Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026: España
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El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción es la primera estrategia anticorrupción de España adoptada a nivel gubernamental (en agosto de 2025). Un Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que introduce los cambios jurídicos necesarios para implementar esta Estrategia fue aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de febrero de 2026, y será remitido al parlamento para continuar con su tramitación legislativa. La estrategia se estructura en torno a cinco pilares e incluye objetivos estratégicos para mitigar los riesgos de integridad en la gestión de los recursos humanos, la gestión de las finanzas públicas, la contratación pública, el control interno y el sector privado. El Real Decreto n.º 711/2025 creó una Comisión Interministerial para dirigir, impulsar y coordinar las actividades del Plan Estatal.
Si bien no existe un órgano central encargado de mitigar los riesgos para la integridad pública en materia de cabildeo, la Oficina de Conflictos de Intereses se encarga de mantener y gestionar los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del Estado, y de examinar el cumplimiento del marco normativo en materia de conflictos de intereses, así como el régimen de incompatibilidades de todo el personal al servicio de las administraciones públicas. Además, la Oficina de Datos de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública es responsable de la política de datos abiertos y de la función de supervisión, mientras que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es el organismo autónomo e independiente de supervisión responsable de la información pública. El Departamento de Partidos Políticos, dependiente del Tribunal de Cuentas, que es la entidad fiscalizadora superior, tiene el mandato específico de supervisar el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.
El citado Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública consolidaría varias de estas funciones bajo una Agencia de Integridad Pública de nueva creación e independiente que, entre otras, integraría las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Nota: Datos de 2020 y 2025 o del último año disponible.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026)
Los datos sobre los puntos más fuertes y las áreas con más margen de mejora del sistema de integridad español pueden consultarse en el siguiente enlace (en inglés):
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026)
España cumple el 53 % de los criterios sobre la solidez del marco estratégico y el 17 % sobre la práctica, frente a la media de la OCDE del 38 % y el 32 %, respectivamente.
El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción tiene una amplia cobertura a través de sus objetivos estratégicos. Incluye un análisis de la situación que identifica los riesgos actuales para la integridad pública a los que se enfrenta el país. Sin embargo, el Plan Estatal no tiene un plan de acción en vigor, aunque actualmente se está elaborando uno. Como la estrategia se adoptó muy recientemente, no se dispone de informes de seguimiento de su implementación.
Aunque el Plan Estatal en sí no se sometió a consulta pública, todos sus elementos se incluyeron en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de febrero de 2026, que se sometió a un proceso de consulta pública en dos fases, tal como exige la legislación española, y cuya información está disponible en una página web específica. El Anteproyecto de Ley incluía la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente, así como reformas del poder judicial, el Código Penal y las normas de financiamiento político. El 18 de febrero de 2026 se inició una consulta pública ex post sobre el Anteproyecto de Ley, aprobado por el Consejo de Ministros, durante un periodo de 15 días.
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026).
España cumple el 40 % de los criterios sobre las normativas de cabildeo y el 0 % sobre la práctica, frente a la media de la OCDE del 43 % y el 38 %, respectivamente.
Si bien la Ley 3/2015 establece periodos de incompatibilidad para los cargos públicos que cesan en sus funciones, no existe regulación alguna sobre el cabildeo, ni un registro de grupos de interés. Las normas sobre titularidad real se establecen en la Orden JUS/319/2018 y hacen obligatoria la divulgación de los datos de la empresa para identificar a sus propietarios. España está elaborando legislación para regular los grupos de interés (cabilderos) y aumentar la transparencia de las actividades de cabildeo mediante la creación de un registro de grupos de interés.
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026).
España cumple el 89 % de los criterios sobre las normativas de conflictos de intereses y presenta un excelente rendimiento en la práctica, cumpliendo el 89 % de los criterios, frente a la media de la OCDE del 80 % y el 45 %, respectivamente.
