácticas corruptas. En particular, 4 de cada 5 dominicanos (79,6 %) consideran que los políticos incurren en prácticas corruptas “con bastante frecuencia” o “con mucha frecuencia”, mientras que 2 de cada 3 dominicanos (66,5 %) opinan lo mismo respecto de los empleados públicos. La percepción de una corrupción generalizada también se extiende a los empresarios (59 %), los ciudadanos comunes (53,6 %) y los medios de comunicación (50,8 %) (Oliva Álvarez and Cañete Alonso, 2024[19]).
Estos resultados sugieren que, pese a los avances institucionales, las normas sociales continúan siendo permisivas frente al clientelismo y las formas transaccionales de corrupción. La persistencia de actitudes tolerantes hacia la corrupción y el clientelismo demuestra que las reformas legales e institucionales, por sí solas, son insuficientes. Por ello, abordar los desafíos de integridad en la República Dominicana requiere esfuerzos complementarios orientados a transformar las normas sociales subyacentes, las expectativas y los comportamientos en toda la sociedad.
5.3.1. La DIGEIG podría liderar la realización de una campaña nacional de concientización dirigida al conjunto de la sociedad y promover un compromiso nacional por la integridad dominicana
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) juega un papel importante en la promoción de concientización sobre la integridad pública y la participación ciudadana en la prevención de la corrupción. Para sensibilizar al público, la DIGEIG ha realizado por cuarto año consecutivo la Campaña Nacional por la Integridad #DominicanaSinCorrupción, en el marco de la cual se elaboraron videos, materiales gráficos en redes sociales, guías didácticas. En esta campaña se involucraron 103 instituciones públicas y privadas. Además, cada año, una semana es dedicada a la ética, fecha establecida mediante Decreto n.º 252-2005. En 2025, la DIGEIG y la Comisión Permanente para la Celebración de Actividades del Día Nacional de la Ética Ciudadana organizaron la Semana de la Ética 2025: “Juntos Somos Integridad”. La semana incluyó 561 actividades desarrolladas por más de 129 instituciones públicas participantes, con el objetivo promover y fortalecer los valores éticos y la integridad (DIGEIG, 2025[20]).
No obstante, estas iniciativas se han centrado principalmente en el sector público y aún no han abordado de manera integral las normas sociales que sustentan la tolerancia hacia el clientelismo y la corrupción. Dada la persistencia de las actitudes descritas anteriormente, los esfuerzos de sensibilización deberían evolucionar desde campañas de comunicación institucional hacia intervenciones más amplias orientadas a transformar las normas sociales
Con ese propósito, y aprovechando la experiencia de la campaña #DominicanaSinCorrupción, la DIGEIG podría promover una campaña orientada a impulsar un compromiso nacional con la integridad (“compromiso” se refiere a una responsabilidad directa, al acto de comprometerse uno mismo mediante un acuerdo, un entendimiento común y la adhesión a valores compartidos). Si bien la DIGEIG puede aprovechar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de la campaña #DominicanaSinCorrupción, esta nueva campaña dirigida a la ciudadanía debería incorporar tres elementos adicionales:
1. Cocrear los contenidos principales de la campaña con la ciudadanía, tomando en cuenta principios más innovadores de comunicación y lecciones de las ciencias conductuales.
2. Abarcar y promover, a través de la campaña, la adhesión de múltiples sectores y actores de la sociedad dominicana para lograr un verdadero cambio de las normas sociales.
3. Fortalecer los principios democráticos de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y control social (fiscalización desde la ciudadanía) como elementos clave para mejorar el desempeño del gobierno y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas (ver también siguiente sección)
Sobre el primer punto, la DIGEIG podría iniciar con un proceso de consulta participativo para identificar valores positivos que se puedan magnificar y determinar los disparadores de los valores negativos con el objetivo de reducirlos. La consulta puede aprovechar la capacidad instalada de la DIGEIG y los gobiernos locales, de tal forma que se logre el mayor alcance en la etapa inicial de definición de valores y mensajes clave. Ello puede incluir la definición del eslogan principal y el nombre de la campaña, de tal forma que se logre una mayor apropiación.
Sobre el segundo punto, el involucramiento de un gran segmento de la población que represente diferentes grupos sociales que viven en la República Dominicana permitirá incorporar las necesidades, percepciones y visiones de varios grupos relevantes de la sociedad, incluidas las poblaciones vulnerables y, en especial, recopilar el criterio de la juventud. Así mismo, desde sus inicios, la campaña debe ser respaldada desde el más alto nivel del Estado, con el consecuente involucramiento de las instituciones líderes en el sistema de integridad dominicano. Además, se puede incluir a los partidos políticos y fuerzas de las comunidades, de tal forma que se genere un producto colectivo de la sociedad dominicana. En paralelo a este liderazgo desde las autoridades públicas, se debe buscar el respaldo de diversos sectores sociales como empresarios, academia, sociedad organizada, medios de comunicación y ciudadanía, en general.
Como parte del proceso de diseño de la campaña, la DIGEIG debería identificar:
Los resultados esperados (por ejemplo, comportamientos a modificar o habilidades a desarrollar)
Las audiencias objetivo (por ejemplo, personas adultas, jóvenes o comunidades vulnerables)
Los mensajes clave a transmitir (teniendo en cuenta los posibles efectos no deseados, ver más abajo)
Los canales de comunicación a utilizar (por ejemplo, televisión, sitio web, redes sociales o medios impresos)
Los mecanismos de evaluación permanentes (por ejemplo, encuestas de opinión, análisis web, participación en eventos, número de denuncias presentadas, etc.). Evaluar las campañas permite comprender mejor los resultados e impactos, introducir cambios y mejoras, y priorizar de forma más efectiva el uso de los escasos recursos públicos.
Sobre el tercer elemento listado anteriormente: Al diseñar actividades de comunicación y concientización en materia de integridad y anticorrupción, los países deben ser conscientes de las posibles consecuencias no deseadas. Por ejemplo, recordar a las personas el alcance y los costos de la corrupción podría simplemente reforzar la idea de que la corrupción es la norma, lo que facilitaría la justificación de un comportamiento poco ético propio (“todos lo hacen”). La corrupción puede convertirse así en una profecía autocumplida, donde estos mensajes refuerzan las percepciones ya existentes (Corbacho et al., 2016[21]; Cheeseman and Peiffe, 2021[22]; Peiffer, 2018[23]). Por lo tanto, la DIGEIG podría apoyarse en investigaciones recientes en materia de ciencias conductuales (Ajzenman, 2021[24]; Bicchieri and Xiao, 2009[25]; Corbacho et al., 2016[21]; Gino, Ayal and Ariely, 2009[26]; Robert and Arnab, 2012[27]) y considerar el diseño e implementación de campañas o actividades de sensibilización que se centren explícitamente en visibilizar y destacar los comportamientos deseables, contribuyendo así a reforzarlos como norma social.
Así, el contenido de la campaña podría incluir un listado de no más de cinco compromisos sociales e individuales en materia de integridad, derivados del ejercicio de cocreación y alineados con los esfuerzos que ya se tienen en marcha. Además, los contenidos generales de la campaña podrían adaptarse (tailoring) para responder a diferentes públicos, por ejemplo, para jóvenes, para adultos mayores, para trabajadores del sector privado, con el propósito de garantizar que los mensajes se relacionan con sus experiencias cotidianas. De acuerdo con (Peiffer and Walton, 2022[28]), la efectividad de las campañas anticorrupción aumenta cuando se aplica la estrategia de las tres T (por sus nombres en inglés): Delimitar las audiencias (Targeting). adaptar los contenidos según la audiencia (Tailoring); y probar la reacción antes de lanzarla (Testing). A manera de ejemplo, si la campaña tiene un contenido relacionado con el clientelismo, esta práctica tiene manifestaciones diferentes según el sector, por eso se podrían tener mensajes específicos relacionados con situaciones clientelares cercanas a cada público. Así, liderados por la DIGEIG, se podría crear una caja de herramientas para comunicadores que permita generar evidencia y story telling relevante para diferentes audiencias. Finalmente, antes de compartir a gran escala, los mensajes podrían ser socializados en un grupo reducido (Testing) para evaluar el impacto y evitar efectos contraproducentes. Las lecciones aprendidas del piloto podrían luego llevar a mejoras y ayudar a afinar los mensajes.
