Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026

1. Visión general

La ventaja de la integridad

La integridad es un activo estratégico para gobiernos y empresas. Los sistemas de integridad pública bien diseñados y aplicados eficazmente protegen a las democracias de la corrupción, refuerzan la confianza en las instituciones públicas y crean las condiciones necesarias para el crecimiento y la competencia leal. Los países que aprovechan esta ventaja de la integridad están mejor posicionados para atraer inversiones, gestionar los riesgos y responder con credibilidad a las expectativas de los ciudadanos.

Para generar esta ventaja de la integridad, los gobiernos deben permanecer atentos a la amenaza cambiante que supone la corrupción. La corrupción perjudica el crecimiento económico al disminuir los niveles de inversión extranjera directa. La opinión, ya desfasada, de que la corrupción "engrasa las ruedas" de la economía eludiendo normativas ineficientes tiene poco respaldo empírico. Más bien, la evidencia demuestra que la corrupción ahoga la innovación y la inversión, añade costes e ineficiencia y desvía los recursos de su uso previsto, sobre todo en países con una gobernanza de baja calidad (U4, 2017[1]; Damijan, 2023[2]; United States Trade Representative, 2025[3]). La integridad es rentable, ya que las empresas prefieren invertir en entornos políticos y normativos estables y previsibles. Un terreno de juego desigual añade incertidumbre y costes potenciales, ahoga el emprendimiento y distorsiona la competencia. Las empresas de todo el mundo consideran que la corrupción es un desafío significativo, ya que una de cada cuatro la señala como "un obstáculo importante o muy grave", según las encuestas a empresas del Banco Mundial (The World Bank, n.d.[4]). En la Unión Europea, más de tres cuartas partes piensan que los vínculos demasiado estrechos entre las empresas y la política conducen a la corrupción (77 %); y aproximadamente dos tercios, que el favoritismo y la corrupción socavan la competencia empresarial (65 %) (European Union, 2025[5]).

En cuanto a los gastos, los sistemas de integridad débiles generan pérdidas fiscales sustanciales. Los países pierden una parte significativa de su PIB debido al fraude, la corrupción y el despilfarro. Se estima que las organizaciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro pierden cada año el 5 % de sus ingresos debido al fraude ocupacional en todo el mundo (aproximadamente 5 billones de dólares estadounidenses en pérdidas) y entre el 8 % y el 25 % de la inversión pública mundial puede perderse debido a la mala gestión y fraude en las operaciones de contratación (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2024[6]; Fazekas, Sberna and Vannucci, 2022[7]). Esta pérdida se produce tanto en la recaudación de impuestos (el FMI calcula que los países con el mismo nivel de desarrollo económico, pero con menores niveles de corrupción recaudan en torno a un 4 % más de su PIB en impuestos) como en la prestación de servicios. En varios países, el fraude se ha convertido en el tipo de delito más frecuente y de más rápido crecimiento en los últimos años. Además, están surgiendo redes de crimen organizado cada vez más poderosas y transnacionales, que utilizan la corrupción como herramienta para desviar recursos públicos de su uso previsto, centrándose en la contratación pública, las subvenciones, la concesión de licencias y los procesos de planificación. Los avances tecnológicos, incluida la inteligencia artificial, son utilizados cada vez más por particulares y organizaciones delictivas para cometer fraudes y aumentar la eficiencia de sus propias operaciones a costa del erario público.

La corrupción también distorsiona las políticas públicas, aumenta las desigualdades y erosiona la confianza pública. Según la encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas, el número de personas con poca o ninguna confianza en el gobierno nacional supera actualmente al de quienes afirman tener confianza. Equilibrar los intereses de los distintos grupos de la sociedad en aras del interés público es una de las tareas más importantes de los parlamentos y los gobiernos, y una de las mejores medidas para aumentar la confianza en los gobiernos nacionales y las instituciones legislativas, junto con la mejora de los mecanismos de controles y equilibrios dentro de las instituciones y una toma de decisiones transparente y verificable. Sin embargo, menos de una de cada tres personas considera probable que el gobierno rechazase las exigencias de una empresa incluso si estas van en contra del interés público. Y casi la mitad duda de que un alto cargo político se negaría a conceder un favor político a cambio de un empleo bien remunerado en el sector privado (OECD, 2024[8]). Estas tendencias coinciden con una disminución del compromiso con la política y un creciente escepticismo sobre la capacidad de los gobiernos para abordar de forma fiable los desafíos de la sociedad.

En resumen, los ciudadanos y las empresas quieren que los gobiernos defiendan y prioricen la integridad. Los gobiernos deben adoptar medidas audaces e invertir en reformas de la integridad basadas en el riesgo y orientadas a los resultados que aborden los desafíos planteados por los inversores, los consumidores y los votantes, utilizar las nuevas tecnologías para lograr un mayor impacto, ser capaces de mostrar los beneficios y trabajar juntos en distintas jurisdicciones. Sin embargo, la acumulación de procesos de gobernanza pesados e ineficientes, así como su aplicación a menudo rígida, han hecho mella en la capacidad y la eficiencia del gobierno para llevar a cabo las reformas. Los enfoques de la integridad pública basados excesivamente en normas y en procesos están anticuados, ya que introducen demasiados controles y poco equilibrio en la actividad del gobierno. Por el contrario, al igual que en otros ámbitos políticos, los gobiernos deben seguir adaptando sus marcos de integridad para garantizar que sean eficientes, estén bien orientados y aporten valor añadido a las empresas y los ciudadanos.

