Las políticas agrícolas de Perú tienen como objetivo mejorar la estructura dual del sector mediante la promoción del desarrollo de los pequeños agricultores, así como a través del refuerzo y el fomento de la expansión constante de la producción agrícola orientada a la exportación. Si bien las inversiones han contribuido al éxito del sector orientado a la exportación, las políticas gubernamentales han tenido hasta la fecha una eficacia limitada a la hora de abordar los retos a los que se enfrentan los pequeños agricultores. En este capítulo se describe el marco institucional que rige el sector agrícola y alimentario, se repasa la evolución de las políticas dirigidas a estos sectores y se analiza su eficacia a la hora de alcanzar los objetivos previstos. La evaluación de las políticas se basa en un análisis exhaustivo del apoyo gubernamental a la agricultura y en su comparación con los países de la OCDE.
Políticas para el futuro del sector de la agricultura y la alimentación en Perú
Resumen
La liberalización económica de Perú en la década de 1990 propició el surgimiento de un sector agrícola dinámico y orientado a la exportación que compite con éxito en el mercado mundial. Sin embargo, los beneficios del comercio se han distribuido de forma desigual, ya que la mayoría de los agricultores de subsistencia y los pequeños productores se han quedado atrás, y la pobreza y la desigualdad siguen estando muy extendidas.
En este contexto, las políticas agrícolas de Perú se centran en dos ámbitos de actuación: promover el desarrollo de los pequeños agricultores y reforzar y facilitar la expansión continua de la producción agrícola orientada a la exportación. A tal fin se adoptan enfoques diferenciados.
Se utilizan instrumentos de política específicos y adaptados para apoyar a los pequeños productores, con el objetivo de mejorar la competitividad de las explotaciones mediante la integración de estos en los mercados, al tiempo que se reduce la agricultura de subsistencia y se fomenta la gestión de los recursos naturales en aras de un crecimiento agrícola sostenible.
El Gobierno sigue contribuyendo a impulsar las exportaciones agroalimentarias mediante la creación de condiciones que favorecen el desarrollo del sector privado. Esto incluye invertir en infraestructura, mejorar las cadenas logísticas, garantizar el cumplimiento de las normas fitosanitarias, llevar a cabo acciones de promoción comercial y aplicar un régimen laboral específico para la agricultura.
Aunque Perú es un ejemplo de éxito en materia de exportaciones, las políticas gubernamentales han tenido, sin embargo, una eficacia limitada hasta la fecha al abordar los obstáculos a los que se enfrentan los pequeños agricultores, debido a la insuficiencia de recursos y a la escasa coordinación entre los gobiernos nacional, regional y municipal. Los programas están fragmentados, dispersos por todo el territorio y, a menudo, prestan servicios de baja calidad. La falta de coherencia institucional merma aún más la eficacia de los pagos, los servicios y las inversiones, que, en última instancia, solo llegan a una pequeña parte de los agricultores. La cobertura suele limitarse a alrededor del 15 % de los agricultores que cumplen los requisitos y, por lo general, se restringe a grupos predeterminados. Además, muchas de estas iniciativas no abordan los desafíos estructurales que limitan el desarrollo sostenible a largo plazo del sector, como la ausencia de inversiones sustanciales en servicios generales o en bienes públicos.
Según los indicadores de apoyo a la agricultura de la OCDE, entre 2022 y 2024, se estimó que el promedio de apoyo a los productores en Perú fue del 6,2 % de los ingresos brutos agrícolas (% de EAP), muy por debajo del promedio de la OCDE, que se sitúa en el 13,2 %, y de la media del 12,2 % (solo del EAP positivo) de las economías emergentes. El apoyo de Perú es comparable al de Brasil (5,4 %) y los Estados Unidos (7,1 %).
El apoyo al precio de mercado representó la mayor parte de las ayudas a los productores (82 %), sobre todo a través del sistema de franja de precios aplicado al arroz, el maíz amarillo, el azúcar y la leche.
El 18 % restante procedió de transferencias presupuestarias, en su mayoría en forma de subsidios a los insumos, en particular destinados a los sistemas de riego y los servicios en las explotaciones, así como a insumos variables como los fertilizantes, que en conjunto constituyen el 16 %, con un apoyo limitado a las situaciones de emergencia (1 %) y los servicios medioambientales (1 %).
Además, el país ofrece apoyo a los consumidores mediante programas de ayuda alimentaria dirigidos a las poblaciones más desfavorecidas.
El apoyo a los servicios generales para el sector agrícola peruano sigue siendo escaso. El financiamiento se centra en el desarrollo de la infraestructura, sobre todo en materia de riego (41 %), seguido de los sistemas de conocimiento e innovación agrícolas (34 %) y los servicios de inspección y control (18 %).
El Estimado de Apoyo Total (EAT) de Perú se situó en una media de unos 3 000 millones de dólares estadounidenses al año entre 2022 y 2024, lo que supuso el 1,1 % del PIB. Aunque este porcentaje es inferior al de Colombia (1,13 %), Corea (1,26 %) y China (1,65 %), supera los niveles observados en Chile (0,26 %), México (0,69 %) y Brasil (0,7 %), así como el promedio de la OCDE, que alcanzó el 0,54 %. El EAT, expresado como porcentaje del PIB, indica la carga que suponen las ayudas a este sector para la economía del país.
En los últimos 50 años, las políticas agrícolas de Perú se han centrado en cuatro temas principales. Estos consisten en las medidas redistributivas, determinadas por la reforma agraria de la década de 1960; la liberalización de la economía a principios de la década de 1990 en el marco del ajuste estructural; el fomento de las exportaciones agrícolas, que se inició a principios de la década de 2000; y la creciente atención prestada a la agricultura familiar desde 2015. Los dos últimos temas coexisten como cuestiones fundamentales de las políticas agrícolas del país.
2.1.1. Las reformas agrarias de las décadas de 1960 y 1970
La estructura de la propiedad de la tierra en Perú ha experimentado cambios drásticos a lo largo de la historia del país. Antes de las reformas agrarias de la década de 1960, el sector agrícola peruano se caracterizaba por una propiedad de la tierra muy concentrada, arraigada en las estructuras coloniales. Las comunidades indígenas y rurales que antes poseían esas tierras eran trabajadores que no percibían remuneración o cobraban un salario exiguo en fincas agrícolas sin derecho a la propiedad de la tierra.
Las reformas encaminadas a solucionar este problema comenzaron a concretarse en la década de 1960, lo que condujo a una reforma clave, el Decreto-Ley N.º 17716, que entró en vigor en 1969 (MIDAGRI, 2023[1]). Entre los elementos clave de la reforma de 1969 se encontraban: 1) la eliminación de los latifundios, los minifundios y todas las formas de tenencia de la tierra; 2) la creación de empresas de carácter asociativo basadas en el campesinado; 3) la reestructuración de las comunidades campesinas tradicionales; 4) el establecimiento de una agricultura organizada fundamentada en la organización colectiva de los agricultores; 5) la creación de nuevos mercados mediante una distribución de la renta que aumentara el poder adquisitivo de las comunidades marginadas; 6) el desarrollo paralelo de las industrias de transformación de productos primarios en el campo.
La reforma supuso la redistribución de unos 9,5 millones de hectáreas, que pasaron de manos de 10 000 propietarios a más de 400 000 familias, lo que representa el 85 % de todas las tierras agrícolas de propiedad privada (World Bank, 1992[2]). El éxito de su puesta en marcha puede atribuirse al apoyo institucional, en especial al prestado por las Fuerzas Armadas de Perú (Eguren, 2006[3]). Además, la implementación de la reforma fue una de las principales prioridades del Gobierno, debido a su potencial para impulsar el crecimiento agrícola y, al mismo tiempo, lograr una redistribución más equitativa de los beneficios agrícolas entre la población rural (Horton, 1975[4]). La aplicación de la reforma de 1969 se dejó sentir sobre todo en la Costa y la Sierra, ya que la mayor parte de la población rural y de los sectores agrícolas se concentraban en estas regiones (Eguren, 2006[3]). Además, la reforma también constituyó un mecanismo de desarrollo de los mercados internos de Perú, al tiempo que respaldaba el proceso de industrialización del sector agrícola (Velazco and Pinilla, 2017[5]).
La reforma de 1969 formaba parte de una política socioeconómica más amplia del Gobierno, que incluía la aceleración de la redistribución de tierras, así como la concesión de créditos y la prestación de asistencia técnica a los beneficiarios de las reformas agrarias (Horton, 1975[4]). Uno de los principales objetivos de la reforma agraria era crear cooperativas y asociaciones agrícolas, con la institución de las Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) en las grandes plantaciones costeras y las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) en las haciendas de la Sierra. Los grandes predios se organizaron en estas cooperativas, en lugar de dividirse en pequeñas explotaciones, con el fin de mantener la eficiencia técnica y productiva. Alrededor del 40 % de las tierras redistribuidas se adjudicaron a comunidades y grupos campesinos (World Bank, 1992[2]). Sin embargo, numerosas cooperativas fracasaron durante la década de 1980, y las tierras se repartieron entre sus miembros o fueron ocupadas por comunidades campesinas. Esta fragmentación de la tierra provocó una disminución de la productividad y la rentabilidad.
Uno de los principales cambios que trajo consigo la reforma de 1969 fue la creación de una entidad específica del poder judicial, el Fuero Agrario, encargada de tramitar todas las cuestiones y procedimientos jurídicos relacionados con la reforma agraria. En segundo lugar, la reforma no permitía ninguna forma de arrendamiento de tierras, ya que exigía que todos los propietarios residieran y trabajaran de forma directa en sus fincas. En tercer lugar, la reforma puso de relieve que todos los trabajadores agrícolas debían participar en la gestión y en los beneficios de la explotación en la que trabajaban (Horton, 1975[4]). La ejecución de esta estrategia pasó a ser responsabilidad principal del Ministerio de Agricultura, y el financiamiento de todos los organismos públicos relacionados con la agricultura se centralizó en dicho ministerio.
En 1979 se creó una asamblea constituyente y se promulgó una nueva Constitución. La Constitución contiene dos capítulos dedicados a las políticas agrícolas. El capítulo VII trata sobre el régimen agrario. Contiene los artículos 156 a 160, en los que se establece que el Estado otorga prioridad al desarrollo integral del sector agrícola y garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra, lo que incluye asimismo el apoyo al desarrollo de empresas cooperativas y otras formas asociativas libremente constituidas para la producción, transformación, comercio y distribución de productos agrarios. El capítulo VIII considera a las comunidades campesinas e indígenas. El Estado les reconoce existencia legal y personería jurídica, así como autonomía en su organización. El Estado también fomenta su desarrollo y prohíbe que sus tierras sean objeto de embargo o prescripción (Sueiro, 2020[6]).
2.1.2. Liberalización económica
Las políticas de las décadas de 1980 y 1990 se dirigieron a la apertura de los mercados y la sustitución de las reformas agrarias de las décadas de 1960 y 1970. Se aplicaron cambios en la propiedad de la tierra que provocaron el desmantelamiento de las cooperativas agrícolas. El Gobierno se centró en apoyar la agroindustria, lo que impulsó el desarrollo y el crecimiento de las exportaciones agrícolas. Estas políticas beneficiaron principalmente a la producción comercial a lo largo de la costa, mientras que el gasto público en las zonas rurales se redujo de manera drástica, pues pasó de 970 millones de dólares estadounidenses al año a principios y mediados de la década de 1990 a 367 millones en 1999 (World Bank, 2017[7]). Los servicios de extensión agropecuaria sufrieron una disminución considerable.
Al derogar la Ley de Reforma Agraria N.º 17716, el Gobierno pretendía fomentar la eficiencia y la competitividad y crear las condiciones necesarias para aplicar una política agrícola estable. El Ministerio de Agricultura (MINAGRI) pasó a ser una institución reguladora y consultiva, en lugar de poder intervenir de manera directa en la producción o la comercialización de productos agrícolas (INEI, 1997[8]). En lo que respecta al financiamiento, se suprimió el banco de desarrollo y se crearon las cajas rurales al objeto de atender las necesidades del campesinado más pobre. Además, se llevó a cabo una descentralización de los organismos gubernamentales, entre los que se incluyen el Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú (SENASA), el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS) y el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT).
La Ley de Promoción y Desarrollo Agrario de 1980 permitió a los antiguos miembros de las cooperativas pasar del sistema de producción agrícola cooperativa a parcelas individuales. La ley también permitía la división de las cooperativas si al menos dos tercios de sus miembros lo solicitaban en una asamblea general y se cumplían los demás requisitos.
El Programa de Reactivación Agropecuaria y Seguridad Alimentaria (PRESA) de 1986 tenía por objeto garantizar el crecimiento de la demanda a precios rentables para los productores y se acompañó de un programa de crédito destinado al aumento sustancial de los recursos financieros asignados a esta actividad. La política del PRESA pretendía incrementar la rentabilidad de la agricultura mediante la reducción de los costos, la mejora de los precios y, en última instancia, el aumento de los rendimientos, así como garantizar que los alimentos estuvieran a disposición del público a precios razonables. El programa PRESA constaba de tres medidas principales: 1) la creación de la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI), encargada de la importación exclusiva de los productos agrícolas esenciales, como el trigo, el maíz, el sorgo, los lácteos y las semillas oleaginosas; 2) la aplicación de un arancel adicional del 15 % al valor de costo, seguro y flete (CIF) de dichos productos; y 3) la creación del Fondo nacional de Reactivación Agropecuaria y Seguridad Alimentaria (FRASA) con el fin de proporcionar a los productores un margen de beneficio, regular la oferta agrícola y estabilizar los precios de los productos e insumos agropecuarios.
La Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario de 1991 sustituyó al Decreto-Ley N.º 17716, la Ley de Reforma Agraria. La ley ofrece seguridad jurídica en materia de tenencia de la tierra y derechos de agua para las explotaciones agrícolas privadas, con el fin de fomentar la inversión privada en el sector. Otra normativa fundamental fue el Decreto Legislativo N.º 667, conocido como la Ley del Registro de Predios Rurales, que se promulgó para regular el proceso de formalización de la titulación de las propiedades que no se vieron afectadas por la reforma agraria.
Tras el golpe de Estado de abril de 1992, se introdujeron modificaciones en la legislación agraria. Se promulgó el Decreto Ley N.º 25902, la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura. Entre otras medidas, se creó el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, destinado a promover y perfeccionar la titulación y el registro de los predios rurales que habían sido expropiados y adjudicados durante el período de vigencia de la Ley de Reforma Agraria. Este decreto sentó las bases para la venta de terrenos en el mercado libre. El Gobierno también declaró la disolución del Banco Estatal de Fomento Agrario y la liquidación definitiva de sus activos y actividades. Meses más tarde, se crearon las cajas rurales de ahorro y crédito mediante el Decreto Ley N.º 25612 con el fin de subsanar el déficit de financiamiento del sector agrícola. Estas cajas se constituyeron como empresas privadas cuyos accionistas solían ser empresarios locales. Su objeto social consistía en prestar servicios de intermediación financiera para apoyar la actividad económica en las zonas rurales en las que operaban (Busqueda, 2006[9]).
En 1996, el Decreto Legislativo N.º 838 autorizaba al Ministerio de Agricultura a adjudicar predios rústicos a favor de personas y comunidades ubicadas en áreas de población desplazada. Este decreto permitió la adjudicación gratuita de terrenos que anteriormente eran propiedad del Estado. La Ley de Saneamiento Económico Financiero de las Empresas Agrarias Azucareras desmanteló las cooperativas agrarias azucareras. El Gobierno estableció mecanismos para saldar las deudas fiscales de dichas cooperativas. Como consecuencia, su deuda tributaria se redujo de manera considerable, siempre y cuando estas cambiaran su forma jurídica de cooperativa a sociedad anónima (Sueiro, 2020[6]).
En el año 2000, el Gobierno promulgó la Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario (Ley N.º 27360). Esta ley creó un entorno favorable para las empresas de exportación agrícola al concederles ciertos privilegios. Las empresas se beneficiaban de una tasa reducida del 15 % en el impuesto a la renta, podían depreciar sus inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego en un 20 % anual y podían disminuir sus cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores (Congreso de la Republica, 2000[10]). Además, los empleados se beneficiaron de esta ley, ya que se permitió contratar personal por tiempo indefinido, establecer jornadas laborales acumulativas, disfrutar de un período de vacaciones de 15 días y recibir una indemnización equivalente a 15 días de salario en caso de despido arbitrario.
En 2002, Perú firmó el Acuerdo Nacional, que proponía políticas estatales para orientar al país hacia el desarrollo sostenible. Una de las políticas incluidas en el acuerdo era la Política 23, la Política de Desarrollo Agrario y Rural. Esta tenía por objeto promover la rentabilidad y el crecimiento del mercado de las actividades agrarias, impulsando su competitividad con vocación exportadora. La política también buscaba la mejora de las condiciones sociales de la población rural.
En 2014, la Resolución Ministerial N.º 0709-2014-MINAGRI aprobó los Lineamientos de Política Agraria, que sirven de marco para la adopción de decisiones en los ámbitos público y privado a nivel sectorial. El objetivo general es lograr un crecimiento sostenido de los ingresos y los medios de subsistencia de los productores agrícolas, con especial atención a la agricultura familiar. Dicho objetivo se basa en unas capacidades más destacadas, activos más productivos y el uso sostenible de los recursos agrícolas en el marco de los procesos de crecimiento. Los lineamientos tienen por objeto promover la inclusión social y económica de la población rural, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional (MIDAGRI, 2014[11]).
