Los gobiernos de todo el mundo aspiran a ofrecer mejores políticas y servicios a las personas y las empresas en un contexto de creciente restricción fiscal. La corrupción sigue siendo una amenaza significativa y en constante evolución para estos esfuerzos, pues perjudica el crecimiento económico, distorsiona las políticas públicas y erosiona la confianza de la ciudadanía.
En este contexto, los gobiernos deberían adoptar medidas más fuertes e invertir en reformas de integridad orientadas a resultados que fortalezcan la resiliencia frente a la corrupción en áreas de alto riesgo y se centren en mejorar la aplicación de las normativas.
Al hacerlo, el uso de nuevas tecnologías y una utilización más eficaz de los datos contribuirán a lograr un mayor impacto (por ejemplo, en la evaluación del riesgo de corrupción, la detección de patrones en grandes conjuntos de datos para apoyar los esfuerzos de antifraude, en las auditorías internas y externas, o en el procesamiento de grandes volúmenes de información como en la verificación de las declaraciones de intereses y de bienes). Los gobiernos también deberán reforzar las medidas que promueven la integridad dentro del sistema de justicia, a fin de garantizar la rendición de cuentas ante los delitos de corrupción.
Con este enfoque, los gobiernos y las empresas pueden beneficiarse de la integridad como un “activo estratégico”, convirtiendo a los sistemas de integridad en un elemento clave para el desarrollo de economías prósperas en las que la ciudadanía perciba que sus representantes velan por sus intereses.
La edición de 2026 del informe Perspectivas de anticorrupción e integridad, la segunda de esta serie, tiene por objetivo apoyar a los países a aprovechar este “activo estratégico”. Por primera vez, el informe ofrece una cobertura global, presentado datos de 37 países miembros de la OCDE y 25 países socios. A partir de nuevos datos recopilados mediante los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE, actualiza el análisis previo de la OCDE sobre las estrategias de integridad y anticorrupción de los países, así como sobre sus sistemas de gestión del cabildeo, los conflictos de interés, la financiación política, y la transparencia de la información pública. Asimismo, aporta nuevas perspectivas sobre la integridad en los sistemas judiciales y disciplinarios de los países. Por último, en tres nuevos capítulos temáticos, analiza las tendencias y las herramientas para mitigar los riesgos sustanciales y costes asociados al fraude, para mejor la integridad en la contratación pública y para combatir el uso de la corrupción por parte de grupos vinculados al crimen organizado.