Mejorar la transparencia de la información pública puede fomentar la confianza de los ciudadanos y de las empresas de que los gobiernos trabajan en su interés, y puede ofrecer a los gobiernos la oportunidad de demostrar la integridad y eficacia de su labor. En los últimos años, la transparencia gubernamental se ha mantenido constantemente alta, aunque todavía hay margen de mejora, sobre todo en los países socios de la OCDE. Por ejemplo, aunque las normativas de transparencia de los países contienen muchos requisitos estándar, los datos de muchos países siguen sin ser abiertos por defecto. Datos que podrían mejorar la automatización y eficiencia del sector público y apoyar la entrada en el mercado, la innovación y la competencia, por ende, siguen sin estar disponibles. Adicionalmente, los datos relacionados con la integridad no suelen ser publicados. Para ayudar a aplicar las normas nacionales de transparencia, los organismos de supervisión podrían llevar a cabo inspecciones, imponer sanciones cuando proceda y reportar sobre sus actividades.
Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026
Resumen
Fomentar la transparencia mediante la divulgación proactiva y el acceso a la información pública es un elemento central de una democracia funcional y de los mercados estables y predecibles. La transparencia proporciona a los ciudadanos y a las empresas información sobre el gasto público y la toma de decisiones, lo que les permite comprender cómo funciona el gobierno y sentirse conectados y protegidos por quienes han sido designados para representar sus intereses. Así, la transparencia es un factor clave para fomentar la confianza en los procesos e instituciones gubernamentales. De hecho, aunque, en promedio, dos tercios de los ciudadanos que participaron en la Encuesta de Confianza de la OCDE de 2024 estaban satisfechos con la disponibilidad de información sobre los servicios administrativos, poner a disposición más información pública se asoció con un claro aumento de la probabilidad de tener una confianza alta o moderadamente alta en la función pública (OECD, 2024[8]). Además, existe una correlación positiva y significativa entre la transparencia de la información pública y los mayores niveles de confianza en los países en los que menos de la mitad de la población confía en el gobierno o es neutral (OECD, 2024[20])).
La transparencia se sustenta en el derecho de acceso a la información, o la capacidad de una persona para buscar, recibir, difundir y utilizar información (OECD, 2022[36]). La Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto hace hincapié en la importancia de la divulgación proactiva de "datos e información claros, completos, oportunos, fiables y pertinentes del sector público" (OECD, 2017[37]). Asimismo, la Recomendación de la OCDE sobre la Integridad Pública fomenta la transparencia y la participación de las partes interesadas en todas las fases del proceso político y del ciclo de elaboración de las políticas, en particular a través de:
Promover la transparencia y un gobierno abierto, garantizando el acceso a la información y los datos abiertos, junto con respuestas oportunas a las solicitudes de información.
Otorgar a todas las partes interesadas –en particular el sector privado, la sociedad civil y las personas– acceso al desarrollo e implementación de las políticas públicas (OECD, 2017[11]).
Este capítulo explora los esfuerzos de los países por fomentar la transparencia de la información pública y demuestra que:
La transparencia gubernamental se mantiene constantemente alta, pero todavía podría mejorar, sobre todo en los países socios de la OCDE.
Las normativas de transparencia de los países contienen muchos requisitos estándar, pero en muchos países los datos siguen sin ser públicos por defecto.
Los datos o información relacionados con la integridad se siguen publicando con menos frecuencia.
La transparencia podría aumentar aún más si los organismos de supervisión realizaran inspecciones, impusieran sanciones o reportaran sus actividades.
Facilitar un mayor acceso a la información pública favorece la integridad pública al permitir que los ciudadanos conozcan mejor las actividades de sus gobiernos y que los organismos de supervisión y las organizaciones de vigilancia supervisen la conducta, detecten posibles casos de corrupción y levanten alertas. Esto, a su vez, incentiva a los funcionarios públicos a comportarse con integridad y aumenta la responsabilidad en la elaboración de políticas públicas y en toda la administración pública. Al mismo tiempo, el fomento de la transparencia permite a los gobiernos demostrar la integridad en la toma de decisiones y del gasto público y mostrar los resultados y los efectos de la labor gubernamental poniendo a disposición del público la información pertinente.
Los sistemas de transparencia de los países miembros de la OCDE, incluida la divulgación proactiva y el acceso a la información, se han mantenido en gran medida constantes en los últimos años. Con la excepción de un criterio1, la cual hace subir la media, el número promedio de criterios de la OCDE sobre la calidad de las normativas de transparencia cumplidos por los países miembros de la OCDE se ha mantenido similar (con el 72 % de los criterios cumplidos en 2025 frente al 62 % en 2022). Esta constancia también se refleja en la práctica, donde los miembros de la OCDE cumplen el 62 % de los criterios de la OCDE (en comparación con el 61 % en 2022) sobre las medidas para implementar las normativas de transparencia (Figura 6.1). Los países socios de la OCDE cumplen en promedio el 69 % de los criterios de la OCDE en materia de normativa sobre transparencia y el 57 % en medidas de implementación (Figura 6.1).
