La resolución anticipada constituye un componente de la persecución de carteles en varias jurisdicciones alrededor del mundo. Si bien los marcos jurídicos y los enfoques institucionales difieren entre las jurisdicciones de la región, estos mecanismos comparten el objetivo de permitir que las autoridades de competencia resuelvan los casos de manera más eficiente y asignen recursos escasos a la detección y persecución de otras infracciones al derecho de la competencia. De esta manera, la resolución anticipada puede contribuir a ampliar el alcance y el impacto de la persecución de carteles, al tiempo que reduce los costos asociados a procedimientos ordinarios prolongados.
La Recomendación del Consejo relativa a una Acción Eficaz contra los Cárteles Intrínsecamente Nocivos [OECD/LEGAL/0452] recomienda que las jurisdicciones habiliten e incentiven herramientas de resolución anticipada. Sin embargo, en la región más amplia de América Latina y el Caribe, la experiencia sigue siendo limitada y requiere un mayor desarrollo.
La experiencia de las jurisdicciones que utilizan estas herramientas en la región demuestra que la resolución anticipada puede perseguir objetivos que van más allá de la mera celeridad procesal. Dependiendo del diseño de las herramientas, estas pueden facilitar la cooperación con las investigaciones, promover el cumplimiento, apoyar el restablecimiento de condiciones competitivas en los mercados afectados y, en algunos casos, complementar estrategias de persecución más amplias. Las autoridades también han utilizado acuerdos transaccionales, compromisos y obligaciones asociadas como instrumentos para abordar preocupaciones específicas de competencia y alcanzar resultados que podrían no lograrse únicamente mediante sanciones pecuniarias.
La eficacia de los programas de resolución anticipada depende en gran medida de su diseño jurídico e institucional. Entre las decisiones clave se encuentran el momento procesal del procedimiento, los requisitos impuestos a las partes investigadas, tales como las admisiones de culpabilidad o de los hechos y los deberes de pago, cooperación y otras obligaciones, así como el grado de discrecionalidad otorgado a las autoridades de competencia. Estas normas deben ir acompañadas de suficiente transparencia y previsibilidad para incentivar a las partes a participar. Las directrices, reglamentos y decisiones públicamente disponibles pueden contribuir a este objetivo al aclarar la manera en que las autoridades de competencia implementan la resolución anticipada y reducir la incertidumbre.
En última instancia, el diseño y la implementación de programas de resolución anticipada requieren un equilibrio cuidadoso entre incentivos y objetivos de política pública. Las autoridades deben procurar que estos mecanismos sigan siendo lo suficientemente atractivos para fomentar la participación, al tiempo que preservan los incentivos para la clemencia, mantienen el acceso a las acciones privadas de daños y perjuicios, apoyan la disuasión y tienen en cuenta el valor del establecimiento de precedentes. Cuando estos elementos se abordan adecuadamente, los mecanismos de resolución anticipada pueden constituir una valiosa incorporación al conjunto de herramientas de persecución de carteles de las autoridades de competencia de toda la región.