La integridad es un activo estratégico para los países miembros y socios de la OCDE. Los sistemas de integridad pública bien diseñados y aplicados eficazmente protegen a las democracias de la corrupción, refuerzan la confianza en las instituciones públicas y promueven las condiciones necesarias para el crecimiento, la inversión y la competencia leal. Ante la evolución de los riesgos de corrupción, el informe Perspectivas de anticorrupción e integridad de 2026 muestra cómo se puede aprovechar mejor la ventaja de la integridad para fomentar economías prósperas e instituciones públicas resilientes y de confianza. Para ello, evalúa el desempeño en siete áreas clave de los sistemas de integridad de 37 países miembros y 25 países socios de la OCDE.
La corrupción sigue siendo una amenaza importante y en constante evolución. Perjudica al crecimiento económico al hacer que los mercados sean menos estables y predecibles, desalentando la innovación y la inversión y añadiendo costes e ineficiencia. En cuanto a los costes, estimaciones recientes muestran que los países pierden una parte significativa de su PIB a causa del fraude, la corrupción y el despilfarro, con billones de ingresos perdidos cada año por organizaciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro. A su vez, la corrupción también distorsiona las políticas públicas, aumenta las desigualdades y erosiona la confianza pública. El número de personas con poca o ninguna confianza en el gobierno nacional supera ahora al de quienes afirman tener confianza. Menos de una de cada tres personas considera probable que el gobierno rechazase las exigencias de una empresa incluso si estas van en contra del interés público. Estas tendencias se agravan y afianzan aún más a medida que la corrupción se vuelve más compleja, con redes de crimen organizado y esquemas de fraude cada vez más sofisticados, a menudo facilitados por las nuevas tecnologías, que amplifican aún más los riesgos de corrupción.
Ante estos retos, los países están tomando medidas para reforzar sus sistemas de integridad. El número de países que han adoptado por primera vez una estrategia anticorrupción o una ley sobre el cabildeo (lobbying) ha aumentado. Sin embargo, en todas las áreas presentadas en este informe, la brecha promedio de implementación –cuando los países no trasladan las normativas a la práctica– se sitúa actualmente en 19 puntos porcentuales. Este sigue siendo el reto principal para los sistemas de integridad. Aunque las normativas han mejorado gradualmente en varias áreas, su implementación va a la zaga, sobre todo en la gestión de los conflictos de intereses, el financiamiento político y los sistemas disciplinarios. Además, a menudo los países no supervisan la implementación de sus sistemas de integridad: solo uno de cada cuatro países miembros de la OCDE y uno de cada dos socios realizan un seguimiento de la implementación de las medidas de sus estrategias anticorrupción.
Los capítulos 2 a 8 de este informe muestran que los países con un buen desempeño en este ámbito se están alejando de los enfoques de la integridad basados excesivamente en normas, procesos y cumplimiento. En su lugar, están adoptando enfoques digitales, basados en los riesgos y orientados a los resultados para hacer frente a los riesgos más perjudiciales de la forma más rentable. Los sistemas de integridad más sólidos amplían el enfoque de las medidas anticorrupción para abordar los riesgos de corrupción en el sector privado y otras áreas de alto riesgo, como sanidad o defensa. Para apoyar estos esfuerzos, es esencial hacer un mejor uso de las herramientas digitales y mejorar la calidad de los datos, la interoperabilidad y la gobernanza, especialmente en las funciones de supervisión, ejecución y rendición de cuentas. Y, cuando se producen delitos de corrupción, para garantizar la rendición de cuentas es importante un alto nivel de integridad judicial, basado en sólidos procedimientos de selección y promoción, códigos de conducta y mecanismos de denuncia de irregularidades.
Los capítulos centrales de esta edición, del 9 al 11, exploran la evolución de los riesgos de corrupción relacionados con el fraude, la contratación pública y el crimen organizado. El fraude se ha convertido en el delito de más rápido crecimiento en varios países, y se calcula que las organizaciones pierden cada año el 5 % de sus fondos a causa del fraude. La complejidad de los procesos y operaciones de contratación, las sumas implicadas, las estrechas interacciones entre los sectores público y privado y la naturaleza global y fragmentada de las cadenas de suministro de la contratación aumentan el riesgo de corrupción. Se calcula que entre el 8 % y el 25 % de la inversión pública mundial puede perderse cada año por culpa de la mala gestión y la corrupción. Muchos de estos problemas se ven agravados por la creciente amenaza del crimen organizado, cuyos costes se estiman actualmente en el 5 % del PIB mundial anual. Por lo tanto, en lugar de encomendarse a la mera aplicación de la ley, los países deben intensificar sus esfuerzos de integridad en estas áreas desarrollando enfoques estratégicos, preventivos y basados en la evidencia que utilicen los recursos de forma más eficaz y protejan los fondos públicos y las instituciones.