Aunque los países miembros de la OCDE han mantenido sus niveles de transparencia, aún queda margen para mejorar la transparencia de la información pública en todos los países. Como se expone a continuación, podrían introducirse mejoras mediante la introducción de una base normativa más sólida para los datos abiertos, la mejora de la disponibilidad de conjuntos de datos sobre la integridad y el fortalecimiento de la supervisión del sistema de transparencia.
Nota: Datos de 2025, o del último año disponible. No se han facilitado datos de Japón y Suiza.
Cómo leer: En comparación con las normas de la OCDE sobre transparencia y acceso a la información pública, Hungría cumple el 100 % de los criterios sobre normativa y el 69 % sobre práctica, frente al promedio de la OCDE del 72 % y el 62 %, respectivamente. Los países miembros de la OCDE están representados por barras de color azul oscuro. Los países socios de la OCDE están representados por barras de color azul claro. Los promedios de los países miembros y socios de la OCDE y el promedio mundial están representados por barras rojas.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (a 10 de marzo de 2026).
Muchos países miembros y socios de la OCDE han desarrollado normas estrictas tanto para la divulgación proactiva de información como para facilitar las solicitudes de acceso a la información pública. Al igual que en otras áreas de los sistemas de integridad de los países, una normativa sólida proporciona claridad tanto a las instituciones públicas como a los ciudadanos sobre qué datos e información deben estar disponibles, y puede ayudar tanto al público como a los organismos de supervisión a responsabilizar a las autoridades en el caso contrario. En cuanto al acceso a la información pública, en el 81 % de los miembros de la OCDE y en el 79 % de los países socios de la OCDE, el marco normativo establece que todas las instituciones públicas y las personas físicas que desempeñan funciones públicas son titulares de información pública, y que todo el mundo tiene derecho a acceder a ella. Del mismo modo, en el 83 % de los países miembros de la OCDE y en el 83 % de los socios, las restricciones permitidas al acceso a la información pública están recogidas en la legislación y se ajustan al Convenio de Tromsø2. En el 97 % de los miembros de la OCDE y en el 92 % de los países socios de la OCDE existen plazos legales para tramitar las solicitudes de información. Y en todos los países miembros y socios de la OCDE está garantizado el derecho a recurrir ante un organismo independiente o ante los tribunales contra la negativa o la inactividad de un organismo administrativo en respuesta a una solicitud de información.
En cuanto a la divulgación proactiva de datos, en el 81 % de los países miembros de la OCDE y en el 88 % de los países socios de la OCDE se define en el marco normativo una lista de conjuntos de datos y de información obligatoria que deben divulgarse. Esta cifra ha aumentado en los últimos años tras la promulgación de la Directiva de Datos Abiertos de la UE (2019/1024) y la aprobación de su acto de ejecución (2023/138), que estableció una lista de conjuntos de datos que deben publicarse de forma proactiva en todos los países de la UE. Más países deben seguir este camino para que los ciudadanos y las empresas conozcan mejor las actividades de sus gobiernos.
Sin embargo, muchos países miembros y socios de la OCDE no especifican en su legislación primaria que los datos gubernamentales sean "abiertos por defecto". De hecho, el 61 % de los países miembros de la OCDE cuentan con un requisito legislativo de este tipo, y el 46 % de los países socios de la OCDE también (Figura 6.2).
Nota: Datos de 2025, o del último año disponible. Datos para el criterio de "la legislación primaria especifica que los datos gubernamentales son 'abiertos por defecto' (salvo en casos específicos definidos en el marco normativo)". "Sí" representa criterio cumplido, y "No" representa criterio no cumplido. No se han facilitado datos de Japón y Suiza.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (a 10 de marzo de 2026).
Tal y como se establece en la Recomendación de la OCDE sobre la Mejora del acceso y el intercambio de datos, hacer que los datos gubernamentales sean abiertos por defecto debería ser una parte clave de las estrategias más amplias de gobierno abierto (OECD, 2021[38]). Esto puede fomentar el uso de herramientas y datos digitales de forma colaborativa, reforzando la sabiduría colectiva y la creación de inteligencia. En consonancia con las normas internacionales, puede ser importante mantener excepciones específicas a la publicación por defecto, y el grado apropiado de apertura debe evaluarse sopesando los beneficios de la transparencia frente a los riesgos potenciales, incluidos los relacionados con la privacidad, la seguridad y las consideraciones éticas. Muchos países, incluyendo Austria, Eslovenia, la República Eslovaca, la Chequia y Estonia, también incluyen advertencias sobre la carga que los datos abiertos pueden suponer para las autoridades públicas.
