Jens Matthias Arnold
Aida Caldera
Elizabeth Friesen
Ampliar la protección social y combatir la informalidad en América Latina
Resumen
La informalidad sigue siendo una característica estructural de los mercados laborales de América Latina, con alrededor de la mitad de los trabajadores empleados fuera de los arreglos formales. Aunque las tasas han disminuido lentamente en algunos países, los avances son desiguales y frágiles. Las múltiples formas que adopta la informalidad —desde trabajadores por cuenta propia y vendedores ambulantes hasta empleadas domésticas y trabajadores de pequeñas empresas— reflejan la diversidad de realidades de quienes carecen de contrato, ingresos estables o acceso a la protección social. La pandemia de COVID-19 fue una llamada de atención: expuso la vulnerabilidad de los trabajadores informales, entre los más afectados por la pérdida de empleo e ingresos, y puso de relieve la necesidad urgente de contar con sistemas de protección social más inclusivos y resilientes.
América Latina se ha caracterizado durante mucho tiempo por altos índices de pobreza y desigualdad, acompañados de un desempeño económico débil y de una informalidad generalizada y persistente. El progreso social durante la década de los años 2000 fue significativo en un contexto de crecimiento económico robusto, apoyado por los altos precios de las materias primas, que llevó a una disminución de la desigualdad y la pobreza en varios países de la región1 (Gráfico 1.1) (Lustig, Lopez-Calva, and Ortiz-Juarez 2016; Meléndez 2021). Varios países en la región cosecharon los beneficios de mejoras significativas en el acceso a la educación y vieron surgir una nueva clase media, y mejorar la movilidad social, si bien desde niveles bajos. Por otro lado, muchos de aquellos ciudadanos que no pudieron beneficiarse de las mejoras en el mercado laboral se beneficiaron del establecimiento o la expansión de programas de transferencias monetarias no contributivas.
Nota: LAC se refiere al promedio simple de 18 países Latinoamericanos. Los datos para Argentina corresponden a áreas urbanas únicamente. Los datos pueden variar con respecto a los datos publicados por los institutos estadísticos de cada país.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), basado en datos del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), basado en datos del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
La informalidad laboral, una característica de larga data de las economías de América Latina, mostró mejoras en la mayoría de los países, aunque mantuvo niveles elevados en todos ellos (Gráfico 1.2 and Gráfico 1.3). Las definiciones oficiales de informalidad varían entre instituciones, pero el sector informal, suele entenderse como aquel conformado por trabajadores y empresas que operan al margen de las leyes y normativas relevantes. Una característica destacada es que empresas y trabajadores informales no pagan contribuciones a los esquemas estándar de seguridad social como las pensiones de jubilación, prestaciones para la salud o por desempleo.
Entre 2003 y 2014, la informalidad disminuyó notablemente, reflejando los efectos del boom de las materias primas, entre ellos un mayor acceso a la educación, al igual que algunas políticas para promover la formalización de trabajadores asalariados, trabajadores por cuenta propia, y unidades de producción informal. Entre estas políticas destacan el régimen fiscal único en Argentina y la ley del Microemprendedor Individual en Brasil (Castelao Caruana 2016; Corseuil, Neri, and Ulyssea 2014; Abramo 2022). Varios países, incluyendo Chile, Colombia, México y Uruguay, introdujeron además subsidios o reducciones de las contribuciones a la seguridad social de los empleadores para fomentar la contratación formal de grupos destinatarios como trabajadores jóvenes, mujeres, y asalariados de bajos ingresos. La evidencia sugiere que el proceso de formalización durante este período fue en gran parte responsable de una reducción simultánea de la desigualdad de ingresos (Amarante and Arim 2015).
