La finalidad del gasto social es apoyar a las personas que atraviesan situaciones difíciles mediante la redistribución de los recursos entre los hogares. Incluye ayudas económicas y servicios para quienes se encuentran en situación de pobreza o desempleo, así como para las personas mayores que ya no participan en el mercado laboral. También comprende la financiación de prestaciones sanitarias, programas de apoyo a las familias e iniciativas de apoyo a la vivienda.
Política social
La política social protege a las personas y a sus familias y contribuye a su bienestar. Sin embargo, muchas de ellas siguen sin recibir el apoyo que necesitan, pese a que el gasto social representa una parte considerable del gasto público. Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de protección social, es fundamental que los países logren un equilibrio entre accesibilidad, inclusión y sostenibilidad financiera.
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Mensajes clave
En las próximas décadas, los países de la OCDE tendrán que adaptarse a profundas transformaciones sociodemográficas, avances tecnológicos y desafíos derivados del cambio climático. Estas megatendencias pueden poner aún más a prueba unos sistemas de protección social que ya afrontan retos relacionados con su financiación, cobertura, suficiencia y capacidad para garantizar el acceso efectivo a prestaciones y servicios.
Grandes transformaciones globales como el envejecimiento de la población, el aumento de las desigualdades, el cambio climático y los cambios en la forma de trabajar exigen adaptar los sistemas de protección social para responder a los desafíos del futuro. Para ello, es necesario comprender, a partir de datos empíricos, cuáles son los riesgos sociales y económicos que más preocupan a la población y en qué medida los ciudadanos consideran que los gobiernos están abordando eficazmente esos riesgos.
Los sistemas tributarios y de prestaciones desempeñan un papel fundamental en la redistribución de la renta, la estabilidad económica y la cohesión social. Sin embargo, su capacidad cada vez más limitada para reducir las desigualdades ha sido uno de los factores que han contribuido a ampliar la brecha de ingresos entre los grupos con mayores y menores niveles de renta. Por ello, es crucial reforzar las políticas redistributivas mediante sistemas de protección social más accesibles e inclusivos que, al mismo tiempo, fortalezcan los incentivos económicos al empleo y garanticen la sostenibilidad fiscal.
Contexto
Gasto público en protección social
El tamaño de los estados de bienestar varía considerablemente entre los países de la OCDE. En 2022, el gasto público en protección social superó el 30 % del PIB en Francia e Italia, los países con los niveles más elevados, mientras que una cuarta parte de los países de la OCDE destinó alrededor del 25 % del PIB o más a este ámbito. En cambio, en países como Colombia, Costa Rica, Irlanda, Corea, México y Turquía, el gasto público en protección social representa el 15 % del PIB o menos.
Los sistemas de protección social evolucionaron gradualmente hasta dar lugar a estados de bienestar con una amplia cobertura. En los 17 países de la OCDE para los que se dispone de datos y que eran miembros de la Organización en aquel momento, la proporción del gasto público en protección social respecto al PIB se multiplicó por más de dos entre 1960 (7,9 %) y 2000 (17,9 %). Otros países experimentaron una evolución similar, aunque en una etapa posterior, entre 2000 y 2020.
Tasas de pobreza
La política social es fundamental tanto para proteger a las personas en riesgo de pobreza como para apoyar a quienes ya se encuentran en esa situación. En 2022, la tasa media de pobreza relativa en la OCDE —es decir, la proporción de personas cuyos ingresos disponibles son inferiores a la mitad de la renta mediana de su país— fue del 11,1 %. Las tasas más elevadas se registraron en Costa Rica (21 %), mientras que en Chequia y Dinamarca la pobreza afectó únicamente al 6 % de la población. En general, los países mediterráneos, bálticos y latinoamericanos presentan tasas de pobreza relativamente elevadas. Las economías emergentes también registran niveles de pobreza más altos que la mayoría de los países de la OCDE.
Seguridad económica
La población espera cada vez más de los sistemas de protección social de sus países. La encuesta de la OCDE «Risks that Matter», realizada a partir de muestras representativas a escala nacional en 27 países de la OCDE, recoge las opiniones de la población sobre sus preocupaciones económicas y sociales, así como sobre su grado de satisfacción con los programas sociales.
Los resultados muestran que, de media, el 72 % de las personas encuestadas considera que los gobiernos deberían hacer más para garantizar su seguridad económica y social. Esta proporción oscila entre el 90 % en Chile y el 53 % en Dinamarca, país que de forma reiterada se sitúa en los últimos puestos de esta clasificación, probablemente debido a su ya elevado nivel de compromiso con los programas sociales. En el conjunto de los países analizados, solo el 5 % de las personas encuestadas considera que los gobiernos deberían intervenir menos. Esta proporción es mayor en los países donde los sistemas de protección social ya están relativamente desarrollados.