Para las empresas, aunque el cumplimiento sigue siendo una obligación legal y ética, las funciones de cumplimiento deben demostrar cada vez más cómo su actividad contribuye a los objetivos empresariales, más allá de evitar sanciones o daños a su reputación. Los nuevos modelos permiten a las empresas evaluar el "rendimiento del cumplimiento", y un cumplimiento eficaz y eficiente puede explicar entre el 15 % y el 18 % de la variación de los resultados empresariales (OECD, 2025[9]). Las empresas deben perseguir este cambio de visión de la integridad como una capacidad estratégica, integrada en la toma de decisiones y adaptable al cambio empresarial, al tiempo que refuerzan la importancia de sentar unas pautas firmes desde arriba para legitimar y sostener los esfuerzos de cumplimiento.

Al adoptar este enfoque, los gobiernos y las empresas pueden beneficiarse de la "ventaja de la integridad", en la que los marcos de integridad se convierten en un facilitador clave de economías prósperas y sociedades dignas en las que las personas se sienten conectadas con sus representantes.

Los países siguen invirtiendo en integridad, pero las reformas no siempre mejoran la calidad y persiste la brecha de implementación

Los gobiernos de todo el mundo siguen reformando sus leyes, instituciones y prácticas para reducir los riesgos de corrupción y obtener ventajas para la sociedad en general. El declive observado, por ejemplo, en el Estado de derecho no se ha materializado en el ámbito de la integridad pública (WJP, 2025[10]). Este informe muestra que, por ejemplo, ha aumentado el número de países que han adoptado por primera vez una estrategia anticorrupción y de integridad o una ley sobre el cabildeo (lobbying). En diciembre de 2025 se alcanzó un acuerdo político provisional sobre la Directiva relativa a la lucha contra la corrupción, lo que también pone de manifiesto que los países quieren intensificar la lucha contra la corrupción como un componente clave de sus programas de crecimiento y seguridad y en respuesta a las múltiples crisis en curso. Sin embargo, la calidad de las nuevas leyes no suele ser mejor que la de las existentes y, lo que es más importante, su aplicación se retrasa.

La brecha de implementación persiste y sigue siendo el principal reto para los gobiernos en 2026. Para los miembros de la OCDE, la brecha es mayor en los sistemas disciplinarios de la función pública (44 puntos porcentuales) y en la gestión de conflictos de intereses (35 puntos porcentuales). Los valores relacionados con la implementación son más bajos en el caso de los marcos estratégicos (32 %) y los sistemas disciplinarios (22 %). Sin embargo, en el caso de la estrategia y el cabildeo en particular, incluso los valores formales de jure podrían mejorar, lo que indica que la calidad de las normativas también se podría reforzar (Figura ‎1.1).

Figura ‎1.1. Situación de la integridad pública en todos los países miembros de la OCDE y en los 25 países socios de la OCDE: la brecha de implementación es el principal desafío

Cómo leer: Los promedios de los países miembros de la OCDE están representados mediante barras azules, y los promedios de los países socios de la OCDE, mediante líneas rosas. Se calculan realizando un promedio de los criterios cumplidos, tanto por los países miembros como por los países socios, en relación con la solidez de las normativas y las prácticas en todas las áreas presentadas. La brecha de implementación se calcula como la diferencia entre los criterios cumplidos en las normativas y los criterios cumplidos en la práctica.

Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (a 10 de marzo de 2026).

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La brecha promedio de implementación en todas las áreas1 para los países miembros de la OCDE se sitúa actualmente en 19 puntos porcentuales. Para las áreas de estrategia, cabildeo, conflicto de intereses, financiamiento político y transparencia de la información pública (las áreas cubiertas tanto en la edición de 2024 como en la de 2026 del informe), la brecha promedio de implementación ha aumentado de 14 a 15 puntos porcentuales. Hay una diferencia en el número de países cubiertos entre esta edición del informe y la anterior, pero este pequeño cambio en la brecha de implementación se debe en parte a que las normativas han mejorado progresivamente en promedio principalmente en lo que respecta a la transparencia de la información pública (del 60 % al 62 %), mientras que la práctica se ha mantenido igual (en el 47 %). Comparando los conjuntos de datos actuales con los presentados en la última edición, el conflicto de intereses sigue siendo el área con la mayor brecha de implementación, y la transparencia de la información pública sigue mostrando los mejores valores relacionados con la práctica en todas las áreas (Figura ‎1.2). La comparación a lo largo del tiempo aún no es posible para los países socios de la OCDE.