% del empleo total, 2002-2023
Nota: Como trabajadores informales se define a todas las personas que, durante un período de tiempo de referencia determinado, estuvieron empleadas en al menos una empresa del sector informal, independientemente de su situación de empleo o ya sea su empleo principal o secundario. Dadas las diferentes definiciones y metodologías de informalidad puede haber diferencias entre los datos de la OIT presentados aquí y los datos publicados por los institutos nacionales de estadística. Datos para Argentina corresponden a áreas urbanas únicamente.
Fuente: Estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Estas tendencias positivas se estancaron en la última parte de los años 2010, y los avances en algunas áreas incluso se revirtieron. Así como el boom de los precios para las materias primas se desvanecía también lo hizo el crecimiento económico (Gasparini and Cruces 2021). Entre 2010 y 2019, el crecimiento promedio del PIB en las siete economías Latinoamericanas más grandes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú) cayó de 6,7% a 1,0%. Desde 2014, las tasas de pobreza en muchos países de la región han estado al alza nuevamente, mientras que la tendencia hacia la reducción de la desigualdad de ingresos se detuvo. La informalidad también volvió a subir marginalmente. Entre 2015 y 2019, basado en datos para 16 países, la tasa de informalidad regional aumentó de 49,9% a 51% (ILO, 2020[1]). Este aumento en la informalidad ha sido atribuido a la corta duración de los esfuerzos de formalización de los gobiernos, además del desaceleramiento del impulso económico (Salazar-Xirinachs and Chacaltana 2018).
Este deterioro social fue el telón de fondo para la pandemia de COVID-19, que tocó mucho más duro a América Latina que a otras regiones del mundo y que reveló claramente los puntos débiles en los marcos de política social de la región. Alrededor de 15% de los casos y 28% de las muertes relacionadas con Covid sucedieron en América Latina, que supone el 8% de la población mundial (Schwalb et al. 2022). Los daños económicos fueron similarmente graves, la región vivió la peor contracción económica de su historia. La pandemia exacerbó muchos de los desafíos y disparidades preexistentes, al tiempo que los ingresos en el extremo inferior de la distribución recibieron un golpe mucho más duro que los de más arriba. En el primer año de la pandemia, las tasas de pobreza y extrema pobreza dieron un salto de dos puntos porcentuales respectivamente, y la desigualdad regional, medida por el coeficiente de Gini, aumentó por primera vez desde 2013 (CEPALSTAT, 2022). Esto es particularmente preocupante, dado que incluso antes del declive de los años 2010, la desigualdad en la región de ALC era aún la más alta del mundo (Amarante, Galván, and Mancero 2016).
La pandemia disparó una crisis del mercado laboral sin precedentes, caracterizada por fuertes caídas en el empleo y la participación en el mercado de trabajo, impulsada en gran medida por deficiencias estructurales en el mercado laboral, tales como las altas tasas de informalidad. Mientras que en previas desaceleraciones, el sector informal fue capaz de absorber a aquellos despedidos de empleos formales, esta vez el empleo informal se contrajo más que el empleo formal. Las restricciones impuestas a la movilidad para contener la propagación de la pandemia restringieron especialmente las actividades informales en el comercio, la hostelería y otros sectores de servicio (Bárcena et al. 2021). Aunque la duración y el cumplimiento de los confinamientos difirieron a lo largo de América Latina, la región fue testigo de algunas de las restricciones a la movilidad más duraderas en el mundo. Argentina, como ejemplo extremo, implementó 119 días de confinamiento estricto a nivel nacional y 304 días de confinamientos menos restrictivos, convirtiéndolo en el país con las restricciones a la movilidad más duraderas en el mundo (Sagripanti and Aquilano 2022). Cierres extendidos de escuelas, durando más que un año académico desde marzo 2020 a septiembre 2021 en la mayoría de los países, llevaron a tasas de rendimiento escolar más bajas y tasas de abandono mayores (Gómez and Uzín P. 2022). En 2020, Costa Rica vio una pérdida estimada de medio año académico de matemáticas, correspondiente a una caída de 12 puntos en la escala del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) (Vargas Cullell and Román Vega 2021) mientras que México vio aumentar las tasas de deserción escolar, sufrió pérdidas de alfabetización y aritmética elemental, y vio un aumento de las brechas en el aprendizaje fundamental en relación al género y al estatus socioeconómico (ECOVID-ED, 2021; Hevia et al. 2022). El cierre de las escuelas además puso mucha presión sobre los padres, especialmente las mujeres, y profundizó desigualdades, ya que los hogares desfavorecidos tienen menos acceso a oportunidades de aprendizaje digital. La informalidad también hizo más difícil proteger la subsistencia de muchos trabajadores durante la pandemia debido a que los trabajadores informales típicamente carecen de acceso a la protección social y a los beneficios laborales. Cuando la pandemia llegó, más del 50% de los que obtienen ingresos en la región estaban en el sector informal, con tasas de informalidad variando según el país desde 25% en Uruguay a casi 80% en Honduras (ILO, 2018; Acevedo et al. 2021).