En 2021 se promulgó la Ley N.º 31335, la Ley de Perfeccionamiento de la Asociatividad de los Productores Agrarios en Cooperativas Agrarias, con el fin de fortalecer la organización y el desarrollo de las cooperativas agrícolas, mediante la creación del Registro Nacional de Cooperativas Agrarias bajo la responsabilidad del MIDAGRI. Asimismo, se aprobó la Resolución Ministerial N.º 218-2021-MIDAGRI, por la que se establecen Lineamientos para implementar procesos de asociatividad empresarial en el Sector Agrario y de Riego. En 2022, la Resolución Ministerial N.º 0086-2022-MIDAGRI aprobó el Reglamento de Uso de la marca de certificación “Agricultura Familiar del Perú” (El Peruano, 2021[12]; MIDAGRI, 2021[13]; MIDAGRI, 2022[14]).
2.1.3. El marco actual de la política agrícola
En la actualidad, las políticas agrícolas de Perú se centran en dos áreas principales de actuación: promover el desarrollo de los pequeños agricultores y, al mismo tiempo, seguir fortaleciendo y ampliando el sector agrícola orientado a la exportación. A fin de solucionar las dificultades a las que se enfrentan los pequeños agricultores, el sector agrícola peruano se rige hoy en día por la Política Nacional Agraria 2021-2030 (tabla 2.1). Esta pretende incrementar los ingresos y mejorar los medios de subsistencia mediante el fomento de la competitividad de las explotaciones y la mejora de la prestación de servicios y el apoyo institucional, con el propósito general de reforzar la contribución de la agricultura al desarrollo nacional. El objetivo es aumentar el desarrollo competitivo del sector en un 36 % para 2030. Esta política tiene tres objetivos fundamentales:
Fomentar la integración de los productores en las cadenas de valor. Fortalecer el sector agrícola de Perú exige mejorar el acceso a los mercados y potenciar al mismo tiempo las capacidades comerciales tanto de los productores familiares como de las empresas. Reducir la dependencia de los intermediarios mediante el desarrollo de canales de comercialización directa puede permitir a los agricultores obtener un mayor beneficio de su producción. También es fundamental ampliar el acceso a los sistemas de información digital, ya que estas herramientas favorecen una planificación eficaz de la producción, la adopción de estrategias orientadas al mercado y el acceso oportuno a datos sobre precios y otras variables clave para la toma de decisiones fundamentadas.
Facilitar la transición de la agricultura de subsistencia a la comercial. La política subraya la integración de los pequeños agricultores familiares en las cadenas de suministro productivas, en particular en aquellas dirigidas a productos de mayor calidad y más rentables. Esta transición se basa en medidas específicas destinadas a reforzar los sistemas de sanidad agraria, mejorar el acceso directo a los mercados y aumentar la disponibilidad de información agrícola fiable. Disponer de datos actualizados a lo largo de todo el ciclo de producción ayuda a los productores a planificar mejor, adaptarse a la demanda del mercado y mejorar su competitividad general.
Promover la gestión sostenible de los recursos naturales. La política da prioridad a la adopción de prácticas respetuosas con el medio ambiente en los sistemas de cultivo, ganadería y agrosilvicultura. Mediante la protección del suelo, el agua y la biodiversidad, Perú pretende evitar la degradación medioambiental y, al mismo tiempo, fomentar la competitividad sectorial a largo plazo. La gestión sostenible de los recursos respalda el crecimiento de los sistemas agrícolas y de riego, ya que garantiza que el aumento de la producción se realice de forma respetuosa con el medio ambiente y haciendo un uso eficiente de los recursos. La tabla 2.1 resume los objetivos institucionales de la Política Nacional Agraria (El Peruano, 2021[15]).
En lo que respecta al sector orientado a la exportación, la administración pública sigue actuando como facilitador del desarrollo de las exportaciones agrícolas mediante inversiones en proyectos de infraestructura de riego, carreteras y puertos, mejoras en la infraestructura de la cadena logística, el mantenimiento del sistema de salud animal y vegetal, y la promoción comercial en el extranjero, entre otras medidas.
En 2025 se promulgó la Ley N.º 32434, que promueve una transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social. La finalidad de la ley es fomentar una agricultura moderna que permita la empleabilidad y la inversión; promover la formalización con énfasis en los pequeños productores agrarios, garantizando la propiedad agropecuaria y un ambiente propicio para desarrollar las actividades del sector agrario; consolidar las cadenas productivas integradas basándose en la asociatividad; e incrementar las capacidades de los pequeños productores agrarios con vistas a mejorar su productividad y acceder a mercados más rentables (MIDAGRI, 2025[16]). Otra ley relevante es la Ley N.º 31339, que promueve la industrialización del agro, cuyo objetivo consiste en estimular la diversificación, fortalecer la base económica del sector agrícola y mejorar la productividad. También tiene por objeto fomentar el empleo formal y de calidad, así como un crecimiento sostenible a largo plazo (El Peruano, 2021[17])
Fuente: El Peruano (2021[15]), Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional Agraria 2021-2030, https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1975873-14; MIDAGRI (2021[18]), Decreto Supremo N.º 0017-2021-MIDAGRI, https://www.gob.pe/institucion/midagri/normas-legales/2061745-0017-2021-midagri.
2.1.4. Instituciones que regulan el sector agrícola
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) es la principal institución del sector agrícola y es responsable de diseñar y aplicar las políticas agrícolas, en colaboración con otras entidades. El ministerio se encarga de la gestión de las tierras destinadas a la agricultura y el pastoreo, los terrenos forestales y los terrenos sin cultivar aptos para la agricultura; de la agricultura y la ganadería; de los recursos forestales y su uso sostenible; de la flora y la fauna silvestres; así como de la salud, la seguridad, la investigación, la extensión, la transferencia de tecnología y otros servicios relacionados con la actividad agrícola.
Además, el MIDAGRI examina la gestión de los recursos hídricos, el riego y su infraestructura, y el uso del agua con fines agrícolas y la infraestructura (véase el capítulo 3). Entre sus funciones principales se encuentran la formulación, planificación, dirección, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las políticas nacionales aplicables en todos los ámbitos gubernamentales. Asimismo, vigila el rendimiento y los resultados de la gestión agrícola nacional, regional y local, y adopta las medidas correspondientes. Además, colabora con los gobiernos regionales y locales para aplicar las políticas nacionales dentro de su ámbito de competencia y evalúa su cumplimiento, entre otras responsabilidades (MIDAGRI, 2025[19]).
El MIDAGRI ha experimentado varios cambios en sus competencias y sus actividades en los últimos años. En el pasado, el objetivo principal del ministerio consistía en prestar servicios y apoyo a los productos agrícolas. Sin embargo, en 2002 cedió parte de sus facultades a los gobiernos regionales en el marco del proceso de descentralización. En 2013, el MIDAGRI asumió la responsabilidad de gestionar las inversiones destinadas a garantizar que los productores tuvieran acceso a los recursos hídricos. Por último, en 2020, el ministerio amplió su ámbito de actuación y su compromiso con la promoción de un desarrollo agrícola más amplio, con especial atención en la agricultura familiar (MIDAGRI, 2025[19]). Además, como parte del proceso de reorganización, el MIDAGRI creó la Dirección General de Asociatividad, Servicios Financieros y Seguros, encargada de dirigir la puesta en marcha de medidas que tienen por objeto promover la asociatividad, el desarrollo empresarial y el financiamiento en el sector, facilitando la conexión de la cadena productiva y comercial con el sistema financiero y de seguros (MIDAGRI, 2025[19]).
El MIDAGRI cuenta con una serie de programas e iniciativas destinados a promover el desarrollo agrícola. Sin embargo, estos programas suelen tener que coordinarse con otras iniciativas sectoriales y funcionar de forma independiente o en colaboración. De conformidad con la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la normativa vigente, el MIDAGRI cuenta con los siguientes organismos públicos adscritos: el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). Según el organigrama del MIDAGRI, el sector dispone de direcciones generales encargadas de la formulación y el seguimiento de las políticas, y sus principales instrumentos de actuación son un conjunto de programas, organismos adscritos y proyectos especiales. El MIDAGRI cuenta además con dos viceministerios. Los principales programas del MIDAGRI que se encargan de aplicar y ejecutar los instrumentos de política y los proyectos son Agro Rural, PSI, Agroideas y Agromercado (en el anexo 2.A se puede consultar el organigrama completo del sector) (MIDAGRI, 2025[19]).
El INIA es responsable de promover la investigación y el desarrollo (I+D) en el sector agrícola. Entre sus actividades se encuentran la realización de investigaciones, la transferencia de tecnología, la conservación y el aprovechamiento de los recursos genéticos, así como la producción de semillas, plántulas y reproductores de alto valor genético. Regula y coordina la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) con la Política Nacional Agraria (véase el capítulo 4) (MIDAGRI, 2025[19]).
El SENASA (Decreto n.º 1059 de 2008) es el organismo responsable de los asuntos relacionados con la sanidad vegetal y animal y goza de autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. Promueve y participa en la armonización y la equivalencia internacionales de normas y medidas sanitarias y fitosanitarias. Se encarga del control, el registro y la supervisión nacional de los plaguicidas químicos de uso agrícola. En dicha tarea se incluye a los fabricantes, formuladores, importadores, exportadores, envasadores y distribuidores de plaguicidas, así como los laboratorios de control de calidad, los establecimientos comerciales y los almacenes. El SENASA tiene la misión de proteger al país contra plagas y enfermedades para preservar la integridad de los sectores agrícola y ganadero. El objetivo es reducir los problemas en materia de sanidad agrícola y los riesgos asociados a ella al proporcionar una mayor seguridad a la producción y la exportación de productos agrícolas (MIDAGRI, 2025[19]).
Agromercado, antes conocida como Sierra y Selva Exportadora, es una institución adscrita al MIDAGRI que ejecuta programas, estrategias y acciones en las tres regiones del país (la Sierra, la Selva y la Costa) en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Su objetivo es mejorar el acceso a los mercados de los pequeños y medianos productores que formen parte de cualquier tipo de organización agrícola (creada en virtud de la Ley N.º 31872 de 2023). Agromercado ofrece diversos servicios, como gestión y estudios de mercado. (Agromercado, 2025[20]). Entre sus funciones se encuentran las siguientes:
Coordinar y armonizar las políticas públicas con el fin de garantizar la inclusión de los pequeños y medianos agricultores en la actividad económica, en particular en los mercados de exportación, así como en los mercados nacionales.
Fomentar la integración de los pequeños y medianos agricultores en los mercados nacionales e internacionales mediante planes, proyectos e iniciativas que aporten valor añadido a los productos agrícolas, y el apoyo a su participación en actividades de promoción comercial.
Impulsar la formación, la asistencia técnica, la adopción de nuevas tecnologías y las competencias empresariales, así como el liderazgo y la cooperación, al objeto de ayudar a las pequeñas y medianas explotaciones familiares a obtener un acceso más sólido al mercado y mayores oportunidades comerciales.
Desarrollar e implementar proyectos de inversión en infraestructura productiva para la agricultura y el riego que respalden los procesos de comercialización y posteriores a la cosecha, con vistas a mejorar la competitividad y facilitar el acceso tanto al mercado nacional como a los mercados de exportación.
Priorización, entre las entidades gubernamentales, de las herramientas y mecanismos financieros destinados a las distintas cadenas de valor agrícolas, adaptados a sus características, con el fin de apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones familiares.
Recopilar, organizar y compartir información para establecer cadenas de producción y comercialización que conecten a los agricultores de manera más eficaz con los mercados nacionales e internacionales, en coordinación con los sectores pertinentes.
Fortalecer las capacidades en materia de gestión de la calidad, certificación y procesos de valor añadido con miras a apoyar la integración efectiva de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas familiares en mercados competitivos. Desempeñar cualquier otra función que le asigne la ley (Agromercado, 2025[20]; MIDAGRI, 2025[21]).
El SERFOR es el órgano rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR). Su función principal es promover la gestión sostenible de la fauna silvestre en el país. La organización se encarga de definir políticas y de publicar normas y procedimientos encaminadas a fomentar el desarrollo de los sectores forestal y de fauna silvestre (véase el capítulo 3) (MIDAGRI, 2025[19]).
El cometido de la ANA consiste en gestionar, conservar, proteger y utilizar de forma sostenible los recursos hídricos de las distintas cuencas, al tiempo que favorece una cultura de la conservación del agua. Entre sus tareas se encuentran la autorización de los volúmenes de agua utilizados y distribuidos por los proveedores de servicios de agua (las entidades que prestan servicios de saneamiento y las juntas de regadío), la evaluación de los instrumentos medioambientales, la concesión de derechos de uso del agua, los permisos de vertido y la reutilización de las aguas residuales tratadas (véase el capítulo 3) (MIDAGRI, 2025[19]).
Aunque el Gobierno ha implantado diversos instrumentos y marcos normativos con el fin de apoyar el desarrollo agrícola, los programas y las intervenciones liderados por el MIDAGRI y sus socios han demostrado tener una capacidad limitada para transformar el sector o mejorar los medios de subsistencia de los agricultores familiares. La mayoría de las iniciativas solo llegan a una pequeña parte del colectivo, en general, no más del 15 % de los que podrían beneficiarse de ellas. La mayoría de los programas se basan en la distribución de recursos escasos y tienen un alcance reducido. A menudo se dirigen a grupos predefinidos de productores, que suelen ser los mismos cada año (MIDAGRI, 2025[19]).
El sector agrícola cuenta con diversos mecanismos de coordinación encaminados a facilitar una mayor armonización de las políticas dentro del MIDAGRI y otros organismos gubernamentales nacionales. Estos espacios de coordinación resultan eficaces a la hora de elaborar diagnósticos y priorizar las intervenciones, pero hasta la fecha no han logrado generar incentivos que cambien el comportamiento de los distintos actores. Estos espacios de coordinación no disponen de presupuestos adicionales y no dan lugar a nuevas competencias ni a nuevos instrumentos de políticas (multisectoriales), lo que ha contribuido a que los resultados obtenidos hasta la fecha sean insuficientes. Además, también existen iniciativas destinadas a coordinar la actuación de los gobiernos nacional y subnacional con el fin de mejorar la eficacia en la aplicación de políticas.
Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMSAN)
Creada mediante el Decreto Supremo N.º 102-2012-PCM, la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMSAN) tiene las siguientes funciones (COMSAN, 2013[22]):
Evaluar y recomendar las políticas en materia de seguridad alimentaria y nutricional.
Evaluar la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015, actualizarla y proponer la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria del período 2012-2021.
Proponer el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2021, que deberá incluir las responsabilidades, los plazos y la previsión del financiamiento correspondiente para su implementación.
Proponer mecanismos de articulación y complementariedad entre los miembros de COMSAN y otros niveles de gobierno y la sociedad civil.
Realizar acciones de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas.
Propiciar el apoyo de los organismos internacionales.
Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS)
La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) se encarga de dirigir, articular, coordinar y determinar las directrices de política social y gasto público, así como de supervisar su cumplimiento. Su función principal es reducir la pobreza y la pobreza extrema. La CIAS puede reunirse de forma conjunta y simultánea, cuando sea necesario, según lo establecido en la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de 19 de diciembre de 2007.
Comisión Multisectorial para la Promoción y el Desarrollo de la Agricultura Familiar
La Comisión Multisectorial tiene diversas funciones. En primer lugar, emite informes en los que se evalúan y recomiendan políticas relacionadas con la agricultura familiar. Estos informes deben basarse en los enfoques técnicos o en los informes facilitados por los sectores pertinentes. En segundo lugar, supervisa la ejecución de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar. En tercer lugar, elabora un informe técnico que recoge el Plan Nacional de Agricultura Familiar correspondiente a la actual Estrategia Nacional de Agricultura Familiar. Este informe debe incluir las responsabilidades, los plazos y las previsiones para la ejecución del proyecto de financiamiento correspondiente. Por último, elabora informes anuales. Estas funciones se establecen en el Decreto Supremo N.º 015-2016-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, y se crea la Comisión Multisectorial para la Promoción y el Desarrollo de la Agricultura Familiar (julio de 2016).
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)
El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) es una herramienta de gestión que define los objetivos y las medidas estratégicas del sector agrícola y de riego. Su objetivo es mejorar la actuación del sector, centrándose en la consecución de resultados y efectos que beneficien a los productores agrícolas. El PESEM orienta las intervenciones públicas en el sector, y su aplicación implica a los tres niveles de gobierno en función de sus respectivas competencias y atribuciones. Este documento se ha elaborado de acuerdo con el ciclo de planificación estratégica para la mejora continua, tal y como se describe en la Guía Metodológica para el Planeamiento Estratégico Sectorial del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Se estableció mediante la Resolución Ministerial N.º 0015-2023-MIDAGRI, de 13 de enero de 2023. El PESEM 2015-2021 se ha prorrogado hasta 2027 y se ha aprobado el PESEM 2024-2030.
Coordinación entre los niveles nacional, regional y local
Se están llevando a cabo otras iniciativas encaminadas a mejorar la coordinación entre los niveles local, regional y nacional. Entre ellas se encuentra la institucionalización por parte del MIDAGRI de 24 Comités de Gestión Regional Agrarios (CGRA) mediante la Resolución Ministerial N.º 0206-2021-MIDAGRI, cuyo objetivo es promover la sostenibilidad, garantizar el financiamiento y crear incentivos para una aplicación eficaz. Además, la Resolución N.º 0257-2024-MIDAGRI estableció las Oficinas de Gestión y Articulación Regional (OGAR), que se están implantando como enlace territorial del MIDAGRI y como centros de servicios integrados para los agricultores y los gobiernos regionales y locales. En conjunto, estos mecanismos contribuyen al fortalecimiento de la Agenda Regional Agraria (ARA), en la que los CGRA actúan como hojas de ruta colectivas en aras del desarrollo productivo local (El Peruano, 2021[23]; El Peruano, 2024[24]).
