La interacción entre la política de competencia y la economía informal ha adquirido una relevancia creciente, especialmente a medida que la digitalización amplía el alcance de los actores informales y aumenta su visibilidad a través de plataformas en línea. Comprender cómo la informalidad afecta la estructura de los mercados, las capacidades de aplicación de la ley y la neutralidad competitiva es fundamental para garantizar que la política de competencia sea eficaz y responda adecuadamente al conjunto de la actividad económica.
Como se ha señalado en debates anteriores de la OCDE, los mercados informales pueden moldear la dinámica competitiva en una amplia variedad de sectores. Esto ocurre tanto cuando empresas informales compiten con empresas formales, como cuando las propias empresas informales compiten entre sí (competencia dentro de los mercados informales). También pueden surgir cuestiones de competencia en las relaciones verticales, por ejemplo, cuando empresas informales suministran insumos utilizados por empresas formales para producir bienes y servicios, influyendo en los resultados de mercado de toda la economía. Asimismo, estas cuestiones pueden manifestarse en mercados laborales que involucran trabajadores informales.
En los países de América Latina y el Caribe (ALC), los mercados informales representan una parte significativa de la economía. Según el Banco Mundial, aproximadamente la mitad de la economía de la región es informal, llegando a niveles de entre el 60 % y el 65 % en algunos países, como Bolivia, Panamá y Perú (Banco Mundial, 2024[1]). La presencia y magnitud de la economía informal reflejan características estructurales de los mercados laborales, los marcos regulatorios, los sistemas tributarios y el costo general de cumplimiento normativo, todos ellos factores que influyen en el buen funcionamiento de los mercados, incluida la política de competencia (OCDE, 2018[2]).
Durante los últimos años, las autoridades de competencia de los países de ALC han llevado a cabo de manera creciente acciones de aplicación de la ley relacionadas con mercados informales, buscando minimizar las conductas anticompetitivas y, al mismo tiempo, reconociendo las funciones económicas que la informalidad desempeña en muchas jurisdicciones. Estas actuaciones incluyen la evaluación de concentraciones empresariales en las que operadores informales influyen de manera significativa en la definición del mercado relevante (por ejemplo, la antigua CNDC de Argentina, el CADE de Brasil y el INDECOPI de Perú), investigaciones sobre conductas colusorias entre proveedores informales que afectan los precios y el acceso al mercado (por ejemplo, la FNE de Chile y la CNA de México), y el análisis de cómo las estructuras de oferta informales pueden alterar la dinámica competitiva o verse afectadas por conductas anticompetitivas de empresas dominantes que ejercen poder de compra (por ejemplo, la FNE de Chile).
Este documento analiza los desafíos que pueden enfrentar las autoridades de competencia de los países de ALC al adoptar medidas de aplicación de la ley en mercados informales. Para ello, examina las particularidades de la región, como los mercados especialmente propensos a la informalidad, y busca contribuir a una comprensión más consistente entre las autoridades de competencia que permita mejorar la eficacia de la política de competencia en la región. El documento se basa en trabajos previos de la OCDE, centrados principalmente en los aspectos de política de competencia relacionados con este tema, en particular la interacción entre la política de competencia y la economía informal, donde se reconoció el riesgo de generar un “punto ciego” para las autoridades al aplicar el derecho de la competencia en mercados informales (OCDE, 2010[3]; 2018[2]).
El documento se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, presenta una visión general de los mercados informales en las jurisdicciones de ALC, incluyendo indicadores clave y sus principales particularidades; posteriormente, examina los desafíos de aplicación de la ley que enfrentan las autoridades de competencia de la región; luego analiza otras formas en que estas autoridades pueden contribuir a abordar la informalidad; y finalmente ofrece una breve conclusión con las principales conclusiones. Además, el documento se beneficia de una recopilación de 25 casos seleccionados relacionados con mercados informales, tramitados por diez autoridades de competencia de la región desde comienzos de los años 2000 (Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Paraguay y Perú), que se presentan en el Anexo A y se basan en información pública.