Durante mucho tiempo, los gobiernos han confiado a las plataformas digitales la mayor parte de la labor necesaria para mantener un entorno seguro en Internet, confiando en que las directrices del sector y otras medidas voluntarias serían suficientes. Sin embargo, los problemas de seguridad en línea —como la explotación y el abuso sexual infantil y el contenido terrorista y extremista violento—, siguen siendo persistentes y cada vez más graves, lo que ha puesto de manifiesto las limitaciones de este enfoque. Los casos de explotación y abuso sexual infantil en línea, por ejemplo, avanzan a paso acelerado, poniendo en grave peligro a los niños. Ahora que cualquiera puede acceder fácilmente a aplicaciones de "nudificación" basadas en inteligencia artificial, de bajo costo o gratuitas, la generación y el intercambio no consentidos de imágenes íntimas se han convertido en un problema generalizado que amenaza, en particular, a la seguridad y el bienestar de las niñas y las mujeres. La acumulación de riesgos relacionados con la seguridad en línea ha obligado a reevaluar el enfoque de "no intervención" que venía aplicándose desde los inicios del Internet comercial. Como resultado, un número cada vez mayor de jurisdicciones está estableciendo normativas para proteger a los usuarios.
Seguridad y bienestar en línea
Internet ha conectado a las personas como ninguna otra tecnología lo había hecho antes. Sin embargo, los usuarios malintencionados saben utilizarla con la misma destreza que los legítimos. Este hecho pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los usuarios y, por tanto, su confianza. Ante esta situación, cada vez más jurisdicciones están respondiendo con regulaciones. Aun así, para que las políticas sean eficaces se necesita una base sólida de datos. Y, además, no se pueden perder de vista los beneficios que ofrece Internet en el intento por garantizar la seguridad de los usuarios.
Mensajes clave
Si no se dispone de información adecuada sobre la naturaleza y el alcance de las amenazas a la seguridad a las que se enfrentan los usuarios en Internet, ni sobre cómo están respondiendo a ellas los proveedores de servicios en línea, los encargados de la formulación de políticas avanzan a ciegas en su intento de encontrar soluciones. Es fundamental contar con una base empírica sólida que permita discernir tendencias, identificar grupos de usuarios vulnerables, centrarse en las áreas problemáticas, determinar qué medidas funcionan y cuáles no, y anticiparse a las amenazas emergentes. Además, permitir a los encargados de la formulación de políticas estimar el impacto de las políticas a lo largo del tiempo les proporciona una base empírica sólida desde la que pueden perfeccionar las intervenciones y las medidas reguladoras, así como garantizar que estas puedan seguir respondiendo a los cambiantes retos en materia de seguridad.
Según se van introduciendo normativas de seguridad en línea en más jurisdicciones, aumenta la carga que supone el cumplimiento normativo para los proveedores de servicios que operan a nivel internacional. Esta situación se agrava especialmente cuando no existe coordinación entre las normativas de las distintas jurisdicciones y cada una de ellas establece un conjunto diferente de requisitos. Las nuevas normativas en materia de informes de transparencia, por ejemplo, varían de un país a otro. Esto significa que las empresas afectadas tendrán que elaborar múltiples versiones de sus informes en cada período. Entretanto, los encargados de la formulación de políticas analizarán las mismas cuestiones desde diferentes perspectivas, lo que podría complicar los análisis acerca de cómo abordar los problemas de seguridad en línea que son comunes a todas las jurisdicciones. Una solución más eficiente consiste en desarrollar normas internacionales para la elaboración de informes. La OCDE ha dado un paso importante en esa dirección con la creación del Marco de la OCDE relativo a la elaboración voluntaria de informes de transparencia.
Contexto
El aumento de los organismos reguladores de la seguridad en línea en los países de la OCDE
Cada vez son más las jurisdicciones que están creando organismos reguladores específicos para la seguridad en línea. Dichos organismos supervisan el desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de las normativas destinadas a mejorar la seguridad y el bienestar en línea. No obstante, sin una coordinación internacional adecuada, el riesgo de fragmentación y los costes asociados a ella aumentan a medida que crece el número de organismos de este tipo. Los costos conexos pueden alcanzar tanto al sector público como al privado, y pueden ser de carácter económico o informativo.
Solo un tercio de los principales servicios de intercambio de contenidos publican informes de transparencia sobre contenido terrorista y extremista violento
De los 50 servicios de intercambio de contenidos en línea más populares a nivel mundial, solo 17 publicaron informes de transparencia con información sobre contenido terrorista y extremista violento en 2024. Si bien esta cifra ha aumentado en los últimos años (5 en 2020, 11 en 2021 y 15 en 2022), la publicación de informes de transparencia en este ámbito sigue siendo una práctica minoritaria, con resultados finales dispares.
Estos informes de transparencia son aún menos habituales entre los 50 servicios que más se utilizan para difundir contenido terrorista y extremista violento en línea. En 2024, solo seis de ellos publicaron informes de transparencia al respecto.