Figura ‎1.2. La brecha de implementación persiste a lo largo del tiempo en toda la OCDE

Nota: Los datos de la estrategia se publicaron por primera vez en 2021 y se actualizaron en 2023 y 2025. Los datos sobre conflictos de intereses, cabildeo y financiamiento político se publicaron por primera vez en 2022 y se actualizaron en 2025. Los datos sobre la integridad judicial, la integridad de la fiscalía y el sistema disciplinario se publicaron en 2026 y no se dispone de una tendencia temporal. Los datos sobre la gestión del riesgo de corrupción incluidos en el informe "Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024" no se han actualizado para esta edición y, por tanto, no se muestran. Los datos para 2020-2023 son una actualización de los datos presentados en la figura 1.1 en el informe "Perspectivas anticorrupción y de integridad" de 2024: se han incluido países adicionales y se ha recategorizado un criterio sobre la normativa de financiamiento político como cabildeo.

Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (a 10 de marzo de 2026).

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Centrarse en la brecha de implementación no debe impedir mejorar la calidad de las normativas. Muchos países que, tienen altos valores de la práctica también tienen normativas de muy alta calidad. De hecho, Letonia y Lituania, que tienen el promedio más alto en todas las áreas en indicadores relacionados con la práctica (78 % y 76 %, respectivamente), también tienen el valor promedio más alto de todos los países en cuanto a la solidez de las normativas (89 % y 86 %). El Recuadro ‎1.1 presenta las posibles causas de la brecha de implementación.

Recuadro ‎1.1. Posibles causas de la brecha de implementación

El informe "Perspectivas de anticorrupción e integridad" mide la brecha de implementación de las siguientes maneras:

1. En áreas temáticas: comparación de todos los criterios de los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE cumplidos en materia de normativas e implementación en los sistemas de integridad de los países.

2. A nivel de criterios: comparación de un criterio relacionado con un requisito normativo y el criterio correspondiente relacionado con su aplicación en la práctica.

3. Indicadores numéricos: medición directa de las tasas de implementación (por ejemplo, la tasa de implementación de las actividades requeridas en un marco estratégico).

A lo largo de este informe se analizan varias causas posibles de la brecha de implementación:

• Falta de recursos/financiamiento; por ejemplo, las normativas pueden exigir que todas las declaraciones de bienes e intereses sean verificadas por una autoridad responsable, pero esa autoridad puede no contar necesariamente con los recursos humanos o financieros para llevar a cabo las verificaciones requeridas.

• Dificultades con la supervisión, el monitoreo o la centralización de datos; por ejemplo, no hacer un seguimiento de lo que hacen los titulares de cargos públicos tras dejar sus funciones públicas imposibilita la aplicación de normas sobre puertas giratorias, como la prohibición de desempeñar determinados tipos de trabajo o de trabajar en determinados sectores.

• La falta de respaldo político; por ejemplo, que el poder legislativo o las comisiones parlamentarias no se comprometan con los informes anuales de los organismos de supervisión de manera oportuna socava el papel de los organismos de supervisión en el apoyo a la implementación mediante la identificación de lagunas y riesgos y la propuesta de medidas de mitigación.

• Déficit de competencias o conocimientos; por ejemplo, que los países no certifiquen a los auditores del sector público puede dar lugar a una aplicación más débil de las reglas y normas de auditoría.

• Brecha de diseño/realidad (o políticas inaplicables); por ejemplo, un compromiso normativo o estratégico para digitalizar las declaraciones de bienes e intereses cuando aún no se han establecido las disposiciones administrativas, institucionales y de infraestructura básicas.

• No aprovechar las ventajas de la digitalización; por ejemplo, no permitir la presentación electrónica de declaraciones de bienes o intereses que mejore las tasas de presentación, verificación, análisis y colaboración entre organismos.

Fuente: Elaboración de la OCDE

Una cultura de integridad se beneficia de un Estado de derecho eficaz, un sistema de controles y equilibrios, el compromiso cívico y una sólida aplicación de la ley. La recesión mundial del Estado de derecho documentada por el World Justice Project, con la reducción del espacio cívico y el debilitamiento de los mecanismos de controles y equilibrios, hace aún más esencial contar con unos sistemas sólidos de integridad pública, en todos los ámbitos del Estado, para resistir las presiones de influencias indebidas (WJP, 2025[10]). La débil aplicación de la ley en materia de soborno en el extranjero es sintomática de este difícil entorno, que dificulta la labor de los defensores de la integridad (Recuadro ‎1.2). En este contexto, el estancamiento global de la situación de la integridad pública parece más alentador. Las normas de integridad no se están desmantelando y las instituciones anticorrupción y de integridad siguen trabajando.

Recuadro ‎1.2. Debe reforzarse la aplicación de la ley en materia de soborno en el extranjero

En el contexto de una creciente presión sobre el Estado de derecho en todo el mundo, la aplicación de las leyes contra el soborno en los miembros del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE sigue siendo constante, pero desigual, según los datos nacionales recogidos recientemente por el Grupo de Trabajo. Los datos ofrecen una instantánea de la forma en que los gobiernos han aplicado las leyes contra el soborno –desde 1999 hasta 2024– conforme a las disposiciones de la Convención de la OCDE contra el Soborno, que se centra en la oferta de soborno en las transacciones comerciales internacionales. Según los datos:

• La aplicación de la legislación se ha mantenido constante desde 1999 y las empresas son cada vez más el centro de atención, con un aumento de las sanciones y condenas corporativas desde 2021.