De manera muy preliminar, la República Dominicana podría usar como inspiración ejemplos de Ecuador (Recuadro 5.2) y las recomendaciones para lograr campañas educativas exitosas que se presentan en la Tabla 5.2 para abarcar los siguientes fines:
Elevar los estándares éticos por medio de ejemplos: Dado el alto nivel de tolerancia a la corrupción y el clientelismo, la campaña se vislumbra como una estrategia para elevar los principios de integridad, enfatizando que la mayoría de la población busca lo mejor para sí y su comunidad, y lo mejor viene con la defensa de la integridad pública y el interés colectivo. Para esto, es importante que se explique el cómo, es decir, dar herramientas y argumentos para que se pueda rechazar las prácticas tan arraigadas en las actividades cotidianas. Las historias de buenas prácticas donde sí se pudo cambiar la conducta, relatos anecdóticos “¿Cómo lo logré cuando estuve en una situación decisiva?" y de personalidades reconocidas podrían ser de utilidad.
Generar un sentido de corresponsabilidad: Un componente clave de la campaña es la concientización de la ciudadanía sobre su responsabilidad respecto a la integridad. Las personas no son sólo espectadores pasivos, sino que tienen un deber de cumplimiento de la ley, pueden ser proactivos en la solución de la corrupción. La ecuación de la corrupción tiene dos partes integrantes, por eso el rechazo de una parte haría inviable la corrupción. Si no existe el que paga, no existe el que cobra.
Concientizar sobre los costos personales y sociales de las conductas no íntegras, ofreciendo datos e historias reales: Es importante que se concientice sobre los costos personales, sociales o económicos que causan estas prácticas. Es importante que estos mensajes sean con información clara sobre los costos financieros, personales, en temas de salud, educación o infraestructura, incluso la pérdida de la vida, muchos servicios y derechos incumplidos por el desvío de fondos en escándalos de corrupción.
Campaña ‘Honestidad Criolla’
El 9 de diciembre de 2019, la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), a través de la Comisión de Integridad y Anticorrupción, lanzó la campaña “Honestidad Criolla”, con el propósito de promover un cambio cultural en la sociedad ecuatoriana y prevenir actos de corrupción. La campaña, que incluye un video en YouTube, buscar llegar con un mensaje positivo a los ecuatorianos, promover un cambio de conducta en la ciudadanía y dejar de normalizar actos que son incorrectos, como pequeños actos de corrupción y malas acciones. El video presenta ciudadanos que, teniendo la opción de actuar en contravía de la integridad –por ejemplo, comprando películas piratas, plagiando publicaciones o aceptando sobornos, deciden actuar de forma honesta y contribuir al cambio. Además, durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, la campaña incluyó un video sobre lo que significa la “Honestidad Criolla” en el marco de la vacunación contra el COVID-19, un área de alto riesgo a la corrupción.
Campaña ¡Yo sí soy víctima de la corrupción!
En 2022, la Fundación Lucha contra la Corrupción inició la implementación de la campaña ¡Yo si soy víctima de la corrupción!, con el apoyo de empresas privadas, cooperación internacional, organizaciones estudiantiles y jóvenes. Esta campaña tenía como propósito desarrollar la conciencia colectiva respecto a varios temas: impulsar el compromiso de la ciudadanía con la lucha anticorrupción; potenciar el involucramiento de la juventud -particularmente los estudiantes- en la lucha anticorrupción; y desarrollar, en términos constructivos, el papel de las redes sociales como un mecanismo de transmisión de las reivindicaciones sociales hacia instancias políticas. A través de diferentes medios -redes sociales, alianza estratégica con la Fundación Unión Estudiantil y medios tradicionales, se convocó a los jóvenes ecuatorianos entre 16 y 18 años a expresar en videos, que debían ser publicados en TikTok o Twitter, sus reflexiones uno o varios de los siguientes temas:
Por qué la ciudadanía sí es víctima de la corrupción, no únicamente el Estado.
Por qué la Asamblea Nacional debe declarar que la ciudadanía sí es víctima de la corrupción. -Cuál es el rol de la ciudadanía en la lucha anticorrupción.
Incentivar a la Asamblea Nacional a tramitar el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para Aclarar la Figura del Ciudadano como Acusador Particular en los Delitos Relacionados con Corrupción.
El 15 de agosto de 2022 se llevó a cabo una premiación para los ganadores del concurso en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional
Fuente: (OCDE, 2024[9])
Aunque el proceso de diseño cocreado es parte fundamental de la campaña, una vez definidos y probados los contenidos por medio de pilotos, la expresión más visible de la campaña será su difusión masiva y permanente por diversos medios, tanto virtuales como en comunidades e instituciones, redes sociales, ferias, visitas a centros educativos, entre otros. Para ello, es crucial generar alianzas con medios de comunicación tradicionales y nuevos, incluso hacerles partícipes de la consulta para el diseño y luego, promover su apropiación, para que sea sostenida la presencia de los mensajes en distintas formas. Otros apoyos privados pueden incluir las facultades de periodismo, las cámaras de medios de comunicación, radio y televisión, o el Colegio Dominicano de Periodistas.
5.3.2. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en conjunto con la DIGEIG, podrían generan una estrategia de promoción de investigaciones en materia de integridad y anticorrupción
Mejorar la información disponible y promover la generación de conocimiento aplicable o investigación aplicada en materia de integridad es importante para generar debates informados, y, sobre todo, lograr mejoras en la formulación e implementación de políticas públicas asociadas. Para esto, se necesitan estudios más específicos que permitan hacer un análisis detallado y desarrollar herramientas que provean información sistemática y actualizada permanentemente, a fácil disposición de la ciudadanía.
Por lo anterior, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), en conjunto con el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT), la DIGEIG y en alianza con el sector académico, podrían generen una estrategia de promoción de investigaciones e iniciativas en materia de integridad y anticorrupción. Respetando la independencia de la academia, el objetivo de esta estrategia sería impulsar una comunidad de investigadores especializados, de diferentes disciplinas e innovadora en técnicas de estudio para estas temáticas, que permita la generación de conocimientos y el estudio independiente y en profundidad de las dinámicas de la corrupción y el funcionamiento del sistema de integridad en el país. Esto puede incluir una línea de investigación especializada en alguno de los centros académicos existentes (Flacso República Dominicana, centros jurídicos o de sociología, administración), o bien, en un plan más ambicioso, crear un centro de investigación nuevo para estos temas. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires en Argentina cuenta con el Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción cuyo objeto es promover la investigación, el debate y la capacitación en materia de políticas de transparencia, ética pública, control y lucha contra la corrupción.
La participación en los procesos de toma de decisiones ayuda a reforzar la confianza en los procesos de toma de decisiones políticas porque implica un mayor grado de transparencia (Rivera, 2018[30]; Seligson, 1980[31]), y al mismo disminuye los riesgos de captura política (OCDE, 2018[32]). La participación también puede ayudar a producir un resultado más justo y representativo de los intereses de la población. Así, la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública recomienda “fomentar la transparencia y la participación de las partes interesadas en todas las fases del proceso político y del ciclo de elaboración de políticas públicas para promover la rendición de cuentas y el interés general”, incluyendo mediante acciones que otorguen a todas las partes interesadas, en particular, al sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos, acceso al desarrollo e implementación de las políticas públicas relativas a la integridad pública (OCDE, 2017[1]).
En términos de confianza, la confianza en el gobierno nacional en la República Dominicana es similar que el promedio de los países de la OCDE: 39 % de las personas encuestadas en la República Dominicana expresan un nivel alto o moderadamente alto de confianza en el gobierno nacional, mientras que 47 % manifiestan baja o falta de confianza (OCDE, 2025[33]).