La Ley 3/2015 enumera las incompatibilidades entre las funciones públicas y otras actividades públicas o privadas, define las circunstancias y relaciones que pueden dar lugar a situaciones de conflicto de intereses de los funcionarios y establece las responsabilidades institucionales y los procedimientos que regulan la presentación, el cumplimiento y la verificación del contenido de las declaraciones de intereses. Todo miembro del gobierno, del parlamento, de los órganos superiores de la judicatura y todo funcionario de alto nivel del poder ejecutivo recién nombrado o nombrado de nuevo debe presentar una declaración de intereses como mínimo en el momento de su ingreso y en cualquier renovación o cambio en el cargo público. Sin embargo, no todos los funcionarios en puestos de alto riesgo, como los jefes de personal de los Gabinetes, están sujetos a esta obligación.
En la práctica, todos los miembros del gobierno y del parlamento han presentado declaraciones de intereses en los últimos seis años, y todos los funcionarios de alto nivel recién nombrados presentaron declaraciones de intereses en los últimos cuatro años. Además, todas las declaraciones presentadas durante los dos últimos años naturales fueron verificadas por la Oficina de Conflictos de Intereses, que emite recomendaciones cada vez que se detecta un caso de conflicto de intereses.
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026).
España cumple el 70 % de los criterios sobre las normativas de financiamiento político y el 43 % sobre la práctica, frente a la media de la OCDE del 76 % y el 58 %, respectivamente.
La Ley Orgánica 8/2007, modificada significativamente por la Ley Orgánica 3/2015, establece sanciones para las infracciones de las normativas sobre financiamiento político y campañas electorales proporcionales a la gravedad de la infracción, y prohíbe las contribuciones a partidos políticos de empresas de titularidad pública, empresas extranjeras y Estados extranjeros. Además, todos los partidos políticos deben reportar sobre sus finanzas durante las campañas electorales y hacer públicos los informes financieros, incluidas todas las contribuciones que superen un límite fijo. Sin embargo, el marco normativo no prevé prohibiciones más amplias sobre el uso de fondos y recursos públicos a favor o en contra de un partido político.
En la práctica, el Tribunal de Cuentas tiene el mandato de supervisar el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, cuenta con auditores certificados en nómina y ha publicado informes y resoluciones con información sobre el número de casos relacionados con infracciones de la normativa de financiamiento político, el número de investigaciones realizadas y un desglose de los diferentes tipos de sanciones emitidas. Sin embargo, no todos los partidos políticos presentaron sus cuentas anuales dentro de los plazos definidos por la legislación nacional en 2023, y otros no las presentaron en 2024. Además, las cuentas relacionadas con las elecciones y los informes financieros de todos los partidos políticos no están a disposición del público.
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026).
España cumple el 89 % de los criterios sobre las normativas de acceso a la información pública y el 81 % sobre la práctica, frente a la media de la OCDE del 72 % y el 62 %, respectivamente.
La Ley 19/2013 establece que todas las personas, incluidas las personas jurídicas y los ciudadanos no nacionales, tienen derecho a acceder a la información en todas sus formas, y las únicas restricciones al acceso a la información pública permitidas son las enumeradas por la ley y en consonancia con el Convenio de Tromsø. Además, existen plazos legales para tramitar las solicitudes de información, y los titulares de la información están obligados a facilitarla en el formato solicitado. En la práctica, las versiones consolidadas de todas las leyes, los presupuestos del Estado, los resultados de las últimas elecciones nacionales, las propuestas legislativas del gobierno, los programas de las reuniones del gobierno, las agendas de los ministros, el registro de la propiedad, los salarios de los altos funcionarios individuales y las licitaciones públicas anunciadas por el gobierno central y sus resultados son accesibles en los respectivos sitios web gubernamentales. La mayoría de las declaraciones de bienes e intereses se hacen públicas, excepto las de los jueces del Tribunal Supremo.
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026)
España cumple el 88 % de los criterios sobre las normativas de integridad judicial y el 64 % sobre la práctica, frente a la media de la OCDE del 66 % y el 45 %, respectivamente.
El artículo 117 de la Constitución española establece que los miembros del poder judicial son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". La garantía de la inamovilidad de los jueces y las causas objetivas de su cese están recogidas en la Ley General del Poder Judicial (LOPJ). El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano encargado de decidir sobre el nombramiento y promoción de los jueces. El Consejo es un órgano independiente según las normas de la OCDE. La LOPJ establece que la selección y promoción de los jueces debe basarse en procedimientos objetivos y basados en el mérito, incluyendo exámenes.