1.1.1. Las caras de la informalidad
Los trabajadores informales incluyen a personas involucradas en una gran variedad de actividades económicas. La mayoría son trabajadores por cuenta propia, lo que significa que son trabajadores autónomos o trabajan en microempresas, como negocios familiares (Gráfico 1.4). La informalidad no necesariamente implica la ilegalidad, y viceversa. Dependiendo de la reglamentación legal de un país, por ejemplo, una empresa puede ser legal pero informal, si el país no requiere que las pequeñas empresas contribuyan a programas de seguridad social para sus trabajadores (Levy and Cruces 2021).
% del empleo total, 2023 o último año
Nota: Datos para Argentina corresponden a áreas urbanas únicamente.
Fuente: Estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
% de empleo, 2023
Nota: Datos de trabajadores por cuenta propia incluyen trabajadores familiares contribuyentes a la agricultura de subsistencia en Chile y Costa Rica.
Fuente: Estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La informalidad impacta más a ciertos grupos que a otros (Gráfico 1.5). Las tasas de empleo informal son más altas entre las mujeres que entre los hombres, aunque los hombres conforman el grueso de los trabajadores informales debido a que globalmente su representación es mayor en el mercado laboral (Salazar-Xirinachs and Chacaltana 2018). La edad también es un factor relevante, registrándose entre los más jóvenes y los adultos mayores las tasas más altas de informalidad. La educación juega un rol clave, los trabajadores de bajo nivel educativo tienden más a trabajar en el sector informal que los de alto nivel educativo. La informalidad es también más frecuente en zonas rurales que en zonas urbanas, al igual que en el sector agrícola comparado con los sectores de servicio y de la industria.
Nota: Datos para Argentina corresponden a áreas urbanas únicamente. En los paneles A y C, aplica la definición de informalidad de la OIT. En los paneles B, D, y E, un trabajador es considerado informal si el/ella no tiene derecho a una pensión cuando se jubile.
Fuente: SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial) y Estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La informalidad generalmente está relacionada con resultados socioeconómicos y económicos negativos. Aunque no todos los trabajadores informales son pobres, y la pobreza existe en el sector formal, un importante conjunto de investigaciones demuestra que los trabajadores en la economía informal enfrentan un mayor riesgo de pobreza que los trabajadores en la economía formal (Gráfico 1.6). El trabajo informal está habitualmente asociado con salarios más bajos, menor productividad, niveles educativos más bajos, y menor protección social, al igual que a tasas de desigualdad y mortalidad más altas (Abramo 2022; Silva-Peñaherrera et al. 2021; Perry et al. 2007).
% de trabajadores viviendo por debajo de la línea internacional de pobreza según la formalidad laboral, 2021 o el último año
Nota: Datos para Argentina corresponden a áreas urbanas únicamente. Datos para Chile del 2017.
Fuente: Indicadores clave de informalidad de la OCDE.