Además, el MIDAGRI está impulsando una estrategia con visión de futuro en consonancia con los objetivos prioritarios de la Política Nacional Agraria hasta 2030. Esto incluye la difusión continua de la política en todos los niveles de gobierno y las organizaciones de productores, la actualización de la política para abordar cuestiones emergentes, como la inteligencia agroclimática y las exigencias de sostenibilidad del mercado, así como la evaluación de la transición hacia un enfoque de gestión basado en los servicios (MIDAGRI, 2026[25]).
El Gobierno ha ampliado las intervenciones de las administraciones subnacionales en la agricultura mediante el suministro de bienes y servicios a los pequeños productores, de conformidad con la Ley N.º 32513, que autoriza el uso de los recursos del canon, derivados de los ingresos por el impuesto a la renta en las regiones donde se extraen recursos naturales, para la titulación de la propiedad agraria y la prevención de desastres naturales (El Peruano, 2026[26]) (MIDAGRI, 2026[25]).
Fuente: MIDAGRI (2025[19]), Información institucional, https://www.gob.pe/institucion/midagri/institucional.
Esta sección comienza analizando las políticas mediante las cuales los productores reciben transferencias directas, es decir, aquellas incluidas en el cálculo del Estimado de Apoyo al Productor (EAP), como las medidas de apoyo a los precios y los subsidios a los insumos. Las políticas comerciales se tratan en la sección 2.3. También se examinan las políticas que prestan apoyo al sector agrícola a través de servicios generales, como el desarrollo rural, la innovación y la asistencia técnica, y las inversiones en infraestructura, entre otras, que se incluyen en el Estimado de Apoyo a los Servicios Generales (EASG); por último, en la subsección final se aborda el Estimado de Apoyo al Consumidor (EAC).
2.2.1. Medidas de apoyo a los precios
Perú no recurre a controles o medidas de apoyo de los precios, ni mantiene reservas públicas de ningún producto agrícola. El país aplica el Sistema Peruano de Franja de Precios, un mecanismo establecido por el Decreto N.º 371 con el objetivo de estabilizar los precios de cuatro grupos de productos agrícolas (leche en polvo, azúcar, maíz amarillo y arroz). La estabilización se consigue aumentando el arancel ad valorem cuando el precio mundial se sitúa por debajo del nivel mínimo y reduciéndolo a cero cuando el precio internacional supera el nivel máximo (en la sección 2.3 se ofrece más información al respecto).
En 2020 se promulgó la Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar, Ley N.º 31071. Esta ley tiene por objeto establecer normas para la adquisición pública de alimentos procedentes de la agricultura familiar, al tiempo que fomenta el consumo, mejora la situación económica de los productores agrícolas familiares y contribuye a una alimentación saludable. La finalidad de la ley es que el 30 % de las compras de alimentos que realiza el Gobierno destinados a los programas de asistencia alimentaria proceda de la agricultura familiar. Sin embargo, el programa tiene unos niveles de ejecución muy bajos y, en algunas regiones, ni siquiera se ha puesto en marcha (El Peruano, 2020[27]).
2.2.2. Medidas de apoyo a los ingresos
Perú no cuenta con medidas de apoyo permanentes a los ingresos de los agricultores. Los mecanismos de apoyo a los ingresos en el sector agrícola de Perú son limitados y se centran principalmente en las situaciones de emergencia. Tras la pandemia de COVID-19, se aprobaron los dos Decretos de Urgencia 108-2021 y 119-2022, por los que se creó el bono Wanuchay. La ayuda consistía en un subsidio económico de 90 dólares estadounidenses destinado a los productores agrícolas familiares con menos de dos hectáreas. El objetivo era garantizar la producción de alimentos para la cosecha de 2021-2022 y reforzar la seguridad alimentaria en el país. Se dedicó un presupuesto total de unos 6 millones de dólares estadounidenses a 65 000 pequeños agricultores de todo el país. Se trataba de medidas puntuales aplicables solo al período 2021-2022 (Gobierno Nacional del Perú, 2021[28]).
2.2.3. Reducción del costo de los insumos
Subsidios a los insumos variables y fijos y los servicios
Perú cuenta con un número escaso de subsidios para insumos, que están dirigidos y adaptados a los pequeños agricultores y a aquellos que viven en condiciones vulnerables, como las comunidades indígenas ubicadas en su mayoría en las regiones de la Sierra y la Selva. Entre ellos se encuentran las ayudas dedicadas a semillas, fertilizantes, plaguicidas, pienso, maquinaria y equipos, así como asistencia técnica, entre otros. Los subsidios a los insumos son los principales instrumentos de política que se utilizan y se aplican a través de diferentes mecanismos; en ocasiones, un mismo instrumento, programa o proyecto es ejecutado por varias instituciones (por ejemplo, el MIDAGRI, el SENASA, el INIA o los gobiernos locales), lo que complica su evaluación.
Agro Rural (Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural) es uno de los principales programas que concede ayudas a los agricultores. Su objetivo principal es promover el desarrollo rural, mejorar la productividad agrícola y ganadera y reducir la pobreza en las zonas rurales, en particular entre los pequeños agricultores y en regiones con un bajo desarrollo económico, como las regiones de la Sierra y la Selva, mediante el suministro de insumos agrícolas, infraestructura de riego en las explotaciones, asistencia técnica, creación de capacidades y mecanismos de articulación comercial. Agro Rural también diseña, promueve y gestiona modelos de desarrollo agrícola que facilitan la coordinación de las inversiones público-privadas que contribuyen a la reducción de la pobreza y a la inclusión de las familias rurales en actividades agropecuarias (Agrorural, 2025[29]). Cuenta con cinco áreas de actuación:
La gestión sostenible de los recursos naturales en las cuencas hidrográficas, mediante la construcción y el mantenimiento de sistemas de riego rurales, embalses y estructuras de recogida de agua para mejorar su disponibilidad, como las qochas. La conservación del suelo mediante la reforestación, el fomento de técnicas de abancalamiento, el suministro de semillas para el cultivo de pastos destinados al ganado, entre otras medidas.
Las inversiones en infraestructura rural, mediante la implantación de sistemas de riego en las explotaciones y de infraestructura productiva dedicada al desarrollo agrícola rural.
La gestión de la cadena de valor agropecuaria.
La promoción del uso sostenible del guano como fertilizante orgánico1 .
La protección y reducción de la vulnerabilidad de los agricultores familiares y sus medios de subsistencia ante el riesgo de desastres naturales (Agrorural, 2025[29]).
Agro Rural opera suministrando los insumos de forma directa o mediante recursos económicos destinados a su adquisición y a los servicios solicitados. El programa está presente en los 24 departamentos del país y cuenta con 94 oficinas locales a nivel provincial (Agrorural, 2025[29]). Para aprovechar los beneficios que ofrece Agro Rural, los agricultores deben residir en las zonas prioritarias del país y estar inscritos en el padrón nacional de productores agrarios. En el marco de este programa, los agricultores solicitan los insumos que necesitan a través de un plan que se presenta a las oficinas locales; en dicho plan puede solicitar una combinación de diferentes tipos de insumos (variables, fijos y servicios, como la asistencia técnica). A continuación, se evalúa el plan y, una vez aprobado, los agricultores reciben el subsidio. Este proceso se aplica tanto a los agricultores independientes como a las organizaciones de agricultores. En el caso de algunas medidas de Agro Rural, los agricultores no tienen que presentar el plan, sino solo pedir el subsidio (Agrorural, 2025[29]). Agro Rural también promueve el acceso al crédito de los pequeños productores agrícolas con capital inicial, fondos rotatorios y bancos comunitarios, con fondos cofinanciados por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de las Naciones Unidas (Agrorural, 2026[30]; IFAD, 2026[31]).
Agro Rural llega a unos 120 000 agricultores al año, pero en 2024 alcanzó los 230 000; sin embargo, su población objetivo es de 1,7 millones de pequeños agricultores que viven en condiciones vulnerables, ubicados en su mayoría en las regiones de la Selva y la Sierra, aunque también, en menor medida, en la región de la Costa. Algunas de las dificultades a las que se enfrenta el programa son los escasos recursos disponibles para ampliar la cobertura del servicio, dado que el programa está presente en todo el país, lo que requiere más recursos financieros, logísticos y de personal. Otro problema clave es la coordinación insuficiente de las intervenciones públicas en el territorio, destinadas a fortalecer las relaciones entre gobiernos y dentro de ellos, con el fin de aunar esfuerzos y reducir la duplicación en busca de una mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos (Agrorural, 2025[29]).
Agroideas (Programa de Compensaciones para la Competitividad) es otra institución clave que se encarga de aplicar los instrumentos de política. Estimula la gestión empresarial y la adopción de tecnologías agrícolas sostenibles desde el punto de vista medioambiental entre los pequeños y medianos productores agrícolas organizados (Agroideas, 2025[32]). Pretende aumentar la competitividad de estos productores mediante incentivos financieros a la innovación, la gestión empresarial y la diversificación productiva. Los objetivos de Agroideas son los siguientes:
La mejora de la productividad agropecuaria mediante la adopción de tecnologías modernas.
La consolidación de la gestión empresarial y organizativa de las asociaciones de agricultores.
El fomento de la reconversión productiva, de transición hacia cultivos más rentables y sostenibles.
El apoyo al asociacionismo y el estímulo de la colaboración entre agricultores en el seno de organizaciones.
El respaldo a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico rural (Agroideas, 2025[33]).
Agroideas ofrece cofinanciamiento no reembolsable (ayudas) destinado a tres elementos principales: 1) la adopción de tecnología mediante el financiamiento de equipos modernos, sistemas de riego, infraestructura postcosecha, transporte, envasado, etc., y mediante el cofinanciamiento de proyectos de alta tecnología o de reconversión; 2) la gestión empresarial, prestando apoyo a la contratación de gestores o administradores profesionales para las organizaciones de agricultores, en los que Agroideas se hace cargo de una parte de sus salarios; 3) la reconversión productiva, a través de la provisión de asistencia financiera y técnica con vistas a pasar de cultivos de baja rentabilidad a productos de alto valor. Agroideas destina una parte de su presupuesto solo a mujeres agricultoras. En este contexto, en 2023 se aprobó la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena. La estrategia tiene por objeto promover iniciativas productivas en los sectores agrícola, ganadero y forestal, así como en la artesanía derivada de estas actividades. Está dirigida a organizaciones agrícolas integradas por agricultoras rurales e indígenas con el fin de reforzar su autonomía económica. Los agricultores deben presentar un plan de negocio para obtener cualquiera de los subsidios que ofrece Agroideas. En 2024, el programa llegó a un total de 24 000 agricultores (Agroideas, 2025[33]).
Agromercado tiene por objeto mejorar el acceso al mercado de los pequeños y medianos productores mediante la prestación de apoyo en materia de gestión y estudios de mercado. Entre sus funciones principales se encuentran la coordinación de políticas públicas que faciliten la inclusión de los agricultores en los mercados nacionales y de exportación, la promoción de iniciativas de valor añadido y la participación en el comercio, la impartición de formación y la prestación de asistencia técnica, la ejecución de proyectos de infraestructura agrícola, la priorización de herramientas financieras para las diferentes cadenas de valor, el intercambio de información sobre el mercado y la producción, y el fortalecimiento de la gestión de la calidad, la certificación y los procesos de valor añadido con el fin de mejorar la competitividad de los agricultores y su integración en los mercados nacionales e internacionales (Agromercado, 2025[20]; MIDAGRI, 2025[21]).
El PSI (Programa Subsectorial de Irrigaciones), bajo los auspicios del MIDAGRI, es la entidad rectora del subsector riego a nivel nacional en Perú. Promueve el uso eficiente y sostenible del agua de riego con el objetivo de mejorar la productividad agrícola y los medios de subsistencia de los agricultores. Sus principales objetivos son fomentar el desarrollo sostenible de los sistemas de riego en las tres regiones del país (la Sierra, la Selva y la Costa); consolidar las organizaciones de usuarios de agua; crear capacidades de gestión; e impulsar la adopción de tecnologías modernas de riego. El PSI inició sus actividades en 1998 como un proyecto centrado en mejorar la infraestructura de riego existente, promover el riego a nivel de parcela y formar a las organizaciones de usuarios de agua a lo largo de la costa peruana. En 2006, se constituyó como programa oficial mediante la Ley N. 28675 y se le designó entidad rectora del riego.
El PSI ofrece apoyo a los sistemas de riego en las explotaciones agrícolas. Entre sus principales actividades se incluyen la mejora y rehabilitación de los sistemas de riego, el fortalecimiento de las juntas de usuarios para una mejor gestión del agua, el respaldo a los gobiernos regionales y locales en la aplicación de la ley de riego, y la ejecución de proyectos que promuevan la adopción a gran escala de sistemas de riego modernos. Su modelo operativo hace hincapié en la participación financiera conjunta entre los agricultores, las organizaciones de usuarios de agua y el Estado, con una reducción gradual de la inversión estatal. Este enfoque fomenta la autogestión, el empoderamiento y una cultura de responsabilidad dentro de las organizaciones de agricultores.
Para alcanzar sus objetivos, el PSI elabora estrategias, políticas y planes operativos; gestiona estudios, obras y servicios de consultoría relacionados con la infraestructura de riego y drenaje; y contribuye al fortalecimiento institucional mediante la formación y la asistencia técnica. Entre sus principales líneas de actuación se incluyen la rehabilitación y mejora de la infraestructura de riego (como tomas de agua, canales principales y secundarios, y obras de medición), la promoción de sistemas de riego (a presión y por gravedad) para potenciar el aprovechamiento de la tierra y el rendimiento de los cultivos, y el apoyo en la gestión de los recursos hídricos. Con estas iniciativas, el PSI pretende garantizar un uso eficiente, equitativo y sostenible del agua en la agricultura peruana.
Se han creado otros programas que reducen los costos de los insumos para los agricultores con el fin de contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19. En 2022, el Gobierno puso en marcha el programa FertiAbono, que ofrece ayudas económicas a los productores agrícolas con una superficie cultivada total de hasta diez hectáreas que utilicen fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasio, con el objetivo de mantener la actividad agrícola, contribuir a la recuperación de la economía y garantizar la seguridad alimentaria en el país. El Gobierno destinó más de 129 millones de dólares estadounidenses a este programa, del que se beneficiaron 313 820 agricultores. Posteriormente, se extendió el programa, FertiAbono 2, que ofrecía subvenciones a los agricultores con explotaciones de hasta cinco hectáreas que utilizaran fertilizantes. La subvención se calcula en función del número total de hectáreas cultivadas, el tipo de cultivo y el fertilizante utilizado. El Gobierno asignó a esta extensión 39,4 millones de dólares estadounidenses, lo que benefició a 168 002 pequeños agricultores. La medida finalizó en 2023 (BC, 2023[34]; Gobierno Nacional del Perú, 2023[35]).
En 2023 se introdujeron y aprobaron tarifas preferenciales en el suministro de agua mediante el Decreto Supremo N.º 013-2023-MIDAGRI. Este decreto, bajo los auspicios de la ANA, establece un método y fija las retribuciones económicas por el derecho de uso del agua y por el vertimiento de aguas residuales. La tabla 2.2 muestra las tarifas aplicables en 2024 a la agricultura y a otras actividades económicas. Los precios pagados en soles por metro cúbico varían en función de si el agua se destina a la agricultura. En Perú no existen normativas que favorezcan a los productores agrícolas en cuanto a la electricidad o la energía (El Peruano, 2024[36]).
Soles por metro cúbico
Nota: Extraído del Decreto Supremo N.º 025-2021-MIDAGRI, que aprueba valores de retribuciones económicas a pagar por el uso del agua y por el vertimiento de aguas residuales tratadas, de fecha 23 de diciembre de 2021.
Fuente: El Peruano (2024[36]), Decreto Supremo N.º 013-2023-MIDAGRI, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5591307/4965284-d-s-013-2023-midagri_valores-2024.pdf?v=1703284048.
Políticas de crédito agrícola
Perú ha desarrollado mecanismos concretos con vistas a apoyar el financiamiento de los agricultores a través del Banco Agropecuario (Agrobanco), el banco público dedicado al sector, con el auspicio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del MIDAGRI. Se constituyó en 2001 mediante la Ley N.º 27603, como institución financiera estatal de derecho privado. Con el mandato específico de respaldar al sector agrícola, Agrobanco se ha centrado en particular en los pequeños y medianos productores.
A lo largo de los años, el banco ha sido objeto de diversas reformas legislativas que han definido su estructura organizativa y ampliado su capacidad operativa, sin dejar nunca de lado su objetivo principal de facilitar el acceso al crédito y a otros servicios financieros esenciales para el desarrollo agrícola. En 2018, la Ley N.º 30893 modificó las directrices anteriores a raíz de una crisis de insolvencia que casi había puesto fin a las funciones del banco (figura 2.1). Esta reestructuración y la nueva normativa se centraron en reforzar su capacidad institucional, abordando de manera integral aspectos como la gestión de riesgos, la supervisión regulatoria y el fortalecimiento de los activos del banco (Agrobanco, 2025[37]). El banco está sometido a la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, y forma parte del grupo de empresas públicas Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).
