La informalidad laboral y la fragmentación de los sistemas de protección social representan uno de los principales desafíos para América Latina. El 48% de los trabajadores se encuentra en empleo informal en los cuatro países latinoamericanos miembros de la OCDE (Chile, Colombia, Costa Rica y México) y en los tres países latinoamericanos candidatos a adhesión (Argentina, Brasil y Perú). En un conjunto más amplio de 27 países de América Latina y el Caribe, esta proporción alcanza el 55%. La informalidad mantiene a los trabajadores en actividades de baja productividad, con escasa protección social y derechos laborales, y restringe su acceso a la capacitación. Impulsar políticas que promuevan la creación de empleos formales puede fortalecer el crecimiento económico y la igualdad de oportunidades en la región, mejorando significativamente la vida y el bienestar de las personas.
Este libro identifica las oportunidades para avanzar hacia reformas ambiciosas que permitan transitar a modelos de protección social universales y fiscalmente sostenibles, que también protejan a los trabajadores informales frente a choques macroeconómicos, como la pandemia de COVID-19, y ante choques individuales, como la pérdida de empleo o una enfermedad. El análisis presenta opciones de política adaptadas a cada país, incluye estimaciones de sus implicaciones fiscales y examina cómo financiar la ampliación de la protección social, con estudios detallados para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Propone combinar el acceso universal a una protección social básica con una mayor eficiencia del gasto público y con contribuciones a la seguridad social progresivas, para mantener los incentivos a la formalización y evitar presiones adicionales sobre las finanzas públicas.
Con la combinación adecuada de reformas en materia de seguridad social, gasto público, impuestos e incentivos a la formalización empresarial, los países pueden reducir la informalidad laboral, fortalecer el desarrollo de competencias, aumentar la productividad de los trabajadores y preservar la sostenibilidad fiscal. Las estimaciones indican que la ampliación de la protección social recomendada en este libro implicaría costos fiscales de entre 1% y 4% del PIB, según el país. Garantizar la sostenibilidad fiscal exigirá optimizar el gasto público, con las ineficiencias en los siete países latinoamericanos analizados estimadas en 4.2% del PIB, y movilizar ingresos adicionales, que promedian 24% del PIB frente a 34% del PIB en los países de la OCDE.
Este informe busca apoyar el diseño y el diálogo de políticas en América Latina, aportando un análisis riguroso y orientaciones prácticas. Confío en que será una herramienta valiosa para los responsables de políticas públicas en su labor por generar empleos de mayor calidad y mejores niveles de vida para más trabajadores en la región.
Mathias Cormann
Secretario General de la OCDE