Las medidas de distanciamiento social provocaron en 2020 una caída sin precedentes de la actividad económica dejando a millones de hogares que dependían del trabajo informal sin acceso a sus medios de subsistencia de un momento a otro. Casi todos los sistemas de protección social contributiva en América Latina, que constituyen el grueso del gasto social, están vinculados al trabajo formal, excluyendo así a los trabajadores informales (Levy and Cruces, 2021[2]). De esta manera, los trabajadores informales no pudieron beneficiarse de los esquemas de reducción del tiempo de trabajo ni de otras medidas de seguridad social como respuesta a la Covid-19. Al mismo tiempo, muchos países recurrieron a sus programas de transferencia de efectivo ya existentes para llegar a los más vulnerables, además de introducir medidas ad-hoc, como la actualización de registros o la creación de nuevos sistemas de apoyo. Las políticas de apoyo, tanto para trabajadores formales, como para los pobres, se implementaron con bastante rapidez cuando golpeó la pandemia en 2020. Al finalizar marzo del 2020, solo un mes después de detectarse el primer caso en la región, siete de diez países latinoamericanos se comprometieron a ayudas adicionales en efectivo para hogares vulnerables identificados a través de programas de transferencia de efectivo existentes (Blofield, Giambruno, and Filgueira 2020). Sin embargo, estas ayudas enfrentaron retrasos y brechas en la cobertura debido a la cobertura limitada de los registros y dificultades institucionales.
La debilidad de los sistemas de protección social en la región quedo en evidencia: no lograron prevenir la profunda crisis social causada por la pandemia. Cuando los países impusieron el confinamiento, millones de familias que dependían del trabajo informal vivieron la dramática caída de sus ingresos, sin protección social para amortiguar el shock (OECD, 2020[3]; OECD, 2021[4]). Los hogares vulnerables con ingresos por trabajo no tuvieron ningún mecanismo de protección social al cual recurrir (Robles, Rubio, and Stampini 2015; Busso et al. 2020). Antes de la pandemia, muchos trabajadores informales habían salido de la pobreza con éxito y obtenido ingresos por encima de los niveles que califican para las transferencias en efectivo, pero sin acceso a los beneficios sociales para trabajadores formales. Fuera del alcance de los regímenes del impuesto sobre la renta, y sin acceso a los beneficios sociales, muchos trabajadores informales quedan por fuera del radar del Estado.
Llegar a trabajadores informales durante la pandemia se convirtió en una prioridad para los gobiernos Latinoamericanos, con muchos prometiendo asistencia adicional en efectivo para el amplio sector de hogares informales a finales de abril 2020 (Blofield, Giambruno, and Filgueira 2020). Alcanzar a los trabajadores informales, sin embargo, ha sido un desafío que requirió ideas innovadoras. Varios gobiernos establecieron mecanismos "orientados a la demanda" más inclusivos para identificar a los más necesitados, lo que permitió a las personas identificarse a sí mismas y aplicar para la asistencia (Blofield, Giambruno, and Filgueira 2020). En Brasil, más de 50 millones de brasileños utilizaron una aplicación de smartphone para aplicar al beneficio de emergencia establecido después del brote de la enfermedad. En Chile, el programa Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue expandido para incluir una página web gubernamental, a través de la cual las personas podían aplicar para recibir transferencias de efectivo. En el caso del programa Ingreso Solidario en Colombia, las aplicaciones ni fueron necesarias. Destinatarios para la transferencia en efectivo fueron identificados a través de bancos de datos registrales existentes, cruzados con los registros de beneficiarios de los programas de transferencia de efectivo y los registros administrativos de otras entidades públicas, haciendo posible, por primera vez, identificar y apuntar a los hogares de bajos ingresos y más vulnerables que no recibían beneficios (Gallego et al. 2021).