Agrobanco se financia con fondos del Ministerio de Economía y Finanzas, del Fondo Agroperú, creado en 2009 mediante el Decreto N.º 027 con el fin de aportar recursos adicionales al crédito agrícola, y de sus propios beneficios de explotación. Agrobanco también ofrece créditos a tipos preferenciales a través del Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA), un fondo cuyo propósito consiste en sufragar las diferencias entre los tipos de mercado y los preferenciales. El valor total de los préstamos concedidos por Agrobanco ha variado a lo largo del tiempo, y alcanzó los 308 millones de dólares estadounidenses en 2024 (figura 2.1). Agrobanco también ha puesto en marcha un programa de condonación de deudas, en virtud del cual se exime al agricultor del pago de su deuda, desde 2018 hasta 2024. En 2024, el importe total condonado ascendió a 27 millones de dólares estadounidenses (Agrobanco, 2024[38]).
Agrobanco ofrece financiamiento para productos agrícolas y ganaderos a tipos preferenciales. Los préstamos pueden destinarse a capital circulante, marketing e inversiones (como maquinaria y equipos). La finalidad de este crédito es mejorar la productividad de los productores agrícolas y facilitar su acceso al sistema financiero. Se puede conceder como crédito individual o colectivo, por ejemplo, a juntas de riego, asociaciones de productores, comunidades o cooperativas. El banco cuenta con una línea de crédito destinada exclusivamente a agricultoras (Agromujer), creada en 2022; en 2024, 16 000 mujeres recibieron préstamos por un total de 55 millones de dólares estadounidenses en créditos. En 2024, Agrobanco prestó servicio a más de 100 000 productores agrícolas de todo el país.
Fuente: Agrobanco (2024[38]), Informe a la OCDE, sin publicar.
2.2.4. Proyectos de infraestructura agrícola
Proyectos de riego dentro y fuera de las explotaciones agrícolas
En lo que respecta a la infraestructura agrícola, las intervenciones del Gobierno se centran en dos ámbitos, los proyectos de riego y la titulación de tierras. Perú cuenta con dos tipos de mecanismos de apoyo al riego. El primero es el apoyo en la explotación que reciben los agricultores para invertir en sus tierras, a cargo de diferentes instituciones como el MIDAGRI, el PSI o Agro Rural; y, el segundo, el apoyo fuera de la explotación, relacionado con grandes inversiones en materia de riego, que suele ejecutar la ANA, encargada de construir presas y canales de riego regionales, entre otras actividades.
En cuanto al primero, el MIDAGRI y el PSI gestionan los subsidios destinados a los proyectos de riego en la explotación. Estas ayudas se aprovechan en sistemas de riego dentro de la explotación. Los agricultores pueden solicitarlas presentando una propuesta con las inversiones necesarias. La propuesta se revisa y se aprueba, y, a continuación, se concede el subsidio. Otro programa es el Fondo Sierra Azul, que concede ayudas a los agricultores con menos ingresos, incluidos aquellos que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, mediante el financiamiento de actividades complementarias relacionadas con la gestión del agua, la siembra y la cosecha a nivel nacional.
El Fondo ha desarrollado tecnología específica para cada área de intervención y tiene como objetivo mejorar la seguridad del agua de uso agrícola mediante la captación y el aprovechamiento del agua en las regiones agrícolas y andinas (región de la Sierra) de todo el país. Esto reviste especial importancia ante la aparición del cambio climático, que ha alterado el ciclo hidrológico y ha provocado una distribución desigual de las precipitaciones en el tiempo y el espacio. Esta situación indica que las precipitaciones más intensas se producen de forma breve durante unos pocos meses, lo que da lugar a períodos de sequía más prolongados. El Fondo trata de diseñar estrategias que permitan retener el agua dentro de una cuenca hidrográfica con el fin de garantizar un suministro constante y evitar que grandes volúmenes de agua acaben en el mar (Sierrazul, 2025[39]).
El Fondo Sierra Azul ha elaborado una estrategia de seguridad del agua de uso agrícola que incluye la siembra y la cosecha de agua a nivel nacional (Sierrazul, 2025[39]). Esta actividad está indisolublemente ligada a una importante infraestructura de riego, a sistemas de riego a presión y a la creación de capacidades con el fin de lograr un sistema integrado y eficiente de gestión de los recursos hídricos. El propósito es reducir las deficiencias en la prestación de servicios y la infraestructura del agua de uso agrícola.
El Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra de Perú (PIPMIRS) tiene como objetivo incrementar la producción agrícola de las familias rurales en las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad y Piura, mediante la mejora del sistema de riego y el fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión del agua en las microcuencas. Este programa es fruto de un convenio de préstamo entre la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y Perú. El costo total del programa asciende a 60 millones de dólares estadounidenses, y el 60 % de la inversión corre a cargo de la JICA.
En lo que respecta a las inversiones fuera de la explotación, en concreto a las grandes infraestructuras de riego, la ANA es la institución más importante que, a lo largo de los años, ha ejecutado diversos proyectos de inversión a gran escala en materia de riego en todo el país, tales como la construcción y rehabilitación de presas, embalses y qochas, zanjas de infiltración o la inspección de pozos de agua subterránea, por ejemplo. La ANA invirtió alrededor de 71 millones de dólares estadounidenses en el mantenimiento de la infraestructura antigua, así como en nuevos proyectos de riego de gran envergadura.
La Resolución Ministerial N.º 0137-2025-MIDAGRI, de 2025, aprobó un proyecto de grandes obras de irrigación que se aplicará en 15 departamentos de todo el país. Estos proyectos son iniciativas que abarcan la construcción de infraestructura de riego, la implantación de sistemas de riego tecnificado y la formación de los agricultores. Su objetivo es ampliar la frontera agrícola, lo que tendrá un impacto significativo en la productividad y propiciará una diversificación productiva hacia cultivos más rentables. Estos proyectos implican una importante inversión estimada en 24 000 millones de dólares estadounidenses. Su ejecución permitirá la mejora de 681 912 hectáreas de tierras agrícolas y el riego de 531 669 hectáreas, lo que supone un total de 1 213 581 hectáreas de regadío.
Otra importante inversión en el sistema de riego fuera de la explotación fue el plan “Con Punche Perú” AGRO, que se estableció en 2023, tras la aprobación de los recursos necesarios mediante el Decreto Supremo N.º 024-2023-EF. El plan pretendía mejorar la productividad de los agricultores y evitar la obstrucción y los daños en la infraestructura de riego. Las medidas comprenden, entre otras, i) la intervención en las actividades de mantenimiento de la infraestructura de riego; ii) las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y reposición de infraestructura natural y productiva de riego; y iii) el financiamiento de planes de negocio y reconversión productiva. Con un presupuesto de 207 millones de dólares estadounidenses, la mayor parte (75 %) se invierte en el mantenimiento de la infraestructura de riego y la rehabilitación de canales (CEPES, 2023[40]). Estas intervenciones tratan de beneficiar a 2 millones de productores agrícolas mediante la mejora de sus sistemas de riego y la seguridad hídrica, lo que podría traducirse en un aumento de la producción agrícola (MIDAGRI, 2025[41]). El plan incluía los programas de la ANA, PSI, Agro Rural y Sierra Azul, destinados a actividades de mantenimiento de la infraestructura de riego e inversiones en optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición.
Reformas agrarias, tenencia y titularidad de la tierra
Perú presenta desigualdad en la distribución de la tierra, con un coeficiente de Gini de 0,93 en 2012, uno de los más altos de la región latinoamericana. Las desigualdades relacionadas con el desarrollo agrícola siguen existiendo a consecuencia de que, en el pasado, se privó a los pueblos indígenas de la propiedad de la tierra, lo que les ha dejado sin ella o con las tierras menos productivas (en el capítulo 1 se ofrece más información al respecto). A lo largo de los años se han logrado algunos avances, gracias a las reformas agrarias y a los cambios en los marcos jurídicos; sin embargo, el proceso de titulación de la tierra sigue siendo lento, desigual y fragmentado, y los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas siguen siendo vulnerables debido a las deficiencias institucionales (Barrón, 2008[42]; Zuniga, 2022[43]).
A finales de la década de 1960, Perú inició su reforma agraria y, entre 1970 y 1975, el proceso se aceleró, de modo que se redistribuyeron más de 9 millones de hectáreas. En la década de 1980 se emprendieron proyectos especiales que incluían los planes de asentamiento en la región de la Selva, las obras de irrigación en la región de la Costa y la mecanización en la región de la Sierra. La reforma agraria y los proyectos especiales posteriores supusieron una transformación profunda de la dinámica regional de Perú. En la región de la Selva, los proyectos de construcción de carreteras cerca de Pucallpa facilitaron una migración masiva, lo que provocó tasas de deforestación que superaron las 250 000 hectáreas anuales en la década de 1980. En la Sierra, por su parte, se produjo una fragmentación de la propiedad de la tierra, ya que los campesinos dividieron las cooperativas agrarias de producción en parcelas más pequeñas, lo que implicó una reducción de las economías de escala, pero reforzó las prácticas comunitarias tradicionales. Aunque los proyectos de irrigación de la región de la Costa crearon nuevas zonas de exportación agrícola, también agravaron las diferencias regionales en materia de infraestructura y acceso a los mercados, lo que reforzó el patrón de desarrollo desigual entre las tres regiones naturales de Perú (la Sierra, la Selva y la Costa) (Barrón, 2008[42]; Zuniga, 2022[43]; Mongabay, 2024[44]).
En la década de 1990 se creó el programa Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) con el fin de regularizar la tenencia de la tierra en todo Perú. Este programa sufrió cambios administrativos y se descentralizó hacia los gobiernos regionales, lo que en última instancia condujo a la creación del Sistema Catastral para Predios Rurales (SICAR), dependiente del MIDAGRI, en 2018. Posteriormente se emprendieron los proyectos de titulación y regularización de tierras, del PTRT al PTRT3, que han contribuido a crear un sistema institucional y técnico de registro, titulación e integración de las tierras rurales en un catastro nacional; sin embargo, los plazos de validación y los conflictos sobre la propiedad de la tierra siguen siendo importantes (Barrón, 2008[42]; CEPES, 2023[40]; Zuniga, 2022[43]; Mongabay, 2024[44]).
En la actualidad, el proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en Perú, PTRT3, constituye un pilar fundamental de los esfuerzos del MIDAGRI por otorgar derechos sobre la tierra a los agricultores. Este programa se ejecuta en colaboración con los gobiernos regionales y se centra en la formalización de la tenencia de la tierra mediante la cartografía catastral, la titulación y el registro. En 2024, se registraron 43 657 títulos de propiedad, lo que benefició a más de 242 000 agricultores, entre los que se incluyen agricultores independientes y territorios comunales (MIDAGRI, 2025[45]). Otra de las iniciativas ha consistido en la titulación de los territorios indígenas de la región de la Selva por parte del MIDAGRI, que, hasta 2023, formalizó 29 757 hectáreas de tierras comunitarias nativas en Loreto, San Martín, Junín y Ucayali; lo que benefició a unos 3 465 residentes indígenas (MIDAGRI, 2025[45]). Los cambios introducidos en la Ley Forestal para el período 2024-2025 (se ofrece más información en el capítulo 3) suponen la creación de varios programas nuevos, diseñados y ejecutados por el MIDAGRI con el propósito principal de acelerar el proceso de titulación, en particular para las comunidades indígenas, al tiempo que se protege el medio ambiente, sobre todo mediante la contención de las tasas de deforestación en todo el país. Por ejemplo, en 2025, el MIDAGRI y el SERFOR pusieron en marcha una iniciativa conjunta encaminada a acelerar la titulación de las tierras indígenas duplicadas con los bosques de producción permanente. Se prevé que esta tarea beneficie a 21 comunidades nativas de Ucayali, Loreto y San Martín (MIDAGRI, 2025[45]).
2.2.5. Programas de desarrollo rural
En el sector agrícola predominan las explotaciones pequeñas, que se enfrentan a numerosos retos, como la baja productividad y la pobreza. La pobreza rural alcanzó el 39,3 % en 2024, mientras que la pobreza rural extrema se situó en el 15,5 % (se ofrece más información en el capítulo 1) (INEI, 2024[46]). Esto se debe principalmente a las deficiencias en el acceso a la infraestructura y los servicios, junto con las escasas oportunidades de empleo.
El sector agrícola sigue siendo fundamental para el desarrollo de Perú, a pesar de que en 2024 solo representó el 6,8 % del PIB nacional (MIDAGRI 2025). Desempeña una función esencial en la generación de empleo y medios de subsistencia en las zonas rurales, ya que el 81,7 % de sus habitantes dependen de los ingresos agrícolas para su subsistencia (MIDIS, 2024[47]). El Gobierno ha elaborado un marco normativo de desarrollo rural con un enfoque integral encaminado a solucionar los problemas fundamentales a los que se enfrenta la población rural, incluidos los pequeños agricultores. La tabla 2.3 muestra los principales programas y sus objetivos.
Fuente: FIDA (2020[48]), Impact Assessment: Strengthening Local Development in the Highlands and High Rainforest Areas Project (PSSA), https://www.ifad.org/en/w/publications/impact-assessment-strengthening-local-development-in-the-highlands-and-high-rainforest-areas-project-pssa-; Fondo de Adaptación (2024[49]), Building a Program for Adaptation and Resilience to Climate Change of Andean Local Communities and Ecosystems in Peru, https://www.adaptation-fund.org/project/building-a-program-for-adaptation-and-resilience-to-climate-change-of-andean-local-communities-and-ecosystems-in-peru/; FIDA (2018[50]), República del Perú - Evaluación de la Estrategia y el Programa en el País, https://webapps.ifad.org/members/eb/125/docs/EB-2018-125-R-19.pdf; Agro Rural (2024[51]), Programas y proyectos de Agro Rural, https://www.gob.pe/cn/12260-programa-de-desarrollo-productivo-agrario-rural-programas-y-proyectos-de-agro-rural; Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (2022[52]), Haku Wiñay/Noa Jayatai, https://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/haku-winay; Calderón et al. (2023[53]), Assessing essential service provision for prevention and management of violence against women in a remote indigenous community in Amantaní, Peru, http://dx.doi.org/10.1186/s12939-023-02012-3; FIDA (2017[54]), Fortalecimiento de mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la Sierra Sur, https://ioe.ifad.org/documents/38714182/39710630/PDSS_Peru.pdf/cf018369-b808-4fd8-855b-cf8654557d19.
2.2.6. Comercialización
Perú ha puesto en marcha programas destinados a mejorar el acceso a la información sobre el mercado, de modo que mejoren las oportunidades comerciales de los pequeños agricultores y promuevan la competitividad y la internacionalización de los productos agrícolas. Se utiliza un conjunto integral de herramientas digitales, iniciativas de comercialización, formación y asistencia técnica, así como certificaciones de comercialización, con el fin de integrar a los productores en los mercados y modernizar el sector.
Información sobre el mercado
La plataforma del Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA) recopila y consolida la información estadística agrícola procedente de diversos organismos del sector. Coordina actividades estratégicas con otras entidades públicas y establece alianzas con el sector privado para optimizar la intervención conjunta en la generación, el acceso, la difusión y el uso de la información agrícola. Este recurso está dirigido a los productores agrícolas que deseen ampliar su conocimiento, reforzar sus capacidades técnicas, mejorar la toma de decisiones, adoptar buenas prácticas, resolver problemas, generar cambios y aprovechar las oportunidades del mercado (SIEA, 2025[55]).
Los objetivos del SIEA consisten en a) proporcionar información a los productores mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con la participación del sector privado; b) mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrícolas; c) unificar y consolidar la información procedente de fuentes internas y externas en una base de datos centralizada; d) garantizar el acceso a la información para supervisar las acciones estratégicas del sector y contribuir a una toma de decisiones mejor fundamentadas; e) facilitar una coordinación institucional eficiente con el fin de mejorar la articulación entre el MIDAGRI y las entidades externas relacionadas con el sector agrícola, y promover la interoperabilidad entre ellas (SIEA, 2025[55]).
El MIDAGRI también ha creado el Padrón de Productores Agrarios (PPA), una base de datos oficial destinada a identificar y organizar a los productores agrícolas de todo el país. Recoge información clave, como el nombre del productor, su ubicación, la superficie de tierra cultivada, el tipo de cultivos o ganado y los métodos de producción. El PPA tiene como objetivo ofrecer una imagen fiel del sector agrícola, lo cual es esencial para diseñar políticas, conceder subsidios, ofrecer asistencia técnica y mejorar el acceso al mercado de los pequeños y medianos agricultores, que a menudo operan en el sector informal. Más allá de la recopilación de datos, el padrón desempeña un papel fundamental a la hora de poner en contacto a los agricultores con los programas gubernamentales, los servicios financieros y las iniciativas de seguridad alimentaria. Al inscribirse, los agricultores pueden acceder a ventajas como créditos con garantía estatal, seguros de cosechas, programas de formación y apoyo de emergencia en caso de crisis climáticas o de mercado. Además, ayuda al Gobierno peruano a distribuir mejor los recursos y a garantizar que la ayuda llegue a los productores adecuados, en especial en las regiones rurales y vulnerables (MIDAGRI, 2025[56])
El Datero Agrario es un servicio gratuito de mensajes de texto que ofrece a los usuarios de teléfonos móviles básicos los precios mayoristas de los principales productos agropecuarios registrados en el Sistema de Abastecimiento y Precios (SISAP). Además, incluye información sobre el clima nacional, a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú (SENAMHI), y la disponibilidad de agua en ríos y embalses (ANA).
La plataforma Catálogo Virtual de Productos Agrarios busca ofrecer a la agricultura familiar mejores oportunidades de negocio mediante herramientas tecnológicas innovadoras. Su objetivo es mejorar las condiciones de comercialización de los productos agrícolas, ganaderos y forestales. El MIDAGRI promueve esta plataforma al objeto de establecer un circuito corto en la cadena agroalimentaria y dar a conocer la oferta agrícola nacional. De este modo se acerca al productor al consumidor con el fin de lograr el crecimiento y el desarrollo de la agricultura familiar en Perú.