• Al mismo tiempo, el ritmo anual de nuevas sanciones penales contra particulares se ha ralentizado en los últimos años.

• Más allá de las tendencias generales, la aplicación es desigual en los distintos países: dieciséis Partes de la Convención aún no han notificado ni una sola condena o sanción por soborno en el extranjero.

Los datos subrayan la necesidad de un liderazgo gubernamental decisivo para acelerar la aplicación de la ley y dedicar la atención política y los recursos necesarios para luchar eficazmente contra el soborno en el extranjero. Las empresas tienen un papel fundamental que desempeñar: Los programas sólidos de cumplimiento corporativo son esenciales para prevenir el soborno antes de que se produzca y para garantizar que la integridad esté integrada en la toma de decisiones.

En 2025, el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE lanzó el Panel piloto de Seguimiento por Países de la Convención de la OCDE contra el Soborno para monitorear la aplicación de 47 Partes de la Convención. El Panel señala retos de implementación sistémicos:

• Más de la mitad de las Partes están actualmente sujetas a medidas adicionales, y ocho lo están desde hace más de cinco años.

• En los últimos cinco años, el Grupo de Trabajo ha aplicado 166 medidas adicionales a 33 Partes, sin que se aprecie una tendencia a la baja durante ese periodo.

• Especialmente preocupantes son las deficiencias relacionadas con la propia definición del delito de soborno en el extranjero, que actualmente afectan a una cuarta parte de las Partes, incluidas cuatro que llevan más de cinco años sin promulgar las reformas esperadas.

• También se han impuesto medidas de control adicionales a las Partes en relación con una amplia variedad de cuestiones diversas, en particular una aplicación débil o ineficaz, deficiencias en los regímenes de responsabilidad de las empresas, sanciones inadecuadas y preocupaciones relativas a la independencia de las investigaciones, los procesamientos o el poder judicial.

Las conclusiones del Panel se emplearán en los preparativos del Grupo de Trabajo para su próxima fase de evaluaciones por países, que se espera comience a finales de 2026.

Fuente: Elaboración de la OCDE

Los países con mejores resultados pasan de un enfoque basado en normas a otro basado en el riesgo, orientado a resultados y digital

Los países que adoptan un enfoque basado en el riesgo y orientado a los resultados están mejor posicionados para cerrar la brecha de implementación, proteger los fondos y las instituciones públicas y promover el crecimiento económico y la confianza. Tal como se explora en este informe, los gobiernos han creado normas (leyes y reglamentos), pero no las aplican adecuadamente ni logran los resultados esperados. Las normas que no se aplican, que no se hacen cumplir o que no producen resultados también pueden generar una sensación de impunidad y mermar la confianza de los ciudadanos. Los enfoques tradicionales basados en la creación de más normas y un cumplimiento más estricto han tenido una eficacia limitada. En línea con la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública (OECD, 2017[11]), avanzar hacia un enfoque basado en el riesgo hace hincapié en la mitigación más rentable de los riesgos de corrupción más perjudiciales. El informe de 2024 instó a los países a cerrar la brecha de implementación aclarando las responsabilidades institucionales, supervisando la aplicación mediante datos fiables, fomentando la comprensión y la implicación de los titulares de los cargos públicos y aplicando las sanciones adecuadas. En un mundo de recursos limitados, los gobiernos tendrán más éxito si encuentran el punto óptimo de regulación y redoblan sus esfuerzos para hacer frente a los riesgos de integridad allí donde las instituciones son más vulnerables.

Los países miembros de la OCDE han pasado de un enfoque basado en las normas y centrado en el cumplimiento a otro basado en el riesgo y orientado a los resultados durante la última década, con el impulso de la adopción de la Recomendación de 2017. Aunque este proceso no ha concluido, hay varias lecciones útiles que pueden compartirse con otros países. Los valores de los Indicadores de Integridad Pública (PII, por sus siglas en inglés) establecen una base de referencia para los países socios de la OCDE a la hora de ajustarse a los instrumentos legales de la OCDE sobre integridad pública. La brecha de implementación es generalmente mayor en los 25 países incluidos en los PII que no son miembros (países socios de la OCDE), en particular en las áreas de conflictos de intereses, financiamiento político, integridad judicial y sistemas disciplinarios, donde la distancia entre la solidez de las normativas y las capacidades de implementación y los resultados en la práctica es mayor (Figura ‎1.1). Este grupo de países incluye a los 9 países candidatos a la adhesión a la OCDE y a otras economías avanzadas y en desarrollo de todo el mundo. También existe una variación a nivel regional, y este informe explora la comparación de las tendencias de las regiones con las medias mundiales y de los países miembros y socios de la OCDE.

Un mayor uso de la tecnología y unos datos de mejor calidad pueden ayudar a los gobiernos a "hacer más con menos".