Al mirar la confianza en las diferentes instituciones públicas, los datos varían considerablemente en el caso de cada institución. La Encuesta de Cultura Democrática (ECD) demuestra que las instituciones con mayor legitimidad en la República Dominicana son la Junta Central Electoral (41 %), la Presidencia (38 %), las Fuerzas Armadas (35 %) y los Ayuntamientos (33 %); cabe resaltar que ninguna cuenta con la confianza de la mitad de la población. En el otro extremo, las instituciones con menor confianza son el Legislativo, los partidos políticos y la Policía Nacional. En los tres casos, aproximadamente sólo 1 de cada 5 dominicanos tiene mucha o alguna confianza, sin variaciones significativas entre las mediciones del 2016 y del 2023 (Oliva Álvarez and Cañete Alonso, 2024[19]). Estos datos están resumidos en la Figura 5.2.
La Encuesta de la OCDE sobre los Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas de América Latina y el Caribe señala que muchos dominicanos dudan de la igualdad de trato y la integridad de los empleados públicos; solo el 35 % considera que sus solicitudes de beneficios públicos serían tratadas de manera justa y apenas el 32 % confía en que los servidores públicos rechacen sobornos. Ambos resultados están por debajo de los promedios de la OCDE de 52 % y 36 %, respectivamente (OCDE, 2025[33]).
En este sentido, se espera que reforzar los mecanismos de participación ayude a aumentar la confianza en las instituciones y servidores públicos y que a su vez, esta reputación restaurada motive a los servidores y ciudadanos en general a reducir las faltas a la integridad y su grado de aceptación a éstas.
Una manera esencial de involucrar a las personas es por medio de canales de participación institucionalizados, regulares, formales y con reglas claras. Si bien la participación ciudadana siempre implica una voluntad real de distribuir el poder de la toma de decisiones pública, puede tomar muchas formas.
Generalmente la participación ciudadana se divide en tres grandes categorías (OCDE, 2017[34]):
Información: un nivel inicial de participación caracterizado por una relación unilateral en la que el gobierno produce y entrega información a la ciudadanía y a las partes interesadas. Cubre tanto la provisión de información a demanda como las medidas “proactivas” tomadas por el gobierno para diseminar información.
Consulta: un nivel más avanzado de participación que conlleva una relación bilateral en la cual la ciudadanía y las partes interesadas brindan retroalimentación al gobierno y viceversa. Se basa en la definición previa del problema para el cual se buscan perspectivas y requiere la provisión de información relevante, además de retroalimentación sobre los resultados del proceso.
Participación activa: cuando a la ciudadanía y las partes interesadas se les da la oportunidad y los recursos necesarios (información, datos y herramientas digitales) para colaborar durante todas las fases del ciclo de políticas públicas y en el diseño y prestación del servicio. Reconoce la igualdad de los ciudadanos al fijar la agenda, proponer opciones de proyectos o políticas y moldear el diálogo, aunque la responsabilidad de la decisión final o formulación de políticas en muchos casos recae sobre las autoridades.
La OCDE ha desarrollado varios recursos para ayudar a los gobiernos a garantizar la calidad de la participación (OCDE, 2021[35]; OCDE, 2001[36]; OCDE, 2017[34]; OCDE, 2020[37]; OCDE, 2022[38]). A continuación, se proveen algunas recomendaciones que buscan contribuir a fortalecer la participación ciudadana en la República Dominicana para promover la integridad en toda la sociedad, fomentar la confianza en las instituciones públicas y mejorar las políticas de integridad.
5.4.1. La República Dominicana podría asegurar que las entidades del sistema de integridad y las entidades que brindan servicios públicos publiquen información relevante y ofrezcan canales de participación efectivos a la ciudadanía
Para facilitar una participación ciudadana significativa en el desarrollo de un sistema de integridad, las instituciones públicas deben, en primer lugar, garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información clara, oportuna y pertinente sobre las iniciativas que se están llevando a cabo, los actores involucrados y las funciones que cada uno desempeña en el proceso. Esto incluye explicar cómo y por qué la ciudadanía puede participar, de qué manera se utilizarán sus aportes, qué acciones de seguimiento se llevarán a cabo y cómo sus contribuciones influyen en la toma de decisiones.
La transparencia y la apertura de las instituciones públicas son, por tanto, elementos esenciales para fortalecer la integridad pública. Estas permiten que la ciudadanía participe con base en información objetiva y, cuando así lo decida, ejerza su función de control social. Así mismo, los canales digitales pueden hacer que la transparencia y la participación sean más dinámicas, al facilitar una interacción continua entre las instituciones públicas y la ciudadanía.
En el nivel más básico de la participación está el derecho a informarse. En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) de la República Dominicana establece, en su artículo 3, diez grupos de información que deben presentar las entidades públicas de manera permanente y actualizada (transparencia proactiva) (ver también Capítulo 4). Éstos incluyen presupuestos, proyectos, compras, servidores, estadísticas, etc. También indica que todos los poderes y organismos del Estado deberán instrumentar la publicación en sus respectivas páginas web de información con los siguientes fines: a) Difusión de información: Estructura, integrantes, normativas de funcionamiento, proyectos, informes de gestión, base de datos; b) Centro de intercambio y atención al cliente o usuario: consultas, quejas y sugerencias; c) Trámites o transacciones bilaterales (artículo 5).
Sin embargo, es también importante que la ciudadanía en su conjunto conozca a las instituciones públicas relevantes para la integridad pública (ver también el Capítulo 1), que entienda cuál es el mandato de cada una de ellas y cuál es su función dentro del sistema de integridad dominicano. A menudo, la falta de claridad acerca de quién es responsable de qué en el Estado puede generar expectativas erróneas y malentendidos en la ciudadanía que, a su vez, pueden resultar en percepciones equivocadas sobre el desempeño de las entidades públicas y sobre la percepción de su integridad. Así, es clave que los entes responsables de las diferentes dimensiones del sistema de integridad presenten en sus páginas web información sustantiva sobre su trabajo en esta materia de manera transparente y amigable para el usuario.
Además, se podría asegurar que las instituciones particularmente vulnerables a la corrupción brinden información relevante y actualizada sobre su desempeño. Por ejemplo, las entidades que realizan trámites de permisos, documentación, licencias o patentes de operación, etc., podrían invertir en portales de estadísticas que transparenten su trabajo y resulten útiles para la investigación académica y periodística, facilitando así la rendición de cuentas. Esto se alinea con la Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto y la evidencia que sugiere que el uso de herramientas tecnológicas puede ayudar a aumentar la transparencia de la administración pública, reducir la discrecionalidad de ciertas decisiones y facilitar la detección de irregularidades, contribuyendo así a los esfuerzos anticorrupción y a la buena gobernanza (Castro and Lopes, 2022[39]).
Por otro lado, los medios digitales pueden funcionar directamente como canales de participación ciudadana. En efecto, es probable que la mayoría de los ciudadanos no tenga posibilidades de asistir presencialmente, en horas laborales, a juntas, consultas públicas o talleres, pero sí estarían dispuestos a participar en una reunión virtual de una hora por la noche, o a votar en una consulta por medio de su teléfono celular, por ejemplo. Dadas las competencias digitales y el uso de internet por el 75 % de la población dominicana (Gobierno de la República Dominicana, 2022[40]), la inmediatez, cobertura y continuidad de horarios que provee la conexión digital puede ser utilizada a favor de ampliar la participación ciudadana. Sin dejar atrás a las otras edades, para las cuales medios más tradicionales y presenciales son importante, una estrategia enfocada en lo digital podría sobre todo resultar atractiva para los jóvenes que son nativos digitales. Esta estrategia se podría apoyar en el hecho que la República Dominicana tiene el porcentaje de asistencia a reuniones virtuales más alto de las Américas (LAPOP, 2023[41]), y que varias iniciativas de gobierno apuntan a intensificar la digitalización de trámites y las interacciones virtuales con la ciudadanía.
Entre ellas se puede citar:
La plataforma “Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos”, la cual busca promover la mejora de la calidad de los servicios, a través de la observación, investigación y presentación de resultados de los análisis de satisfacción sobre la calidad de los servicios públicos, con la participación de los usuarios/clientes de la Administración Pública del Estado dominicano.