Además, los beneficiarios muchas veces carecían de servicios bancarios, así que los gobiernos tuvieron que responder de manera creativa y asegurar la creación de cuentas de banco para los destinatarios de prestaciones de emergencia. Al igual que Brasil, Colombia tuvo éxito con los canales de pago digitales, pagando prestaciones a 1.5 millones de hogares que aún no estaban cubiertos por las prestaciones sociales, incluyendo productos bancarios digitales sin costo. Chile apoyó a más de 2 millones de hogares vulnerables e informales a través de diferentes transferencias de efectivo, entregando tarjetas de débito a aquellos sin cuenta bancaria. Estos programas han mitigado considerablemente la pérdida de ingresos en hogares de ingresos bajos (Busso et al., 2020, Lustig et al. 2020).
A pesar de carecer de mecanismos de focalización eficaces para las transferencias de efectivo condicionadas, la asistencia de emergencia parece haber estado razonablemente bien dirigida en algunos países, especialmente considerando su rápida puesta en marcha, ya que aportaron proporcionalmente más apoyo a aquellos que más han sufrido. En Brasil, por ejemplo, los confinamientos llevaron a una proyección de incremento de la pobreza más elevada para las poblaciones afrodescendientes e indígenas que para otras poblaciones, pero debido a que la asistencia social ampliada fue mayor para los hogares con cabeza de familia afrodescendiente o indígena, estas poblaciones no sufrieron un impacto diferencial por la pandemia (Lustig et al. 2020).
Al mismo tiempo, esta respuesta política colocó una carga considerable sobre las cuentas fiscales en muchos países de la región, la mayoría de los cuales ya estaban atravesando condiciones de creciente dificultad previo a la pandemia. Varios países latinoamericanos decretaron gastos de emergencia superiores a 4% del PIB (Gráfico 1.7). Como resultado el espacio fiscal que enfrentan varios de estos países es considerablemente reducido.
Respuesta fiscal discrecional acumulada, % del PIB
Nota: Estimaciones con fecha 27 de setiembre 2021. Em. Econ. = media simple de economías emergentes en el gráfico. Adv. Econ. = media simple de AUS, BEL, CAN, CHE, CZE, DEU, DNK, ESP, FIN, FRA, GBR, ITA, JPN, KOR, NLD, NOR, NZL, SGP, SWE, USA.
Fuente: IMF Database of Country Fiscal Measures in Response to the COVID-19 Pandemic, bajo https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19.
La necesidad de construir mecanismos de protección social universal más eficaces que incluyan a los trabajadores informales y emprendedores emerge como uno de los aprendizajes principales de la crisis de la COVID-19. La informalidad laboral está tan difundida en América Latina al punto que vincular la transferencia de prestaciones a la participación en el mercado de trabajo formal, lo cual es la regla actual de la protección social en toda Latinoamérica, inevitablemente dejará atrás a demasiados de los más necesitados. Las actuales prestaciones no contributivas no pueden llenar este vacío, como quedó demostrado claramente por la pandemia. En varios países, la elegibilidad para las transferencias de efectivo condicionadas es en principio universal, pero en la práctica, los procesos de aplicación son excesivamente hechos de arriba para abajo, dejando poco campo para que los hogares más necesitados puedan aplicar a la ayuda, o bien, son muy lentos o engorrosos para apoyar a las personas ante la pérdida repentina de sus ingresos. Un importante primer paso por lo tanto sería agilizar los programas de transferencia de efectivo, para que puedan desembolsar rápidamente cuando las personas pierden sus medios de subsistencia, siguiendo los ejemplos del Universal Credit del Reino Unido o el programa BSH de Malasia.
Más allá de esto, puede ser un argumento sólido para poner fin a la dicotomía entre prestaciones básicas contributivas y no contributivas. Este dualismo es difícil de justificar desde un punto de vista moral o práctico. La asistencia médica y las pensiones básicas junto con la protección contra la pobreza y la satisfacción de las necesidades básicas, deben ser accesibles para todos. Y también más redes de seguridad social universal basadas en transferencias de efectivo en función de los ingresos pueden ayudar a reducir la fragmentación generalizada de los programas sociales, y fortalecer su efectividad. El próximo capítulo argumenta que este dualismo de la protección social a menudo crea incentivos para las empresas y los empleados a permanecer en la informalidad, visto que la diferencia considerable de costos entre la creación de trabajo formal e informal está directamente vinculada al financiamiento de la protección social.
