Cooperación Regulatoria Internacional

Los rápidos flujos transfronterizos de bienes y servicios, potenciados por la desmaterialización provocada por la digitalización, están poniendo a prueba la eficacia y la capacidad de los marcos regulatorios nacionales. Al mismo tiempo, la creciente interdependencia económica también puede haber hecho al mundo más vulnerable a amenazas comunes, particularmente visibles en tiempos de crisis global. El cambio climático, las inestabilidades de los mercados financieros, la evasión y elusión fiscal y, más recientemente, la pandemia COVID-19 son solo algunos ejemplos de desafíos globales complejos cuya gestión pública reveló deficiencias en la coordinación internacional de la regulación. Son un claro recordatorio de la interconexión de los países y la importancia de la cooperación en leyes y reglamentos para mejorar la resiliencia de los marcos regulatorios frente a las disrupciones globales o regionales.

La Cooperación Regulatoria Internacional (CRI) tiene como objetivo promover la interoperabilidad de los marcos legales y regulatorios. La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria de 2012 fue visionaria al hacer de la CRI un pilar clave de la calidad y relevancia de la regulación al alentar a los gobiernos, a tomar en cuenta, al desarrollar medidas regulatorias, todos los estándares y marcos internacionales de cooperación pertinentes en la misma área y, cuando sea adecuado, los probables efectos que tengan en terceros fuera de su jurisdicción (Principio 12). La CRI, por lo tanto, forma parte de un componente fundamental de la reforma regulatoria estructural, que cierra la brecha entre la naturaleza nacional de la elaboración de reglas y la dimensión cada vez más internacional de los problemas que las leyes y regulaciones pretenden abordar. Los Principios de Buenos Prácticas de la OCDE de Cooperación Regulatoria Internacional (“Principios de buenas prácticas”) proporcionan a los responsables de la formulación de políticas, los funcionarios públicos y otros profesionales del sector público un instrumento práctico para sacar el máximo provecho de la CRI.

Hay distintas formas en que las autoridades gubernamentales pueden promover la interoperabilidad de leyes y reglamentos. En términos generales, la noción de CRI abarca cualquier acuerdo o arreglo organizativo, formal o informal, entre países para promover alguna forma de cooperación en el diseño, seguimiento, aplicación o evaluación ex post de la regulación. En la práctica, los enfoques de CRI van desde el intercambio de información hasta la armonización de la normativa. Pueden centrarse en la etapa que precede al desarrollo de la normativa, como la recopilación de pruebas, o aplicarse al lado de la implementación normativa (en el cumplimiento e inspecciones, por ejemplo). Pueden involucrar una organización institucional compleja (como el establecimiento de una secretaría dedicada) o resultar de un diálogo informal. Para obtener beneficios de la CRI, es esencial que los legisladores y los reguladores consideren la amplia gama de enfoques y sus respectivos beneficios y costos.

Para ayudar a los países a operar un verdadero cambio cultural e incorporar firmemente un lente internacional más sólido en los marcos regulatorios nacionales, los principios de buenas prácticas se organizan en torno a tres pilares (y se detallan a continuación).

Establecer una política/estrategia de CRI integral de gobierno es un paso esencial para transmitir liderazgo político y construir una visión holística, alimentando las prioridades estratégicas más amplias del gobierno, con roles y responsabilidades claramente definidos. En términos más generales, ayuda a la diversidad de actores que deben participar en la CRI a tener un conocimiento y una comprensión comunes de las herramientas que tienen a su disposición.

La CRI comienza en casa incorporando sus principios clave a lo largo de la reglamentación nacional, desde el inicio de nuevas leyes y regulaciones hasta su implementación, evaluación y revisión. Esto se puede hacer sin una coordinación previa con pares extranjeros, pero aún tiene importantes implicaciones para las actividades de los reguladores nacionales y sus órganos de supervisión. Implica una consideración sistemática de los marcos regulatorios extranjeros e internacionales de relevancia al momento de diseñar la regulación, así como la evaluación de cómo las medidas regulatorias impactan y encajan dentro de la gestión transfronteriza más amplia del tema a abordar. Las herramientas de gestión regulatoria, a saber, el análisis del impacto regulatorio, la participación de las partes interesadas y las revisiones ex post de las leyes y la regulación, proporcionan puntos de entrada importantes en el proceso de elaboración de normas para considerar el entorno internacional y enriquecer la base de pruebas para el desarrollo y revisión de normativa de calidad. En última instancia, una reglamentación mejor informada ayuda a evitar divergencias reglamentarias innecesarias y fomenta el conocimiento mutuo y la confianza necesarios a través de las jurisdicciones.

Además de las acciones unilaterales, se necesitan enfoques más sólidos de cooperación bilateral, regional o multilateral (y existen de facto) para sentar las bases de una colaboración institucionalizada y continua y de una mayor coherencia en los asuntos regulatorios. Las modalidades de cooperación dependerán del sistema legal y administrativo y la ubicación geográfica del país, así como del sector o área de política bajo consideración. Estos principios de buenas prácticas ayudan a los países a hacer un uso más eficaz y estratégico de medios de cooperación tan diferentes, como contribuir a foros internacionales, que apoyan la cooperación regulatoria, utilizando el reconocimiento mutuo en combinación con otros instrumentos internacionales o disposiciones específicas en materia de acuerdos comerciales.

Estos principios de buenas prácticas son intencionalmente ambiciosos. Hasta la fecha, pocos países cumplen con los principios establecidos en este documento. Sin embargo, el hecho de que se utilice poco no significa que la CRI no sea alcanzable. Por el contrario, varias prácticas y enfoques son fáciles de adoptar. Casi diez años después de que la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria de 2012 convirtiera a la CRI en un pilar clave de la calidad regulatoria, estos Principios de Buenas Prácticas dan un impulso renovado a los países para que realmente adopten la CRI y, por lo tanto, aborden mejor los principales desafíos políticos de hoy y de mañana.