El Sistema Nacional de Atención Ciudadana 311 (Decreto n.º 694-2009), en donde de manera concentrada se pueden enviar solicitudes de acceso a la información, denuncias, quejas y cualquier tipo de disconformidad.
La Agenda Digital 2030, que contiene un eje dedicado al gobierno digital, cuya meta es un “Estado moderno, digital, abierto y transparente al servicio de la ciudadanía” y que establece objetivos estratégicos, líneas de acción e indicadores de cumplimiento para impulsar la transformación digital del Estado dominicano; mejorar el acceso a la información; y fortalecer los mecanismos de interoperabilidad, identidad y firma digital, y gestión de datos.
Estrategias como éstas para involucrar a la ciudadanía y favorecer la rendición de cuentas pueden emplearse en el ámbito de las políticas de integridad, además de que tienen el potencial de reducir los riesgos de corrupción en ciertos procesos y facilitar al control social. El tema de las denuncias se trata de manera específica en el Capítulo 7 de este Estudio de Integridad.
La República Dominicana cuenta con una tradición política establecida de participación ciudadana. Su Constitución establece que entre los deberes fundamentales de los ciudadanos está el de “velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública” (art. 75) y varias leyes y decretos en los distintos sectores de la administración pública establecen mecanismos de participación. El país también fue de los primeros en América Latina en reconocer los presupuestos participativos a nivel constitucional (Gobierno de la República Dominicana, 2010[3]), y cuenta con un sistema de gobernanza y participación ciudadana a nivel local (monitoreado por el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, SISMAP) y distintos mecanismos como cabildos abiertos, consultas ciudadanas, veedurías, foros y otras iniciativas.
En la práctica, la encuesta del Barómetro de las Américas 2023 muestra que, de ocho países examinados, la República Dominicana tiene el mayor porcentaje de participación ciudadana en los gobiernos locales (17 %), juntas de mejoras de la comunidad (32 %) y reuniones de partidos políticos (33 %) (LAPOP, 2023[41]). Igualmente, se ha notado el creciente interés de la ciudadanía por los canales de acceso a la información, como refleja el incremento del número de solicitudes registradas en el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) sobre los temas de estadísticas, compras y contrataciones y servicios públicos mayoritariamente.
Sin embargo, también hay que resaltar que las tasas de participación relativamente altas de la República Dominicana vienen descendiendo desde el 2010 y que los mecanismos de participación formal no suelen movilizar a la juventud, el grupo que presenta más desafección con valores democráticos (LAPOP, 2023[41]; Oliva Álvarez and Cañete Alonso, 2024[19]).
Las autoridades dominicanas como la DIGEIG podrían abrir, rediseñar o fortalecer los canales de interacción regulares con la ciudadanía. Como se recomendó en el Capítulo 1, estos canales para involucrar a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil interesadas serían particularmente relevantes para el trabajo de la Comisión Presidencial para la Transparencia y la Anticorrupción (CPTA) y para la comisión interinstitucional temporal conformada mediante Decreto n.º 407-2025 para la elaboración, desarrollo e implementación del Sistema de Integridad Pública responsable por liderar el desarrollo de la primera estrategia nacional de integridad del país. Es clave darles a los ciudadanos y a la sociedad civil organizada la oportunidad de compartir ideas y preocupaciones sobre los temas que les parecen prioritarios. Por ejemplo, en el futuro, la CPTA podría asegurar que se publiquen borradores de políticas públicas en el ámbito de la integridad pública con tiempo para una consulta pública e invitar a las organizaciones de la sociedad civil a talleres participativos para darles la oportunidad de compartir ideas sobre temas específicos y de proveer retroalimentación.
Además, entidades clave del sistema de integridad como la DIGEIG, la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la Dirección General de Contrataciones Públicas y/o la Unidad de Análisis Financiero (UAF) podrían tener canales de comunicación abiertos para que entidades de la sociedad civil puedan acudir a ellos fácilmente para informarse sobre sus actividades y monitorear de manera independiente el impacto de las iniciativas gubernamentales (auditorías ciudadanas). En el caso de la UAF, estos canales de comunicación deberán observar el régimen de confidencialidad previsto en la Ley n.º 155-2017 y los estándares internacionales aplicables a las unidades de inteligencia financiera, a fin de resguardar la naturaleza reservada y de confidencialidad de la información pertinente
5.4.2. El CASFL podría lanzar una convocatoria dirigida a las asociaciones sin fines de lucro para impartir actividades de capacitación en educación cívica e integridad, con énfasis en el fortalecimiento de la participación a nivel local y el involucramiento de la juventud
El Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL), creado mediante la Ley n.º 122-2005, tiene como mandato promover la participación ciudadana en la formulación, monitoreo, ejecución, y evaluación de las políticas de desarrollo social y las políticas de género y equidad. El CASFL cuenta con varios instrumentos valiosos, en particular la gestión de los fondos públicos destinados a las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) y las visitas de acompañamiento que realizan.
Sin embargo, hasta la fecha, el CASFL no ha financiado a asociaciones para capacitar a la ciudadanía en mecanismos de participación, control social o incidencia en temas de integridad pública. Por ello, podría considerar lanzar una convocatoria específica para financiar proyectos de asociaciones sin fines de lucro que trabajen en estas áreas. De esta forma, podrían asignarse algunos fondos a ASFL que propongan programas orientados a incentivar y educar a la población para que ejerzan una ciudadanía activa, por ejemplo, capacitaciones en presupuestos participativos o metodologías de veeduría para juntas de educación u otras actividades de control social. Sin embargo, cabe mencionar que los incentivos monetarios siempre conllevan un riesgo de efecto adverso conocido como “crowding-out” (Bolle and Otto, 2010[42]) asociado al uso de incentivos monetarios. Este fenómeno puede ocurrir cuando organizaciones que estaban intrínsecamente motivadas para desarrollar estas actividades son desplazadas por otras cuyo principal interés es obtener financiamiento para sostener actividades distintas. Por ello, los términos de referencia de la convocatoria deberían considerar este riesgo y establecer criterios de selección que permitan identificar asociaciones sin fines de lucro con un compromiso y una capacidad demostrados para promover la ciudadanía activa. Estos criterios podrían incluir, entre otros, una trayectoria comprobada en la ejecución de programas de capacitación o educación cívica, experiencia previa en el fortalecimiento de la participación ciudadana, la rendición de cuentas social o iniciativas de control social, la experiencia técnica del equipo responsable de las capacitaciones y vínculos consolidados con comunidades locales o grupos en situación de vulnerabilidad.
En general, la República Dominicana, podrían enfocar iniciativas de participación ciudadana (del CASFL y de otros organismos) en la participación a nivel local y el involucramiento de la juventud. Por un lado, el énfasis en el nivel local tiene como fundamento que las personas se ven más atraídas por espacios más cercanos, que le signifiquen un impacto palpable. Además, así se aprovecharían el porcentaje de confianza media en el gobierno local y la tendencia de participación más alta en asociaciones locales (LAPOP, 2023[41]). Por otro lado, las personas jóvenes han mostrado un creciente alejamiento de los canales más formales de participación, a pesar de que tanto el marco jurídico como el marco estratégico las reconocen como un actor fundamental para el desarrollo del país.
