La abogacía de la competencia constituye otra área en la que las autoridades de competencia pueden contribuir a abordar la informalidad, complementando sus funciones de aplicación del derecho de la competencia. Como se ha destacado en trabajos previos de la OCDE, las autoridades de competencia están especialmente bien posicionadas para realizar estudios de mercado que evalúen en qué medida la informalidad afecta el funcionamiento de los mercados y la competencia, al tiempo que comunican los beneficios económicos de largo plazo asociados a una mayor formalización. Por ejemplo, las autoridades de competencia pueden identificar regulaciones que restringen innecesariamente la competencia y promover su reforma, generando así mayores incentivos para que las empresas ingresen (y permanezcan) en la economía formal (OCDE, 2010[3]). Asimismo, al documentar cómo las barreras regulatorias afectan la entrada, la expansión y la dinámica competitiva, las autoridades pueden contribuir a que los debates de política pública sobre la informalidad consideren no solo aspectos tributarios y laborales, sino también los efectos sobre la contestabilidad de los mercados, la productividad y el bienestar de los consumidores.
La abogacía de la competencia también puede desempeñar un papel importante en el impulso de reformas que faciliten la transición de las empresas desde la economía informal hacia la economía formal. Como se señaló anteriormente en este documento, si bien la informalidad puede reducir costos en el corto plazo, con frecuencia se convierte en una barrera para el crecimiento empresarial. Las empresas informales suelen enfrentar dificultades para acceder a financiamiento, participar en contrataciones públicas, establecer relaciones comerciales con empresas de mayor tamaño, invertir en tecnologías que aumenten la productividad o expandirse más allá de los mercados locales. En este sentido, reducir los costos y las cargas administrativas asociadas a la formalización no solo contribuye a mejorar el cumplimiento normativo, sino también a fortalecer la competencia. Las empresas que pueden formalizarse con mayor facilidad se encuentran en mejores condiciones para crecer, innovar y ejercer presión competitiva sobre los operadores establecidos, contribuyendo así a mercados más dinámicos y productivos.
Una amplia gama de políticas públicas puede respaldar este objetivo. Entre ellas se incluyen la eliminación de restricciones innecesarias a la competencia, la reducción de los costos de cumplimiento regulatorio, la revisión de la legislación laboral, la simplificación de sistemas tributarios complejos, la reducción de tasas e impuestos excesivamente gravosos, la simplificación de los procesos de registro empresarial y la mejora del acceso al crédito, a la contratación pública y a otras oportunidades disponibles para las empresas formales. Aunque las autoridades de competencia generalmente no son responsables de implementar estas reformas, pueden realizar una contribución importante mediante la identificación de obstáculos regulatorios a través de estudios de mercado, la evaluación de sus efectos sobre la competencia y la promoción de marcos regulatorios proporcionados que reduzcan barreras innecesarias a la formalización. Una cooperación más estrecha con las autoridades tributarias, los organismos estadísticos y otras instituciones responsables de recopilar información sobre los mercados informales puede fortalecer aún más la base empírica de estos esfuerzos de promoción y contribuir al diseño de reformas que aumenten la productividad y fomenten una competencia más efectiva.