Contar con sistemas disciplinarios eficaces es esencial para desarrollar una cultura de integridad pública sólida y basada en valores en la función pública nacional. El mantenimiento de procedimientos disciplinarios adecuados para funcionarios públicos ayuda a los funcionarios a comprender las normas de conducta y garantizar que sigan actuando con integridad y al servicio del gobierno de turno. Aunque la mayoría de los países miembros y socios de la OCDE cuentan con una normativa clara sobre los procedimientos disciplinarios de los funcionarios, podría respaldarse mejor mediante garantías de imparcialidad más sólidas. Además, la mejora de la formación sobre investigaciones disciplinarias y el uso de herramientas digitales podrían reforzar la aplicación de medidas disciplinarias en la práctica.
Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026
Resumen
Los sistemas disciplinarios son los mecanismos de ejecución necesarios del sistema de integridad pública de cualquier país y constituyen uno de los principales medios con los que los gobiernos pueden garantizar el cumplimiento y disuadir la mala conducta. Si se llevan a cabo de manera justa, coordinada, transparente y oportuna, los mecanismos disciplinarios pueden promover la confianza en el sistema de integridad pública del gobierno, fortaleciendo su legitimidad a lo largo del tiempo y ayudando a inculcar valores de integridad en las personas, las organizaciones y la sociedad (OECD, 2020[14]). La Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública insta a los países a garantizar que los mecanismos de ejecución, incluidas las medidas disciplinarias para los funcionarios, apliquen imparcialidad, objetividad y puntualidad en la aplicación de las normas de integridad pública (incluidas la detección, la investigación, la sanción y la apelación). La Recomendación también insta a los países a fomentar la transparencia dentro de las organizaciones del sector público y hacia el público sobre la eficacia de los mecanismos de ejecución, incluidos los procesos disciplinarios y los resultados de los casos, en particular mediante el desarrollo de datos estadísticos pertinentes sobre los casos, respetando la confidencialidad y otras disposiciones legales pertinentes (OECD, 2017[11]).
Mantener marcos disciplinarios eficaces en la función pública nacional de los países contribuye al cumplimiento de las reglas y normas de integridad pública. Aunque podrían estar apoyados con otros mecanismos para prevenir la corrupción y crear culturas de integridad, como se analiza en otros capítulos, los marcos disciplinarios son esenciales para salvaguardar la integridad y el Estado de derecho en la función pública.
Este capítulo explora cómo están funcionando las salvaguardias de integridad de las medidas disciplinarias para los funcionarios públicos de los países miembros y socios de la OCDE. Muestra que:
La mayoría de los países miembros y socios de la OCDE cuentan con una normativa clara sobre los procedimientos disciplinarios de los funcionarios, podría respaldarse mejor mediante garantías de imparcialidad más sólidas.
La mejora de la formación sobre investigaciones disciplinarias y el uso de herramientas digitales podrían reforzar la aplicación de medidas disciplinarias en la práctica.
En todos los países miembros de la OCDE, la legislación suele establecer el régimen disciplinario básico de los funcionarios. En la mayoría de los países miembros de la OCDE (97 %), el procedimiento disciplinario está establecido en la legislación, y la mayoría (84 %) de las normativas de los países definen una infracción disciplinaria. En el 81 % de los miembros de la OCDE, la normativa establece una serie de sanciones disciplinarias para cada tipo de infracción disciplinaria. En el 68 % de los miembros de la OCDE y en el 87 % de los países socios de la OCDE existe un plazo de prescripción que oscila, en promedio, entre 1 mes y 3 años, y en algunos países llega hasta 7 y 10 años, dependiendo de la gravedad de la infracción disciplinaria y de la complejidad del caso (Tabla 7.1).
Nota: La tabla presenta datos basados en los siguientes 31 países miembros de la OCDE evaluados en 2025: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Chequia, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. No se facilitan datos de Estonia, Hungría, Islandia, Israel, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los datos de los países socios de la OCDE se calculan sobre la base de los 15 países siguientes evaluados en 2025: Argentina, Armenia, Brasil, Bulgaria, Croacia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Indonesia, Moldavia, Perú, Rumanía, Serbia y Ucrania.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (a 10 de marzo de 2026).
Además, la duración del plazo de prescripción de los expedientes disciplinarios también puede verse afectada por la detección de una infracción penal paralela. En tales casos, el personal encargado de investigar los casos está obligado a notificar a las fuerzas de seguridad si un expediente disciplinario implica sospechas de delincuencia en el 74 % de los países miembros y en el 93 % de los países socios de la OCDE. Además, en el 81 % de los miembros de la OCDE y en el 87 % de los países socios de la OCDE, la normativa también establece el derecho a recurrir una decisión disciplinaria ante un órgano judicial.