Para remediar a esto, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 propone establecer una participación social de la juventud al más alto nivel, y sería recomendable aplicar este enfoque también a la política de integridad. Ejemplos puntuales de participación juvenil e infantil son la conformación de los ayuntamientos juveniles e infantiles (Disla, 2016[43]); las mesas locales de juventud y de seguridad, ciudadanía; las consultas juveniles y esfuerzos más prolongados en algunos municipios del territorio nacional dominicano (Madera, 2021[44]). También se han llevado a cabo encuentros como el “Futuro es Ahora: Adolescentes y Juventudes deciden”, coordinado por Naciones Unidas en la República Dominicana, el Defensor del Pueblo y los ministerios de Juventud, Economía, Planificación y Desarrollo y Educación. A lo largo de este evento que tuvo lugar en Santo Domingo en septiembre del 2024, “más de 100 jóvenes representantes de ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil y líderes de distintas zonas del país fijaron su postura y plantearon recomendaciones sobre temas de interés nacional, incluidos los procesos de reforma en curso” (ONU, 2024[45])
En mayo de 2025, se celebró el Segundo Congreso Nacional de Ética y Juventud en el que el Presidente de la República firmó el Pacto Juvenil por la Ética y la Transparencia tras dar un discurso de apertura sobre la importancia de la juventud en la construcción de una cultura de integridad y la promoción de la transparencia gubernamental. El evento se articuló alrededor de tres paneles, un conversatorio y una TED Talk inaugural. Un esfuerzo de diálogo intergeneracional reunió a servidores de diferentes ministerios, legisladores, académicos, comunicadores y activistas digitales, así como a 500 jóvenes del país, resaltando el rol de los primeros Embajadores Provinciales de la Ética Juvenil (Ministerio de la Juventud, 2025[46]; Presidencia, 2025[47]).
Estos esfuerzos son claves para involucrar y responsabilizar a los jóvenes. Además, la República Dominicana podría pensar en incluir a los jóvenes de manera activa en pasantías o actividades implementadas por actores de integridad como la DIGEIG, la Contraloría de la República o la Cámara de cuentas. El Recuadro 5.3 provee ejemplos de Costa Rica y del Perú acerca de cómo involucrar a jóvenes en procesos de auditoría externa que podrían inspirar medidas de este tipo.
Costa Rica
El Programa “Contralores juveniles” es una iniciativa creada en 2016 por la Contraloría General de la República de Costa Rica, junto al Ministerio de Educación Pública. Está dirigido a jóvenes entre los 12 hasta los 17 años. Se aspira a formar jóvenes estudiantes de los liceos públicos y privados del país como agentes de cambio, mediante una serie de actividades, para participar y tomar conciencia de la necesidad de velar por el bienestar de la colectividad. Las actividades de los jóvenes contralores se centran en el valor “probidad” y al aprendizaje de aspectos básicos de contratación administrativa, presupuesto público y manejo de los recursos públicos en sus liceos.
Perú
La Contraloría General de la República del Perú tiene un programa de veedurías escolares realizadas por “auditores juveniles” dirigido a alumnos de 1ro a 5to de secundaria y con una cobertura provincial del 100 %. Concretamente, se les pide a los estudiantes que llenen un formulario con ayuda de sus padres o docentes sobre la calidad y funcionamiento de su comunidad o escuela, evaluando aspectos como la convivencia escolar, la señalización vial alrededor de las instituciones educativas, la limpieza de espacios públicos (parques, colegios, bibliotecas, etc.), la seguridad ciudadana o la ecoeficiencia. Se espera que, a través de este ejercicio, los estudiantes aprendan a: ejercer sus deberes y sus derechos, fortaleciendo su conciencia ciudadana; fortalecer la cultura de integridad, con un enfoque formativo y preventivo en la lucha contra la corrupción; promover el trabajo en equipo, a ser crítico y tomar decisiones; respetar y valorar los bienes públicos; y mejorar los servicios que brinda el Estado.
Fuente: Costa Rica: (Contraloría General de la República de Costa Rica, s.f.[48]). Perú: (CGR, s.f.[49]).
5.4.3. La DIEGIG debería buscar institucionalizar la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil organizada en el desarrollo y el seguimiento de sus estrategias nacionales de integridad pública
Cómo se enfatizó en el Capítulo 1, es clave que exista un diálogo constructivo entre los actores públicos del sistema de integridad de la República Dominicana y la sociedad en su conjunto. Actualmente, la República Dominicana se está preparando para elaborar su primera Estrategia Nacional de Integridad Pública. Para este ejercicio en particular, las miradas de la ciudadanía, de las organizaciones de sociedad civil y del sector privado pueden enriquecer la identificación de los principales problemas y áreas de riesgo de corrupción y proporcionar una mirada fresca sobre diferentes maneras de abordarlos.
Por lo tanto, se recomienda que el desarrollo de la estrategia, y de estrategias futuras, asegure una participación efectiva de la sociedad en su conjunto para reforzar su relevancia, su legitimidad y su credibilidad. Estos esfuerzos podrían ser liderados por la DIGEIG. Dentro de los países latinoamericanos miembros de la OCDE, Chile y Costa Rica tienen estrategias de integridad particularmente sólidas en este aspecto:
En Costa Rica, el primer esfuerzo nacional para articular y potenciar las iniciativas realizadas por las distintas entidades que tienen competencias en materia de promoción de la ética, la integridad y anticorrupción es la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC). Su objetivo era unificar la respuesta de la institucionalidad frente a este fenómeno y establecer un mecanismo de ejecución interinstitucional, con diversidad de actores, responsabilidades y recursos compartidos. El desarrollo de la ENIPC fue liderado por la Procuraduría de la Ética Pública, con la participación de actores de todos los poderes del Estado, pero también de representantes del sector privado, la sociedad civil y la academia, y fue sometida a consulta pública (ENIPC, 2021[50]).
A su vez, la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) de Chile es el resultado de un proceso en el que participaron más de sesenta instituciones públicas, representantes del mundo político, la academia, el sector privado, y la ciudadanía a través de mesas y jornadas de trabajo coordinadas por entidades como la Contraloría General de la República, diálogos sociales con grupos vulnerables y una consulta pública en línea. Cabe resaltar que se hizo un esfuerzo notable para incluir en las deliberaciones a grupos sociales tradicionalmente excluidos de la esfera política formal, incluyendo beneficiarios sociales, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas migrantes, personas privadas de libertad, pueblos originarios y miembros de la comunidad afrodescendiente (Gobierno de Chile, 2023[51]).
Por último, Rumanía también ha dado pasos para hacer más participativas sus políticas de integridad. En efecto, además del involucramiento de la academia y la sociedad civil en la elaboración de la Estrategia Nacional Anticorrupción 2021-2025, Rumania estableció grupos de trabajo encargados de monitorear la implementación de la estrategia en su totalidad y de estrategias específicas a sectores de alto riesgo como la salud (Recuadro 5.4). Entre estos grupos de trabajo hay uno compuesto por actores de la sociedad civil, lo cual contribuye a que el monitoreo de la estrategia sea también una herramienta de rendición de cuentas y control social (OCDE, 2023[52]; Ministerul Justiției, 2021[53]).
El seguimiento de la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA) 2016-2020 de Romania se llevó a cabo mediante visitas in situ (“misiones temáticas”) de la Secretaría Técnica, adscrita al Departamento de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y a través de la participación de todos los actores relevantes, agrupados en cinco plataformas de cooperación:
Plataforma de autoridades independientes e instituciones anticorrupción
Plataforma de la administración pública central
Plataforma de la administración pública local, coordinada en colaboración con el Ministerio de Desarrollo, Obras Públicas y Administración
Plataforma del sector empresarial
Plataforma de la sociedad civil
Las responsabilidades de la Secretaria Técnica del Ministerio de Justicia relacionadas al monitoreo incluyen, entre otros, impulsar la implementación de la ENA, elaborar informes anuales de seguimiento, realizar misiones de evaluación in situ y convocar las reuniones de las plataformas. A pesar de que se podrían mejorar las plataformas para aumentar su efectividad, las plataformas hicieron una contribución generalmente positiva al desarrollo e implementación de la ENA.
Fuente: (OCDE, 2021[54])
La República Dominicana podría considerar inspirarse en estas buenas prácticas para el desarrollo y el seguimiento de su estrategia de integridad, adaptándolas al contexto nacional, la arquitectura institucional y los recursos de los que se dispone para llevar a cabo un ciclo político participativo. Conforme vayan avanzando el diseño y subsecuente puesta en práctica de la estrategia, también será importante difundir los resultados de monitoreo y evaluación de resultados de manera accesible y transparente, conducente a permitir un monitoreo y una rendición de cuenta abierta y a mantener el apoyo de la población para las reformas necesarias (para más información ver el Capítulo 1).