El CGPJ aprobó una lista de principios éticos para los miembros de la judicatura que, además de la LOPJ, esboza una lista de incompatibilidades que deben observar los jueces y las situaciones que pueden dar lugar a situaciones de conflicto de intereses. Aunque el Decreto n.º 249/1996 regula las incompatibilidades y actividades privadas de los empleados de los tribunales, no define específicamente las circunstancias y relaciones que pueden dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para ellos. La LOPJ establece que solo están obligados a presentar declaraciones de intereses los miembros de los máximos órganos del poder judicial. Mientras que las declaraciones de todos los miembros del CGPJ están disponibles en línea, las declaraciones de intereses de los magistrados del Tribunal Supremo no son públicas. Además, no hay datos sobre el número de declaraciones verificadas por la autoridad responsable, la Oficina de Conflictos de Intereses, durante el último año natural completo.
Los miembros de la judicatura disponen de un canal interno de denuncia de irregularidades que permite a las personas denunciar conductas indebidas, y en la Ley 2/2023 se establecen protecciones legales contra las represalias para los denunciantes. El sitio web del canal de denuncias contiene información sobre los derechos de los denunciantes, los procedimientos para denunciar conductas indebidas y los datos de contacto para presentar las denuncias. Aunque se ofrecen cursos sobre confidencialidad al personal que tramita denuncias en los tribunales, estas formaciones no son obligatorias.
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026)
España cumple el 76 % de los criterios sobre las normativas de integridad de la fiscalía y el 74 % sobre la práctica, frente a la media de la OCDE del 66 % y el 52 %, respectivamente.
La Ley 50/1981 sobre el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o EOMF, junto con la LOPJ, establece las garantías de integridad del sistema fiscal. Estas leyes establecen motivos objetivos para el cese de los fiscales, establecen procedimientos objetivos y basados en el mérito para su selección y promoción, y conceden a los candidatos el derecho a apelar las decisiones de nombramiento. También definen las circunstancias y relaciones que pueden dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para los fiscales, y las circunstancias que podrían dar lugar a la recusación de los fiscales.
A todos los fiscales se les aplica un código ético elaborado por el Ministerio Fiscal que incluye diversos principios y normas de conducta en ámbitos como los conflictos de intereses, las relaciones con los medios de comunicación y la intervención en procedimientos penales. Sin embargo, los fiscales no están obligados a presentar declaraciones de intereses.
Los fiscales tienen acceso a un canal interno de denuncia de irregularidades que incluye información sobre los procedimientos para denunciar conductas indebidas y los derechos de los denunciantes. Aunque se ofrecen cursos sobre confidencialidad al personal que tramita denuncias en las fiscalías, estas formaciones no son obligatorias.
Nota: Datos de 2025 o del último año disponible.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (datos extraídos el 7 de marzo de 2026)
España cumple el 92 % de los criterios sobre las normativas del sistema disciplinario para funcionarios, pero solo el 17 % sobre la práctica, frente a la media de la OCDE del 66 % y el 22 %, respectivamente.
En España, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), complementado por otras normativas, establece el marco disciplinario para los funcionarios. Este marco normativo define lo que constituye una falta disciplinaria, establece un procedimiento disciplinario para los funcionarios y fija una serie de sanciones disciplinarias para cada tipo de falta. Las decisiones disciplinarias pueden recurrirse ante un tribunal administrativo tras agotar la vía administrativa.
Ningún organismo del gobierno central ha proporcionado directrices sobre la normalización de los procedimientos disciplinarios, pero el Instituto Nacional de Administración Pública ofrece a los funcionarios un curso de formación sobre cómo llevar a cabo investigaciones disciplinarias. No existe un sistema electrónico de gestión de casos para gestionar los casos y procedimientos disciplinarios.
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El libro completo está disponible en español: OCDE (2026), Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026: La integridad como ventaja estratégica, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/f112b919-es.
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