Además de las graves consecuencias sociales, el trabajo informal generalizado implica que muchas empresas permanecen por completo en el sector informal, lo cual tiene implicaciones importantes para la productividad. Los niveles de productividad de las entidades económicas, especialmente las de pequeño tamaño, son una de las principales preocupaciones en la región (OECD et al., 2023[7]). Las empresas que contratan trabajadores informales a menudo se mantienen pequeñas (Gráfico 1.8) ya que tratan de volar por debajo del radar de las autoridades fiscales para evadir no solo impuestos y el costo más alto del trabajo formal, sino también la carga de las regulaciones que desincentiva la formalización (Ulyssea, 2020[8]). Esta presión regulatoria y económica crea fuertes incentivos para operar informalmente y limitar el crecimiento de las empresas. Una falta generalizada de acceso al crédito para actividades informales disminuye aún más las perspectivas de crecimiento. Las empresas informales además, muchas veces se inclinan menos a invertir en las capacidades de sus trabajadores, cuyo vínculo laboral generalmente es menos estable y se caracteriza por una rotación del empleo, sumando a la penalización de productividad. Entre los asalariados informales poco calificados, sólo entre el 44 y el 53% suelen permanecer en la misma situación laboral al año siguiente, con la mayoría pasando al autoempleo informal, y menos de 10 por ciento pasando a un trabajo formal asalariado (Maurizio and Monsalvo, 2021[5]).
Nota: Datos para Argentina corresponden a áreas urbanas únicamente.
Fuente: Indicadores clave de informalidad de la OCDE.
La informalidad también pesa sobre la productividad del sector formal a través de la competencia desleal. Las empresas informales que, al no cumplir las reglamentaciones costosas, tienen menores costos operacionales, pueden bajar los precios más que las empresas formales, "robando" así una cuota de mercado a las empresas formales (Amin and Okou 2020). Estos precios más bajos empañan la rentabilidad de las empresas formales, reduciendo su incentivo para escalar y restringiendo el acceso a los fondos de inversión e innovación. En América Latina, un promedio de 55% de las empresas formales a través de siete países compiten con empresas informales.
Finalmente, la informalidad también conlleva una recaudación fiscal más baja, no solo porque muchos trabajadores informales no pagan impuestos a la renta, sino también porque la prevalencia del sector informal obstaculiza la capacidad del gobierno de aumentar las tasas impositivas para trabajadores formales, ya que al hacerlo podría incentivar a los trabajadores a salir del sector formal y pasar al sector informal (Besley and Persson 2014). Las actividades informales usan las infraestructuras públicas sin contribuir a los ingresos impositivos necesarios para su financiamiento (Johnson, Kaufmann, and Schleifer 1997; Loayza 1996) y los menores ingresos impositivos reducen la capacidad fiscal de los gobiernos para programas de protección social bien orientados.
La combinación de una protección social insuficiente y altos niveles de informalidad laboral sigue siendo un obstáculo central para el desarrollo en América Latina. La pandemia del COVID 19 lo dejo aún más en evidencia, mostrando la necesidad urgente de avanzar hacia sistemas de protección más inclusivos. Este libro analiza como la interacción entre pobreza, protección social, informalidad laboral y productividad condiciona los resultados sociales y económicos de la región y propone reformas viables para mejorar el bienestar de la población.