La aplicación Mi Caserita permite consultar los precios de referencia en tiempo real de los alimentos básicos en los principales mercados del área metropolitana de Lima. Se puede acceder a ella desde cualquier teléfono inteligente. El personal del MIDAGRI recopila la información mediante encuestas en línea en 30 mercados mayoristas y minoristas del área metropolitana de Lima. Con Mi Caserita, los usuarios pueden buscar alimentos y su precio se muestra en un mapa. Los precios más baratos aparecen en verde, los intermedios en naranja y los más caros en rojo. Los usuarios pueden seleccionar con facilidad la opción que prefieran y consultar los detalles o las indicaciones para llegar al mercado desde su ubicación en ese momento.
Comercialización y promoción
Los Mercados MIDAGRI de la Chacra a la Olla son ferias alimentarias dedicadas a la compra y venta directa, que constituyen una alternativa a los mercados locales a la hora de adquirir productos de la cesta básica familiar a precios reales de mercado y con la participación de pequeños productores locales. La organización cuenta con el respaldo de las autoridades regionales, provinciales y locales para garantizar la seguridad de los asistentes, los productores y los organizadores. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el emprendimiento de los pequeños agricultores que siguen abasteciendo alimentos a los mercados mayoristas y a los centros de distribución, por lo que garantizan un suministro de excelente calidad a los consumidores finales, precios justos y evitan la especulación. Debido a la falta de presupuesto, la iniciativa finalizó el 31 de diciembre de 2021 (Gobierno Nacional del Perú, 2024[57]). El MIDAGRI también organiza el Salón del Queso Peruano, con el fin de promover los quesos y otros productos lácteos, así como de fomentar el contacto directo entre productores, mayoristas y consumidores (MIDAGRI, 2025[58]).
La Ruta Productiva Exportadora (RPE) es una estrategia multisectorial que ofrece formación y asistencia técnica para el desarrollo productivo y de las exportaciones. Su objetivo es aumentar la competitividad y la internacionalización de las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) exportadoras y de aquellas con potencial de exportación en las regiones y cadenas prioritarias que cultivan café, cacao, chocolate, plátanos, mango, quinua, aguacate, espárragos, uvas, granada, maracuyá, orégano, jengibre, cúrcuma y maca.
La marca de certificación Agricultura Familiar del Perú es un signo distintivo creado por el MIDAGRI con vistas a mejorar el posicionamiento de los productos procedentes de la agricultura familiar y de los servicios derivados de ella en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. El objetivo es reconocer, valorar y salvaguardar las técnicas tradicionales de los hombres y mujeres del medio rural que se dedican a la agricultura familiar como garantía de la seguridad alimentaria, así como de la conservación de la diversidad biológica del país. Los productores de la agricultura familiar y sus organizaciones inscritos en el Registro de Productores y organizaciones de productores de alimentos de la agricultura familiar de las Direcciones Regionales de Agricultura, en el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias o en el Directorio de Comunidades Nativas y Campesinas pueden solicitar la licencia de uso de la marca de certificación de manera gratuita. Del mismo modo, si las entidades son organizaciones, deben disponer de un único registro de contribuyentes existentes y activos. La licencia de la marca de certificación permite a los productores de la agricultura familiar y sus organizaciones, entre otros, participar en los procedimientos de compras estatales de alimentos, de conformidad con la Ley N.º 31071 y su reglamento (MIDAGRI, 2022[59]).
Las oficinas comerciales de PROMPERÚ se encargan de promover en todo el mundo los productos peruanos, no solo los agrícolas. PROMPERÚ también se ocupa de estudiar, planificar, formar y realizar las actividades descritas en los planes operativos de promoción de las exportaciones. Promueven el turismo en Perú, la imagen del país y la inversión empresarial en sus respectivos mercados. Todas las medidas se basan en las políticas emitidas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y los sectores pertinentes. (Promperu, 2025[60]).
2.2.7. Medidas de seguridad agroalimentaria
Perú ha puesto en marcha una serie de medidas reglamentarias e institucionales destinadas a mejorar el control de calidad y las normas sanitarias en el sector agrícola.
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) es la institución encargada de supervisar los programas de sanidad animal y vegetal, así como del control de residuos químicos, incluidos los residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios, y de otros contaminantes, como los metales pesados y los contaminantes microbiológicos y sus toxinas, en los productos agrícolas primarios de origen vegetal y animal destinados al consumo humano y a la alimentación animal (SENASA, 2025[61]; Gobierno Nacional del Perú, 2024[62]).
El SENASA vela por la salud de las plantas y las protege de plagas y enfermedades que podrían perjudicar a los agricultores, a los consumidores o al comercio. Entre sus funciones principales se encuentran 1) la vigilancia y el control de plagas, lo que implica supervisar los cultivos en busca de plagas vegetales (por ejemplo, la mosca de la fruta, la roya del café o las langostas) y declarar y mantener zonas libres de plagas (algo fundamental para el comercio y la seguridad alimentaria local); 2) la cuarentena y prevención, que supone controlar la importación de semillas, plantas y productos frescos con el fin de impedir la entrada de plagas y enfermedades exóticas, y ejecutar inspecciones fronterizas con estaciones de cuarentena; 3) la gestión integrada de plagas mediante la promoción de agentes de control biológico (por ejemplo, depredadores naturales, técnica del insecto estéril) que permitan reducir el uso de plaguicidas; 4) la certificación de cultivos destinados a los mercados nacionales y de exportación mediante la certificación de las zonas de producción, los viveros y las plantas de envasado, y la supervisión de los residuos de plaguicidas con miras a garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad (SENASA, 2025[61]; Gobierno Nacional del Perú, 2024[62]).
La función del SENASA en materia de sanidad animal consiste en proteger al ganado y a los consumidores frente a las enfermedades animales que pueden reducir la productividad o suponer un riesgo para la salud pública (zoonosis). Algunas de sus funciones principales son las siguientes: 1) Vigilancia y erradicación de enfermedades, ámbito en el que lleva a cabo programas nacionales para el control y la erradicación de la fiebre aftosa, la brucelosis, la rabia, la gripe aviar, la enfermedad de Newcastle, etc., y mantiene zonas libres de enfermedades, reconocidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). 2) Campañas de vacunación y control, en las que el SENASA lleva a cabo programas de vacunación (por ejemplo, contra la fiebre aftosa y la enfermedad de Newcastle) y colabora con los ganaderos con el fin de garantizar la inmunidad de rebaños y manadas. 3) Control del movimiento de animales. El SENASA supervisa el transporte de animales vivos con miras a prevenir la propagación de enfermedades y expide certificados zoosanitarios para el comercio interior. 4) El SENASA también se encarga del control veterinario y de medicamentos y residuos en los animales destinados al consumo humano (SENASA, 2025[61]) (Gobierno Nacional del Perú, 2024[62]). Asimismo, el SENASA realiza otras actividades en la frontera, desde el control hasta la certificación:
Certificación fitosanitaria y zoosanitaria. El SENASA expide certificados fitosanitarios de productos vegetales (frutas, hortalizas, cereales, etc.) y certificados zoosanitarios de productos animales (carne, productos lácteos o animales vivos).
Inspecciones y controles previos a la exportación. El SENASA inspecciona los productos en las explotaciones agropecuarias, las plantas de procesamiento y las terminales de exportación con el fin de garantizar que no contengan plagas, enfermedades ni residuos químicos por encima de los límites permitidos. Supervisa el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas y las prácticas adecuadas de fabricación respecto a los productos destinados a la exportación.
Control y análisis de laboratorio de residuos. El SENASA lleva a cabo programas de vigilancia de residuos de plaguicidas, metales pesados y medicamentos veterinarios en los productos alimenticios. Los laboratorios acreditados por el SENASA realizan análisis microbiológicos y químicos, que los mercados internacionales suelen exigir.
Control fronterizo y certificación de exportaciones en puertos y aeropuertos. El SENASA inspecciona los envíos con vistas a verificar la documentación y el estado físico de productos y animales. Además, expide certificados para los productos agrícolas reexportados que se hallan en tránsito en Perú (SENASA, 2025[61]).
A pesar de la importancia fundamental que tiene el SENASA a la hora de preservar una salud sanitaria y fitosanitaria óptima en el país, su presupuesto no se ha mantenido estable de un año a otro. En 2024, el presupuesto total rondaba los 80 millones de dólares estadounidenses (figura 2.2).
Fuente: SENASA (2025[61]), https://www.gob.pe/institucion/senasa/institucional.
Otra institución que supervisa la seguridad alimentaria en el país es el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción que elabora y promueve normas nacionales de calidad, incluidas las relacionadas con la seguridad alimentaria. Además, acredita laboratorios y armoniza las prácticas nacionales con las normas internacionales (por ejemplo, ISO o Codex) (véanse más detalles en el capítulo 5).
2.2.8. Políticas tributarias preferenciales para los agricultores
El marco tributario de Perú incluye incentivos específicos dirigidos a fomentar la agricultura orientada a la exportación en virtud de la Ley de Promoción del Sector Agrario (27360), que ofrece beneficios tributarios, como una reducción del impuesto a la renta y un régimen laboral especial adaptado a las particularidades del trabajo agrícola, tales como la estacionalidad y la jornada laboral diaria. Esta ley ha sido modificada a lo largo de los años, pero sigue siendo la base del fomento de la agricultura orientada a la exportación y se ha prorrogado hasta 2031 (LP, 2025[63]; Congreso de la Republica, 2002[64]).
La Ley N.º 31110 establece un régimen especial que busca promover las actividades agrícolas, agroexportadoras y agroindustriales mediante incentivos fiscales y normas laborales específicos. Para los exportadores, la ley ofrece importantes beneficios tributarios, entre los que se encuentran una tasa reducida del 15 % en el impuesto a la renta (en lugar del 29,5 % del régimen general) hasta el año 2030 para las empresas cuyos ingresos netos anuales no superen las 1 700 unidades impositivas tributarias, así como un aumento gradual del tipo impositivo para las empresas con mayores ingresos. Además, permite una depreciación acelerada del 20 % en las obras de infraestructura hidráulica y de riego, la recuperación anticipada del impuesto general a las ventas en bienes de capital y construcción durante la etapa preproductiva, y un crédito tributario del 10 % de la reinversión de las utilidades (hasta un 70 %) para los contribuyentes de menor tamaño que prioricen la reinversión en sistemas de riego. Además, las empresas pueden deducir hasta el 10 % de los gastos que otorgan derecho según el nuevo régimen único simplificado, con un límite de hasta 200 unidades impositivas tributarias al año (El Peruano, 2020[65]). La ley también obliga a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a publicar informes anuales sobre las empresas que se benefician de estos incentivos, garantizando así la transparencia. Estas medidas tienen por objeto mejorar la competitividad, estimular la reinversión y formalizar el empleo en el sector agrícola, al tiempo que se potencian la infraestructura y la productividad en las actividades orientadas a la exportación (El Peruano, 2020[65]).
Con el fin de incentivar las inversiones y la actividad económica en la región de la Selva (Amazonía), sobre todo en la agricultura y los sectores relacionados, se promulgó la Ley N.º 27037, que prevé tasas reducidas del impuesto a la renta, exenciones y créditos fiscales especiales para los productores y las empresas que cumplan los requisitos. Esta ley establece un régimen tributario preferencial con vistas a fomentar el desarrollo económico de la región. La ley estableció un impuesto a la renta del 10 % para los contribuyentes ubicados en la Amazonía y dedicados principalmente a actividades agropecuarias, acuicultura, pesca, turismo, actividades manufactureras vinculadas al procesamiento, transformación y comercialización de productos primarios provenientes de las actividades antes indicadas, y la transformación forestal (siempre que estas se realicen en la zona), así como a actividades de extracción forestal (MINAM, 1998[66]). El impuesto a la renta se reduce al 5 % para los contribuyentes ubicados en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y los distritos de Iparia y Masisea de la provincia de Coronel Portillo y las provincias de Atalaya y Purús del departamento de Ucayali, dedicados principalmente a las actividades indicadas en la norma (MINAM, 1998[66]).
Además, los contribuyentes de la Amazonía que se dediquen a actividades agrarias o de transformación de los productos calificados como cultivo nativo y alternativo en dicho ámbito, estarán exonerados del impuesto a la renta. En función de su ubicación, las empresas que procesen estos productos estarán sujetas a un tipo impositivo del 10 % o del 5 %. No obstante, los contribuyentes ubicados en la Amazonía tienen derecho a un crédito fiscal equivalente al 25 % del impuesto bruto mensual sobre las ventas de bienes gravados que efectúen fuera de esta región. Los contribuyentes ubicados en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y los distritos de Iparia y Masisea de la provincia de Coronel Portillo y las provincias de Atalaya y Purús del departamento de Ucayali dispondrán de un crédito fiscal especial del 50 % de su base imponible bruta mensual (MINAM, 1998[66]; El Peruano, 2020[65]). Por último, la venta de animales vivos de cualquier especie está exenta del pago del impuesto general sobre las ventas, de conformidad con el apéndice I del Decreto N.º 043-2005-EF (MEF, 2005[67]).
2.3.1. Principales objetivos de la política comercial agroalimentaria
Perú mantiene una economía abierta y está comprometido con la integración comercial, en especial en el sector agrícola. Esto ha dado lugar a un aumento constante de las exportaciones agrícolas y a su diversificación, lo que ha convertido al sector agroexportador en un elemento importante de los acuerdos de libre comercio del país (en el capítulo 1 se ofrece más información al respecto). Esta agricultura orientada a la exportación ha adquirido, en los últimos 20 años, una importancia cada vez mayor en la exportación de productos no tradicionales, lo que ha creado oportunidades de empleo, generado flujos de divisas y promovido el desarrollo regional (MIDAGRI, 2022[68])
Los productos agroalimentarios suelen estar sujetos a aranceles bajos
En general, el comercio agroalimentario está sujeto a aranceles relativamente bajos. El porcentaje de estos aranceles es algo superior al de otros sectores: en 2023, el promedio simple de los aranceles de nación más favorecida (NMF) aplicados por Perú a los productos agroalimentarios (tal y como se definen en el anexo I del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC) ascendió al 2,8 %, frente al 2,3 % de los productos no agrícolas (figura 2.3). Por el contrario, el arancel promedio ponderado en función del comercio de los productos agroalimentarios (1,4 %) es inferior al de los productos no agrícolas (1,8 %), lo que sugiere que el volumen de comercio de los productos agroalimentarios sujetos a aranceles más bajos es mayor que el de los productos no agroalimentarios. Los aranceles más elevados se registran en los sectores de bebidas y tabaco (5,1 %) y de productos animales (4,8 %), mientras que el sector con los aranceles más bajos es el del algodón, con aranceles del 0,5 % (WTO, 2025[69]; WTO, 2006[70]).
Nota: La figura muestra el promedio simple de los aranceles. El cálculo del promedio incluye una estimación de los equivalentes ad valorem de los aranceles expresados como derechos no ad valorem. Los productos agrícolas se definen con arreglo al anexo I del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC.
Fuente: OMC (2025[69]), Perfiles arancelarios en el mundo 2025, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_tariff_profiles25_e.pdf; OMC (2006[70]), Perfiles arancelarios en el mundo 2006, https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariff_profiles_2006_e/tariff_profiles_2006_e.pdf.
El promedio del arancel agroalimentario de Perú ha experimentado una disminución considerable, ya que ha pasado del 13,6 % en 2006 al 2,8 % en 2023. Esta cifra es inferior a la de sus homólogos latinoamericanos, así como a la de los miembros de la OCDE, con la excepción de Australia y Nueva Zelanda (tabla 2.4).
Nota: La tabla muestra promedios simples. El cálculo del promedio incluye una estimación de los equivalentes ad valorem de los aranceles expresados como derechos no ad valorem. Los productos agrícolas se definen con arreglo al anexo I del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. Los datos de Perú corresponden al año 2023; los del resto de países, al año 2024.
Fuente: (2025[69]), Perfiles arancelarios en el mundo 2025, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_tariff_profiles25_e.pdf.
Todas las líneas arancelarias de los productos agrícolas están consolidadas a un límite máximo en la OMC, y el 97,8 % de los aranceles consolidados finales oscilan entre el 25 % y el 50 %. Al igual que la mayoría de los miembros de la OMC, Perú aplica aranceles a sus productos agrícolas por debajo de sus niveles consolidados. Más de la mitad (55,4 %) de las líneas arancelarias de nación más favorecida aplicadas a los productos agrícolas estaban exentas de derechos en 2023, mientras que el resto se situaba en un rango del 5 % al 10 %. Como resultado, el 77,8 % del valor de las importaciones agrícolas entró en Perú libre de derechos, mientras que el 21,4 % estuvo sujeto a aranceles que oscilaron entre el 5 % y el 10 % (figura 2.4).
Frecuencia por intervalo de aranceles
Fuente: (2025[69]), Perfiles arancelarios en el mundo 2025, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_tariff_profiles25_e.pdf.
Licencias y restricciones cuantitativas a la importación
Perú no aplica restricciones cuantitativas a la importación y se rige por el Acuerdo de la OMC sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, lo que garantiza que cualquier sistema de concesión de licencias sea transparente, previsible y no discriminatorio. La concesión de licencias en el ámbito agrícola y alimentario se justifica principalmente en virtud de medidas sanitarias y fitosanitarias destinadas a proteger la salud humana, animal o vegetal. Es necesario disponer de un permiso fitosanitario de importación (PFI) expedido por el SENASA para importar productos vegetales a Perú. Cabe señalar que no todas las plantas ni todos los productos vegetales tienen autorizada la entrada en Perú. Si el producto que se va a importar no cumple con los requisitos establecidos, se deberá solicitar un análisis de riesgo de plagas. Se ha elaborado una lista de productos básicos agrícolas en la que se incluyen las categorías de riesgo fitosanitario en función del nivel de transformación al que se ha sometido el producto, su uso previsto y su potencial para transmitir plagas (Gobierno Nacional del Perú, 2021[71]). En los últimos 20 años, Perú apenas ha recurrido a restricciones comerciales cuantitativas, como medidas de salvaguardia, compensatorias o antidumping (Gobierno Nacional del Perú, 2024[72]).
