Es importante que las empresas y los inversores analicen y aborden las consecuencias de sus operaciones, productos, servicios y cadenas de suministro sobre la sostenibilidad. Las normas de la OCDE en materia de conducta empresarial responsable establecen seis etapas de debida diligencia que los gobiernos esperan que las empresas y los inversores apliquen:

(1) Incorporar la conducta empresarial responsable en sus políticas y sistemas de gestión.

(2) Identificar y evaluar las consecuencias negativas, reales o potenciales, para las personas, el planeta y la sociedad.

(3) Cesar, prevenir o mitigar dichas consecuencias.

(4) Hacer seguimiento de la aplicación y los resultados.

(5) Comunicar cómo se abordan las consecuencias.

(6) Proporcionar medidas correctoras o cooperar en la subsanación de las consecuencias, cuando proceda.

La OCDE apoya la aplicación de la debida diligencia basada en el riesgo proporcionando orientaciones prácticas a directivos y profesionales de empresas, y facilitando la cooperación sectorial y entre múltiples partes interesadas para afrontar retos sistémicos de sostenibilidad en sectores y cadenas de suministro como la agricultura, las finanzas, el textil y el calzado, y los minerales.

La Recomendación de la OCDE sobre el Papel del Gobierno en la Promoción de la Conducta Empresarial Responsable establece veintiuna medidas concretas para que los gobiernos promuevan la conducta empresarial responsable, en particular mediante marcos jurídicos y regulatorios, liderando con el ejemplo en sus propias actividades comerciales, facilitando la participación de las partes interesadas y garantizando que las personas afectadas por las actividades empresariales tienen acceso a medidas correctoras. La OCDE ayuda a los responsables de la formulación de políticas públicas a implementar estas medidas mediante el desarrollo de capacidades, la prestación de apoyo técnico y la facilitación de la cooperación entre países en materia de políticas.

Las normas de la OCDE en materia de conducta empresarial responsable presuponen que las empresas y los inversores establecerán o colaborarán para establecer medidas de corrección eficaces, accesibles para las partes interesadas afectadas. Los gobiernos también tienen un papel esencial a la hora de garantizar que se dispone de mecanismos de reclamación judicial o extrajudicial. Los gobiernos que se adhieren a las normas de la OCDE en materia de conducta empresarial responsable están obligados a designar un Punto Nacional de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable. Los Puntos Nacionales de Contacto tienen el mandato de tramitar las reclamaciones presentadas por particulares y grupos de personas relativas a la conducta de empresas que operan en sus países o desde ellos.