Para cerrar la brecha de implementación, todos los países deben aprovechar aún más la tecnología y los datos en apoyo de las funciones de integridad pública mediante la integración de herramientas digitales en sus operaciones cotidianas. Los datos son un activo estratégico, y la alta calidad de los datos, la interoperabilidad y la gobernanza eficaz de los datos son requisitos previos para aprovechar la ventaja de la integridad. El uso de la inteligencia artificial se está generalizando, pero desde una base baja. Las técnicas de aprendizaje automático para el análisis de datos y el procesamiento del lenguaje natural para el análisis de textos están aportando mejoras en la eficiencia, por ejemplo, al respaldar la evaluación del riesgo de corrupción, detectar patrones en grandes conjuntos de datos para ayudar en los esfuerzos de lucha contra el fraude o en la auditoría interna y externa, o procesar grandes volúmenes de información, como en la verificación de las declaraciones de bienes e intereses. Sin embargo, aunque se están realizando esfuerzos para ampliar las competencias digitales y analíticas de todo el personal, persisten brechas de cualificación que siguen limitando todo el potencial de los enfoques basados en datos, especialmente en las funciones de supervisión, aplicación de las normativas y rendición de cuentas. Al mismo tiempo, los retos relacionados con la explicabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas de los resultados algorítmicos siguen siendo importantes y, con razón, continúan moderando el ritmo de adopción, reflejando la necesidad de garantizar la compatibilidad con la garantía de calidad y la seguridad jurídica.

Los sistemas nacionales de integridad pueden reforzarse para resistir mejor los riesgos de corrupción

Los capítulos 2-8 del informe analizan la solidez de los sistemas nacionales de integridad en siete áreas temáticas: estrategias anticorrupción y de integridad, cabildeo, conflictos de intereses, financiamiento político, transparencia de la información pública, sistemas disciplinarios para los funcionarios públicos e integridad de los sistemas judiciales.

Las estrategias anticorrupción siguen siendo un medio clave para que los países faciliten un "enfoque sistémico" de la integridad basado en el riesgo, priorizado y coherente. Como muestra el capítulo 2, cada vez son más los países que están adoptando por primera vez un enfoque estratégico de este tipo. Sin embargo, muchos otros países están permitiendo que se abran brechas entre los periodos de presentación de informes de sus estrategias, lo que provoca vacíos estratégicos que pueden socavar la eficacia de sus esfuerzos anticorrupción. En los países que han mantenido un enfoque estratégico activo, su calidad e implementación han mejorado en general en los últimos años, pero en otros sigue habiendo margen para reforzar tanto el diseño como la implementación de dicho enfoque. Un área clave para la mejora en el diseño de estrategias sigue siendo que las estrategias de los países rara vez se dirigen a áreas de alto riesgo, incluido el sector privado. Las estrategias bien diseñadas suelen incluir medidas de seguimiento de la implementación, pero menos de la mitad de los países realizan un seguimiento de las tasas de implementación en la práctica y, por tanto, siguen sin poder comprobar si las estrategias respaldan los resultados deseados. Muchos países también podrían utilizar mejor los indicadores a nivel de resultados y las técnicas de evaluación para calibrar la implementación y reforzar las estrategias futuras.

Las salvaguardias de cabildeo evitan la influencia asimétrica o indebida en la formulación de políticas y contribuyen a garantizar que los conocimientos, la experiencia y los intereses sigan orientando la formulación de políticas, de manera que se apoye el interés público y unos mercados estables y competitivos. Sin embargo, como muestra el capítulo 3, a pesar de la mayor adopción de marcos normativos en los últimos años, la calidad de las normativas sobre cabildeo sigue siendo de las más bajas en los sistemas de integridad de los países miembros y socios de la OCDE. En gran parte, esto se debe a la disminución de la transparencia de la titularidad real. En la práctica, las medidas para aumentar la transparencia de las actividades de los grupos de interés, incluidos sus registros, podrían mejorar. Y aunque los países que cuentan con registros de grupos de interés suelen mantener mecanismos de aplicación y cumplimiento adecuados, podrían reforzarse las medidas para supervisar las actividades de cabildeo. De lo contrario, peligran la calidad y la estabilidad de la formulación de políticas y la competencia en el mercado.

Las medidas de gestión de los conflictos de intereses en la función pública garantizan que los titulares de cargos públicos sigan sirviendo a los intereses de los ciudadanos y las empresas. Sin embargo, el capítulo 4 muestra que en los últimos años la brecha de implementación se ha mantenido en los países miembros de la OCDE. Las autoridades responsables de recibir y supervisar las declaraciones de intereses no controlan adecuadamente si los funcionarios de riesgo revelan sus intereses o sus bienes. Por tanto, las autoridades no saben si las salvaguardias funcionan en la práctica. Esta brecha de supervisión se aplica asimismo a las "puertas giratorias", ya que muchos países siguen sin hacer un seguimiento de los movimientos de entrada y salida de los titulares de los cargos en las entidades públicas. Para mejorar la gestión de los conflictos de intereses no basta con superponer procesos a los mecanismos existentes. Muchos países podrían introducir un enfoque basado en el riesgo para la gestión de intereses y bienes que centre los esfuerzos en los titulares de cargos más expuestos a los mayores riesgos de corrupción. Además, los países podrían aumentar la capacidad institucional, mejorar los procedimientos de verificación, hacer recomendaciones para resolver los conflictos antes de que causen daños y aplicar sanciones adecuadas en caso de incumplimiento.