El Sistema Peruano de Franja de Precios (SPFP)
El Sistema Peruano de Franja de Precios (SPFP) es un mecanismo introducido por el Decreto Supremo N.º 115-2001-EF en 2001, con el fin de estabilizar los precios de importación de cuatro grupos de productos agropecuarios: el arroz, el maíz amarillo, el azúcar y la leche, con un total de 47 subpartidas (productos) vinculadas, con vistas a limitar el efecto negativo de la volatilidad de los precios internacionales. Por cada uno de los cuatro productos, existe una tabla aduanera que incluye una lista de precios de referencia y el derecho o la rebaja arancelaria específica correspondiente. También incluye un precio máximo y un precio mínimo, calculados a partir de los 60 precios promedio mensuales de los mercados de referencia en el caso del arroz y el azúcar, y de los 120 precios promedio en el caso del maíz y la leche. Los precios de referencia internacionales se utilizan para elaborar las tablas aduaneras (semestrales) y los precios de referencia (mensuales) (MEF, 2025[73]; MIDAGRI, 2025[74]).
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) actualiza las tablas aduaneras cada seis meses y los precios de referencia cada 30 días (promedio del mes anterior); posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los publica con la aprobación del MIDAGRI. Cualquier agente económico puede comparar los precios de referencia mensuales con las tablas aduaneras para comprobar si las importaciones de productos incluidos en la franja están sujetas al pago de un derecho específico, válido hasta que se publique el precio de referencia del mes siguiente. El Sistema Peruano de Franja de Precios se activa cuando los precios de referencia de los mercados de referencia caen por debajo del precio mínimo; en tal caso, se aplica un derecho específico equivalente (expresado en porcentaje del valor CIF) a la diferencia entre el precio mínimo y el precio de referencia mensual. Del mismo modo, se aplica una rebaja arancelaria cuando el precio de referencia supera el precio máximo, equivalente a la diferencia entre el precio máximo y el precio de referencia (MEF, 2025[73]; MIDAGRI, 2025[74]).
Los principios de este mecanismo son los siguientes. 1) Transparencia, las normas se establecen y se publican; la fuente de información es pública, estable y accesible. 2) Previsibilidad, los agentes económicos pueden calcular los precios mínimos, máximos y de referencia, así como los derechos específicos correspondientes. El costo de importación se fija de antemano, en función de los promedios internacionales reconocidos. 3) No discriminación, se aplica en la frontera a las importaciones procedentes de terceros países. 4) No discrecionalidad, al ser transparente, resulta muy difícil la manipulación administrativa. 5) Basado en aranceles, compatible con los compromisos de la OMC y sujeto a los niveles consolidados de la OMC. 6) Coherencia histórica, con modificaciones mínimas, mantiene las tendencias a largo plazo, y los efectos de las medidas de protección (rebajas o derechos específicos) son neutros (MEF, 2025[73]) (MIDAGRI, 2025[74]).
Todas las normas que regulan el Sistema Peruano de Franja de Precios se publican en el boletín oficial El Peruano. Las actualizaciones de las tablas aduaneras y las modificaciones del mecanismo SPFP se realizan mediante un decreto supremo refrendado por el MEF y aprobado por el MIDAGRI. Los precios de referencia mensuales se publican mediante resolución viceministerial del MEF. La aplicación de derechos específicos a las importaciones del Sistema de Franja de Precios (SFP) no debe superar el nivel consolidado de la OMC del 68 % para la mayoría de los productos. A fin de limitar su impacto, se fijó un límite máximo del 40 % del valor CIF de importación. Hasta la fecha, ningún producto ha alcanzado el 25 % del valor CIF de importación. En la práctica, la aplicación de derechos es poco frecuente y solo se recurre a ella cuando se produce una caída brusca de los precios internacionales. En el caso del arroz, desde mediados de 2023 hasta marzo de 2025 no se aplicó ningún derecho; en abril, mayo y junio de 2025 se aplicaron derechos de 72, 82 y 100 dólares estadounidenses por tonelada métrica, respectivamente. Las importaciones de maíz están exentas de derechos desde mediados de 2019. En el caso del azúcar, no se aplicaron derechos entre noviembre de 2020 y abril de 2025; en mayo, junio y julio de 2025 se aplicaron derechos de aduana de 4, 32 y 50 dólares estadounidenses por tonelada métrica, respectivamente. En el caso de la leche, en ocasiones se aplican derechos; en la actualidad, no se aplica ninguno. La figura 2.5 muestra el ejemplo del arroz desde 2021 hasta julio de 2025 (MIDAGRI, 2025[74]). El cuadro 2.2 muestra las modificaciones que ha sufrido el Sistema Peruano de Franja de Precios a lo largo de los años desde su creación.
Nota: Rice price USD/Tonne: Precio del arroz en USD/tonelada; Total tariff: Arancel total; Ceiling Price: Precio máximo; Floor Price: Precio mínimo; WTO bound tariff: Arancel consolidado de la OMC; Specific tariff applied (%CIF): Arancel específico aplicado (porcentaje del valor CIF); Reference price (CIF): Precio de referencia (CIF); Tariff cap: Límite arancelario.
Fuente: MIDAGRI (2025[74]), boletín Franja de Precios, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7828224/6603889-boletin-franja-de-precios-ene-feb-2025.pdf?v=1742936065; MEF (2025[73]), Franja de Precios, https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100854&lang=es-ES&view=article&id=289.
Medidas políticas de exportación
Perú no cuenta con subsidios ni impuestos a la exportación; solo exige a los exportadores el cumplimiento de unos requisitos de certificación destinados a proteger la sanidad animal y vegetal. Por ejemplo, para exportar o reexportar productos vegetales frescos o de primera transformación, o plantas, es necesario obtener un certificado fitosanitario del SENASA. Este certificado se basa en las normas establecidas por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de cada país. El objetivo de este certificado es proteger la agricultura y el medio ambiente contra la propagación de plagas. Los requisitos fitosanitarios son más estrictos para los productos con mayor riesgo de verse afectados por plagas. La certificación del SENASA también es necesaria para el tratamiento y el envasado de plantas y productos vegetales destinados a la exportación. Esta certificación acredita que la planta ha sido seleccionada, limpiada, lavada, envasada y tratada de forma adecuada para los productos vegetales destinados a la exportación. Además, el SENASA debe certificar el campo o el lugar de producción de los productos vegetales destinados a la exportación.
Decreto Supremo N.º 115-2001-EF (21 de junio de 2001): estableció el Sistema de Franja de Precios, en virtud del cual el Banco Central de Reserva revisa y actualiza las tablas aduaneras cada seis meses y facilita al MEF y al MIDAGRI el promedio de los precios CIF de referencia de la quincena o el mes anterior. El MEF y el MIDAGRI aprueban los decretos, y el MEF se encarga de su publicación. El MEF publica el promedio de los precios CIF de referencia cada 15 días o cada mes.
Decreto Supremo N.º 103-2015-EF (1 de mayo de 2015): limita la aplicación del derecho específico correspondiente al 20 % del valor CIF declarado. Este ajuste se notificó al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC en el marco del examen de Guatemala del Sistema Peruano de Franja de Precios en 2013.
Decreto Supremo N.º 055-2016-EF (28 de marzo de 2016): modifica la metodología usada en el cálculo de los precios mínimos y máximos, así como en el cálculo de los derechos variables adicionales y las rebajas arancelarias previstos en el Decreto Supremo N.º 115-2001-EF. Incluye un arancel máximo del 20 % para las importaciones que se sitúen dentro de la franja de precios. Este ajuste se notificó al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC en el marco del examen de Guatemala de 2013.
Decreto Supremo N.º 371-2017-EF (21 de diciembre de 2017): sustituye el mercado de referencia para el arroz (franco a bordo (FOB) Tailandia) por el FOB-Uruguay (“Arroz uruguayo blanco, máx. 5 % partido, cotizaciones semanales. Fuente Creed Rice”). Reduce el límite superior del arancel ad valorem al 15 % para las importaciones en el marco del Sistema de Franja de Precios (SFP).
Decreto Supremo N.º 152-2018-EF (5 de julio de 2018): modifica temporalmente el límite inferior del intervalo de confianza para las importaciones de arroz. Aumenta el límite superior del arancel al 20 % para los productos del SFP.
Decreto Supremo N.º 382-2021-EF (29 de diciembre de 2021): actualiza las tablas aduaneras. Aumenta el límite superior del arancel al 40 % para las importaciones del SFP. Modifica el cálculo del intervalo de confianza para la actualización de las tablas, por lo que se toman los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses en el caso del maíz y la leche. Modifica temporalmente el intervalo de confianza inferior en el caso de las importaciones de productos lácteos.
Decreto Supremo N.º 317-2023-EF y el Decreto Supremo N.º 286-2024-EF: prorrogaron la vigencia del anterior hasta el 31 de diciembre de 2025.
Fuente: MIDAGRI (2025[74]), Boletín Franja de Precios, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7828224/6603889-boletin-franja-de-precios-ene-feb-2025.pdf?v=1742936065; MEF (2025[73]), Franja de Precios, https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100854&lang=es-ES&view=article&id=289
Relaciones comerciales: Acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales (compromisos de la OMC)
Perú es miembro de la OMC desde 1995 y del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) desde 1951, y ha establecido una amplia red de acuerdos de libre comercio, alianzas económicas y pactos de integración en distintos continentes. Perú tiene acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales con los Estados Unidos, Canadá, China, Chile, Japón, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Australia, México, Costa Rica, Honduras, Panamá, el Reino Unido, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Asimismo, Perú ha suscrito acuerdos de integración regional y multilaterales con la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina (CAN), el MERCOSUR (acuerdo de complementación económica) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que incluye a Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, entre otros (véanse más detalles en el capítulo 1).
Esta apertura al mercado mundial ha sido un factor clave que ha contribuido a la transformación del país en uno de los principales comerciantes del mundo de determinados productos agroalimentarios de alto valor, como las uvas frescas, los arándanos, los espárragos verdes y los mangos. Esto supone un alejamiento de los productos tradicionales, como el café y el azúcar de caña. Por ejemplo, el 90,8 % de los 64 300 millones de dólares estadounidenses que alcanzó el valor de las exportaciones procedió de países con los que Perú mantiene acuerdos comerciales vigentes. El principal destino de las exportaciones agrícolas de Perú fueron los Estados Unidos, que recibieron el 28,8 % de los envíos mundiales en 2022, con un valor de exportación que alcanzó los 3,3 millones de dólares estadounidenses, seguidos de China (14,9 %) y los Países Bajos (12,2 %) (UN Comtrade, 2025[75]) (véanse más detalles en el capítulo 1).
2.4.1. Principales políticas de resiliencia
El sector agrícola de Perú es muy vulnerable al cambio climático y se enfrenta a numerosos riesgos. El fenómeno de El Niño, el aumento del nivel del mar, las condiciones meteorológicas extremas, la escasez de agua y la degradación del suelo amenazan el paisaje diverso y la economía del país. A pesar de estas dificultades, Perú cuenta con oportunidades de adaptación y mitigación de los efectos climáticos gracias a la planificación estratégica, la investigación científica y la implicación comunitaria. Una gestión eficaz de los recursos hídricos, la diversificación agrícola y la inversión en prácticas sostenibles son esenciales a la hora de reforzar la resiliencia. La colaboración entre sectores y niveles de gobierno, junto con el apoyo internacional, será fundamental para que Perú pueda hacer frente a las complejidades del cambio climático y proteger el bienestar de sus poblaciones y ecosistemas (véanse más detalles en el capítulo 3).
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, aprobado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) en 2021, tiene como objetivo reducir la exposición y la vulnerabilidad del país al cambio climático, así como aumentar su capacidad de adaptación para 2030 y 2050 en sectores clave, como la agricultura, el agua y la silvicultura. El Plan ofrece orientación estratégica en cuanto a la planificación, la ejecución y el seguimiento de la adaptación al cambio climático, de modo que complementa los objetivos, medidas y metas más específicos que se recogen en las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN). Además, la Política Nacional Agraria 2021-2030 presta especial atención a reducir la vulnerabilidad al cambio climático y mejorar la gestión de los recursos (véanse más detalles en el capítulo 3).
Perú creó el Sistema para el Monitoreo de las Medidas de Adaptación y Mitigación (SIMOM), un conjunto de acciones, reglamentos y herramientas (MINAM, 2019[76]). El MINAM, en su calidad de autoridad principal de Perú en materia de cambio climático, es responsable de supervisar el diseño y el funcionamiento del SIMOM con el fin de garantizar que se ajuste a la legislación nacional. Las herramientas del SIMOM cumplen tres propósitos: 1) evaluar las medidas de adaptación al cambio climático; 2) realizar un seguimiento y verificar las emisiones y la eliminación de gases de efecto invernadero; y 3) supervisar el apoyo financiero a la lucha contra el cambio climático (véanse más detalles en el capítulo 3).
Los Lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública de 2025 incorporan la sostenibilidad como principio fundamental. Estas directrices promueven el desarrollo de activos resilientes, capaces de soportar los efectos a largo plazo del cambio climático, al tiempo que previenen los riesgos operativos, financieros, medioambientales y sociales, y fomentan proyectos de inversión que generen externalidades medioambientales positivas. Este marco programático incluye el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego (RGASAR) y la puesta en marcha de las Plataformas de Gestión Agroclimática (PGA), en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú (SENAMHI). Estas plataformas proporcionan a los agricultores información climática accesible y con base científica para ayudarles a adoptar decisiones de siembra y cosecha con menor riesgo (El Peruano, 2026[26]) (MIDAGRI, 2025[77]).
2.4.2. Herramientas de gestión de riesgos en la agricultura
Las políticas agrícolas de gestión de riesgos y resiliencia en Perú están estrechamente relacionadas con la adaptación al cambio climático, en concreto con la gestión del agua, como los proyectos de regadío tanto dentro como fuera de las explotaciones. Sin embargo, uno de los instrumentos de política más utilizados en Perú en la gestión de riesgos es el seguro. El mercado de seguros de Perú es limitado o inexistente en el ámbito de la agricultura de subsistencia, salvo por los servicios que presta el Gobierno a través de instituciones como el MIDAGRI o Agrobanco. No ocurre lo mismo con la agricultura orientada a la exportación, que está bien integrada en el mercado financiero (nacional o internacional) tanto en lo que respecta a los servicios de crédito como a los de seguros (MIDAGRI, 2024[78]). El MIDAGRI cuenta con el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), que ofrece apoyo a los pequeños productores de las zonas más pobres y vulnerables del país. Abarca 24 de las 25 regiones y ofrece una cantidad fija de unos 215 dólares estadounidenses por hectárea a los productores que hayan perdido sus cosechas a causa de plagas, heladas, sequías, frío, incendios y otros peligros (MIDAGRI, 2025[79]). En 2024, el SAC indemnizó a unos 100 000 pequeños agricultores cuyos cultivos se vieron afectados por peligros naturales, distribuyó más de 15,5 millones de dólares estadounidenses y cubrió 1,6 millones de hectáreas (MIDAGRI, 2024[78]). Desde su creación en 2009, el SAC ha aumentado de forma constante su presupuesto, aunque se prevé una fuerte disminución en 2024 (figura 2.6).
Fuente: MIDAGRI (MIDAGRI, 2025[79]), Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), https://www.gob.pe/institucion/midagri/campa%C3%B1as/19256-seguro-agricola-catastrofico-sac.
El Seguro Agropecuario Cofinanciado (SAGRO), gestionado por el MIDAGRI, es un programa de seguros agropecuarios. Se trata de un subsidio destinado a los pequeños agricultores o ganaderos que deseen proteger sus cultivos o animales frente a diversos riesgos climáticos que afectan a la actividad agropecuaria con fines comerciales. El subsidio cubre el 80 % de la prima del seguro, y el 20 % restante corre a cargo del agricultor o ganadero. Este subsidio tiene por objeto cofinanciar las primas de seguro de los pequeños productores que deseen proteger su capital invertido, los costos de producción o el valor de su crédito agropecuario. Los productores que gestionen hasta diez hectáreas cada uno pueden acogerse a este seguro. En 2024, el SAGRO invirtió el equivalente a 12 millones de dólares estadounidenses (MIDAGRI, 2023[80]).
Recupérate YA es un programa de ayuda económica puntual en caso de emergencia puesto en marcha en 2022. Se creó como respuesta a una grave sequía que afectó a los productores agrícolas y a los ganaderos de alpaca de todo el país. La iniciativa tenía como objetivo ayudar a los productores a reincorporarse a la actividad productiva. El programa ofrece ayudas individuales destinadas a paliar los daños causados por la grave sequía. Se dirige a los productores agrícolas que gestionan hasta cuatro hectáreas de terreno afectadas por dicha sequía en más del 50 % o que crían entre 1 y 12 alpacas. En 2023, el Gobierno le destinó 72 millones de dólares estadounidenses, lo que benefició a más de 199 532 productores (MIDAGRI, 2025[81]).
