Los gobiernos enfrentan una presión creciente para actuar con mayor rapidez, ser más responsivos y garantizar servicios públicos fiables y centrados en las personas, en un contexto de estrictas restricciones fiscales. El rápido avance de la inteligencia artificial (IA) refuerza este imperativo, ya que abre oportunidades al mismo tiempo que plantea retos de gobernanza. Sin embargo, muchos sistemas del sector público no han logrado mantener ese ritmo.
Las tecnologías digitales y los datos ya no son herramientas opcionales para reformar: son esenciales para asegurar el desempeño, la resiliencia y la confianza en el sector público. Los países miembros de la OCDE han logrado avances significativos en la construcción de las bases del gobierno digital, orientados por las Recomendaciones de la OCDE sobre Estrategias de Gobierno Digital (2014), sobre la Mejora del Acceso e Intercambio de Datos (2021), sobre la Gobernanza de la Identidad Digital (2023) y sobre Servicios Administrativos Públicos Centrados en las Personas (2024).
No obstante, el reto ya no consiste solo en construir estas bases, sino en completar la transformación digital sistémica del Estado para generar un impacto real en las personas y las empresas. El abandono de una digitalización fragmentada en silos y basada en proyectos ya está en marcha, pero los gobiernos deben avanzar más en la integración de enfoques de todo el gobierno que prioricen las necesidades de los usuarios, la formulación de políticas impulsada por datos y los modelos de entrega apoyados en plataformas.
La próxima fase del gobierno digital requiere, por lo tanto, un énfasis decidido en la ejecución. En línea con los gobiernos digitales más maduros, esto implica integrar lo digital, los datos y la tecnología en las operaciones cotidianas del sector público – desde la gestión presupuestaria y la regulación hasta el diseño de servicios, la contratación pública y la formulación de políticas – y, al mismo tiempo, adoptar formas de trabajo más iterativas, ágiles y colaborativas. También exige alinear los marcos de gobernanza, las competencias y las inversiones digitales con el objetivo de lograr mejoras medibles en los resultados para las personas y las empresas.
Este informe – la primera edición de las Perspectivas del gobierno digital de la OCDE – ofrece una evaluación exhaustiva y prospectiva de 36 miembros de la OCDE y 8 países candidatos a la adhesión. A partir de los resultados para el año 2025 del Índice de Gobierno Digital (DGI, por sus siglas en inglés) y del Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (OURdata, por sus siglas en inglés), examina tanto los avances logrados como las brechas que persisten, y establece las prioridades para que los gobiernos traduzcan su ambición digital en un impacto tangible.