El financiamiento político permite a personas físicas y entidades canalizar el apoyo a los candidatos y partidos que mejor les representan, y fomenta la competencia y una mayor capacidad de decisión en las elecciones. Pero no mantener salvaguardias eficaces en el financiamiento político puede producir resultados perjudiciales en las políticas públicas, una regulación sesgada y gravosa y la sobrerrepresentación de determinados intereses en la sociedad y los mercados. Sin embargo, como se analiza en el capítulo 5, aunque las normativas de financiamiento político tanto de los países miembros de la OCDE como de los países socios son, en general, sólidas, persiste una brecha de implementación significativa en sus sistemas de financiamiento político. En muchos países, los partidos políticos no respetan las normas de información y transparencia, por lo que también existe el riesgo de que no se detecten fuentes de financiamiento prohibidas e influencias malignas en la elaboración de políticas. Los organismos de supervisión podrían hacer un mejor uso de auditores certificados internos para reforzar su supervisión de las cuentas financieras de los partidos. Y aunque la digitalización y la globalización están cambiando rápidamente los riesgos en torno al financiamiento político, las leyes de muchos países no se están adaptando a los nuevos riesgos y siguen omitiendo salvaguardias clave.

Mejorar la transparencia de la información pública puede fomentar la confianza de los ciudadanos y de las empresas de que los gobiernos trabajan en su interés, y puede ofrecer a los gobiernos la oportunidad de demostrar la integridad y eficacia de su labor. El capítulo 6 concluye que, en los últimos años, la transparencia gubernamental se ha mantenido constantemente alta, aunque todavía hay margen de mejora, sobre todo en los países socios de la OCDE. Por ejemplo, aunque las normativas de transparencia de los países contienen muchos requisitos estándar, en muchos países los datos siguen sin ser abiertos por defecto. Por lo tanto, no se dispone de datos clave que podrían mejorar la automatización y eficiencia del sector público y apoyar la entrada en el mercado, la innovación y la competencia. Además, los datos relacionados con la integridad no suelen publicarse. Para ayudar a aplicar las normas de transparencia que los países tienen en vigor, los organismos de supervisión podrían llevar a cabo inspecciones, imponer sanciones cuando proceda e informar sobre sus actividades.

Contar con sistemas disciplinarios eficaces es esencial para desarrollar y mantener una cultura de integridad pública sólida y basada en valores en la función pública. Unos procedimientos disciplinarios adecuados ayudan a que los funcionarios públicos apliquen las normas de conducta y sigan actuando con integridad. Como se analiza en el capítulo 7, aunque la mayoría de los países miembros y socios de la OCDE cuentan con una normativa clara sobre los procedimientos disciplinarios de los funcionarios, podría respaldarse mejor mediante garantías de imparcialidad más sólidas. Además, la mejora de la formación sobre investigaciones disciplinarias y el uso de herramientas digitales podrían reforzar la aplicación de medidas disciplinarias en la práctica.

Defender la integridad del poder judicial es esencial para que jueces y fiscales puedan desempeñar su función de hacer cumplir las leyes y normativas y garantizar la rendición de cuentas por delitos de corrupción e infracciones de las políticas anticorrupción. Como muestra el capítulo 8, la mayoría de los países cuentan con las salvaguardias básicas para la integridad judicial y de la fiscalía, pero hay margen para mejorar los procedimientos basados en el mérito para la selección, el nombramiento y la promoción de jueces y fiscales con el fin de proteger la independencia judicial y la integridad fiscal. Asimismo, las normas de conducta para jueces y fiscales son comunes, pero su implementación podría mejorarse, especialmente en lo relativo a los conflictos de intereses. En general, se están aplicando mecanismos de denuncia de casos de mala conducta judicial y fiscal, pero podrían mejorarse mediante una mayor sensibilización del público sobre los procedimientos de denuncia existentes, así como mediante la formación del personal en la tramitación de las denuncias.

Los esfuerzos de prevención del fraude, los controles de integridad en la contratación pública y la protección de los organismos públicos frente al crimen organizado deben intensificarse

Los capítulos centrales de esta edición del informe exploran herramientas para mitigar los riesgos cambiantes de corrupción relacionados con el fraude, la contratación pública y el crimen organizado.