En esta sección se ofrece una evaluación cuantitativa del apoyo asignado a la agricultura peruana entre los años 2000 y 2024. Utiliza el método de la OCDE de medición del nivel de apoyo que los gobiernos prestan a su sector agrícola, mediante el empleo de un conjunto de indicadores diseñados para evaluar el nivel y la composición de dicho apoyo, así como para hacer un seguimiento de su evolución a lo largo del tiempo y entre los distintos países.
La OCDE clasifica las medidas de apoyo a la agricultura en tres categorías principales: el apoyo a los productores individuales (a través del indicador Estimado de Apoyo al Productor o EAP), el apoyo colectivo a los productores agrícolas (a través del indicador Estimado de Apoyo a los Servicios Generales o EASG) y el apoyo a los consumidores (a través del indicador Estimado de Apoyo al Consumidor o EAC). En conjunto, estos indicadores ofrecen una visión integral de las ayudas a la agricultura a través del Estimado de Apoyo Total (EAT). En Seguimiento y evaluación de las políticas agrícolas 2025 se puede consultar una base de datos exhaustiva sobre los países de la OCDE y otros países seleccionados que no pertenecen a ella. Los datos para el análisis comparativo de esta sección proceden también del informe Seguimiento y evaluación de las políticas agrícolas 2025.
2.5.1. Apoyo a los productores agrícolas
El Estimado de Apoyo al Productor (EAP) mide el valor monetario de las transferencias de parte de los consumidores y contribuyentes dirigidas a los productores agropecuarios, que surge a partir de políticas que brindan apoyo a la agricultura. Las transferencias generadas por las políticas agrícolas se miden en términos brutos (ya que no se tienen en cuenta los costos en que incurren los productores) y en origen (para cuantificar el apoyo prestado únicamente a los productores primarios individuales de productos básicos agropecuarios).
El EAP suele expresarse mediante el indicador de porcentaje de EAP (% de EAP), que se calcula dividiendo el apoyo al productor entre el valor de los ingresos brutos agrícolas (es decir, el valor de la producción más las transferencias presupuestarias y de otro tipo a los productores). El nivel de apoyo permite comprender el efecto que las políticas de apoyo a la agricultura tienen sobre los productores (un apoyo cuando el EAP es positivo o una carga cuando este es negativo), sobre los consumidores (una carga cuando el apoyo al precio de mercado (APM) es positivo) y los contribuyentes (mediante el uso de asignaciones presupuestarias, que no solo se destinan al EAP, sino también al EASG y al EAC). Los productos agrícolas seleccionados para los cálculos del EAP representan el 70 % del valor total de la producción, mientras que el 30 % restante se estima mediante extrapolación. En el caso de Perú, 18 productos agrícolas cumplían los criterios: arroz, maíz, papas, aguacate, uvas, espárragos, mandarinas y clementinas, arándanos, plátanos, café, cacao, aceite de palma, azúcar, leche, carne de vacuno, carne porcina, carne aviar y huevos (en el anexo 2.C se ofrece más información al respecto).
El promedio de apoyo al productor en Perú fue del 6,2 % de los ingresos brutos agrícolas (% de EAP) entre 2022 y 2024, lo que sugiere que solo ese porcentaje de los ingresos brutos de los productores agropecuarios se generó gracias a las políticas públicas (tablas 2.5 y 2.6). Este apoyo a los productores se compone de dos elementos principales, el apoyo al precio de mercado, que representa el 82 % del EAP, a través del sistema peruano de franja de precios para el arroz, el maíz amarillo, el azúcar y la leche; y las asignaciones presupuestarias, que representan el 18 % restante, donde los pagos en función del uso de insumos, como los subsidios a los insumos variables y fijos, así como los servicios en las explotaciones, aportaron la mayor parte (16 %), el resto correspondió a pagos destinados a emergencias (1 %) y a servicios ambientales (1 %).
Moneda nacional (en millones de PEN)
Fuente: OCDE (2026), “Producer and Consumer Support Estimates”, OECD Agricultural Policy Monitoring (base de datos), https://data-explorer.oecd.org/.
Millones de USD
Fuente: OCDE (2026), “Producer and Consumer Support Estimates”, OECD Agricultural Policy Monitoring (base de datos), https://data-explorer.oecd.org/.
El porcentaje de EAP es un indicador que permite comparar el nivel de apoyo entre países y a lo largo del tiempo, a pesar de las diferencias en el tamaño de los sectores y la inflación. En comparación con los países incluidos en el informe de la OCDE de 2025 Seguimiento y evaluación de las políticas agrícolas, el promedio del EAP de Perú ha descendido del 23 % en el período 2000-2002 al 6,2 % en el período 2022-2024, cifra muy inferior al promedio de la OCDE, del 13,2 %, y al de las economías emergentes, del 12,2 % (solo EAP positivo). El nivel de apoyo en Perú es similar al de Brasil (5,4 %) y los Estados Unidos (7,1 %) (figura 2.7).
Nota: El total de la OCDE no incluye a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) que no pertenecen a la OCDE. El EAP de las 11 economías emergentes solo incluye el apoyo positivo. Estos 11 países son Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Kazajstán, la Federación de Rusia, Filipinas, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam.
Fuente: Los datos de los países distintos de Perú proceden de la OCDE (2026), “Producer and Consumer Support Estimates”, OECD Agricultural Policy Monitoring (base de datos), https://data-explorer.oecd.org/.
Hay otros dos indicadores que proporcionan información específica que puede utilizarse para evaluar la evolución de las medidas políticas a lo largo del tiempo: 1) el Coeficiente de Protección Nominal al Productor (CPN al productor), que muestra el precio efectivo que reciben los productores en relación con el precio que prevalecería sin las políticas de apoyo del país, mide el grado en que los mercados nacionales están aislados del mercado mundial; y 2) el Coeficiente de Asistencia Nominal al Productor (CAN al productor), que muestra los ingresos brutos agrícolas (incluido el apoyo al productor) en relación con el valor de la producción a precios en la frontera, mide el grado en que las señales que orientan la producción, el consumo y el comercio provienen del mercado (en comparación con las derivadas de la intervención mediante políticas).
En el caso de Perú, el CPN al productor descendió de 1,32 en el período 2000-2002 (lo que significa que los precios nacionales percibidos por los productores eran un 32 % superiores a los precios mundiales) a 1,06 en el período 2022-2024 (tabla 2.6). Esto indica que, en los últimos dos decenios, el nivel de distorsión de los precios ha disminuido y que las señales del mercado están cobrando mayor importancia en las decisiones de los productores. El CAN al productor también descendió de 1,30 (lo que significa que los ingresos brutos agrícolas son un 30 % más altos que si la producción se valorara a precios en la frontera y sin otras políticas de apoyo) entre 2000 y 2002 a 1,07 en el período 2022-2024. Esto indica un mayor porcentaje de la facturación agrícola generada en el mercado a precios sin apoyo y, por lo tanto, una menor intervención del Estado y una mayor influencia de las señales del mercado en la orientación de la producción agrícola.
Composición del EAP peruano: apoyo al precio de mercado
La forma en que se presta el apoyo es tan importante para sus efectos como el nivel de apoyo. Su estructura muestra cómo se presta un apoyo positivo al productor y cómo se le impone un apoyo negativo, lo que tiene repercusiones distintas en el sector agrícola y en la distribución de los beneficios en la sociedad. Los gobiernos disponen de una amplia gama de medidas destinadas a respaldar a los productores agrícolas, por ejemplo, pueden respaldar los precios nacionales mediante aranceles, combinados con intervenciones en el mercado nacional o intervenciones directas en los precios. Pueden conceder subsidios con el fin de reducir el costo de los insumos variables, como el combustible y los fertilizantes. También pueden ofrecer ayudas por animal o por hectárea, o como complemento a los ingresos de los agricultores. Cada tipo de medida tiene implicaciones diferentes para los productores y los mercados, incluso entre los distintos productos básicos.
El apoyo al precio de mercado está directamente vinculado a la producción de materias primas y puede tener un efecto significativo en la producción y el comercio. Este tipo de apoyo, que puede ser positivo o negativo, se considera una de las formas de apoyo que pueden distorsionar más el comercio. Además, el apoyo al precio de mercado resulta menos eficaz a la hora de aumentar los ingresos del productor que otros tipos de apoyo, como los pagos directos a los agricultores o los impuestos sobre activos menos vinculados a la producción de materias primas. El apoyo al precio de mercado, que se aplica a cada producto, también distorsiona los incentivos relativos a la producción del producto en cuestión. Además, estudios anteriores de la OCDE han relacionado un apoyo al precio de mercado positivo con un alto riesgo de que se produzcan efectos negativos sobre el medio ambiente.
El apoyo al precio de mercado se calcula cuando existen políticas nacionales o comerciales que generan un diferencial del precio de mercado entre el precio nacional y el precio de referencia de los productos básicos agropecuarios. El precio de referencia representa el costo de oportunidad para los participantes en el mercado nacional en determinadas condiciones del mercado mundial (o el precio que habría prevalecido de no existir las políticas nacionales y comerciales vigentes en el país). El apoyo al precio de mercado puede generar transferencias de los consumidores a los productores cuando los precios en origen son superiores a los precios de referencia (diferencia de precios positiva) o de los productores a los consumidores cuando los precios en origen son inferiores (diferencia de precios negativa). Las diferencias de precio también pueden darse sin que existan tales medidas políticas, debido al mal funcionamiento de los mercados, a una infraestructura institucional deficiente o a una infraestructura física insuficiente. Dado que el EAP y sus componentes miden las medidas políticas en lugar de este tipo de fallos del mercado, en tales casos se supone que los diferenciales de precios de mercado son nulos.
En el caso de Perú, la disminución del porcentaje de EAP se debe principalmente a la política de apertura comercial que el país adoptó en la década de 1990 y a principios de la década de 2000, durante la cual se firmaron varios acuerdos de libre comercio y se eliminaron las protecciones fronterizas y los controles de precios (figura 2.8). En la actualidad, aunque el porcentaje de EAP es mucho menor, el apoyo al precio de mercado ha sido su principal componente, que representa el 82 % del EAP en el período 2022-2024. Los niveles de apoyo al precio de mercado (APM) han mostrado una tendencia al alza desde mediados de la década de 2010, con fuertes descensos tras la pandemia en 2021 y 2022, pero con importantes aumentos en el período 2023-2024. El apoyo al precio de mercado se creó en gran medida a partir del Sistema Peruano de Franja de Precios (SPFP), aplicado al arroz, el maíz, el azúcar y la leche.
Fuente: OCDE (2026), “Producer and Consumer Support Estimates”, OECD Agricultural Policy Monitoring (base de datos), https://data-explorer.oecd.org/.
Composición del EAP de Perú: transferencias presupuestarias
El otro componente importante del EAP para Perú es el apoyo presupuestario que se proporciona a través de diferentes tipos de pagos destinados a los insumos variables, como fertilizantes y semillas, a la formación de capital fijo, como inversiones en equipo y maquinaria en la explotación, y a los subsidios a los servicios en la explotación. En conjunto, todas estas ayudas a los insumos representan alrededor del 18 % del EAP. Dentro de estos, los pagos por formación de capital fijo constituyen la categoría más importante de todo el período desde el año 2000. La mayor parte de este apoyo se presta a los agricultores para inversiones en las explotaciones, en particular en sistemas de riego.
A lo largo de los años, el país ha sufrido graves sequías, lo que ha llevado al Gobierno a ofrecer ayudas dedicadas a gestionar mejor los recursos hídricos. Se crearon varios programas destinados a financiar sistemas de riego en las explotaciones, embalses y estructuras de recogida de agua, entre otras medidas, con el fin de aumentar la disponibilidad de agua. Se formularon otros programas al objeto de financiar prácticas de conservación del suelo, como la gestión de cuencas hidrográficas para reducir la erosión y el abancalamiento (figura 2.9).
Los pagos por el uso de insumos variables constituyen otra categoría importante para Perú. Se refieren sobre todo a fertilizantes, semillas y créditos en condiciones favorables con tipos de interés preferenciales. Una parte relativamente pequeña de las transferencias presupuestarias se destina a los servicios en las explotaciones, que se dedican en su mayoría a la formación, la creación de capacidades y la asistencia técnica. En ocasiones, Perú concede apoyo al productor en función de los factores de producción existentes, como la superficie de las tierras, el número de animales, los ingresos o los beneficios, en especial en el contexto de pérdidas catastróficas debidas a amenazas climáticas o al fenómeno de El Niño. Estos pagos pueden basarse en criterios como la superficie de las tierras, el número de animales o los ingresos de los productores.
Fuente: OCDE (2026), “Producer and Consumer Support Estimates”, OECD Agricultural Policy Monitoring (base de datos), https://data-explorer.oecd.org/.
Otra categoría de apoyo presupuestario al productor en Perú son los pagos en función de criterios no relacionados con los productos básicos, que se destinan en gran medida a la protección del medio ambiente con el fin de aplicar diferentes prácticas encaminadas a preservar la biodiversidad o conservar el suelo y a la agrosilvicultura. Además, los agricultores de Perú se benefician de formas implícitas de ayuda que no se tienen en cuenta en los estimados de apoyo debido a las limitaciones en la disponibilidad de datos, como las tarifas preferenciales de uso del agua, a causa de las dificultades que entraña medir el volumen de agua consumido en una explotación. También se conceden algunas rebajas tributarias (bonificaciones) a la agricultura orientada a la exportación, pero estas también se aplican en otros sectores de la economía.
Composición del EAP de Perú: transferencias a productos individuales
Con el fin de analizar el nivel de apoyo por producto y comprender en qué medida las políticas agrícolas se centran en productos específicos, la OCDE utiliza el indicador de Transferencias a Productos Individuales al Productor (TPI). Un porcentaje del TPI del 25 %, por ejemplo, indica que el valor de las transferencias específicas a un producto equivale a una cuarta parte de los ingresos brutos agrícolas por ese producto. El TPI recoge todas las transferencias relativas a un producto determinado, como el apoyo al precio de mercado y los pagos vinculados a su producción, y las expresa como porcentaje de los ingresos brutos del producto (es decir, el valor de la producción y los pagos presupuestarios específicos por dicho producto). Las diferencias en los niveles de apoyo entre los distintos productos se traducen en incentivos o elementos disuasorios para su producción.
Por lo tanto, las diferencias en los niveles de apoyo entre los distintos productos básicos de un país generan distorsiones adicionales en el mercado que afectan a las decisiones de producción de los agricultores. Como alternativa, los pagos pueden destinarse a los productores de cualquier producto de un grupo determinado (por ejemplo, cualquier productor agrícola o ganadero), o simplemente a los productores de cualquier producto sin distinción. Estos últimos pagos ofrecen mayor flexibilidad a los beneficiarios del apoyo a la hora de definir su combinación de productos, lo que permite a los productores responder mejor a las señales del mercado.
En Perú, el apoyo al precio de mercado se genera sobre todo a través del SPFP, un mecanismo arancelario diseñado para estabilizar el costo de las principales importaciones agrícolas, arroz, maíz amarillo, azúcar y leche, frente a la volatilidad de los precios internacionales. Funciona estableciendo un precio mínimo y máximo basados en los mercados de referencia internacionales. Cuando los precios caen por debajo del mínimo, se aplica un derecho concreto; cuando los precios superan el máximo, se concede una rebaja arancelaria (en la sección 2.3.1 se ofrece más información al respecto). Sin embargo, Perú también aplica aranceles de nación más favorecida (NMF) a algunos productos, como la carne de vacuno (11 %), de ave y de cerdo (6 %), que en ocasiones también contribuyen al apoyo al precio de mercado (figura 2.10). Durante el período 2022-2024, los productos que recibieron más ayudas fueron el maíz, el arroz, el azúcar, la carne de vacuno, la carne porcina, los productos avícolas y la leche. En cambio, los huevos muestran un soporte negativo (figura 2.11).
Fuente: OCDE (2026), “Producer and Consumer Support Estimates”, OECD Agricultural Policy Monitoring (base de datos), https://data-explorer.oecd.org/.
Fuente: OCDE (2026), “Producer and Consumer Support Estimates”, OECD Agricultural Policy Monitoring (base de datos), https://data-explorer.oecd.org/.
2.5.2. Apoyo a los servicios generales para la agricultura
El Estimado de Apoyo a los Servicios Generales (EASG) recoge todo tipo de financiamiento público destinado a medidas que crean las condiciones propicias para el sector agrícola primario. A diferencia de las ayudas concedidas a productores individuales, que se miden mediante el EAP, el EASG mide las ayudas que benefician al sector agrícola en su conjunto. El apoyo a los servicios generales incluye la investigación y el desarrollo agrícolas, la formación y la educación agrícolas, la inspección y el control, la infraestructura, la comercialización y la promoción, y las reservas públicas. A diferencia de las transferencias de EAP y EAC, las transferencias de EASG no las reciben los productores ni los consumidores a título individual, y no afectan de forma directa a los ingresos agrícolas ni al gasto en consumo.
En Perú, el EASG, expresado en relación con el valor de la producción agrícola, ha disminuido del 3,2 % en el período 2000-2002 al 2,1 % en el período 2022-2024. Esto demuestra que el gasto público en servicios generales no ha crecido al mismo ritmo que el valor de la producción. Aunque el Gobierno ha incrementado de manera considerable las asignaciones presupuestarias destinadas a los servicios generales a lo largo de los años, este aumento se ha visto superado por el crecimiento del sector, en especial desde mediados de la década de 2010, cuando los cultivos no tradicionales de gran valor comenzaron a dominar la cartera agrícola. Esta evolución es similar a la observada en el conjunto de la OCDE, donde el EASG en relación con el valor de la producción se redujo del 4,8 % al 3,2 % entre los períodos 2000-2002 y 2022-2024. El aumento del gasto en servicios generales en Perú refleja la voluntad del Gobierno de invertir en bienes y servicios públicos con el fin de mejorar la productividad del sector; sin embargo, estas asignaciones han sido limitadas (figura 2.12). No obstante, debido a la reducción del apoyo al productor, la proporción del EASG en el Estimado de Apoyo Total (EAT) a la agricultura ha experimentado un aumento notable con el tiempo, lo que refleja una creciente importancia relativa de estas transferencias dentro de la combinación global de políticas. En Perú, los servicios generales representaron en torno al 11,1 % del apoyo total a la agricultura en el período 2000-2002 y el 17,4 % en 2022-2024.