En aproximadamente la mitad de los países miembros y socios de la OCDE, los procedimientos disciplinarios carecen de garantías procesales de imparcialidad y objetividad, como la presunción de inocencia, el derecho a acceder a la evidencia contra el acusado y a impugnarlas, el derecho a una audiencia previa a cualquier resolución o decisión y el derecho a asesoramiento legal (Figura 7.1). Aunque algunas de estas salvaguardias se consideran como "garantías procesales penales" básicas, su aplicación en el sistema disciplinario garantiza que las sanciones se impongan de forma justa y legal. Dado que en los procedimientos disciplinarios las decisiones sancionadoras son adoptadas por órganos administrativos que no siempre son de naturaleza judicial, las garantías de imparcialidad procesal protegen tanto a las personas como a la integridad de la institución. Cuando los países no dispongan actualmente de tales garantías, podrían considerar la posibilidad de mejorar la imparcialidad de los sistemas disciplinarios de la función pública mediante su introducción.
Nota: La figura presenta datos basados en los siguientes 31 países miembros de la OCDE evaluados en 2025: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Chequia, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. No se facilitan datos de Estonia, Hungría, Islandia, Israel, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los datos de los países socios de la OCDE se calculan sobre la base de los 15 países siguientes evaluados en 2025: Argentina, Armenia, Brasil, Bulgaria, Croacia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Indonesia, Moldavia, Perú, Rumanía, Serbia y Ucrania.
Cómo leer: El 55 % de los miembros de la OCDE y el 53 % de los países socios de la OCDE cumplen el criterio "6. La normativa sobre el procedimiento disciplinario incluye disposiciones sobre (a) la presunción de inocencia, (b) el derecho a acceder a la evidencia contra el acusado y a impugnarlas, (c) el derecho a una audiencia previa a cualquier resolución o decisión que se dicte y (d) el derecho a asesoramiento legal".
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (a 10 de marzo de 2026).
En la práctica, la calidad y la integridad de los sistemas disciplinarios también dependen de la existencia de recursos de investigación adecuados y de personal cualificado. Fomentar la profesionalidad de los funcionarios encargados de las investigaciones disciplinarias mediante la formación garantiza una aplicación coherente de las normas disciplinarias en todas las entidades gubernamentales. De hecho, la falta de normalización es especialmente problemática en los procedimientos disciplinarios, que se llevan a cabo principalmente a nivel interno. Actualmente, el 37 % de los miembros de la OCDE y el 27 % de los países socios de la OCDE ofrecen un programa de formación relevante a todo el personal que realiza investigaciones disciplinarias.
Las herramientas digitales, como los sistemas electrónicos de gestión de casos, pueden contribuir aún más a la normalización de los procedimientos. Más allá de la eficiencia operativa, estas herramientas proporcionan la infraestructura técnica necesaria para extraer, agregar y analizar sistemáticamente los datos con fines estadísticos, de transparencia y de prevención. Sin embargo, su adopción sigue siendo limitada. En la actualidad, solo 9 países en todo el mundo utilizan sistemas electrónicos de gestión de casos a nivel de la administración central para gestionar los casos y procedimientos disciplinarios. En la práctica, la falta de sistemas electrónicos dificulta la divulgación proactiva de datos sobre la eficacia de la aplicación disciplinaria, como los datos sobre el número de procedimientos disciplinarios incoados, concluidos o recurridos contra funcionarios públicos. De hecho, solo 2 países entre los países miembros y socios de la OCDE publican esta información.
Mejorar el uso de las tecnologías digitales en los sistemas disciplinarios podría ayudar a los países a demostrar su compromiso con la transparencia dentro de las organizaciones del sector público y de cara al público sobre la eficacia de los mecanismos de aplicación y los resultados de los casos (OECD, 2017[11]). Además, los países podrían aprovechar estos datos para identificar áreas de riesgo clave, generar indicadores para supervisar y evaluar la eficacia del régimen más amplio de aplicación de la integridad y comunicar los resultados al público, contribuyendo así a una mayor rendición de cuentas y confianza en las instituciones judiciales (OECD, 2020[14]). La introducción de herramientas digitales como parte de un enfoque estratégico más amplio, que incluya un desarrollo de capacidades y una adaptación de procesos adecuados, podría aumentar la eficacia y garantizar un uso coherente y eficiente de estas herramientas.