Cómo trabajamos

Proporcionamos conocimiento que los países miembros y socios pueden utilizar al tomar decisiones de política pública. Nuestro análisis se refleja en los más de 500 importantes informes y estudios por países y en los más de 5 000 millones de puntos de datos que publicamos cada año, así como en los cientos de documentos, artículos y contenido digital sobre políticas públicas que elaboramos. Somos una de las fuentes más amplias y fiables de estadísticas, datos y análisis en materia de políticas públicas comparables a escala internacional y contribuimos a enriquecer los debates en los parlamentos, los medios de comunicación y el ámbito de la investigación. Analizamos y nos anticipamos a los cambios económicos, medioambientales y sociales, y realizamos estudios específicos por países a petición de los gobiernos.

Contribuimos a orientar y enriquecer los debates internacionales sobre políticas públicas en los foros mundiales. Prestamos apoyo en prácticamente todos los ámbitos de trabajo del G20 con datos, informes analíticos, recomendaciones de políticas públicas y normas, y colaboramos con el G7, la Asociación de Deauville, la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Comisión de la Unión Africana, entre otros muchos organismos. A petición de los gobiernos, aportamos liderazgo en áreas clave, como la elusión fiscal, la lucha contra la corrupción y la transformación digital, que solo pueden abordarse mediante enfoques transfronterizos. Propiciamos una cooperación internacional eficaz que mejore los resultados económicos y la vida diaria de las personas.

Como foro y centro de conocimiento centrado en el diseño de mejores políticas para una vida mejor, congregamos a países y a una amplia variedad de socios de todo el mundo para explorar ideas innovadoras y las mejores prácticas en todos los ámbitos de las políticas públicas. A través de sus comités sustantivos y sus órganos subsidiarios, los responsables de la formulación de políticas públicas y otros grupos de influencia comparten ideas e inspiración y abordan cuestiones complejas como la desigualdad, el desempleo juvenil, la brecha de género, la integración de las personas migrantes o el envejecimiento en la pobreza, para garantizar que los éxitos y los desafíos en un lugar puedan servir de guía y beneficiar a otros.

Los representantes de gobiernos, parlamentos, otras organizaciones internacionales, empresas, trabajadores, organizaciones no gubernamentales y el mundo académico aportan una perspectiva única para guiar el cambio. En su calidad de socios institucionales, Business at OECD (BIAC) y el Comité Sindical Consultivo (TUAC) facilitan la participación informada y equilibrada de los interlocutores sociales en las diversas áreas de trabajo de la Organización. En la OCDE se celebran unas 4 000 reuniones y otros eventos al año, pero nuestros expertos están presentes donde se celebran los debates y trabajan directamente con los gobiernos y la sociedad civil en general, tanto en los países como a través de consultas.

La OCDE establece normas internacionales en colaboración con las partes interesadas pertinentes. Las normas de la OCDE abarcan desde decisiones y acuerdos internacionales jurídicamente vinculantes, como la Convención Anticohecho de 1997, hasta recomendaciones y declaraciones no vinculantes, como la Recomendación sobre IA de 2019. Desde la creación de la OCDE en 1961, se han elaborado más de 500 instrumentos jurídicos sustantivos en diversos ámbitos, tales como, por ejemplo, la protección del consumidor, la evaluación de sustancias químicas, hasta la conducta empresarial responsable o la protección del medio ambiente. Algunos de nuestros puntos de referencia incluyen el principio de «quien contamina paga» y los códigos de pruebas de seguridad para tractores. 

Los estándares de la OCDE tienen por objeto garantizar unas condiciones equitativas, facilitar las transferencias transfronterizas y mejorar el bienestar y las condiciones de vida de la ciudadanía. Son una de las formas más visibles en que la OCDE ejerce un impacto concreto en la coordinación de resultados positivos para los miembros y sus ciudadanos. Las normas de la OCDE son especialmente importantes en el contexto de los procesos de adhesión en curso, en los que se realiza una evaluación técnica en profundidad de los países candidatos respecto de todos los instrumentos jurídicos de la Organización, lo que da lugar a recomendaciones concretas destinadas a mejorar su alineación con dichos instrumentos.