A partir de las bases establecidas en las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe están bien posicionados para aprovechar la integridad pública como factor habilitante de una transformación más amplia de la gobernanza. A medida que los países enfrentan estos desafíos, la integridad pública debe seguir siendo una herramienta estratégica para fortalecer el desempeño institucional, la resiliencia y la confianza pública. Este informe identifica seis áreas prioritarias: 1) Abordar la influencia indebida en la toma de decisiones públicas; 2) Empoderar a los servidores públicos; 3) Renovar la interfaz entre la ciudadanía y el gobierno; 4) Promover la integridad en los niveles subnacionales; 5) Identificar y gestionar los riesgos para la integridad, y 6) Combatir la impunidad mediante el fortalecimiento de mecanismos de aplicación y sanción de la ley transparentes y eficaces. Estas áreas prioritarias serán clave para que la región de ALC cumpla las siguientes ambiciones:
Pasar de las normas a los resultados. Es fundamental cerrar la brecha entre las normas y su implementación. En toda la región, los países han logrado avances significativos en el desarrollo de sistemas de integridad pública. Sin embargo, los desafíos de implementación siguen limitando el impacto de las reformas y debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Por lo tanto, el desafío determinante para la próxima década consiste en hacer de la implementación y de los resultados medibles el principio rector de las reformas en materia de integridad, de modo que los marcos legales y de política se traduzcan en cambios significativos en el comportamiento, en la toma de decisiones y en los resultados públicos. Medir los avances requerirá distinguir entre la implementación de las medidas y los resultados que éstas generan y, cuando la evidencia disponible lo permita, sus efectos a más largo plazo.
Fortalecer la resiliencia institucional. Los sistemas de integridad pública deberían permitir a los países anticipar riesgos, adaptarse a circunstancias cambiantes y defender de manera consistente el interés público. En toda la región, será esencial abordar la politización, la rotación excesiva de personal y la dependencia de los nombramientos temporales. Construir instituciones eficaces requerirá empoderar a los servidores públicos mediante una inversión continua en orientación ética, capacitación y liderazgo en integridad. Del mismo modo, a partir de los avances logrados en el desarrollo de marcos de gestión de riesgos para la integridad, así como de control interno y auditoría, los países pueden impulsar la implementación mediante el fortalecimiento de la apropiación de estos sistemas por parte de los gerentes públicos, la mejora de las capacidades de auditoría interna y la ampliación del uso del análisis de datos, las tecnologías digitales y la inteligencia artificial para identificar y mitigar los riesgos para la integridad.
Combatir la influencia indebida y la impunidad. A pesar de los avances en la región, el financiamiento político, el cabildeo y la gestión de conflictos de intereses siguen figurando entre las áreas con mayores brechas normativas y de implementación. De cara al futuro, los países necesitarán un enfoque más integrado que aborde todo el espectro de riesgos de influencia indebida, incluidos el financiamiento político, el cabildeo, los conflictos de intereses y, cada vez más, el crimen organizado. Fortalecer las salvaguardas en estas áreas será fundamental para proteger las instituciones democráticas y garantizar que las decisiones públicas sirvan al interés público. Al mismo tiempo, mantener la confianza pública requiere una aplicación eficaz de la ley. Entre las prioridades figuran reforzar la independencia y la capacidad de las instituciones judiciales y fiscales, mejorar las salvaguardas de integridad para jueces y fiscales, fortalecer los sistemas disciplinarios y profundizar la cooperación internacional para combatir la corrupción transnacional y el soborno en el extranjero.
Acercar la integridad a la ciudadanía. Un espacio cívico sólido y protegido es una parte esencial de esta arquitectura de integridad: permite que la ciudadanía, la sociedad civil, los periodistas y otras partes interesadas accedan a la información, examinen las decisiones públicas, expongan los riesgos para la integridad y exijan rendición de cuentas a las instituciones públicas. La región ha estado a la vanguardia de las reformas de gobierno abierto, lo que proporciona una base sólida para una gobernanza más participativa y con mayor rendición de cuentas. El siguiente paso consiste en ir más allá de las iniciativas aisladas de transparencia hacia enfoques integrados que incorporen la transparencia, la participación y la rendición de cuentas a lo largo de todo el ciclo de las políticas públicas. Al mismo tiempo, las reformas en materia de integridad deben reflejar mejor la realidad de los municipios y los gobiernos subnacionales, donde la ciudadanía interactúa con mayor frecuencia con el Estado. Adaptar las políticas de integridad a las realidades locales, fortalecer las capacidades locales y ampliar las herramientas digitales de transparencia y rendición de cuentas puede ayudar a garantizar que las reformas generen beneficios tangibles en todo el territorio.
En última instancia, la ambición para la próxima década debería ir más allá del fortalecimiento de los sistemas de integridad por sí solos. Al situar la integridad en el centro de una transformación más amplia del sector público, los países de América Latina y el Caribe pueden fortalecer la confianza, mejorar la eficacia del Estado, fomentar las oportunidades económicas e impulsar la resiliencia democrática. De este modo, la región puede aprovechar los notables avances logrados hasta la fecha y posicionarse como un referente mundial en innovación en materia de gobernanza.