Sin embargo, adoptar un enfoque abierto por defecto tiene varias ventajas. Además de aumentar la transparencia gubernamental y los beneficios que puede tener para la confianza de los ciudadanos, anteriormente mencionados, la adopción de un enfoque de este tipo también puede apoyar la elaboración de políticas basadas en evidencia, lo que puede conducir al desarrollo de una legislación y unas políticas públicas más fundamentadas y sólidas. La publicación de los datos para su uso también puede mejorar la eficiencia de los procesos gubernamentales, ya que puede reducir la carga de presentación de información y disminuir los costes operativos al permitir que las organizaciones públicas dediquen menos tiempo a tareas rutinarias o repetitivas que, en cambio, pueden ser realizadas por modelos automatizados de toma de decisiones (incluida la IA). Y la apertura de los datos para su utilización comercial puede equilibrar la competencia en el mercado al mejorar el acceso a la inteligencia y la innovación, facilitando así la competencia y la aparición de nuevos agentes en el mercado (ACSH, 2022[39]; OECD, 2020[40]). Por lo tanto, los países miembros y socios de la OCDE podrían considerar la posibilidad de complementar sus normativas de transparencia con nuevas disposiciones que contemplen este enfoque de apertura por defecto.
Los beneficios de una normativa estricta en materia de transparencia solo se materializan si los datos se ponen a disposición en la práctica. Esta divulgación proactiva de datos administrativos públicos clave es común en la práctica tanto para los países miembros de la OCDE como para los países socios. Todos los países miembros de la OCDE publican todas las propuestas legislativas del gobierno enviadas al parlamento (frente al 88 % de los socios). Asimismo, todos los miembros de la OCDE y el 92 % de los países socios de la OCDE publican su presupuesto estatal vigente, el 97 % de los miembros de la OCDE y todos los países socios de la OCDE publican las licitaciones públicas, el 92 % de los miembros de la OCDE y el 71 % de los países socios de la OCDE publican versiones consolidadas de las leyes primarias, el 89 % de los miembros de la OCDE y el 71 % de los países socios de la OCDE publican el registro mercantil, y el 86 % de los miembros de la OCDE y el 71 % de los países socios de la OCDE publican el registro de la propiedad (Figura 6.3).
Sin embargo, otros datos claves para promover la integridad y detectar corrupción están menos disponibles. Además, aunque se han producido pequeños cambios en áreas específicas de dichos conjuntos de datos relacionados con la integridad, los países miembros de la OCDE no han avanzado en la transparencia en estas áreas en los últimos años.3 En el 33 % de los miembros de la OCDE y en el 33 % de los países socios de la OCDE, en el último año natural, se publicaron todos los programas de las reuniones formales de gobierno antes de la reunión. Del mismo modo, tal como se analiza más a fondo en el capítulo 3 sobre "Cabildeo", las agendas de los ministros se hacen públicas en el 36 % de los miembros de la OCDE y solo en el 13 % de los países socios de la OCDE. El 28 % de los miembros de la OCDE y ningún socio de la OCDE publican datos agregados clave sobre el cabildeo. Asimismo, los datos agregados clave sobre solicitudes de información en cualquier formato son publicados por el 39 % de los países miembros de la OCDE y el 25 % de los países socios de la OCDE. Y, por último, en el 33 % de los miembros de la OCDE y en el 42 % de los países socios de la OCDE, los salarios de los altos funcionarios de todos los ministerios están disponibles en los sitios web de los ministerios o en un portal gubernamental (Figura 6.3). La publicación de este tipo de información relacionada con la integridad permite a los ciudadanos y a las empresas comprender mejor la variedad de influencias sobre, y la integridad de, las personas en cargos públicos y la toma de decisiones gubernamentales. Los países que no facilitan estos datos podrían fomentar una mayor confianza facilitándolos.
Nota: Datos de 2025 y 2022, o del año más reciente. No se han facilitado datos de Japón y Suiza.
Cómo leer: De media, en 2022 el 85 % de los países miembros de la OCDE cumplían el criterio sobre registros de la propiedad. En 2025, el 86 % de los países miembros de la OCDE cumplían el criterio sobre registros de la propiedad. En 2025, el 71 % de los países socios de la OCDE cumplían el criterio sobre registros de la propiedad. El cambio porcentual entre 2022 y 2025 refleja un aumento del número de países cubiertos en 2025, más que un cambio sustancial de las políticas.