El Capítulo 2 sostiene que, entre las varias causas de la informalidad laboral, incluyendo el poco acceso a la formación y educación de calidad y un débil marco institucional y de cumplimiento, el diseño del sistema de protección social es un factor clave, y uno que puede merecer más atención de la que ha recibido. La informalidad laboral y la cobertura de protección social pueden estar interconectadas, y las altas contribuciones sociales actúan como una barrera a la formalización. Sugiere rediseñar los sistemas para asegurar una cobertura de protección social básica para todos financiada con ingresos fiscales generales. Una condición necesaria para la implementación exitosa será la capacidad de recaudar ingresos fiscales adicionales, mejorar la eficiencia del gasto público y reasignar gastos de otras áreas.
El Capítulo 3 examina opciones de política y los retos de implementación, subrayando la necesidad de consensos políticos, eficiencia en el gasto y capacidad de recaudar ingresos adicionales.
Finalmente, los capítulos de país sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú (Capítulos 4 a 9) ilustran cómo podrían aplicarse las reformas de los sistemas de protección social en los contextos específicos para asegurar una protección social básica más justa e inclusiva.
Tres mensajes principales pueden recopilarse del libro:
Primero, es necesario reformar los sistemas de protección social en América Latina para hacerlos más eficaces y fiscalmente sostenibles, una urgencia que la pandemia de COVID-19 hizo aún más evidente.
Segundo, un conjunto básico de beneficios de protección social para todos los trabajadores, independientemente de si están en el sector formal o informal, es posible en práctica. Requiere mejorar la capacidad de recaudación de ingresos fiscales, así como rediseñar los sistemas actuales para evitar los incentivos perversos a la informalidad. La reducción de las altas contribuciones laborales es clave para facilitar la creación de empleo formal. Los incentivos para la creación formal de trabajo se verían fortalecidos si la principal fuente de financiación para la protección social básica fuera la recaudación general, a diferencia de las contribuciones a la seguridad social, que tienden a aumentar el costo de la creación de trabajo formal.
Tercero, aunque las reformas de los sistemas de protección social no serán sencillas, representan una base fundamental para generar un crecimiento más fuerte, inclusivo y resiliente en América Latina.
Referencias
[1] ILO (2020), Panorama Laboral En Tiempos de La COVID-19: Impactos En El Mercado de Trabajo y Los Ingresos En América Latina y El Caribe.
[2] Levy, S. and G. Cruces (2021), “Time for a New Course: An Essay on Social Protection and Growth in Latin America”, UNDP Latin America and the Caribbean Working Paper Series, No. 24, United Nations Development Programme, https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/human_development/time-for-a-new-course--an-essay-on-social-protection-and-growth-.html (accessed on 21 September 2021).
[5] Maurizio, R. and A. Monsalvo (2021), “Informality, labour transitions, and the livelihoods of workers in Latin America”, Vol. 2021, https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2021/953-2.
[4] OECD (2021), OECD Employment Outlook 2021: Navigating the COVID-19 Crisis and Recovery, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5a700c4b-en.
[3] OECD (2020), Supporting livelihoods during the COVID-19crisis: closing the gaps in safety nets, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132985-hrr3dbjimj&title=Supporting-livelihoods-during-the-COVID-19_crisis.
[6] OECD et al. (2023), Latin American Economic Outlook: Investing in Sustainable Development, OECD Publishing, Paris.
[7] Ulyssea, G. (2020), “Informality: Causes and Consequences for Development”, https://doi.org/10.1146/annurev-economics-082119-121914, Vol. 12, pp. 525-546, https://doi.org/10.1146/ANNUREV-ECONOMICS-082119-121914.
← 1. La notable excepción es Costa Rica, que no vió cambios en el coeficiente de Gini de acuerdo a las estadísticas de la CEPAL y si vió un aumento del coeficiente de Gini de acuerdo a estadísticas nacionales oficiales. Esta tendencia fue impulsada en gran parte por los salarios del sector público (González Pandiella y Gabriel 2017) y un aumento en la prima por educación debido a mayores desajustes de habilidades. Colombia también experimentó un descenso menor en el coeficiente de Gni que otros países de América Latina (Aristizábal-Ramírez, Canavire Bacarreza, y Jetter 2015).