Los países están reforzando sus funciones antifraude a nivel estratégico, institucional y operativo al darse cuenta de que las salvaguardias de integridad existentes ya no son suficientes para frenar la creciente ola de actividades fraudulentas. Las estimaciones de varios países miembros de la OCDE sugieren que el fraude en el sector público está aumentando, y una estimación de la Fiscalía Europea indica que el fraude y otros delitos contra el presupuesto de la UE han aumentado alrededor de un 22 % entre 2023 y 2024, y que más de la mitad de los daños estimados están relacionados con la comisión sistemática de fraude transfronterizo por parte de organizaciones delictivas. El primer capítulo central, el Capítulo 9, muestra que si bien muchos gobiernos disponen de salvaguardias básicas, como la integración de la lucha contra el fraude y la corrupción en el control interno y la gestión de riesgos, la mayoría de los países carecen de un enfoque sistémico para mejorar la coherencia, la orientación y la eficacia de sus esfuerzos de lucha contra el fraude. Cada vez se reconoce más el potencial de las tecnologías emergentes para luchar contra tramas de fraude cada vez más complejas y transnacionales. Por ejemplo, algunos gobiernos están aprovechando la IA para mejorar el uso de técnicas estadísticas con el fin de identificar valores atípicos, patrones, transacciones y comportamientos que se desvían de las normas y que justifican la investigación humana. En general, a medida que los gobiernos buscan la eficiencia del sector público, invertir en la prevención del fraude será más rentable que hacer frente a sus consecuencias, un ejemplo clave de la ventaja de la integridad en la práctica.

La contratación pública abarca aproximadamente el 13 % del PIB en los países miembros de la OCDE (OECD, 2025[12]). La complejidad de los procesos y operaciones de contratación, las sumas implicadas, las estrechas interacciones entre los sectores público y privado y la naturaleza global y fragmentada de las cadenas de suministro de la contratación aumentan el riesgo de corrupción. Se calcula que entre el 8 % y el 25 % de la inversión pública mundial puede perderse por culpa de la mala gestión y la corrupción (Fazekas, Sberna and Vannucci, 2022[7]). Como muestra el segundo capítulo central, el Capítulo 10, los países miembros de la OCDE cuentan en general con disposiciones legales para mantener la integridad en la contratación pública. Sin embargo, esfuerzos para promover la integridad más allá del sector público a proveedores, incluida la mejora de la transparencia de la cadena de suministro o las certificaciones de integridad, podrían ser avanzados. El desarrollo de un enfoque de integridad en la contratación pública basado en el riesgo puede aumentar la eficiencia y el impacto de las intervenciones y reducir la carga que supone para las entidades públicas la aplicación de las normativas sobre integridad. Y las tecnologías digitales, en particular una mejor gobernanza e interoperabilidad de los datos, podrían utilizarse mejor para gestionar los riesgos de integridad.

El crimen organizado representa una amenaza importante para la economía y las sociedades de todo el mundo. Según estimaciones recientes, sus costes globales ascienden hasta el 5 % del PIB mundial anual (UNODC, 2025[13]). El último capítulo central, el Capítulo 11, explora cómo los grupos de crimen organizado tratan cada vez más de obtener ventajas indebidas utilizando la corrupción para infiltrarse en la economía legal y los servicios públicos, y el fraude para apropiarse de fondos públicos. En respuesta, los países deben introducir marcos estratégicos coherentes que tengan en cuenta las conexiones entre la corrupción y el crimen organizado, abordar las lagunas, debilidades e ineficiencias que los delincuentes pueden explotar y mejorar la cooperación intergubernamental e internacional. En el marco de este enfoque mejorado y más estratégico, los países deben reforzar su capacidad de resiliencia preventiva frente al crimen organizado mejorando los instrumentos de prevención y reforzando la integridad de las instituciones públicas, especialmente en sectores vulnerables como la concesión de licencias, las fronteras, la planificación y la contratación pública.

Cómo leer las Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026 de la OCDE

El informe "Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026" ofrece información sobre los puntos fuertes y débiles de los sistemas de integridad de los países, identifica las características de los países con buenos resultados e indica los pasos que pueden dar los países para reforzar sus leyes, normativas, instituciones y prácticas. Para ello, compara políticas, normativas y prácticas en materia de integridad. El análisis transnacional de los siete primeros capítulos va acompañado de notas nacionales que ayudan a explicar el contexto de países concretos y a situar en perspectiva las conclusiones globales, temáticas y regionales.

Estos primeros capítulos presentan la situación de la integridad pública en 37 países miembros y 25 países socios de la OCDE para cada una de las áreas temáticas cubiertas por los Indicadores de Integridad Pública (PII). Los tres capítulos centrales no están cubiertos por los PII, pero se centran en ámbitos en los que el coste de la corrupción y los riesgos para la integridad son elevados y van en aumento: prevención del fraude, integridad en la contratación pública y el crimen organizado.

El informe de 2024 estableció una línea de referencia para la actuación de los países de la OCDE en materia de estrategia, conflictos de intereses, cabildeo, financiamiento político, transparencia de la información pública y gestión del riesgo de corrupción. Esta edición permite seguir la progresión o regresión a lo largo del tiempo de los países miembros de la OCDE en estos ámbitos. En 2024, los promedios de la OCDE se basaron en la participación de 33 países, mientras que en 2026 participaron en total 37 países miembros de la OCDE. El capítulo sobre Estrategia se basa en 37 países miembros de la OCDE, mientras que los capítulos sobre cabildeo, conflictos de intereses, financiamiento político y transparencia de la información pública se basan en 36 países miembros de la OCDE. La integridad judicial y el sistema disciplinario para los funcionarios públicos se añadieron como nuevos capítulos en 2026, abarcando actualmente 31 países miembros de la OCDE, así como 15 países socios. Por lo tanto, el informe abarca ahora los sistemas de integridad no solo en los poderes ejecutivo y legislativo, sino también en el judicial. En esta versión no se han actualizado los datos sobre gestión de riesgos de corrupción, por lo que esta área no se explora en un capítulo de datos en esta ocasión.