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (a 10 de marzo de 2026).
Otro ámbito clave en el que los países podrían mejorar la implementación de sus sistemas de transparencia es la mejora de las funciones de supervisión. La naturaleza de la supervisión varía según los países, pero suele adoptar la forma de comisiones de información independientes, agencias u órganos de defensa del pueblo con un mandato específico para el acceso a la información; defensores del pueblo con un mandato sobre el acceso a la información como uno de varios otros temas (por ejemplo, derechos humanos, discriminación, género); o una autoridad gubernamental central. En todos los casos, la supervisión es más eficaz cuando el organismo responsable puede realizar inspecciones, imponer sanciones por incumplimiento de las normas y reportar sus actividades. Además, el hecho de que los organismos de supervisión informen sobre sus actividades permite a los ciudadanos y a las empresas comprender mejor en qué medida se están aplicando las normas de transparencia y ofrece un incentivo a las autoridades públicas para que respeten las normas.
La mayoría de los miembros de la OCDE y de los países socios cuentan con un organismo de supervisión en materia de información pública, en un 69 % y un 79 % respectivamente. En cuanto a la práctica, aproximadamente la mitad de los organismos de supervisión de los países miembros de la OCDE (53 %) llevaron a cabo inspecciones durante el último año natural para comprobar si las autoridades públicas cumplieron sus obligaciones de transparencia de la información pública. Los organismos de supervisión del resto de países o bien no tienen autoridad para realizar inspecciones (como en Francia), o bien no registran en sus informes anuales si se realizaron o no inspecciones. Del mismo modo, en el caso de los países socios de la OCDE, el 46 % de los organismos de supervisión han llevado a cabo inspecciones en el último año, y el resto de los organismos o bien no tienen autoridad para hacerlo (como en Jordania) o no registran públicamente si se realizaron o no inspecciones. De forma similar, el 22 % de las autoridades de supervisión de los países miembros de la OCDE y el 25 % de las de los países socios de la OCDE impusieron sanciones por incumplimiento en el último año natural completo, y el resto no las impusieron o no registraron públicamente si se impusieron o no sanciones. En el 53 % de los países miembros de la OCDE, un organismo público competente ha agregado y publicado datos estadísticos sobre las solicitudes de acceso a la información y las decisiones relacionadas durante los últimos tres años. Este tipo de presentación de información se ha producido en el 50 % de los países socios de la OCDE (Tabla 6.1).
Por lo tanto, los organismos de supervisión de muchos países no están ejerciendo una función de control sobre el grado de cumplimiento de las normas de información pública por parte de las autoridades públicas, lo que indica que es posible que no sepan si las salvaguardias de sus normativas se están aplicando en la práctica, ni están imponiendo sanciones para corregir las infracciones de las normas cuando se producen. Cuando las autoridades de supervisión no publican si han realizado esta labor, las partes externas no pueden verificar los niveles de transparencia y la confianza en el gobierno puede verse afectada.
Aunque no es necesario establecer un único organismo independiente de supervisión de la información pública, a diferencia de lo que ocurre en otras áreas de los sistemas de integridad nacionales, es evidente que los países siguen teniendo margen para mejorar sus actuales funciones de supervisión con el fin de aumentar la transparencia y fomentar la confianza de los ciudadanos y las empresas en sus gobiernos.
Nota: Datos de 2025 o del año más reciente. No se han facilitado datos de Japón y Suiza. Austria, Dinamarca, Costa Rica, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, República Eslovaca, Suecia, Armenia, Bulgaria, Moldavia, Paraguay y Rumanía no cumplen el criterio de "Se ha establecido un organismo de supervisión responsable de las cuestiones de información pública".
Fuente: Indicadores de Integridad Pública de la OCDE (a 10 de marzo de 2026).
← 1. El aumento del número de criterios cumplidos en las normativas se debe a que la OCDE considera ahora que todos los países que han transpuesto la Directiva 2019/1024 de la UE sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público y su acto de ejecución, el Reglamento 2023/138, han cumplido el criterio de "en el marco normativo se define una lista de conjuntos de datos e información obligatoria que deben divulgarse". Este cumplimiento automático no fue realizado en 2022.
← 2. El Convenio de Tromsø establece unas normas mínimas para la tramitación rápida y justa de las solicitudes de acceso a documentos públicos por parte de las autoridades públicas poseedoras de los documentos, así como para los recursos administrativos internos y los recursos ante organismos o tribunales independientes en caso de denegación.
← 3. El cambio porcentual entre 2022 y 2025 refleja un aumento del número de países cubiertos en 2025, más que un cambio sustancial de las políticas.