Como parte del análisis de la OCDE sobre el apoyo a la agricultura, se lleva a cabo un examen exhaustivo del gasto público tanto a nivel nacional como subnacional. A partir de la información facilitada por las autoridades nacionales, se analizan el nivel y la composición del apoyo presupuestario a través de los gastos presupuestarios que los gobiernos destinan a los productores, tanto a título individual (a los agricultores) como colectivo (al sector), y a los consumidores. A continuación, la OCDE clasifica cada medida política de apoyo a la agricultura según criterios de aplicación específicos, identificando sus características económicas y las condiciones de acceso para los productores. El examen comprende los siguientes elementos:
Las medidas de apoyo al productor (clasificadas dentro del componente EAP), que abarcan siete categorías: ayudas en función de la producción, pagos en función del uso de insumos, tres categorías de pagos directos (vinculados a la superficie actual o no actual, al número de animales, a la facturación o los ingresos, con o sin requisitos de producción), pagos en función de criterios no relacionados con los productos básicos y pagos diversos.
Las medidas de apoyo a los servicios generales (clasificadas dentro del componente EASG), que benefician al sector en su conjunto. Entre ellas se incluyen seis categorías: sistemas de conocimiento e innovación agrícola, inspección y control de alimentos, desarrollo y mantenimiento de infraestructura rural, comercialización y promoción, costo de las reservas públicas y pagos diversos.
Los gastos de apoyo al consumidor (incluidos en el EAC), que abarcan las transferencias presupuestarias a los consumidores de la primera etapa, así como los subsidios al consumo en efectivo o en especie destinados a paliar la inseguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables.
Fuente: OCDE (2016[82]), OECD's Producer Support Estimate and Related Indicators of Agricultural Support, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/agricultural-policy-monitoring/producer-support-estimates-manual.pdf.
En el período 2022-2024, dentro del EASG, la categoría de desarrollo y mantenimiento de infraestructura representó el 41 %, en la que predomina la inversión en sistemas de riego de la ANA, el MIDAGRI y otras instituciones que se ocupan de la infraestructura hídrica (figura 2.12). Investigación, extensión y transferencia de conocimiento agrícola, de las cuales el 34 % corre a cargo, en su mayoría, del INIA. Las asignaciones presupuestarias destinadas a los sistemas de inspección y control (sanidad animal y vegetal), incluidas las relacionadas con plagas y enfermedades, representaron alrededor del 18 %, y se asignaron en su mayor parte al SENASA.
Fuente: OCDE (2026), “Producer and Consumer Support Estimates”, OECD Agricultural Policy Monitoring (base de datos), https://data-explorer.oecd.org/.
2.5.3. Apoyo a los consumidores de productos agrícolas
El Estimado de Apoyo al Consumidor (EAC) mide el costo (o beneficio) que supone para los consumidores el conjunto de las políticas de apoyo al precio de mercado y el gasto público destinado a respaldarlos. Al igual que el EAP, el EAC se calcula en origen. Un EAC positivo indica que los consumidores se benefician de las políticas públicas, ya sea porque los precios nacionales son inferiores a los internacionales o debido al apoyo presupuestario que se les destina. Un EAC negativo apunta a un impuesto implícito para los consumidores, ya que estos pagan precios nacionales más elevados que los internacionales. Según la metodología de la OCDE, se considera consumidores tanto a los compradores de productos básicos agropecuarios de la primera etapa (por ejemplo, una empresa de procesamiento de alimentos que adquiere cereales) como a los consumidores finales (por ejemplo, los hogares de ingreso bajo a los que se dirigen los programas de ayuda alimentaria). En ausencia de políticas de apoyo al consumidor, el EAC suele reflejar el apoyo al precio de mercado calculado en el EAP.
Al igual que el EAP, el EAC puede expresarse en términos relativos como porcentaje del gasto en consumo (porcentaje de EAC). En la mayoría de los países analizados por la OCDE, los consumidores se ven sometidos a un impuesto implícito debido a que los precios nacionales son superiores a los del mercado mundial. Lo mismo ocurre en Perú, los consumidores de alimentos y otros compradores de productos agrícolas de la primera etapa (por ejemplo, las empresas de transformación) pagan precios más elevados de los que se benefician los productores agropecuarios (véase más arriba), precios que, a su vez, suelen repercutirse en el consumidor final.
En algunos países, esta carga se compensa, en parte o por completo, mediante apoyo presupuestario directo a los consumidores a través de diversas formas de asistencia alimentaria. Esto también sucede en Perú, donde diversos programas de alimentos, como Qali Warma, Cuna Más y Vaso de Leche, han sido objeto de incrementos presupuestarios con el paso del tiempo. No obstante, el EAC global de Perú ha sido negativo en todos los años de los que se dispone de datos. El porcentaje medio de EAC en Perú se estimó en un -24,6 % durante el período 2000-2002, lo que sugiere que, en general, los consumidores se vieron gravados por unas políticas agrícolas y alimentarias que incrementaron el gasto en consumo en cerca de una cuarta parte (figura 2.13). En el período entre 2022 y 2024, este valor descendió hasta el -5,1 %, lo que indica que la carga de los consumidores se ha aligerado.
Fuente: OCDE (2026), “Producer and Consumer Support Estimates”, OECD Agricultural Policy Monitoring (base de datos), https://data-explorer.oecd.org/.
2.5.4. Apoyo total a la agricultura
El Estimado de Apoyo Total (EAT) es el indicador más amplio del apoyo, ya que representa la suma de las transferencias a los productores agropecuarios, tanto a título individual (EAP) como colectivo (EASG), así como las transferencias de los contribuyentes a los consumidores. Expresado como porcentaje del PIB, el porcentaje de EAT (% de EAT) indica la carga que supone el apoyo a la agricultura para la economía nacional. Su valor depende del grado de apoyo o de imposición al que esté sometido el sector agrícola de un país, así como de la importancia de este sector en relación con el conjunto de la economía.
El apoyo total en Perú ha disminuido del 2,2 % del PIB en el período 2000-2002 al 1,1 % entre 2022 y 2024, duplica el promedio de la OCDE, del 0,54 %, y supera al de Chile (0,26 %), México (0,69 %) o Brasil (0,7 %), pero se sitúa por debajo de los niveles observados en Colombia (1,13 %), Corea (1,26 %) o China (1,65 %) (figura 2.14). Además, este nivel de EAT se ha mantenido relativamente estable durante los últimos 20 años.
El EAT de Perú registró un promedio de en torno a 3 000 millones de dólares estadounidenses al año entre 2022 y 2024 (figura 2.14). El principal componente del EAT en Perú es el apoyo al precio de mercado. El apoyo presupuestario a los consumidores constituye el segundo componente más importante. El resto de las asignaciones presupuestarias se reparten, casi a partes iguales, entre los gastos presupuestarios del EAP y los del EASG (figura 2.15).
Fuente: Los datos de los países distintos de Perú proceden de la OCDE (2026), “Producer and Consumer Support Estimates”, OECD Agricultural Policy Monitoring (base de datos), https://data-explorer.oecd.org/.
Fuente: OCDE (2026), “Producer and Consumer Support Estimates”, OECD Agricultural Policy Monitoring (base de datos), https://data-explorer.oecd.org/.
Las políticas agrícolas de Perú se centran actualmente en dos ámbitos de actuación principales: fomentar el desarrollo de los pequeños productores y, al mismo tiempo, seguir fortaleciendo y ampliando el sector agrícola orientado a la exportación. En lo que respecta a este último, el sector público continúa actuando como facilitador e impulsor de un entorno que propicie el desarrollo de las exportaciones agrícolas con medidas como las inversiones en infraestructura con el fin de ampliar la frontera agrícola, mejoras en la infraestructura de la cadena logística, el mantenimiento de un marco institucional adecuado en materia fitosanitaria o la promoción comercial en el extranjero, entre otras.
Centrada en solucionar las dificultades a las que se enfrentan los pequeños productores, la Política Nacional Agraria 2021-2030 tiene como objetivo aumentar los ingresos y mejorar los medios de subsistencia mediante el fomento de la competitividad de las explotaciones agropecuarias y la integración de los pequeños productores en los mercados. Esto incluye aumentar la integración vertical en las cadenas de valor agropecuarias comerciales entre los pequeños productores, reducir la agricultura de subsistencia y promover la gestión de los recursos naturales en aras de un crecimiento sostenible del sector. Las políticas diseñadas para alcanzar estos objetivos están bien orientadas y se adaptan de manera específica a los pequeños productores.
Las intervenciones actuales abarcan ayudas económicas limitadas a los agricultores, destinadas en su mayoría a inversiones en las explotaciones, como sistemas de riego y asistencia técnica, que siguen siendo escasas, con una cobertura y unos recursos insuficientes. Entre los retos que siguen planteándose en la implementación se encuentra la escasa coordinación entre los niveles de gobierno nacional, regional y municipal. Los programas están fragmentados, dispersos tanto desde un punto de vista geográfico como temático, y a menudo prestan servicios de calidad limitada. La falta de coherencia institucional reduce la eficacia de los pagos, los servicios y las inversiones, que suelen llegar solo a una pequeña parte de los productores agropecuarios.
La política agrícola afronta nuevos obstáculos debido a las restricciones presupuestarias y la fragmentación de las estructuras institucionales. Una parte significativa de los recursos disponibles se destina a gastos administrativos, por lo que quedan pocos medios para prestar servicios eficaces u ofrecer apoyo directo a los agricultores. A pesar de contar con un marco normativo claro, la falta de coordinación, las dificultades en materia de capacidad institucional y el escaso financiamiento impiden que las intervenciones impulsen un cambio estructural.
El apoyo a los productores, medido por el porcentaje de EAP, se ha mantenido relativamente estable desde finales de la década de 2000. En el período comprendido entre 2022 y 2024, las políticas de apoyo a la agricultura generaron alrededor del 6,2 % de los ingresos brutos de los productores agropecuarios. El apoyo al productor se centra sobre todo en el apoyo al precio de mercado (APM) de diversos cultivos y productos ganaderos. La protección de las fronteras, como el Sistema Peruano de Franja de Precios, ha sido un factor determinante en este ámbito. El apoyo al precio de mercado representó el 82 % del EAP durante el período 2022-2024. Se observan niveles muy elevados de apoyo al precio de mercado en el arroz, el maíz, el azúcar, la leche, la carne de vacuno y los productos avícolas. Las transferencias presupuestarias que contribuyen al EAP se materializan en su mayoría en subsidios destinados a la formación de capital fijo, sobre todo a proyectos de riego en las explotaciones; otros pagos se dedican a servicios prestados en las explotaciones, como la asistencia técnica, y al uso de insumos variables, como semillas y fertilizantes.
La dotación presupuestaria total asignada a los servicios generales del sector agrícola peruano ha sido en gran medida descuidada. Áreas clave como el conocimiento agrícola y los servicios de extensión, la infraestructura rural, la tenencia de la tierra y la infraestructura de comercialización han recibido muy poco o ningún apoyo a lo largo de los años. De los insuficientes fondos disponibles, la mayor parte se ha dirigido al desarrollo de infraestructura, en su mayoría al riego (41 %), seguido de los sistemas de conocimiento e innovación agrícola, con un 34 %, y los servicios de inspección y control, con un 18 %. Otra transferencia presupuestaria está relacionada con el EAC, ya que Perú también ofrece ayudas a los consumidores mediante programas de ayuda alimentaria cuyos beneficiarios son las poblaciones más desfavorecidas del país.
El apoyo total a la agricultura en Perú rondó los 3 000 millones de dólares estadounidenses anuales en el período 2022-2024, lo que equivale al 1,1 % de su PIB. Este porcentaje duplica el promedio de la OCDE, pero es similar al de las economías emergentes analizadas en el informe de la OCDE sobre seguimiento y evaluación de las políticas agrícolas.
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Estimado de Apoyo al Productor (EAP): El valor monetario anual de las transferencias brutas de los consumidores y los contribuyentes dirigidas a los productores agropecuarios, calculadas en origen, que derivan de políticas de apoyo a la agricultura, independientemente de su naturaleza, objetivos o efectos en la producción o en los ingresos de la explotación.
Porcentaje de EAP (% de EAP): Las transferencias de EAP como una parte de los ingresos brutos agrícolas a nivel de finca (es decir, el valor de la producción más las transferencias presupuestarias y de otro tipo a los productores).
Coeficiente de Asistencia Nominal al Productor (CAN al productor): La relación entre el valor de los ingresos brutos agrícolas (incluido el apoyo) y el valor de los ingresos brutos de estos valorados a precios en la frontera (calculado en origen).
Coeficiente de Protección Nominal al Productor (CPN al productor): La relación entre el precio promedio que reciben los productores en origen (incluidos los pagos por tonelada de la producción existente) y el precio en la frontera (calculado en origen). El CPN al productor también está disponible por producto básico.
Transferencias a Productos Individuales al Productor (TPI al productor): El valor monetario anual de las transferencias brutas de parte de los consumidores y contribuyentes a los productores agropecuarios, calculadas en origen, que derivan de políticas directamente vinculadas a un producto determinado que el productor debe producir para poder recibir la transferencia.
Porcentaje de Transferencia a Productos Individuales al Productor (% de TPI al productor): El valor de TPI expresado como porcentaje de los ingresos brutos agrícolas correspondientes a un producto determinado (incluido el apoyo).
Estimado de Apoyo al Consumidor (EAC): El valor monetario anual de las transferencias brutas dirigidas a (de parte de) los consumidores de productos básicos agropecuarios, calculadas en origen, que derivan de políticas de apoyo a la agricultura, independientemente de su naturaleza, objetivos o efectos sobre el consumo de dichos productos. Si el EAC es negativo, este mide la carga (impuesto implícito) soportada por los consumidores a consecuencia del apoyo al precio de mercado (precios más altos), la cual supera con creces el efecto de los subsidios que reducen los precios para los consumidores.
Porcentaje de EAC (% de EAC): Las transferencias del EAC como porcentaje del gasto en consumo de productos básicos agropecuarios (calculado en origen), una vez deducidas las transferencias de los contribuyentes a los consumidores.
Coeficiente de Asistencia Nominal al Consumidor (CAN al consumidor): La relación entre el valor del gasto de consumo en productos básicos agropecuarios (en origen) y ese valor a precios en la frontera (calculado en origen).
Coeficiente de Protección Nominal al Consumidor (CPN al consumidor): La relación entre el precio promedio pagado por los consumidores (en origen) y el precio en la frontera (calculado en origen).
Transferencia a Productos Individuales al Consumidor (TPI al consumidor): El valor monetario anual de las transferencias brutas dirigidas a (de parte de) los consumidores de productos básicos agropecuarios, calculadas en origen, que derivan de políticas directamente vinculadas a la producción de un producto determinado.
Indicadores de apoyo a los servicios generales para la agricultura
Estimado de Apoyo a los Servicios Generales (EASG): El valor monetario anual de las transferencias brutas destinadas a los servicios generales prestados colectivamente a los productores agrícolas (tales como investigación y desarrollo, formación, inspección, infraestructura, comercialización y promoción, y reservas públicas), que derivan de políticas de apoyo a la agricultura, independientemente de su naturaleza, objetivos y efectos en la producción o los ingresos de la explotación, o en el consumo. El EASG no incluye las transferencias a productores individuales.
Porcentaje de EASG (% de EASG): Las transferencias de EASG como porcentaje del Estimado de Apoyo Total (EAT).
Estimado de Apoyo Total (EAT): El valor monetario anual de todas las transferencias brutas procedentes de los contribuyentes y los consumidores derivadas de políticas de apoyo a la agricultura, una vez deducidos los ingresos presupuestarios asociados, independientemente de sus objetivos y efectos en la producción y los ingresos de la explotación, o en el consumo de productos agropecuarios.
Porcentaje de EAT (% de EAT): Transferencias de EAT como porcentaje del PIB.
En este anexo se analizan las transferencias (a los productores) de apoyo al precio de mercado de los principales productos básicos o grupos de productos básicos incluidos en la base de datos del EAP de Perú. Analiza el diferencial del precio de mercado comparando los precios nacionales en origen con los precios de referencia en la frontera. Al mismo tiempo, ofrece una visión general de las principales políticas nacionales y comerciales dirigidas a determinados productos en función de su situación comercial. Ya sean positivas o negativas, en teoría, los diferenciales del precio de mercado reflejan las políticas nacionales y comerciales vigentes (un diferencial positivo implica un apoyo implícito a los productores y uno negativo, un impuesto implícito). Cuando no es así (por las razones mencionadas con anterioridad), el diferencial del precio de mercado se establece en cero. Este análisis constituye el núcleo de la metodología de la OCDE utilizada en el cálculo del apoyo a la agricultura y es fundamental para comprender las transferencias entre productores, consumidores (entendidos aquí como los compradores de productos básicos agropecuarios de la primera etapa) y contribuyentes.
← 1. El guano es el excremento acumulado de las aves marinas que habitan en las islas peruanas del Pacífico. Una vez que el fertilizante se ha procesado y envasado, se distribuye a los agricultores.