Con respecto a la cultura de integridad pública, el sector privado es a la vez parte del problema y de la solución. Cuando las empresas evaden impuestos, ofrecen sobornos, o se involucran en fraudes asociados con las contrataciones públicas, distorsionan los mercados, reducen la competitividad y desincentivan las inversiones y el comercio. Sin embargo, el sector privado también puede ser una fuerza para el bien, convirtiéndose en un impulsor del cambio necesario para promover reformas de integridad, practicando la conducta empresarial responsable y garantizando la influencia responsable en el proceso de elaboración e implementación de políticas públicas (ver Capítulo 8). En este sentido, un enfoque de integridad pública que abarque al conjunto de la sociedad requiere que los gobiernos se asocien con el sector privado para incentivar las buenas prácticas y trabajar conjuntamente en defensa de la integridad pública (OCDE, 2017[1]).
5.5.1. En alianza público-privada se puede impulsar la ampliación de la cobertura de programas de cumplimiento en el sector privado, con adaptación a las tipologías de empresas y sectores, y verificado externamente
Los gobiernos pueden fomentar la responsabilidad compartida y la adopción de una cultura de integridad en el sector privado de diversas maneras. Por ejemplo, pueden promover la integridad empresarial asegurando la existencia de un marco normativo adecuado. Este no solo debe abarcar medidas de lucha contra la corrupción, sino también promover la conducta empresarial responsable, incluyendo la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y los intereses de los consumidores, así como garantizar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo, las normas tributarias y la existencia de estructuras sólidas de gobierno corporativo. Además, la integridad en el sector privado también comprende aspectos relacionados con la forma en que las empresas participan en los procesos de formulación de políticas públicas mediante actividades de cabildeo y el financiamiento político (por ejemplo, la "influencia responsable"; ver Capítulo 8) (OCDE, 2020[55]).
Los gobiernos también pueden promover la implementación de estándares de integridad en el sector privado mediante una combinación de regímenes de sanciones e incentivos, así como proporcionando orientación a las empresas para el diseño, la implementación y la evaluación de sus programas de cumplimiento en materia de Integridad (OCDE, 2020[55]; OCDE/ONU, 2024[56]). Así mismo, la Recomendación de la OCDE para Combatir el Cohecho (Sección XXIII.D) destaca la importancia de establecer incentivos para el cumplimiento de estándares de integridad empresarial con el fin de prevenir y detectar el cohecho de servidores públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. También resalta la relevancia de la acción colectiva y de las alianzas entre los sectores público y privado para desarrollar actividades de sensibilización (OCDE, 2009[57]).
La República Dominicana ha mostrado avances recientes en la promoción de la integridad en el sector privado, por ejemplo:
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), como órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, promueve alianzas público-privadas para avanzar en un cambio cultural hacia compras más transparentes. Como parte de sus aportes ha elaborado el Código de Pautas de Ética e Integridad, la Guía de Buenas Prácticas para la Aplicación de la Debida Diligencia, el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación Pública, los esfuerzos por Compras Verdes y Sostenibles de acuerdo a los parámetros de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), además de capacitaciones para actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
En materia de competencia, se ha avanzado en la regulación y sanción de la colusión en compras y contrataciones públicas. De acuerdo con información compartida por la República Dominicana, se produjeron los Lineamientos Generales para los Planes de Cumplimiento en Materia de Política de Competencia e informes de cumplimiento y recomendaciones remitidos al Congreso Nacional.
La Ley n.º 155-2017 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo establece una serie de obligaciones mínimas para los sujetos obligados, entre ellas un programa de cumplimiento (artículo 34). Además, esta Ley requiere que cada sujeto obligado designe a un oficial de cumplimiento que será el enlace con el ente supervisor, dependiendo del sector económico correspondiente, y la Unidad de Análisis Financiero. En 2024, se declaró el 1 de junio como el Día Nacional del Cumplimiento, fecha que coincide con la promulgación de la Ley n.º 155-2017.
Se firmó un convenio entre el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) con el objetivo de seguir impulsando una cultura de transparencia y responsabilidad empresarial en el sector privado. Este acuerdo incluye el desarrollo de una plataforma digital, destinada a visibilizar programas de cumplimiento en las empresas, para compartir las buenas prácticas existentes y promover diferentes acciones del sector privado.
Construyendo sobre estos avances, las siguientes medidas podrían fortalecer aún más la corresponsabilidad del sector privado dominicano con la integridad y promover la implementación de medidas internas efectivas.
Primero, al elaborar su futura estrategia nacional de integridad, se recomienda que la estrategia incluya de manera explícita los riesgos vinculados al sector empresarial y que éste sea consultado activamente durante el diseño de la estrategia (ver también el Capítulo 1). Incorporar al sector privado en la estrategia permite identificar y mitigar mejor los riesgos compartidos de corrupción entre ambos sectores. Consultar al sector privado en el desarrollo de la estrategia mejora la legitimidad, pertinencia y factibilidad de las medidas adoptadas, al reflejar mejor las realidades y desafíos del entorno empresarial. Además, fomenta la colaboración y confianza entre sectores, lo cual es clave para la prevención de la corrupción. La República Dominicana podría organizar consultas sobre el contenido de la estrategia con representantes del sector privado, como el CONEP. Además, para asegurar que las medidas propuestas en la estrategia reflejen las mejores prácticas internacionales a nivel empresarial, el Gobierno también podría invitar a representantes de empresas privadas o asociaciones comerciales para comentar sobre el borrador de la estrategia
Segundo, la DIGEIG podría considerar ampliar la cobertura de los programas de cumplimiento a un número mayor de empresas, dado que actualmente es obligatorio únicamente para los “Sujetos Obligados” en la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esto debería complementarse con un mayor énfasis en la aplicación de la normativa para mejorar la calidad e implementación de los programas existentes. Según el Índice Regional de Percepción de Compliance 2024, elaborado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana junto a World Compliance Association, un 46 % de los encuestados percibe un compromiso “bajo” o “muy bajo” por parte de los órganos de gobierno de las empresas con la cultura de cumplimiento en la República Dominicana (Guzmán Molina, 2024[58]). Además, el 54 % del total de encuestados calificó su programa de cumplimiento como “muy bajo” o “moderado”, evidenciando la necesidad de fortalecer estas estructuras (Crespo, 2024[59]). Esta ampliación en términos de alcance y calidad podría basarse en reformas legales que conviertan los programas de cumplimiento en potenciales beneficios para las empresas.
Se puede distinguir dos tipos de beneficios para las empresas (OCDE/ONU, 2024[56]):
Circunstancia atenuante: Las autoridades con funciones coercitivas podrían aplicar medidas para incentivar a las empresas a que diseñen controles internos y programas o medidas de ética y cumplimiento eficaces, en particular como posible circunstancia atenuante. El Reino Unido y Alemania, por ejemplo, cuentan con recompensas como la reducción de multas administrativas o penas cuando se constata que la empresa cuenta con un programa de cumplimiento efectivo. Así, al utilizarse como atenuante para la disminución de penas, se le puede dar la competencia a los jueces de revisar la efectividad de los programas de cumplimiento. No obstante, las autoridades deberían velar por que la mera existencia de controles internos y de programas o medidas de ética y cumplimiento no exonere totalmente a la empresa de su responsabilidad (OCDE, 2025[60]).
Acceso a recursos publicas: Los organismos gubernamentales podrían incluir controles internos y programas o medidas de ética y cumplimiento en sus decisiones relativas a la concesión de ventajas públicas, como, por ejemplo, subvenciones públicas, licencias, contratos de adquisiciones públicas, contratos financiados con ayuda oficial al desarrollo y créditos oficiales para la exportación. Una práctica creciente de algunos gobiernos es exigir la verificación externa del programa de cumplimiento de una empresa antes de conceder el acceso a los contratos y otros bienes públicos (OCDE, 2020[55]). En países como Italia, Corea o Alemania han establecido instancias de revisión de los programas de cumplimiento. Italia, por ejemplo, cuenta con un sistema de ratings aplicable a los programas de cumplimiento de las empresas, que las pueden llevar a obtener beneficios al momento de participar en procesos de licitación pública (OCDE, 2021[61]).
