Este documento se centra en cuestiones relacionadas con la aplicación del derecho de la competencia y en las particularidades de las jurisdicciones de ALC, basándose en debates previos de la OCDE sobre el tema más amplio de la política de competencia y la economía informal (OCDE, 2010[3]; 2018[2]). Destaca que la informalidad es un fenómeno extendido, económicamente significativo y capaz de distorsionar la competencia en la región de ALC. Como consecuencia natural, los mercados informales representan una proporción sustancial de la actividad económica en las jurisdicciones de ALC e interactúan cada vez más con los mercados formales de múltiples maneras (por ejemplo, mediante competencia horizontal directa, como compradores o proveedores de insumos en cadenas de suministro verticales y a través de los mercados laborales). Las autoridades de competencia deben tener presente el papel que desempeñan los actores informales en la dinámica de los mercados, evitando el riesgo de pasar por alto fuerzas competitivas relevantes (el denominado “punto ciego”), mejorando la calidad de los análisis de competencia y aumentando la eficacia de la aplicación del derecho de la competencia.
Basándose en una base de datos compuesta por 25 casos seleccionados provenientes de 10 jurisdicciones de la región de ALC, el documento también pone de relieve diversos desafíos analíticos y procedimentales que enfrentan las autoridades de competencia al abordar mercados informales. Entre ellos se encuentran las dificultades para identificar participantes del mercado, obtener información económica fiable, realizar notificaciones procesales, recopilar pruebas y calcular multas proporcionales, factores que pueden complicar las investigaciones y debilitar el efecto disuasorio de la aplicación de la ley. Aunque la aplicación del derecho de la competencia en mercados informales se ve significativamente obstaculizada por la falta de datos y por limitaciones institucionales, existen soluciones prácticas: el uso de bases de datos estadísticas oficiales, estudios de mercado, indicadores sustitutos (proxies), evidencia digital y una cooperación más estrecha con instituciones públicas puede mejorar sustancialmente los análisis de competencia, preservando al mismo tiempo las garantías procesales y la seguridad jurídica.
Al mismo tiempo, las actuaciones en mercados informales deben seguir siendo proporcionadas, pragmáticas y focalizadas. Las autoridades de competencia deben calibrar sus intervenciones de acuerdo con las características del mercado y la conducta investigada, combinando las herramientas tradicionales de aplicación de la ley con iniciativas de promoción de la competencia, orientación y cooperación institucional cuando ello resulte apropiado. Este enfoque contribuye a proteger el proceso competitivo y, al mismo tiempo, favorece el desarrollo de una cultura de competencia más sólida entre empresas que pueden tener una familiaridad limitada con el derecho de la competencia, como se observó en un caso reciente de cartel en Chile (FNE, 2025[44]).
De cara al futuro, el fortalecimiento de los marcos institucionales y el apoyo a la transición hacia una mayor formalización seguirán siendo elementos esenciales para mejorar tanto el funcionamiento de los mercados como la eficacia de la aplicación del derecho de la competencia. Las autoridades de competencia no pueden resolver por sí solas el problema de la informalidad, pero pueden realizar una contribución importante mediante la promoción de reformas regulatorias que reduzcan barreras innecesarias a la formalización, el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y el respaldo a políticas públicas basadas en evidencia. En este contexto, la propuesta de creación del “Observatorio de Competencia y Economía Informal” en la República Dominicana surge como un ejemplo positivo.
Por último, a medida que la digitalización continúa transformando los mercados informales al ampliar simultáneamente su alcance y aumentar la disponibilidad de información de mercado, las autoridades de competencia contarán también con nuevas oportunidades para monitorear la dinámica competitiva y detectar conductas anticompetitivas. Adaptar las herramientas de aplicación de la ley a estas nuevas realidades de mercado será cada vez más importante para garantizar que la política de competencia siga siendo eficaz, inclusiva y capaz de responder al conjunto de la actividad económica en la región de ALC.