Además del análisis de tendencias, esta versión del informe también tiene una mayor cobertura a nivel de países. 25 países socios de la OCDE se han incorporado a los PII desde 2024, y se han incluido sus datos. Una cobertura geográfica más amplia permite un mayor aprendizaje entre pares y ofrece nuevos conocimientos sobre lo que funciona a la hora de frenar la corrupción y por qué. Cuando los datos muestran diferencias sustanciales entre los países miembros de la OCDE y los países socios, se comparan estos dos grupos de países para explorar las causas y, potencialmente, formular recomendaciones para una mayor armonización con los instrumentos políticos y jurídicos de la OCDE. Una mayor cobertura geográfica también permite la comparación regional. Comprender cómo se comparan las regiones con las medias de los países miembros y socios de la OCDE y cómo se comparan los países individuales con sus medias regionales puede proporcionar un contexto más rico y facilitar el aprendizaje entre pares y la mejora. Los ejemplos regionales de este informe se centran en Europa y la región de América Latina y el Caribe (ALC), ya que la cobertura de países de los PII es representativa en esas regiones. La Tabla ‎1.1 muestra la clasificación regional de los 62 países participantes en los PII.

Tabla ‎1.1. Clasificación regional: Países incluidos en el análisis

Asia-Pacífico	Europa	América Latina y el Caribe	Oriente Medio y África	Norteamérica
Miembros de la OCDE: Australia, Japón,1 Corea, Nueva Zelanda Países socios de la OCDE: Armenia, Indonesia, Kazajistán, Tailandia	Miembros de la OCDE: Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. Países socios de la OCDE: Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Kosovo*, Moldavia, Rumanía, Serbia, Ucrania	Miembros de la OCDE: Chile, Colombia, Costa Rica, México Países socios de la OCDE: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana.	Miembros de la OCDE: Israel Países socios de la OCDE: Jordania, Marruecos, Seychelles, Zambia	Miembros de la OCDE: Canadá, Estados Unidos

* Esta designación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre el estado, y se ajusta a la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.

1. Japón no proporcionó datos en 2025

Recuadro ‎1.3. Indicadores de Integridad Pública de la OCDE

La mayoría de los datos utilizados a lo largo de este informe proceden de los siguientes conjuntos de datos de los Indicadores de Integridad Pública (PII) y hacen referencia a 2025 o al último año disponible:

• Calidad del marco estratégico anticorrupción y de integridad (datos publicados por primera vez en 2021 y actualizados en 2023 y 2025; los datos de los países socios se publicaron en 2024 y 2025).

• Rendición de cuentas en la formulación de políticas públicas, que abarca el cabildeo, los conflictos de intereses, la información pública y el financiamiento político (datos publicados por primera vez en 2022 y actualizados en 2025; los datos de los países socios se publicaron en 2024).

• Integridad de los sistemas judiciales y disciplinarios (datos publicados por primera vez en 2026).

  Todos los datos de PII presentados en este informe se extrajeron de los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE el 10 de marzo de 2026.

A través de estos conjuntos de datos, se han definido un total de 254 criterios estándar y 9 indicadores numéricos para medir la eficacia de las leyes, normativas, procedimientos e instituciones, junto con su alineación con los instrumentos de la OCDE y otros instrumentos jurídicos internacionales. Además de estos indicadores de tipo lista de control, los PII también incluyen indicadores más orientados a los resultados que se basan en datos administrativos y encuestas, como los niveles de confianza en el parlamento o el gobierno.

Los PII se basan en datos administrativos primarios proporcionados y validados por los gobiernos, en lugar de en percepciones, evaluaciones de expertos y aproximaciones. Por lo tanto, evitan muchos de los escollos de otros índices, incluidos los cambios de actitud hacia los gobiernos en funciones o la influencia de la injerencia extranjera en las percepciones de los ciudadanos.

Los PII están disponibles a través de un portal de datos en línea y el Explorador de Datos de la OCDE:

• Conjuntos de datos | Indicadores de Integridad Pública de la OCDE

• Explorador de Datos de la OCDE • Indicadores de Integridad Pública

En general, estos criterios producen datos objetivos y aplicables para ayudar a los responsables de la toma de decisiones a comprender los puntos fuertes y débiles de sus sistemas de integridad, ofrecer puntos de referencia para apoyar las mejoras y permitir el aprendizaje entre pares entre los países miembros y socios de la OCDE.

Nota

← 1.  La brecha promedio de implementación en todas las áreas se calcula como la diferencia entre el promedio de los promedios por área para la normative y el promedio de los promedios por área para la práctica en la Figura 1.1. Esto se hace para dar el mismo peso a cada área, ya que el número de criterios dentro de cada área varía.