Para el otorgamiento de ambos beneficios, es importante constatar la efectividad del programa, no solo su existencia en un documento, evitando que se conviertan en requisitos burocráticos de corte legal (Recuadro 5.5) (OCDE, 2021[61]; OCDE, 2025[60]). En este contexto, es importante impulsar a las empresas a desarrollar una cultura de integridad. Esto significa motivar a las empresas a abordar los elementos informales de su cultura corporativa que pueden promover o perjudicar la integridad en sus interacciones con servidores públicos. Tales elementos comprenden el liderazgo ejemplar y el compromiso directivo, los sistemas de incentivos y compensaciones, la comunicación organizacional, la seguridad psicológica y los elementos que promueven la deliberación y la libre expresión de opiniones, las dinámicas de trabajo en equipo internas, y las relaciones con actores externos relevantes (OCDE, 2020[55]).
Un programa de cumplimiento refleja la especificidad de la empresa, el entorno en el que opera y los riesgos a los que se enfrenta en sus operaciones diarias. Sin embargo, es posible identificar elementos comunes que caracterizan a un programa bien diseñado.
Evaluación, priorización y mitigación de riesgos: Una empresa debe identificar y evaluar periódicamente sus riesgos de cumplimiento, en particular al entrar en nuevos mercados o al contratar personal clave. Las empresas deben identificar las operaciones, unidades y personal con mayor riesgo.
Fuerte compromiso del liderazgo y la dirección: Los programas de cumplimiento deben contar con el apoyo total y visible de la dirección de la empresa (presidente, consejo de administración y director general). Los recursos asignados al programa, incluyendo (en empresas de mayor tamaño) un responsable de cumplimiento dedicado y capacitado, demuestran el compromiso de la alta dirección con el cumplimiento.
Transparencia, comunicación y documentación, incluyendo la del liderazgo de la empresa, por ejemplo, mediante directrices y declaraciones públicas, para aumentar la rendición de cuentas y contribuir a la concienciación y la educación. Los mensajes coherentes y regulares de la gerencia deben dejar claro que no se tolerarán las violaciones de la competencia. Es decir, que la empresa no defenderá ni apoyará a los infractores y que estos enfrentarán consecuencias negativas. La implementación de un programa de cumplimiento debe estar bien documentada para contribuir a la mejora continua y dar fe de los esfuerzos de cumplimiento.
Auditoría, seguimiento y evaluación: El programa de cumplimiento debe caracterizarse por un impulso a la mejora continua. Por lo tanto, debe estar sujeto a un seguimiento regular para garantizar que se mantenga actualizado, sea eficaz y siga cumpliendo los objetivos principales, que también deben evaluarse continuamente. La eficacia puede comprobarse, por ejemplo, mediante encuestas, evaluaciones de formación y entrevistas con personas clave para verificar los conocimientos y las actitudes hacia el cumplimiento y las conductas ilegales.
Capacitación: Un programa de cumplimiento debe incluir capacitación obligatoria en cumplimiento para todo el personal en puestos con riesgos identificados, así como parte de la inducción de los nuevos empleados. La capacitación debe adaptarse a los riesgos y al perfil de la empresa.
Denuncias: Un sistema que garantiza que el personal pueda denunciar infracciones del programa de cumplimiento o infracciones de competencia de forma confidencial y sin riesgo de represalias.
Revisión ex post para verificar si se han producido infracciones, por qué se produjeron, si la dirección las ha gestionado adecuadamente e identificar medidas que se puedan adoptar para fortalecer el programa de cumplimiento.
Fuente: (OCDE, 2021[61]; OCDE, 2009[57])
Para reforzar la eficacia de los programas de cumplimiento, la República Dominicana podría desarrollar mecanismos independientes de monitoreo o supervisión que permitan verificar periódicamente los resultados de estos programas (OCDE, 2025[60]; OCDE, 2025[62]). Algunos mecanismos de monitoreo pueden implementarse internamente dentro de las empresas, como revisiones trimestrales realizadas por un comité de ética que rinda cuentas a la asamblea anual de accionistas, o plataformas estadísticas que recopilen indicadores clave de integridad y lucha contra la corrupción y generen informes para la auditoría interna, los comités de dirección, el consejo de administración y otros órganos de gobierno corporativo. Así mismo, podrían establecerse mecanismos externos centrados en la evaluación independiente de los programas de cumplimiento de las empresas. Entre ellos se incluyen evaluaciones realizadas por terceros, como estudios comparativos sectoriales elaborados por instituciones académicas o ejercicios de consultoría destinados a evaluar el grado de madurez de los programas con base en las directrices de la OCDE y otros estándares ampliamente reconocidos. También existen herramientas desarrolladas por organizaciones internacionales con amplia experiencia, como la OCDE, la World Compliance Association y Transparency International, para evaluar procesos específicos, como las cadenas de suministro, los mecanismos de denuncia, los procesos de debida diligencia y las prácticas de prevención del cohecho.
Tercero, otra forma de fomentar la adopción de programas de cumplimiento podría ser a través de la creación de un programa voluntario de certificación y reconocimiento para los programas de cumplimiento de las empresas con base en estándares definidos. La elaboración de estos estándares podría ser liderada por una alianza entre el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la DGCP, la DIGEIG y el CONEP, de modo que cada institución contribuya conforme a su mandato legal y dentro del ámbito de sus competencias. Estos estándares servirían como guía para que las empresas diseñen y fortalezcan sus programas de cumplimiento, sin perjuicio de la necesaria articulación con la normativa sectorial aplicable y con las autoridades regulatorias competentes en cada ámbito. Esta iniciativa promovería una cultura ética más allá del cumplimiento obligatorio, incentivando a todas las empresas a mejorar sus prácticas anticorrupción
En particular, se recomienda que, como parte de los estándares, se incluyan los lineamientos para Programas de Cumplimiento desarrollados por la DGCP (2021-2022). La colaboración público-privada en la gestión del programa fortalecería el diálogo multisectorial y permitiría una evaluación basada en riesgos y calidad de los programas de integridad. Además, la transparencia generada al publicar las empresas certificadas aumentaría la confianza en el compromiso del sector empresarial de apoyar la integridad pública. Ejemplos de otros países podrían servir de inspiración para la República Dominicana (ver Recuadro 5.6).
El programa Pro-Ética en Brasil es una iniciativa voluntaria liderada por la Contraloría General de la Unión (CGU), en asociación con el Instituto Ethos y otras entidades públicas y privadas. Su objetivo es fomentar una cultura empresarial ética y transparente, especialmente en la relación de las empresas con el sector público, mediante la adopción de medidas anticorrupción y de integridad. Desde su creación en 2010 y su actualización en 2014, Pro-Ética ha inspirado programas similares en otros países, por ejemplo, Paraguay.
Características principales:
Participación voluntaria con reconocimiento público: Las empresas que operan en Brasil se inscriben libremente y son evaluadas anualmente mediante un cuestionario cualitativo que examina la eficacia y madurez de sus programas anticorrupción. Las compañías que alcanzan los estándares reciben el Sello Pro-Ética, un distintivo público que refleja su compromiso con la integridad. En el ciclo 2022-2023, postularon 367 empresas y 84 fueron certificadas.
Gobernanza multisectorial: El programa está gestionado por un comité que incluye a la CGU, el Instituto Ethos, el Ministerio de Industria y Comercio, la Confederación Nacional de Industrias (CNI) y otras organizaciones. Esto asegura la cooperación entre gobierno, empresas y sociedad civil, promoviendo una cultura de integridad compartida.
Evaluación cualitativa y basada en riesgos: En lugar de un enfoque meramente formal, se realiza un análisis profundo de la implementación de controles internos, gestión de riesgos y liderazgo ético, alineándose con las mejores prácticas internacionales. Los criterios se actualizan periódicamente.
Transparencia y reconocimiento: La lista de empresas reconocidas se anuncia en una ceremonia publica para promover modelos positivos de conducta empresarial.
Fuentes: (CGU, 2024[63]; CGU, s.f.[64])
Como parte del establecimiento de un sistema voluntario de reconocimiento y certificación, la República Dominicana podría elaborar un manual de criterios de evaluación para ayudar a las empresas a diseñar adecuadamente el contenido de sus programas de cumplimiento y orientar su implementación. Así mismo, podría desarrollar programas de sensibilización y capacitación dirigidos a las empresas interesadas sobre los instrumentos de la OCDE en materia de conducta empresarial responsable, en particular la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para una Conducta Empresarial Responsable (OCDE, 2018[65]; OCDE, 2023[66]).
En este ejercicio, sería importante garantizar que los estándares sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a los distintos sectores económicos, tamaños de empresa, regiones y estructuras de gobernanza. Una pequeña o mediana empresa requerirá orientaciones diferentes para implementar un programa de cumplimiento que una empresa transnacional con un departamento de cumplimiento consolidado (OCDE, 2022[67]). En aras de la equidad y la proporcionalidad, los beneficios mencionados anteriormente también deberían reflejar las diferencias entre los distintos tipos de empresas. Se recomienda que los manuales o protocolos específicos sobre programas de cumplimiento establezcan de manera clara y transparente este tratamiento diferenciado. Así mismo, es importante garantizar que los criterios se actualicen periódicamente, de modo que las directrices se mantengan pertinentes y respondan a la evolución del entorno empresarial.
Finalmente, un paso importante es definir como competencia de la UAF la revisión de los programas de cumplimiento en su gestión de la Ley n.º 155-2017 contra el lavado del dinero y el financiamiento del terrorismo, para que no sea solo un requisito formal de cada año, sino que contribuya a la organización con resultados positivos y visibles. Esta medida sería independiente del programa de certificación voluntaria y se aplicaría a todas las empresas sujetas a la Ley n.º 155-2017.
5.5.2. La DIGEIG podría fortalecer la base de evidencia sobre prácticas y desafíos en materia de integridad empresarial en la República Dominicana
Para desarrollar leyes, políticas y orientaciones efectivas para apoyar la integridad empresarial, los gobiernos necesitan información y datos confiables y actualizados que les permitan comprender los riesgos para la integridad en las empresas, las motivaciones del comportamiento corrupto, las dificultades para implementar programas de integridad, entre otros. Además, información discriminada según la categoría de las empresas –esto es por tamaño y sector, así como información más detallada sobre la calidad de los programas anticorrupción y de cumplimiento, también es útil para desarrollar políticas y pautas adicionales adaptadas al contexto. Por último, contar con información y datos actualizados periódicamente también permite medir el progreso a lo largo del tiempo e identificar dónde se debe dedicar atención y recursos adicionales o que medidas no están generando los resultados esperados y deben ser modificadas.
En la República Dominicana, actualmente hay información limitada sobre las prácticas, necesidades y desafíos en materia de integridad empresarial. En desarrollo de este Estudio de Integridad, no se encontró un estudio específico y especializado que busque entender la perspectiva y las experiencias del sector privado en la integridad y la lucha contra la corrupción.
En ese sentido, además de asegurar la participación del sector privado en la consulta para el desarrollo de la estrategia nacional de integridad (Capítulo 1), la DIGEIG podría tomar la iniciativa de fortalecer la base de evidencia sobre las prácticas y desafíos en materia de integridad empresarial. Para esto, la DIGEIG podría colaborar con instituciones públicas pertinentes, como el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La experiencia de la Agencia Francesa Anticorrupción (AFA) en la implementación de una encuesta nacional sobre integridad empresarial puede servir como ejemplo de una encuesta dirigida por el gobierno para comprender mejor los desafíos relacionados con las prácticas de integridad empresarial (Recuadro 5.7).
Además, para medir las prácticas y los desafíos de integridad empresarial, la DIGEIG podría fortalecer su cooperación con la comunidad académica, asociaciones sectoriales y/o las organizaciones del sector privado. El socio académico puede servir como resguardo de la independencia y la solidez metodológica de la investigación, mientras que las asociaciones sectoriales pueden ayudar a difundir tanto las encuestas como los resultados entre sus afiliados.
En 2020, la Agencia Francesa Anticorrupción (AFA) realizó una encuesta nacional con el fin de analizar la comprensión de las empresas de Francia acerca de los riesgos de corrupción y el marco jurídico vigente, así como la madurez de sus sistemas de prevención y detección de la corrupción. La encuesta fue abierta a las empresas independientemente de su tamaño y consistió en un cuestionario anónimo accesible en línea. Las organizaciones profesionales fueron socios clave en la difusión de la encuesta y participaron activamente en actividades de comunicación movilizando a sus miembros. Como resultado se llegó a más de 2 000 empresas, de las cuales unas 400 empresas, incluidas pequeñas y medianas empresas (PYME), proporcionaron respuestas accionables.
La encuesta proporcionó información clave sobre el panorama de la integridad empresarial en Francia, por ejemplo:
Aunque las empresas informaron tener un conocimiento claro acerca de los delitos de corrupción y no obstante 70 % de ellas cuente con un programa de cumplimiento anticorrupción, estos programas de cumplimiento presentan deficiencias importantes en términos de mapeo de riesgos y gestión de riesgos de terceros.
La posición del responsable de la función de cumplimiento es crucial para la implementación eficaz de sistemas de cumplimiento y debe reforzarse.
Las PYME (que no están sujetas a las obligaciones de cumplimiento establecidas en el artículo 17 de la Ley Sapin II sobre transparencia en la vida económica) parecen estar rezagadas en la aplicación de los programas de cumplimiento anticorrupción.
Los resultados de la encuesta servirán de referencia para medir los avances y las lagunas en materia de integridad empresarial en el futuro. Además, ayudaron a informar las prioridades y recomendaciones de la AFA para 2021 en materia de integridad empresarial.
Fuente: (AFA, 2020[68])
Promover una educación en integridad en todos los niveles del sistema educativo
El Ministerio de Educación podría ampliar el contenido de la competencia fundamental “Ética y Ciudadanía” con el fin de cubrir otras áreas relevantes para la educación en integridad.
El Ministerio de Educación podría fortalecer la educación en integridad a través de más capacitación personalizada y actividades extracurriculares.
Las universidades podrían considerar la integración de cursos sobre integridad pública y anticorrupción en sus programas.
La República Dominicana debe invertir en el desarrollo de capacidades de las personas docentes en materia de integridad y prevención de la corrupción.
Promover una cultura ciudadana de integridad en la República Dominicana
La DIGEIG podría liderar la realización de una campaña nacional de concientización dirigida al conjunto de la sociedad y promover un compromiso nacional por la integridad dominicana.
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en conjunto con la DIGEIG, podrían generan una estrategia de promoción de investigaciones en materia de integridad y anticorrupción.
Involucrar a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas
La República Dominicana podría asegurar que las entidades del sistema de integridad y las entidades que brindan servicios públicos publiquen información relevante y ofrezcan canales de participación efectivos a la ciudadanía.
El CASFL podría lanzar una convocatoria dirigida a las asociaciones sin fines de lucro para impartir actividades de capacitación en educación cívica e integridad, con énfasis en el fortalecimiento de la participación a nivel local y el involucramiento de la juventud.
La DIEGIG debería buscar institucionalizar la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil organizada en el desarrollo y el seguimiento de sus estrategias nacionales de integridad pública.
Fortalecer la corresponsabilidad y la participación del sector empresarial con la integridad pública
En alianza público-privada se puede impulsar la ampliación de la cobertura de programas de cumplimiento en el sector privado, con adaptación a las tipologías de empresas y sectores, y verificado externamente.
La DIGEIG podría fortalecer la base de evidencia sobre prácticas y desafíos en materia de integridad empresarial en la República Dominicana.
Referencias
[68] AFA (2020), National Diagnostic Survey of Anti-Corruption Systems in Business - 2020 Survey results, Agence Française Anticorruption, Paris, https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2021-03/National%20Diagnostic.pdf (consultado el 28 de julio de 2025).
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